HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (VII)

CAPÍTULO III

1975: Tratamiento de shock

Liberación de detenidos y el exilio voluntario

              El exilio tiene dos caras: una, la más propagada y que, como suele suceder, se aparta de la realidad: pretende mostrar que el Gobierno Militar deportaba gente al exilio. Pero esto no sucedió como situación permanente. La otra, la situación real: quienes  tenían problemas con la justicia pedían, como alternativa a un posible procesamiento y condena, una especie de conmutación o indulto: permiso para viajar al exterior. Querían irse para evitar ser juzgados.

              Después de 1990 el Presidente Aylwin favoreció profusamente a violentistas de izquierda con indultos o conmutaciones de penas que les permitían salir de la cárcel e ir a residir a otros países, en los cuales sus contactos políticos –la izquierda nunca abandona a sus huestes armadas— les habían conseguido de antemano un trabajo remunerado. Pero a eso nadie lo llamó “el exilio de Aylwin”. Si lo hubieran llamado así, Aylwin tendría un número parecido de exiliados al de la Junta.

              Pero sí se llamó así, “exilio”, el beneficio concedido a los 453 titulares de salvoconductos extendidos el 14 de enero de 1975 a personas que estaban presas por delitos contra la seguridad interior.

Al efecto, en mayo de 1975 se estableció condiciones para que personas condenadas por Tribunales Militares pudieran abandonar Chile. Una comisión recibía y tramitaba sus solicitudes, que finalmente eran elevadas al Presidente.

El total contabilizado desde septiembre de 1973, de personas que pudieron así viajar al exterior, fue de 2.744. En mayo de 1975 había 164 más, listas para salir del país; y permanecían detenidas 539, si bien los entes nacionales llamados “de derechos humanos”, políticos opositores al Gobierno Militar, sostenían que eran tres mil, mientras que en el extranjero se publicaba, también sin ninguna base, la cifra de noventa mil (1).

Es que así era y es cómo se informaba y se informa al mundo acerca de la Revolución Militar.

Dos liberaciones muy publicitadas fueron el canje de Luis Corvalán Lepe, Secretario General del Partido Comunista, que estaba detenido, a cambio del disidente soviético Wladimir Bukovsky, que permanecía en una cárcel soviética. Tuvo lugar en diciembre de 1976 en Ginebra (posteriormente almorcé con Bukovsky y otras personas en Santiago, y en ningún momento manifestó gratitud alguna hacia el Gobierno Militar); y la liberación del ex senador comunista Jorge Montes, en junio de 1977.

Poca solidaridad socialista

              El 11 de septiembre Pinochet cobraba la palabra a la URSS y Cuba, que habían demandado la liberación de subversivos en Chile:

              “Chile inició el cumplimiento de su palabra, permitiendo la salida de detenidos en virtud del Estado de Sitio, y aun de personas condenadas por tribunales militares. Es así como los últimos doce meses han abandonado el país 483 personas que se encontraban detenidas preventivamente en razón de su presunta peligrosidad, conforme a la característica jurídica que revisten las privaciones de libertad propias del Estado de Sitio. Paralelamente se ha aprobado 189 solicitudes  de conmutación de penas privativas de libertad impuestas por tribunales militares, por la de extrañamiento, es decir, abandono del país. Es útil agregar que dichas cifras no son mayores por las dificultades que hemos tenido para encontrar países que acepten reubicarlos. Como siempre, han sobresalido por su doblez los gobiernos de la órbita soviética, que injurian a Chile pidiendo la liberación de los detenidos en referencia, pero luego se niegan a recibirlos: es una prueba clara de la falacia de la llamada solidaridad socialista” (2).

              Tampoco aceptaron el emplazamiento de liberar a igual número de presos de conciencia en sus países comunistas que el de los extremistas liberados por Chile.

              Jóvenes autores chilenos contemporáneos, que no vivieron los hechos pero se han informado bien y han leído a Jean-Francois Revel, han reparado en la gran paradoja creada por las penetrantes consignas antichilenas creadas por el KGB:

              “Así los gobiernos marxistas, que nada tenían que decirle a nadie en lo tocante a violación de los derechos humanos, lograron que Chile fuera, en la práctica, el único país enjuiciado por la comunidad internacional. De esta manera, el comunismo internacional no sólo consiguió que el régimen militar fuera repudiado internacionalmente sino que también se valió de éste para tapar sus crímenes. Como bien ha dicho el intelectual francés Jean-Francois Revel, ‘el grito de ¡Pinochet! ¡Pinochet! exorciza los demonios, todas las Camboyas del mundo, todos los Afganistanes, todas la Etiopías, todas las Checoslovaquias, todos los Tibet. Desde que los coroneles griegos nos han dejado, es casi el único que está en primera línea para soportar el peso del servicio psicoterapéutico de la culpabilidad de las izquierdas’. En 1976, Alexander Solzhenitsyn diría a la televisión francesa: ‘Oigo la palabra Chile mucho más a menudo que el Muro de Berlín o (que) la ocupación de Hungría y Checoslovaquia (…) (o que) nuestras actuales cámaras de gases, es decir, las cárceles psiquiátricas (de la URSS)’. Efectivamente, si se observa y compara la situación de los derechos humanos en el Chile de Pinochet con la de otros países cuyos gobernantes eran comunistas, resulta sorprendente que la URSS y satélites europeos, Corea del Norte, Vietnam, Camboya, Etiopía, Cuba o Nicaragua no experimentaran la censura y el asedio que sufrió Chile por parte de la comunidad internacional y, particularmente, de la ONU. Tampoco tuvieron problemas la Uganda del dictador-antropófago Idi Amín Dada, el Irán del Ayatollah Jomeini, el Irak de Saddam Hussein y los (demás) gobiernos militares latinoamericanos” (3).

              Pero ésa era una gota de agua frente a la intensidad de la campaña internacional contra la Junta, impulsada desde el KGB soviético. El ministro de Coordinación Económica, Raúl Sáez, le reiteraba a la Junta algo que ya le había advertido el año anterior su colega de Economía, Fernando Léniz:

              “El país no ha tomado todavía una clara conciencia de cuán grave es la opinión que afuera se tiene de lo que sucede dentro de Chile. En el país suceden acontecimientos que no son de extraordinaria importancia, pero que son magnificados y ello entorpece las diligencias que los representantes chilenos estamos realizando en estos precisos momentos” (4).

Reanudación de relaciones con Bolivia

              En febrero Pinochet se reunió en Visviri-Charaña, en la frontera chileno-boliviana, con el Presidente del país vecino, Hugo Banzer. La iniciativa fue del gobierno chileno, tomando pie de la conversación que habían tenido ambos mandatarios el año anterior en Brasilia.

              En un coche-salón del ferrocarril de Arica a La Paz y en la misma línea fronteriza, intercambiaron ideas y luego firmaron  el “Acta de Charaña”, que decía en su principal acápite:

              “Ambos mandatarios, en mutua comprensión y ánimo constructivo, han resuelto que continúe el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno”.

              Pinochet recordaría más tarde: “Con esta reunión normalizábamos nuestras relaciones con Bolivia después de 17 años de ruptura” (5). Los historiadores Schiappacasse, Medalla y Sánchez añaden: “Se iniciaron las negociaciones para encontrar una fórmula que permitiera a Bolivia tener acceso soberano al mar en una franja contigua a la Línea de la Concordia. Con el inicio de las negociaciones, el general Pinochet quería conseguir (según lo confirma el Archivo General de la Presidencia 2.812/114, 15.08.76) ‘la neutralidad de Bolivia en un posible conflicto bélico entre Chile y Perú’” (6).

Exilios efectivos

Otros acontecimientos que contribuyeron a la acusación de que el Gobierno Militar “exiliaba gente” fueron tres casos aislados, y probablemente desafortunados, en que sí lo hizo: el 6 de agosto de 1976 Investigaciones inopinadamente puso en un avión al extranjero a dos distinguidos abogados opositores, cuyas críticas al Gobierno eran reiteradas, muchas veces sin buen fundamento y siempre ampliamente acogidas por los medios nacionales: Eugenio Velasco Letelier, abogado y ex Director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, próximo al radicalismo; y Jaime Castillo Velasco, democratacristiano, preocupado del tema de los derechos humanos y constante crítico de la acción represiva del Gobierno.

El súbito exilio de ambos provocó enorme revuelo interno, pero realmente fue una situación excepcional. Sin embargo, le dio un viso de verdad a la noción de que el régimen “exiliaba gente”.

Posteriormente, en 1980, el Gobierno prohibió el reingreso al país del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Andrés Zaldívar, tras recibir informaciones de su asistencia a reuniones en el sur de Italia en las cuales se planteaba directamente el derrocamiento por las armas del Gobierno Militar.

Ahondaré en este caso, al que tuve vinculación personal, en el capítulo respectivo, “1980: El año de la Constitución”.

Pero noviembre de 1975, por otros motivos adicionales, fue descrito como “un mes lacerante”, por la historiadora Teresa Donoso Loero:

“No bastaba el escándalo de los guerrilleros miristas (Pascal y Gutiérrez), que arrastraron consigo a sacerdotes, monjas (las tres implicadas abandonaron Chile con salvoconducto de cortesía el 8 de noviembre) y a la propia doctora Cassidy, cuyas represalias se hicieron sentir hasta la saciedad. No bastaba el padre Gajardo y sus reclusas bordadoras. Como si fuera poco desprestigio para la Iglesia Católica, en Copiapó estalló la siguiente noticia:

“Una célula mirista en que participaban activamente dos sacerdotes cayó completa en poder del Servicio de Inteligencia Militar. Su principal actividad era la de reclutar nuevos postulantes para el MIR y desacreditar al Gobierno, por medio de panfletos que ellos mismos imprimían en mimeógrafos de fábrica y rudimentarios. La aprehensión se hizo efectiva luego que el día 4 del actual aparecieron banderas del MIR en uno de los cerros que circundan la ciudad (…)

“Los sacerdotes implicados resultaron ser Giuseppe Murinedou Rozzu (italiano, 35 años, especialista en la formación de juventudes cristianas) y Salvatore Angelo Rozzu Canu (italiano, 33 años, especialista en la creación de comunidades cristianas) ¿Pertrechos? Al allanar la Parroquia de San José Obrero (Población Las Canteras) donde ambos sacerdotes ejercían su apostolado, los investigadores se incautaron de panfletos contra el Gobierno, textos sobre la fracasada Escuela Nacional Unificada de la Unidad Popular, mimeógrafo con un stencil tipeado para la impresión de los panfletos antigobiernistas (el mimeógrafo yacía bajo el altar de la parroquia), literatura marxista, dos posters autografiados por el Che Guevara (pertenecientes al padre Salvatore Angelo Rozzu), cassettes con grabaciones denigrantes para Chile transmitidas desde Radio Moscú, un revólver dentro de un libro expresamente acondicionado para ocultarlo, microfilmes con instrucciones para la resistencia y organización de aparatos político-militares, una nómina completa de las características y patentes de los vehículos manejados por los oficiales del Regimiento de Infantería de Copiapó (…)

“Veinte días después de su detención, zarparon a Roma con salvoconducto de cortesía Giuseppe Murinedou y Salvatore Angelo Rozzu” (7).

Frustrado intento de la Revolución Militar en educación

              La Revolución Militar quiso, pero no pudo, remediar el gran desequilibrio nacional en educación: falta de recursos para niños de entre dos y seis años en extrema pobreza y generosidad fiscal con la enseñanza superior. El problema sigue hasta hoy y un Chicago Boy de 1975, el economista Jorge Claro Mimica, recuerda así en El Mercurio de Santiago del 23 de enero de 2018, p. A2, lo que dicha Revolución intentó pero no pudo hacer:

              “UNA TRISTE HISTORIA. En 1975 un pequeño grupo de economistas de la UC que trabajaba asesorando al ministro de Educación, don Arturo Troncoso, se dio cuenta de que el presupuesto hecho en octubre de 1973 asignó por error más del 50 % de los recursos a las universidades y cero a los jardines infantiles para niños en extrema pobreza. A sugerencia del doctor Fernando Monckeberg y de Ernesto Schiefelbeim, se desarrolló con urgencia un proyecto que destinaba el 10 % del presupuesto universitario –que fue necesario corregir durante ese año para que volviera al 30 % histórico--  a un proyecto que llamamos Centros de Atención Integral (CAI) para niños de entre dos y seis años en extrema pobreza urbana. (…) Nuestro proyecto consiguió el entusiasta apoyo de los ministros de Educación y de Hacienda –Jorge Cauas--  para ofrecer, en un período de diez años, educación preescolar a 350.000 niños en extrema pobreza urbana seleccionados según datos del mapa de extrema pobreza desarrollado por Sergio de Castro y Miguel Kast y por los datos de desnutrición infantil de los consultorios del Servicio Nacional de Salud.

              “Lamentablemente y para nuestra sorpresa, dentro del gobierno de dicha época hubo gente que se opuso activa y efectivamente a esta iniciativa. Ellos consideraban que el proyecto era ‘economicista’ porque sólo la directora de cada jardín sería educadora de párvulos y el resto del personal serían auxiliares de párvulos. Y, además, los jardines serían de madera y no de hormigón, y no contarían con cocinas ni bodegas para almacenar alimentos (…)

              “Ante esta inesperada resistencia política, decidimos encargar al grupo de evaluación social de proyectos dirigido por Ernesto Fontaine en la UC, la evaluación social del proyecto CAI (…) La evaluación resultó positiva. Con este antecedente el ministro de Educación decidió desarrollar seis jardines piloto en el corazón de comunas vulnerables, uno de ellos de doble capacidad en Pudahuel.

              “Después de inaugurar tres o cuatro jardines, los CAI no prosperaron por falta de convicción de algunas de las más altas autoridades del país. A su turno, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) pasó a depender del ministerio del Interior y a ser dirigida por la primera dama. Al cabo de algunos años y de haber creado lo que hoy se conoce como Integra (una copia incompleta de los CAI), la Junji debió volver al ministerio de Educación.

              “Lo más importante y triste es que por problemas políticos, y no técnicos, no se implementó este proyecto que podría haber entregado educación preescolar a más de 1,5 millones de niños, hoy adultos, que le podrían haber cambiado la cara al país. En resumen, Chile perdió la oportunidad pionera de haber desarrollado el proyecto social más importante y trascendente, a mi juicio, del gobierno de las fuerzas armadas”.

              El regresivo desequilibrio niños pobres sin subsidio y universitarios generosamente subsidiados persiste hasta hoy.

Muerte del general Bonilla

              El ministro de Defensa, general Oscar Bonilla, había debido viajar al campo para reponerse de una operación a la columna. Cuando tomó el helicóptero para volver, el 3 de marzo, éste sufrió un fatal accidente a poco de despegar y fallecieron el ministro, sus acompañantes y la tripulación.

              Pinochet manifestó sentirlo en lo más profundo, como “amigo de toda una vida” del fallecido, cuyos padres habían sido muy amigos de sus suegros, también de toda una vida.

              Políticamente la pérdida fue también grande, porque Bonilla tenía muy buena llegada en el ambiente eclesiástico y entre la sensibilidad democratacristiana, que tras el apoyo inicial entusiasta a la Junta se había ido distanciando, en particular al comprobar el rechazo universal generado contra ella por la incesante campaña adversa del Departamento de Desinformatsiya del KGB soviético y su extensa manipulación de la opinión pública mundial.

Michael Townley

              En enero de 1975 Michael Townley aumentó su compromiso con la DINA y la institución compró para él una casa situada en la zona de Lo Curro, con instalaciones adecuadas para sus experimentos electrónicos, en Vía Naranja 4925.

              Ni la Junta de Gobierno ni su Presidente, el general Pinochet, tuvieron conocimiento siquiera de la existencia de Townley hasta que en 1977 se reveló su participación en el caso Letelier y los norteamericanos pidieron a Chile su expulsión del país. Y esta expulsión se concretó justamente debido a las seguridades que prestó el coronel Manuel Contreras, Director de la DINA, al Presidente, de que Townley nunca había trabajado para ese servicio.

              Townley era hijo del máximo ejecutivo de Ford Motor Co. en Chile, firma que dejó el país al advenimiento de la Unidad Popular. Era una “leyenda urbana” que ese máximo representante  a la vez cumplía misiones para la CIA, pero esta institución y la unanimidad de los diplomáticos norteamericanos siempre lo negaron, como asimismo que Townley, hijo, perteneciera a ella, si bien han reconocido que postuló para ingresar.

Asimismo, dada la amistad con el subdirector de la CIA, general Vernon Walters, que decía mantener el director de la DINA, coronel Manuel Contreras, era difícil que aquél no supiera del colaborador norteamericano contratado por éste.

              Yo mismo conocí a Townley de una manera bastante original en 1972, bajo la UP, cuando hacía comentarios político-económicos en Radio Agricultura, y a raíz de que el gobierno de Allende dispuso la clausura temporal de la emisora. Una noche recibí en mi domicilio el llamado de una voz femenina que me ofrecía seguir transmitiendo mis comentarios, pero desde una emisora móvil, cosa que yo acepté. Concertamos una cita en una bomba de bencina cercana a mi casa para que yo hiciera entrega del primer libreto y allí llegó la mujer que me había llamado y que era Mariana Callejas, escritora, famosa posteriormente como la mujer y cómplice de Townley y también como ganadora de concursos literarios, entre ellos uno de El Mercurio.

              La mujer me pidió ir a una calle lateral cercana a la bomba en que nos encontramos, en Américo Vespucio con Bilbao, y allí había un individuo joven y alto, diría que de un metro 90, rubio, que era Michael Townley. En un castellano agringado me preguntó qué me parecían otras iniciativas de oposición a la Unidad Popular que él podía desplegar, aparte de transmitir mi comentario, como interrumpir el suministro eléctrico de la ciudad o teñir de rojo el agua potable. Yo sólo pensé en lo incómoda que se iba a tornar la existencia sin luz ni agua, sumadas esas carencias a todas las que ya generaban las políticas socialistas, así es que le desaconsejé lo que me consultó. Nos despedimos y la pareja se llevó mi libreto, no sin antes indicarme en qué punto del dial y a qué hora podría oírlo por radio. Y, efectivamente, tarde esa noche lo transmitieron.

              Después me encontré con el mismo Townley más de una vez en el ascensor de Radio Agricultura, cuando yo iba a grabar mi comentario cuotidiano y él llevaba a la emisora material de Patria y Libertad, un grupo nacionalista opositor a Allende al cual pertenecía.

Reaparición en 1977

              Pasaron años y lo volví a ver cuando yo era director del vespertino La Segunda y ya se había conocido la participación de Townley en el caso Letelier. Entonces me fue a ver a mi oficina y me pidió que participara en un programa de televisión en el canal de la Universidad de Chile para exponer la gravedad que tendría para el Gobierno Militar y para el país el hecho de que él fuera entregado a las autoridades norteamericanas. Finalmente el programa de TV no se concretó y Townley fue entregado a los norteamericanos, después de que el entonces ya ex director de la DINA, general Manuel Contreras, le asegurara al Presidente Pinochet que no conocía a Townley, que éste nunca había trabajado para el organismo y que, en el peor de los casos, podría haber actuado como un informante (8).

              La decisión de entregar a Townley no era imperativa, porque éste tenía un proceso judicial pendiente en Concepción, en que estaba encargado reo debido a su intervención en una operación mediante la cual el Canal 13 de la Universidad Católica pretendió anular las interferencias electrónicas que silenciaban sus transmisiones en Concepción, para lo cual UCTV contrató los servicios de Townley.

Éste ubicó el recinto desde el cual partía la interferencia y una noche, con un acompañante, ingresó a él, amarró y amordazó al guardia del lugar, inutilizando el equipo que emitía la señal de interferencia. Para mala fortuna de los hechores, la mordaza del guardia quedó excesivamente apretada y éste, amarrado como estaba, no pudo aflojársela y pereció por asfixia durante la noche. El juez del crimen competente imputó a Townley por cuasidelito de homicidio. De hecho, éste tuvo que fugarse de Chile debido a ese proceso, por el cual podía ser en cualquier momento detenido. De ahí que el 11 de septiembre de 1973 lo sorprendiera en Miami, donde brindó con champaña por el pronunciamiento, junto a los exiliados cubanos.

Después volvió y terminó trabajando para la DINA gracias a su especialización en electrónica, creyendo estar a salvo de la orden de detención en su contra. Pero ésta siguió vigente, si bien sin llevarse a cabo (9).

              En otras palabras, el Gobierno Militar podía abstenerse de la expulsión asilándose en la excusa legal de que había un proceso judicial pendiente en contra de Townley y en que las autoridades norteamericanas debían seguir el procedimiento habitual de extradición, lo que probablemente iba a obligarlas a esperar largo tiempo a que se resolviera el proceso de Concepción antes de tener en sus manos al sujeto al que deseaban interrogar.

              Llevado el general Contreras, ya disuelta la DINA, ante el Presidente Pinochet por la anterior situación, éste consultó una tercera y última vez a aquél: “Quiere decir que tenemos que expulsar a Townley ¿usted se opone a eso?”, preguntó, y Contreras respondió: “No, por ningún motivo, si no tiene nada que ver con nosotros” (10).

              En esa seguridad, el Presidente y la Junta pusieron a Townley en manos norteamericanas, lo que a la postre resultó, como éste me había advertido, gravísimo para Chile, pues el personaje llegó a un acuerdo de delación compensada y refirió en detalle todo lo que había obrado contratado por la DINA.

“Operación Colombo”

              Desde mediados de 1974 la DINA inició una batida contra el grupo terrorista MIR, que alcanzó también a elementos socialistas ligados a la lucha armada. No se olvide que el Partido Socialista había proclamado la necesidad de derrotar militarmente al “Estado burgués” como parte de su lucha por el poder, en sus congresos partidarios anuales desde 1965 hasta 1971.

              Hubo 16 capturas de elementos subversivos que fueron llevados a los centros de detención de Londres 38, José Domingo Cañas, Tres Álamos, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi.

              En publicaciones simuladas de la revista O Dia de Curitiba, Brasil, y de la revista Lea de Buenos Aires, Argentina, se informaba que esos 16 presos, como parte de la llamada Operación Colombo, habían caído en un enfrentamiento entre subversivos, el cual resultó ser falso.

Ambos medios daban cuenta de la muerte de 119 extremistas chilenos a manos de un grupo rival. Alguna prensa chilena mordió el anzuelo y hasta tituló “Los Mataron como Ratas”. Pero pronto quedó claro que se trataba de una maniobra burda para ocultar el hecho de la detención y eliminación de esas personas en Chile por la DINA.

Probablemente el descubrimiento de esa falsificación informativa y el desprestigio que la misma acarreó al régimen fue el primer paso en el camino a la supresión del organismo de inteligencia. La vergüenza oficial fue mayor.

Ante la necesidad de poner término a conductas como ésa, antes de finalizar el año el Presidente dictó el decreto supremo N° 187, que se publicó el 30 de enero de 1976, disponiendo la absoluta prohibición de mantener lugares secretos de detención.

              Al mismo tiempo, en el plano interno la justicia ordinaria actuaba para proteger a quienes recurrían a ella, tanto así que la DINA solicitó al Gobierno modificar el decreto ley N° 81, que para detener personas exigía que hubiera un Estado de Emergencia y copulativamente una amenaza a los “altos intereses de la seguridad del Estado”. El departamento jurídico de la DINA demandaba modificar ese decreto ley para que el último requisito bastara para detener personas, pero el general Covarrubias, en representación del Presidente, desechó esa petición (11).

              En  otras palabras, Pinochet no quiso facilitar la detención de personas pedida por la DINA. Lo que sucedía era que los recursos de amparo por detenciones eran acogidos por los Tribunales cuando no concurrían copulativamente ambas condiciones. Lo que adicionalmente desmiente la posverdad de que los tribunales no acogían recursos de amparo en esa época.

              La relación de la DINA con Pinochet se resintió aún más cuando éste comprobó que dicho organismo había realizado investigaciones en la propia Presidencia de la República sin su conocimiento, a raíz de que se había dejado en el diario La Patria un panfleto contra el coronel Contreras con un timbre de la Presidencia. El timbre era falso, pero la DINA investigó el asunto dentro de la Presidencia sin conocimiento de Pinochet, lo que provocó la molestia de éste (12).

              Finalmente, en 2017 la justicia ha ordenado la condena de numerosos ex agentes de la DINA por esas muertes y otras.

              La ejecución de guerrilleros y terroristas es una práctica habitual de los servicios de seguridad, en particular de los Estados Unidos e Israel, pero todo ello se hace en un contexto de legalidad formal. La DINA, en cambio, disimulaba sus actuaciones con ardides que finalmente eran fácilmente descubiertos.

              Ello condujo a la decisión de disolverla y crear una nueva entidad de inteligencia, la Central Nacional de Informaciones, CNI, bajo diferente mando, el de un general intachable y que ofrecía amplias garantías de someterse a la legalidad: Odlanier Mena Salinas, designado en 1978 (13).

El atentado a Leighton

              Durante su permanencia en Madrid en 1975, tras la muerte del generalísimo Franco, habían sido presentados al general Pinochet dos personajes de nacionalidad italiana vinculados a Avanguardia Nazionale, movimiento neofascista: el general retirado Junio Valerio Borghese, que había tenido destacada actuación en la Segunda Guerra Mundial bajo las órdenes de Mussolini y que se había visto obligado a asilarse en España después de 1970, cuando en Italia se le comprobó participación en un intento de golpe de Estado para derrocar al premier socialista Giuseppe Saragat; y el otro, Stephano Delle Chiaie, dirigente de la misma Avanguardia Nazionale.

              Después habían sido invitados a Chile por el Gobierno y se habían entrevistado en Santiago de nuevo con el Presidente Pinochet. Estos personajes trabaron relación con el coronel Manuel Contreras y su gente y precisamente por ello Townley contactó a delle Chiaie en Roma, en 1975, cuando viajó con su mujer, Mariana Callejas, y el exiliado cubano Virgilio Paz –que posteriormente participaría en el atentado a Letelier— para preparar un atentado contra el ex ministro del Interior de Frei Montalva, Bernardo Leighton, que había viajado a Europa a comienzos de 1974, se había establecido en Roma y era un activo promotor de la unidad DC-socialista en la búsqueda de una manera de derrocar al régimen militar.

              Townley se contactó con un sindicalista DC chileno residente en Roma que no tuvo inconveniente en comprobar telefónicamente que Leighton se encontraba allí. Dos efectivos de Avanguardia, Pierluigi Concutelli y Salvatore Falabella, concordaron en atentar contra el ex ministro, recibiendo de Townley seguridades de que podrían después viajar a Chile y seguir trabajando en nuestro país para la DINA.

A la vez, Virgilio Paz les aseguró que el Movimiento Nacionalista Cubano se haría cargo de la responsabilidad pública por el atentado.

              El 6 de octubre Concutelli disparó con una pistola a la cabeza de Leighton, causándole una herida que no lo mató; e hirió en un hombro, con otro disparo, a su cónyuge, Anita Fresno, que cayó gritando, lo que alertó a los vecinos y a un sobrino del matrimonio. Esto permitió dar pronta atención médica a las víctimas y salvar la vida de ambos, especialmente la de Leighton, cuya herida era más grave.

              Posteriormente éste y su cónyuge volvieron a Chile, donde el ex ministro, a quien yo conocía desde que ambos fuimos elegidos diputados por Santiago-Centro en 1973, me convocó una vez a su departamento de la Avenida Lyon, en Providencia, con un curioso motivo: el diario que yo dirigía, La Segunda, había criticado severamente al ministro de Tierras y Colonización, un general de Carabineros en retiro, que había autorizado un plan privilegiado para financiar la compra de viviendas por parte de funcionarios del ministerio.

Don Bernardo me argumentó que “mediante estas facilidades es que la clase media puede tener acceso a viviendas dignas”. Me di por enterado de su inquietud y le expresé mi agrado por nuestro reencuentro.

              Finalmente, tras investigar el atentado a Leighton, la justicia italiana condenó a Delle Chiaie como su autor intelectual, y también a sus ejecutores. Y cuando Pinochet fue detenido en Londres en 1998, intentó también hacerle efectiva a él responsabilidad en el frustrado homicidio, si bien había sido comprobadamente ajeno a su gestación.

              El mismo Townley habían viajado a Roma en septiembre de 1974 con su cónyuge y con el cubano exiliado Virgilio Paz, donde tomaron contacto con personeros de Avanguardia Nazionale, lo cual comprometió a la DINA en el atentado del año siguiente.

              Pero el Movimiento Nacionalista Cubano (MNC), de exiliados de esa nacionalidad, cumplió con reivindicar dicho atentado contra Leighton, supuestamente para evitar que se inculpara al gobierno chileno (14). En todo caso, ni la Junta ni su Presidente tuvieron responsabilidad en el caso, pues posteriormente se probó, como ya se ha visto, que ni siquiera sabían de la existencia de Michael Townley, co-gestor del crimen.

“Otra voz” del Episcopado

              En septiembre de 1975 se registró  la declaración Evangelio y Paz del Episcopado chileno, cuyo contenido y tono no concordó con mucho de lo que los obispos –y el Cardenal-Arzobispo Silva Henríquez-- habían dicho y hecho antes con respecto al Gobierno Militar suscitando la molestia oficial.

Pero esa declaración ha sido citada posteriormente en Cartas a El Mercurio del abogado Sergio García Valdés, en el libro Desde las Cenizas de James Whelan y en Iglesia y Dictadura, de Enrique Correa y José Antonio Viera-Gallo, como se indica en la respectiva nota de referencia, sin saberse de desmentido alguno por parte de los obispos ni la Iglesia. Ella expresó, inesperadamente, lo siguiente:

              “Nosotros reconocemos el servicio prestado al país por las Fuerzas Armadas, al liberarlo de un dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible. Dictadura que sería impuesta en contra de la mayoría del país y que luego aplastaría a esa mayoría. Por desgracia muchos otros hechos que los propios partidarios del pasado gobierno hoy critican y lamentan, crearon en el país un clima de sectarismo, de odio, de violencia, de inoperancia y de injusticia, que llevaba a Chile a una guerra civil o a una solución de fuerza. Lo ocurrido en tantos otros países del mundo en que minorías marxistas han impuesto o han tratado de imponer su dictadura contra la inmensa mayoría de sus habitantes, y no pocas veces con ayuda extranjera, era una clara advertencia de lo que podía suceder en Chile. Que estos temores no eran cosa del pasado lo demuestran, entre otros, la actual situación en Portugal o lo que se puede sospechar ocurre en Vietnam del Sur o en Camboya. Es evidente que la inmensa mayoría del pueblo chileno no deseaba ni desea seguir el destino de aquellos países que están sometidos a gobiernos marxistas totalitarios. En ese sentido, creemos justo reconocer que las fuerzas armadas interpretaron el 11 de septiembre de 1973 un anhelo mayoritario, y al hacerlo apartaron un obstáculo inmenso para la paz” (15).

              Increíble, pero sucedió una vez.

La urgencia económica: el golpe de Kelly

              El buen precio del cobre y una cierta irresponsabilidad del área económica del Gobierno hicieron que 1974 fuera un año “bueno” en términos de recuperación de la actividad y la normalidad, pero “malo” en cuanto a que no se abordaron los ajustes esenciales indispensables.

              Los técnicos de Roberto Kelly en Odeplan se dieron cuenta. Entonces Kelly mismo le tomó el peso a la situación y actuó en consecuencia. Él debe ser señalado como un personaje clave en el éxito de la Revolución Militar, en particular porque se dio cuenta a tiempo de que ésta iba al fracaso y se jugó para evitarlo.

Al regresar de un viaje al Perú, a comienzos de abril de 1975, los economistas de su oficina-ministerio le demostraron que en su ausencia habían hecho su trabajo y le dijeron dos cosas: que el presupuesto de 1975 no había sido bien estudiado, de modo que había graves desequilibrios; y que “están al rojo todos los indicadores”.

              En 1975 el precio del cobre –principal exportación chilena-- había caído y el del petróleo –principal importación-- había subido fuertemente. Súmese a ello el desastre fiscal y particular heredados de la UP y se tendrá la tormenta perfecta.

              Kelly debió volver al Perú por otros días y a su regreso sus técnicos le reiteraron: “La situación es de una gravedad inminente; no hay tiempo que perder; se prevé para 1975 una inflación cercana a la de 1973; la inversión pública se ha desbordado en 1974; empezando el año, el Banco Central tiene ya emitido todo lo que razonablemente se esperaba que emitiera en los doce meses de 1975. O alguien manda en la política económica y sanea a fondo la situación del sector público o esto va a la ruina” (16).

              Kelly se fue inmediatamente donde el Presidente de la República y exigió verlo. Se le dijo que no podía, que el Presidente se estaba vistiendo para una ceremonia. Kelly insistió y dijo que era de vida o muerte. El gobernante le manda decir que pase un segundo. Kelly entra y le dice que la situación económica es extremadamente grave. “No, eso lo hablaremos después”, dice Pinochet.  Kelly insiste: “Perdón, Presidente, tiene que oírme ahora. Usted, que es el salvador de Chile, va a quedar como el enterrador de Chile si no toma medidas ahora mismo”.

Pinochet captó y citó a una reunión en Viña del Mar a las nueve de la mañana del siguiente domingo. Todo ese día se analizó un drástico programa de disciplina económica. El lunes el Presidente da a conocer la necesidad de un plan de Recuperación Económica extraordinario a los generales y almirantes.

              En esos días se registró una importante incorporación de civiles a la primera línea del Gobierno: el 14 de abril de 1975 se habían incorporado al gabinete Sergio de Castro, en Economía; Miguel Schweitzer Speisky, en Justicia; Hugo León, en Obras Públicas; Carlos Granifo, en Vivienda y Urbanismo; y Francisco Soza Cousiño, en Corfo. La presidencia del Banco Central quedó en manos de Pablo Baraona y la vicepresidencia en las de Álvaro Bardón. Pocos días después jura en Minería Enrique Valenzuela Blanquier (17). Ya no habrá cambios de ministros hasta el año siguiente.

              Pero el país funciona tranquilo, pues no sabe del torbellino que lo amenaza. Viene una misión norteamericana que, al término de su visita, declara que Chile parece desenvolverse normalmente (18). Por supuesto, eso es muy distinto de todo lo negativo que publica la “gran prensa” europea y norteamericana, hábilmente digitada –aunque ella misma no se dé cuenta— por la Desinformatsiya del KGB.

Programa de Recuperación Económica

              Después de que suenan las alarmas hay una reunión del Gabinete con la Junta, ante la cual Kelly expone crudamente la situación.

Se dicta entonces el decreto ley N° 966, que llevará fecha 10 de abril y que  entrega al ministro de Hacienda, Jorge Cauas, amplísimas facultades para introducir economías en el sector público, remover funcionarios y controlar y dirigir toda la operación económica del Estado.

Se disuelve el Sistema de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, que amenazaba con una catástrofe financiera y una quiebra fiscal, porque el Estado absorbía sus pérdidas.

              Se desecha el enfoque gradualista y se va a una política de shock. Y el año termina con una reducción del 80 % del déficit del sector público y un pequeño superávit del presupuesto fiscal, lo que no se había logrado en un cuarto de siglo.

              Pero el shock provoca un terrible ajuste recesivo: el producto cae -12,9 %, el gasto social -40 %, el consumo privado -21 %, la producción fabril -30 % y el conjunto del ahorro -50 %. Las exportaciones entran en una etapa decreciente.

Y se renuncia a la morfina: se prohíbe por ley que el Banco Central financie gastos del sector público.

Se cambia el signo monetario del escudo –que había introducido Jorge Alessandri en 1960 y equivalía a mil pesos antiguos, en otro esfuerzo rectificador, que, tras su éxito inicial, sucumbió a las presiones políticas— y se vuelve al peso chileno tradicional, que valdrá mil escudos. Es decir, el peso nuevo vale un millón de pesos antiguos. Es la historia de la inflación chilena.

El historiador norteamericano James Whelan vio así la situación:

“El 26 de mayo de 1975 –quince años después que Chile abandonó su peso jibarizado por la inflación y lo cambió por el escudo (= mil pesos)— el gobierno anunció que a partir del 1° de septiembre el escudo sería eliminado en favor de un peso resucitado. En el momento del cambio de moneda en 1960, el peso se transaba a $1.000 por dólar. El nuevo peso, señaló el presidente del Banco Central, Pablo Baraona Urzúa, tendría un valor de mil escudos. El escudo había sido devaluado 38 veces desde la revolución. Diez veces sólo en 1975, la última vez, sólo unos pocos días antes, cuando la tasa para importaciones y exportaciones subió de 4.100 a 4.300 escudos  por dólar. La tasa bancaria para cambio de monedas aumentó de 4.500 a 4.800. En el corazón de la política cambiaria se encontraba una devaluación sistemática, empleando un sistema de minidevaluaciones diarias que logró su meta de fomentar las exportaciones durante el período durante el cual se mantuvo en vigencia…” (19).

              El país cruje, pero el reordenamiento le da nuevos bríos y a partir de 1976 crece y prospera… hasta la siguiente crisis mundial, la de 1982.

La crítica interna en 1975, con todo, es fuerte. Viene tanto del Comité Asesor como del ministro de Coordinación, Raúl Sáez, que discrepan del plan. Pero Pinochet lo respalda y se ejecuta. Sáez terminará yéndose y el Comité Asesor está integrado por subordinados de Pinochet y terminará acatando. “¡Era que no!” (Barros Luco).

              Si no se hubiera llevado a cabo el programa, todo pudo haber terminado muy mal el mismo 1975, pero se evitó gracias a dos personajes claves: Kelly, que dio la alarma y cuyos técnicos prepararon el shock, y Cauas, a quien nunca le tembló la mano. De maneras corteses, era determinado y durísimo para conseguir sus fines. Suaviter in modo, fortitur in re.

              Pero la política de ajuste fue dolorosa: la tasa de desempleo se acercó al 20%.

Si en algún momento el país pagó el precio de la “farra” que se dio la UP, fue en ese año 1975. Y si no lo hubiera pagado, la Revolución Militar habría entrado en una crisis de insondables consecuencias. En lugar de eso, a partir del profundo precipicio en que había caído, Chile inició una etapa de recuperación y crecimiento que sólo se detendría cuando lo golpeara otra crisis, esta vez sólo internacional, la de 1982.

Con el apoyo de un nuevo Director de Presupuestos, Juan Carlos Méndez (que reemplazó al DC Juan Villarzú) Cauas aplicó una severa disciplina fiscal y en un año la administración pública se redujo en 98 mil funcionarios. Treinta años después, ya con la izquierda en el poder, se reescribirá la historia y se achacará a la “persecución política de la dictadura” el cese de funcionarios públicos supernumerarios. Pero la razón fue estrictamente económica y dictada por el Programa de Recuperación del Ministro Cauas. Hoy esos supernumerarios cobran generosas pensiones como “exonerados políticos perseguidos por la dictadura”.

              Cauas era conciliador, pero firme; Léniz, ministro de Economía, era también conciliador y como en la emergencia se necesitaba otro “duro”, renunció Léniz y asumió de Castro en Economía.

              El 24 de abril Cauas anuncia cifras de la nueva política económica de shock: reducción de gastos públicos entre 15 % y 20 % del presupuesto en vigor; exoneraciones en las plantas del personal estatal: se debe despedir al 30 % de los funcionarios; aumentos de impuestos, entre ellos el de la renta; y consagración definitiva del IVA (impuesto al valor agregado, pues antes se gravaba el valor total de las ventas, generando así impuesto sobre impuesto); disolución del sistema de ahorros y préstamos para la vivienda, que amenazaba necesitar un subsidio fiscal gigantesco si los depositantes retiraban sus Valores Hipotecarios Reajustables y Bonos Hipotecarios Reajustables: Cauas decretó un “corralito” y los depositantes portadores de ambos papeles sólo pudieron retirar “con cuentagotas” (20).

Espaldarazo de Friedman

              Milton Friedman visitó el país en marzo de 1975 y fue categórico para apoyar el tratamiento de shock. Sus conferencias y entrevistas fueron brillantes y merecieron ser posteriormente editadas por un grupo empresarial. Una sola pregunta que le fue formulada, y su respuesta, constituyeron un claro espaldarazo para la sacrificada política económica del ministro:

              “Pregunta 14: Suponiendo que el 1° de abril de 1975 el gobierno tome medidas para reducir gastos en el 20 o 25 % durante un año, y que ello permita, a partir del mes ‘n’, dejar de emitir dinero ¿en cuánto tiempo, a partir del mes ‘n’ estima usted que se reduciría la inflación para llegar a un nivel que permita aplicar medidas efectivas para el desarrollo?”

              “Respuesta: La medida que usted ha descrito sería la más eficaz que se pudiera tomar para desarrollar la economía. No obstante, con una pregunta como ésa es muy difícil ser extremadamente preciso. Pero creo que mucho antes del término de ese año, en unos cuantos meses –como máximo— ustedes verían una dramática reducción de la inflación.

              “Si el gobierno adopta y mantiene esa política, tendría precios estables antes de que terminara ese año. Y ya estarían en camino al proceso del desarrollo.

              “En realidad, yo vacilo en usar esos términos al estilo de ‘planificación para el desarrollo’, a menos que uno sea muy cuidadoso en cuanto a su significado, porque ocurre que suenan mucho como esos grandes planes de desarrollo que suponen que un organismo del gobierno decide qué industria debe desarrollarse y da subsidios a largo plazo para esa industria.

              “Esa no es la forma cómo ustedes quieren tener un ‘plan’ para el desarrollo. En primer lugar, sus planes para el desarrollo deben estar basados en el propósito de eliminar los obstáculos.

              “En segundo lugar, deben dejar que la enorme fuerza, iniciativa y empuje de la gente libre, que contrata voluntariamente y se dedica a actividades económicas, produzca realmente un desarrollo saludable” (21).

              Chile siguió el consejo de Friedman y consiguió ese desarrollo saludable.

Salida de Sáez del gabinete

              Dice Sergio de Castro en un libro-entrevista reciente: “El hecho de que Sáez mantuviera el cargo de Coordinador Económico no ayudaba. El general Pinochet buscaba soluciones y, como era su costumbre, pedía informes y consejos a unos y otros. Las diferencias en el equipo económico eran evidentes y se habían acentuado a raíz del tema de la devolución de las textiles y los bancos comerciales. De hecho, comenzó a gestarse un programa alternativo encabezado por Raúl Sáez y en el que participaron Carlos Massad, Andrés Sanfuentes y Juan Villarzú. ‘Me acuerdo –nos cuenta Sergio— que un día llegan todos ellos al Ministerio y nos presentan una nueva estrategia económica y un reordenamiento del área, donde Sáez se convertía en un Superman, con atribuciones incluso mayores que las de la Junta. Pero lo más grave era que la propuesta que llevaban era la de desandar lo andado, volver atrás, fijar de nuevo los precios, el tipo de cambio, etc. Estaban asustados porque los precios se habían disparado y porque se hacía cada vez más notorio el déficit fiscal a raíz de la caída del precio del cobre. Fue ahí entonces que nos pusimos firmes”.

Pablo Baraona, que estuvo presente en esa reunión, comenta que ésta fue dura: “Estábamos en la mesa de trabajo del ministerio de Economía con Fernando Léniz, Sergio y creo que Juan Carlos Méndez y Ernesto Silva cuando ellos nos empiezan a plantear este asunto de congelar los precios y frenar las medidas que se habían tomado. Nosotros insistíamos en que lo que había que hacer era ‘cortar el chorro’ y que no se sacaba nada con volver a una política fracasada. El ambiente comenzó a encresparse, tanto así que un momento de Castro y yo les dijimos que si querían tomar esas medidas que lo hicieran, pero que nosotros nos íbamos”. Al final, Léniz logró calmar la situación y mantener a raya a Sáez, quien no tardó en darse cuenta de que ya poco o nada podría hacer: no contaba con su amigo Léniz y sabía que había perdido puntos con el general Pinochet, quien a estas alturas lo escuchaba poco o nada” (22).

Un nombramiento trascendental

              A mediados de 1975 se produce un nombramiento que será decisivo para el futuro económico de Chile: el del economista y académico, máster en Chicago, Sergio de la Cuadra Fabres a cargo del Comité Asesor de Política Arancelaria.

              De la Cuadra es un estudioso de las ventajas de una economía abierta. Ya el visionario primer ministro de Hacienda, almirante Lorenzo Gotuzzo, había reducido el máximo de los aranceles sobre las importaciones de 700% a 120%. En agosto de 1975 Cauas, a instancias de de la Cuadra, los vuelve a rebajar a un rango de entre 10% y 35%, después de una delicada reunión con el Presidente, en que se produce un malentendido humorístico: al anuncio de de la Cuadra de que se propone terminar con todas las exenciones de aranceles, Pinochet responde: “No, mi amigo, las excepciones las manejo yo”. Le explican que son “exenciones” y no “excepciones” y se aclara el malentendido, tras una patada de de Castro al expositor por debajo de la mesa.

Entonces Pinochet dice que llevará el tema a la Junta, que finalmente aprueba la desgravación (23).

Imagen sobre derechos humanos

              El Gobierno había aceptado que la Tercera Comisión de las Naciones Unidas designara un Grupo de Trabajo para investigar la situación de los derechos humanos en Chile y también había accedido al ingreso al país de una comisión inspectora comisionada por las Naciones Unidas y presidida por el pakistaní Gulam Alí Allana.

Pero el Grupo Allana pretendió auto fijarse sus atribuciones y determinar por sí el procedimiento que aplicaría, ante lo cual el régimen chileno suspendió el permiso para su visita.

              Al respecto, Pinochet declaró en julio de 1975: “Es lamentable que el mundo no nos pueda defender, pues les invade la indiferencia, que no sé cómo calificar, ya que ocultan la cabeza para dejar a este pequeño David luchando solo contra el gigante Goliat. Pero no olviden que David derrotó a Goliat” (24).

              Y fueron proféticas sus palabras, pues en 1989 terminó sucediendo así.

              En definitiva, el voto condenatorio de la ONU se aprobó con parecido número de sufragios que el año anterior, 95 afirmativos, 11 negativos y 23 abstenciones, pero en esta oportunidad se sumó a la mayoría el de los Estados Unidos. Increíble ataque estadounidense a un país que lucha contra el comunismo. Resultó ilustrativo que en ese mismo año la ONU rechazara condenar por atropellos a los derechos humanos al mayor genocida de la época, el caudillo Pol Pot de la Camboya del Khmer Rojo, que había ordenado matar a millones de personas. También es ilustrativo reiterar que el Times de Nueva York editorializó 66 veces en 1976 condenando la situación de derechos humanos en Chile y sólo tres  veces criticando lo sucedido en Camboya, donde murieron 1,5 millones de personas de una población de 7 millones.

              Dice un historiador: “No es impertinente recordar que, este mismo 1975, habló a la Asamblea General de las Naciones Unidas –y fue aplaudido de pie por la masa de asistentes— el dictador de Uganda, Idi Amin Dada, a quien se imputaría guardar refrigerados, para deleite gastronómico y ritos tribales, pedazos selectos de sus enemigos difuntos” (25).

              La Comisión Allana siguió funcionando en Ginebra, Suiza, de modo que el Gobierno consideró apropiado enviar a una delegación de personas independientes para informarla sobre su impresión, como testigos directos residentes en Chile, de lo que sucedía en materia de derechos humanos.

              Yo fui designado como uno de los integrantes de la delegación, de la cual formaban parte también el entonces ministro y ex presidente de la Corte Suprema, don Enrique Urrutia Manzano, el dirigente sindical Hernol Flores, el dirigente de los camioneros, León Vilarín, los jóvenes abogados y dirigentes universitarios gremialistas Carlos Bombal y Raúl Lecaros y el dirigente agrícola Domingo Durán.

              Antes del viaje estaba programada una visita al Campamento de Detenidos de Cuatro Álamos, al cual fuimos conducidos y donde recorrimos las instalaciones, con libertad para conversar con los presos, cosa que aprovechamos de hacer, aunque a mí, por lo menos, no me miraban con mucha simpatía. Eran centenares, sino miles, instalados en enormes galpones con catres de campaña de dos niveles. Muchos estaban cocinando pucheros apetitosos, a juzgar por su aroma. No se nos dio mayor información respecto a ellos ni ellos nos la dieron. No acusaron malos tratos. El aspecto general de la gente era de individuos de clase media, vestidos con ropas abrigadas, y la mayor actividad que se advertía era la ya mencionada de preparar comidas junto a sus respectivos camarotes. A nuestras preguntas contestaron parcamente y no presentaron quejas.

              En Ginebra fuimos recibidos por la Comisión Allana y uno a uno fuimos prestando testimonio ante ella, presidida por el pro-hombre pakistaní. El mío consistió en explicar lo que había visto en materia de trato a los prisioneros, hecho lo cual fui prontamente despachado de la amplia aula, donde había periodistas europeos de izquierda que me dedicaron frases burlescas al pasar, sobre todo cuando fotografié a la Comisión Allana con mi cámara amateur ridículamente pequeña.

              El Grupo Allana era tan poco imparcial que caía en el ridículo, lo que no obstaba a que sus informes contrarios al gobierno chileno fueran aprobados con alta votación. Por ejemplo, en el de 1976 estampó la siguiente “comprobación”, cuyo texto seguramente hará reír a cualquier habitante en el Chile de esa época: “La información recibida por el Grupo tiende a demostrar que la vida diaria de los niños que no están encarcelados, se halla dominada por la impresión de soldados y camiones militares” (26).

              Eso sólo lo veían ellos desde Ginebra y sintonizando Radio Moscú.

La opinión pública según Gallup

              La opinión mayoritaria de los chilenos, según una encuesta Gallup de 1975, señala que el 64 % cree que se encuentra en mejor situación que cuando cayó Allende y sólo un 13 % cree que está peor; un 73 % cree que las condiciones están mejorando y un 11 % que se están deteriorando (27).

              El Mercurio editorializa comentando que la encuesta “constituye un fiel reflejo de la realidad de la opinión pública: en el exterior ella juzga de Chile en concordancia con la campaña comunista; en el interior se aprecia al Gobierno con sus dificultades, pero se le ve, en todo caso, como merecedor de confianza y como una alternativa sin precedentes en estas generaciones” (28).

              El fenómeno de la diferencia entre lo que opinaban sobre el régimen chilenos y extranjeros que vivían en el país y lo que opinaban los que vivían en el exterior será un tema recurrente durante todo el tiempo de la Revolución Militar. El Mercurio atribuye la discrepancia a la “campaña comunista”, en coincidencia con el historiador Paul Johnson, para el cual, según vimos, la demonización del régimen militar revolucionario fue el último gran  éxito del KGB “antes de ser lanzado al basurero de la historia”.

Violencia extremista activa

              Pero el hecho es que el país se ha pacificado visiblemente. El Informe Rettig después dio cuenta, en 1991, de que el número de caídos en enfrentamientos entre la subversión y las fuerzas de orden, que había sido de 1.261 entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, había disminuido a 309 en todo 1974 y a 119 en todo 1975 (29). La discrepancia entre el número de caídos en ese período con los más de 1.800 que se ha dado en anteriores citas deriva de que se sumó a los anteriores la cifra añadida por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que se formó después de la Comisión Rettig y ante el reclamo de personas que, al ver los beneficios concedidos a las víctimas, quisieron también hacer valer sus casos para alcanzar alguna retribución pecuniaria.

              Pero la subversión armada de la izquierda siguió activa. En septiembre de 1975 sufre un atentado, al que sobrevive, el director de La Segunda, Mario Carneyro, cuyo diario apoya al Gobierno; el vespertino había venido informando sobre descubrimientos de depósitos de armas y explosivos.

              En la parcela Santa Eugenia de Malloco, se descubrió un centro clandestino del MIR. Asimismo, en la sede del ex Comité Central comunista se descubrió otro. El general Leigh  denuncia un intento subversivo planeado para asesinar al Presidente y otras altas autoridades el 15 de diciembre y El Mercurio informaba que el MIR tenía planes de reiniciar en Chile en gran escala el sistema de secuestros, asesinatos, robos y asaltos a que están expuestos en esos tiempos muchos países del mundo. Incluso se remite desde La Habana un informe sobre un plan para liberar a Luis Corvalán mediante paracaidistas chilenos y cubanos apoyados por lanchas de desembarco (30).

              Pero el MIR está en una situación crítica, tanto que una joven colaboradora del movimiento, Michelle Bachelet, cuyo padre, el general de la FACH Alberto Bachelet, murió a comienzos de 1974 de una afección cardíaca estando preso en la Cárcel Pública y tras jugar un partido de básquetbol contraindicado para su condición de salud, ha recibido el encargo de cumplir una delicada misión para el MIR, “encomendada por la cúpula del PS en Chile: traspasarle al MIR ayuda financiera urgente. La situación del movimiento es desesperada. Los socialistas lo saben” (31).

              El comunismo se desplegaba contra la Junta principalmente en el exterior. En junio se realizó en La Habana una importante reunión de los partidos comunistas de América Latina y el Caribe y el caso de Chile fue tratado de manera particular.

              En este sentido, Volodia Teitelboim, ex senador y alto dirigente comunista, expresaba: “Chile es un problema de todos los países del mundo y es también el más vigoroso toque de alerta frente a la estrategia del imperialismo”. Hacía algunos reconocimientos: “Estamos persuadidos de que el desenlace no era fatal. Una de las raíces del drama es que la contrarrevolución se adelantó a la revolución (…) El pueblo no debió haber postergado la resolución del problema del poder” (32).

              Traducción: “debimos haber dado el golpe que teníamos preparado antes que ellos.” ¿Qué mayor confesión de que venía el régimen totalitario?

El “Objetivo Nacional”

              El 23 de diciembre de 1975 Pinochet presenta al país el Objetivo Nacional de Chile, documento en el cual ha puesto a trabajar a bastante gente, civiles y militares, durante largo tiempo.

En una sociedad libre, como la que, siempre se dijo, buscaba instituir la Revolución Militar, son los individuos los que van marcando los rumbos nacionales a través de la consecución de sus múltiples objetivos personales. Pero la intelligentsia de todos los países, esa gente a la cual Paul Johnson prefiere calificar como élites habladoras y que “domina la escena pública”, suele exigir un “libreto” o “relato”. Gobiernos que lo hacen bien, en el sentido de no entorpecer el desarrollo de sus respectivos países, suelen ser acusados de “falta de relato”, de “no tener un libreto”. Por tanto, aunque no lo necesiten, como en el caso del Gobierno Militar, que en los cinco puntos iniciales de su Declaración de Principios del 11 de marzo de 1974 ya había dicho todo lo necesario, se esmeran por ir construyendo “un relato”.

Gonzalo Rojas en su libro Chile Escoge la Libertad sintetizó muy bien el Objetivo Nacional:

              “… se orienta a conservar la independencia e integridad territorial de la nación; a hacer realidad la Declaración de Principios; a construir un régimen  político-institucional basado en la concepción cristiana del hombre y la sociedad, en el principio de subsidiariedad del Estado y en la fidelidad a la tradición nacional; a desarrollar un cuerpo de valores morales y espirituales; a procurar que el país alcance un desarrollo equilibrado en lo político, económico y social; y a proyectar una política internacional pacifista y colaboradora con los Estados amigos.

              “Los objetivos específicos se definen según las áreas a tratar. En el frente interior, configurar una nueva democracia, creando un sistema político-institucional que preserve las bases de un Estado nacionalista y libertario, y restablezca la concepción portaliana de un gobierno autoritario. En relaciones exteriores se debe aumentar la capacidad del Estado para promover la defensa nacional en el exterior, mediante una política dinámica y pragmática. En el frente económico se debe alcanzar un desarrollo que permita elevar el bienestar material y espiritual de los chilenos, con una armónica combinación de capital, trabajo y naturaleza. Por último, el desarrollo social debe alcanzarse en armonía con el desarrollo económico, orientándolo a la raíz histórica nacional, para así concretar la participación y el progreso en paz y libertad” (33).

              Aparecen, una vez cada una, las palabras “libertario” y “autoritario”; una vez la palabra “libertad” y ninguna la antónima de ésta (en los hechos), “igualdad”.

El aislamiento internacional

              Se suponía que la demonización soviética de la Junta, y de Pinochet en particular, había surtido efectos universales, pero hasta los más críticos del régimen reconocían algunos rasgos. Por ejemplo, escribe el historiador Gonzalo Vial, “en las crisis internas de cualquier país no sería raro escuchar, desde 1973, al uomo qualunque local –un taxista, un dependiente de tienda— el mismo comentario, temeroso y exasperado, pero también esperanzado: ‘Necesitamos un Pinochet’” (34).

Sigue sucediendo hoy… incluso en Chile.

              Pinochet había visitado Brasil y Paraguay en 1974, como vimos. También tuvo un contacto positivo con el Presidente de Bolivia, Hugo Banzer. Y con el ex Presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, un constitucionalista que defendía la legitimidad del Poder Militar para gobernar. A su vuelta a Santiago desde Asunción, Pinochet se había entrevistado personalmente con Juan Domingo Perón en la losa del aeropuerto de Buenos Aires, donde le pidió alejar a los exiliados chilenos de la frontera, a lo cual Perón accedió con la frase “Perón tarda, pero cumple”.

Y a fines de marzo de 1975, ya fallecido Perón, recibió una invitación de su viuda y Presidenta argentina, Isabel Martínez, con la cual conversó “dentro de una atmósfera de cordialidad y respeto recíproco”.

              En fin, en noviembre, a raíz de la muerte del gobernante español Francisco Franco, decidió asistir a los funerales y al juramento del rey Juan Carlos. Este último, todavía príncipe, lo esperaba en la losa de Barajas junto al Primer Ministro, Carlos Arias Navarro.

              La propaganda soviética se desgañitaba para atizar algún repudio a Pinochet, pero el recibimiento para él en España fue muy cálido, pues también ese país había sido “bestia negra” de la URSS y soportaba las consecuencias.

Después, Pinochet fue de uno de los tres Jefes de Estado, junto a Hussein de Jordania y Rainiero de Mónaco, que asistieron a la jura del rey y a los funerales del Caudillo. Los demás gobernantes de “países libres” no asistieron, pues estaban bajo el pánico de las injurias de la izquierda mundial digitada desde Moscú y que había hecho de Franco un blanco favorito, antes de sustituirlo por Pinochet.

              Pero “un ambiente callejero de viva popularidad rodeaba a Pinochet”, reconoce Vial, que lo quería poco (35).

              Y el mismo Pinochet recordaba al efecto en sus memorias: “Al alcanzar de regreso a nuestro hotel nos encontramos con que en la puerta nos esperaba un grupo bastante representativo de la Junta Coordinadora de Estudiantes de España, que quiso testimoniar su aprecio a Chile, y a la vez materializar su cariño, entregándome un objeto recordatorio de nuestra visita a la Madre Patria. Estos jóvenes españoles departieron algunos momentos con nosotros y nos agradecieron nuestra concurrencia a las exequias del Generalísimo Franco” (36).

              Luego vino el viaje al Valle de los Caídos para dar sepultura a Franco y, cuando se retira Pinochet, reconoce también Vial, “es el momento de una tumultuosa y multitudinaria manifestación a su favor, que aún hoy asistentes españoles recuerdan como pocas veces vista” (37).

              Cuando está por partir en el aeropuerto, el ya rey Juan Carlos lo despide en la escalerilla del avión.

Un libro de Frei Montalva

              El ex presidente ya había ido virando desde su apoyo a la Junta a una actitud crítica y opositora. En 1975 –permitiendo comprobar que en Chile había un grado alto de libre información, contra lo que la “leyenda negra” ha dicho del régimen-- publicó un libro, El Mandato de la Historia y las Exigencias del Porvenir, presentado por la Editorial del Pacífico.

              En él descalificaba el apoyo popular al Gobierno, que más tarde, en 1977, se vio obligado a reconocer. Identificaba al régimen con los “grupos de extrema derecha” y decía de ellos: “…esta es su última oportunidad. Su única oportunidad. Presienten que en elecciones libres serían minoría absoluta. Todo su interés reside entonces en que la actual situación se mantenga. El día que ella termine no serán nada ni nadie” (38).

              Ése fue siempre un predicamento de Frei: la popularidad estaba a la izquierda. Pero la única vez que ganó, en 1964, fue gracias al apoyo de la derecha, que le dio su votación incondicional para evitar la llegada del marxismo-leninismo al poder.

Pero es la suposición de que la mayoría está a la izquierda la que lo ha llevado a él y a su partido a la oposición contra la Revolución Militar.

              Ciertamente no se habría podido imaginar que los dos partidos a la derecha de la Democracia Cristiana y adeptos al régimen militar llegarían a ser, bajo un régimen de elecciones libres, ambos en varias oportunidades, mayores en votación que la colectividad que él encabezaba. Y hoy, 2018, todavía mucho más poderosos que ella. Menos habría podido imaginar que un candidato presidencial de derecha y defensor del legado del Gobierno Militar (José Antonio Kast) aventajaría ampliamente a la candidata presidencial democratacristiana (Carolina Goic) en 2017.

              También en su libro Frei Montalva manifestaba su escepticismo sobre el éxito de la economía de mercado: “En las circunstancias excepcionales por que atraviesa la economía mundial, y en especial la economía chilena, se insiste en mantener el funcionamiento de un sistema de economía de mercado que podría haber operado en otra época y en otras condiciones, pero no hoy” (39).

Tampoco en eso el tiempo le daría la razón a Frei.

Concentración en la Plaza Bulnes

              El cumplimiento del segundo aniversario del Gobierno Militar culminó con una entusiasta concentración en la Plaza Bulnes, a la cual concurrió mucha gente estimulada por la injusta aprobación de la “acusación anual” sobre atropellos a los derechos humanos en Chile por parte de  la respectiva comisión de las Naciones Unidas.

              En un discurso, esa noche, Pinochet hizo una proposición audaz:

“Tenemos la tranquilidad de conciencia del que obra conforme a principios superiores e invariables. Por eso es que nuestras fronteras han estado abiertas para todos cuantos han querido visitarnos, aun cuando muchas veces era evidente que algunos sólo venían a nuestra patria a afianzar un prejuicio adverso ya adoptado. Permitimos incluso la entrada al país y el libre trabajo de varias comisiones investigadoras, que ninguna norma jurídica nos obligaba a aceptar. ¿Qué gobiernos, de entre aquellos que nos condenan, pueden exhibir un ejemplo semejante?

“No obstante, y para dejar en claro el elevado espíritu que lo anima, Chile presentó recientemente a la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas un trascendental proyecto de acuerdo sobre investigación futura de los Derechos Humanos.

“En él se propone un mecanismo que permitiría a Naciones Unidas contar con un sistema de investigaciones de los Derechos Humanos de carácter universal, obligatorio y automático, a la vez que fundado en normas estables y objetivas para la generación y el funcionamiento de las comisiones investigadoras.

“Podría decir, en breves palabras, que se trata de acordar un sistema que, respetando las características propias de cada cultura o zona geográfica, resulte de aplicación general y obligatoria para todos los países. Ello impediría que se pretenda imponer a un país pequeño y altivo lo que su poderío les permite eludir a las grandes potencias, o quienes se sometan a su imperio” (40).

Activismo de sacerdotes extranjeros

              “En un clima de ardor revolucionario como ése –dice el autor James Whelan--  era, por supuesto, inevitable que muchos eclesiásticos unieran su suerte a la de los hombres y mujeres que luchaban con armas y bombas por el ‘evangelio revolucionario’. Los extranjeros, incluso un cierto número de norteamericanos, se destacaban entre ellos. Al comienzo, las autoridades se mantuvieron en silencio, como cuando expulsaron al padre Robert Plasker, en septiembre de 1974. El padre Plasker, miembro de la Congregación de la Santa Cruz (Holy Cross), era profesor en el exclusivo colegio Saint George, en Santiago. Al expulsarlo, el Gobierno simplemente dijo que se debía a sus actividades ‘contrarias al Gobierno’” (41).

              Aquí hago un paréntesis, pues conocí personalmente a Plasker cuando matriculé a mis dos hijos mayores en el mismo colegio donde yo también me había educado, el Saint George’s College. En 1968, tras matricular al segundo de ellos, el profesor jefe de su curso, el padre Plasker, nos citó a los padres de alumnos a una reunión, donde nos dijo que íbamos a constituirnos en una célula para discutir el cambio en nuestra sociedad.

              Yo recurrí a los sacerdotes más antiguos, que me habían hecho clases cuando yo había estudiado ahí, quince años antes, los sacerdotes Huard, Send y Provenzano. Les expresé que no estaba de acuerdo en que los padres de los alumnos formáramos grupos ‘para cambiar la sociedad’, pues lo que yo esperaba del colegio era que educara a mis hijos y no a mí, cosa que ya habían hecho ellos, para bien o para mal; y que, en todo caso, no quería que se nos instruyera, ni a mis hijos ni a mí, en cómo ‘cambiar la sociedad’, sino en los ramos específicos de la enseñanza para cumplir el rol que mis hijos eligieran en la vida.

Los sacerdotes antiguos me dijeron que ellos estaban de acuerdo conmigo, pero que las nuevas tendencias del colegio estaban en manos de otros religiosos que constituían mayoría ahora y nada podían hacer. Entonces retiré a mis hijos del Saint George’s, aprovechando que recién se fundaba otro colegio de excelencia, de la congregación del Opus Dei, y tras asegurarme de que allí no fundarían células para cambiar la sociedad, sino que les enseñarían Castellano, Matemáticas, Ciencias Naturales, Religión, Física, Química, Filosofía y demás ramos que los habilitaran para desempeñarse en la vida y, llegado el momento, elegir una actividad o profesión según su vocación personal. Entonces los matriculé en el Colegio Tabancura, donde terminaron su enseñanza media. Fin del paréntesis.

              “El gobierno también tomó medidas –continúa el historiador Whelan—en contra del sacerdote nacido en Norteamérica, Gerard Whelan, ex rector del Saint George. Las autoridades dijeron que había escondido en su casa al tercer jefe del MIR –el fugitivo Martín Humberto Hernández Vásquez, miembro de la comisión política del MIR— y que después enterró el fusil AKA, dos granadas y una pistola en un terreno baldío. El padre Whelan, que había renunciado a su ciudadanía norteamericana en 1972, era uno de los varios sacerdotes y monjas que fueron cogidos en esa redada. Cuatro norteamericanos –el padre John Devlin, sacerdote de la Holy Cross, y tres monjas, las hermanas Paula Armstrong y Bárbara Nelson, de la orden de Notre Dame, y Peggy Lepsio, de la orden de Maryknoll— también estaba implicados. (Había informaciones de que el padre Devlin había ayudado a Andrés Pascal Allende, el jefe máximo del MIR, a escapar de Chile (nota del autor: también Pascal era ex alumno del colegio). Otro sacerdote norteamericano, el padre Daniel Panchot, también miembro de la orden de la Holy Cross, fue arrestado a continuación. Todos los norteamericanos fueron deportados, pero sólo después de que el Gobierno acusó a la embajada de los Estados Unidos de ayudar a las monjas a esconderse, mientras se realizaban negociaciones para obtener un salvoconducto para que pudieran salir de Chile. Esa misma investigación dio como resultado el arresto de la doctora Sheila Cassidy (nota del autor: ver su caso tratado más adelante en este capítulo) quien fue el centro de la subsiguiente furia y causa de represalias por parte del gobierno laborista de Londres en contra de Chile.

El padre Whelan y tres sacerdotes jesuitas chilenos –que incluían al padre Fernando Salas, el primer director del Comité Pro-Paz-- fueron detenidos para ser juzgados. En la estela de esta redada el régimen presionó a la Iglesia para que desmantelara el Comité; después dejó en libertad a los cuatro sacerdotes (y a 160 presos políticos) en un gesto conciliador” (42).  

Crisis en relaciones chileno-británicas

El 29 de diciembre de 1975 se expulsa del país a la doctora Sheila Cassidy. Este caso enturbió las relaciones con Gran Bretaña, cuyo gobierno laborista lo magnificó intencionadamente y llegó al extremo de retener ilegalmente aviones Hawker-Hunter de la Fuerza Aérea, enviados allá para su reparación, en momentos críticos debido a las amenazas que sufría la soberanía chilena.

Sheila Cassidy había atendido médicamente a un guerrillero –Nelson Gutiérrez, del MIR-- herido en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad. Esa conducta de la doctora ciertamente también le habría acarreado la prisión en Gran Bretaña, si ella hubiera atendido, sin dar cuenta a la policía, por ejemplo, a un guerrillero norirlandés herido.

Pero el laborismo abusó  publicitariamente de la situación y el gobierno chileno optó entonces por expulsarla, sacrificando la necesidad de hacer justicia.

El caso tuvo eco mundial y sirvió para deteriorar en grado máximo la imagen de la Junta y rebajar al peor nivel las relaciones con Gran Bretaña, pero también hay otra mirada, distinta de la que predominó en el mundo, sobre el mismo. Reproduzco la versión de la historiadora Teresa Donoso Loero, autora de Los Cristianos por el Socialismo en Chile (43):

“Para contribuir al apaciguamiento convendría, tal vez, repetir las palabras de Monseñor Augusto Salinas, Obispo de Linares:

“… En el caso concreto, entonces, en que se ha amparado a algunos miristas, el que proceda así siendo sacerdote, religiosa, ha pensado –según las palabras que he escuchado--  ha pensado que cumplía un precepto de caridad. Pero sin embargo no ha pensado que está ayudando a una doctrina destinada a faltar a la caridad, destinada a dar muerte a mucha gente, a atentar contra los principios de la Iglesia y de la Patria. De modo que esto no es caridad. Es falta de caridad.

“Las alegrías de Sheila Cassidy

              “Otra practicante de tan curioso tipo de caridad fue la doctora británica Sheila Cassidy. Detenida el 1° de noviembre de 1975, por su implicancia en el caso Pascal-Gutiérrez, fue dejada en libertad y enviada a su país de origen con salvoconducto de cortesía el 29 de diciembre del mismo año. Partió de Pudahuel con una sonrisa de tal magnitud y constancia que ha pasado a ser histórica.

              “Nada, pues, hacía presagiar que la doctora, tan saludable y feliz, tejiera en Londres una intriga de tal calibre contra Chile que lograra crear una delicadísima situación entre Gran Bretaña y la Junta de Gobierno chilena, con llamado del Embajador Británico a Londres y promesa de acusaciones ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

              “De la felicidad que en el aeropuerto chileno irradiaba Sheila Cassidy da fe Monseñor Jorge Hourton, Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de la Zona Norte. Suyo es el “Adiós a la Dra. Sheila Cassidy” que, con ese título, se publicó el 11 de enero de 1976 en “Comunidad Cristiana”, suplemento semanal de la revista “Iglesia de Santiago”, (publicación oficial del Arzobispado). Cabe destacar que “Comunidad Cristiana” se reparte gratuitamente y en abundancia en las parroquias santiaguinas. A continuación, el adiós de Monseñor Hourton, publicado y difundido en Santiago mientras en toda Europa los “testimonios” de la doctora Cassidy hacían de Chile un matadero de los derechos humanos:

“Adiós a la Dra. Sheila Cassidy

              “La fuimos a despedir el lunes 29 en una radiante tarde de sol. Sólo la divisamos a través de los cristales de las puertas de Pudahuel; luego subió feliz al bus que la acercó al avión. Entre otros bultos negros subió las escalinatas del gigantesco aparato, blanca figura recortada sobre el horizonte de la lejana ciudad. De una jaula en otra, por los huecos libres que encontraba, sacaba su largo brazo y mostraba su alegre risa para responder a la afectuosa despedida de sus amigos. Agitaba al aire la misma mano que tocó tantos cuerpos enfermos en nuestra Policlínica de la Zona Norte, donde tantos la conocían y querían, mano abierta y franca, incapaz de doblez y de violencia, lo sabemos muy bien.

              “Su última jaula fue el inmenso pájaro de acero que la tragó generoso. Cuando se elevaba entre el fragor de las turbinas, pareció que el majestuoso pájaro llevaba prendida en la proa una inmensa rama de olivo. + Jorge Hourton, Vicario Zona Norte”.

              “De las incontables historias de terror difundidas por la doctora Cassidy vale la pena consignar aquella que publicara la revista italiana Gente, obra del periodista Franco de Giorgi, reporteada en Londres y consignada bajo un título taquillero: ‘Torturata da Pinochet’ (‘Torturada por Pinochet’). Hay varias frases decidoras:

              “Es una de las pocas personas que lograron salir con vida de semejante experiencia” (asegura el periodista, refiriéndose a la detención y liberación de la doctora). “Lo convencí (a Nelson Gutiérrez) –dice la doctora—de que buscara un refugio más seguro (…) No denuncié lo acaecido a la policía porque ello equivalía a su condena a muerte” (la condena a muerte de Gutiérrez). “Andrés Pascal Allende, explica la doctora, un pariente del Presidente asesinado (…) Las torturas me habían provocado también una infección (…)”, termina diciendo la doctora, según transcripción del periodista italiano” (44).

Balance económico anual

              En 1975 el país se había resuelto a “apretarse el cinturón”. La estrictez de Cauas y la buena intuición de Pinochet hicieron posible el gran sacrificio que era menester enfrentar. Y el costo quedó a la vista: el PIB cayó 12,9% en el ejercicio y la tasa de desocupación saltó a 16,2% en el Gran Santiago, sin que por ello la inflación bajara mucho: de 375,9% a 340,7%, que fue el aumento del IPC en el año.

La Tasa de Inversión (Formación Bruta de Capital Fijo) también cayó, de 17,4% a 15,4% del PIB.

Pero el déficit del presupuesto fiscal equivalió al 2,6 % del PIB, la cuarta parte que el año anterior. Las finanzas públicas se iban equilibrando.

El saldo de la Balanza Comercial se tornó negativo: - 118,3 millones de dólares. La Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, que incluye la Balanza Comercial, los intereses y los movimientos de créditos, más que duplicó su déficit, a -491,3 millones de dólares. La Cuenta de Capitales de la Balanza de Pagos tuvo un superávit de 564 millones de dólares, más del doble que el año anterior.

El saldo de la Balanza de Pagos fue negativo en -344 millones de dólares.

La Deuda Externa aumentó a 4.267 millones de dólares, principalmente debido al mayor endeudamiento privado (45).

Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central se agotaron y llegaron a una cifra negativa de -129 millones 200 mil dólares, con una pérdida de 223 millones 200 mil dólares respecto del final del ejercicio anterior. Fue lo más profundo de la crisis (46).

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO III. "1975: Tratamiento de shock"

(1) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, op. cit., t. 1, p. 218.

(2) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido”, op. cit., t. I, p. 90.

(3) Schiappacasse, Mauricio; Medalla, Ernesto, y Sánchez, Francisco: “Allende y Pinochet: las verdades olvidadas”, Maye, Santiago, 2012, p. 46.

(4) Acta de la Junta de 4 de abril de 1975, citada por Huneeus, Carlos: “El Régimen de Pinochet”, Taurus, Santiago, 2016, p. 377.

(5) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido”, op. cit., p. 84.

(6) Schiappacasse, Mauricio; Medalla, Ernesto y Sánchez, Francisco: “Allende y Pinochet: las verdades olvidadas”, op. cit., p. 59.

(7) Donoso Loero, Teresa: “Los Cristianos por el Socialismo en Chile”, 4ª edición, El Mercurio, Santiago, 1976, p. 265.

(8) “El Mercurio”, 2 de abril de 2000: reportaje titulado “Y lo Negó Tres Veces”.

(9) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”, op. cit. p. 228.

(10) Ver cita N° 8.

(11) Rojas, Gonzalo: “Chile Elige la Libertad”, op. cit., t. I, p.234.

(12) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, op. cit., t. I, p. 235.

(13) El Mercurio, Santiago, 3 de junio de 2017, p. A2.

(14) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”, op. cit., p. 256.

(15) García Valdés, Sergio: Carta a “El Mercurio” publicada el 12 de diciembre de 2004; Whelan, James: “Desde las Cenizas”, op. cit., p. 679; Correa, Enrique y Viera-Gallo, José Antonio: “Iglesia y Dictadura”, Centro de Estudios Sociales, Santiago, 1986, p. 94.

(16) Fontaine, Arturo: “Los Economistas…”, op. cit., p. 88.

(17) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t.1, p. 199.

(18) Vial, Gonzalo. “Pinochet…”, op. cit., t. 1, p. 290.

 (19) Whelan, James: “Desde las Cenizas”, op. cit., p. 868.

(20) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. I, p. 266.

(21) Fundación de Estudios  Económicos BHC: “Milton Friedman en Chile”, Santiago, 1975, p. 57.

(22) Arancibia, Patricia: “Sergio de Castro…”, op. cit., p. 217.

(23) Fontaine, Arturo: “Los Economistas…”, op. cit., p. 158.

(24) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. I, p. 289.

(25) Ibíd., t. I, p. 291.

(26) Ibíd., t. I, p. 292.

(27) Whelan, James: “Desde las…”, op. cit., p. 687.

(28) “El Mercurio”, Santiago, 6 de agosto de 1975, p. 3.

(29) Informe Rettig, op. cit., p. 152 y 152.

(30) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. I, p. 243.

(31) Insunza, Andrea y Ortega, Javier: “Bachelet. La historia no oficial”, Random House Mondadori, Santiago, 2005, p. 95.

(32) Domic, Juraj: “Política Militar del Partido Comunista” Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1988, p. 49.

(33) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. I, p.206.

(34) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. I, p. 294.

(35) Ibíd., p. 301.

(36) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. I, p. 105.

(37) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. I, p. 302.

(38) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 85.

(39) Ídem.

(40) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. 2, p. 108.

(41) Whelan, James: “Desde…”, op. cit., p. 683.

(42) Ibíd., p. 683,684.

(43) Donoso, Teresa: “Los Cristianos para el Socialismo en Chile”, Edición de El Mercurio, 1975, p. 265.

(44) Ibíd.

(45) Banco Central de Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(46)Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República en Cifras”, Instituto de Economía de la Universidad Católica, p. 514.

(CONTINÚA MAÑANA)