"Estamos en Chile"

          Cada uno tendrá su opinión sobre el caso de Pablo Wagner y yo tengo la mía, y como también tengo un blog, la voy a dar. Espero que los comentaristas del blog que habitualmente me insultan lo vuelvan a hacer, los que estén de acuerdo conmigo aporten nuevas razones y los que sepan cosas que yo no sé las den a conocer. Pero a todos les digo una cosa: estamos en Chile y si alguien sabe de los chilenos soy yo.

          Primero, sin conocer personalmente a Pablo Wagner creo que es una persona honesta y capaz, porque si no, no habría accedido a los cargos que ha desempeñado con brillo, lo que le valió ser designado subsecretario en un gobierno que pretendía ser “de excelencia” y que si no lo logró fue sólo por culpa de quien lo encabezaba y no de su equipo.

          Segundo, desde los tiempos del gobierno de Jorge Alessandri entre 1958-64, a la derecha se le hizo difícil conseguir que gente honesta y capaz asumiera altos cargos públicos, debido a que las remuneraciones de éstos eran inferiores a las obtenibles por las mismas personas en el sector privado. Sólo los que tenían fortuna y deseaban figurar podían ser ministros. En los años de ese gobierno se decía que los empresarios más poderosos aportaban algo para suplementar los sueldos de los ministros y altos funcionarios que habían debido renunciar a cargos mucho mejor pagados en el sector privado que los que desempeñaban en el sector público. “Se decía”, pero no me consta. Lo creo, pero no puedo probarlo.

          En ello no había asomo de soborno ni nada parecido. Era la convicción de los grandes empresarios de que se debía hacer un aporte para que los más honestos y capaces trabajaran en el gobierno y no abusaran de sus cargos para enriquecerse, como sucedía en anteriores gobiernos de izquierda.

          Tercero, recuerdo una memorable entrevista a don Patricio Aylwin en “El Mercurio”, cuando estalló el caso de los “sobres con billetes”, donde él paladinamente confesó que sus ministros y subsecretarios entre 1990-94 le decían que “el sueldo no les alcanzaba” y que podía ser suplementado con “gastos reservados” de la Presidencia y los ministerios. Y así se hizo. “Fue una corruptela”, reconoció don Patricio al mismo “El Mercurio”.

Y la “corruptela” siguió hasta que “los pillaron” dos gobiernos después, bajo Lagos. Entonces el benévolo Pablo Longueira, en un gesto de hidalguía (hubo otro: inscripción de listas DC) que jamás fue correspondido, accedió a amnistiar a las legiones de trasgresores y a aumentarles sus sueldos con el equivalente a los “sobres con billetes”. Y se dictó una ley al efecto. Un feligrés de las columnas que yo escribía entonces adaptó un refrán a la situación: “Hecha la trampa, hecha la ley”.

          Entonces, el caso Wagner no es nuevo. Al contrario. Bajo Bachelet I el severo Osvaldo Andrade suplementaba su sueldo de ministro (ya suplementado gracias a Longueira) con honorarios que le pagaba Gendarmería (donde trabajaba y trabaja su cónyuge) por “monitorear” un contrato que, lástima, había dejado de regir.

          Cuarto, Carlos Alberto Délano no tenía la menor necesidad de “comprar” alguna influencia dentro del gobierno de Sebastián Piñera, porque es, si no su mejor amigo, uno de los mejores. Ni menos en la subsecretaría de Minería, siendo que el núcleo de sus negocios está en el sector financiero. A Délano le bastaba, para cualquier cosa, tomar el teléfono y hablar con el Presidente. Simplemente no necesitaba de nadie, ni menos de un subsecretario, para tener acceso al poder.

          Quinto, lo que yo creo que sucedió en el caso de Wagner fue otra cosa: Piñera, en busca de un buen equipo, le “pidió” Wagner a Délano. Pero Wagner les replicó que con el sueldo de ministro “no le alcanzaba”. Entonces Piñera y/o Délano, o ambos, resolvieron que una empresa de este último le hiciera un favor al gobierno y “le suplementara” el sueldo, ya que los “sobres con billetes” de gastos reservados se habían hecho un expediente muy riesgoso. Por supuesto, Piñera igual les exigió a todos sus subsecretarios una declaración firmada de que no podían recibir ningún suplemento, porque de lo que se trataba (en realidad, fue de lo que se trató todo su gobierno) era de asegurarse de quedar fuera de todo riesgo y bien él.

          Ésa es mi versión del asunto. Pero “estamos en Chile”, donde lo que importa no es lo que se hace, sino que a uno no lo pillen. Y si lo pillan, “sacarse el pillo”, como, por ejemplo, logró hacerlo el mismo Sebastián Piñera cuando lo pillaron comprando acciones de LAN con información privilegiada y pagó calladito su multa y después fue elegido, impoluto, Presidente de la República. Y cuando el entonces diputado y actual ministro de Defensa Jorge Burgos quiso revivir el caso y obtener el apoyo de la mayoría de la comisión investigadora de la Cámara para pedir la grabación del llamado que ordenó la compra de las acciones con información privilegiada, la mayoría concertacionista, inexplicablemente (o explicablemente)  “se dio vuelta la chaqueta” y se opuso a pedir tal grabación, dejando a Burgos con un palmo de narices. Y por eso cuando Piñera vió a Burgos sentado en el avión presidencial que iba a partir en su gira a Corea del Sur se sorprendió y lo encaró, preguntándole: “¿Usted merece estar sentado ahí?” Burgos no supo qué contestar.

          “Estamos en Chile”, donde “todos nos conocemos” y “una mano lava la otra y las dos lavan la cara”. Entonces, lo que necesita la UDI ahora es un “Longueira de la Concertación” que la ayude a salir del atolladero.

Condena Global y Transversal

          Ayer o anteayer vi y oí en el noticiero de la TV (probablemente era Teletrece) al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, decir (cita de memoria y no textual) que las condenas contra militares debían continuar porque bajo el gobierno de ellos se había cometido crímenes atroces, que debían ser castigados para que nunca más volvieran a ocurrir en Chile.

          Proviniendo de un juez, y sobre todo de quien encabeza el más alto tribunal de la República, esa declaración es una prueba palpable de que en Chile no rige un estado de derecho para los militares. Los miles de situaciones que ellos vivieron combatiendo a más de veinte mil irregulares armados a lo largo del país han dejado de ser circunstancias personales que, en caso de ser juzgadas, deberían analizarse y ponderarse a la luz de la verdad de los respectivos hechos y del derecho, sino que han pasado a ser una sola consigna global, total o, mejor dicho, totalitaria: hubo un solo gran crimen y todos los militares fueron y son culpables. Ya no caben juicios. Sólo prevalece un gran pre-juicio.

Y el país de los cerebros lavados está preparado para compartirlo. Acabo de leer el aviso de un próximo torneo empresarial sobre la situación interna y se anuncia que lo cerrarán Michelle Bachelet, ex ayudista del MIR en los ’70 y conviviente del vocero del FPMR en los ’80, hoy presidenta de la República; Isabel Allende, hija del gobernante socialista que conducía al país al “socialismo marxista integral”, hoy presidenta del Senado; y Sergio Muñoz, juez de izquierda, que acaba de condenar globalmente a la integridad del Gobierno Militar y que oficia como presidente de la Corte Suprema, desde cuya cúspide fulmina masivamente y al margen de toda norma jurídica aplicable a conductas individuales, a todos los militares que actuaron bajo el gobierno de 1973-90.

Es que los empresarios, generalizadamente identificados con “la derecha”, quieren ser “objetivos” y tener en su próxima cita máxima anual una “versión equilibrada” de lo que sucedió y sucede en el país. Entonces ¿para qué la izquierda necesita a Gramsci?

¡Pobres militares! Condenados de antemano por un “pre-juicio” ya completamente tramitado y con sentencia condenatoria pre-dictada, cualesquiera fueren las circunstancias o los hechos vividos por cada uniformado que creía tener derecho a un debido proceso.

          Entonces no vale de nada que un suboficial de Carabineros, haya entregado sano y salvo a un detenido por orden superior, que después murió; o que un capitán de navío ni siquiera haya estado en una base naval donde falleció otro detenido; o que un teniente de Ejército haya estado en el extranjero cuando murió un extremista: todos ellos han sido condenados por igual y por delitos que no cometieron, a penas de más de cinco años de presidio efectivo, en virtud de un pre-juicio convertido en política oficial de los Tribunales por el Presidente de la Corte Suprema. ¿Que los hechos sucedieron hace cuarenta y un años y están prescritos, amnistiados y ya antes juzgados, como en las  condenas que el ministro Álvaro Mesa recién ha dictado contra siete oficiales de Ejército por la muerte de dos sujetos acusados de disparar contra un regimiento, en Angol, en octubre de 1973? ¿Qué los llamados “delitos de lesa humanidad” sólo fueron tipificados en 2009 y que, además, su descripción no se corresponde con los hechos de 1973? ¿Qué, en el caso del entonces teniente Labbé, ni siquiera estuvo en Tejas Verdes, como se lo imputan dos testigos notoriamente falsos; que allí, en todo caso, no se había constituido una “asociación ilícita”, como afirma la ministra Cifuentes para ponerlo en prisión? No importa. Nada importa. No estamos ante un juicio, sino ante un pre-juicio, y éste los condena a todos en general y a Labbé en particular. Eso es lo oficial. Lo que sostiene el presidente de la Corte Suprema. Lo “generalmente aceptado”.

          Con razón, ante la enésima sentencia dictada contra uniformados pasando por sobre el derecho y los hechos, el día 21 de octubre último escribió a “El Mercurio” el almirante (r) Miguel Ángel Vergara Villalobos: “Así como vamos, todos quienes pertenecimos a las FF. AA. entre 1973 y 1989 somos potenciales condenados. Vamos por un camino peligroso”.

          ¿”Peligroso”? No lo sé, pues ya está claro que los militares han resuelto dejar a sus “caídos tras las líneas enemigas” perecer en la indefensión a manos de jueces que prevarican con absoluta impunidad. Y ojalá sólo fueran abusados a manos de los jueces. Un oficial recientemente procesado fue recibido con estas palabras por la visitadora social de Gendarmería: “Que pase el criminal”. A lo cual siguió una larga diatriba que emitió a voz en cuello contra el Gobierno Militar. Se sentía segura en su (rentable) feudo socialista.

          La  condena global a los soldados del ’73 y a quienes los apoyaron ya es transversal. Terminó de extenderse cuando Sebastián Piñera los condenó a todos por igual (después, naturalmente, de haber aprovechado sus votos para ser electo) en la noche del 11 de septiembre de 1973 en su discurso sobre los “cómplices pasivos” de los “violadores de derechos humanos”. La ironía residió en que su Ministerio del Interior, personificado en el subsecretario Rodrigo Ubilla, sí fue “cómplice”, pero activo, en la prevaricación de los jueces de izquierda, al triplicar el número de querellas ilegales e inconstitucionales a través de su “Departamento de Derechos Humanos”, herencia izquierdista que mantuvo incólume, tan incólume como el Museo de la Memoria y el nombramiento del mirista Patricio Bustos, funcionario de la exclusiva confianza presidencial mantenido bajo la administración Piñera a la cabeza del Instituto Médico-Legal durante sus cuatro años.

          La derogación del debido proceso y, por tanto, del estado de derecho respecto a los militares ya es, pues, un fenómeno “transversal” en la sociedad chilena. La sostienen quienes encabezan los tres poderes del Estado. Hasta le da tribuna la derecha económica y la cohonesta la nueva derecha política, convertida en fiel continuadora de la “doctrina Brezhnev”, según la cual la base de la condena mundial al Gobierno Militar chileno debía consistir en culparlo de “violaciones a los derechos humanos”, casi con la misma energía con que hoy lo hace en “La Segunda” el vicepresidente de la UDI, diputado Javier Macaya.

Sin Vergüenza

        Es un hecho que el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que bajo el gobierno de Piñera multiplicó por tres los procesos ilegales contra militares y ahora ha dado “una vuelta de tuerca más” al conseguir que se detuviera a quien es la principal “bete noir” para el oficialismo, el ex alcalde Labbé, por “asociación ilícita” (única razón posible: haber pertenecido al Ejército de Chile, que, por tanto, de acuerdo con la ministra sumariante –recientemente nombrada por este gobierno—es una agrupación de esa índole) nunca pisó el regimiento de Tejas Verdes donde los querellantes de dicho Ministerio afirman que se practicaron torturas. Los “testigos” que han aparecido en la prensa recordando que vieron allí a Labbé hace cuarenta años ni siquiera son contestes, pues uno afirma que éste llevaba un “buzo marrón” y el otro “un delantal blanco”. Pero igual se despachó orden de aprehensión en su contra.

          Y como en Chile “se procesa por los diarios”, las universidades en que hacía clases el referido coronel han dado máxima validez al insólito pronunciamiento judicial y “congelado” la pertenencia de Labbé a ellas. Se supone que “porque la Justicia ha hablado”. Como durante 16 años fue un alcalde honesto, no tiene fortuna y vive de su trabajo como docente. Tras haber sido privado por esas “dignas universidades, tan celosas de la Justicia” de sus fuentes de ingreso, la Corte de Apelaciones no ha querido ser menos y ha resuelto aumentarle la fianza, para darle la libertad provisional, de $200 mil a $500 mil, en vista de que él había pedido se le redujera a $50 mil, dado que sus ingresos han quedado reducidos a su pensión de $600 mil brutos. “Iustitia chilensis”, dirían los romanos.

          Entonces, tenemos como hechos ciertos que el único delito de Labbé fue pertenecer a una “asociación ilícita” llamada “Ejército de Chile” y haber impartido instrucción física hace cuarenta años a otros uniformados, lo que, en caso de ser considerado ahora un delito, estaría prescrito dos veces y dos tercios, y amnistiado desde 1978. Pero como eso lo ordenan las leyes vigentes y los jueces no las aplican (y ya eso ni siquiera les da vergüenza, aunque es un delito) va preso.

          Por supuesto, el coronel Labbé es, en cierto modo, un privilegiado, porque hay otros en peores condiciones que él. Por ejemplo, el suboficial de Carabineros Gamadiel Soto, que, también hace cuarenta años, recibió la orden de trasladar a tres presos desde su comisaría a la base aérea de Maquehue, en Temuco, donde los entregó sanos y salvos, según consta en el proceso. Pues bien, como todavía no se sabe del paradero de esas personas tras haber estado en Maquehue, Gamadiel, que también lo ignora, ha sido condenado a diez años y un día de presidio efectivo, que cumple en condiciones muy penosas, porque está pobre, enfermo y muy anciano. Entonces, seguramente el suboficial Gamadiel envidia al coronel Labbé.

          Y seguramente el coronel Labbé, a su turno, envidia al ex ministro Andrés Velasco, porque éste está libre, no ha sido “congelado” por sus clientes o empleadores, aunque, al igual que Labbé, está siendo perseguido por el Ministerio del Interior, cuyas huellas digitales quedaron impresas en la orden recibida por la PDI de allanar con publicidad y presencia de la TV su domicilio, para incautar sus computadores y documentos, debido a que cobró una boleta de honorarios por una conferencia dada al Grupo Penta. Dar una conferencia pagada al Grupo Penta no era, hasta ahora, delito, como no lo era pertenecer hace cuarenta años al Ejército de Chile o trasladar tres presos de una comisaría a la base aérea de Maquehue y entregarlos sanos y salvos.

          ¿Qué está sucediendo en Chile? Yo les voy a decir: lo que ha sucedido es que se ha perdido la vergüenza. El otro día vi en la televisión al Director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, del “Partido MIR” (son sus palabras), quien fuera funcionario de la exclusiva confianza de Sebastián Piñera, que lo mantuvo en su alto cargo, en el cual, por cierto, ha permanecido también bajo el gobierno de la Nueva Mayoría, que tanto tiene en común con el de Piñera, especialmente en materia de persecución a los militares; y lo que decía Bustos, del “Partido MIR”, en la televisión era –a propósito del caso de Labbé—que había que proseguir “terminando con la impunidad”, insinuando que el largo brazo de la ”Justicia” tenía que llegar también a los que Sebastián Piñera llamó “cómplices pasivos” que, por esas contradicciones inexplicables de las personas que en lo único que piensan es en sí mismas, eran casi todos los funcionarios de su propio gobierno.

          El “partido MIR”  fue una de las razones principales que llevaron a la mayoría parlamentaria democrática a pedir la intervención de las fuerzas armadas y las que llevaban a exclamar al presidente del Senado en 1973, Eduardo Frei Montalva, un político indubitablemente democrático, “¡esto se arregla sólo con fusiles!” y a imprecar a un general diciéndole “¡ustedes tienen las bayonetas y no las usan!” (Acta Rivera). Entonces, si hay quienes no deberían seguir impunes serían los del “partido MIR”. Pero no sólo lo están, sino que, además, han sido recompensados, indemnizados y glorificados, tanto que acaba de publicarse, con gran eco en la prensa, una apología de su principal jefe y uno de sus militantes es alto funcionario de la confianza de Piñera y Bachelet.

          Es que en este país se está perdiendo todo, comenzando por la vergüenza.

Otro Truco de la Nueva Mediocridad

          Los pobres chilenos hablan el lenguaje que la Nueva Mediocridad, dueña absoluta de la opinión pública, les permite hablar. Ella les “enseña” cómo deben decir las cosas. Por ejemplo, la legítima defensa que la mayoría de los chilenos les encargó a los militares para impedir un régimen totalitario de duración indefinida ahora se llama “violaciones a los derechos humanos”. Desconfío profundamente de todos los que dicen “violaciones a los derechos humanos”, porque están hablando el lenguaje que les impuso Leonid Brezhnev en los ’70 para desprestigiar al Gobierno Militar. Al final no le fue bien, porque el mundo le exigió a la URSS respetar los derechos humanos y, como su sistema no podía funcionar haciéndolo, se vino abajo. Pero ésa es otra historia. No obstante, ella confirma la importancia que no sólo en materia de doctrina económica tuvo el Gobierno Militar para el devenir de la Humanidad.

          Ahora los sucesores chilenos de Brezhnev, con la inevitable ayuda de los Kerenskys criollos, están llevando a cabo una revolución marxista que, como no era difícil prever, ha provocado estragos en la economía. Todos los indicadores retroceden… hasta ahora, en que aparece uno que no: el empleo. La encuesta de ocupación de la Universidad de Chile ha dicho que a septiembre, contrariando todas las demás cifras, el empleo mejoró y la desocupación bajó a 5,9 por ciento.

          Eso no podía ser, desde luego, en el contexto de la desaceleración extrema que vive nuestra economía y, por supuesto, no es. Pero hasta los más doctos economistas aparecen aceptándolo. Un experto, desconcertado, aventura: “la variable que debiese estar haciendo el ajuste, posiblemente son salarios”, dice. Otro economista senior, también evidentemente desorientado, “atribuye la caída de la tasa a un efecto netamente estacional”.

          Es que no han tenido tiempo de hurgar demasiado y se limitan a leer los principales matutinos. Si hubieran leído “La Segunda” de ayer se habrían percatado del “truco”: en realidad, dice al final de la información, el número de los que tienen contrato de trabajo y perciben un salario ha caído 17,2%.

Es decir, el número de los que están empleados bajo contrato ha disminuido en 17,2%, en línea con el frenazo que sufre la economía en razón del proceso revolucionario marxista-leninista que está viviendo el país y que ha subido confiscatoriamente los impuestos, se apresta a liquidar el emprendimiento en la educación, anuncia una razzia contra la salud privada, la estatización de los derechos de agua de la minería y la agricultura y una reforma laboral que encarecerá el factor trabajo y debilitará la libertad de las empresas para asignar recursos, todo eso sin hablar de una reforma constitucional que (y esto lo apuesto doble contra sencillo) tiene como “leit motiv” establecer la mayoría simple como quórum para expropiar los bienes de dominio privado. Ergo, bajo ese clima los trabajadores contratados no podían sino ser un 17,2% menos. Pero esto casi no se nota.

          ¿Qué truco utiliza la Nueva Mediocridad para ocultarlo? Muy fácil: aumenta los “trabajadores por cuenta propia” y los da como “ocupados”. Basta decir que la persona trabajó una hora en la semana anterior limpiando vidrios en una esquina y ya figura como “ocupado”. El gobierno de Sebastián Piñera debe parte de sus alegados éxitos en la creación de empleos a la norma proveniente de la OECD, que bajó de dos horas a una el requisito para estar ocupado. Otra parte la debe a las políticas expansionistas del gasto de Andrés Velasco en el gobierno anterior de Bachelet, que llevaron a la creación de casi la mitad del “millón de empleos de Piñera” en el solo 2010, cuando todavía éste no había hecho nada. En realidad, Piñera se dedicó a subir impuestos y por eso a partir de diciembre de 2012 el desempleo en Santiago comenzó a aumentar, según las cifras de la Universidad de Chile publicadas en “La Tercera” de hoy, p. 32.

          En general, nunca he creído mucho en las encuestas de empleo, porque están muy entregadas al sesgo político del encuestador, especialmente para determinar si una persona encuestada trabajó o no en la semana anterior. Un “hábil interrogatorio” correspondiente al sesgo del encuestador basta para incluir o excluir a su gusto a los interrogados en la fuerza de trabajo y así hacer variar el tamaño de ésta y la cifra final de desempleo. Si estuviéramos en Finlandia no creería que esas trampas se hicieran, pero estamos en Chile, donde sólo el 13% dice confiar en los demás. Yo me cuento en el 87% que desconfía. Y por eso creo que este 5,2% de desempleo en Santiago en septiembre es sólo un truco más de la Nueva Mediocridad.

Es Que el Odio Es Más Fuerte

          En otra vuelta de tuerca de la revolución marxista-leninista en curso, su sucursal representada por la justicia de izquierda ha dispuesto la detención por el delito de “asociación ilícita”, del coronel (r) Cristián Labbé, ex alcalde de Providencia, por haber oficiado hace cuarenta años de instructor en un regimiento al cual le cupo una eficaz actuación contra los grupos guerrilleros de más de veinte mil hombres en armas que se aprestaban a dar el golpe final a la “democracia burguesa” –como ellos la llamaban-- en 1973.

          A Labbé no le han imputado ningún “secuestro permanente”, como a otros oficiales condenados por mantener imaginariamente privados de libertad a terroristas durante todos estos años. Tampoco haber cometido un “delito de lesa humanidad”, que no estaba tipificado en 1973 y que, no obstante haber sido instituido entre nosotros sólo en 2009, es dotado de retroactividad por nuestros jueces de izquierda, tras acoger las convincentes razones de abogados comunistas como Eduardo Contreras, actual embajador en Uruguay que goza de la prerrogativa de inamovilidad.

Es que al coronel Labbé era preciso condenarlo por algo, y la ministra sumariante Marianela Cifuentes ha descubierto ese “algo”: Labbé osrganizó en 1973 una "asociación ilícita", que era parte del Ejército de Chile. Pero ¡cómo! si eso no es un “secuestro permanente” ni un “delito de lesa humanidad” y sucedió hace cuarenta años, cuando el plazo máximo de prescripción es de quince. No, es que Labbé es militar. La prescripción se aplica, por ejemplo, a un asesinato múltiple de 1986, confesado públicamente por Guillermo Teillier, porque él es comunista y no militar, aunque fuera el “encargado militar” de su partido. ¿Entiende?

¿Y los jueces de izquierda, que de manera pública, reiterada y desembozada se niegan a aplicar las leyes en los procesos contra militares, no están incurriendo en una prevaricación (que es un delito) sostenida en el tiempo? ¿No constituirían ellos mismos, entonces, una “asociación ilícita”? Por favor, no haga preguntas tontas: los jueces no son militares.

Labbé ha sido un blanco preferente de la actual revolución marxista-leninista en curso, probablemente porque fue la ÚNICA autoridad del país que, cuando dicha revolución se inició, en 2011 y en "la calle", pretendió hacer respetar las leyes. Cuando los estudiantes revolucionarios alzados usurparon los locales de los liceos de Providencia (delito flagrante), llamó a la fuerza pública y los hizo desalojar. Pero los revolucionarios presentaron recursos ante la Corte Suprema, cuya mayoría de izquierda desautorizó al entonces alcalde. Y en esos días quien oficiaba de Presidente de la República también cohonestaba la revolución, afirmando ante Naciones Unidas que era un movimiento “grande, noble, hermoso”. Así es que, finalmente, ya no la detuvo nadie, y en eso estamos hoy.

Chile ha sido siempre un país de profundas divisiones, pero este negativo rasgo se acentuó cuando se instalaron acá las sucursales de la doctrina del odio, el marxismo- leninismo mundial. Antes de su aparición, los chilenos éramos capaces de reconciliarnos después de los más terribles conflictos. Ahora no, porque “el odio es más fuerte” y está en el poder y en la judicatura.

En 1891 hubo una terrible guerra civil. Generó sangrientas venganzas, pero a los pocos años los odios habían sido superados y fueron dictadas suficientes amnistías para que nadie fuera perseguido por sus actos durante el período revolucionario. Es que no había llegado a nuestras costas el marxismo-leninismo, la doctrina del odio. En 1973 se abortó una guerra civil, afortunadamente, al costo de un tercio de las víctimas que generó la de 1891, pero, como la doctrina del odio ya inficionaba a nuestra sociedad, cuarenta años después la vindicta política sigue operando.

He reiterado en este blog que el libro más importante de 2013 fue “Procesos Sobre Violaciones de Derechos Humanos. Inconstitucionalidades, Arbitrariedades. Ilegalidades”, del autor Adolfo Paúl Latorre, que analiza casos como el que afecta al coronel Labbé. Pues bien, ahora dictamino que el libro más importante de 2014 es “Un Veterano de Tres Guerras”, de Guillermo Párvex, editado por la Academia de Historia Militar. Una vez comenzado no se le puede soltar. Las tres guerras fueron la de 1879-84, la Pacificación de la Araucanía y la Guerra Civil de 1891. El “veterano” de la tres fue José Miguel Varela, un noble abogado de 22 años que, inflamado de patriotismo tras la gesta heroica de Prat, se ofreció de voluntario al Ejército en 1879, participó en los más sangrientos combates, hizo una brillante carrera militar y terminó, víctima de la vindicta política, desilusionado de los chilenos y arrojando todas sus condecoraciones a una acequia, pues fue injustamente perseguido después de 1891 por el bando triunfador.

Pero fue víctima de la venganza política por dos años, y no por cuarenta, como ahora lo son los salvadores del país en 1973.

En libros y artículos he sostenido la superioridad moral de los chilenos del siglo XIX respecto a los del XX y el XXI. El rebuscado fallo de la ministra Cifuentes no habría sido posible tras la Revolución de 1891, porque el odio entonces “no era más fuerte”. Duraba menos. Había reconciliación. El perdón los alcanzaba a todos y no sólo al bando vencedor de la posguerra, como ahora, en que los otrora guerrilleros fueron amnistiados e indultados y gozan de jugosas pensiones y prebendas, mientras sus vencedores vegetan en las cárceles, enfermos, octogenarios y sin que siquiera se les reconozcan beneficios penitenciarios (le acaban de rechazar, por mero arbitrio de un agente del odio, el Director de Gendarmería, el derecho a salida dominical al mayor Herrera Jiménez, que lleva 25 años preso, y a quien la salida dominical le había sido autorizada por el Consejo constituido para esos efectos).

El Gobierno Militar, cuando fue triunfador, perdonó y amnistió. Pero, tras ser derrotado en la posguerra, sus sucesores civiles no han sido capaces de eso y nos mantienen en un clima de odio y sin posible reconciliación.

¡Qué Injusticia con el Embajador!

          Usted puede saber inmediatamente cuándo está hablando con un comunista porque los (y las) de esa condición son capaces de decir las mentiras más grandes sin que se les mueva un solo músculo de la cara. Los derechistas, en cambio, cuando mentimos nos ponemos colorados, tartamudeamos y decimos ¡ejem! varias veces; y los DC agregan “si bien es cierto que… no es menos cierto que…” y siempre cuentan con algún grupo minoritario del partido (como “los trece” del golpe) que les permita “sacarse el pillo” y quedar a la postre bien con Dios y con el Diablo, pero siempre un poco mejor con este último (porque es comunista).

          A Eduardo Contreras, abogado y alto dirigente comunista, lo nombraron embajador como premio por haber sacado adelante las mayores mentiras judiciales de nuestro tiempo en el país, como la de que los ancianos presos políticos militares mantienen todavía secuestrados a los extremistas que mataron en 1973; o la de que cometieron “delitos de lesa humanidad”, enorme falsedad, pues éstos no existían entonces y sólo se tipificaron en Chile en 2009 y con prohibición de vigencia retroactiva.

Contreras se distinguió porque los jueces de izquierda (que son mayoría) cohonestaron ésas, sus grandes mentiras, y las hicieron oficiales en fallos memorables, rubricados por la esperpéntica segunda sala de la Corte Suprema, donde se da por probado que los muertos en la lucha antiterrorista de hace cuarenta años son mantenidos privados de libertad hasta hoy por los ancianos y enfermos de Punta Peuco y otros penales. Y cada día hay más condenados por haber cometido un delito de lesa humanidad, que no existía ni podía existir porque nadie lo había tipificado entre nosotros (y que, cuando lo tipificaron, tampoco coincidió con los hechos penados).  

Entusiasmado con su éxito, Contreras interpuso una fantástica querella contra todos los civiles que apoyaron el Pronunciamiento, por haber incurrido en un delito de sedición contra "un gobierno legalista y democrático" en 1973. La acción fue gustosamente acogida por los tribunales de izquierda y supongo que más temprano que tarde va a generar autos de procesamiento contra numerosos civiles.

Las exitosas iniciativas de Contreras fueron tan valoradas por el gobierno de la Nueva Mediocridad que le valieron ser designado embajador en Uruguay, donde gobierna también un ex terrorista, lo cual iba a permitir al primero, se suponía, continuar diciendo enormes mentiras, y de hecho pronto lo hizo, al afirmar que las recientes bombas terroristas, que sobreabundan entre nosotros, las coloca la “derecha empresarial”, falsedades entremezcladas con verdades, si bien "imperdonables", pero que están prescritas, amnistiadas y olvidadas, como la de que la DC apoyó entusiastamente el Golpe. Es que todo buen mentiroso sabe que siempre debe entretejer una brizna de verdad para que sus falsedades fundamentales se conviertan en versión oficial.

Entonces, es una completa injusticia de la Nueva Mediocridad destituir a un embajador por observar exactamente la misma conducta que le ha valido ser nombrado, es decir, la de mentir groseramente y con publicidad, como tantas veces lo ha hecho en Chile durante muchos años y gozando del favor de las cámaras, los micrófonos y los titulares.

Para ser bien honesto, debo reconocer que mantengo un doble resentimiento personal hacia Contreras, porque no me incluyó entre los principales responsables del “11”, en circunstancias que, como dice un amigo, éste se debió a “las mujeres, los camioneros y Pérez de Arce”; y, en segundo lugar, porque me calificó públicamente de “pinganilla” cuando yo observé que las millonarias demandas de indemnización contra el Estado patrocinadas por él, y que lo han hecho rico (vía “igualas”), adolecían de objeto ilícito por ser cobros fundados en habérsele impedido al marxismo instituir un régimen totalitario de plazo indefinido.

Pero prescindo de todo resentimiento personal y reclamo por el hecho de que se destituya de su embajada a Contreras por ser fiel precisamente a la conducta que lo hizo acreedor al respectivo nombramiento diplomático. 

Un "Chile Day" a la Chilena

En una premiación que deberá pasar a los anales de lo insólito, y aprovechando el “Chile Day” en Londres, se ha conferido el premio “In Best-El Mercurio” ¡al presidente de In Best”! ¡Qué autosatisfacción!  Y también se ha galardonado al anterior Superintendente de Valores y Seguros, evidentemente por el fallo condenatorio en el “caso Cascadas”, que todo el mundo sabe que lo preparó el actual (lo que va en detrimento suyo) desde mucho antes, por lo que voy a explicar.

Observó “La Segunda” del 13.10.14: “Este último galardón fue muy comentado por su simbolismo, pues fue precisamente en el ‘Chile Day’ del año pasado cuando la SVS anunció la formulación de cargos en el caso Cascadas”.

¿Merecía premio esta actuación de la SVS? Muy por el contrario. Veamos lo que opina sobre ella la presidenta del Colegio de Abogados, la ex senadora Olga Feliú, en informe jurídico que le fue solicitado sobre el respectivo proceso:

“En el caso del presente informe, la Superintendencia realizó una investigación que no fue notificada a los señores Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar” (gerentes de Larraín Vial).  Es decir, juzgados sin previa notificación.

En seguida, Olga Feliú acusó a la SVS de “haber empleado las declaraciones prestadas por los señores Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar, en calidad de testigos, para fundamentar la formulación de cargos en su contra”, lo cual “constituye una grave vulneración del derecho al debido proceso de los formulados de cargo, y vicia, por consiguiente, el procedimiento administrativo sancionatorio seguido por la Superintendencia.”

Increíble, entonces: se premia un atropello al debido proceso y una actuación viciada contra una firma. ¡Y ese premio lo resuelve, se informa, la unanimidad del jurado, integrada, entre otros, por todos los ex Presidentes del Banco Central, invitados a Londres al “Chile Day”!  Un verdadero baldón para el Banco Central.

Pero, además, la abogada Feliú observó que “en el presente caso, la Superintendencia, que tiene la calidad de órgano acusador e instructor del procedimiento, no fijó los puntos (de prueba) relevantes, poniendo de cargo de los imputados hacerlo y sin embargo, cuando éstos cumplieron tal exigencia, resolvió rechazar una parte importante de los hechos y medios de prueba propuestos por los formulados de cargo. Lo anterior constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto sin que exista una resolución que fije los puntos de prueba, y que sirva de antecedente para contrastar la pertinencia y necesidad de los medios de prueba propuestos, se resolvió rechazar una parte de ellos.”

¡Qué gran “Chile Day”! Se premia por unanimidad un acto ilegal y arbitrario de un organismo público chileno.

La misma abogada afirmó, adicionalmente, que “dicha actuación afecta gravemente el principio de contradictoriedad establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.880.” Se premió a la SVS por contravenir su propia legalidad.

En fin, la jurista hizo ver que la SVS castigó actuaciones que no se encuentran prohibidas por ella, y expresó: “La regulación específica de las operaciones que la Superintendencia ha considerado como contrarias a derecho, y que, por tanto han motivado la formulación de cargos, se encuentra contenida en Norma de Carácter General (NCG) N° 131, de 12 de marzo de 2002. De acuerdo con dicha regulación, las actuaciones cuestionadas por la Superintendencia no se encuentran prohibidas. La Superintendencia solamente hubiera podido formular cargos por las operaciones cuestionadas, sin vulnerar los principios de confianza legítima y certeza jurídica, si en forma previa a la realización de las operaciones de que se trata hubiera, por medio de una norma de carácter general, modificado la regulación correspondiente. Al no haber actuado en la forma señalada, ha violentado los principios señalados, actuando por tanto, en forma contraria a derecho”.

Y todo esto, tan poco acreedor a un premio discernido con ecos internacionales, es sólo la punta del iceberg de una historia que no puede enorgullecer a ningún chileno.

          Veamos algunos de los capítulos de esta historia. En el diario digital “El Mostrador” de 12 de marzo pasado se puede encontrar una explicación de los hechos que la componen. Aparece allí el facsímil de la declaración ante la SVS de Julio Ponce Lerou, controlador de las sociedades Cascadas y de Soquimich, ante la Superintendencia de Valores y Seguros. De ella reproduzco los siguientes acápites, para que vamos sabiendo de qué se trata, en el fondo, todo esto (con aclaraciones mías entre paréntesis). Una advertencia previa: el premio mayor en este asunto es el control de la antes nombrada Soquimich, que llegó a tener un valor bursátil de 16 mil millones de dólares en 2012. Ninguno de los citados en esa declaración ha aparecido públicamente desmintiéndola.

Si se obligaba a Ponce a fusionar las sociedades Cascadas, los accionistas de éstas podían obtener una gran ganancia. Adivine quién era accionista de ellas: el entonces Presidente Sebastián Piñera, que había puesto sus acciones en un fideicomiso ciego (pero no sordo ni mudo) manejado por Moneda Asset, firma  competidora de Larraín Vial.

¿Cómo obligar a Ponce Lerou a fusionar? Declara éste a la SVS:

          “(En mayo de 2008) le compramos el paquete (de acciones de las “Cascadas”) a Sebastián Piñera en un remate de un solo paquete en anuncio de 20 horas y en orden directa. … lo que compramos a Sebastián Piñera fue 280 millones de dólares aproximadamente”.

          “Pero a los dos meses de vender estas acciones, las sociedades Bancard y Santa Cecilia (de Sebastián Piñera) empiezan a comprar acciones de Norte Grande y Oro Blanco (ambas “Cascadas”) en remates con orden directa.

          Para debida información, en 2008 Carlos Pavez, el actual Superintendente, trabajaba para Sebastián Piñera en Bancard, de donde pasó en 2009 a la SVS. Importante tenerlo en cuenta.

Siguió declarando Ponce a la SVS: “Al momento de comprarle las acciones a Sebastián Piñera, en mayo del 2008, le pagamos un sobreprecio entre 8 y 38 por ciento si uno sigue la fórmula que ahora la Superintendencia de Valores y Seguros ha definido para calcular el precio de mercado, concepto de precio de mercado que no comparto. Es decir, le pagamos a Piñera un sobreprecio de acuerdo a fórmula de Superintendencia de Valores y Seguros, sin perjuicio que nosotros consideramos que le pagamos a precio de mercado y en operación común a los precios de Bolsa. En el concepto actual de la Superintendencia de Valores y Seguros, esto significó un daño a las sociedades ‘Cascadas’ y sus accionistas minoritarios. …

“Los primeros días del 2012 circula un panfleto anónimo que se denomina ‘Potencial Abuso contra Accionista Minoritario’. … Yo supe después que quien hizo este panfleto fue Tomás Hurtado, que es de Consorcio. Esta sociedad es dueña de Moneda en un 20 por ciento… (Aclaración mía: a su turno, Penta es controladora de Consorcio). Continúa Ponce: Posteriormente Pablo Echeverría, presidente de Moneda (administradora del “fideicomiso ‘ciego’ de los bienes de Piñera) me solicitó que nos reuniéramos para hablar del tema ‘Cascadas’. … En la segunda reunión con Echeverría… me proponen que fusione las ‘Cascadas’. Me dicen que si lo hago, ellos no harían entrega de este documento anónimo a la Superintendencia de Valores y Seguros. Yo les dije que la fusión de las ‘Cascadas’ no la haría jamás, porque sería perder el control y aceptar un chantaje”.

Explicación: se refiere al Control de Soquimich, que es la sociedad valiosa y más deseada, que el declarante Ponce controla mediante las “Cascadas”. Sigo citando a Ponce:

19 de julio (de 2012): “En esa reunión asistí solo y Echeverría fue con Pedro Pablo Gutiérrez. Ellos me insisten con la fusión y yo les respondí negativamente.

“En ese momento entra la Superintendencia de Valores y Seguros a investigar esto por primera vez. … (Advertencia mía: el mismo Carlos Pavez, ex empleado de Bancard y actual Superintendente, está a cargo de eso).

Sigue Ponce: “A mediados de 2012, el 16 de mayo, el abogado Darío Calderón me comentó que había recibido e-mail de José Cox (hombre de Piñera). Hago entrega de este correo en que le preguntan qué voy a hacer yo con las ‘Cascadas’.

“En junio me reúno con José Cox en las oficinas de Calderón. En algún momento de la conversación me plantea que la mejor solución a esto es fusionar. Calderón me entrega e-mail de José Cox. Este correo es del 21 de noviembre de 2012.

“En noviembre de 2012 llega Darío Calderón a mi oficina. Me dice que habló con Cox y le había entregado un documento que me lo entrega. Me dice que si fusionan las ‘Cascadas’ yo no perdería el control. Este documento detalla cómo se deberían fusionar las Cascadas sin afectar el control de las mismas. En esta misma reunión Calderón me dice que si yo fusiono, ellos dicen que me arreglan el problema con la Superintendencia de Valores y Seguros. (HPdeA pregunta: ¿cómo se llama eso?). Sigue Ponce: “Cuando me refiero a ‘ellos’ se trata de José Cox y Moneda.

“Posteriormente hubo una serie de reuniones entre José Cox, Gutiérrez y mis abogados para buscar solución al problema. Siempre se planteó la posibilidad de la fusión.

“Ellos plantean que arreglarían este tema en la Superintendencia de Valores y Seguros en dos sentidos: multas chicas y que no hubiese cargos penales. (HPdeA vuelve a preguntar: ¿cómo se llama eso?)

Ponce: “Además Calderón me comentó de una reunión social a la que asistió Sebastián Piñera. Esto fue a fines de 2012. Las palabras de Piñera fueron: ‘cómo iba el asunto de la fusión’ y después le dijo: ‘encárgate tú de la fusión que yo me encargo de la Super.

“Yo le comenté esta información a un director de las sociedades ‘Cascadas’, don Patricio Phillips. Me dice que lo encuentra muy grave y me dice que lo hablará con el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn.

“Me comentó después el resultado de esta conversación y me señala que el subsecretario le había señalado que no le sorprendía esto, ya que había estado en reunión del Comité Político en La Moneda. En esta reunión había participado el Presidente, Larroulet, Chadwick y Dittborn, que fue como ministro de Hacienda subrogante. El Presidente le pregunta al subsecretario qué novedades habían respecto de las ‘Cascadas’. El subsecretario le dice que no sabe, pero le averiguaría. El Presidente le dice que no, que él mismo se encarga. (Observa HPdeA: fácil, pues le basta llamar a su ex empleado Carlos Pavez).

Sigue Ponce: “Las presiones para fusionar las ‘Cascadas’ llegan hasta fines de julio y principios de agosto de 2013. Pedro Pablo Gutiérrez, también director del Hogar de Cristo, le pregunta a Patricio de Solminihac (ministro de Minería) quién tiene influencia con Julio Ponce. Le dice éste que Julio era muy independiente y le dice que el único que alguna influencia puede tener en él es su hermano Eugenio Ponce.

“Sostienen una reunión en el Sport Francais y le dice que le pasarán una multa monstruosa de 100 millones de dólares, salvo que hubiese fusión. (Por tercera vez pregunta HPdeA: ¿cómo se llama eso?) Sigue Ponce: “Posteriormente a eso vino la formulación de cargos, que es de septiembre.

“También me parece extraño que en un seminario que hace Moneda (aclaración mía: ahí está el fideicomiso ‘ciego’ y Moneda se abstiene de votar en las juntas de las ‘Cascadas’ por un número de acciones similar al de Piñera, pues el fideicomiso le ordena abstenerse) Pablo Echeverría (presidente de Moneda) realiza una exposición refiriéndose al caso ‘Cascadas’ en términos muy similares a los cargos que formuló la Superintendencia de Valores y Seguros. (Pregunta HPdeA: ¿será una mera coincidencia?)

Ponce: “Quiero acompañar también un artículo del 2012 de ‘Pulso’ que informa sobre la denuncia que había realizado Moneda contra nosotros. En este artículo se menciona el monitoreo que ha realizado el Presidente de la República, según fuentes de la propia Superintendencia de Valores y Seguros”.

Fin de la cita.

Frase resumen del cuento: “Si el Presidente Piñera no hubiera tenido acciones de las Cascadas, no habría habido ‘caso Cascadas’”. (Autor: Julio Ponce).

Nótese que fabrica el caso, como antes se dijo, un ejecutivo de Consorcio, controlado por Penta, holding de un amigo de Sebastián Piñera. Y Consorcio es a la vez dueño de 20% de Moneda, a la cual le iría mucho mejor si no existiera Larraín Vial, la mayor firma del mercado.

A todo esto, Banchile Corredores de Bolsa y Linzor Capital Corredores de Bolsa hicieron las mismas operaciones que Larraín Vial con Cascadas, pero hasta hoy no han sido sancionadas. El Superintendente anuncia que lo serán…

Y el diario que ha premiado a la SVS en el “Chile Day”, también se ha destacado por su campaña contra Larraín Vial, en lo que este blog ha llamado “una condena en papel de diarios” (ver blog del 07.09.14). El cuerpo de “Economía y Negocios” ha presionado al presidente de la Bolsa, Juan Andrés Camus, inquiriéndole decidora e insólitamente, en una entrevista, acerca de por qué no ha expulsado de la institución a Larraín Vial (¡qué felices haría eso a Moneda Asset, a su socio Consorcio y al de éste, Penta, si lo concretara!). Hasta el columnista deportivo del diario, Felipe Bianchi, ha escrito clamando por que Leonidas Vial sea destituido de la presidencia de Blanco y Negro, controlador de Colo Colo.

Y culmina ahora este abanderizamiento premiando a la SVS por una actuación jurídicamente impresentable, que en opinión de una de las abogadas más prestigiadas del país no resiste siquiera la más elemental prueba de legalidad e imparcialidad.

Todo un “Chile Day” “a la chilena”, que saca a luz, ante los intrigados  londinenses, ignorantes de la realidad nacional, varios de los peores defectos de nuestra política, nuestra idiosincrasia y nuestra urdimbre moral.

Todo Pasa

Lo que más me quedó del fallecimiento del “eterno” presidente del fútbol argentino, Julio Grondona, acontecido hace algunos meses, fue el lema grabado en su anillo de oro: “Todo Pasa”. Porque es una gran verdad.

          Hoy vemos a la UDI sumergida en una situación imposible, porque dos de sus prohombres y financistas enfrentan una situación tributaria y judicial angustiosa, que enloda al partido. Y como acá las sentencias condenatorias las dictan los titulares de prensa, televisión y radio, la UDI ya está en el patíbulo.

El implacable presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, exige que Impuestos Internos y la justicia persigan el tema de las boletas “ideológicamente falsas” hasta sus últimas consecuencias, confiado en que, como “todo pasa”, nadie se acuerde de las que hace unos años, cuando él era ministro del Trabajo, cobraba a Gendarmería por “monitorear” un programa de esta última institución que había dejado de tener vigencia. En ese caso “nada pasó” y Andrade se ha vuelto ahora un feroz fiscalizador de los que emiten boletas sin debido fundamento. Porque “estamos en Chile”.

          Frase plena de significado, que los chilenos entendemos perfectamente. Cuando voy por una autopista de 80 km/h de velocidad máxima y me adelanta la mayoría de los vehículos a más de 100, yo pienso “estamos en Chile” y también acelero. Y “nada pasa”. Entonces ¿habrá alguna empresa en que todas las boletas sean “ideológicamente auténticas”? Bueno, al menos sé que la pyme donde tengo mi oficina y cuyo socio principal es mi hijo mayor de mi mismo nombre, fue objeto de una revisión de Impuestos Internos el año pasado de todas las facturas y boletas de los últimos años. Ello demandó un trabajo extenuante de desarchivo y finalmente todo terminó sin observaciones.

Aunque “estamos en Chile” no encontraron ninguna boleta ni factura indebida. Tampoco la pyme le había dado nada a ningún partido. Suspiro de alivio. Pero yo le di un poco de plata a un candidato UDI de una circunscripción popular, y le conseguí bastante con un amigo patriota, pero no voy a decir más porque a lo mejor nos metemos todos en problemas. Con nuestra justicia de izquierda nunca se sabe. El teniente de carabineros Juan Abello detuvo el 18 de septiembre de 1973 a Arturo Villegas porque estaba acusado de tener armas en su domicilio y lo entregó en la Comisaría de Penco sano y salvo, sin saber nunca más nada de él (todo eso está probado en la causa) pero hace pocos años fue condenado a diez años y un día de presidio, por el ministro Alejandro Solís, por mantener  a Villegas secuestrado hasta hoy (lo que no está probado en la causa). Es que “estamos en Chile”.

          Por suerte, “todo pasa”. Así como la boleta de Andrade pasó, las de Penta también van a pasar. Pero eso no va a contribuir a que el país esté mejor. Al contrario, por ahora está cada día peor. Los pobres están peor, porque tienen menos empleo y les han subido el precio de cosas que consumen diariamente, como las bebidas gaseosas y alcohólicas. La inflación es más del doble del aumento del producto (4,9% versus 2,1%). Por muchos años fue al revés, pero ahora se trata de cambiar ese “modelo”. “Todo pasa”. El modelo también.

El Gobierno era antes acreedor neto, pero ahora es deudor neto. La inversión en activos fijos ha caído por cuatro trimestres consecutivos.

          Por suerte, “todo pasa”. Hasta la “joya más valiosa de la corona latinoamericana”. Incluso el gobierno actual.

Justicia Divina

          Un programa de televisión me pidió el año pasado que le formulara una pregunta en cámara a Franco Parisi, precandidato presidencial que debatía con su similar Andrés Velasco, antes de las primarias. Yo le pregunté qué pensaba hacer, en caso de ser electo, con los escandalosos atropellos a la ley y la Constitución que cometían los jueces contra los presos y procesados políticos uniformados. Pero entonces Velasco, que no había sido el preguntado, se apropió de la respuesta, manifestó que mi pregunta era “repugnante” y dictaminó que esos militares eran “asesinos, torturadores y violadores de derechos humanos” que no merecían ninguna consideración. Seguramente se sintió más “políticamente correcto” que nunca.

          Pero ahora la justicia de izquierda, que impera sin contrapeso en nuestro país, le ha hecho probar a él la medicina del abuso y la ilegalidad. Sin ninguna consideración y en medio de la más amplia publicidad negativa, detectives de la PDI, por orden judicial, se han apersonado a las oficinas de Velasco para incautar sus computadores y documentación, como si fuera un delincuente o traficante de drogas, mientras los periodistas, oportunamente advertidos, por supuesto, se arremolinaban alrededor para no perder detalle de la diligencia y publicitarla ampliamente. Eso basta en este desgraciado país actual para destruir la reputación de una persona. Pues ha llegado a ser costumbre que los procesos se tramiten en papel de diario y ante las cámaras.

          Días atrás comenté el caso de los ejecutivos de Larraín Vial, condenados a multas millonarias en dólares, suficientes para arruinarlos de por vida, sin ellos haber realizado una sola de las operaciones investigadas por la Superintendencia, que los crucificó pasando por sobre un informe en derecho de la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, acreditando que el procedimiento contra Larraín Vial no ha respetado las mínimas exigencias de un debido proceso.

          Permítanme parodiar una vez más al pastor Niemöller: “Fueron por los militares, sin respetar las leyes ni la Constitución, pero no dije nada porque yo no era militar, y finalmente han venido por mí.” Y Velasco podría añadir: “Una vez dije que era ‘repugnante’ reclamar por que a los uniformados no se les respetaban sus derechos. Pero ahora no me los respetan a mí.”

          Los que aplauden cuando se exhibe en la picota pública y se desprestigia por los medios a personas que no han sido legalmente procesadas ni condenadas, harían bien en ponerse en el lugar de éstas, porque algún día les puede pasar a ellos.

          Hace poco vi a uno de los economistas más serios y respetados de nuestro medio, Klaus Scmidt-Hebel, decir en el programa “Tolerancia Cero” que en una de las sociedades “Cascada” se había falsificado las actas del directorio. Eso también lo afirmaba un titular de “El Mercurio”, pero el mismo no reflejaba toda la información que seguía, pues si uno la leía completa podía comprobar que el gerente de dicha “Cascada” aclaraba que no había tal falsificación, sino que en el borrador del acta de directorio él había observado que no se había incluido una intervención suya dando a conocer hechos relevantes y verídicos, por lo cual había exigido que se rehiciera y se incluyeran sus palabras, lo cual bajo ningún respecto implica una “falsificación del acta”. Pero eso queda para los que leemos toda la información, mientras que la masa se guía por los titulares, repetidos después en noticieros y programas de la farándula como verdades inconcusas.

          Y entonces ahora el escándalo alcanzó a Velasco. Y ello sucedió en los momentos en que un enésimo juez de izquierda, contraviniendo todas las leyes, había sometido a prisión a dos almirantes y un capitán de navío por haber formado parte de una “asociación ilícita” llamada Armada de Chile, que en 1973 apresó a un extremista que murió tras haberse arrojado por una ventana del Hospital Naval.

          Afortunadamente la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante una resolución que a lo mejor el Velasco de antes habría considerado “repugnante”, dejó libres a los oficiales y dictaminó que la Armada, en realidad, no era en 1973 una “asociación ilícita”.

          Le deseo a Velasco un veredicto final que reivindique su buen nombre, pero la escandalosa publicidad negativa de que ya ha sido víctima probablemente no será borrada, como no lo será la que recibieron, desde el general Pinochet para abajo, los oficiales por años imputados por soborno en el caso de la compra de los tanques “Leopard”, y que acaban de ser finalmente absueltos. “Mentid, mentid, que algo queda”, aconsejaba el cínico Voltaire. Y los jueces de izquierda siguen su consejo al pie de la letra.

En todo caso, es seguro que a estas horas hay al menos un arrepentido de haber calificado tan mal el que se impetrara para otros el derecho a la honra y al respeto de la legalidad.

Los Chilenos y las Boletas

            El rasgar de vestiduras de los dirigentes de partidos de gobierno porque se ha descubierto el uso de boletas de honorarios para justificar donaciones electorales en un grupo de empresas próximo a la UDI atruena el ambiente, y eso es, a lo menos, pintoresco. Porque ninguna entidad ha utilizado más las boletas “ideológicamente falsas” para lucrar con y sin fines políticos que un partido eje del actual gobierno. El affaire MOP-Gate, bajo el reinado de Ricardo I (2000-2006) se trató precisamente de eso. Se instituyó la boleta falsa como método habitual de sustraer dineros públicos para fines particulares y financiamiento político. En el departamento de concesiones del MOP estaba a cargo de la estrategia el encargado electoral del Partido Socialista. Justamente la firma Gate, de un dirigente también socialista, servía de pantalla para cobrar al fisco grandes sumas por servicios imaginarios. Y el caso se repitió en numerosas “aristas”, como dicen las crónicas.

Y a raíz del estallido de ese escándalo se descubrió otro peor: el de los “sobres con billetes” que todos los altos funcionarios de todos los partidos de la Concertación retiraban de los gastos reservados de diversos ministerios y la Presidencia, sobres que cada uno se llevaba  para la casa. La costumbre venía de la administración Aylwin, y el ex mandatario, con su candidez tan querible, lo reconoció en entrevista a “El Mercurio” como “una corruptela”. Sus hombres de confianza le habían dicho que con el sueldo “no les alcanzaba” y le sugirieron suplementarlo con gastos reservados, que eran no investigables.

Nunca habríamos conocido esta práctica si no hubiera sido porque, quince años después de instituida, un ministro de Ricardo I, acosado por los escándalos, no se lo hubiera reconocido paladinamente al mismo “El Mercurio”. Fue ahí cuando, en medio del zafarrancho, vino Pablo Longueira al rescate y salvó a Lagos, a quien algunos prohombres consideraban “caído”. Como si sustraer platas fiscales hubiera sido alguna vez razón suficiente para derribar a un gobierno.

            Y también ahora, a raíz del ruidoso rasgar de vestiduras, recuerdo cuando en mis columnas de “El Mercurio” yo fustigaba, en el primer gobierno de Bachelet, a su Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, hoy tan severo para exigir se juzgue a la empresa afectada y a la UDI. Él entonces cursaba boletas de honorarios a Gendarmería, donde trabajaba y todavía trabaja su cónyuge, en retribución a informes periódicos de “monitoreo” de un programa, el cual no merecía otro reparo que el de haberse suprimido hacía tiempo. Y otro caso que en ese entonces llamó la atención fue el de las boletas de Osvaldo Puccio a Codelco por sus informes manuscritos sobre la situación en Oriente Medio, que tenían la particularidad de estar escritos todas las veces con distinta letra, poniendo de manifiesto las habilidades caligráficas de su supuesto único autor.

            Una señora llevó a mi oficina, por esos años, a una funcionaria de obras públicas que figuraba entre las que emitían boletas por servicios imaginarios y que me refirió:

            “El jefe nos ordenaba extender boletas cuando alguien necesitaba dinero. Por ejemplo, para financiar una operación quirúrgica de su secretaria.

            “¿Y usted daba boletas?

            “Por supuesto”

            “¿Y le convenía?

            “Claro, al año siguiente Impuestos Internos me devolvía el diez por ciento”.

            Conocidos trucos nacionales. Por eso uno encuentra personas que espontáneamente le “ofrecen dar boletas”.

            No hace mucho la ministra Gloria Ana Chévesich terminó de dictar sentencias en el affaire MOP-Gate, casi diez años después de descubierto. Todas condenaron a los responsables a “penas remitidas”, que se cumplen en libertad, porque son civiles, y por añadidura de izquierda, y no militares, que parecen ser los únicos castigados con penas efectivas, aunque los hechos por los que se les juzga estén amnistiados, prescritos, ya antes juzgados y no sean constitutivos del delito que se les imputa. Es  nuestro particular “Estado de Derecho”.

            Hace diez años yo escribía en “El Mercurio”:

“En 1990 y 1991 Ricardo Lagos, ministro de Educación, a través de un particular sin cargo alguno en el Ministerio, hizo compras para éste en España, con fondos públicos, pero sin licitación. Se pagó un sobreprecio estimado por la Contraloría en cuatro millones 200 mil dólares. Pero ésta no instruyó sumario porque, argumentó, el agente de Lagos era un particular y no un funcionario, y ella sólo puede sumariar a funcionarios. Yo pregunté: ‘Y el ministro que lo mandó ¿no era funcionario?’ Nadie contestó. El Contralor pasó la papa caliente al Consejo de Defensa del Estado. Éste se la devolvió, diciendo que no podía hacer nada sin sumario previo. La papa se enfrió. Cuatro millones 200 mil dólares no investigables. (En Uruguay investigaron los sobreprecios y descubrieron las cuentas de Bahamas donde fueron depositados).”

            ¿Ven ustedes que con algo de buena voluntad, cuando a alguien lo pillan, todo puede arreglarse? Y olvidarse: tanto que Lagos después fue premiado con la Presidencia de la República. Y otro aspirante a la inmortalidad que fue sorprendido comprando acciones con información privilegiada, poco después de haber sido multado (a nadie se le ocurrió iniciar acciones penales) también fue premiado y elegido Presidente.

            ¿Quién tiene autoridad moral, entonces, para escandalizarse y clamar por las penas del infierno para una modesta emisión de boletas con el fin de ayudar a un partido amigo?