Lo que No se Dijo en Enade

          Enade es una de esas ocasiones ceremoniales de lo “políticamente correcto” y, por consiguiente, nada sustantivo para la marcha del país surge de ahí, porque las soluciones reales son siempre muy “políticamente incorrectas”, como, por ejemplo, defender a los carabineros que disparan o lanzan chorros de agua a presión a los delincuentes, y no a éstos.

A Enade acude la Presidenta y hace “como si” fuera la impulsora del progreso de la empresa privada convocante, cuando lo que se propone –todos lo sabemos, comenzando por ella misma, gran admiradora del “modelo RDA”-- es arrasarla. Acuden también presidentes, gerentes y mandos medios de empresas cuyos cerebros están cuidadosamente lavados (de modo que a ninguno se le habría ocurrido u ocurrió ir el día antes a conmemorar el centenario del estadista más importante del país en el siglo XX, y a quien le deben todas las libertades empresariales que están a punto de perder). No se olvide la “standing ovation” que le prodigaron hace años a Nicolás Eyzaguirre cuando les reveló haber formado parte del FPMR.

Y, en fin, la sumisa concurrencia oye recitar metódicamente los lugares comunes emanados de los “juicios por los diarios” que modelan la “verdad oficial” del momento y cuyo “villano de turno” es ahora la Papelera, cuyo único defensor conocido soy yo, puesto que ni siquiera se defiende a sí misma.

          En medio del rasgar de vestiduras de ayer nadie menciona, por supuesto, que el mercado de los papeles tissue fue siempre competitivo y abierto, pues cualquiera podía y puede producir o importar dicho producto, y de hecho el que quiere lo hace. O sea, el gran “logro” de la Fiscalía de la Libre Competencia fue armar un escándalo en un mercado en que hay y había plena y libre competencia. Supongo que si alguien hubiera dicho esa verdad en Enade, lo echan.

Y como una ley chilena no escrita establece que siempre se debe ser desleal con los pares en desgracia, los empresarios de Enade escogieron cuidadosamente dotar a todos los baños de Casapiedra, durante su evento anual, de papel de Kimberly Clark, competidora extranjera de la Papelera. Todo en la misma línea del comité de ética de la SFF que, apenas caída en desgracia su empresa asociada por sentencia de “los diarios”, la “suspendió” vistosamente, haciendo “pendant” con la puñalada en la espalda que el izquierdista designado consejero del CEP, José Zalaquett, le propinó a Eliodoro Matte apenas iniciado el escándalo publicitario.

A propósito, ninguno de los periódicos principales ha publicado la sentencia judicial que declaró inocente a Leonidas Vial y la corredora Larraín Vial de haber vendido o comprado irregularmente acciones Cascadas. Antes, ambos habían sido ampliamente condenados por ello “en los diarios”, que ahora no publican su exculpación.

          Tampoco nadie mencionó en Enade el testimonio del ex gerente de la Papelera-tissue en el sentido de que su competidora PISA se hallaba al borde de la quiebra cuando le propuso a la primera llegar a un acuerdo, circunstancia que enmarca el convenio en un contexto constructivo y de caballerosidad y no en uno de violación legal dirigida a una depredación colusiva o a un lucro desproporcionado.

          Por supuesto que, en fin, tampoco nadie mencionó en Enade, ni se habría atrevido a hacerlo, que el mayor perjuicio generado hasta hoy por el “escándalo de la colusión” deriva de la denuncia de la Fiscalía, que ha hecho perder largo más de mil millones de dólares al patrimonio bursátil de la Papelera, lesionando de paso a los fondos de pensiones que tienen acciones de ella. Ningún otro perjuicio ha habido ni puede ser acreditado, porque los consumidores podían y pueden voluntariamente elegir entre papeles nacionales o importados, de diferentes calidades y precios. El daño ha provenido exclusivamente de la acción funcionaria estrictamente apegada a la letra de la ley, no de la operación del mercado. “Summum jus, summa injuria”.

Es decir, la esencia del libre mercado no fue afectada en modo alguno por el acuerdo que permitió a PISA mantenerse produciendo y después venderse a la sueca SCA.

          Pero ya a estas alturas ningún raciocinio es válido. Lo único que reina es la consigna: “¡colusión!”. La sentencia en los “juicios por los diarios” es definitiva, inapelable y condenatoria. Y entonces ahora casi todos esos ínclitos “guardianes de la ética” que aplaudieron la condena en Enade ya están listos (en un 77%, dicen las encuestas) para brindar su apoyo para la elección de 2017 al candidato cuyo prontuario es el más oscuro de cuantos se aprestan para enfrentarse en la liza presidencial.

Esto No Sale en los Diarios

          Tras los “juicios por los diarios”, como el del “caso Cascadas”, las sentencias judiciales que desmienten las acusaciones voceadas en ellos no salen en los mismos diarios. Pero a eso ha hecho excepción “La Segunda” del jueves 19, que ha dado a conocer el rechazo de la demanda interpuesta ante el 21° Juzgado Civil por la AFP Provida contra la corredora Larraín Vial y su controlador Leonidas Vial, por presuntos perjuicios sufridos por dicha AFP debido a compraventas de acciones de las “Cascadas”.

          Este caso nació de que el entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera, tenía acciones de esas sociedades controladoras de SQM, y quería obligar al socio dominante de ellas, Julio Ponce, a fusionarlas, lo cual le permitiría a Piñera obtener una interesante ganancia. Entonces envió a diversos emisarios, que Ponce individualizó ante la Superintendencia, a amenazarlo con una denuncia ante el mismo organismo si no hacía la fusión. Pero Ponce resultó imprevistamente duro. 

          A raíz de ello, sociedades vinculadas al fideicomiso “ciego” (pero no sordo ni mudo) que administraba las acciones de Piñera, prepararon una denuncia contra Ponce y otras personas que habían comprado y vendido acciones de las Cascadas, entre las cuales estaba Leonidas Vial. La Superintendencia hizo suya la tesis y terminó condenando a multas sin precedentes (US$164 millones) a diversos operadores que habían comprado y vendido esas acciones y también a la corredora Larraín Vial y otra, Banchile, que no lo habían hecho, sino sólo intermediado operaciones; e incluso a dos gerentes de la primera, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, que tampoco habían operado personalmente, no obstante lo cual les impuso multas ruinosas para sus respectivos patrimonios individuales.

          Los diarios condenaron de antemano a todos los acusados, y en el curso de hacerlo se cumplieron todas las características propias de esas campañas comunicacionales, que en Chile son: primera, se aplica la presunción de culpabilidad, en lugar de la presunción de inocencia propia del derecho ancestral, de modo que toda la sociedad y los medios de comunicación condenan de antemano a los afectados y dan escasa o nula cabida a sus defensas; segunda, los pares de esos afectados les dan vuelta la espalda (esto es muy chileno) y se suman al oprobio de los mismos desatado en el “juicio por los diarios”, de modo que, en este caso, Leonidas Vial debió dejar la vicepresidencia de la Bolsa de Comercio y alejarse de su propia firma; y en el más reciente de la colusión del papel, la Sociedad de Fomento Fabril suspendió a la Papelera en su calidad de socia del organismo; tercera, una verdadera jauría de los que ven la posibilidad de “hacer leña del árbol caído” se desata en acciones para obtener un beneficio económico a costa de éste, para lo cual hay siempre disponible un equipo de abogados que, además de patrocinar las respectivas demandas y querellas, tienen amplio acceso a los medios para reafirmar sus acusaciones y darles contornos escandalosos; y, cuarta, toda la gente que aparece opinando en los medios, pero absolutamente toda, condena a los acusados y rasga vestiduras por el supuesto atropello a la ética nacional, como si ésta existiera, profiriendo las descalificaciones más duras contra los condenados en los “juicios por los diarios”.

          Pero a poco andar, en el “caso Cascadas”, aparecieron breves y reducidos sueltos de prensa informando que Leonidas Vial y la corredora Larraín Vial presentaban escritos al tribunal exponiendo que, pese al transcurso de los meses, no se había presentado una sola evidencia ni prueba de alguna conversación, carta, correo electrónico, comunicación telefónica u otro medio evidenciando que hubieran participado en algún “esquema” para comprar o vender acciones de las Cascadas, sino que lo habían hecho cumpliendo todas las normes bursátiles. Algo similar expuso la corredora Banchile. Pero esto no hizo sino desatar la furia de los abogados querellantes y demandantes, que entonces acusaron de “inacción” al fiscal del Ministerio Público, al cual consiguieron cambiar por otro que, suponían, iba a hacer surgir pruebas de alguna parte. Sin embargo, han transcurrido los meses y las mismas tampoco han aparecido. “Ni la Superintendencia, en el marco del procedimiento probatorio, ni la actora (demandante, Provida) han sido capaces de precisar y menos demostrar con hechos concretos, cuáles son los elementos o aspectos ilegítimos o engañosos de que adolecerían las operaciones impugnadas”, ha dicho la defensa; y el tribunal ha acogido su tesis y rechazado la demanda.

          Pero esto no aparece en los diarios que hicieron de cabeza en el “juicio”, sino sólo en “La Segunda”, porque aquéllos ya dictaron sentencia y los acusados fueron condenados en sus páginas y han quedado en calidad de tales ante la opinión pública. Fruto de la persecución así desatada, hoy día hasta Julio Ponce se ha ablandado y parece dispuesto a ceder, de modo que el activo candidato Sebastián Piñera puede entonces aspirar a obtener lo que se propuso como Presidente, la fusión de las Cascadas y la ganancia que esperaba de ella, concretando así finalmente una enésima y rentable “pasada” en su propio beneficio, como las que han caracterizado toda su existencia, sin otros tropiezos que la quiebra del Banco de Talca, un par de insolvencias más por todos olvidadas y la imprevista revelación de una conversación conspirativa contenida en una grabadora Kyoto.

La Caja de Pandora

          Sostuvieron los antiguos griegos que cuando Pandora llevó una hermosa caja de regalo a Epimeteo, éste la abrió y de ella salieron todos los males que después afligieron a la Tierra, con tan mala fortuna que, cuando la volvió a cerrar, no alcanzó a salir el único bien que había en ella, la Esperanza.

          El Fiscal Nacional Económico abrió la Caja de Pandora en Chile al descubrir una “ilegalidad” en un mercado que funcionaba perfectamente bien, del cual nadie se había quejado y en que cualquiera podía competir vía emprendimiento o importación.

Resultado: la principal empresa del sector ha perdido ya largo más de mil millones de dólares de patrimonio bursátil, lo que ha perjudicado a los fondos de pensiones que tenían acciones de ella. Y se ha levantado una ola de indignación moral en la población, azuzada por los medios, los políticos y los opinólogos, no obstante que jamás nadie se había dado cuenta del abuso a que supuestamente estaba siendo sometida. En fin, la abogada de los accionistas minoritarios se apresta a iniciar multimillonarias demandas y querellas contra los controladores de la empresa por un supuesto perjuicio derivado de la colusión (y pese a que, hasta ahora, el perjuicio ha provenido exclusivamente de la acción del Fiscal Económico).

Y entonces ahora las organizaciones de consumidores sienten abrirse su apetito y sacan del sombrero un gigantesco daño del cual nunca nadie se había quejado al comprar papeles higiénicos en un mercado que les ofrecía numerosas alternativas de precio y calidad. El alcalde Gebauer, de Melipilla, en medio de su repentinamente suscitada indignación, demanda la devolución de dinero por las grandes cantidades de papeles que su municipio adquirió libre y voluntariamente durante muchos años. A lo mejor lo seguirán otros de las 343 comunas del país y la suma de las indemnizaciones solicitadas puede llegar a ser gigantesca.

          También al abrirse la Caja de Pandora apareció un economista afirmando que ya la Universidad de Chile estimó en US$800 millones el daño inferido a los consumidores. Adicionalmente, surge un fiscal afirmando que “aquí hay delito” y también abogados afirmando que proceden acciones por estafa, alteración fraudulenta de precios y asociación ilícita. Si los jueces de izquierda procesan a Labbé por pertenecer a una “asociación ilícita” llamada “Ejército de Chile”, ¡cómo no va a serlo el acuerdo entre CMPC y SCA!

          A todo esto ¿en qué quedó la libertad de precios? Pues si se puede descubrir retroactivamente que los que creían ejercerla estaban, en realidad, cometiendo delito y ex post un juez fija el precio y dice cuánto se podía cobrar como máximo por un bien, significa que también dejó de existir esa libertad esencial para asignar los recursos correctamente en la economía.

          En los EE. UU., donde también se prohíbe por ley la colusión, las empresas oligopólicas se han dado cuenta de que no necesitan ponerse de acuerdo sino que basta dejar que funcionen las leyes del mercado. En su libro “Economía”, 4ª. Edición, Wonnacott y Wonnacott expresan, en la pág. 608: “Por tanto, aunque no exista colusión, el resultado puede ser el mismo: las empresas llegan al precio que maximiza sus beneficios, sin llegar a acuerdos ilegales, sino simplemente siguiendo al líder. A esto se le denomina, en ocasiones, colusión tácita”.

Es lo que ha acontecido en los mercados farmacéutico y de los pollos. Es por eso que el Fiscal Nacional Económico, preguntado por “La Tercera” sobre cuál había sido el resultado de sus denuncias y persecuciones implacables de empresarios en ambos mercados, secamente se negó a responder. Porque, si lo hubiera hecho, habría debido reconocer que todo funciona igual que antes, es decir, bien. Hay, como siempre, libertad de entrada al respectivo rubro, competencia amplia y cualquiera puede abrir nuevas farmacias o criar pollos o importarlos, lo mismo que remedios o papel tissue. Hasta algunos empresarios querellados y suficientemente difamados fueron al final judicialmente sobreseídos, en medio de la molestia general.

“Cuando algo funciona  bien, no lo arregles”, dice la sabiduría popular. Pero aquí nos gusta “arreglarlo”.

          Y ahora le tocó sufrir a la empresa más respetada de todas, la Papelera. Hasta su presidente confiesa: “he pecado”, como el Cardenal Midzsenty después de suficiente lavado de cerebro por sus cancerberos comunistas en Hungría. Sus pares también bajan el pulgar en el coliseo romano donde ha sido llevado. La plebe estalla en aplausos, sedienta de la sangre de los caídos.

          Pero, terminada esta enésima cacería de brujas, todo seguirá igual. Porque, como alguien dijera visionariamente hace ya años, en una columna de “El Mercurio”, “el mercado es más fuerte”, aunque los despojos de sus cultores más débiles (y sus respectivas honras) vayan quedando botados por el camino.

A Ustedes la Ética No Les Importa

          Chilenas y chilenos, no me vengan con cosas. A ustedes los conozco de memoria. A ustedes la ética no les importa nada ni hacen nada por razones éticas. Lo que los comanda es la apariencia, la imagen, “el qué dirán” y todas ésas las maneja la propaganda, los medios, “los juicios por los diarios”.

          A Matte lo crucificaron, no por lo que hizo una de sus empresas, sino porque se armó un escándalo por los medios. Éticamente era superior llegar a un acuerdo con sus competidoras para no desatar una guerra de precios que desatar esta última y quedarse con todo el mercado interno. Pero el país ha rasgado vestiduras porque la ley prohíbe los acuerdos y lo llama “colusión”. “¡La ley es sagrada!”, dicen todos, rasgando vestiduras. Una abogada estremecida escribió al diario porque se había violado la ley. Pero no escribió al diario nunca ninguna de las veces que los jueces de izquierda atropellaban no sólo una sino varias leyes y faltaban a la verdad impúdicamente en sus sentencias (“secuestro permanente”) en juicios contra militares (r). ¿Por qué? Porque, simplemente, no se había armado escándalo. No había habido “juicios por los diarios”. Entonces no salgo al ruedo, porque no está en juego mi imagen.

          Días atrás, a raíz de la muy publicitada situación de Sergio Jadue en la ANFP, se puso de actualidad nuevamente la factura ideológicamente falsa que la empresa insignia de Sebastián Piñera, Bancard, le pidió a un ex ejecutivo de éste en Chilevisión (Mario Conca, hoy dirigente de la ANFP) para pagarle un bono por desempeño. También Bancard le pagó en igual forma al otro ejecutivo principal del canal, Jaime de Aguirre. El monto conjunto era cercano a los $300 millones. Éticamente impresentable, sobre todo porque Piñera había pedido ese dinero para su campaña del 2009 y lo gastaba en pagar deudas de una empresa suya. Pero no hubo escándalo. Sólo sueltos de prensa que casi nadie leyó. Cuando don Francisco (y nadie más, salvo este blog, por supuesto) tuvo el coraje de preguntarle sobre el asunto a Piñera en horario prime (después pidió disculpas), éste dijo que “no sabía nada”. Y todos le creyeron. Cuando Matte dice que no sabía nada, se arma un escándalo nacional y nadie le cree y hasta la SFF y José Zalaquett, director del CEP, le clavan puñales en la espalda. Todos, pero absolutamente todos, dicen que su episodio fue “indignante”. Y el país está moralmente indignado con Matte, pero no con los numerosos episodios de Piñera, que encabeza las encuestas presidenciales e incluso aparece como el más votado, según la de la Universidad Diego Portales que detalló “Qué Pasa” en su último número, no sólo entre la gente de derecha sino entre los simpatizantes de la Nueva Mayoría. ¡Sus atropellos a la ética (porque no me vengan a decir que Piñera no sabe lo que hace Bancard) no sólo no merecen repudio escandalizado alguno, sino que lo ponen en la “pole position”! Es que nadie hace escándalo y eso es lo que importa, que no se haga escándalo. La ética no importa nada.

          Bueno, si es por eso, Piñera salió ya elegido Presidente en 2010 tras haber sido sorprendido y sancionado por comprar acciones con información privilegiada. A la gente no le importó, pero cuando lo hicieron Juan Bilbao y Tomás Hurtado el país entero rasgó vestiduras. Es que era inaceptable que los hubieran sorprendido en los Estados Unidos, dejando en mal pie el nombre de Chile. Pero cuando a otra empresa controlada por Piñera la sorprendieron y castigaron por colusión, también en Estados Unidos, nadie dijo nada… nadie dijo nada.

          Chilenas y chilenos casi todos, córtenla con el rasgar de vestiduras: a ustedes la ética no les importa nada. Lo único que les importa es el “qué dirán”, el escándalo, la imagen, lo que dicen los diarios, la radio y la televisión, "cómo quedo yo en el escenario". Ahí sí que se levantan en defensa de “la moral”, la “majestad de la ley”, el “estado de derecho”. Pero si se logra barrer toda la basura debajo de la alfombra, nada de eso preocupa y lo único que a ustedes les importa es ganar.

          Viéndolos, el antipoeta centenario seguramente les está diciendo, a estas alturas, “a otro Parra con ese hueso”. 

"La Papelera Sí"

        Los chilenos seguimos dando signos exteriores de imbecilidad. Ahora una alianza que va desde la izquierda hasta la derecha se ha propuesto otra inepcia más, que es la de “completar el legado de Allende” y consumar algo que éste intentó, pero no consiguió: “echarse” a la Papelera, una de las principales empresas privadas del país.

        La derecha casi siempre se ha sumado a los grandes disparates nacionales. Uno de los mayores fue la reforma agraria, que partió con la primera ley proponiéndola, enviada al Congreso por el gobierno de derecha de Jorge Alessandri. Hubo un solo derechista que alzó la voz advirtiendo sobre tamaña imbecilidad: el dirigente agrícola Recaredo Ossa Undurraga. Nadie le hizo caso. “¡Qué exagerado se ha vuelto Recaredo!”, se decía.

        Otro enorme disparate fue la nacionalización confiscatoria de la gran minería y del cobre, que el Congreso aprobó por unanimidad en 1971, con los votos de la derecha.

Y ahora esta última se vuelve a sumar a la izquierda y sus compañeros de ruta y se lanza en picada contra la Papelera, objetivo fundamental del comunismo-socialismo.

        Yo, que soy, al parecer, uno de los pocos del “sector” capaz de mantener una sola línea, reitero que “la Papelera No” y he sostenido cuatro cosas evidentes e indubitables: que el mercado del papel higiénico es abierto y competitivo, porque cualquiera puede producirlo o importarlo; que nunca consumidor alguno dijo públicamente estar sufriendo un perjuicio al adquirirlo; que todos los fabricantes o importadores que lo quisieron pudieron ofrecerlo al público; y que el único perjuicio generado hasta ahora por la denuncia de colusión entre empresas que ha hecho la Fiscalía es la pérdida de valor bursátil por (a estas alturas) casi mil millones de dólares de las acciones de la Papelera.

        Mi conclusión es que, en esas circunstancias, y como alternativa a una guerra de precios, los acuerdos entre productores fueron y son aconsejables, y no deberían ser perseguidos ni sancionados, si bien una mala legislación los condena.

        Ustedes no pueden imaginarse la virulencia de las reacciones en mi contra por sostener todo eso, particularmente en la red. Hace poco un columnista se abismaba del grado de odiosidad de los comentaristas chilenos en internet. Pues bien, al pie de mis comentarios en otros medios se ha desatado un torrente de insultos sin precedentes, por el 

solo hecho de hacer presentes las cuatro verdades arriba enumeradas.

        Lo más sorprendente es el grado de adhesión que entre nosotros suscita cualquier noción descabellada y suficientemente repetida. Ahora la acusación de “colusión” ha sido adoptada “como un solo hombre (o mujer)”, de izquierda, centro o derecha. Nada se saca con probar racionalmente que no ha sido dañina sino necesaria y que un acuerdo entre empresas es mejor solución que una guerra de precios capaz de conducir al monopolio (aunque, de hecho, la apertura al exterior lo hace imposible).

        Hace poco el país estuvo en vilo de parecida manera, y también “como un solo hombre (o mujer)” al ser revivida una situación ya aclarada y juzgada hace 29 años, el ”caso Quemados”. Tanto lo estuvo que el presidente de la UDI y el presidente del senado, un DC, uniéndose a la extrema izquierda, pidieron perdón  por que el Gobierno Militar haya “quemado a dos jóvenes por pensar distinto”, siendo eso absolutamente falso, como finalmente ha quedado confirmado (pero no se publica en los mismos caracteres). Se trató de un engaño publicitario fraguado por el propio Gobierno, como lo evidencia el hecho de que éste trajera a su “agregada cultural” en Canadá, Carmen Gloria Quintana, para exhibirse en todos los medios como “quemada por pensar distinto”, no obstante que se testimoniara que uno de los dos testigos, ex conscriptos, que “se dieron vuelta” para reabrir el caso, obraba por un móvil económico, y con mayor razón el otro, que estaba “en situación de calle”. Pero tan burdo artificio “cuadró al país” tras la versión falsa. Fue de lo único de que se habló por un mes. Hasta Ossandón (derecha) repudió que “se hubiera quemado a la gente por pensar distinto”. Pero este blog no defeccionó. Bueno, ahora todos callan porque saben que se armó un tinglado basado en una falsedad. Y los pocos de derecha que no nos hemos dado vuelta la chaqueta debemos juntar plata para ayudar a pagar las enormes fianzas fijadas por la justicia de izquierda para que los conscriptos injustamente acusados puedan dejar la cárcel.

        Todo demasiado irracional. Y peor aún con la derecha alineada tras un personaje, que, sintomáticamente (aparte de haber sido él penado por colusión, pero en su caso se perdona), dice no ser de derecha (lo que es verdad) y ahora acaba, en los EE. UU., de poner en boga otra “piñericosa” irracional, atacando al presidenciable norteamericano Donald Trump con la siguiente inepcia para el bronce: “Trump dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice”. Retruécano barato y absurdo, pues si alguien dice lo que piensa, es obvio que lo ha pensado y, por tanto, no puede ser acusado de no pensar lo que dice. Pero para Piñera “suena” bien, “pega”, y para mantener mayoría en la carrera presidencial en Chile eso basta.

        En fin, demasiado parecido a “1984”, de Orwell. Y así, con el concurso de la derecha, que parece haber cambiado su lema básico de 1973, “la Papelera No”, por el más “actual”, “moderno”, “renovado”, “alejado del Gobierno Militar”, de “la Papelera Sí” o, mejor dicho, “también”, continuamos cuesta abajo en la rodada.

Éramos Tan Felices

          ¿Había algún problema con el papel confort o tissue? Ninguno. No era tema. Todos compraban lo que necesitaban, muchos vendían en libre competencia en ese mercado. LUN del 07.11.15 nos presentó las empresas chicas que participan rentablemente: Rapak Chile, FPC Tissu, de Concepción; Proclean, de la V Región. “El Mercurio” de hoy (“Economía y Negocios”) presenta a otra, ADD, que produce 40 toneladas al mes y aspira a llegar a 100. Un mercado diversificado, libre, abierto y que funciona bien, probablemente gracias a que las grandes empresas no se habían trabado en una guerra de precios, cuyas primeras víctimas habrían sido todas las pequeñas y que habría terminado en un monopolio o, con suerte, en un  duopolio, pero éste con un “acuerdo” no escrito. Lo habíamos evitado y éramos tan felices.

Pues justamente la razón de que pudiera preservarse un mercado abierto y competitivo ha sido que las dos grandes, CMPC y SCA, se pusieron de acuerdo en una convivencia civilizada que preservara la libre competencia. Pero resulta que esa situación económica y socialmente deseable no pudo subsistir. Siempre hay alguien que arruina las cosas: la ley decía que ponerse de acuerdo es delito, aunque nadie tuviera problemas y todos estuvieran contentos. Pues nunca salió en ningún diario, radio o noticiero de TV que en el mercado de los papeles higiénicos algo anduviera mal o alguien estuviera descontento.

          Hasta que apareció el Lobo. Reagan lo había advertido: el Estado no soluciona problemas, sino que los crea; “el Estado ES el problema”, decía. Y entonces el Lobo ha decidido perseguir con publicidad a las empresas que llegaron a acuerdo, porque una mala ley lo prohíbe. Y se ha iniciado el peor de los juicios, el  “juicio por los diarios”, a raíz de lo cual la masa, que no tenía la menor idea ni el menor problema con el papel higiénico en ninguna de sus variedades, pero que cuando se trata de echar a perder algo que anda bien siempre está lista para poner manos a la obra, ahora exige las cabezas de los que, en vez de hacer la guerra, se pusieron de acuerdo: “¡crucifíquenlos, crucifíquenlos!”. Y a una voz todos se han puesto a hacerlo.

La prohibición de llegar a acuerdos no debería regir para mercados abiertos a la competencia en que haya empresas dominantes, porque sin acuerdo de las mismas se desatará entre ellas una guerra de precios y se cerrará el mercado abierto. Al final, sobrevivirán sólo las más grandes. Vea usted: ya el diario da como “buena noticia” (el diario suele ser el último en enterarse, como el marido, usted sabe) que los papeles higiénicos han bajado de precio desde que se denunció la colusión. Obvio, es que ya ha comenzado la guerra de precios. Donde no había ningún problema y surgían numerosos competidores pequeños, la intervención punitiva estatal llevará a que no quede ninguno. Los más grandes han declarado la guerra. ¡Y éramos tan felices en la paz!

Salvo que, otra vez, como en casos anteriores (farmacias, pollos) sea una intervención estatal por completo inútil, sólo para “condenar por los diarios” a determinadas personas y desprestigiarlas ante la opinión pública, lo que es fatal para ellas, por supuesto, pero no para la economía ni el funcionamiento del mercado. Pues hoy esos mercados “castigados por los diarios” siguen funcionando tal como lo hacían antes del escándalo. Claro, los empresarios han sufrido el linchamiento en la plaza pública. Pero han sobrevivido. Otros “linchados por los diarios”, que ni más ni menos salvaron al país, han terminado en Punta Peuco.

          Y como estamos en Chile, el país de la “vuelta de chaqueta”, a la hora del escándalo todos rasgan vestiduras, como si no tuvieran un tremendo “tejado de vidrio”. Hasta Sebastián Piñera, cuya empresa LAN fue condenada precisamente por colusión cuando él era controlador, se ha sumado a lanzar piedras (lo hace siempre desde el lado mayoritario en las encuestas) y ahora dice que debería aumentarse la penalidad de la colusión. Es que ya LAN pagó la multa.

Pero están también las puñaladas por la espalda. Seguramente Eliodoro Matte fue muy decisivo para que un hombre de izquierda, como José Zalaquett, fuera invitado a integrar el Consejo del CEP, porque a las instituciones de derecha les gusta “vestirse” con gente de izquierda cuando gobierna la izquierda, por razones “de imagen”.

Además, Zalaquett fue opositor al Gobierno Militar y la moda actual es alejarse de éste. Hasta un partido de derecha que nació bajo la égida de dicho régimen borró hace poco la mención al mismo en su Declaración de Principios, ocasión en la que yo le propuse cambiar su nombre, “Renovación Nacional”, a “Renegación Nacional”, mucho más apropiado, pero hasta ahora no me ha hecho caso.

Entonces Zalaquett ha decidido “agradecerle” a Eliodoro la distinción renunciando precisamente ahora al CEP, y "por los diarios": “si usted está en el Consejo, yo no puedo estar”, en inequívoco gesto destinado a desencadenar la renuncia del propio Eliodoro, que otros izquierdistas vienen pidiendo con insistencia y quieren exhibir como trofeo.

          Y eso no es lo peor. Ojalá las puñaladas vinieran sólo desde la izquierda: la SFF decidió “suspender” a la CMPC, en vista del “juicio por los diarios”, aunque hasta ahora no se ha probado que Matte o la superioridad de la empresa matriz siquiera supieran del acuerdo denunciado. Esto es nuevo, porque la SFF nunca había tenido problema, hasta ahora, en convivir pública y ostensiblemente con notables “coludidos”, como Jorge Awad y Sebastián Piñera, presidente y controlador de LAN, respectivamente.

          En resumen, un mercado que funcionaba bien ha sido remecido por un escándalo artificial y se puede pronosticar que en él todo empeorará. Pronostico que será para beneficio económico de las empresas a las cuales se quiso castigar y en perjuicio de las demás y de los consumidores a los que se quiso “proteger”, pues ahora, o enfrentarán a un monopolio o, en el mejor de los casos, a un duopolio regido por un acuerdo tácito que permita a las dos empresas mayores cerrar la entrada a las demás.

Y, por supuesto, dicho escándalo sólo servirá para seguir desprestigiando al modelo de libre mercado, que sólo ha traído progreso y bienestar para el país, todo en medio del triste espectáculo de quienes se dicen defensores de éste jugando el rol de principales atizadores del fuego.

La Verdad de "Missing"

          Escribo por motivación. Si no la tengo, no escribo; y si la tengo todos los días, escribo todos los días. Por eso ayer escribí y lo hago de nuevo hoy tras leer en la revista “Sábado” de “El Mercurio”, un reportaje de izquierda sobre el caso de Charles Horman, un izquierdista norteamericano que vino entre los doce mil similares suyos y de otras nacionalidades que llegaron entre 1970 y 1973 a transformar a Chile en otra Cuba. Pero Horman ha sido a su vez transformado por la propaganda roja en un “intelectual” que sólo quería compenetrarse de la realidad nacional de esos años, aunque vivía en el “Cordón Vicuña Mackenna”, que iba a ser una punta de lanza del autogolpe marxista previsto para el 19 de septiembre de 1973 en el “Plan Z”.

          La película “Missing”, del comunista griego Costa-Gavras, que obtuvo varios Óscar, presentaba a Horman como un “detenido-desaparecido”, pero eso no era verdad, porque el agente civil adjunto a Inteligencia de la FACH, que también había servido esa función bajo Frei Montalva y Allende, Rafael González Berdugo, encontró sus restos en el Instituto Médico Legal y los repatrió a los EE. UU., donde están enterrados, en marzo de 1974. Y cumplió esa tarea por instrucciones del Ministro de Defensa del Gobierno Militar, almirante Patricio Carvajal, quien le expresó que la diplomacia norteamericana insistía en preguntarle a la Junta por el paradero de Horman, pero ésta lo ignoraba. González Berdugo entonces recorrió todos los centros de detención de subversivos, sin hallarlo, y finalmente comprobó que el Instituto Médico Legal, a donde había sido llevado su cadáver, presumiblemente encontrado en la calle, lo había hecho enterrar en el Cementerio General. Exhumó los restos y los entregó a un representante de los EE. UU.

          Pues bien, ahora, después de una decena o más de años de un proceso ilegal conducido por un ministro sumariante de izquierda, González Berdugo ha sido condenado a dos años de presidio como, supuestamente, cómplice de la muerte de Horman, sin serlo, naturalmente. Porque nunca supo de ella hasta que encontró su cadáver obrando por orden superior. Es posible que si la causa sube a la Corte Suprema la pena remitida le sea cambiada por otra efectiva de cinco años y un día, como les ha sucedido a otros oficiales que han caído en manos de la Sala Penal de izquierda del más alto tribunal. Algunos llaman a esto “debido proceso”, pero él tiene lugar contraviniendo la verdad de los hechos, sin pruebas condenatorias y pasando por sobre leyes vigentes como las de amnistía y prescripción. Es decir, violando TODAS las bases de un debido proceso.

          Durante estos años me enteré, en sucesivas visitas que me hizo González Berdugo (que, entre paréntesis, maneja un caudal de información impresionante) de cómo él gastó cuanto tenía y también mucho de lo que no tenía en financiar su defensa ante la persecución del ministro sumariante de izquierda, lo que no le sirvió para eludir la condena, siendo inocente. En una oportunidad me llamó un sacerdote italiano muy comprometido en obras sociales, muerto hace no mucho tiempo, y me dijo que tenía una favorable impresión de Rafael González y lo consideraba una buena persona, y que cómo podía ser posible que se le persiguiera por un crimen que no había cometido. Yo le repliqué que en Chile impera una justicia de izquierda que no respeta la ley ni el estado de derecho.

          Fue justamente Rafael González quien me llamó la atención una vez acerca de que en ningún proceso contra la DINA o la cúpula de la DINA apareciera procesado o condenado por los jueces el Sub Director del organismo, coronel de la FACH Mario Jahn Barrera y, en cambio, sí eran incorporados a “la cúpula”, invariablemente, quienes eran apenas tenientes a la época de los hechos, como Krassnoff y Laureani, por ejemplo, recibiendo condenas a cadena perpetua de hecho por ese concepto, a diferencia del Sub Director, que falleció no hace mucho gozando de libertad. Habría que preguntar la razón a los jueces de izquierda o a los testigos y abogados de izquierda o del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que, en la práctica, son quienes determinaban y determinan el curso de los procesos.

          En todo caso, la versión que el mundo conoce del caso Horman es la de “Missing” y de la revista “Sábado”, y no la que entrega la verdad, lo que parece ser un sino en cuanto concierne a todo lo que diga relación con el Gobierno Militar que rescató a Chile de un destino totalitario que en 1973 parecía inevitable.

Reflexiones para una Abogada Estremecida

          Una abogada ha escrito a “El Mercurio”, a propósito del acuerdo de CMPC Tissue y SCA: “La democracia y la economía social de mercado suponen –más que cualquier otro sistema— el respeto a la ley. … Nadie está eximido de cumplir la ley. Nadie debe escapar al castigo por no cumplirla”. Es que ambas empresas suscribieron un acuerdo contrario a la ley.

          Como decían los romanos, “dura lex, sed lex”: “dura es la ley, pero es la ley”. Claro que ellos también decían “summum jus, summa injuria”, es decir, el derecho aplicado al extremo provoca daño extremo.

          Pues el mercado del papel tissue funcionaba bien, competitivamente. Cualquiera podía producir o importar el producto. Surgieron varias empresas menores que lo hicieron, tanto que los consumidores, inducidos en estos días por “los juicios por los diarios”, pudieron dejar de comprar papel de las firmas coludidas y “castigarlas”, favoreciendo a la competencia. ¡Pero ésta fue posible, precisamente, gracias al acuerdo de las empresas dominantes! Sin éste no habrían podido existir otras empresas, pues el monopolio no habría dejado entrar competidores. El mercado funcionaba bien, nadie había hecho cuestión de eso… hasta que el Estado denunció: “¡Se está violando la ley!” Partió “el juicio por los diarios” y el país entero rasgó vestiduras. Alguien defendió a los empresarios dominantes y entonces la abogada se estremeció y lo fulminó con sus cartas al diario.

          Junto con suceder eso, me escribe un colega suyo y me refiere que el capitán (r) de Carabineros Óscar Sepúlveda cumple cinco años y un día en Punta Peuco por el secuestro de un individuo. Los jueces que lo condenaron no probaron que tal secuestro siga teniendo lugar, pero lo condenaron igual. Todo eso es ilegal. También lo es porque el delito está prescrito y amnistiado. En ese caso, y en tantos otros, no sólo se ha violado una ley, sino todas las que regulan el debido proceso. ¿Y la abogada acaso se estremeció? Nada, pese a que no pudo sino saberlo, porque se ha publicado en todas partes y hasta un juez lo confesó en la TV en hora prime.

En el caso del papel tissue ella escribe al diario y proclama que “nadie está eximido de cumplir la ley”, pero en el de las condenas ilegales a militares no le escribe a nadie ni dice nada.

          Y podría ser grave que no haya dicho nunca nada, porque, me informa un abogado, el capitán (r) Sepúlveda ha presentado un recurso de revisión a la Corte Suprema en que probaría, mediante un documento oficial del Arzobispado, que el supuesto secuestrado permanente a manos de él habría sido sacado del país por la Vicaría de la Solidaridad y hoy vive en otro país sudamericano. "¡J'accusse!”, habría proclamado Emile Zola. Pero en este caso la abogada estoy seguro de que no va a acusar a nadie cuando todo se sepa.

          Como tampoco dijo ni escribió nada cuando, violándose pública y notoriamente no sólo una ley, sino TODAS las normas del debido proceso, se reabrió el “caso Quemados”, un juicio terminado por sentencia ejecutoriada en 1986, relativo a hechos prescritos, y se encarceló a nueve conscriptos y dos oficiales. Es que no sólo ella, sino el país entero cohonestaron ese flagrante atropello. Tanto que Larraín (Hernán, UDI) y Walker (Patricio, DC) al unísono pidieron público perdón a la guerrillera que resultara quemada por su propio artefacto incendiario en 1986 (prontamente traída al país desde su actual destino diplomático por el Gobierno, que es el que arma estas campañas publicitarias).

          Sin novedad en el tinglado… hasta que nueve conscriptos dieron al país una lección de integridad que nadie esperaba, y de la cual seguramente la abogada estremecida por la colusión del papel ni siquiera se dio cuenta, porque no ha leído las fojas 1.811 y siguientes del “indebido” proceso incoado por el más insigne sepulturero actual del Estado de Derecho, el ministro Carroza.

En esas fojas los ex conscriptos Julio César Pereira y Luis Alberto Mendoza, largo tiempo detenidos por negarse a faltar a la verdad, mantienen lo que vienen diciendo desde 1986, pero uno de ellos añade, a fojas 1.834, que Guzmán Espíndola, uno de los dos que cambió su testimonio y le sirvió al Gobierno para “estremecer” a la opinión pública con el “vuelco en el caso Quemados”, le dijo que podía conseguir dinero si cambiaba su testimonio, que se lo había pedido al Ejército pero éste se lo había negado.

Era obvio a quién se lo había pedido después, el mismo que se lo había dado: el juicio espuriamente reabierto fue impulsado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

          ¿Se estremecerá la abogada celosa de la legalidad cuando se publique la aparición del “desaparecido” por cuyo “secuestro permanente” el capitán (r) Óscar Sepúlveda cumple cinco años y un día? ¿Se estremecerá al leer las fojas 1.811 y siguientes del expediente ilegalmente reabierto del “caso Quemados” y en el cual modestos pero íntegros ex conscriptos han sostenido heroicamente la verdad, y por eso han pasado largo tiempo presos y luego debido conseguir cada uno un millón de pesos de fianza, que no tenían, para conseguir su libertad provisional? ¿Defenderá ella con el mismo ardor (y publicidad), en esos casos, el Estado de Derecho?

Ejercicio General del Doble Estándar

          El rasgar de vestiduras porque una empresa, en lugar de usar su poder monopólico para quebrar a un competidor que la desafiaba, prefirió llegar a un acuerdo con él, quebrantando, es verdad, la letra de la ley (una mala ley, pues alienta la guerra de precios), se ha tornado atronador. Ahora resulta que la letra de la ley es sagrada.

Una abogada escribe, en terminante carta al diario, que ésa es la base de la democracia y el estado de derecho. Pero nadie vio nunca ninguna carta suya al diario cuando un juez confesó en cámara que violaba la ley y condenaba a militares mediante una “ficción jurídica” y sin probar, como era su deber, la existencia del delito, que estaba, por lo demás, amnistiado y prescrito. Entonces, sin embargo, no angustiaba a la intransigentemente ética abogada la trasgresión de las leyes penales, pese a que distinguidos juristas, como el decano Miguel Schweitzer y el historiador Gonzalo Vial, decían públicamente que se estaban barrenando las bases mismas del estado de derecho. Pero eso no la motivaba a salir de su silencio, como ahora, no obstante que la ilegalidad rampante ha ido llenando durante años de “ilegalidades, inconstitucionalidades y arbitrariedades” (Adolfo Paúl) un penal con presos ancianos y enfermos que, en una sociedad civilizada, no podrían haber estado encarcelados aunque hubieran sido legalmente juzgados. Es decir, la letra de la ley sólo es sagrada cuando resulta “políticamente correcta”.

          Asimismo, sorprenden la saña y el doble estándar de Jorge Awad para condenar públicamente al presidente de la Papelera, presumiéndole conocimiento de la colusión con SCA, pero olvidando que él mismo, cuando era presidente de LAN, entre 2001 y 2012, sufrió la condena de su empresa por colusión en el transporte aéreo de carga y, reconociendo culpabilidad, pagó una elevada multa. ¡El epítome del doble estándar: ver la brizna en el ojo ajeno y no la viga en el propio! ¿O será ésta una muy chilena “pasada de cuentas”?

          

        Ni tampoco ha demorado el entonces controlador de LAN, Sebastián Piñera, en saltar al ruedo y dar lecciones de ética ¡él, “of all people”! teniendo un prontuario que a cualquier otro menos audaz induciría, por prudencia, a quedarse callado. Hasta se manifiesta ahora partidario de aumentar las sanciones a la colusión (después que ya pagó sólo multa por la de su empresa), llevando seguramente a muchas personas a preguntarse por qué no propuso bajo su gobierno ese agravamiento de penas que hoy públicamente describe como necesario.

          Y no deja de ser llamativo el doble estándar ético de los que condenan públicamente el recientemente denunciado acuerdo de precios entre CMPC y SCA, recibiendo a raíz de ello las felicitaciones de otros “guardianes de la ética”, cuando todos sabemos que en 2009 el uno y los otros fueron a votar con entusiasmo por el candidato con el más oscuro prontuario, ex prófugo, conspirador en vergonzosa intriga contra una correligionaria política, y también entonces recientemente sorprendido y condenado por uso de información privilegiada y –esto se supo después- usuario de dineros para su campaña obtenidos mediante facturas ideológicamente falsas, en gran parte usados para pagar bonos de ejecutivos de una empresa suya; y, en fin, hábil y reiterado transformador de votos en contra, en comisiones investigadoras de sus actuaciones, en sufragios a favor suyo que inhiben la investigación.

          Y todos esos “guardianes de la ética” volverán, sin duda, a unirse como un solo hombre tras el mismo personaje en 2017, dando una vez más el siguiente argumento, pletórico de “moralidad”: “Es que es el candidato mejor posicionado en las encuestas y el único que tiene plata para la campaña. Pues se trata de ganar ¿o no?”. 

          ¡Loada sea, Chile, tu ética!

Vida en el Reino de la Imbecilidad

          Entre nosotros siempre ha reinado la imbecilidad, pero ahora, a raíz del “escándalo por la colusión en el papel tissue”, ella adquiere los caracteres de una monarquía absoluta.

          Todos, pero absolutamente todos, desde la izquierda a la derecha, se han plegado a ella y ya la gota que colmó el vaso fue la imploración de perdón de Eliodoro Matte en “El Mercurio” dominical, que sólo resulta aventajada por la petición de renuncia a su presidencia del CEP que le exige Carlos Peña en la misma edición, malacostumbrado a que el rudimentario Piñera destituyera ministros apenas él se lo pedía.

          Eliodoro me hizo recordar al Cardenal Midszenty, de Hungría, que tras suficiente apremio y lavado de cerebro por parte de sus cancerberos soviéticos, en los años ’50, aparecía demacrado ante la prensa occidental confesando que, en realidad, era culpable y que el régimen comunista que lo había apresado y torturado tenía toda la razón.

          Pero, en verdad os digo, si bien la imbecilidad predomina sin contrapeso, no temáis: este blog, un islote de razón y verdad en medio de ella, no cesará de delatarla.

          El siguiente relato sobre el caso del papel tissue es aplicable a los pollos y a las farmacias, temas con respecto a los cuales la opinión pública ya se ha formado una opinión inamovible, sólidamente asentada en la misma imbecilidad general.

          La Papelera controlaba el 100% del mercado chileno del papel tissue, pero no constituía un peligro monopólico, porque cualquiera podía, si era capaz, competirle o importar productos de esa clase. Entonces, de hecho unos empresarios jóvenes del rubro del papel, Papeles Industriales S.A. (PISA), abordaron con éxito ese mercado. La Papelera pudo haberlos arruinado mediante una “guerra de precios”, bajándolos lo necesario para que PISA perdiera suficiente dinero y abandonara ese rubro. Pero los Matte son caballeros y llegaron a un acuerdo con  PISA, cuyos dueños también lo son, cediéndoles una parte minoritaria del mercado. A todos les fue bien y PISA se vendió a la multinacional sueca SCA. Pero ahora todos se atropellan para pedir perdón o buscar alguien a quien culpar... por haber actuado bien.

          Pues el acuerdo que ahora se criminaliza en nada perjudicaba a los consumidores, porque cualquier otro emprendedor podía y puede entrar a ese mercado para producir o importar papel tissue. De hecho, se vende una gran variedad de distintos orígenes.

          La misma persecución inicua sucedió en el caso de los pollos, en que Vial, Ariztía y Covarrubias, en lugar de destrozarse mutuamente en una guerra que seguramente habría ganado el primero, quedando como monopolista del mercado local (que es el resultado al cual conduce la persecución de los imbéciles, es decir, de casi todos) se pusieron de acuerdo. Como son caballeros llegaron a un pacto de tales. Incluso en una ocasión en que uno de ellos sufrió una catástrofe productiva por un siniestro, otro le prestó auxilio para que pudiera cumplir sus contratos de venta.

          Por supuesto, nada de esto lo pueden entender quienes no son caballeros y sí acentuadamente imbéciles, léase la gente de izquierda y sus compañeros de ruta, que cuando suscribieron con la derecha un acuerdo para nombrar al activista de izquierda Brito y luego al respetuoso de las leyes Pfeiffer como ministros de la Corte Suprema, una vez aprobado el primero con los votos de la derecha, rechazaron al segundo con votos de la DC y la izquierda. Lección no aprendida por la derecha: no debe suscribirse un pacto de caballeros con quienes no lo son.

          Por supuesto, el Fiscal Nacional Económico se ha puesto a la cabeza del masivo desfile de las huestes de la imbecilidad, porque al primer atisbo de acuerdo en lugar de guerra entre emprendedores, los denuncia a los medios y de ahí derivan inevitablemente los “juicios por los diarios”, que terminan en condenas sin pruebas pero devastadoras para las víctimas. Los empresarios de los pollos y de las farmacias lo saben bien, porque las han sufrido y ahora los primeros tendrán que soportar el pago de multas por US$60 millones que la Fiscalía les ha impuesto, ratificadas por la Corte Suprema de izquierda y, coincidentemente, dadas a conocer junto con la denuncia del papel tissue, todo lo cual el Gobierno trata de aprovechar publicitariamente al máximo, para disimular su propio fracaso.

Pero lo más pintoresco de todo es que, en medio de una larga entrevista de hoy, en “La Tercera”, el Fiscal Nacional Económico se ha negado a  contestar la siguiente pregunta: “Ustedes denunciaron el caso (Pollos) en 2011. ¿Ha cambiado el mercado avícola en sus participaciones, en sus prácticas?”. Respuesta: “Preferiría no referirme a eso”. Obvio: ese mercado funciona exactamente igual que antes y sigue abierto a la competencia de los que quieran producir o importar pollos, como lo ha estado siempre. La única novedad es que el Estado les va a robar US$60 millones a emprendedores honestos, algunos de los cuales han debido sortear enormes dificultades para sobrevivir en un rubro mundialmente competitivo y tendrán grandes dificultades para solventar la exacción estatal.

          Tampoco, bajo el reinado de la imbecilidad, ha sido de extrañar que la SFF, en lugar de defender a sus asociados, haya resuelto borrar de sus registros a las empresas avícolas, que a su turno habían presentado su renuncia a la entidad gremial precisamente por considerarla más preocupada del tema “de imagen”, determinada a través de los “juicios por los diarios”, que de defender a empresarios eficientes y caballeros, que prefieren cooperar entre sí en lugar de enfrascarse en “guerras de precios”, como lo impone de hecho la ley vigente bajo la monarquía de la imbecilidad.

Hay que decir que antes la situación era aún peor, porque podían meter presos a empresarios que llegaran a cualquier acuerdo. Lagos, “que se hace, pero no es”, modificó esa norma brutal y primitiva y eliminó la pena corporal, por lo cual ahora la marea imbécil lo está criticando. Espero que lea este blog y aprenda a defenderse.

          Pero el país no merece vivir eternamente bajo el reinado de la imbecilidad y hay dos medidas urgentes y obvias para que éste no prevalezca, pues si así ocurre se obligará a los empresarios a proceder como depredadores en los mercados, en lugar de comportarse como gente decente, dispuesta a llegar a acuerdos: primera, modificar la ley vigente y que penaliza los acuerdos en mercados abiertos y competitivos, estableciendo que bajo esas condiciones ellos son adecuados; y, segunda, exigir que el Fiscal Nacional Económico no sea abogado sino economista, para que entienda mejor la realidad de los mercados y se ciña a ella más que al tenor literal de una norma absurda. A la vez, se podría designar al actual Fiscal como ministro de la Corte Suprema, que en lugar de aplicar las leyes en materia penal recurre a “ficciones jurídicas” para condenar militares. Así se añadiría un voto a la minoría actual que en ese alto tribunal lucha sin éxito por preservar la observancia de las leyes, el estado de derecho y el debido proceso.

          Y, finalmente, les aconsejaría a los suecos de la coludida SCA, que terminarán siendo los únicos sancionados, en su calidad de adquirentes de PISA, que “no se hagan los suecos” y reclamen, como extranjeros que son y meras víctimas de una arbitrariedad, un trato equitativo y adecuado a la realidad de que sólo han procedido a trabajar y producir en Chile sin haber cometido otro delito que competir lealmente en acuerdo con otra empresa, en lugar de enfrascarse en una absurda guerra de precios.