Siempre,
contrariando la corriente populista dominante, he defendido a los empresarios
que, en lugar de aniquilar a un competidor más débil mediante una guerra de
precios, convirtiéndose así en monopolistas, se ponen de acuerdo con él para
compartir el mercado. Pero los he defendido bajo la condición de que el respectivo
mercado sea competitivo, haya libre entrada al mismo y todos los productores sean
desafiables.
Ha sido el caso de las
farmacias, de los pollos y lo es ahora del papel confort. Pero el argumento de
la prensa, de las autoridades y, por consecuencia, de la opinión pública, e
incluso de directivas empresariales más interesadas en complacer a los
populistas que en defender la razón y la verdad, es de que habría habido una
ganancia en perjuicio de los consumidores. Lo cual no es así, porque si lo
fuera, cualquiera abriría nuevas farmacias, produciría o importaría pollos o
papel tissue y haría una ganancia extraordinaria, y no hay nadie que lo haya
hecho.
Pero es
verdad que la ley dice que ponerse de acuerdo en cuotas o precios en esas
circunstancias, en lugar de entrar en una guerra de mutua destrucción, es delito.
Ante esa situación absurda, entonces, hay que cambiar la ley. Sobre todo porque es inconducente, como lo demuestra el hecho de que en los casos de las ya sancionadas cadenas de farmacias
y productoras de pollos, todas siguen produciendo y obteniendo beneficios igual
que antes. Ello prueba que, si ya no mantienen un acuerdo expreso, declarado
ilegal, han llegado a uno tácito, que no es contrario a la ley ni constitutivo
de delito. Y siguen produciendo, para bien
del país y de los consumidores.
Por eso predigo aquí y ahora que tanto CMPC como
SCA, tras sufrir el escarnio público, también van a seguir produciendo y
ganando dinero igual que ahora, aunque no mantengan un acuerdo expreso. Porque
son empresas de gente razonable y civilizada y, en lugar de procurar arruinarse
mutuamente, van a operar en virtud de un acuerdo tácito, sin una guerra de precios
que deje a una sola y destruya a la otra.
Por otra parte,
todo el mundo sabe que actualmente hay la más amplia variedad de papeles tissue
para que el consumidor pueda elegir desde baratos y rudimentarios hasta sofisticados
y caros. Y, además, quien desee competir en ese mercado puede hacerlo y si no
lo hace es porque no ve en él ganancias extraordinarias y, por tanto, tampoco puede haber abuso a expensas del consumidor.
Pues si en
Chile cualquiera puede abrir una farmacia, producir pollos o vender papel
confort, o importar alguno de estos últimos dos productos, entonces por
definición no puede haber abuso. Si lo hubiera, más empresas entrarían a la
actividad y las únicas barreras que tendrían que superar serían las que les
ponga el Estado, es decir, la
burocracia.
La poderosa Papelera
pudo haber sacado a SCA del mercado del papel tissue, bajando los precios, y
haberse quedado con toda la porción de la demanda que cubría ésta, convirtiéndose
en monopolio, pero en lugar de eso prefirió llegar a un acuerdo. Todo el mundo
sabe que en ese mercado hay libre competencia. Se puede producir o importar
papel confort. En una economía abierta no puede haber abuso de posición
monopólica.
Pero, como se trata de tirarles carne a las fieras para que aparten la mirada de tantos otros escándalos, como
el del abuso que comete el Estado con los ciudadanos, haciéndolos pasar la
noche a la intemperie para conseguir un número de atención o una clave,
doblándoles el precio del servicio (pasaportes) y permitiendo a los funcionarios
usarlos como carne de cañón para obtener un bono multimillonario al estilo de
los que le han extraído a Codelco y al Banco del Estado, todos los fuegos se
concentran en las empresas privadas que concretaron un acuerdo razonable, pero
prohibido por la ley, como tantas otras cosas razonables que lo están, entre
ellas la de pactar libremente las condiciones de trabajo.
Y es una vergüenza que la jefa
de la revolución socialista en curso “zafe” del tema del desastroso estado al
que conduce al país, asolado por la corrupción política, la delincuencia y el
terrorismo incendiario, y afligido por la incertidumbre económica y social
y la completa falta de probidad, orden y autoridad, con el simple recurso de poner en la
picota del escándalo a empresarios respetables, acusándolos falsamente y
valiéndose de una ley absurda, de causar un perjuicio al interés general.