MONOPOLIO ESTATAL DEL PETRÓLEO

El petróleo es demasiado importante como para estar entregado a un monopolio estatal. Ese mercado debe abrirse a la libre exploración y explotación. Si las hubiera, sucedería lo mismo que en el cobre y la minería, donde hoy los mayores productores son privados, gracias a la Ley Minera del entonces ministro José Piñera. Pues originariamente el "dominio eminente" de los yacimientos era del Estado, según la Constitución de 1980. Esto había sido conseguido por algunos oficiales "estatistas" del entorno próximo del presidente Pinochet, pero no daba confianza a los privados.  

Hace 40 años estuve en Aberdeen, Escocia, para visitar pozos petroleros en el Mar del Norte. Por el mal tiempo los helicópteros no pudieron despegar. Me tuve que quedar conversando con algunos ejecutivos y les pregunté si habían explorado en Chile la existencia de petróleo. Me dijeron que sí, pero constreñidos a un rectángulo que les había permitido ENAP. Quedaron con la impresión de que había petróleo cerca, pero era demasiado engorroso y lento conseguir otro rectángulo de mar para buscarlo. Problemas del estatismo. 

Éste, además, se presta para el abuso político. Ello acaba de confirmarse: en diciembre, tras la elección presidencial, cayó el dólar en Chile desde cerca de $1.000 a $850 o menos.  Eso significaba que, en pesos, el petróleo se hacía 10 o 15 % más barato. ¿Por qué no fue aprovechado y consagrado por el gobierno de Boric? Porque la izquierda había perdido la elección y no quería entregarle gratis a Kast una "luna de miel" de menores precios, mayores salarios reales y más bienestar.

Al contrario, ENAP les subió el precio a los combustibles, si bien muy poco, alegando que habían encarecido en el mercado mundial. "Se quedaron con la plata". Porque los dólares para comprar los combustibles les costaban 10 o 15 % más baratos que antes y los vendían a mayor precio que antes.

Ahora yo creo que el estrecho de Ormuz se va a reabrir en unos días más, el petróleo va a bajar y, si ENAP no se queda de nuevo con la plata, los precios al consumidor también van a disminuir. Luego, los salarios reales van a remontar. Y la popularidad del gobierno también va a recuperarse.

Entonces debería darse la oportunidad de abrir a la competencia este mercado. Si ello sucede, más de alguien va a reconocer el acierto de los chinos, entre quienes la palabra "crisis" se escribe con dos símbolos: el del "peligro" y el de la "oportunidad". 

DÉJÀ VU

Los cuatro años de este gobierno, el primero de derecha desde el de Augusto Pinochet, van a ser –ojalá-- parecidos al período 1986-90 de ese gobierno. Aunque no creo que las medidas liberalizadoras, privatizadoras y tributarias vayan a ser de la misma profundidad. Por ejemplo, el ministro de Hacienda Quiroz anuncia una rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23 %. En 1986 el entonces ministro Büchi rebajó a 10 por ciento ese impuesto.

Los resultados son diferentes en uno u otro caso. En carta a El Mercurio de ayer el ingeniero y economista Jorge Claro Mimica expresa: “simulaciones razonables muestran que los proyectos rentables podrían aumentar en torno al 20% con una tasa de 23 % y hasta cerca de un 70 % con una tasa de 10 %”.

Eso hizo posible que Chile creciera 5,6 % en 1986, 6,5 % en 1987, 7,3 % en 1988 y 10,6 % en 1989, poniéndose a la cabeza del hemisferio.

En 1986 el desempleo era de 10,4 %, en 1987 de 9,6 %, en 1988 de 8 % y en 1989 de 7,1 % promedio, culminando en 5 % en enero de 1990. Cifras del Banco Central usadas en mi libro “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”.

Hubo entonces medidas muy valientes que no creo este gobierno se atreva a tomar, como privatizaciones aceleradas con posibilidad de pagarlas con papeles de la deuda externa a su valor nominal, cuando podían comprarse a una fracción de eso en los mercados bursátiles. O la congelación del salario mínimo obligatorio en 1985.

A quienes dicen que la disminución de impuestos va a traducirse en menores ingresos fiscales se les puede responder que el déficit presupuestario era de 6,3 % del PIB en 1985 y se redujo a 2,5 % del PIB en 1989.

¿Estaba contenta la mayoría en ese tiempo de enorme progreso material en todos los órdenes? No, porque la propaganda adversa era muy poderosa y sostenía que había cinco millones de pobres y eso no se podía tolerar. Y decían que el progreso era sólo para los más ricos y las reducciones tributarias los beneficiaban a ellos y no al grueso de la población. Pero entraron un millón de alumnos a las universidades, cuando ese mercado era todavía libre, cuyos padres no habían tenido posibilidad de acceder a la educación superior.

A posteriori todo el mundo concuerda en que el mejor período en la historia de Chile en lo económico, lo social y hasta lo político fue 1985-2015, “los mejores treinta años”. Se forjaron sobre la base de las medidas del último presidente de derecha y su ministro Büchi. Pero el primero perdió su reelección en 1988 (claro que mediando un "cohecho” norteamericano y europeo occidental de $2,5 millones de dólares en favor del No). Y en 1989 Büchi perdió ampliamente frente a Aylwin, que ya era Aylwin II y había olvidado todo lo que Aylwin I dijo e hizo para que un gobierno militar nos salvara de una "tiranía comunista" (sic).

Los pueblos, o sus mayorías, no son agradecidos. Más bien son “interesados”. También hoy. Preste oídos a las críticas del marxismo y la izquierda en general. Son las mismas que en 1985-90.  Y hace poco más de cuatro años el pueblo eligió a la némesis de Pinochet, que iba a repartir todo lo de los demás, y arrasó.

Y la prédica negativa ya ha hecho bajar seis puntos el apoyo a Kast. Déjâ vu.

 

PRESOS LIBRES Y JUECES PRESOS

La mayor y más evidente corrupción en el Chile actual se registra, y desde hace dos décadas, en el Poder Judicial. Concretamente, a raíz de los juicios sobre supuestas violaciones de derechos humanos. 

La Corte Suprema, las de Apelaciones y los ministros sumariantes de primera instancia han protagonizada la falsificación de la verdad y el atropello al derecho más descarados de la historia judicial chilena.

Esto ha sido denunciado reiteradamente, pero los medios de la corriente dominante han preferido mirar para otro lado y el grueso de la opinión pública, por eso, ni siquiera se ha enterado. Peor aún: merced a muy repetidas consignas falsas ("relato mata dato") la mayoría cree lo contrario.

Llegado un nuevo gobierno, hubo esperanzas de que esto cambiaría, porque el Presidente de la República tiene los atributos constitucionales y legales para hacerlo cambiar. Pero las señales apuntan a que todo seguirá igual. Y por una razón evidente: Kast incorporó preferentemente a sus equipos a la raíz del mal: los partidos de los gobiernos de Piñera. Pues ellos desataron la mayor parte de la persecución político-judicial prevaricatoria (prevaricación: fallar contra ley expresa y vigente) contra los uniformados. 

Antes de Piñera había 300 querellas comunistas y ninguna acogida. Piñera, sólo en su primer gobierno, presentó mil más. Han resultado 500 militares condenados, de los cuales cien han muerto tras las rejas.

Pero un libro puede cambiar la historia. Y dos pueden asegurar el cambio. El primero, Prevaricato, de Adolfo Paúl Latorre, reedición actualizada. Ahí están todas las denuncias de los delitos cometidos durante veinte años por jueces chilenos, "de capitán a paje": desde la Corte Suprema a los sumariantes de primera instancia.

Y luego, Condenas Sin Ley, Juicios Sin Garantías, del abogado penalista Jorge Eduardo Montero Mujica, aún no publicado y que estoy leyendo con admiración, porque no conozco otra obra jurídica nacional de tal rigor y erudición. 

Son 380 páginas que moralmente obligan al inmediato indulto de los 400 Presos Políticos Uniformados sobrevivientes y a la interposición de querellas ante las Fiscalías por prevaricación reiterada, dirigidas contra los actuales y pasados ministros sumariantes y de las Cortes.

Adicionalmente, el Presidente Kast debería denunciar (poner término) al Tratado que nos vincula a la Corte Interamericana de DD. HH. que, a su turno, ha quebrantado su propio estatuto, como bien prueba Montero Mujica. 

Y si Kast no lo hace, lo hará Johannes Kaiser en cuatro años más.

CONTRADICCIÓN VITAL

Soy optimista acerca de cómo le va a ir a este gobierno en lo económico. Es tal la cantidad de "grasa" acumulada en el Estado socialista forjado por seis gobiernos del No, que con pocas medidas se puede sanear el déficit presupuestario en  un tiempo razonable y dejar al país en pie para repetir los segundos mejores 30 años de su historia.

Un estudio dado a conocer por La Tercera del 20 de noviembre de 2021 y que nadie ha objetado hasta hoy revela que la remuneración media en el sector público era de $964.000, mientras en el mercado era de $635.000. Multiplique la diferencia por 1.250.000 funcionarios que hay en Chile y tendrá una idea de la magnitud del derroche burocrático socialista.

José Antonio Kast dijo que se proponía reducir en US$6 mil millones el gasto público. La izquierda protestó, asegurando que entonces iba a reducir "los derechos sociales". Pero un solo dato permite saber que se puede reducir más del doble de aquella cifra sin tocar los derechos sociales: en La Tercera de hoy, p. 22, se señala que el fisco retendrá las devoluciones de exceso de impuesto a la renta a los deudores morosos del CAE que dejaron de pagarlo, siendo individuos de altos ingresos. E informa que la deuda morosa del CAE asciende a 14 mil millones de dólares, más del doble que la reducción de gastos anunciada por Kast. Pero luego he visto un video del ministro de Hacienda diciendo que la deuda del CAE es de US$20 millones. Él debe saber mejor. Pero de que hay mucha "grasa", la hay.

Caso típico: un diputado del Frente Amplio, que goza de alta renta y subidos reembolsos de gasto, debía el año pasado $30 millones del CAE.

Se trata de 150 mil personas que recibieron un préstamo para financiar sus estudios universitarios y que, habiendo recibido el mayor "capital humano" y teniendo altas rentas, están morosas.

Pero el presente económico promisorio se ve ensombrecido por una mancha moral: los 400 presos políticos militares ilegalmente privados de libertad. Eso no admite espera. Hay una completa corrupción del sistema penal en materia de derechos humanos. Es de larga data. Pero la idea de un indulto es rechazada por el 59 %, según la encuesta CADEM.

Y además hay una contradicción vital, política, dentro del gobierno: el piñerismo domina allí. Y el principal promotor de los juicios ilegales contra militares fue Sebastián Piñera: presentó tres de cada cuatro querellas prevaricatorias que terminaron en condenas.

Sugiero al presidente que lea, cuando aparezca, la obra del penalista Jorge Eduardo Montero Mujica, "Condenas Sin Ley. Juicios Sin Garantías". Son sólo 380 páginas y "ahí está todo". Y que después  decida en conciencia y conforme a la legalidad vigente.

PERSONALIDAD

Cuando el presidente Pinochet entregó el mando a su sucesor, Patricio Aylwin, una de las razones por las cuales el país estaba pacificado y en orden ese 11 de marzo de 1990 era que mantenía a cerca de mil violentistas presos y las asociaciones ilícitas terroristas MIR y FPMR habían, por eso, dejado de operar. Pero Aylwin los indultó a todos.

Pues en 1990 había un partido (de facto) con personalidad: el comunista. No tenía personalidad jurídica, porque su conglomerado, el MDP, había sido declarado inconstitucional, logro personal de Jaime Guzmán. Pero los comunistas participaban en la vida pública y repetían consignas de las que muchos, aun no siendo comunistas, se hacían eco, lo que sigue ocurriendo hasta hoy. Tienen muchas "antenas repetidoras". 

Aylwin, a través de su hermano Andrés, muy de izquierda, había recibido el recado comunista: "O indulta a todos nuestros presos o le haremos la vida imposible, porque, usted sabe, tenemos armas 'por si las moscas'". Aylwin "entendió" e indultó a los casi mil terroristas presos. Casi nadie dijo nada., porque el mundo no comunista es así, sumiso. Salvo Jaime Guzmán, pero entonces los comunistas lo mataron.

Hoy hay cerca de 400 presos políticos militares (PPM) en Punta Peuco, Colina 1, Centro de Detención Femenino y otros recintos menores a lo largo del país. Están ilegal e inmoralmente privados de libertad sobre la base de una mentira: por tener secuestradas personas. Un ardid de los jueces de izquierda para burlar la amnistía y la prescripción. 

Por consiguiente, si el presidente Kast los indulta nadie tiene nada qué decir, no sólo porque tiene la facultad sino porque todo el mundo sabe que, legalmente, son ciudadanos inocentes ilícitamente privadas de libertad, pues nunca ha existido ningún "secuestrado permanente" en ninguna parte.

Antes, en la historia del país, siempre se respetaron la amnistía y la prescripción (precedentes: la matanza del Seguro Obrero en 1938 y la  revolución de 1891).

Pero hoy el comunismo se ha enseñoreado del Poder Judicial y por eso éste prevarica sin miedo y se ha condenado ilegalmente a los militares, desconociéndoles las leyes de amnistía y prescripción. Lo notable ha sido que, entretanto, miles de extremistas de izquierda se han beneficiado de la amnistía. 

¿Por qué pasa todo esto? Por la "personalidad" de los comunistas, que los hace más temibles que los militares. Los comunistas harán cualquier cosa para liberar a camaradas presos; los militares nada. Y por afán de lucro, porque los jueces prevaricadores asignan suculentas indemnizaciones de cargo fiscal cada vez que condenan por secuestro inexistente a un militar.

Pero como la primera obligación de un jefe de estado es respetar y hacer respetar la ley, él sí puede poner remedio, aunque muy tardío, a la increíble injusticia cometida. 

¿Y los comunistas y su "personalidad"? Van a mentir y decir a los cuatro vientos que se ha liberado a "violadores de derechos humanos", cuando sólo son, en realidad, víctimas a las cuales se les ha violado su derecho humano a un debido proceso. 

Lamentablemente, ya por 36 años en Chile prevalecen las consignas comunistas por sobre la legalidad.

Además, los jueces les imputan el secuestro a militares que, como funcionarios públicos que eran, no lo pudieron cometer. Pues el código tipifica ese delito sólo en el caso de los particulares. Y ninguno de los presos actuó como particular al recibir la orden de combatir a asociaciones ilícitas como el MIR, el FPMR y similares.

El inventor de la artimaña del "secuestro permanente" confesó ante una teleaudiencia de millones, delante de mí, en 2015, programa El Informante de TVN, conducido por Juan Manuel Astorga, que él "fingía" el delito: "es una ficción jurídica", dijo textualmente. Añadió: "No estoy diciendo que ésa haya sido la realidad". Una manera elegante de confesar: "mentí". Porque el juez debe "probar" el delito para derrotar la presunción de inocencia a que todo ciudadano tiene derecho.

El presidente Kast debería, por consiguiente y por obligación legal de hacer cumplir la ley, indultar a todos los PPM. Si no lo hace es solo ante la "personalidad" amenazadora del comunismo. 

Para efectos históricos y políticos, José Antonio Kast tendrá que elegir si quiere parecerse más ante la posteridad a Patricio Aylwin o a Augusto Pinochet. Mientras no indulte a los presos políticos militares se estará pareciendo más al primero. Pero cuando por fin se sepa la verdad histórica ta ¿siglo XXII?) eso no va a ser bueno para él. 

INDULTOS A TODOS YA

Aunque varios miles, anoche en la Plaza de la Constitución, esperaban su discurso inaugural, el presidente Kast los hizo esperar, para dictar decretos sobre seis materias urgentes: migración, macrozona norte, auditoría al gasto público, permisología, reconstrucción tras los grandes incendios y "escudo fronterizo". 

Pero hay otra materia más urgente que ésas y que demanda atención: la corrupción judicial, que mantiene ilegalmente presos a 400 militares (y antes mantuvo a 100 más, que han fallecido entre rejas) culpándolos de un delito que, uno, no existe y, dos, que en caso de haber existido, se habría extinguido toda responsabilidad en virtud de leyes expresas y vigentes de amnistía y prescripción que no se respetan.

Mediante esa ilegalidad los jueces, además, le sustraen crónicamente al erario cuantiosas sumas indemnizatorias que éste no tendría por qué pagar, no habiendo delito ni condena.

Pero todo el sistema penal que persigue a los militares está corrompido.

Lo primero que hizo Aylwin en 1990 fue indultar a cerca de mil sujetos de izquierda presos y condenados por delitos efectivos y muchos de ellos sangrientos. Todos pertenecientes a los movimientos subversivos. Y nadie le dijo nada. Al contrario, hasta la centroderecha elogió a Aylwin. La derecha, la de Jaime Guzmán, fue la única que lo criticó. Y los comunistas (a esa altura "las víctimas") lo mataron por eso.

¿Por qué en Chile no hubo miramientos para exculpar y perdonar a los violentos de la izquierda y sí hay remilgo para exigir sólo que rija la ley respecto de los militares ilícitamente perseguidos por haber derrotado a la subversión de la izquierda?

¿Por qué se pudo indultar a los asesinos de izquierda de cinco escoltas presidenciales y no se puede indultar a quienes dieron muerte a un grupo de frentistas entrenados en Cuba para venir a matar chilenos? Están purgando cadena perpetua. 

El que asesinó al teniente Lacrampette a sangre fría fue amnistiado. Los miristas que asesinaron al carabinero Heriberto Novoa, que custodiaba la Llama de la Libertad, fueron liberados. Los militares que dieron muerte a miristas y frentistas siguen encarcelados.

Todos los presos políticos militares deben ser indultados ya.

Y es urgente que la sociedad chilena se opere de este absceso de una izquierda judicial corrupta. El presidente de la república tiene la facultad para velar por la conducta ministerial de los jueces. Un régimen de derecha debería tener el equipo de abogados suficiente para iniciar acciones ante las fiscalías, con el fin de sancionar la prevaricación reiterada, cometida desde la segunda sala de la Corte Suprema para abajo.

Se ha privado de parte de su existencia libre y normal a 500 personas, algunas por veinte años y otras a perpetuidad, a vista y paciencia de una sociedad a la cual los políticos acostumbraron a no reaccionar frente a los abusos y tropelías de la izquierda y a escandalizarse cuando la derecha usa las leyes y la fuerza pública para defenderse.

En particular el problema hizo crisis a partir de un sedicente gobierno de centroderecha que no era tal, pues se prosternó ante la izquierda y fue el principal perseguidor de  militares.

Si hay algo urgente es detener la corrupción judicial que ha imperado durante dos décadas de predominio político, cultural e informativo de la izquierda.

GRAMSCI TRIUNFA EN CHILE

Cuando ayer vi en El Mercurio, el principal diario del país, el recuento de las transmisiones del mando presidencial en nuestra historia, en el cual no figuraba la de Augusto Pinochet a Patricio Aylwin en 1990, supe que la teoría de Gramsci había triunfado en Chile.

Antonio Gramsci fue un intelectual socialista italiano de los años 30 y sostenía que la revolución debía triunfar apoderándose de todos los centros de educación y opinión del país, más que basándose en la lucha armada. Pero a veces ambas vías van de la mano. Por ejemplo, hace veinte años o más fui al famoso Café Torres de la Alameda a comer uno de sus proverbiales churrascos, y vi que, como parte de la decoración del local, en una pared estaba la lista completa de los presidentes de Chile, pero entre 1973 y 1990 no figuraba ninguno, tal como ayer en El Mercurio. 

En la columna que entonces mantenía en éste llamé la atención sobre la omisión del Torres. Entonces una periodista de La Segunda se interesó en el tema e hizo una crónica al respecto. Refería que había ido a inquirirle al encargado o gerente del local por su razón para excluir a la presidencia de Pinochet. Y el personaje lc respondió que habían entrado unos jóvenes, solicitando hablar con él, y le habían dicho que si no suprimía a Pinochet del listado mural le incendiarían el local. Y él entonces, decidió precaverse contra ese peligro de incendio y borrar a Pinochet de la nómina mural. Puro sentido común. Sus clientes van ahí por la calidad de las comidas y no por el rigor histórico. Una combinación de las estrategias de Gramsci con las de Lenin, Stalin o Castro.

Pero en El Mercurio ha operado la del primero. Lo mismo en otros medios. También en la educación, entregada a profesores de izquierda que enseñan la versión marxista de la historia de Chile.  

Di a conocer la omisión gramsciana de El Mercurio en un twitter y entre los comentarios hubo uno del exdiputado Jorge Schaulsohn, justificándola, porque Pinochet no habría sido elegido. Pero sí lo fue, con un 67 % en 1980. Por añadidura, el presidente DC del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán, había dejado establecida la legitimidad jurídica y política del gobierno militar en una separata de la Revista de Derecho y Jurisprudencia de octubre de 1973.

El Mercurio va a tener dificultades para explicar a sus lectores, si es que éstos se lo solicitan, por qué les informó que no hubo transmisión del mando en 1990. Más de uno escribirá al diario pidiendo una explicación. Será interesante ver qué le contestan.

"MENTID... MENTID... QUE CHILE CREE"

Voltaire, que era un cínico, recomendaba: "Mentid... mentid... que algo queda".  El gobierno saliente es voltaireiano y ha decidido mentir hasta su último día. Ahora acaba de referirse al proyecto, aprobado en el Senado, de penas alternativas para reos mayores de 70 años. Y otra vez ha mentido.

Afirma que al 31 de diciembre había 738 personas condenadas, de las cuales "365 están condenadas por delitos de lesa humanidad y 373 están sentenciadas por delitos comunes" (El Mercurio, p. C3). 

Lo de los 365 no es verdad: son los presos políticos militares, que están privados de libertad pero en ninguno de sus casos se les ha probado delito. Por eso son "presos políticos". 

Las sentencias no los han condenado por delito de lesa humanidad, sino por uno común, el secuestro. Pero como ya estaría prescrito y amnistiado, entonces un juez de izquierda imaginativo decidió hacerlo "permanente" y fingir que se seguía cometiendo hasta hoy. Cuando en la televisión le dije, en 2015, que debía probar que se seguía cometiendo, replicó que no, que era "una ficción jurídica". Y añadió: "Yo no estoy diciendo que ésa haya sido la realidad". O sea, confesó que mentía. Luego, los miliares son inocentes.

Y además ¿dónde están o estuvieron los "secuestrados permanentes"? Indiquen un caso. No pueden. No hay ni hubo nunca ninguno. Todo es mentira. Y otro atropello legal: el secuestro está tipificado en el código como un delito que sólo cometen los particulares. Los militares eran funcionarios públicos. Podían cometer detención ilegal, pero no secuestro. Pero es fácil probar que en los recintos de detención no hay ni ha habido ningún "detenido permanente".

Hay 365 presos por secuestro permanente y no hay un solo testimonio de alguien alguna vez secuestrado permanentemente. 

Todo condenado en virtud de una mentira es inocente. Los militares presos deberían estar libres. Como no lo están, son "presos políticos".  

Ellos tampoco han podido cometer un delito de lesa humanidad, porque a la época de los hechos, los años '70, ese delito no existía en nuestra legislación. La Constitución dice que sólo puede condenarse a alguien por delito establecido en una ley dictada "con anterioridad a su perpetración".

Lo más notable de todo esto es que los delitos "de lesa humanidad" consisten en un "ataque generalizado a la población civil" y eso era lo que perpetraban el MIR, el FPMR y otros grupos terroristas afines al gobierno actual, que ponían bombas en el metro, portaban botellas incendiarias para quemar buses y hacían estallar autos llenos de explosivos en las calles. Y los militares trataban de impedir esos delitos de lesa humanidad ¿Cómo podrían estar condenados por cometerlos? ¡Qué mentira más grande! 

Pero siguen mintiendo, porque siempre "algo queda". Desde luego, la plata que cobran.

A CARGO DEL PAÍS

Desde hace muchos años he estado a cargo del país. Hasta 2008 lo conduje a través de una columna en El Mercurio. El último día de ese año renuncié al diario y poco después seguí conduciendo a Chile desde este blog. Muchas veces, a lo largo de tantos años, distintas personas me han asegurado que el país no se ha dado cuenta de que yo lo estoy conduciendo, porque las mayorías han hecho o dicho lo contrario de lo que yo les aconsejo. Eso es efectivo, pero también lo es que nadie puede despedirme del cargo ni yo pienso dejarlo.

Hace quince años cambiamos la sede de los negocios familiares de Providencia a Huechuraba. Desde entonces la municipalidad nos cobra una patente comercial del medio por ciento del patrimonio de cada sociedad que tenemos, aunque ninguna haya invertido en Huechuraba, salvo por el bien raíz. Las sociedades tienen acciones y fondos mutuos. Un amigo me preguntó hace años que para qué había formado sociedades y le respondí que el impuesto a la renta era la mitad del tributo personal. Pero me replicó: "la vaina te está saliendo más cara que el sable". Porque si hago sociedades debo llevar contabilidad y eso significa varios millones de pesos anuales y también hay que pagar patente comercial, que es el 0,5 % del patrimonio, lo cual significa otros millones que un particular se ahorra. Y me dijo que él no tenía ninguna sociedad, ningún contador ni pagaba ninguna patente y al fin de cuentas le salía todo más barato. Y se ahorraba molestias, balances, inspecciones, trámites, iniciaciones de actividades, términos de giro y otras gabelas. Y además el SII le hacía su declaración anual de renta gratis.

Me acordé de todo eso en enero pasado, cuando me llegó una citación del Juzgado de Policía Local de Huechuraba acusándome de no haber pagado un derecho como empresario individual que desarrolla actividad comercial sin pagar patente. Nunca tuve allí otra actividad que dirigir el país desde un blog y desde una oficina a la cual, por lo demás, dejé de ir hace seis años. Pero me siguen cobrando hasta hoy. Estar a cargo del país a través de un blog, libros y videos desde otra comuna es una actividad comercial en Huechuraba, dice su municipio. Tuve que pagar alrededor de tres y medio millones de pesos por esta inexistente actividad, intereses y multas. Y acabo de pagar la primera cuota de 2026, en circunstancias que hace seis años no voy allá. "¡Es el Estado, estúpido!"

Sigo a cargo del país desde Las Condes y diversos lugares de la costa. Espero que en ninguno me cobren derechos por eso. 

Y estoy iniciando el "término de giro" de actividades que nunca tuve. El SII quiere saber hasta cuánto miden los intersticios de mis dientes y debo acreditarlo. Parece que será complejo.

Pero sigo a cargo del país, sin duda. Me acosa una comuna a la cual no voy hace seis años y donde nunca en 15 años desplegué actividad alguna. ¿Alguien estará intentando que deje a Chile entregado a su propia suerte? Si es así le advierto, aquí y ahora, como diría Ricardo Lagos, que no se me pasa por la mente.

Así es que vamos pegando... y pagando.

"TEMA SÚPER PROHIBIDO"

Como parte de una teleserie, un personaje femenino apareció pidiendo a Evelyn Matthei ayuda para interceder por su padre, un preso político militar. Como el requerimiento se hizo viral, la excandidata decidió hacerse parte y contestó de la siguiente manera: "Aquí no lo puedo ayudar mucho a tu papá, porque está súper prohibido meterse en temas de la justicia" (LS, 21.02.26).

Ahí está la explicación del quiebre del estado de derecho en Chile y de la impunidad política de que gozan los jueces de izquierda para mandar presos a exmilitares qué, jurídicamente, nunca debieron ser siquiera procesados, en particular por falta de pruebas serias y en virtud de leyes expresas y vigentes de amnistía y prescripción. 

Con el tiempo se convirtió así la judicatura penal en un mecanismo para sustraer ilícitamente dinero al fisco a título de indemnizaciones por delitos inexistentes, no probados y hechos amnistiados y prescritos.

En particular, especialmente a Evelyn Matthei le "está súper prohibido meterse en temas de la justicia" porque el querellante que suscitó la prevaricación en las tres cuartas partes de esos juicios, fue el gobierno de Piñera, al cual ella sirvió. Éste interpuso cerca de mil querellas contra exuniformados, cuando todos los gobiernos anteriores post-90 y hasta 2009 habían interpuesto sólo 300. 

Ella fue ministra y apoyó a Piñera en todo, en particular cuando trasladó a exoficiales del penal Cordillera a Punta Peuco, bajo el símbolo de la hoz y el martillo colgado en el pórtico del primer recinto, a vista y paciencia de la autoridad. 

Como todas las querellas se fundan en hechos no probados (como lo confesó ante las cámaras en 2015 el "inventor" del artificio) y que además no pudo ser cometido por funcionarios, puesto que está sólo tipificado como delito para "particulares" en el código, las querellas hasta hace veinte años. interpuestas por el Partido Comunista, habían sido rechazadas. Pero poco a poco fueron nombrándose ministros sumariantes de izquierda y éstos comenzaron a prevaricar sin disimulo.

En 2005 el jurista Miguel Álex Schweitzer levantó la voz contra la prevaricación y denunció: "Pues bien todos, y repito todos esos principios (los del debido proceso) han sido abandonados en algunos casos que actualmente se tramitan en nuestros tribunales" (LS, 23.03.05).

Otro jurista, Gonzalo Vial, denunciaba "una denegación de justicia a un grupo de chilenos por no darles debido proceso, cuya responsabilidad corresponde a la Corte Suprema". (LS, 02.02.06).

Después, ya fallecidos ambos juristas, la prevaricación se generalizó. La segunda sala de la Corte Suprema se hizo parte activa de ella. Y la "guinda de la torta" la puso la derecha de entonces, que apoyó la candidatura de Sebastián Piñera, principal promotor de la persecución ilegal contra exmilitares y del abandono del estado de derecho. Por eso para sus seguidores "está súper prohibido" meterse en el tema.

Como en estos años han surgido dos partidos de derecha, el Republicano y el Nacional Libertario, que han conseguido, el primero el gobierno y ambos representación parlamentaria respetable, sólo en ellos pueden depositarse esperanzas de que cese y se persiga y sancione el delito de prevaricación, se libere a los presos políticos y el país regrese al estado de derecho.

CONDUCTAS PARALELAS Y DESTINOS DIVERGENTES

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, formalizada por contravenir varias leyes, ahora está presa. La presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chévesich, confesó públicamente haber violado leyes expresas y vigentes con reiteración y ahora (probablemente gracias a eso) preside el máximo tribunal y el respectivo poder del Estado.

Trayectorias paralelas y destinos divergentes.

La primera ha sido formalizada por recibir dinero a cambio de fallar en favor de una de las partes en el caso conocido como "trama bielorrusa". Y eso es constitutivo de delito. Pero no necesariamente el de prevaricación, porque otros ministros, que no han sido acusados de nada, votaron en el mismo sentido que ella, de manera que el fallo tenía plausibilidad.

La actual presidenta de la Suprema no ocultó, sino que dio a conocer a los senadores que iban a decidir si aprobaban o no su nombramiento como integrante de dicha corte, que ella nunca en sus fallos había votado a favor de la aplicación de las leyes de amnistía y prescripción, ambas expresas y vigentes.

Es efectivo que los senadores de izquierda podían no mirar con simpatía la designación de la ministra Chévesich, cuando se propuso su nombramiento en la Suprema, porque ella, a comienzos de los 2000 y bajo el gobierno de Lagos, había sido ministra sumariante en el proceso derivado de la confesión de un ministro de que él mandaba a buscar a otro ministerio, mensualmente, un sobre con billetes de gastos reservados que le mejoraban el sueldo. Según un cálculo que hice en esos años, en conjunto, los presidentes, ministros y altos funcionarios de la Concertación sustraían de gastos unos 574 mil dólares cada dos meses. Cifra incómoda, porque era similar a la que el Director de Impuestos Internos socialista había acusado al expresidente Pinochet de haber recibido, sin declarar, durante casi 16,5 años de gobierno. Es decir, Pinochet resultaba siendo 99 veces (198 meses divididos por 2 meses) más honrado que los gobernantes concertacionistas.

Bueno, la ministra Chévesich se mostró (algo) severa en ese caso, aunque el mismo terminó en nada, porque gobierno y oposición se pusieron de acuerdo en soterrarlo (gestión Longueira). Pero ella quedó con fama de legalista y, cuando su nombre fue propuesto para la Suprema, consideró prudente publicar un comunicado diciendo que nunca había respetado en sus fallos la amnistía ni la prescripción, leyes expresas y vigentes. Es decir, temerosa de que los senadores de izquierda rechazaran su designación, declaró que prevaricaba al gusto de la izquierda y nunca aplicaba dichas leyes. 

Pero, al mismo tiempo, su declaración implicaba confesar un doble delito reiterado de prevaricación, penado en el Código con hasta cinco años y un día de presidio. 

Entonces, una ministra de la Corte Suprema fue destituida y está presa por contravenir leyes expresas y vigentes y otra ministra de la misma corte, que públicamente reconoce no aplicar en sus fallos leyes expresas y vigentes, no ha sido procesada y ni siquiera criticada. Por el contrario, ha sido honrada con la presidencia del más alto tribunal y del Poder Judicial.

Todo tiene una explicación política, por supuesto, que ha brindado Evelyn Matthei, requerida por la hija de un preso político exuniformado: "Igual no puedo ayudar mucho a tu papá, porque está súper prohibido meterse en temas de la justicia". Obvio, ella era ministra de Piñera, el principal perseguidor judicial de exmilitares y quien interponía más querellas prevaricatorias en su contra,

Por eso hay conductas paralelas con destinos muy divergentes. En Chile no hay estado de derecho o "rule of law,". Acá simplemente manda la izquierda, prevarica la izquierda, lucra la izquierda y los exmilitares, aunque nonagenarios y con enfermedades terminales, deben por eso morir tras las rejas en que sus similares activos los han dejado encarcelar. 

"Está súper prohibido" (por la izquierda) respetar la legalidad.

SIGUE TOREANDO A TRUMP

Tenemos un presidente infantil. Un niño-problema. Y nos seguirá metiendo en dificultades hasta el último día de su mandato. Ahora es el cable submarino Valparaíso-Hong Kong tutelado por Beijing y negándose a oír a los EE. UU. 

¿Por qué? Porque los EE. UU. son nuestro segundo socio comercial y les comunicó a las autoridades chilenas su inquietud por el cable. No sabemos si es justificada o no, pero en un país en que el Estado demora diez años en conceder permiso para una planta desaladora, bien podría haberse tomado unas semanas para saber por qué los norteamericanos desconfían. Sobre todo si afirman que comprometería la seguridad regional del subcontinente.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, es uno de los menos sectarios. Pero resulta que, aparte de él, impulsan con sospechosa eficiencia el proyecto el subsecretario Claudio Araya y el jefe de gabinete Guillermo Petersen, ambos del Partido Comunista. Entonces séame permitido decir, "por favor, un momentito". Porque nunca he conocido un comunista que anteponga el interés de Chile al de su partido. Y como en China gobierna el Partido Comunista, aunque permita una economía de libre empresa, yo digo "un momentito, por qué tanto apuro, si además ya tenemos el cable Humboldt operando".

Ahora, sucede que yo confío más en Trump que en los EE. UU., que nos han traicionado tantas veces, desde que aprobaron la Enmienda Kennedy para privarnos de armas en momentos en que todas nuestras fronteras estaban amenazadas. Tampoco he olvidado el millonario cohecho del "Endowment for Democracy" que practicó el recordado Harry Barnes, en 1988, para dar vuelta el resultado del plebiscito a favor del No, en circunstancias que el desenlace a favor del Sí era impecablemente democrático. Y, como puede verse en los comentarios, después vino el infame caso de las uvas envenenadas, que el FPMR comunista contaminó y se encargó de denunciar a la embajada norteamericana, donde cayeron en la trampa, bloquearon la entrada de toda la uva nacional, generando una pérdida de US$700 millones antes de darse cuenta del engaño.

Para no sacar cuentas más antiguas, como habernos obligado a hacer una Reforma Agraria ruinosa, socialista y expropiatoria que ellos jamás habrían permitido en su propio suelo.

Y después de que perdieron Vietnam a manos del comunismo, con un costo de 55 mil víctimas y 500 mil millones de dólares en un fracasado intento por "salvarlo del comunismo", hicieron causa común con la URRS para perjudicar a la Junta chilena que nos salvó de aquél sin una sola baja norteamericana.

Pero, sostenemos, es necesario oírlos en el tema del cable submarino y recordar que Trump es distinto de Carter y Ford, que nos clavaron el puñal en la espalda.

Lo que menos le conviene a Chile es la infantil conducta de Boric de pisar una y otra vez los callos de Trump. Pero tampoco le convendría a nuestro país privarse de una herramienta de desarrollo si no hay una razón atendible para oponerse a ella.

CUBA LIBRE

La Cuba bajo el régimen comunista de socialismo de Estado de los hermanos Castro se ajusta todavía hoy perfectamente a la definición que hizo Winston Churchill de ese sistema de gobierno: "la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia, el evangelio de la envidia, el culto a la mediocridad y su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria". Cubanos hoy hurgando por comida en los tarros de basura ilustran al socialismo real.

En 1959 Cuba vivía bajo la dictadura de Fulgencio Batista, que no admitía la libertad política pero sí la más amplia libertad económica y el país encabezaba la prosperidad en América Latina. Había una guerrilla bastante insignificante pero que contaba con el apoyo publicitario del New York Times, un bastión de los regímenes de izquierda foráneos, sin exigirles otra cosa que permanecer fuera de los Estados Unidos. 

Yo estaba en enero de 1959 en el sur en una comida y celebré el desenlace. Pero otro abogado, mayor que yo y más documentado, Guillermo Pumpin, me contradijo y expresó que la guerrilla de Castro era comunista y, por lo tanto, nunca nadie la iba a sacar del poder. Sigue teniendo razón 67 años después. 

Pero Donald Trump ha declarado que su secretario de Estado, Marco Rubio, un cubano-norteamericano, está discutiendo con el sucesor de Castro, Díaz-Canel, los términos bajo los cuales el comunismo abandonará el gobierno y los cubanos recuperarán su libertad

Hasta hace cincuenta años había una popular bebida, la "Cuba Libre", que se preparaba con una mitad de ron y otra de Coca Cola. A veces la proporción era 3/4 y 1/4, respectivamente. Seguramente la desesperanza de que alguien liberara a Cuba condujo a su desaparición, especialmente a manos de la competencia de la Piscola.

Tengo todavía media botella de ron que le reservaba a mi cuñado, cultor de la Cuba Libre. y que falleció. Dicen que el tiempo no desmejora el alcohol. así es que espero encontrar a alguien dispuesto a celebrar con ron cuando se produzcan los acontecimientos que todos esperamos, y los cubanos puedan recuperar la libertad. 

Los cubanos residentes acá, al menos, son los más partidarios y defensores del que irónicamente llaman nuestro "capitalismo salvaje". Les admira poder pedir un balón de gas por teléfono y que se lo lleven a la casa, cuando allá para conseguirlo tienen que salir y hacer largas colas. Acá aprendimos una vez más, gracias a Jackson, el desastre que significa el "gas barato" producido por el Estado.

¿Qué país llegará primero a nuevos aires de libertad, Chile el 11 de marzo o Cuba, gracias a Trump, el actual "libertador de América"?

¡VENDE EL MERCEDES, DÍAZ-CANEL!

Hace años un amigo se quejaba de otro que teníamos en común, porque le había ido a pedir dinero prestado para pagar una deuda y le había contestado: "Primero bájate del Mercedes y te compras un auto normal y además pagas la deuda". Me decía que era un mal amigo, pero yo le replicaba que el otro tenía razón: podía vender su Mercedes de alto valor, pagar su deuda y comprar un auto normal.

Cuba es un país que se da el lujo de estar gobernado por un partido único dictatorial comunista. Nadie se traga que ellos crean lo que predican, y todos saben que el lujo de ser comunistas es muy bueno para la "nomenklatura" pero pésimo para todos los demás. "Yo hago como que trabajo y Fidel hace como que me paga", decía un cubano corriente hace muchos años. 

Los cubanos no pueden pretender que un país tras otro les sigan subsidiando su lujo fracasado.

A Díaz-Canel hay que aconsejarle: "Llame a elecciones y vendrá un régimen que autorice la propiedad privada, venda empresas estatales que hoy arrojan pérdidas y mañana le van a pagar impuestos. Que los cubanos elijan entre los partidos que formen".

Cuba es un país mal enseñado, que ser acostumbró a vivir del trabajo ajeno. Primero lo subsidió el área soviética. Cuando el comunismo se vino abajo porque, cuando acusaba a la Junta chilena de no respetar los dd. hh., los demás países les dijeron "¿y por qué no los respetan ustedes?" Gorbachov los respetó y se les vinieron abajo el Muro de Berlín, la Cortina de Hierro y casi todos los gobiernos comunistas, porque el socialismo de Estado es contrario a la naturaleza humana y nadie votaría por un gobierno que no puede subsistir si se respeta a las personas. 

Fidel Castro era admirador de Pinochet --se lo confesó a Andrónico Luksic Abaroa (véanse mis blogs al respecto)-- y si no abandonaba el comunismo era porque le convenía a él, uno de los hombres más ricos del mundo, y con buena prensa (incomprensible) en un occidente entreguista vergonzoso.

Cuba hoy tiene el remedio en la mano. ¿Qué espera? ¿Que Trump se transforme en un Piñera o un Boric y la ayude a seguir viviendo con plata ajena?

Llamen a elecciones, privaticen desde ya y tendrán dinero a chorros. Copien la Constitución de Pinochet y tendrán (1) plena democracia, (2) mucha inversión y crecimiento, (3) muchos puestos de trabajo para todos. 

¡Bájate del Mercedes, Díaz-Canel, el comunismo es un lujo que no te puedes seguir dando! 

Y entonces Cuba va disputar el primer lugar del crecimiento en el hemisferio con el Chile de Kast y Kaiser, qua va a volver a encabezar la competencia, como lo hizo cuando Pinochet aplicó las recetas de la libertad.

LA IZQUIERDA ES ALIADA DE LA DELINCUENCIA

¿A qué se debe el aumento de la delincuencia? A que hemos tenido gobiernos de izquierda o deseosos de complacer a la izquierda, que suele usar a la delincuencia para alcanzar o mantener el poder.

El último gobierno que realmente combatió el delito en Chile fue el régimen constitucional de Pinochet de 1981 a 1990. ¿Cuál fue una de las primeras medidas de Aylwin II, ya pervertido por el izquierdismo, cuando llegó al poder? Indultar a los mil delincuentes y terroristas que Pinochet tenía presos. Para eso necesitó una reforma constitucional y por oponerse Jaime Guzmán a ella, en su discurso en el Senado, los comunistas lo asesinaron.

Los gobiernos del No fueron funcionales a esta proximidad de la izquierda con el delito. En particular, el de Piñera fue el peor perseguidor de los militares que combatieron la subversión armada. Su gobierno interpuso cerca de mil querellas contra ellos. Encarceló así al principal baluarte de la lucha contra la delincuencia y la peor modalidad de ella, el terrorismo. Éste fue protagonista del levantamiento revolucionario y delictual de 2019. ¡Cuánto necesitó Piñera entonces a los que había encarcelado con tanta saña!

En estos días se pone de manifiesto de nuevo esta alianza político-delictual, porque una repartición de gobierno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, está haciendo campaña para que se persiga y castigue el acto de legítima defensa, viralizado en las redes, de un automovilista amenazado con armas en una encerrona, de avanzar por el estrecho espacio que había entre el auto de los asaltantes y la barrera de contención, atropellando a uno de ellos que, pistola en mano, le iba a robar su auto.

El INDH tiene esa política: el asaltante es la víctima, el que evita ser asaltado o herido a bala es el victimario. Quiere que se castigue a quien atropelló al asaltante porque éste, para el INDH, tiene derecho a robar un auto sin ser repelido.

Hoy por hoy la gente honrada que se defiende corre el riesgo de ser castigada, lo cual incentiva al delincuente. 

En 2019 John Cobin disparó al suelo con su arma inscrita, ante la turba que le destrozaba su camioneta, e hirió a uno con el rebote. El Intendente de Piñera se querelló contra él por "homicidio frustrado", como si Cobin hubiera salido a matar y no lo hubiera logrado. Y Cobin pasó seis años preso a raíz de esa evidente prevaricación en favor de los asaltantes y en contra de su víctima. 

Un delito que no existía en Chile en los comienzos de los gobiernos del No era el asalto a casa particular habitada, porque el dueño gozaba del beneficio de la legítima defensa privilegiada, consistente en que tenía derecho a usar su arma de fuego si asaltaban su hogar y no debía responder por ello.

Pero el actual gobierno y sus medios de comunicación han hecho campaña para que nadie tenga armas. Una garantía para sus partidarios delincuentes. Se han recogido numerosas armas y muchos prefieren deshacerse de ellas para no tener problemas con la autoridad. Y entonces ahora las viviendas son objeto de frecuentes turbazos, porque los delincuentes saben que, gracias a su gobierno, ya casi no hay armas de fuego en los hogares. Los que las mantienen pasan molestias y soportan controles por parte de carabineros. Ello ha inducido a la mayoría a entregar sus armas, para tranquilidad de los maleantes.

Se espera un cambio de gobierno que desplace el favoritismo de la actual izquierda en favor de los delincuentes a otro que permita proteger a sus víctimas y dé garantías adecuadas a las necesidades de su defensa..

CHATGPT MIENTE

Cuando se le pregunta a la "Inteligencia Artificial", Chatgpt, si el gobierno de Augusto Pinochet y la Junta violaba los derechos humanos, contesta que sí y que lo hacía como política oficial y sistemática.

Todo eso es probadamente falso. 

Es que Chatgpt sólo repite una mentira comunista originada en 1973 en el KGB soviético, mil veces repetida, pero no por eso menos falaz. Es evidente Chatgpt sólo revisa archivos de izquierda. Por supuesto, jamás consideraría la información de este blog.

Las precisas instrucciones de Pinochet, en 1973 y 1974, como presidente de la Junta, en el sentido de respetar los derechos de las personas y evitar todo maltrato o abuso, constan de documentos originales que tengo en mi poder y he reproducido en este blog a partir del 22 de noviembre pasado y en mi último libro, "Pinochet Probado Inocente", disponible en librerías Edisur y Chema, como también en otras.

Fueron instrucciones "a todas las unidades", con particular mención de los Servicios de Inteligencia.

Dan constancia de que ni la Junta ni Pinochet siquiera conocían en 1977, tras los atentados más publicitados, de la existencia de Michael Townley, ejecutor de los mayores crímeness que se les achacan. Esa ignorancia consta de El Mercurio de 2 de abril de 2000 en su reportaje "Y lo Negó Tres Veces", dando cuenta del interrogatorio, en 1977, de la Junta y de su presidente al director de la DINA, Manuel Contreras. Este por tres veces negó conocer o saber quién era Michael Townley, Y por eso éste fue entregado al FBI. Pues podría no haberlo sido, dado que tenía una orden de detención pendiente desde 1972.

En fin, la declaración del mismo Townley a La Nación del 28 de agosto de 2006, entonces diario de gobierno bajo Michelle Bachelet I, prueba que Contreras no había informado a las autoridades superiores de los atentados, lo que confirma la inocencia de ellas. 

Si hubo violaciones de derechos cometidas por funcionarios de ese régimen, ocurrieron contrariando las instrucciones de sus superiores y en particular de Pinochet, que ordenaban respetar la integridad y los derechos de las personas en los interrogatorios.

Los originales de las circulares enviadas a Carabineros obran en mi poder. Similares fueron despachadas "a todas las unidades" del país. Especificaban el ya mencionado respeto a los derechos en los interrogatorios y, en su caso, ordenaba la publicidad de los lugares de detención, designados por el Ministerio del Interior. 

La llamada Inteligencia Artificial, que no es Inteligencia, sino trabajo de búsqueda de archivos, miente, porque sólo busca en archivos de izquierda. Éstos están dominados por las consignas repetidas del KGB y del Partido Comunista. Luego, carecen de objetividad. Y eso explica sus gruesos yerros en relación con la verdad y la objetividad.

ME PREOCUPA EL PASADO

A la mayoría la preocupa el futuro. Como casi siempre he sido minoritario, a mí me preocupa el pasado más que el futuro. Este último se ve bien. La libertad, la seguridad y la propiedad están garantizadas por los próximos cuatro años. 

Las cosas estarán mejor tanto para los que ganan más como para los que ganan menos. Todos se beneficiarán del hecho de que Kast da confianza a propietarios e inversionistas, a los cuales Boric espantó al anunciar, en su discurso inaugural, que les quitaría parte de su patrimonio para repartírselo a todos. Esto hizo subir el dólar hasta cerca de $1.020, lo cual repercutió en el precio de la bencina y, como todas las cosas hay que transportarlas, subieron todos los precios en más de 10 % anual. Esto produjo el deterioro del poder de compra de toda la población y la impopularidad de Boric.

Ahora con Kast sucederá lo contrario: el respeto a la propiedad, que éste garantiza, ha hecho que la gente deje de comprar dólares para escapar del despojo. Luego, el dólar ha bajado alrededor de $130. Eso pronto se reflejará en el precio de los combustibles y, "como todas las cosas hay que transportarlas", se estabilizará o bajará el nivel de precios.

Además, la reducción de la jornada laboral y el alza del sueldo mínimo, que patrocinó el gobierno, aumentaron el desempleo. Kast no patrocinará políticas encarecedoras de la mano de obra, por lo que también mejorará el empleo.

Y así como la "inflación de Boric" obligó al Banco Central a adoptar medidas de shock y subir la tasa de interés, por lo cual el país se estancó, bajo Kast, que no hará lo que Boric, aumentará la producción, subirán los sueldos y salarios reales y la gente estará contenta con su mayor poder de compra.

Y si el gobierno aplica las medidas de seguridad inspiradas por Bukele, la sensación de tranquilidad de los chilenos se acrecentará y todos podremos volver a salir de noche. 

Luego, el futuro es tranquilizador. No así el pasado. Siguen apareciendo versiones canallescas y falsas contra el mejor gobierno que ha tenido Chile, como las que escribió en carta a El Mercurio el periodista DC Abraham Santibáñez. Ya he probado, con documentos originales auténticos, que Pinochet ordenó desde el primer momento respetar los derechos humanos. Ésa es la verdad, pero la propaganda DC y de la izquierda han hecho que una mayoría siga creyendo que fue un gobierno dedicado a violar esos derechos.

Confiemos en que, más temprano que tarde, los medios dominantes van a publicar la verdad sobre el pasado nacional.

PERFIDIA

Me refiero a la pérfida carta a El Mercurio de hoy del periodista DC Abraham Santibáñez, haciendo imputaciones canallescas e inaceptables al Gobierno Militar. Son un reflejo de la duplicidad en la conducta del partido a que pertenece, principal incitador de la intervención militar en 1973 y después, en 1991, peor cuchillo de quienes acogieron su llamado.

Los asesinatos de Lonquén, perpetrados en 1973 por carabineros rasos y civiles de la zona, en venganza por conductas, durante la UP, de una familia pro-UP, fueron actos de venganza absolutamente desconocidos hasta para el propio comisario de Lonquén, que había recibido la circular de Pinochet a "todas las unidades" del país en orden a respetar los derechos humanos. Si ni siquiera el comisario supo de los crímenes, mucho menos la Junta. 

El siguiente párrafo de Santibáñez es especialmente pérfido:

"El ministro Bañados permitió que se rompiera definitivamente el secreto oficial impuesto en horrendos crímenes de lesa humanidad".  

¡Secreto oficial impuesto! Completamente falso y malévolo.

Lamentable conducta la de plegarse a la estrategia comunista para desprestigiar a quienes salvaron a Chile del régimen totalitario y lo convirtieron en ejemplo de prosperidad y democracia.

AUDACIA PARA DECIR LA VERDAD

El gran éxito publicitario de la izquierda deriva de que ella tiene audacia para mentir. La mejor defensa de la derecha, dado que nuestros valores nos vedan mentir, consiste en ser audaces para decir la verdad.

La verdad fue que la noche del 15 de octubre de 1973 la Comitiva del general Arellano estaba en Santiago, tras su gira al sur, y se aprestaba a partir al día siguiente hacia La Serena.

Esa misma noche, en Copiapó, partía un camión del regimiento local con 13 presos en dirección a La Serena. El abogado que defendía al más anciano de éstos ante el Consejo de Guerra había dicho al comandante del regimiento local, Óscar Haag, que su cliente temía un intento de fuga que él consideraba suicida y por eso pedía ser trasladado. El comandante resolvió entonces enviar a los presos a La Serena, que tenía una cárcel más segura. Se dispuso un camión Panam bajo la responsabilidad del capitán Patricio Díaz Araneda, un conductor y soldados vigilantes. Todos fueron embarcados la noche del 15. Cerca de la una de la madrugada el camión tuvo una pana eléctrica en la cuesta Cardones y se detuvo. Mientras los militares procuraban subsanar el desperfecto, habiendo dejado a un soldado vigilando a los presos, éstos lo arrojaron del camión y emprendieron la fuga. Díaz hizo un tiro al aire conminándolos a detenerse, pero como no lo hicieron ordenó abrir fuego. Los 13 resultaron muertos.

El camión regresó con los cadáveres a Copiapó, donde, en la mañana del 16, el comandante Haag ofició al cementerio local para que preparara 13 sepulturas para los caídos. 

Un cuarto de siglo después el abogado y diputado comunista Hugo Gutiérrez interpuso una querella contra el general Pinochet, entonces senador designado, y contra Arellano y su comitiva por esas muertes. El ministro sumariante Juan Guzmán, contrariando toda legalidad, los encargó reos por, entre otras, las muertes de Copiapó, desatendiendo también las pruebas de que la comitiva se encontraba en Santiago. Entre las evidencias condenatorias el juez acompañó una página del libro más vendido en esos años, "Los Zarpazos del Puma", de Patricia Verdugo, donde aparecía una fotocopia del oficio del capitán Díaz, pero con fecha 17 de octubre, es decir, un día después de los hechos. Esa evidente falsificación le permitía culpar a la comitiva de Arellano de las muertes. Lo que a su turno hizo el ministro Guzmán. Peor en el mismo libro de Patricia Verdugo, una página antes, reproduce el oficio del comandante Haag al cementerio local solicitando 13 sepulturas para los muertos en la noche del 15 al 16. Yo escribí eso en El Mercurio cuando estaba viva Pätricia Verdugo y ella nunca explicó la contradicción evidente.

El miembro de la comitiva Armando Fernández Larios está hasta hoy residiendo en los EE. UU. Los familiares de uno de los caídos en la noche del 15 al 16 de octubre, se querelló en los EE. UU. contra Fernández Larios, que tenía la calidad de testigo protegido por el gobierno norteamericano. El Mercurio del 28 de enero último informa que, para poner término a ese proceso, Fernandez Larios debió pagar cuatro millones de dólares. Una suma enorme, para evitar ir a prisión, siendo inocente.  

En días pasados se ha informado que, entre un grupo de chilenos que será expulsado esde EE. UU. de vuelta a nuestro país está Armando Fernández Larios. Había confiado en los EE. UU. Pero ahora Punta Peuco lo espera.

Entre los comandantes en jefe posteriores a Pinochet hubo uno, Ricardo Martínez, que preparó un libro acusatorio contra el mismo Pinochet, afirmando que éste envió a la comitiva de Arellano a cometer crímenes, pero buscando culpar a los comandantes de regimientos locales. Y lo fundaba en el caso de Copiapó. Logró colocar la obra en el sitio web del Ejército. El sucesor de Martínez y actual comandante en jefe ordenó retirarlo de la página web del Ejército, vista la falsedad de su fundamento.

Pero el anterior rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que no desperdiciaba oportunidad para injuriar al gobierno militar, prestó el aula magna de esa  casa de estudios para presentar la obra denigratoria de Ricardo Martínez.

En ese tiempo estaba aún libre Jaime Manuel Ojeda Torrent, un oficial retirado particularmente leal y valiente, quien subió al podio del aula magna de la UC en la presentación del falso libro de Martínez y acusó a éste de traición al Ejército. Debió recurrirse a la fuerza para sacar al valiente Ojeda del evento. Todo eso fue muy publicitado.

Con los meses algún juez prevaricador extendió una orden de aprehensión contra Ojeda Torrent por algún hecho de hace 53 años y éste decidió ocultarse. Entiendo que no ha sido habido hasta ahora, pero el país perdió a un grande y valiente defensor de la verdad histórica en las calles.

Si se concreta la expulsión de Fernandez Larios desde los EE. UU., caerá en manos de algún prevaricador nacional que lo hará responsable de muchas cosas y entre ellas de un inexistente e imaginario "secuestro permanente" de los caídos en fuga en Copiapó cuando él estaba en Santiago.

La audacia y la mentira de la izquierda habrán conseguido otro triunfo canallesco.

Pero más temprano que tarde en Chile llegará la hora de la verdad.

FERNÁNDEZ LARIOS Y LA VERDAD

Una amplia crónica de Lilian Olivares en El Mercurio dice que el exoficial será expulsado de Estados Unidos y deberá volver a Chile "a enfrentar la justicia 39 años después".  Si Lilian hubiera leído mi libro, best-seller en 2001, "La Verdad del Juicio a Pinochet", su crónica habría sido más verídica. 

Pues Fernández Larios fue parte de la comitiva del general Arellano en octubre de 1973. En 1987 se radicó en los EE. UU. y trabajó exitosamente en el sector inmobiliario, pero le sucedió algo increíble: fue acusado en ese país por la muerte de Winston Cabello, junto a otros doce presos, el 16 de octubre de 1973 en la cuesta Cardones, en el trayecto de Copiapó a La Serena, durante un intento de fuga del camión que los trasladaba y que se había quedado en pana.

Pero está comprobado que la comitiva de Arellano estaba en Santiago en la madrugada de ese 16 de octubre. Fernandez Larios no podía ser culpado de una muerte en Copiapó esa noche.

Pero ya en Chile el juez Juan Guzmán lo había culpado de las 13 muertes, basado, lo dice en la sentencia, en el libro "Los Zarpazos del Puma", de Patricia Verdugo. Fue el mayor best-seller de su tiempo. Pero cómo ¿no había dictadura en ese tiempo? Es que nunca hubo prohibición de publicar libros. Siempre se pudo publicar los que se quisiera. Y en la página 151 de "Los Zarpazos del Puma" se dice que la muerte de los 13 ocurrió en la madrugada del 17 de octubre. La comitiva había llegado el 16 a Copiapó. 

Es raro que en un juicio se cite un libro tan políticamente sesgado, pero bajo los gobiernos de las Concertación y su justicia no era raro. Tanto que la página 151 del libro era parte del proceso y ahí estaba el oficio del capitán Patricio Díaz Araneda diciendo que esa madrugada habían tenido lugar los fusilamientos, lo que permitía culpar a la comitiva y a Fernández Larios.

Pero eso tenía un problema: que el mismo libro de Patricia Verdugo, en la página anterior, la 150, citaba el oficio del comandante del regimiento, Oscar Haag, al director del cementerio local, con fecha 16 de octubre, pidiéndole preparar trece fosas para inhumar igual número de cuerpos. Eso probaba que las ejecuciones tuvieron lugar en la madrugada del 16, cuando la comitiva estaba todavía en Santiago.  

Esta contradicción la hice ver en mi columna de El Mercurio en 2000 y la autora de "Los Zarpazos..." nunca me rectificó. Y el tribunal norteamericano parecía acoger la tesis de la culpabilidad de Fernández Larios y éste, afirma Lilian Olivares, tuvo que pagar US$ 4 millones a la sucesión de Winston Cabello, en cuya muerte no había tenido ninguna participación, porque ocurrió entre Copiapó y La Serena cuando él estaba en Santiago.

Ahora los EE. UU. anuncian la expulsión de Fernández Larios y su retorno a enfrentar a la justicia local, para la cual no rigen la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada, las reglas reguladoras de la prueba ni nada que huela a "estado de derecho".

EJERCICIO GENERAL DE HIPOCRESÍA

Me niego a participar en el ejercicio general de hipocresía de condenar a la ministra Vivanco, de la Corte Suprema, acusada de fallar una causa para obtener un beneficio económico personal, en circunstancias que por veinte años la misma Corte Suprema ha cohonestado la conducta de contravenir la ley para generar beneficios económicos ilegales a expensas del erario.

La única diferencia entre ambas situaciones es que en el caso de la ministra Vivanco hay evidencias de que la beneficiaria sería ella y en los juicios de derechos humanos no sabemos exactamente cómo se reparten las millonarias indemnizaciones que crónicamente se obliga a pagar al fisco, a raíz de fallos apartados de la legalidad. 

Es posible que la sentencia en la causa en que intervino la ministra se haya ajustado a derecho, porque el delito que se le imputa a ella es haber actuado cobrando una suma por garantizar un determinado resultado con su voto, pero no se ha acreditado que ese resultado haya sido objetivamente contrario a derecho.

En cambio, en las causas sobre derechos humanos, el autor de la triquiñuela que permite burlar leyes expresas y vigentes, para extraer una indemnización a expensas del erario, ha confesado públicamente que se trata de una ficción, añadiendo ante las cámaras: "Yo no digo que ésa haya sido la realidad". Es decir, confesó que, más allá de la verdad, se trataba de una estratagema para sustraer recursos al fisco.

¿Es honesto escandalizarse por una jueza que lucra con un fallo, sin que se sepa si está o no ajustado a derecho, habiendo dejado pasar sin decir nada más de mil fallos que también generan un lucro, pero que se confiesan positivamente contrarios a derecho?

¿Es justo no decir nada cuando asciende a la Corte Suprema un juez que transformó una "muerte en combate", en 1974, de la cual se enorgullecía el hijo del asaltante de bancos, ME-O, en un "asesinato". Ese juez lo hizo tras fabricar, medio siglo después, otro juicio completamente ilegal, llevado a cabo a enorme distancia de los hechos, con resultado de una millonaria indemnización para el mismo ME-O? Este la recibió a sabiendas de que no era procedente, pues su padre, según él mismo había reconocido, murió en combate.

La podredumbre judicial tiene muchos años y no pueden escandalizarse de ella los mismos que, cuando comenzó el ejercicio del lucro obtenido violando la legalidad, con el añadido de 500 personas que son presos políticos, pues sufrieron la pérdida ilegal de su libertad, no dijeron nada y se limitaron a mirar para otro lado.

NO HAY QUE PEDIRLE PERAS AL OLMO

Los que votamos por Kaiser por algo lo hicimos, en lugar de votar por Kast. Si se fundó un partido a la derecha del republicano por algo fue. Y fue a raíz del desfallecimiento de José Antonio Kast quien, tras conseguir su partido situarse como el más grande del país, gracias a haber sido el único opuesto a una nueva Constitución, se cambió de bando en 2023 y se pasó al de Piñera y Boric, partidarios de una nueva Constitución.

Esto está descrito en mi penúltimo libro, titulado "Trampantojo" siguiendo al autor de la idea del segundo proceso, el rector-columnista Carlos Peña. Motejó así la propuesta republicana en su memorable columna de arrepentimiento del 20 de octubre de 2023. Es decir, el padre de la criatura decidió desconocer su paternidad cuando vio a la guagua y ésta no le gustó. 

Ya iban dos "vueltas de chaqueta", las de Kast y Peña. Vendría una tercera, del propio Boric, a quien tampoco le gusto el "trampantojo".

En éste venía incluido un capítulo adoptando la errada idea de que había un "cambio climático antropogénico" y avalando la política energética de Bachelet y Piñera conducente a reemplazar la generación eléctrica a carbón y combustibles fósiles por otra basada en "energías renovables no convencionales", como la eólica y la solar, supuestamente "limpias".

Douglas Pollock ha probado que la generación de CO2 no es un problema ni incide en la temperatura del planeta. Y las ERNC generan energía más cara, como lo podemos certificar los consumidores. Pollock acaba de publicar un libro reafirmando su tesis.

Kast ha nombrado como ministra de Energía a la exsenadora Ximena Rincón, cuyo partido "Demócratas" se ha escindido de la DC. Seguramente será continuadora de las políticas de Bachelet y Piñera que nos han encarecido la energía y nos tienen con la cuarta electricidad industrial más cara del planeta.

Yo, siguiendo a Pollock, he hecho ver el absurdo de las políticas energéticas actuales y he comprobado que el presidente Trump, en el foro de Davos, ha destacado que China se haya convertido en el mayor productor de torres eólicas y paneles solares ¡gracias a que no los usa en su generación eléctrica! Pollock ha revelado que China, en conjunto con la India, han construido 90 nuevas centrales a carbón de las mismas que se han cerrado o impedido ("Barrancones") en Chile.

Este es un aspecto negativo de las políticas del nuevo gobierno chileno, aunque no alcanza a opacar sus propósitos positivos. De hecho, se produjo la paradoja de que, cuando Boric anunció que iba a tomar la riqueza de los chilenos y redistribuirla, los poseedores de ella, en pánico, llevaron el dólar a más de mil pesos (2022) lo que generó una inflación del 11 por ciento. Esto castigó la popularidad de Boric. Ahora el futuro gobierno ofrece bajar impuestos y dar garantías a los inversionistas y el dólar ha caído cien pesos ($869 a la fecha de hoy), lo cual generará una baja de la bencina y la consiguiente caída de los demás precios. Esto mejorará las remuneraciones reales de los trabajadores y su bienestar.

Lo cual significará un oportuno respaldo para Kast este año de una mayoría asalariada que verá aumentado su bienestar gracias a la confianza de los inversionistas, que han dejado de refugiarse en el dólar. Pero las malas políticas energéticas seguirán en vigor, constituyéndose en, posiblemente, el aspecto más negativo del programa de la administración entrante. 

Kast se mostró porfiado en su error de apoyar la nueva Constitución. No creo que recapacite en su programa energético. No hay que pedirle peras al olmo. Pero por lo menos no amenaza a los inversionistas. Eso ya es algo.

BUEN GABINETE CON EXCEPCIONES

Pienso que el de Kast es el mejor gabinete desde 1990, con excepciones. Las áreas fundamentales quedan en manos confiables. En la económica, Cancillería, Seguridad, Obras Públicas, Justicia, Defensa y Educación hay personalidades inobjetables a la cabeza. 

En Salud he criticado en X la designación de la doctora que encabezó una investigación sesgada y basada en injustas apreciaciones históricas acerca del gobierno militar, pero ello no obsta a que sus habilidades en el campo de nuestra salud pública desastrosa le permitan adoptar medidas adecuadas. En el primer gobierno de Piñera hubo un eficiente director de Fonasa que, con medidas racionales valientes y simples, ahorró enormes cantidades de recursos que se dilapidaban. De eso se trata, por ahora. Por ejemplo, que en el siguiente paro de la salud los que no vayan a trabajar sean despedidos, como en derecho corresponde.

Las designaciones más objetadas recaen en personas como el futuro ministro de las Culturas y el Patrimonio, El designado Francisco Undurraga toda su vida ha desplegado un abanico de preferencias valóricas que chocan frontalmente con las de Kast y sus partidarios, como las referidas al aborto, al matrimonio homosexual, a la intervención escolar temprana en la sexualidad de los niños. Su designación ha sido otro "desmayo" de José Antonio Kast. Por uno anterior surgieron, a la derecha de él y de los Republicanos, otro candidato y otro partido realmente de derecha y sin desmayos.

Asimismo, nuestra primera preferencia no habría sido, en la cartera de Energía, Ximena Rincón, que tanto papel tuvo en deteriorar la actual Constitución para hacerla más vulnerable, en circunstancias que los de derecha a secas queríamos reafirmarla. Con Ximena Rincón se aleja la posibilidad, divulgada por Douglas Pollock, de mejorar nuestra matriz energética, deteriorada bajo los gobiernos de Lagos, Bachelet II y Piñera, que nos tienen pagando cuentas de luz más caras y nos han llenado de "impuestos verdes", para solucionar un "no problema", como ha probado Pollock. Mientras, por razones políticas sin base, se ha vedado la construcción de Hidroaysén, que nos habría entregado energía limpia y barata. 

La designación, en cambio, de Jaime Campos, exministro radical de Bachelet y Lagos, se justifica porque él exhibe en su hoja de vida méritos que valoramos, como el haber impedido el cierre de Punta Peuco para mandar a los Presos Políticos Militares a hacinados penales comunes; y también por haber obstaculizado la peregrina idea de la presidenta de dictar una nueva Constitución. Buen nombramiento remuneratorio. La derecha es agradecida, 

Pero tengo un agregado qué hacer: le temo a la reminiscencia piñerista, con un ministro del Interior que fue también ministro de Piñera, que se rindió ante la violencia y nunca usó sus atribuciones para combatir la subversión y el vandalismo. Eso siembra dudas frente a la inminente violencia de la izquierda. No está garantizada la energía necesaria.

Para resumir, creo que el nuevo gobierno representará un gran cambio positivo. El gabinete aporta las capacidades necesarias para que relancemos, a partir de 2026, "los segundos mejores 30 años", tras los primeros de 1985 a 2015, generados gracias último gabinete de Pinochet.