En 1981 el MIR instaló una renovada guerrilla en Neltume, en el sur, zona que había sido rápidamente pacificada después del 11 de septiembre de 1973. En efecto, se había constituido un Consejo de Guerra contra el principal jefe terrorista, el "Comandante Pepe", José Gregorio Liendo. Condenado a muerte con abogado defensor (Andrés Aylwin) y debido proceso, fue fusilado en Valdivia en octubre de 1973.
Pese a ser derrotada la guerrilla, después de unos años se reunió otro grupo mirista que retornó clandestinamente en 1979, formando en la misma zona de Neltume bases guerrilleras con pertrechos y armamento para combatir al régimen legalmente constituido en 1973 tras el llamado de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema y los colegios profesionales, nuevo régimen además declarado "legítimo" por el Colegio de Abogados en separata de la Revista de Derecho y Jurisprudencia de octubre de 1973.
Los propios vecinos de Neltume advirtieron los movimientos subversivos de 1979, los denunciaron a Carabineros y el gobierno mandó un contingente, que es lo que en derecho correspondía hacer. En 1981 el grupo fue aniquilado por fuerzas del Ejército y la CNI, muriendo en combate ocho subversivos.
Este breve episodio no interrumpió la pacifica vida interna durante el gobierno del presidente Augusto Pinochet, elegido en el plebiscito de 1980, en una cédula, mientras en otra se aprobó con el 67 % la Constitución que nos rige hasta hoy.
Pero a partir del gobierno de Patricio Aylwin, en 1990, se inició una ilegal persecución de uniformados con la Comisión Rettig, claramente inconstitucional. Porque se erigió en tribunal sui géneris dedicado a investigar supuestos delitos, misión que está reservada por la Constitución a los tribunales. Por ese motivo el pleno de la Corte Suprema rechazó el Informe Rettig por unanimidad. Pero, no obstante, Aylwin perseveró en su persecución. La misma no prosperó hasta 2005, porque la propia Corte Suprema había rechazado iniciativas comunistas por condenar a los militares que derrotaron a la guerrilla.
Pero ya en 2003 se abrió un proceso ilegal para juzgar a quienes habían derrotado al reintento guerrillero de Neltume en 1979-1981. Esa acción prevaricatoria empeoró cuando el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, declaró en 2004 que su institución era responsable de "todos los hechos punibles y moralmente reprochables del pasado". Casi la definió como una asociación ilícita. Hablaba de "nuestros camaradas y las víctimas".
Esa confesión no solicitada fue de hecho una rendición ante la ilegalidad flagrante iniciada por Aylwin, tanto más sorprendente cuanto que los auditores de las distintas ramas uniformadas debieron haber iniciado, pero no iniciaron, acciones contra los jueces que, sin atribución alguna, emprendían juicios contra militares. Pues el art. 3º del Código de Justicia Militar, en su número 3, les da competencia a dichos tribunales militares "cuando se trate de delitos contra la soberanía del Estado y su seguridad interior o exterior".
La acción de uno o más auditores de guerra debió haber perseguido ante la Justicia Militar a los jueces prevaricadores que pretendían sancionar como delito la lucha contra la guerrilla.
Pero dejaron que la ilegalidad e inconstitucionalidad suscitadas por el Informe Rettig prevalecieran y se rindieron ante ella y sus secuelas judiciales.
Han transcurrido más de veinte años de prevaricación por el caso de Neltume de 1979-81, se han acumulado miles de páginas y numerosos "tomos" en la causa ilegal y ahora un ministro en visita quiere condenar a siete oficiales y suboficiales, hoy ya muy ancianos, por la muerte en combate en 1981, reiteradamente prescrita, por otro lado, de ocho guerrilleros del MIR. Todo revelador no sólo de la lentitud e ineficiencia de los tribunales (veintiún años en un solo proceso) sino de la impudicia con que el ministro Álvaro Mesa Latorre siempre ha procedido a violar las leyes, atropellar a las instituciones armadas y privar ilegalmente, mediante sentencias inválidas, a exuniformados de su libertad.
¿Y qué han hecho los auditores de guerra de las Fuerzas Armadas durante estos 21 años? Nada. ¿Qué han hecho los Comandantes en Jefe y Generales Directores al respecto? Nada.
Mesa Latorre ha conseguido hacerse famoso por condenar, en otros procesos, a militares por el "delito" ¡de ser tales! Esto parece increíble, pero lo dice así en sus fallos.
Hoy el país, estremecido hasta sus cimientos por la ilegalidad, la corrupción y la prevaricación multimillonaria en los procesos de derechos humanos, convertidos en un cajero automático de abogados de izquierda para sustraer plata del fisco, ve impotente cómo la guerrilla de nuevo reina en el sur y las inversiones forestales y madereras por miles de millones de dólares huyen a otros países.
Un excomandante en jefe de la Armada dice que sus marinos podrían poner término a la guerrilla en 72 horas. ¡Si lo hiciera, Mesa Latorre lo metería preso a él y sus infantes! No han sido capaces, en veinte años, siquiera de presentar un libelo a través de sus auditores para perseguir la prevaricación de ministros que inventan delitos de su propia creación y no figuran en las leyes, para encarcelar a ancianos exmilitares, incluso enfermos.
Todo esto es una burla al país, a su historia, a la nacionalidad. Todo esto existe por el entreguismo y la contemporización de la que debió ser derecha política, pero no lo fue, sino que se convirtió en cómplice de la izquierda para anarquizar al país y esquilmarlo monetariamente.
Si los uniformados no cumplieron su deber de hacer respetar las leyes durante más de dos décadas, ahora los ciudadanos pueden buscar un remedio a eso mediante el voto. Primero eligiendo gobernadores de derecha el domingo y en 2025 parlamentarios y presidente de derecha. Para que pongan término al negocio ilícito de los derechos humanos.
Hay que votar este otro año por candidatos del Partido Nacional Libertario, único de derecha leal, firmando para que exista en www.nacionallibertario.cl y luego ingresando al link que los llevará directo al SERVEL con su clave única.
Para que se constituya y, ganando con Johannes Kaiser, ponga a los jueces prevaricadores donde deberían estar, si hubiera un mínimo de respeto por la ley: tras las rejas. Y a los Presos Políticos Militares en libertad.