La Política Todo lo Puede

             Un típico ejemplo de cómo en Chile algunos políticos pueden armar un juicio sin base y elevarlo a la categoría de verdad judicial es el caso Frei. El ex presidente se operó a fines de 1981 de una obstrucción en el esófago con el médico Augusto Larraín. Un error en la operación, derivado de un punto mal suturado (el médico dejó a su ayudante en práctica la tarea de hacer las suturas finales) generó una infección y una peritonitis, la que dio lugar a otra operación, que resultó tardía por el deseo de la familia de esperar a que Larraín volviera de Pucón, a donde había viajado.

             Nadie entonces dijo nada de “envenenamiento” ni de “intervención de terceros”” ni menos de “asesinato”, porque Frei vivió sus últimos días protegido y rodeado de sus más próximos, aparte de su familia: sus médicos más amigos, uno ex ministro y el otro ex subsecretario suyos, doctores Patricio Rojas y Patricio Silva; y del ex senador Osvaldo Olguín, a quien le oí personalmente el relato de los errores cometidos, pues ambos éramos directores de Banmédica cuando quince años después la hija de Frei, Carmen, empezó a vocear sospechas de que hubiera habido intervención de terceros en la muerte de su padre. 

            Al contrario, cuando el doctor que lo operó tuvo una hija y recibió un ramo de flores de la viuda, señora María Ruiz-Tagle, se preocupó de mandar una carta a “El Mercurio” haciendo público ese gesto que lo reivindicaba y destacando la nobleza de la señora Maruja al manifestarle así su ningún resentimiento por el fatal resultado de la operación de su marido. 

             Quienes siempre negaron la intervención de terceros en la muerte de Frei fueron la enfermera jefe que estuvo a cargo de su cuidado, Victoria Larraechea, hermana de Martita Larraechea, casada con Eduardo Frei, hijo; el doctor Patricio Silva Garín, por supuesto, quien encabezó la segunda operación, y ahora condenado; el doctor Patricio Rojas, ex ministro del Interior de Frei, que mantuvo esa opinión pese a ser amenazado de sanciones en su partido, el Demócrata Cristiano; el médico y yerno de Frei Montalva, Juan Pablo Beca; y el doctor Eduardo Weinstein. Estos dos últimos estuvieron presentes en la última operación, pero sólo tardíamente fueron citados a declarar por el ministro que sustanció la causa, Alejandro Madrid.

          Cuando quince años después de la operación Carmen Frei comenzó a vocear sospechas sobre la causa de muerte de su padre, nadie la tomaba en serio. Recuerdo que el entonces director de “El Mercurio”, doctor Juan Pablo Illanes, nos refirió en una reunión de redactores que, tras preguntarle al entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle por la denuncia de su hermana, éste le había replicado: “Son cosas de la Carmen”. Nunca su gobierno se hizo parte de ellas ni investigó nada, porque no había nada. Pero en Chile, si usted consigue apoyo de la DC y la izquierda, puede fabricar un caso judicial a partir de nada, sobre todo si eso hace posible formular alguna acusación contra el Presidente Augusto Pinochet.

            A todo esto, en 1997 el mismo doctor Augusto Larraín operó a la actual senadora Isabel Allende de lo mismo que había afectado a Frei y cuando ella, al igual que éste, estaba a las puertas de la muerte con una infección generalizada, acudió al doctor Arturo Jirón, ex médico de La Moneda bajo Allende, quien procedió a reoperarla correctamente, limpiando y esterilizando. También gracias a su menor edad, la senadora pudo salvarse. Ella no tuvo inconveniente en reiterar que no creía en el “asesinato de Frei” porque sabía que los procedimientos del doctor Larraín la habían llevado al borde de la muerte. Eso lo declaró públicamente, pero ya en agosto del año pasado se publicó una opinión suya cambiando de posición y apoyando la tesis del “magnicidio”. Es que “la política todo lo puede”.

                Por supuesto “el político que se sube a todas las micros”, si cree que eso le reditúa apoyos, Sebastián Piñera, ya en su primera presidencia se trepó al “magnicidio de Frei” y le prometió ayuda a la familia para conseguir un pronunciamiento pericial norteamericano, pero con tan mala suerte que, conocido éste, desechó la existencia de rastros de veneno en las muestras que examinó.

                Pero como “la política todo lo puede” hemos vivido más de veinte años de acusaciones sobre “el asesinato de Frei” y algunos momentos culminantes, como cuando Michelle Bachelet, en su primera presidencia, reunió en La Moneda a la prensa y, rodeada de la familia Frei y algunos de sus ministros, denunció que había un informe de la Universidad de Gante, en Bélgica, confirmatorio del envenenamiento. La ministra Vivianne Blanlot declaró, haciendo titulares: “¡El horror no termina!”. Lo malo para la escenificación, que había tenido al país en vilo, fue que “La Segunda” llamó a la Universidad de Gante y comprobó que el publicitado “informe” ¡no existía!. Pero el abogado de la familia replicó categórico: “¡Hay un informe, hay un informe!”. Sin embargo, nunca lo mostró y finalmente renunció al patrocinio de la causa.

                Casi un cuarto de siglo después de la malhadada operación el doctor Augusto Larraín, que nunca había dicho nada aparte de su carta a la señora Maruja, apareció en Chilevisión diciendo, según “El Mercurio” de 19 de agosto de 2006, haber sido citado por el ministro Alejandro Madrid y declarando: “Guardé por 25 años el secreto de mis impresiones respecto de las razones que habían complicado la salud del ex presidente Eduardo Frei Montalva". ¿Qué médico al cual le han envenenado un paciente se queda callado y no lo denuncia durante 25 años? Reveló que el ministro Madrid le había dado “antecedentes que no conocía” y le había preguntado “sobre la forma en que se pudo producir contaminación externa”, ante lo cual Larraín admitió “que pudo no haber intencionalidad, ya que se podría haber causado por una mala esterilización”. Pero eso no era lo que esperaba Madrid, cuya misión siempre estuvo clara. Tanto que un columnista de derecha de “El Mercurio”, devenido del “No” y detractor de Pinochet, anticipó a mediados del año pasado: “En octubre el juez Madrid probablemente fallará que a Frei Montalva lo mataron”. 

            Se esperaba esta “guinda de la torta” del actual régimen del “No”, que ya dura más de 29 años. Pero el fallo no salió en octubre porque también declararon los doctores Eduardo Weinstein y Juan Pablo Beca, ambos presentes en la operación final de Frei y el segundo de ellos casado con una hija del ex presidente, y también ambos contestes en que la muerte se debió a una infección y al retardo en la operación para contenerla, desvirtuando toda tesis de envenenamiento. No era lo que el ministro necesitaba oír, así es que debió demorar su fallo. También en agosto el hijo del doctor Silva Garín había escrito a “El Mercurio” citando las pruebas que desvirtuaban todo envenenamiento. La sentencia debía esperar a que todo eso se olvidara.

                Pero en Chile la mayoría política todo lo puede y la dictadura del “No” exige imputar la muerte de Frei al “enemigo público número 1” del "No”. Contra eso no hay testimonio médico que valga. Al fin Madrid le dijo al régimen del “No” lo que éste necesitaba oír. Eso es lo único que importa: “mataron a Frei”. Ése es el titular hoy aquí y en el resto del mundo. La opinión general se maneja con titulares.

      Pero quedan por delante muchos años: habrá apelación al fallo y posteriores recursos ante la Corte Suprema. Otra generación de chilenos va a vivir con “el caso

Frei” haciendo titulares proclives a los intereses de la izquierda, pero ésta ya tiene una “¡verdad judicial!”: “¡A Frei lo mataron!” ¿Quién? ¡Pinochet, por supuesto! Es lo que se transmite ya a todo el mundo.

             El examen objetivo de la verdad revela cuatro cosas: una, que en Chile la mayoría política todo lo puede; dos, que el Poder Judicial es una vergüenza nacional; tres, que el país puede vivir decenios antes de enterarse de la verdad que la mayoría política es capaz de ocultarle; y cuatro, que se confirma lo visto en los juicios contra Presos Políticos  Militares: lo último que importa es la justicia, la ley y la verdad.

            Pero, sin duda, entre la canalladas urdidas por el régimen del “No” que ya dura 29 años y que ha controlado a su amaño los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ésta ha sido la mayor de todas.

¿Por Ser Venezolanos o Por Ser Derechistas?

                Hace unos días se reunieron en la Plaza Italia veinte mil venezolanos a pedir la salida de Maduro. Lo hicieron con tal orden y respeto que un lector de “El Mercurio” escribió al diario contrastando la conducta de ellos, que no provocaron desórdenes ni vandalismo y hasta hicieron posible que el comercio del sector siguiera funcionando normalmente, con las algaradas de chilenos en Plaza Italia por los más diversos motivos, que terminan en destrozos generalizados, saqueos de tiendas y violencia contra la policía, lo que redunda en decenas de detenidos.

                Pero el contraste que destaca el lector está mal planteado: lo que sucede es que la reunión de venezolanos fue de centristas y derechistas que están contra el “socialismo del siglo XXI” de Maduro, es decir, contra un gobierno de izquierda. No es que los venezolanos sean más civilizados que los chilenos, sino que los derechistas son más civilizados que los izquierdistas.

           Cuando en 1987, en plena de la que ahora denominan (incluso algunos derechistas desprevenidos)  “dictadura”, se organizó un acto público en el Teatro Cariola en homenaje a Salvador Allende. El mismo pudo realizarse con toda tranquilidad, porque era un acto de izquierda y ésta, que es la violenta y lo ha sido siempre, quería que se desarrollara normalmente. Los derechistas no fueron a atentar contra nadie porque nunca lo han hecho ni han sido formados para eso en sus colegios, sino en el estudio y el respeto a los demás.

              Cuando más de veinte años después, bajo el primer gobierno de Piñera, se organizó un similar homenaje a Pinochet en el Teatro Caupolicán, se desató la violencia comunista-socialista contra los concurrentes, muchos de los cuales fueron agredidos y algunos resultaron con lesiones serias, como los hermanos Widow Antoncich y la dirigente femenina Gina Fascinetti, salvada de la pateadura marxista por algunos comerciantes callejeros. El propio ex ministro Alfonso Márquez de la Plata fue agredido y escapó apenas en un taxi. Entonces, las manifestaciones nacionales en Plaza Italia terminan en desmanes porque los izquierdistas, que son los revolucionarios violentos de toda la vida, los provocan.

                La derecha, sea chilena, inglesa o venezolana, es pacífica; la izquierda, y en particular la chilena, es violenta. Su violencia forma parte de la historia de Chile. Y hoy día una violenta revolución de izquierda es la que provoca el terrorismo en la Araucanía. Cuando hubo un gobierno de derecha y capaz de reprimir la violencia, simplemente no había “conflicto mapuche” (conflicto que, además, no es mapuche, sino comunista) y la Araucanía vivía tranquila bajo el gobierno del Presidente Pinochet, homenajeado por los caciques araucanos. Ese es el tema.

                Una de las columnas más leídas de este blog, el cual ya va a cumplir nueve años, fue la del 5 de julio de 2015, justo después de que Chile ganara la Copa América en un Estadio Nacional repleto, sin que hubiera ocurrido un solo hecho de violencia en tribunas ni galerías y respetando a los grandes contingentes de hinchas argentinos situados en medio de la marea roja, sin sufrir gritos destemplados ni groseros ni menos agresiones. Ese blog se titulaba “Éxito Nacional de un Triunfo Privado” y en algún momento me llamaron de una radio para decirme que era “trending topic”, dado que era el paradigma de lo “políticamente incorrecto”. Es decir, les cantaba a los lectores verdades impublicables en los medios chilenos de entonces y con mayor razón en los de ahora. En el fondo, decía que todo ese éxito de civilidad y buen comportamiento se había debido a que el público era de derecha. Los precios absolutamente prohibitivos de las entradas para la Copa Libertadores de ese año condujeron a que sólo gente educada en colegios donde no hay profesores comunistas que hagan la apología del “Che”, con un alumnado que era gente acomodada que podía tener acceso a las costosas graderías. De eso resultó que los espectadores observaban una buena conducta, no gritaban “garabatos” a nadie y respetaban a todo el mundo.

                El tema era el mismo que el de Plaza Italia: si van derechistas salidos de la educación particular, hay respeto y buena conducta. Si van izquierdistas formados por profesores revolucionarios de izquierda, hay la violencia predicada por el ídolo de los maestros de izquierda, el “Che”: vandalismo, saqueos y choques con la policía.

     Y eso fue todo lo que diferenció la manifestación venezolana de las chilenas de Plaza Italia: que a la primera la izquierda violenta no fue invitada. Al contrario, si hubiera ido, habría sido a agredir a los concurrentes, pues es partidaria de Maduro y del socialismo del siglo XXI. Pero seguramente no se enteró a tiempo, porque los venezolanos no se lo informaron.

             Ése es, reitero, el tema. A propósito del cual hoy viene una columna del izquierdista Daniel Matamala en “La Tercera”, en que vuelve sobre la desigualdad educacional y una vez más se confunde. Dice que hay grandes diferencias de ingreso entre los formados en la educación particular pagada y los formados en la pública. Y la atribuye a “endogamia” o deseo de excluir de la primera a la clase baja, porque los mejores puntajes de la educación pública terminan ganando menos dinero, cuando salen al mercado del trabajo, que los inferiores puntajes de la educación particular pagada de diez colegios de élite.

             ¿Discriminación? No, esto es lo mismo que el tema del Estadio Nacional. En la educación pública reina el marxismo, se enseña la historia reciente más falsificada que en los colegios particulares (pues en éstos también se enseña bastante falsificada) y predominan los profesores comunistas y socialistas que inculcan la revolución y la violencia a sus alumnos. Esto todo el mundo lo sabe y si se presenta un aspirante a un trabajo a una empresa y dice que se educó en un colegio dominado por académicos izquierdistas, la empresa teme que si lo contrata resulte un revolucionario. En cambio, si viene de colegio particular pagado la empresa sabe que ahí los profesores que predican la revolución no duran nada (a petición de los padres). Por eso, obviamente, para toda empresa es mejor tener un empleado educado en el respeto al sistema que un potencial conspirador contra su quehacer productivo. Y por eso los nuevos contratados que salen de la enseñanza pública revolucionaria deben resignarse a ganar menos que los de la enseñanza particular pagada. Y por eso yo siempre he dicho que todas las familias pobres deberían repartirse la plata que derrocha el Ministerio de Educación y recibir vouchers para matricular a sus hijos en la enseñanza particular pagada que ellas elijan, porque esa plata alcanza de sobra y así la mayoría de “machucas” se educaría mejor, no andaría con camisetas del “Che” y la enseñanza en Chile daría un tremendo salto adelante.

            Pero no, los Matamala y Cía. quieren que todos sean educados por profesores revolucionarios de izquierda y en eso se basa el eslogan “educación gratuita y de calidad para todos”, que traducido al castellano significa “escuela única socialista-fidelista-allendista-madurista” para hacer la revolución y convertir a Chile en una segunda Cuba o en Chilezuela. Por suerte contra eso votó el 54 por ciento de los chilenos en 2017, algo bastante notable en un país de mayoría izquierdista. Es que “ser izquierdistas, pero no tontos”.

         He ahí la madre del cordero. Y mientras nuestra política educacional siga apuntando para otros lados, como denuncia en una excelente carta Isabel Undurraga Matta en “El Mercurio” de hoy; y mientras ella siga ciñéndose al libreto izquierdista de Matamala et al, la masa de los chilenos vulnerables nunca va a poder despegar.

Todos Son Francia

            ¿A qué tanto rasgar de vestiduras porque a un asesino comunista confeso Francia le da asilo político, si todos ustedes, SÍ, TODOS USTEDES, le han dado las razones para hacerlo? Pues ¿qué ha hecho Chile durante ya casi 29 años del "No" sino brindar impunidad y llenar de dinero al terrorismo?

                ¿Que no fue Aylwin el que puso en libertad a todos los terroristas y asesinos iguales a Palma Salamanca y formó una comisión para sentar en el banquillo de los acusados a quienes los combatieron? ¿Que no fue ése el antecedente para que los jueces de izquierda se tomaran después los tribunales, cambiaran las leyes y la jurisprudencia para condenar a los militares y llenar de plata a los Palma Salamanca y a sus sucesores? ¿Que los jueces de acá no rechazaron también la querella contra el jefe comunista, Guillermo Teillier, confeso de ser coautor del asesinato de cinco militares y lo dejaron impune? Impunidad total.  ¿Qué ha hecho Francia distinto a eso?

              ¿Que no han sido todos ustedes, desde la UDI y RN, que cambiaron hasta sus Declaraciones de Principios para acoger las tesis comunistas (“tratados internacionales”) de condena a los militares, pasando por la DC, siempre lista para oficiar de Kerensky y terminando con la izquierda que ha acompañado al comunismo en tratar de llevar adelante la revolución totalitaria, todos los anteriores diciéndole al país y al mundo, urbi et orbi, y repitiendo hasta hoy, que acá hubo una dictadura militar dedicada a atropellar sistemáticamente los derechos humanos, dejando entonces implícitamente a todos los asesinos, el primero de los cuales era Palma Salamanca, convertidos en defensores de la libertad? Por eso Francia se la ha garantizado, por lo que ustedes le han inculcado.

              ¿Que no fue la misma Francia la que pedía a fines de los ’90 que Inglaterra le entregara a Pinochet, secuestrado allá, para juzgarlo por supuestos pero falsos “crímenes”, que habían llevado a la traidora Albión a retenerlo por 500 días, sin otra protesta que la de una ya retirada pero siempre valiente Margaret Thatcher, única personalidad que alzó su voz contra la traición, pues los "altos lores" mayoritariamente se inclinaron por apoyar la mentira y la vileza marxistas? ¿Qué tan distinto a Francia se comportó Inglaterra?

             ¿Y que no fueron los propios Estados Unidos los que aplicaron la Enmienda Kennedy, privando de armamento a un Chile amenazado en todas sus fronteras, para impedirle dotarse de elementos esenciales para su defensa, en nombre de que se atropellaba acá los derechos de tipos como Palma Salamanca? Eso mismo dice Francia hoy. ¿Que no fue la propia Secretaria de Estado en visita a Chile, Madeleine Albright, la que se pronunció en apoyo al procesamiento ilegal del ex Presidente Pinochet, en un juicio local espurio y vergonzoso, por hechos de los cuales él no había tenido conocimiento previo ni la menor participación? Eso fue tan escandaloso como lo es hoy liberar a Palma Salamanca.

           ¿Y que no fueron los propios Estados Unidos los que intervinieron descaradamente en el plebiscito de 1988, financiando la campaña mentirosa del “No” (que sostenía que el “Sí” equivalía “a prolongar la dictadura”) financiándola con el millonario (en dólares) “Endowment for Democracy”, para denostación del régimen militar, cuando éste, sin una bala de USA ni un soldado norteamericano muerto, había permitido rescatar a Chile del destino que tuvo Vietnam del Sur, convertido en comunista tras años de una guerra que los norteamericanos perdieron, dejando atrás 55 mil soldados muertos y una hemorragia de billones de dólares perdidos? ¿No fueron, entonces, peores que Francia hoy los Estados Unidos ayer?

             Toda esta miseria moral es la que  hace lícito decir hoy que “todos son Francia”. Por lo mismo, acá prácticamente todos carecen de autoridad para criticar el atropello francés, pues es perfectamente equivalente al que comete cotidiana e impunemente contra los militares la judicatura nacional actual, mientras la sociedad entera guarda silencio y prefiere mirar para otro lado.

Sin Problemas con Dawkins ni con Machuca

        Los ateos han estado muy nerviosos ahora último y nos han comunicado reiteradamente a los creyentes su convicción de que Dios no existe. El último en proclamarlo ha sido el profesor Dawkins, ilustre participante en el Congreso del Futuro. No tengo problema en que él y sus seguidores crean eso… pero por algo están tan nerviosos: pues si creen que Dios no existe ¿a qué tanto preocuparse de él?

           Yo ese tema lo tengo muy claro desde los once años, cuando el father Send, en clase de Apologética en el Saint George’s College, dijo que si alguien creía que su reloj, que nos mostró, se había hecho solo y sin la intervención de un relojero, también podía creer que el resto de la Creación se había hecho sola y sin intervención de Dios.

     Como todos los relojes de los cuales sé han sido hechos por un relojero y en mi ya no corta vida nunca he oído decir ni leído en ninguna parte que se haya encontrado un reloj producto de la evolución de las especies, siendo un objeto tanto menos complicado de fabricar y tanto menos perfecto que cualquier ser vivo, entonces creo que a este último, comoquiera o quienquiera sea, lo hizo alguien, al que llamo Dios. Y lo creo por la misma razón que a todos los relojes de los que se ha sabido en la historia de la Humanidad los ha hecho algún relojero.

   Mientras no aparezca uno nacido de la evolución espontánea de las especies voy a insistir en que tiene un creador y, como una mosca o un ojo humano son infinitamente más complejos que un reloj, también seguiré pensando que tuvieron un creador, al cual yo llamo Dios. Y si el señor Dawkins cree otra cosa, que me muestre al menos un reloj no fabricado por algún relojero para comenzar a discutir.

  Zanjado ese problema, otro que ha surgido en estos días también puede zanjarse fácilmente, para mí, por lo menos. Se trata de la Ley Machuca, para que en los colegios particulares el 30% de los alumnos deba pertenecer al 40% más vulnerable de la población. 

    Como yo soy partidario de que el 100% de los alumnos más vulnerables puedan ir a los colegios particulares más cotizados y caros de su preferencia, para lo cual sólo se necesita ponerle una bomba a ese monstruo burocrático llamado Ministerio de Educación y entregar los 14 BILLONES de pesos que nos cuesta a los contribuyentes cada año, para dárselos a las familias del 70% más pobre, como voucher que puedan llevar al colegio o universidad que prefieran, estoy implicando con eso que TODOS los machucas del país podrían estar en los mejores colegios. Luego, por cierto que soy partidario de que, desde ya, el 30% de los alumnos de los colegios particulares sean pobres y puedan ir, pagando, a los colegios de élite que elijan, PERO RESTÁNDOLE AL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO LA SUMA NECESARIA PARA FINANCIAR SUS MATRÍCULAS CON  VOUCHERS ENTREGADOS A SUS FAMILIAS.

  En otras palabras, apoyo la Ley Machuca siempre y cuando se financie con  parte de lo que nos sustrae y malgasta el monstruo burocrático.

  Agradezco a la izquierda haber adoptado parcialmente mi propuesta, reiterada últimamente en mi escrito del 18 de enero último, y espero que se haya inspirado en él.

    

      Todo lo cual avala la influencia nacional de este blog y la inanidad de los esfuerzos presidenciales (deberá preguntarle al segundo piso el significado de la palabra inanidad) por impedir que el mismo sea reproducido en cualquier otro medio.                 

¡Qué Agradable es Ser Comunista!

            Cuando escribí estas líneas tenía lugar un homenaje público al 60° aniversario de la Revolución Cubana, convocado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¡Qué envidia! Tenía la tranquilidad de saber que no iría un piquete de matones a agredir a los concurrentes, porque los que hacen esto último son precisamente los comunistas, cuando se reúnen sus adversarios. Bueno, sólo un aviso de bomba inofensivo los obligó a evacuar el local antes de finalizar el acto.

           El insigne comunista Ché Guevara es famoso en todo el mundo y son bien vistas las poleras con su efigie, pese a que fue un asesino en serie. Con total cinismo  se permitió declarar ante las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964: “¿Fusilamientos? Sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario”. Es que era comunista. El "Libro Negro del Comunismo" documentó 17 mil muertos por el régimen cubano, hasta los años ’90, pero nadie lo ha acusado de “exterminio”, “genocidio” o “crímenes de lesa humanidad”.

      Pues ¡de qué agradable impunidad gozan los comunistas! El jefe chileno de ellos, Guillermo Teillier, confesó públicamente su autoría intelectual de un atentado que costó la vida a cinco militares, pero cuando alguien accionó en su contra, los tribunales lo sobreseyeron por prescripción, la misma que niegan a los militares por muertes de terroristas ocurridas hace más de 40 años. 

          ¡Qué agradable es tener a los tribunales de su lado, como los tienen los comunistas!

   

       ¡Y las cantidades de dinero que les reconocen como indemnizaciones por cualquier cosa que les hayan hecho!  Yo estimo que ya sobrepasan los 400 millones de dólares anuales, por habérseles privado de su “derecho” a tomarse el poder por las armas. ¡Y lo que reciben últimamente por declararse “torturados”! Son decenas de miles de pensionados por eso. Ya se quisiera el abogado Juan Luis Ossa, torturado en 1972, bajo la UP, en el cuartel de Investigaciones de Rancagua e interrogado por el subdirector comunista Carlos Toro, tras las aplicaciones de electricidad, alguna indemnización por eso. O el ex diputado Maximiano Errázuriz, también torturado bajo la UP por detectives rojos que en 1972 finalmente, tras infligirle castigos por criticar al régimen en el diario "El Cóndor" de Santa Cruz, lo dejaron amarrado a una línea de tren ¡por donde pasaba un tren! Afortunadamente fue desamarrado antes de que pasara.

         Si quiere impunidad y un buen pasar en el Chile de hoy, hágase comunista.   

                Escribí estas líneas para otro medio, que finalmente no las publicó. Para que no quedaran inéditas las he traído a este blog.

¡Horror: Dijo "Industria"!

Durante un intervalo lúcido, Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto que promueve mayor libertad “en la industria de la educación”, según dijo en el respectivo anuncio, para que algunos establecimientos escolares pudieran tener criterios propios de admisión de alumnos.

                Todo ello es absolutamente correcto y bien pensado, pues la libertad de enseñanza es una garantía constitucional, por una parte, y quienquiera lea cualquier texto de Introducción a la Economía se enterará de que la provisión de bienes y servicios en una sociedad libre se materializa a través de ofrecerlos y demandarlos en los respectivos mercados. Todo manual de ese ramo enseña que en el del pan intervienen como oferentes las firmas, es decir, individuos o sociedades que producen pan; y que el conjunto de firmas constituye la “industria del pan”. Del mismo modo, en el mercado de la educación participan como oferentes individuos o sociedades que son firmas y enseñan en escuelas y universidades; y que el conjunto de firmas proveedoras de ese servicio constituye la “industria de la educación”. "Industria" es un vocablo perteneciente al lenguaje “de la respectiva ciencia o arte”, como dice el Código Civil, en este caso la economía.

Pero éste es un país de mayoría izquierdista y manejado por eslóganes que consagran o demonizan personas, gobiernos, sistemas y palabras al antojo de aquella, y está absolutamente proscrito y desterrado el término “industria”, que en la simpleza de los cerebros lavados criollos evoca los recintos donde se domicilian sujetos de prominente barriga, vestidos de negro y con un puro en la boca, dedicados a lucrar sin freno, esquilmar a los oprimidos y conspirar con el imperialismo norteamericano.

Como no hay nada que provoque mayor pánico a Piñera que las críticas de la izquierda, en este caso culminadas por una columna ad hoc del rector Peña, en “El Mercurio”, donde martilló el último clavo del ataúd de la idea de Piñera subrayando lo más horroroso de ella: haber hablado de “industria de la educación”. 

Por supuesto,  Sebastián retrocedió a toda máquina (ya Peña le cambió a suficientes ministros en su anterior administración), pidió perdón, eso sí que lamentando la falta de compasión de sus críticos con él y, acudiendo a su bagaje de populismo DC, concedió que habría sido más apropiado, en vez de "industria", decir “comunidad escolar”.

Pero en una sociedad realmente libre habría una gran industria educacional, como se gestó a partir de 1981 en la enseña universitaria, hasta que los izquierdistas llegaron al poder y están arruinándola. Si Chile pudiera deshacerse del Ministerio de Educación, poniéndole, por ejemplo, una bomba (esta idea se la oí a un rector) el gobierno dispondría de 14 BILLONES de pesos para que los siete deciles más pobres enviaran a sus hijos a los colegios privados de excelencia y a las universidades libres de su elección, pues la plata está, pero se la lleva la burocracia politizada. Como toda la educación sería particular pagada --que es la que en Chile se acerca a los niveles de países desarrollados-- habría un gran salto en la calidad de la enseñanza de los niños y jóvenes chilenos. Se registraría un progreso tan grande como el que significó la gestión del Gobierno Militar a nivel país. Pero "estamos en otra". La izquierda hace lo quiere e impone sus términos y hasta su idioma. La derecha izquierdiza sus principios y renuncia a su versión de la historia. Si la izquierda "le hace un guapo", la derecha se muere de miedo, sobre todo cuando le gritan, más encima, "y bien muerto está el perro". Luego, "industria" ya es una mala palabra que nadie se atreve a repetir. 

La Traición de la UDI

     La UDI terminó de traicionar su origen y su pasado cuando finalmente cambió su Declaración de Principios y la adaptó al estado de ilegalidad impuesto en Chile por la extrema izquierda. Lo que Groucho Marx decía como humorista (“estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros”) la UDI lo hizo en serio. Pero de manera hipócrita, casi sin publicarlo.

Pues cuando RN traicionó su origen y pasado, al menos lo hizo de manera franca: “se dio vuelta la chaqueta” públicamente y se pasó al “No” encabezada por Sebastián Piñera y cambió su Declaración de Principios al gusto del centro y de la izquierda. En cambio la traición de la UDI ha sido solapada. Debemos a “El Mercurio” conocer su nueva Declaración de Principios, pues por lo menos la publicó, lo cual los dirigentes de la UDI se habían abstenido de hacer, probablemente porque les da vergüenza. Y se avergüenzan con razón, porque la nueva versión es parecida a la declaración que hizo la mayoría  de la Corte Suprema al confesar, en marzo de 2015, que había dejado de aplicar las leyes con respecto a los militares que combatieron y derrotaron al terrorismo marxista y había recurrido a “los tratados internacionales” para condenarlos burlando la legislación interna. Había taxativas declaraciones anteriores de la misma Corte Suprema defendiendo la aplicación de la Ley de Amnistía y fallos posteriores al año 2000 negando la aplicabilidad de tratados internacionales al enfrentamiento armado chileno interno, entre ellos las Convenciones de Ginebra. Todo ello fue echado por la borda por la nueva mayoría pro marxista del más alto tribunal, que finalmente halló la misma “quinta pata al gato” que la UDI ahora utiliza (“los tratados internacionales”) para pasarse al bando de la venganza comunista contra los militares que les vedaron a los rojos tomarse por las armas el poder.

Todo esto forma parte de lo que he llamado “la miseria de la chilenidad” actual y que es un mal general, pues también ha alcanzado a los uniformados activos, con escasas excepciones. De hecho, cuando llevé a la Academia de Historia Militar, dependiente del “nuevo” Ejército, mi “Historia de la Revolución Militar Chilena”, en la cual se desmiente con pruebas la especie de que el régimen de 1973-90 haya tenido como política violar los derechos humanos y se destaca su aporte al ascenso de Chile desde la zaga de los subdesarrollados hasta la cabeza de América Latina, su consejo me respondió que la obra “se alejaba” de sus puntos de vista y me devolvió el original. Entre paréntesis, acabo de entregar para su distribución a librerías la tercera edición de la citada obra.

Con razón en algún blog anterior me referí al Gobierno Militar chileno como “el politraicionado”, pues dudo que a algún otro régimen nacional del pasado tantos y tan variados sectores y personajes lo hayan hecho objeto de tanta traición. Y hasta naciones extranjeras, en particular los Estados Unidos, cuya inepta política exterior los llevó a perder países completos que cayeron  en manos de sus enemigos, como Vietnam e Irán, el primero al costo de 55 mil norteamericanos muertos y billones y billones de dólares. En el caso del Gobierno Militar chileno, los norteamericanos se dieron el lujo de traicionarlo pese a que rescató a nuestro país de las manos del comunismo sin un soldado norteamericano muerto ni un dólar de apoyo extra y sin facilitarnos una sola bala, sino al contrario, pues la Enmienda Kennedy redujo toda ayuda y así favoreció al comunismo y a los enemigos de Chile. Tanto que su autor, el senador Ted Kennedy, se hizo acreedor a una condecoración por parte del gobierno de Michelle Bachelet, supongo que por señalados servicios a la misma causa marxista-leninista que ella abrazó desde su más temprana juventud.

  

  El país está anímicamente mal porque ha perdido la conciencia. Está materialmente bien porque no ha derogado el modelo socio-económico que heredó del Gobierno Militar, pero todos los ideales han sido traicionados, todos los valores han sido transados y la conducción ha quedado en manos de un “dealer” que sólo busca popularidad personal, aunque sea al costo de cualquier principio. Por eso, tras la traición de la UDI, han surgido espontáneamente corrientes nuevas que procuran rescatar, primero, la verdad; y luego restablecer tantos ideales, valores y principios, entre ellos ni más ni menos que la integridad de la soberanía nacional, que el “dealer”, en sus transacciones de exclusivo beneficio personal, ha ido y seguirá dejando botados por el camino.

Para Que los Candidatos de Derecha lo Tengan Claro

               No apoyaré ni llamaré a votar por ningún candidato, aunque sea de derecha, que diga o implique que el Gobierno Militar violó los derechos humanos o tuvo una política dirigida a violar los derechos humanos, porque eso es históricamente falso. A ninguna candidatura puede estarle éticamente permitido fundarse en esa mentira para captar votos.

     Aclaro que mi posición, convicción y opinión en esa materia es la misma que expuso públicamente en carta del 25 de noviembre de 1979 el obispo de Valparaíso, monseñor Emilio Tagle Covarrubias, al entonces Presidente Augusto Pinochet, donde comenzaba por describirlo como “real defensor de los derechos humanos” y le expresaba:

          “Es justo recordar en estos días que V. E. dirigió la acción más eficaz en defensa de los derechos humanos violados por la agresión marxista, que nos llevaba al abismo sin salida en que yacen hoy tantos pueblos, en cuya misma situación estaríamos hoy nosotros si no hubiera sido por aquella patriótica intervención. Chile ha dado a mundo libre una lección”.

             En su “Declaración de Principios” del 11 de marzo de 1974, en el número 5, la Junta de Gobierno se comprometió a instituir “un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos”. Antes la Circular N° 1 de la Junta, de 7 de enero de 1974, pasados los avatares iniciales después del 11 de septiembre de un régimen que no había tenido tiempo de prepararse para ejercer el poder, dio a conocer al país el texto que había emitido el 23 de noviembre de 1973 como “Circular para ser leída a todos los escalones del mando de la Fuerzas Armadas y Carabineros”, donde se ordenaba que “los allanamientos y detenciones de personas deben ser ejecutados con oportunidad y firmeza, pero con órdenes de autoridades competentes que aseguren un procedimiento que en ningún caso desprestigie la sacrificada y patriótica labor que están cumpliendo las FF. AA. y Carabineros”, añadiendo que “el tratamiento de los detenidos debe ser también consecuente con la peligrosidad y el grado de comprometimiento comprobado del detenido… y de todo punto es inconveniente que esas personas, por el trato que se les ha dado, salgan con espíritu de venganza y por lo tanto puedan transformarse en futuros extremistas”.

    La Circular N° 3 de la Casa Militar de la Junta expresó que “3. Este Estado de Guerra … no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que tengan que ocultarse a la ciudadanía y que sólo engendran una reacción de violencia, de odios y de venganza”.

          Los párrafos anteriores definen la política de respeto a los derechos humanos del régimen militar y, por tanto, constituye una falsedad histórica afirmar que él tuvo como política la de atropellarlos. El candidato que diga esto último o lo reconozca así no dice la verdad.

    Además,  ese régimen fue el más vigilado del mundo en esa materia. Tenía que lidiar contra un extremismo armado muy peligroso, una propaganda mundial adversa inspirada desde el KGB soviético y defenderse del abastecimiento de la guerrilla por países como Alemania Oriental, Cuba y la URSS. ¿Cómo iba a tener una “política de atropello a los derechos humanos” si ella lo iba a privar de créditos internacionales indispensables y hasta de la posibilidad de comprar armas, en un período de máximas amenazas a nuestras fronteras? Los militares chilenos tendrían que haber estado locos para, frente a todo eso, practicar una política de atropellos a los derechos humanos que aislaría al país, y no lo hicieron.

   Que algunos agentes del régimen no hayan observado las instrucciones de la Junta no constituyó a la política del gobierno en responsable de esas transgresiones. Que uniformados, actuando por su cuenta, hubieran cobrado venganza frente al terrorismo extremista no implicó tampoco que el Gobierno Militar fuera responsable de esas conductas. Pero la propaganda adversa se las achaca. Un candidato de derecha debidamente informado no puede caer en lo mismo, como lo hace contumazmente el senador Ossandón, a raíz de lo cual me declaro arrepentido de haber votado por él en la primaria de 2017. Y jamás volveré a votar por él en tanto no exprese su arrepentimiento por la ignorancia histórica que exhibe. Parece creer que una “derecha social” como la que propicia se formará basándose en la repetición de consignas del KGB soviético.

   

    Al contrario de las acusaciones que se le hacía al Gobierno Militar, cuando en 1985 un atentado especialmente inhumano del brazo armado comunista segó las vidas de varios uniformados en el Hotel Araucano de Concepción, y un grupo de carabineros cobró venganza de ello y de otros atentados secuestrando y degollando a la cúpula de dicho brazo armado (Parada, Guerrero y Nattino), el ministro del Interior fue especialmente activo, ante el inicial secuestro de los jefes terroristas (del cual el gobierno no tenía información ni explicación) para pedir a los tribunales la designación de un ministro en visita e informar después a éste de la verdad de los hechos, obtenida a través de la CNI, todo ello apenas registrado el triple secuestro. Pero los tribunales dilataron esa resolución y desecharon los informes de inteligencia, basados en un prejuicio político, lo que dio tiempo a la consumación de la venganza y a la muerte de los tres comunistas secuestrados. El régimen hizo lo posible por evitar el crimen, pero así y todo la propaganda lo carga en su cuenta. Sirva esto de ejemplo de lo que es la campaña de falsificación histórica.

    Asimismo, cuando se acusa al Gobierno Militar de torturas se olvidan las comprobadas bajo los gobiernos de Allende y Frei Montalva, torturas que quedaron impunes, como también se olvida que, por primera vez en Chile, bajo el Gobierno Militar, fueron penados a fines de los años ’70 los autores de torturas en los casos del llamado “Comando de Vengadores de Mártires” (detectives de Investigaciones condenados) y, en los años ’80, del transportista Fernández del FPMR, (procesados los uniformados responsables). Antes del 11 de septiembre de 1973  ni gobernantes ni jueces hacían nada al respecto. Las cien páginas de denuncias de torturas a miristas de Lagos y otros abogados, presentadas a la Corte Suprema, torturas perpetradas bajo Frei Montalva, ni siquiera fueron respondidas por dicho tribunal ni por el gobierno. Y el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 denunció las frecuentes torturas bajo Allende a opositores, tampoco nunca investigadas ni sancionadas. ¿Con qué autoridad acusan después al Gobierno Militar, bajo el cual por primera vez las torturas fueron investigadas y sancionadas?

   Y también acusan la existencia de “miles de desaparecidos”, cuando se ha precisado el destino de cada caído en la lucha armada 1973-1990, con excepción de los restos, que no han querido ser identificados, del Cementerio General y del Instituto Médico Legal ¡y de las bolsas con restos óseos en la propia sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, según denunció “La Tercera!”, sin ser desmentida, el año pasado. Pues al final del Gobierno Militar las denuncias de personas detenidas desaparecidas eran 600, según el libro de Patricia Verdugo y Claudio Orrego. La Comisión Rettig las elevó a 979 y la Comisión de Reparación y Reconciliación posterior (que “reparó” generosamente pero no “reconcilió” en absoluto) agregó 123. Total, 1.102. Entre “reaparecidos”, explicación de restos lanzados al mar y los acumulados sin identificar suman más de 1.102. ¿Por qué hasta hoy no identifican los restos del Cementerio y de la AFDD? Porque no quieren, pues no quedaría ninguno. Han tenido 28 años de gobiernos del “No” y mayorías parlamentarias para formar Comisiones Investigadoras por toda clase de motivos, y no han sido capaces formar una para identificar los restos no identificados. Es que es un tema político. Y por eso ningún candidato de derecha informado pueden caer en la crítica al Gobierno Militar por este tema ni caer en la trampa izquierdista de utilizarlo.

    El verdadero gran escándalo de nuestro tiempo en Chile es la venganza judicial contra los militares que dieron la guerra contra el terrorismo extremista y la ganaron. Los casi dos centenares de Presos Políticos Militares actuales por ese motivo son una afrenta al país y a su verdad histórica.

   En los propios Estados Unidos los izquierdistas han comenzado a enjuiciar a los militares que combatieron en Irak y Afganistán y ya ha llegado un video de la ciudadanía norteamericana honesta que dice que eso no puede ser y  es un escándalo. Y cita precisamente el precedente vergonzoso de Chile, con imágenes de nuestros soldados desfilando, y criticando que caigan presos por haber combatido el terrorismo hace treinta años. Dice el video que los militares nunca abandonan a sus caídos tras las líneas enemigas. Eso será allá, donde es una norma a cualquier costo de sus militares, pero no acá, como lo atestiguan los casi 200 Presos Políticos Militares abandonados a su suerte por sus camaradas en servicio activo. Ello se erigirá en motivo de vergüenza histórica para los mandos que sucedieron al general Pinochet, bajo quien ni uno solo de sus hombres fue víctima de la prevaricación impune de los jueces de izquierda. Claro que no ha habido otro Comandante en Jefe que se haya atrevido a decir, como él: “Si tocan a uno solo de mis hombres, se acaba el estado de derecho”. Verdad evidente por sí misma, pues “tocar a uno solo de sus hombres” implicaba derogar el estado de derecho, como lo está hoy, en que se ha desconocido todo un catálogo de leyes penales fundamentales para consumar la venganza marxista contra los soldados que derrotaron al terrorismo de ese origen, cosa que hicieron sin saber que iban a ser traicionados por  los políticos que los llamaron a actuar, entre quienes el que más los ha engañado es el actual Presidente de la República, recogiendo así sus votos y, obtenido el triunfo, convirtiéndose en principal cuchillo en su contra y público denostador.

  Los civiles que nos hemos escandalizado con esta traición de los políticos contra los militares sólo tenemos un arma: el voto. Con ella castigaremos a todo candidato que haya hecho suyo el slogan, originario del KGB, repetido hasta el cansancio por los comunistas y acogido por pusilánimes, “arrepentidos” y calculadores, de que el Gobierno Militar violó sistemáticamente los derechos humanos. Si alguno contaba con mi voto y dice eso, tome nota de que lo va a perder. Y de que lo voy a dar a conocer en la limitada medida en que lo permite el silenciamiento de mis opiniones.

Estado de Antijuridicidad Permanente

   El juez Mauricio Silva ha llegado a la Corte Suprema con los votos, por cierto, de la izquierda, pero también con los de la derecha piñerista. Es que esa derecha, tal como su líder, carece de principios. Hoy quema lo que ayer adoró y adora lo que ayer quemó.

   Con la designación de este nuevo ministro, signado por la prevaricación politizada, manifiesta en sus fallos contra uniformados, se ha avanzado un paso más en el quiebre del estado de derecho. Ya ha quedado de manifiesto el inicio de esta nueva etapa en la degradación jurídica del país al dejarse estampado en una ley y en un proyecto de ley, y no tan solo en sentencias judiciales prevaricatorias, el atropello a la legalidad y la Constitución vigentes. Pues en la recién aprobada ley modificatoria de las normas sobre libertad condicional, dictada para discriminar en contra de los uniformados que combatieron el terrorismo marxista y están hoy ilícitamente privados de libertad, la argucia para privar a estos Presos Políticos Militares de su derecho a la libertad condicional consiste en remitirse a sentencias dictadas con atropello a las normas del debido proceso. Es decir, la ley en la práctica dice: “si ha sido condenado por genocidio o lesa humanidad, se le impone condiciones adicionales para gozar de libertad condicional”. Éste es un ardid, muy propio de la izquierda, para llevar el estado de antijuridicidad desde la sede judicial a la sede legislativa.

   La prevaricación de los jueces contra los militares fue un golpe de estado de facto. Los políticos miraron para otro lado o dijeron: “los jueces son soberanos para juzgar”. Pues bien, ahora, tras la ley de libertades condicionales, los políticos se han hecho cómplices de ese golpe de estado de facto que ha pasado por sobre tantas leyes expresas y vigentes. Antes eran las sentencias las que desconocían la Constitución y la ley. Ahora es otra ley. Y cuando la promulgue el Presidente, él también va a pasar a ser coautor de este golpe de estado.

   ¡Qué lejanos parecen hoy los tiempos en que Aylwin daba los primeros pasos en desconocer la Constitución y las leyes al escribir su carta a la Corte Suprema, instruyéndola para que ordenara a los jueces no aplicar la amnistía hasta dictar la sentencia definitiva! Porque en esa misma carta Aylwin decía que su gobierno respetaba la ley de amnistía. Es decir, reconocía que estaba vigente. ¿Qué ha cambiado en el derecho desde entonces, hace 28 años, a ahora? Nada. La amnistía sigue siendo una ley expresa y vigente que, por tanto, manda a todos los ciudadanos, sean jueces, legisladores, gobernantes o gente de a pie. ¿Por qué ahora la desobedecen tantos? Yo les voy a decir por qué: porque cuando lo hizo uno, no le pasó nada. Cuando lo hicieron unos pocos, tampoco les pasó nada. Ni siquiera el Consejo de Seguridad Nacional fue convocado, cuando bastaban dos comandantes en jefe para hacerlo, habiendo cuatro que estaban de acuerdo en respetar la ley de amnistía.

   Así comienza la destrucción del estado de derecho en un país: cuando los hombres respetuosos del derecho no hacen nada ante la audacia de los que no lo respetan. Para que el mal triunfe, creo que fue Burke el que lo dijo, basta que los hombres de bien no hagan nada. Acá no han hecho nada. Los garantes de la legalidad no hicieron nada cuando tenían las atribuciones, menos lo harán ahora que las han perdido. Ni menos cuando los políticos preparan una ley que le permita al Presidente echar a los más altos mandos sin siquiera tener que dar una razón.

   Vivimos bajo un régimen de facto que atropella las leyes. ¿En qué se diferencia del de Maduro? Sólo en que acá quienes las atropellan son más y van desde la izquierda hasta la derecha, pero eso no los hace mejores.

"Gringo: Hazte Comunista"

Un amigo norteamericano se nacionalizó chileno. Cuando lo hizo yo le dije que estaba loco, pero no me hizo caso. Ahora me acaba de mandar un listado enorme de las mentiras que le han dicho y trampas que le han hecho los chilenos a lo largo de los años y que le han costado millones de pesos. Ha contratado abogados que le piden un millón para empezar a conversar y no han recuperado nada. Fue con el último de ellos a la fiscalía y ahí le dijeron que estaban atiborrados de procesos y, por tanto, sólo se preocupaban de los de más de diez millones de pesos (el suyo era por menos).

Yo le expliqué que en Chile las instituciones no funcionan y las leyes no rigen. Acá todas las autoridades se ríen de las leyes: el Presidente fue elegido en 2010 justo después que lo pillaron y condenaron por comprar acciones con información privilegiada, lo que al electorado, cuya mayoría también se ríe de las leyes, no le importó. De nuevo fue elegido en 2017 cuando no debería haber podido ser candidato por estar procesado por el financiamiento ilegal de su elección  anterior, pero ha encontrado una persona que paga por él y es el procesado en su lugar, con beneplácito de los jueces. El Congreso se ríe de la Constitución y acaba de dictar una ley que la contradice, para privar de su derecho a la libertad condicional a los militares que derrotaron al terrorismo extremista. Los jueces han metido presos a esos militares riéndose de las leyes de amnistía, prescripción, cosa juzgada, del principio de legalidad, del principio pro reo y de la presunción de inocencia.

Acá los que se alzan contra las leyes tienen hasta territorio propio. El otro día el mismo Presidente quiso mandarle una carta a uno que reside en una zona alzada contra la legalidad, Temucuicui, y no pudo hacerla llegar a su destinatario, porque ahí no entra la policía ni menos el correo.

Acá los únicos que están bien son los comunistas y afines, que cosechan del estado de ilegalidad general. Yo calculo que los contribuyentes les estamos dando más de 400 millones de dólares anuales por el “daño” que les hicieron los militares al derrotar a su ejército terrorista. Se han declarado “víctimas” y obtienen enormes indemnizaciones. Todos los que fueron interrogados por sus vínculos con el terrorismo antes de 1990 se han declarado “torturados”. Son treinta mil y reciben pensiones. Yo tengo amigos que fueron torturados por los comunistas y miristas durante la UP, en 1971 y 1972  (Juan Luis Ossa y Maximiano Errázuriz) y a ellos no les han dado un peso de indemnización. Es que están en lado equivocado.

Los comunistas y sus afines están tan bien que pueden celebrar públicamente el 60° aniversario de la revolución cubana, sin otro inconveniente que un aviso de bomba hacia el final del acto. A los de signo opuesto que celebran cualquier cosa a favor de sus ideas o presentan algún libro los agreden y los funan.

  

Le dije a mi amigo gringo que, si no se iba a hacer comunista y no quería que lo siguieran engañando y timando, se fuera a otro país. Me replicó que los demás eran peores y menos libres que Chile. Yo le sugerí uno al menos tan libre, que lo acogería bien y tiene una gran ventaja: Islandia. “¿Por qué?” Me preguntó. “Porque allá no hay chilenos”, le respondí.

Brotes Verdes en una Derecha Desarticulada

En “La Segunda” del 04.01.19 venía una carta de la vicepresidenta de la Juventud de RN, Francisca Richards, que decía: “El retorno del pinochetismo es sin duda un retroceso para la derecha, en términos políticos, valóricos, ideológicos e incluso electorales. No hay nada más nefasto que revivir un pasado tan oscuro como las terribles violaciones a los derechos humanos, todas injustificables y aberrantes. Hace tiempo que RN se desvinculó del pinochetismo y derogó de su declaración de principios toda alusión al régimen militar del dictador”.

Esa carta la suscribiría con gusto alguna vicepresidenta de las Juventudes Comunistas. Por otra parte, el “alejamiento” de RN de Pinochet, que ella acusa, fue puesto en duda hace poco cuando, en un reciente consejo general, su diputada Camila Flores se declaró pinochetista y resultó ovacionada.

Pero es verdad que la corriente dominante en el país va en el sentido de la carta de Francisca Richards. En la revista “Sábado” de “El Mercurio”, la ministra mejor evaluada del gabinete, Isabel Plá, confiesa que hoy votaría “No” en lugar de “Sí”, como lo hizo en 1988. Bueno, “era que no”: el Presidente que la designó es del “No”. Pero Isabel Plá pertenece a la UDI, partido al cual emigró desde RN (es de suponer que cuando esta última excluyó de su declaración de principios el reconocimiento al Gobierno Militar, cosa que la UDI aún no hace, aunque ya a nadie le extrañaría que lo hiciera, dado que forma parte del séptimo gobierno del “No” en 28 años).

Con todo, es un hecho que la corriente dominante extiende cada vez más sus tentáculos, hasta a la  Universidad Católica, donde se incoa un proceso contra un connotado académico del “Sí”, el abogado Gonzalo Rojas Sánchez, tras una denuncia persecutoria en su contra de alumnos de izquierda que la Secretaría General de la Universidad ha acogido a trámite y dilatado en términos inexplicables. El profesor objeto de esta vendetta política ha impartido clases desde hace 43 años y formado parte del Consejo Superior durante 22.

Es que Gonzalo Rojas, también columnista de “El Mercurio”, es un hombre de derecha absolutamente consecuente (jamás ha votado por Piñera, con eso lo digo todo) y ha llegado a extremos de temeridad política, como el de recomendar, en su más reciente columna, la lectura de mi último libro, “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”, cuya tercera edición espero llegue a librerías a mediados de enero, pese a que la prensa, con la excepción del citado columnista y una breve crónica de julio pasado del mismo diario, no lo ha siquiera mencionado.

      Claro, ese libro, en efecto, podría llevar a la cárcel a su autor si se aprobare la ley que castiga el “negacionismo”, pues prueba con documentos oficiales que el régimen militar respetó los derechos humanos, como que los garantizó tanto en su “Declaración de Principios” de 1974 como mediante circulares a sus dependencias uniformadas, que el texto reproduce, ordenándoles abstenerse de toda conducta atentatoria contra los derechos de las personas.

       Más todavía, el libro demuestra que hubo garantías internacionales de respeto a los derechos humanos ofrecidas por Chile y derivadas de que, si no se cumplían, se interrumpía el flujo de créditos y la venta de armamentos al país. El Gobierno Militar era, por ello, el primer interesado en evitar acusaciones de violación de los derechos humanos, pero a la vez enfrentaba un terrorismo implacable, patrocinado por el comunismo internacional, al cual debía combatir so pena de sucumbir. Pero el presidente de la Cruz Roja Internacional podía tener acceso a cualquier lugar de detención en Chile sin necesidad de autorización previa. Todo eso desmiente la acusación de una supuesta política de “terribles violaciones a los derechos humanos” a que alude la joven Richards, evidenciando que su cerebro ha sido tan escrupulosamente lavado como el de algunos dirigentes, parlamentarios, ministros de su partido y, desde luego, el del Presidente que ese partido contribuyó a elegir.

       No obstante lo anterior, el gobierno norteamericano encabezaba en 1978 ante la ONU la acusación contra el chileno de violar los derechos humanos, justo cuando en Chile reinaba la paz interna y en el mismo año caían apenas ocho personas en el curso de la lucha antiterrorista. Por contraste, en “El Mercurio” de hoy, p. A12, se informa que los norteamericanos dieron muerte sin forma de juicio y mediante una bomba en Yemen al terrorista Jaman-al-Badaui. Por acciones como ésa, que hoy los cerebros lavados describen como “terribles violaciones a los derechos humanos”, nos acusaban hace cuarenta años los propios autores de la expresión “double standard”.

       Naturalmente, este último y el lavado cerebral masivo tienen consecuencias políticas. La rendición incondicional de los partidos de derecha ante la mentira histórica da lugar a que en este momento haya en gestación tres nuevos partidos de derecha y representativos del “Sí”: el Partido Independencia de Valparaíso, el Partido Republicano, encabezado por militares en retiro; y Fuerza Nacional, liderada por el abogado Raúl Meza, connotado defensor de los Presos Políticos Militares. Además, un conocido oficial en retiro propone fundar otro exclusivamente formado por sus iguales y dedicado a defender a sus camaradas ilegalmente presos o procesados y que contaría con el voto unánime de la “familia militar”. Todo lo anterior aparte del movimiento Acción Republicana de José Antonio Kast, respaldado por decenas de miles de firmas, que por el momento ha renunciado a constituirse como partido.

       La verdadera derecha a veces da la impresión de que agoniza, pero no muere. El viejo tronco conservador pierde sus ramas más débiles y más proclives a inclinarse ante la dirección del viento, pero surgen otras nuevas y más sólidas para seguir defendiendo el ideario de la sociedad libre y de la ley y el orden; de la verdad histórica y del debido proceso a los presos políticos. Y no por nada su más destacado exponente encabeza las encuestas presidenciales de la actualidad.

No Se Le Ocurra Preguntar

   Si usted cree que vive en un país normal no está del todo equivocado, porque, por suerte, los comunistas todavía no han echado mano a la actividad más importante de cualquier país, que es la de trabajar y producir, gracias a la cual se sobrevive y que acá está a salvo porque una parte de la mayoría izquierdista de Chile se asustó en diciembre de 2017 y votó en contra del proyecto izquierdista de transformarnos en otra Venezuela, y por eso y sólo por eso salvamos el modelo de libre mercado. Pero la mayoría izquierdista, que baila al son de los más resueltos, que son los comunistas, domina todo lo demás, es decir, el Congreso, el Poder Judicial y la opinión pública, aparte de aspectos específicos de este gobierno, como el Programa de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, que también lo manejan los comunistas. 

   A raíz de ello suceden cosas increíbles en todo cuanto no es económico. Por ejemplo, justamente en materia de Justicia, usted puede ir a un penal que está a una hora de Santiago y ahí va a encontrar presas a 128 personas que no son delincuentes. Pregunte por el general Orozco, que tiene más de noventa años, sufre de alzheimer y, por tanto, no sabe que está condenado a 18 años de presidio. Usted va a suponer que cometió un crimen horrible y múltiple, para merecer esa condena, pero si pregunta le van a contestar que no, que está condenado por hacer eso mismo que está haciendo usted: preguntar. En 1973 era comandante del regimiento "Yungay" de San Felipe, oyó una ráfaga en la calle aledaña y salió a averiguar el motivo. Sólo en un país desquiciado lo pueden condenar a usted por eso, cuarenta y tantos años después. 

   "Los comunistas son capaces de eso", pensará usted. Pero es que aquí la querella contra el general Orozco no la presentaron los comunistas, la presentó el  gobierno que, dicen, es de derecha (no lo es, por supuesto) presidido por Sebastián Piñera, y la firmó su inefable subsecretario Rodrigo Ubilla, de RN, partido "de derecha". Ubilla sigue acompañándolo hasta hoy en su segundo gobierno. ¿Cómo puede ser eso? Porque lo que hace Ubilla (meter preso al general Orozco por asomarse a preguntar) es lo que desea Piñera.

   Si quiere corroborar los antecedentes del proceso contra el general Orozco, véalos en el libro "Prevaricato", de Adolfo Paúl, hasta hoy no refutado, que se sepa.

   El país está tan desquiciado que la izquierda que lo controla pasó una ley para imposibilitar la libertad condicional de la mayoría de los no-delincuentes presos en el penal antedicho, estableciendo exigencias mayores para ellos que para los verdaderos delincuentes. Una de ellas es que manifiesten arrepentimiento, cosa que casi ninguno puede hacer porque no han cometido el delito por el cual la justicia de izquierda los ha condenado. Como esa exigencia constituye una discriminación arbitraria, prohibida en la Constitución, el Tribunal Constitucional declaró que la respectiva norma es contraria a la Carta Fundamental, pero eso se logró sólo gracias al voto dirimente del Presidente del Tribunal que, por consiguiente fue agredido por los comunistas a la salida del recinto.

   Asomarse a preguntar el motivo de una ráfaga nunca ha sido delito, pero si lo hubiera sido, por el hecho de haberse cometido en 1973 estaría amnistiado y prescrito; tener alzheimer después de los 90 años es causal de liberación de cualquier condenado en cualquier país civilizado, pero en Chile no, porque los comunistas dicen que no; condenar a alguien según una ley de 2009 sobre delitos de lesa humanidad por haberse asomado a preguntar algo en 1973 pondría en la cárcel al juez que lo juzgó, en cualquier país civilizado, pero en Chile no, sino que frecuentemente le significa ascender a la Corte Suprema.

   ¿Entiende ahora por qué en la última encuesta presidencial de Criteria Research José Antonio Kast, que se opone a todo lo anterior, pasó al primer lugar con 12 %, seguido de Beatriz Sánchez con 10%, Joaquín Lavín con 6 %, Felipe Kast con 5 % y Daniel Jadue con 5 %? 

   Claro que en otra encuesta de twitter que está en curso, "de segunda vuelta", Daniel Jadue va con 48% y José Antonio Kast con 41 %. Es que Chile es un país mandado a hacer para tropezar dos veces con la misma piedra.