Aporte de un Fiscal a la Revolución

          El Fiscal Nacional Económico ha decidido hacer su aporte a la tarea de destrucción de la economía privada emprendida por el Gobierno (por el momento enfrascado en liquidar la educación particular subvencionada laica y en arrebatar a las empresas el equivalente al US$8.200 millones de dólares a través de mayores impuestos), dando un golpe mortal a la producción avícola. El Gobierno prepara golpes adicionales a través de las reformas laboral y constitucional y, localizados, a las isapres, al mercado del agua y a las AFPs.

          El Fiscal Nacional Económico no es un revolucionario, pero hace este aporte a la revolución seguramente porque ignora conceptos básicos de microeconomía, según los cuales, cuando existe un oligopolio, la alternativa frente a un acuerdo o cartel entre las empresas es la guerra de precios entre ellas, que terminará con uno o más oligopolistas quebrados y el mercado todavía más concentrado, ya fuere en un monopolio o un duopolio, tan perjudicial para los consumidores como el que actualmente existe en materia electoral lo es para los electores (aunque éstos no se den cuenta).

          Para comenzar, en el mercado avícola actual hay amplia competencia potencial, porque es un mercado desafiable y abierto, y cualquier chileno puede producir pollos o importarlos. Y si nadie lo hace significativamente es porque los pollos que producen los actuales empresarios del rubro son mejores y/o más baratos.

Como en la respectiva industria hay grandes economías de escala (si la producción aumenta baja mucho el costo unitario) han quedado tres empresas mayores, que utilizan la mejor tecnología y, además, tienen capacidad exportadora. Si se pusieran a competir entre ellas por precios, se generaría una guerra por bajarlos y seguramente una o dos perecerían en ese conflicto, que tendría, entonces, como resultado, un monopolio o un duopolio, todo ello con perjuicio para los consumidores.

Como siempre es preferible la paz a la guerra, los oligopolistas del mercado de los pollos han llegado a un acuerdo, tácito o expreso, de cuotas de producción, que ha sido beneficioso para ellos y para los consumidores (que están protegidos, reitero, por la libre importación y por la libre entrada al mercado de cualquiera que desee producir pollos). Y Chile sale ganando porque tiene una industria avícola de gran escala y primer nivel tecnológico.

Además, la paz y la "no-guerra" de precios han permitido que, cuando alguna de las industrias mayores ha tenido un problema grave, derivado de algún siniestro u otra situación  imprevista, las demás la han ayudado a salir adelante. Porque así son los “acuerdos de caballeros”, no como los que la Alianza ha suscrito con la Concertación, en que, después que la primera cumple, la segunda no (acuerdo para liberar terroristas y militares tras diez años de cárcel, que la primera cumplió y la segunda no, con el resultado de que todos los terroristas fueron liberados y los militares siguen presos y muriendo en la cárcel; o como el acuerdo para nombrar a Brito y Pfeiffer en la Suprema, en el que, tras ser nombrado el primero con votos de la derecha, el segundo fue rechazado con votos de la izquierda). Es que para que exista un “acuerdo de caballeros”, todas las partes deben serlo. Y en Chile es casi imposible que se cumpla ese requisito.

          Si alguien le hubiera hecho al Fiscal Nacional Económico una clase de microeconomía, sección  “El Oligopolio”, probablemente él se habría abstenido de sancionar en términos ruinosos y de poner en la picota del ludibrio público a los productores de pollos, como lo ha hecho.

Como los periodistas, que saben todavía menos microeconomía que el Fiscal, se han hecho parte de la pública condena a los actuales empresarios, éstos han quedado expuestos, además (como ya lo reclaman algunas voces), a que su producción porcina se vea igualmente sometida a una caza de brujas como la de la avícola (la cual, según me informan algunas dueñas de casa, ya se ha traducido en un alza del precio de los pollos). Entonces se demuestra una vez más que podemos saber dónde comienza el populismo económico, pero no dónde puede terminar.  

El "DesUPelote" II

          Un blog tan distinguido como éste no debería emplear ese término, pero es que el Contralor General de la República ya lo ha usado ayer (“La Segunda, 23.09.14, p. 7). Y lo ha hecho para referirse a la forma cómo el Estado ha dilapidado los recursos de la Subvención Escolar Preferencial: “Hay una suerte de cultura del despelote del gasto público”, ha dicho.

La Subvención Escolar Preferencial tiene por objeto suplementar adicionalmente la subvención a los alumnos más “vulnerables”, que es la palabra utilizada de un tiempo a esta parte para referirse a los pobres. Pero el Contralor ha comprobado que más de la mitad de los fondos fue empleada en otros fines. ¿Por qué? Porque los funcionarios estatales son como el resto de los mortales: primero que nada velan por su propio interés. Entonces, según el Contralor, gastaron la mayor parte de la subvención en ellos mismos y su bienestar: bonos, sueldos e indemnizaciones para personas ajenas a la educación ($8.945 Millones); “salidas y celebraciones” ($1.695 millones); inversiones bancarias para ganar intereses; “notebooks, proyectoras, impresoras, discos duros, computadores… que no se encontraban en los establecimientos (educacionales)”; “vestuario deportivo para presentaciones artísticas”, el  cual estaba en los domicilios de los monitores; “proyectores, fotocopiadoras y pizarras interactivas… que permanecían sin ser utilizados; “pago de sandwichs para reuniones de directivos, almuerzos, loza, material de aseo para una escuela de verano, cortinas para habilitar una casa de huéspedes y compra de aspiradoras”; “programas antivirus, radios e identificadores de huellas digitales”; “tarjetas de saludo para el Día del Trabajador, cursos de capacitación  no autorizados, compras de certificados de nacimiento, atención médica, lienzos, pinturas y materiales de ferretería”. ¿Y los alumnos más pobres? Pueden esperar.

          Tanta malversación hace risibles esos “ponderados juicios” de dirigentes políticos y empresariales que compran la retórica de la izquierda y aceptan pagar más impuestos “para mejorar la educación”. Porque, simplemente, la mayor parte no irá a la educación, sino a la burocracia que la maneja. Al tonel sin fondo llamado Ministerio de Educación. El otro día me puse de pie a aplaudir, durante un almuerzo, a un rector universitario que, contestando la pregunta de cuál sería la primera medida que adoptaría para mejorar la enseñanza si estuviera en el gobierno, contestó: “Ponerle una bomba al Ministerio de Educación”. Se entendía que para hacerlo desaparecer. Naturalmente, después de aplaudirlo expliqué que con el dinero despilfarrado año tras año por ese monstruo burocrático se podría dar a todas las familias pobres y algo pobres de Chile un vale para financiar la educación de sus hijos en el mejor colegio particular pagado de su elección, entre los que surgirían en gran número bajo un sistema de libertades. Esto, que tantas veces he propuesto en este blog, lo ha dicho Niall Ferguson días atrás, ganando páginas completas en revistas y diarios. Bueno, no tengo inconveniente en cederle la idea.

          Supuestamente ese dinero dilapidado debió financiar la Subvención Escolar Preferencial para los más pobres, pero éstos recibieron menos de la mitad. ¿Por qué? Porque el dinero cayó en manos del Estado, y éste nunca va a dar la solución, pues “el ESTADO ES EL PROBLEMA” (Ronald Reagan).

          El programa estatista de Reforma Educacional está desarticulando, literalmente, la enseñanza particular subvencionada. El abogado asesor de los colegios, Eduardo Escalona, ha revelado (“El Mercurio”, 23.09.14, p. A2) que sólo el 8% de ellos traspasará el establecimiento a una corporación sin fines de lucro, como exige el plan socialista-comunista. Y que, del resto, el 21% se transformará en particular pagado y el 79% cerrará. Es la debacle de la educación particular subvencionada.

¿Qué nos recuerda esto? El Transantiago, por supuesto, que transformó un sistema de locomoción en que había 13 mil empresarios en otro donde quedaron cuatro mil; un sistema que arrojaba ganancias globales anuales de 63 millones de dólares en otro que da pérdidas de 700 millones de dólares anuales; y un sistema que satisfacía las necesidades de los usuarios en otro que les ha deteriorado su calidad de vida.

          La autóctona expresión del Contralor me ha hecho recordar la UP I, durante la cual se acuñó la expresión “desUPelote” para describir la situación. Yo en esos años tenía un comentario radial que se transmitía a las 7.30, las 14 y las 22 horas todos los días y que me valió ser elegido diputado por Santiago. Describía situaciones similares a las que, ahora, han llevado a la señora madre de la Presidenta a decir que le parece estar reviviendo la UP. Por algo lo habrá dicho. En ese entonces, para mí, el clímax del despilfarro y la prueba decisiva de que “el Estado era el problema” se presentó al denunciarse que, con el presupuesto de la Salud estatal. se había financiado ¡un tratamiento sicológico en París para el extremista brasileño Belluce Bellucci Morais”!, uno de los doce mil (datos de la OEA) llegados para impulsar la revolución.

          Ahora estamos viendo de nuevo la película, pero sin (espero) los grupos armados que promovía activamente el gobierno de Allende. A propósito de lo cual me ha divertido saber, a través del programa de Checho Hirane, que ese repúblico democrático que es hoy Osvaldo Andrade fue apresado por Carabineros en 1973, antes del 11, por porte ilegal de un arma, tras un accidente de tránsito. En ese tiempo el armamentismo UP sólo se descubría gracias a accidentes de tránsito. La denuncia policial siguió su trámite y, años después, Osvaldo Andrade se benefició de la Ley de Amnistía y fue sobreseído. Ahora que su gobierno va a “anular” dicha ley ¿debería ser procesado al desaparecer la causal de extinción de su responsabilidad?

          Se incorpora, entonces, el episodio al anecdotario del actual “DesUPelote II”.

Una Señorita Irreconciliable

          Se supone que las Fiestas Patrias son una ocasión para unir a los chilenos y no para revivir viejas querellas, cuitas y rencores, pero la Presidenta eligió la fecha para anunciar que el Ejecutivo patrocinaría una moción legislativa que anulará la amnistía de 1978, que hasta hoy es ley de la república, y gracias a la cual quedaban atrás querellas, cuitas y rencores.

          Como ustedes seguramente saben, pero de manera muy parcial, sesgada y desinformada, en 1973 culminó en Chile un conflicto derivado de que el gobernante marxista-leninista de entonces, apoyado por los partidos de la UP, se proponía instaurar un sistema “socialista marxista integral” (fueron sus palabras en entrevista a Regis Debray), apoyado por grupos armados ilegales cuya descripción y cuantificación fue hecha por el secretario general socialista Carlos Altamirano y con el propósito de destruir por las armas el Estado democrático burgués en la forma descrita por los Congresos socialistas de 1965, 1967, 1969 y 1971.

          Pero el Estado democrático burgués resultó más difícil de destruir de lo que suponían las huestes del señor Allende, pues los partidos democráticos (es decir, los no marxistas) llamaron a defenderlo a quienes tenían legalmente las armas, a la voz de Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado, que proclamaba la urgencia de la respectiva acción diciendo: “Esto se arregla sólo con fusiles” y, a los que tenían legalmente los fusiles, “ustedes tienen las bayonetas y deberían saber lo que tienen que hacer para salvar al país” (Acta Rivera, julio de 1973, autentificada).

         Entonces estaba todo claro: los agresores eran los partidos marxistas y su gobierno, denominado de la Unidad Popular. La gran agredida era la democracia chilena. Los ofensores eran los que deseaban destruir esa democracia. Los ofendidos, la misma democracia y los demócratas. El resto es historia.

Derrotado el peligro, todos estaban felices. “Se izaban banderas en las poblaciones”, escribía Frei a Europa. Pacificado el país, la Junta Militar dictó un decreto ley de amnistía general para que todo fuera olvidado y los chilenos nos reconciliáramos. Todo el mundo, partiendo por el cardenal-arzobispo Raúl Silva Henríquez, aplaudió. Los agresores marxistas fueron los primeros en beneficiarse de la amnistía, término que viene del griego “amnestia”, olvido. Los chilenos estábamos reconciliados. Se preparó una nueva Constitución, hubo elecciones y todo marchaba bien ¡hasta que los mismos ofensores y agresores de antes de 1973 lograron tener el suficiente poder, desde el Ejecutivo, el Judicial y, últimamente, el Legislativo, para revivir el odio! Y ahí estamos hoy de nuevo.

          Ahora su Presidenta, en la fecha que debería ser por antonomasia la de unidad de los chilenos, ha anunciado que “anulará” el olvido que nos ha reconciliado. Entrevistada durante las Fiestas Patrias por la periodista de CNN (simpatizante de su gobierno) Mónica Rincón, ésta le pregunta por su sorpresiva iniciativa de “anular” la amnistía. “Los tribunales no la aplican hace muchos años”, se defiende ella. La periodista insiste: “Pero los que han sido sobreseídos antes ¿serán ahora procesados?”. Respuesta: “Son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles…”

          Todo de nuevo. Jurídicamente lo que viene es un intríngulis, pero eso no importa, porque Chile, para los efectos de esta materia, no es un Estado de Derecho” y ya hace tiempo que los jueces se ríen de las leyes. Pero, en todo caso, piensen ustedes que, si Chile fuera un Estado de Derecho, la aprobación del proyecto significaría:

1)    Como “anula” una ley vigente, quiere decir que ella era válida hasta el día antes de la publicación en el Diario Oficial de la ley anulatoria;

2)    Luego, si era válida, los jueces que no la han aplicado han incurrido en un delito, el de prevaricación, y deberían ser procesados, condenados y destituidos por ello;

3)    La razón que ha dado la señorita Presidenta para que nada se olvide es que se ha tratado de “delitos de lesa humanidad”, pero,

3.a) Esos delitos no existían en Chile en la época de los hechos que se pretende castigar y que fueron amnistiados, y la Constitución asegura a todos los habitantes de la república que no pueden ser castigados por un delito que no haya sido establecido por una ley dictada con anterioridad a su perpetración. Los delitos de lesa humanidad fueron establecidos por ley de julio de 2009, es decir, dictada más de treinta años después de los hechos. ¿Se saldrá de la Constitución la Presidenta, como ya lo han hecho muchos jueces, para castigarlos?

3.b) La propia ley de 2009 que estableció los delitos de lesa humanidad dice que ella no puede aplicarse a hechos anteriores a su vigencia. ¿Desconocerá la Presidenta esta norma explícita dictada bajo su anterior gobierno?

          Bueno, pero éste no es un Estado de Derecho para los efectos de estas materias, pues las leyes no valen y no sacamos nada con razonar como si valieran. Acá la fuerza se ha sobrepuesto sobre la razón y por eso un reciente blog mío sugirió reemplazar el lema del escudo nacional, “por la razón o la fuerza”, por otro: “por la fuerza de la sinrazón”.

          Y ha quedado, por tanto, confirmado en este 18 de septiembre que los que tenemos razón, porque creemos en el derecho, en el orden, en la honestidad y practicamos la reconciliación, ya no valemos nada en este país. Hace tiempo que ya Chile ingresó a un clima regido por otra normativa: la conocida como “Ley de la Selva”, donde el triunfo está reservado, no a quien tiene la razón, sino a quien (o quienes) tienen la fuerza. Una señorita irreconciliable nos vuelve a retrotraer a ese lugar.

¡Viva Chile, Por la Fuerza de la Sinrazón!

          Como estamos en Chile, celebramos la Independencia el 18 de septiembre, fecha en que no tuvo lugar la Independencia. Lo afirmo no sólo porque en ese día de 1810 de hecho se proclamara nuestra dependencia (que es lo contrario de independencia) de la corona de Fernando VII, sino porque después hubo un acta explícita de proclamación de la Independencia, con fecha 1° de enero de 1818, que expresó haber sido firmada en Concepción. Claro, nunca hemos celebrado el aniversario de nuestra Independencia el 1° de enero, que sería lo que correspondería. Tal vez porque entonces, al igual que ahora, estaba de por medio lo que he llamado “la cosa chilena”: pues, como éste es un país en que las cosas se hacen “a la chilena”, el Acta de la Independencia no fue verdaderamente firmada en Concepción el 1° de enero de 1818, como rezaba su texto original, que ya no existe, pues el conocido investigador y jurista Marcelo Elissalde Martel afirma que se quemó en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. En realidad, ella se firmó el 12 de febrero de 1818, y no en Concepción, sino en Talca. Pero el Acta decía “Concepción”. Obvio, era un tremendo trabajo (cosa que todos los chilenos eludimos) caligrafiarla de nuevo y poner al pie “Talca” en lugar de “Concepción”.

          En todo caso, este 204° aniversario nos encuentra en plena “desarticulación nacional”, como titulé en un blog reciente. Todavía este 18 los chilenos podrán comer toda la carne en exceso capaces de financiar y regarla con cuantos “terremotos” sean capaces de ingerir. Pero nada de eso va a remediar la penosa situación que vive el país.

          Como he escrito en otro medio en esta misma fecha, ante el retroceso de la economía provocado principalmente por la Reforma Tributaria el Gobierno ha acordado destinar US$500 millones extraordinarios a reactivarla, los cuales provendrán de muy sospechosas “reasignaciones presupuestarias” por US$250 millones y ¡de la propia Reforma Tributaria!, otros US$250 millones. Es decir, si he entendido bien, dicha Reforma frena a la actividad y para contrarrestar eso el fisco usa US$250 millones que provienen de la misma Reforma. “Lógica chilena”, sin duda.

          También me llamó la atención que en el “emblemático” Instituto Nacional, que la ingeniería educacional socialista va a liquidar mediante el ”ranking” de notas y la prohibición de seleccionar alumnos, tuvo lugar una conferencia patrocinada por la asociación ilícita terrorista del Partido Comunista, el FPMR, que tantos asesinatos impunes ha perpetrado en Chile. Y no sólo impunes: muchos, si  es que no todos, sus autores cobran pensiones indemnizatorias y gozan de variadas franquicias de cargo estatal (salud, educación) para repararles el enorme daño infligido por el Gobierno Militar al impedirles tomar el poder por las armas e instaurar un gobierno totalitario.

          Lo notable de la conferencia del FPMR en el Instituto fue que el orador principal fue su militante César Quiroz, que si ustedes han leído con atención este blog de dos ediciones atrás, titulado “Podemos Estar Tranquilos”, es el mismo que apareció diciendo en “El Mercurio” de 19 de junio de 2003, junto a cinco “compañeros del Frente”, que Michelle Bachelet fue una activa militante del mismo en los años ’80. Antes, en los ’70, de acuerdo con su biografía, obra de los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega, ella había colaborado con el MIR en calidad de “ayudista”. Bueno, el emblemático Instituto Nacional sirve para que el FPMR divulgue sus nobles propósitos entre la élite de la enseñanza estatal chilena.

          Otra cosa que me llamó la atención en días pasados fue la asistencia del ex Presidente Piñera a un acto patriótico en la Escuela Militar. Llegó, tomó asiento, permaneció un rato sentado y luego se puso de pie y abandonó el recinto antes de comenzar la ceremonia, de todo lo cual informó la prensa sin dar una razón para esa extraña conducta. ¿Habrá oído voces que le decían reiteradamente algo?

          Seguramente lo que le dijeron era relacionado con los juicios contra los soldados del ’73 que su gobierno multiplicó por tres. Las escandalosas ilegalidades cometidas por la mayoría de jueces de izquierda en esos procesos, detalladas en el libro más importante publicado en el país en 2013, “Procesos Sobre Violación de Derechos Humanos”, del abogado Adolfo Paúl Latorre, han quedado impunes y no sólo eso: han sido validadas por nuestra sociedad. Pues el ciudadano medio dictamina: “la justicia ha hablado”. Es que no lee sino titulares.

          Pero esa ciudadanía ya está pagando el precio. “Primero fueron los militares, pero yo no era militar, así es que no me importó”, podría decirse, parodiando al pastor Niemöller en la Alemania nazi. Bueno, pues el caso es que la prevaricación ahora alcanza a los civiles. En otro blog anterior comenté el  ”caso Cascadas”, en que también hay un proceso “tramitado en papel de diario”.

Leí completo el informe de la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, sobre ese proceso incoado por la Superintendencia de Valores y Seguros contra varias personas que operan en el mercado bursátil. Lo hice porque, en particular, me extrañó la magnitud de las multas, por ocho millones de dólares, impuestas a dos gerentes de Larraín Vial que no hicieron ninguna operación bursátil personal ni obtuvieron beneficio pecuniario alguno. Me pareció una monstruosidad y, efectivamente, el informe de la abogada Feliú concluye que la Superintendencia inició una investigación sin notificar a los investigados, citándolos para interrogarlos como testigos cuando se proponía formularles cargos, sin fijarles puntos de prueba para que se defendieran y condenándolos como si estuvieran prohibidas operaciones que ella misma había permitido.

          Por eso la abogada Feliú informa:

          “En el caso del presente informe, la superintendencia realizó una investigación que no fue notificada a los señores Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar. … Haber empleado las declaraciones prestadas por los señores Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar, en calidad de testigos, para fundamentar la formulación de cargos en su contra, constituye una grave vulneración del derecho al debido proceso de los formulados de cargo, y vicia, por consiguiente, el procedimiento administrativo sancionatorio seguido por la Superintendencia. … En el presente caso, la Superintendencia, que tiene la calidad de órgano acusador e instructor del procedimiento, no fijó los puntos (de prueba) relevantes, poniendo de cargo de los imputados hacerlo y sin embargo, cuando éstos cumplieron tal exigencia, resolvió rechazar una parte importante de los hechos y medios de prueba propuestos por los formulados de cargo. Lo anterior constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto sin que exista una resolución que fije los puntos de prueba, y que sirva de antecedente para contrastar la pertinencia y necesidad de los medios de prueba propuestos, se resolvió rechazar una parte de ellos …. Dicha actuación afecta gravemente el principio de contradictoriedad establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.880. … La regulación específica de las operaciones que la Superintendencia ha considerado como contrarias a derecho, y que, por tanto han motivado la formulación de cargos, se encuentra contenida en Norma de Carácter General (NCG) N° 131, de 12 de marzo de 2002. De acuerdo con dicha regulación, las actuaciones cuestionadas por la Superintendencia no se encuentran prohibidas. La Superintendencia solamente hubiera podido formular cargos por las operaciones cuestionadas, sin vulnerar los principios de confianza legítima y certeza jurídica, si en forma previa a la realización de las operaciones de que se trata hubiera, por medio de una norma de carácter general, modificado la regulación correspondiente. Al no haber actuado en la forma señalada, ha violentado los principios señalados, actuando por tanto, en forma contraria a derecho”.

          Y pasando por todas esas ilegalidades propias de un indebido proceso, la SVS ha condenado a Bulnes y Errázuriz a diez años y un día de trabajos forzados, porque en no menos de ese término van a tener que producir dinero para pagar los cuatro mil y tantos millones de pesos que la Superintendencia les ha impuesto como multa.

          Mismo plazo de presidio sin beneficios que el juez de izquierda Alejandro Solís Muñoz y sus tribunales superiores impusieron a quien el 18 de septiembre de 1973 era el teniente de Carabineros Juan Abello Vildózola, que en esa fecha detuvo legalmente a Arturo Villegas Villagrán, en Penco, tras haber sido denunciado éste por tenencia de armas. Lo dejó en perfectas condiciones en la Comisaría de Penco y nunca más supo de esta persona. Pero el ministro sumariante de derechos humanos Alejandro Solís Muñoz ha condenado a Abello a diez años y un día de presidio sin beneficios por, sostiene, mantener hasta la fecha secuestrado a Villegas Villagrán, sin ninguna prueba de que así lo mantenga, pasando por sobre las normas de la competencia judicial, la cosa juzgada de sentencias del juzgado natural del caso, que lo sobreseyeron; la presunción de inocencia, el sentido común, las pruebas rendidas, la amnistía, la prescripción y todos los demás requerimientos de un debido proceso, manteniéndose la atrocidad jurídica a través de todas las instancias de la presente justicia de izquierda chilena, que ante cada recurso ha descartado las 58 páginas de argumentos y pruebas de la defensa hecha por el abogado Juan Eduardo Iturriaga Osses (que son las últimas 58 páginas del libro antes citado de Adolfo Paúl Latorre) con sólo dos palabras cada vez: “Vistos: Confírmase”. Pues así procede habitualmente la dictadura judicial chilena, que, como escribió Tocqueville, “es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio”.

          Y ahora esa dictadura les llega a los civiles, y la ejerce la Superintendencia de Valores y Seguros, a la cual sirven de altavoces los diarios, las radios y la televisión. Y el ciudadano medio, que lee sólo titulares y a veces hasta los entiende, dice “amén”.

          Por eso nunca hay que olvidar la advertencia del pastor Niemöller ni preguntar “por quién doblan las campanas”, porque, como advertía el poeta John Donne, siempre “están doblando por ti”.

          ¡Vivan en este 18 Chile y el nuevo lema impuesto por su actual revolución: “por la fuerza de la sinrazón”!

Lea: Pronto Será Delito Escribir Esto

          El lavado de cerebros que la izquierda le ha practicado al país ha sido tan completo, que pronto será delito no tenerlo lavado. Pues hay una moción de ley para penalizar a quien contradiga la versión marxista sobre el Gobierno Militar.

Ahora la nueva Presidenta del Colegio de Periodistas, comunista, naturalmente, y que obtuvo su mayoría entre 500 votantes sobre un universo de cinco mil, cuyo 90% se abstuvo (siempre los comunistas ganan el poder así), ha condenado como contraria a la ética periodística la publicación del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 que llamó a los militares a poner término a la situación creada por la Unidad Popular. ¿Va a sancionar a los colegiados que lo comenten o reproduzcan?

Uno de los redactores de ese Acuerdo fue Patricio Aylwin, y lo votaron a favor todos los diputados DC, “como tabla”, sabiendo perfectamente lo que significaba, para lo cual bastaba leerlo, pues llamaba a los comandantes en jefe “a poner inmediato término” a las situaciones que describía el documento sobre el quehacer del Gobierno de Allende. Ahora varios DC, ante la referida publicación, se han esmerado en tratar de demostrar que el propósito del Acuerdo no fue provocar la intervención militar, pero el almirante (r) Jorge Llorente les ha recordado que el propio Salvador Allende reconoció que sí lo fue, en su respuesta a la Cámara. Además, quien lea literatura histórica fidedigna, como el libro del abogado Sergio Arellano Iturriaga, “De Conspiraciones y Justicia”, se enterará de que la preparación del golpe en el Ejército la llevaron a cabo militares de simpatías pro DC y que Patricio Aylwin, enterado de esos preparativos, usó al propio autor de dicho libro, hijo del general de su mismo nombre, para comunicarles a los uniformados el instante preciso en que se rompieron la conversaciones entre Aylwin y Allende, llevadas a cabo en la casa del cardenal Silva Henríquez, dando así luz verde a los preparativos que hacían.

Bueno, pero el lavado cerebral ha sido tal que ahora el 11 de septiembre se celebra en La Moneda como una efeméride de homenaje a Allende y de condenación a quienes lo depusieron y sucedieron, que a estas alturas están casi criminalizados, cosa que partió intentando Sebastián Piñera el 11 de septiembre de 2013 cuando proclamó a los que apoyaron el pronunciamiento (entre quienes estaban los que lo llevaron a él a la Presidencia) como “cómplices pasivos” de violaciones a los derechos humanos.

Lo de las “violaciones a los derechos humanos” no pasa de ser una consigna, porque los militares ese 11 de septiembre de 1973 se encontraron con no menos de diez mil guerrilleros bien armados (fuente: Carlos Altamirano) e igual número de extranjeros ingresados clandestinamente (fuente: OEA) y los combatieron. En esa tarea hubo excesos y la Junta Militar fue la primera en precaverlos y condenarlos a través de instructivos que pueden leerse en mi libro “Terapia para Cerebros Lavados”, cuyos efectos terapéuticos han sido poco eficaces, tal vez en parte porque la editorial en determinado momento decidió dejar de distribuirlo y me devolvió 700 ejemplares. Pero alcanzó a estar seis semanas en la lista de los más vendidos.

No hubo “política de atropello a los derechos humanos”, porque cuando la Junta recibió denuncias fundadas de que la DINA incurría en excesos, esta entidad fue disuelta y reemplazada por la CNI a cargo de un oficial que daba garantías de respetar los derechos humanos de los terroristas. Nunca hubo “masivas violaciones” de tales derechos, como afirma hoy editorialmente un diario de derecha, abrazando la consigna dictada el mismo 1973 desde Moscú. Sí hubo excesos, porque hubo uniformados que en algunas oportunidades interpretaron al pie de la letra la interpelación que Frei Montalva les había hecho a través de la directiva de la Sofofa, a la cual expresó que “esto se arregla sólo con fusiles” y la envió a hablar con los comandantes en jefe como única vía para arreglar la situación creada por Allende (Acta Rivera, debidamente autentificada por José Piñera).

Por supuesto, el hábil Aylwin, 16 años después, necesitó el apoyo de la izquierda para ser Presidente, lo recibió y lo pagó con la Comisión Rettig, un ente parcial y sesgado que se creó exclusivamente para “cargar el muerto” a los militares y exculpar a los “únicos culpables” de lo ocurrido en Chile (según Frei en su carta a Mariano Rumor), los partidos de la UP, en particular comunistas y socialistas, que a la vez tenían los grupos armados ilegales más poderosos.

Como decía uno de los poquísimos DC que no cambiaron de posición, Juan de Dios Carmona, quien fue hasta su muerte muy leal con los militares, “los democratacristianos usaron a los militares para derrotar a los comunistas y después a los comunistas para derrotar a los militares”. Aylwin les dio el gusto a los rojos mediante la Comisión mal llamada “de Verdad y Reconciliación”, "mal llamada" porque disfrazó la realidad y sólo ha servido para atizar el odio entre chilenos, que casi un cuarto de siglo después de constituida está más vivo que nunca de parte de quienes siempre lo han tenido como enseña de su acción pública.

Fue tanto el ocultamiento de la verdad practicado por la Comisión Rettig que hizo desaparecer al ejército clandestino de la izquierda, atribuyendo los muertos debido a sus atentados terroristas y ataques a una entelequia indefinida que llamó “violencia política”, para no identificar precisamente a sus autores, los guerrilleros del FPMR comunista, del MIR, del PS, del Mapu y de la Izquierda Cristiana. Y minimizó la cantidad de caídos a manos de ella, que era la guerrilla de izquierda, en 168. Ni siquiera la Comisión leyó el Informe del Ejército de cinco tomos presentado a la misma, donde se precisaban las víctimas del terrorismo marxista. Pero una posterior comisión formada por el mismo Aylwin, a raíz de que muchos izquierdistas también querían compensaciones en dinero, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, fue más seria y comprobó que la guerrilla había matado a 255 personas más, elevando el total de los caídos bajo las balas de la izquierda a 423, sin perjuicio de lo cual todos los que se refieren al punto invariablemente se los cargan también siempre a los militares, por ignorancia o mala fe.

Pero el lavado cerebral ha sido tan completo que hoy día hasta los columnistas de derecha les atribuyen a los pobres militares (“pobres” porque son ilegalmente perseguidos y a diario siguen cayendo presos por hechos inexistentes o amnistiados o prescritos y, además, como ya son personas de edad avanzada, yacen entre pañales y balones de oxígeno en celdas de dos por tres en el penal Punta Peuco). Demás está decir que la mayoría de las querellas ilegales en contra de ellos fue interpuesta por el gobierno de sus supuestos “cómplices pasivos”, según Sebastián Piñera, quien como candidato y para conseguir los votos de la familia militar les prometió un debido proceso y respeto a la prescripción y como Presidente se sentó en ambos compromisos, a cambio de una “pasada” favorable para él en las encuestas, y a través de su inefable subsecretario Ubilla acentuó la persecución en su contra y les cerró el único penal relativamente digno en que algunos estaban (durante cuyo acto de traición permitió que se enarbolara en el frontis del penal que se cerraba la bandera de la hoz y el martillo que llevaron los comunistas para celebrar el endurecimiento de su venganza gracias a la complicidad activa de Piñera). Muchos me preguntan “por qué ‘le tengo pica’ a Piñera” y les respondo que por cosas como ésa y no por situaciones personales, que nunca han guiado mis opiniones sobre materias públicas o políticas.

Hoy leía a un columnista de derecha referirse al periodista que los “encapuchados” de la izquierda días atrás rociaron con bencina y estuvieron a punto de quemar, creyéndolo un carabinero de civil, y sólo se abstuvieron al convencerse de que no era carabinero, porque si no lo quemaban. Estos son “las víctimas” y los “defensores de los derechos humanos”. Lo malo es que el columnista equiparaba el caso al de Carmen Gloria Quintana, que resultó quemada por sus propios artefactos incendiarios durante una protesta de los años ’80, como si los militares la hubieran quemado, en circunstancias que fueron ellos los que le apagaron el fuego iniciado por ella misma, según acreditó el juez Alberto Echavarría Lorca, que investigó los hechos. Pero ya la derecha “cargó” los quemados a los militares irremisiblemente.

Ahora la Presidenta alienta la mitología anti gobierno militar y en este aniversario del 11 ha vuelto a hablar del “pacto de silencio” de los uniformados sobre los detenidos desaparecidos, pacto que, por supuesto, no existe. El tema de los detenidos desaparecidos es mantenido artificialmente, porque las dos comisiones formadas y antes señaladas llegaron a un total de 1.102 personas en esa condición y durante años se ha comprobado la muerte y el destino de 1.108 personas, de las cuales hay los restos de varios centenares sin identificar en el Instituto Médico Legal y varios patios del Cementerio General que la Justicia conoce perfectamente y que están precisados en la página 262 de mi libro antes citado. Además, media docena de personas que las Comisiones habían dado por detenidas desaparecidas han ido reapareciendo en el curso de los últimos años y se han publicado sus casos. El “pacto de silencio”  no tiene ningún sentido, porque ya todo se sabe y lo único que falta es la decisión de identificar restos que ninguno de los sucesivos gobiernos de izquierda (ni el sedicente de “centroderecha” que mantuvo a un  militante del MIR como funcionario de su exclusiva confianza dirigiendo el Instituto Médico Legal, y que, lógicamente, ha sido confirmado por el gobierno actual) se ha interesado por identificar ya por más de casi un cuarto de siglo en que habrían podido hacerlo. Pregúnteme usted por qué.

En fin, tal vez pronto decir estas verdades será constitutivo de delito en Chile y si no lo es, será considerado tal por los jueces de izquierda que predominan en los tribunales, cuya nueva presidenta gremial ha dejado constancia de su tendencia de izquierda en la prensa de hoy al manifestar su admiración por los ministros Haroldo Brito y Carlos Cerda, de la Corte Suprema, caracterizados por dejar sin aplicación las leyes cuando de vengarse de los militares se ha tratado.

Así es que aproveche de releer las líneas anteriores porque, si la izquierda sigue campeando como lo hace y la derecha cohonestando sus versiones antojadizas de la historia, tal vez en el futuro no sea posible volver a publicarlas y usted sólo estará autorizado para leer lo que sea del agrado de, en este caso, la “Hermana Mayor”. 

El Odio Recargado

          Tal como antes de 1973, la violencia la pusieron las, hoy, “víctimas de violaciones a los derechos humanos”. Mataron a una mujer, quemaron vehículos y dispararon e hicieron barricadas en las calles. Más personas caen, ya al anochecer, bajo sus balazos. Pero los que disparan son “víctimas”. El país los compadece y los indemniza, cada año más. Los supuestos “victimarios” uniformados, en cambio, son septuagenarios y octogenarios ilegalmente presos por el delito de haber enfrentado la violencia armada, hace 41 años. Muchos muy enfermos, que en 1973 actuaron ¡a requerimiento de algunos de los políticos que ahora los condenan! Y hoy mismo ha entrado a prisión un parlamentario por haber sido militar y enfrentado a la guerrilla del MIR instalada en Neltume, en 1981. Si los guerrilleros hubieran podido, lo habrían matado a él. Pero la sociedad no le perdona haber disparado primero. Ni el haberla protegido. “Cuando el peligro pasa, el soldado es olvidado.” Y en Chile es, además, condenado.

Parece que la rendición política incondicional de quienes, ya fueren civiles o uniformados, les impidieron el golpe totalitario en 1973 a los portaestandartes del odio no los ha apaciguado nada. El anuncio de la anulación de la amnistía es ya un paroxismo, porque hoy ningún juez aplica la amnistía. Pues los jueces de izquierda –que son casi todos— no respetan la ley y condenan igual. Si no hay pruebas, “presumen” culpabilidad. Para ello gozan de impunidad. Y parece que mientras más serviles se tornan los adversarios de los Guardianes del Odio, que son civiles y  militares, tránsfugas y arrepentidos, más furiosos se ponen esos Guardianes, arriesgándose incluso al ridículo, como lo han hecho hoy.

          Porque ¿qué van a hacer ahora los jueces que vienen desconociendo de facto la amnistía desde 1997? ¿No es una ley anulatoria de ella la prueba pública y oficial de que está vigente y por tanto han prevaricado? ¿No debería, entonces, la Corte Suprema sancionarlos, ante tal declaración oficial e indubitable de que han fallado contra derecho? No, porque así como en Chile ha dejado de regir el derecho, tampoco rige la razón. Sólo rige el ridículo.

          ¿Y qué vamos a hacer con la Constitución, a todo esto? Pues si bien los Guardianes del Odio la van  a cambiar “a como dé lugar” (de eso supongo que nadie tiene duda), por ahora ella todavía consagra el principio pro reo, según el cual siempre se aplica la ley más favorable al reo, aunque una nueva la anule. Eso dice el derecho. Pero, claro, ya nadie se preocupa del derecho ni de la Constitución, desde que Aylwin en 1991 le escribió a la Corte Suprema para que no aplicara la amnistía hasta el final de los juicios, contra lo ordenado por el código (que ordena poner término inmediato al juicio) y violando la norma de la propia Carta, que prohibía al Presidente “avocarse causas pendientes”.  Pero él violó la Constitución… “en la medida de lo posible”… y se salió con la suya. Tanto que empresarios de derecha le acaban de discernir el “Premio a la Trayectoria”.

          Ahora los Guardianes del Odio se aprestan a dictar aun otra legislación, para castigar la tortura, con efecto retroactivo, y así los 30 mil que “pasaron por caja” tras declararse torturados ante la Comisión Valech y tienen pensión vitalicia, podrán perseguir a sus presuntos torturadores sin otro requisito que llevar una legión de Guardianes del Odio a declarar que sí los vieron cuando eran torturados, y siempre el tanto por ciento de la indemnización que pagará el Estado irá para los abogados “de derechos humanos”. Eso viene.

          El ridículo no termina aquí: si se anula la amnistía ¿deberán, entonces, también ser procesados los extremistas de izquierda que se acogieron a ella y están libres? ¿Van a tener que ir a tomar presa a gente que trabaja en el propio Palacio de La Moneda? Si rigieran en Chile el derecho y la lógica, sí. Pero ninguno de ellos rige.

          A propósito, a mediodía me sorprendió (siendo que ya nada me sorprende)  un comentarista radial de derecha negándose a criticar a Aylwin por su cambio de bando, debido, dijo, “a que antes del 11 él no podía saber las cosas deleznables que iban a hacer los militares”. ¡Pobres militares! Desde la izquierda (no olvidemos al PIR), el centro y la derecha les pidieron dar el golpe y ahora todos se unen contra ellos para condenarlos por haberlo dado. Frei Montalva les decía: “¡Esto se arregla sólo con fusiles!” y ahora los meten presos por haber empleado fusiles. Pero ni siquiera pasó como dijo el comentarista radial “arrepentido”, porque Aylwin apoyó a los militares justamente cuando se produjo el 60 por ciento de los extremistas caídos en los 17 años, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. Entonces no sólo apoyaba a los militares, sino que los defendía públicamente, diciendo que uno no los debía criticar estando “sentado detrás de un escritorio”, cuando ellos estaban recibiendo el fuego “de milicias fuertemente armadas”. Pero ahora, tal vez por el centenario de Parra, este último fuego pasó a ser “imaginario”.

          Coincidió también este 11 con la eliminación de una de las bases del progreso chileno de las últimas décadas, progreso que nos ha puesto a la cabeza de América Latina. Pues Arenas se ha vanagloriado de la supresión del FUT. Dice que es la mayor reforma en treinta años. Ahora vamos a ver cuánto invierten los chilenos sin FUT. Es decir, los Guardianes del Odio han “bajado de los patines” a los inversionistas. Se anticiparon, pues ya lo hará Eyzaguirre con los buenos alumnos. Y que pongan sus barbas en remojo los otros pilares del “modelo chileno”, como las AFPs, las isapres, el DL 600 y el mercado de capitales.

Argumentan que Aylwin subió los impuestos en 1990 y no pasó nada. Pero Aylwin no tocó el FUT. Y así y todo pasó más de algo: al poco tiempo el país creció cada vez menos. Bueno, luego vamos a ver los efectos de la supresión del FUT.

Y no hablemos en este 11 de la persecución discriminatoria y con publicidad desatada contra algunos (y sólo algunos) operadores e inversionistas en el sector financiero. Más temprano que tarde vamos a ver los efectos de esa caza de brujas en el clima de libertad que ha permitido la sofisticación de las operaciones bursátiles. Entretanto, la masa exige el cadalso para los denunciados y repite lo que dicen los diarios, que es lo que dice la autoridad. ¡Qué debido proceso, presunción de inocencia y patrañas semejantes! Ya se han dictado condenas públicas contra víctimas elegidas “con pinzas” y alto sentido propagandístico, para aprovechar el odio de clases. La gente que menos entiende es la que más vocifera contra las cabezas que la autoridad ha puesto en la picota pública. Pero han metido un elefante en la cristalería. Ya se verán los efectos.

Así se celebra el que ha pasado a ser, lastimosamente, el Día Oficial de los Guardianes del Odio. Se ha producido la Gran Trasmutación: el 11 ahora es de ellos, los agresores mutados en “agredidos”, los victimarios disfrazados de “víctimas”, los totalitarios travestidos de “demócratas”. Este ha pasado a ser el onomástico, celebrado en La Moneda, en que la izquierda nos recuerda que jamás permitirá que haya en Chile Verdad y Reconciliación. Y la derecha, que en 1973 celebró el 11 con champaña y en 1988 votó entusiasta por el “sí” a Pinochet, ahora, dando el espectáculo de miseria moral más lamentable de su historia política, se atropella para pedir perdón por haber apoyado a los militares que salvaron al país y para suprimir los párrafos de sus Declaraciones de Principios como partidos que lo reconocieron así.

Hasta estaban contritos porque los Guardianes del Odio no los convidaron a La Moneda a rendir homenaje al peor Presidente de la historia de Chile.

Podemos Estar Tranquilos

          Podemos estar tranquilos, porque estamos en buenas manos, de gente que realmente sabe de terrorismo.

Pues a la cabeza está la ex comandante “Claudia” del FPMR, que en 1986 convivía con el vocero de ese grupo terrorista, Alex Vojcovich. ¿Quién puede saber más que ella?

Y no son sólo suposiciones. Su pertenencia al Frente la atestiguaron en “El Mercurio” de 19 de junio de 2003 el coordinador del movimiento, César Quiroz, y los guerrilleros “Mario”, “Pablo”, “Víctor”, “Dante” y Daniel”. Ella conoce el tema, es una experta. Seis testigos contestes que dan razón de sus dichos. Plena prueba. Nada de meras presunciones precarias, que sólo sirven para meter presos a los militares.

Y en especial este gobierno debe saber de la colocación de bombas en el Metro, porque el Frente, que lo integra, había hecho estallar un artefacto en un vagón que ingresaba a la Estación Tobalaba, el 16 de junio de 1986. A raíz de ello falleció el pasajero Jorge Campos Fardella y quedaron con lesiones graves Roberto Barros Sánchez, Juan Ruiz de Mujica, Laura Barceló Muñoz, Alex Soto Chindulza, Nelson Araneda Araneda y Esteban Gutiérrez Jorquera.

          Podemos estar tranquilos, además, porque el director de Inteligencia, Gustavo Villalobos, también sabe de terrorismo, pues fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad y defendió a guerrilleros del propio Frente. Su acción resultó tan eficaz que hasta fue encargado reo por la justicia como encubridor del asesinato del joven carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar. Es que es un hombre dedicado al tema. ¿Qué mejor garantía?

          También podemos estar tranquilos porque otro que sabe mucho ahora está en el Gobierno: el ex “Encargado Militar” del Partido Comunista, Guillermo Teillier, organizador del FPMR. Así es que también conoce como nadie el terrorismo. Claro, en junio pasado él sostenía que el único terrorismo posible era el ejercitado por el Estado y, por tanto, los que ponían centenares de explosivos no eran terroristas. Pero vemos con alivio que ayer mismo cambió de opinión: dijo que “esta” bomba en el Metro Escuela Militar sí fue un acto de terrorismo. Entonces podemos estar tranquilos: por fin el jefe de un partido de gobierno reconoce que un atentado en el Metro es un acto de terrorismo y se va a preocupar.

          Y también podemos estarlo porque esto no va a ir mucho más allá, debido a que los terroristas, en general, están contentos. Por dos razones: la primera, que el fisco les abona anualmente un total aproximado a los 300 millones de dólares en indemnizaciones por haber sido perseguidos, exonerados, apresados, interrogados y supuestamente maltratados en el pasado. Cuentan, además, con atención de salud gratuita y becas de estudio para sus descendientes. Y, segunda razón, porque quienes los derrotaron y les vedaron la toma del poder por las armas en 1973 están presos, ancianos y enfermos, o están cayendo en prisión todos los días. Además ¿quién va a querer hostilizar a los terroristas si eso ahora se llama “delito de lesa humanidad”? Nadie, por supuesto. Entonces, los terroristas están tranquilos.

          Tanto, que bajo el anterior gobierno de la ex “Claudia” hasta pudieron hacer una conferencia internacional con sus similares de otros países y se reunieron públicamente en Santiago, sin ser molestados, en el Teatro Lido. ¿Recuerdan?

          Entonces ¿qué razón podrían tener los terroristas para seguir alterando la paz pública, sabiendo que en el gobierno están sus iguales?

          Ninguna. Ergo, podemos estar tranquilos.

Procesamientos en Papel de Diarios

          La anterior vez que la Presidenta llamó a la prensa a La Moneda para pronunciarse sobre un asunto litigioso fue cuando en 2009 el abogado de la familia Frei anunció que el laboratorio de la Universidad de Gante, Bélgica, había confirmado el envenenamiento de Eduardo Frei Montalva en 1982. Entonces Michelle Bachelet convocó a los medios y expresó al país y al mundo “su horror”, dando por probado el supuesto envenenamiento, y su Ministra de Defensa, Vivienne Blanlot, captó titulares al exclamar: “¡El horror no termina!”. Pero nada era verdad: un diario, “La Segunda”, llamó a la Universidad de Gante y confirmó que sus laboratorios no habían hecho informe alguno sobre presencia de veneno en los restos de Frei. ¡Era un completo invento! Pero Michelle Bachelet no retiró sus palabras.

          Ahora, bajo un nuevo mandato, convocó a la prensa para comentar el “caso Cascadas”. “Es inaceptable”, dijo, dando por ciertas las imputaciones del Superintendente de Valores y Seguros, que impuso a varias personas que invirtieron  en acciones de las sociedades llamadas “Cascadas”, controladoras de Soquimich B, la mayor multa conjunta de la historia de Chile, de 164 millones de dólares. Expuestos en la picota pública: diversos accionistas (uno en particular, ex yerno de Pinochet, aunque adquirió las acciones después de 1990), pero otros a salvo, en particular un ex Presidente; una (y sólo una) corredora de Bolsa, entre muchas que intermediaron, Larraín Vial; y, en fin, dos de sus gerentes. Todos por supuestas infracciones cometidas en operaciones de compra y venta de “Cascadas” entre 2008 y 2011, que les habrían reportado ganancias extraordinarias.

          Es decir, la Presidenta, los diarios, las radios y la televisión han sometido a proceso y ya condenado a algunos, y sólo algunos, de quienes compraron y vendieron acciones de las “Cascadas” desde hace seis y hasta hace tres años atrás.

          En las transacciones de esos títulos intervinieron varias corredoras de bolsa, pero sólo una ha sido multada, Larraín Vial, junto a dos de sus gerentes, en 20 millones de dólares.

En el total de las operaciones “Cascadas” que intermedió, cobró comisiones de 110 millones de pesos, es decir, menos de 200 mil dólares. ¡Pero ha sido multada en 20 millones, si se suman las sanciones a ella misma y dos de sus gerentes! Ninguno de estos últimos compró ni vendió personalmente acción alguna de las “Cascadas”. Cero negocio personal, y sin embargo han sido multados personalmente en varios millones de dólares cada uno. ¿Qué criterio es ése?

          Se ha hecho caudal, ante la pobre opinión pública cautiva, de que las operaciones con acciones de las “Cascadas” habrían provocado un perjuicio a los accionistas minoritarios y las AFP. Sin embargo, un estudio encargado a una consultora y publicado en “La Tercera” del 30 de agosto, p. 66, señala que las AFP se beneficiaron de un aumento patrimonial de 168,2 millones de dólares, en conjunto, gracias a haber invertido en las “Cascadas”. El mismo estudio verifica que cinco de 17 fondos de las AFP que invirtieron en las “Cascadas” obtuvieron una rentabilidad sobre sus inversiones superior a la que consiguió su controlador, Julio Ponce Lerou, a raíz de haber operado con las mismas acciones. En fin, tampoco el negocio de invertir en las “Cascadas” fue el mejor, pues el IPSA (índice de precios de sociedades anónimas representativas de la Bolsa), tuvo en el período estudiado una rentabilidad superior al de aquellas acciones. ¿Qué  clase de “esquema” se prepara para ganar menos que el IPSA?

          ¿Operaciones irregulares? El ex Superintendente Álvaro Clark opina: “Llaman a sorpresa las afirmaciones de la formulación de cargos ‘en un solo lote’ y ‘con una difusión que no se condeciría con el objetivo de maximizar la recaudación proveniente de tales transacciones’, ‘ODs (Órdenes Directas) con difusión de tres minutos', ‘ODs sin difusión’, cuando justamente esas formas de materializar transacciones o períodos de difusión han sido determinadas por la SVS con la finalidad de que se ejecuten eficientemente las órdenes que reciben los corredores” ("Pulso”, 28.07.14).

          Además, la única corredora multada tuvo sólo un 16,5 por ciento de participación en las ODs sin difusión en el período 2007-2012. (“La Tercera”, 30.08.14, p. 66).

          Naturalmente, entonces, la pregunta que se formula cualquiera que no sea un mero “cerebro lavable” y receptor pasivo de titulares-consigna sobre estas condenas hechas por la prensa, es la de por qué la Superintendencia esperó hasta 2013 para formular cargos por operaciones realizadas entre 2008 y 2011, supuestamente monitoreadas por ella día a día. La respuesta está en mi blog anterior, “Política y Negocios”, sobre la declaración ante la SVS de Julio Ponce, no desmentida desde su publicación el 12 de marzo en “El Mostrador” por ninguno de quienes están citados allí, donde se describe el acoso de que fue objeto desde 2012 el controlador de las “Cascadas”, por el anterior Presidente de la República, Sebastián Piñera, dueño de participaciones importantes en dichas sociedades y también partícipe activo en compras y ventas de las respectivas acciones, para obligar a fusionar las “Cascadas”.

          ¿Por qué ese interés presidencial en presionar al controlador? Porque las “Cascadas” tienen acciones de Soquimich B, y si usted compra acciones de las “Cascadas” está, en el fondo, comprando acciones de Soquimich B más baratas. Si se fusionan las “Cascadas” se puede hacer efectivo el acceso a las acciones de Soquimich B que ellas mantienen. ¿Por qué creen ustedes que al día siguiente de anunciarse, la semana pasada, las sanciones al controlador de Soquimich B, sociedades relacionadas y las llamadas “instrumentales”, las acciones de las “Cascadas” subieron, y algunas más de cinco por ciento en un día? Porque el mercado supuso que ello aproximaría a sus accionistas a las acciones de Soquimich B.

          Por eso (ver mi blog anterior), Sebastián Piñera y sus emisarios preguntaban continuamente y presionaban por la “fusión” de las “Cascadas”, en 2012. Por eso amenazaban al controlador con  una “denuncia”, que hasta tenían redactada en 2012, a la Superintendencia. ¿Por qué el representante de la firma encargada del “fideicomiso ciego” presidencial hasta llegó a describir en un foro la misma denuncia que después se transformó en formulación de cargos de la Superintendencia, sin otra diferencia que llamar “dispositivo” a lo que la Superintendencia llamó “esquema”? ¿Por qué el Presidente tenía tal interés que hasta llegó a levantar el tema en un “Comité Político” de su gobierno, en julio de 2012?

          Ante la renuencia de Julio Ponce a fusionar las “Cascadas”, por temor a perder el control de Soquimich B, el “brazo derecho” de Piñera para sus finanzas personales le propuso a Ponce un esquema para fusionarlas sin perder el control de Soquimich  B. Es decir, ya que no se podía conseguir este último, por lo menos se podía hacer efectiva la ganancia constituida por el descuento del precio de las Soquimich B en manos de las “Cascadas”, con relación a su cotización bursátil, por el solo hecho de pertenecer a éstas.

          En un momento de caída de su popularidad, la Presidente ha resuelto lanzarles a los leones unas presas apetitosas para saciarlos, distraerlos y bienquistarse con ellos.

          Cuando gobernantes peruanos y bolivianos tienen problemas internos, recurren a la odiosidad hacia Chile para ganar la adhesión popular perdida. Cuando un gobierno socialista chileno los tiene, recurre a castigar a un ex yerno de Pinochet y a una entidad bursátil con apellidos ilustres para saciar a un pueblo levantisco y desilusionado de no poder recibir ningún fruto de la revolución que está en marcha. Aunque ello se haga a costa de la legalidad, de la verdad y de la justicia.

Política y Negocios

          Las noticias han estado dominadas por el caso “Cascadas”, que involucra cientos de millones de dólares, pero, objetivamente, debería ser mucho más importante el caso Minmetals-Codelco, que le ha costado al Estado chileno pérdidas por 4.700 millones de dólares, por lo bajo. (Ver denuncia de los diputados UDI Ward y Bellolio en “El Mercurio” de hoy).

En ese mal negocio intervino el actual Ministro de Educación cuando lo era de Hacienda. En sesión de directorio aprobó que se hiciera la lamentable (para Chile) transacción, tan favorable a China. Y que se usara un paraíso fiscal para ahorrar impuestos, siendo que todo el mundo hace un año dijo que no podía ser candidato presidencial de derecha alguien que tuviera una cuenta en un paraíso fiscal. Es que lo que no puede la derecha lo puede la izquierda y nadie le dice nada.

Pero todos están más preocupados del caso “Cascadas”.

          Bueno, si Chile entero prefiere poner más atención en eso, allá Chile. Entonces le voy a proporcionar algunos antecedentes, que aparecieron publicados en el diario digital “El Mostrador” el 12 de marzo pasado. Es el facsímil de la declaración de Julio Ponce Lerou ante la Superintendencia de Valores y Seguros, de la cual reproduzco los siguientes acápites, para que vamos sabiendo de qué se trata, en el fondo, todo esto (con aclaraciones mías entre paréntesis). Una aclaración previa: el premio mayor en este asunto se llama SQM-B, empresa que llegó a tener un valor bursátil de 16 mil millones de dólares en 2012. El objetivo económico era el control de esa apetecible “torta”, en poder de Ponce Lerou a través de las ‘Cascadas”. Obligándolo a fusionarlas perdía el control. Adivine dónde iría a parar ese control. Habla Ponce Lerou:

          “(En mayo de 2008) le compramos el paquete (de acciones de las “Cascadas”) a Sebastián Piñera en un remate de un solo paquete en anuncio de 20 horas y en orden directa. … lo que compramos a Sebastián Piñera fue 280 millones de dólares aproximadamente”.

          “Pero a los dos meses de vender estas acciones, las sociedades Bancard y Santa Cecilia (de Sebastián Piñera) empiezan a comprar acciones de Norte Grande y Oro Blanco (ambas “Cascadas”) en remates con orden directa.

“Al momento de comprarle las acciones a Sebastián Piñera, en mayo del 2008, le pagamos un sobreprecio entre 8 y 38 por ciento si uno sigue la fórmula que ahora la Superintendencia de Valores y Seguros ha definido para calcular el precio de mercado, concepto de precio de mercado que no comparto. Es decir, le pagamos a Piñera un sobreprecio de acuerdo a fórmula de Superintendencia de Valores y Seguros, sin perjuicio que nosotros consideramos que le pagamos a precio de mercado y en operación común a los precios de Bolsa. En el concepto actual de la Superintendencia de Valores y Seguros, esto significó un daño a las sociedades ‘Cascadas’ y sus accionistas minoritarios. …

“Los primeros días del 2012 circula un panfleto anónimo que se denomina ‘Potencial Abuso contra Accionista Minoritario’. … Yo supe después que quien hizo este panfleto fue Tomás Hurtado, que es de Consorcio. Esta sociedad es dueña de Moneda en un 20 por ciento. … Posteriormente Pablo Echeverría, presidente de Moneda (administradora del “fideicomiso ‘ciego’ de los bienes de Piñera durante su mandato presidencial) me solicitó que nos reuniéramos para hablar del tema ‘Cascadas’. … En la segunda reunión con Echeverría … me proponen que fusione las ‘Cascadas’. Me dicen que si lo hago, ellos no harían entrega de este documento anónimo a la Superintendencia de Valores y Seguros. Yo les dije que la fusión de las ‘Cascadas’ no la haría jamás, porque sería perder el control y aceptar un chantaje”.

Explicación: se refiere al Control de SQM-B, que es la sociedad valiosa y más deseada, que el declarante Ponce controla mediante las “Cascadas”. Sigo citando a Ponce:

“En las reuniones con Echeverría me dijo que no fuera a pensar que estaba metido Sebastián Piñera en esto. Yo le respondí que cómo se le ocurría que iba a pensar eso. Estas conversaciones son entre marzo y julio de 2012 en oficinas de Moneda.”

19 de julio: “En esa reunión asistí solo y Echeverría fue con Pedro Pablo Gutiérrez. Ellos me insisten con la fusión y yo les respondí negativamente.

“En ese momento entra la Superintendencia de Valores y Seguros a investigar esto por primera vez. …

“A fines de abril del 2012 me comentaron que quien estaba detrás del tema de las ‘Cascadas’ era Sebastián Piñera. Yo llamé a Darío Calderón, que estaba en el directorio de LAN, y le pregunta a José Cox (hombre de Piñera) si es efectivo que Piñera está detrás de esto. Le señala que no es efectivo y llaman a Noguera (otro hombre de Piñera) que le dice que no tienen acciones de ´Cascadas’, pero que sería bueno que se fusionaran.”

“A mediados de 2012, el 16 de mayo, el abogado Darío Calderón me comentó que había recibido e-mail de José Cox (hombre de Piñera). Hago entrega de este correo en que le preguntan qué voy a hacer yo con las ‘Cascadas’.

“En junio me reúno con José Cox en las oficinas de Calderón. En algún momento de la conversación me plantea que la mejor solución a esto es fusionar. Calderón me entrega e-mail de José Cox. Este correo es del 21 de noviembre de 2012.

“En noviembre de 2012 llega Darío Calderón a mi oficina. Me dice que habló con Cox y le había entregado un documento que me lo entrega. Me dice que si fusionan las ‘Cascadas’ yo no perdería el control. Este documento detalla cómo se deberían fusionar las Cascadas sin afectar el control de las mismas. En esta misma reunión  Calderón me dice que si yo fusiono, ellos dicen que me arreglan el problema con la Superintendencia de Valores y Seguros. Cuando me refiero a ‘ellos’ se trata de José Cox y Moneda.

“Posteriormente hubo una serie de reuniones entre José Cox, Gutiérrez y mis abogados para buscar solución al problema. Siempre se planteó la posibilidad de la fusión.

“Ellos plantean que arreglarían este tema en la Superintendencia de Valores y Seguros en dos sentidos: multas chicas y que no hubiese cargos penales.

“Además Calderón me comentó de una reunión social a la que asistió Sebastián Piñera. Esto fue a fines de 2012. Las palabras de Piñera fueron: ‘cómo iba el asunto de la fusión’ y después le dijo: ‘encárgate tú de la fusión que yo me encargo de la Super'.

“Yo le comenté esta información a un director de las sociedades ‘Cascadas’, don Patricio Phillips. Me dice que lo encuentra muy grave y me dice que lo hablará con el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn .

“Me comentó después el resultado de esta conversación y me señala que el subsecretario le había señalado que no le sorprendía esto, ya que había estado en reunión del Comité Político en La Moneda. En esta reunión había participado el Presidente, Larroulet, Chadwick y Dittborn, que fue como ministro de Hacienda subrogante. El Presidente le pregunta al subsecretario qué novedades habían respecto de las ‘Cascadas’. El subsecretario le dice que no sabe, pero le averiguaría. Presidente le dice que no, que él mismo se encarga.

“Las presiones para fusionar las ‘Cascadas’ llegan hasta fines de julio y principios de agosto de 2013. Pedro Pablo Gutiérrez, también director del Hogar de Cristo, le pregunta a Patricio de Solminihac (ministro de Minería) quién tiene influencia con Julio Ponce. Le dice éste que Julio era muy independiente y le dice que el único que alguna influencia puede tener en él es su hermano Eugenio Ponce.

“Sostienen una reunión en el Sport Francais y le dice que le pasarán una multa monstruosa de 100 millones de dólares, salvo que hubiese fusión. Posteriormente a eso vino la formulación de cargos, que es de septiembre.

“También me parece extraño que en un seminario que hace Moneda (donde está el fideicomiso ‘ciego’ y que se abstiene de votar en las juntas de las ‘Cascadas’ por un número de acciones similar al de Piñera, pues el fideicomiso ordena abstenerse) Pablo Echeverría (presidente de Moneda) realiza una exposición refiriéndose al caso ‘Cascadas’ en términos muy similares a los cargos que formuló la Superintendencia de Valores y Seguros. …

“Quiero acompañar también un artículo del 2012 de ‘Pulso’ que informa sobre la denuncia que había realizado Moneda contra nosotros. En este artículo se menciona el monitoreo que ha realizado el Presidente de la República, según fuentes de la propia Superintendencia de Valores y Seguros”.

Fin de la cita, que sirve de antecedente para apreciar cómo funciona en Chile lo que antiguos prohombres llamaban “el contubernio política-negocios”; y que ilustra el costo que pagan los hombres de negocios si no se allanan a las presiones de los políticos que tienen intereses en sus negocios.