Una Señorita Irreconciliable

          Se supone que las Fiestas Patrias son una ocasión para unir a los chilenos y no para revivir viejas querellas, cuitas y rencores, pero la Presidenta eligió la fecha para anunciar que el Ejecutivo patrocinaría una moción legislativa que anulará la amnistía de 1978, que hasta hoy es ley de la república, y gracias a la cual quedaban atrás querellas, cuitas y rencores.

          Como ustedes seguramente saben, pero de manera muy parcial, sesgada y desinformada, en 1973 culminó en Chile un conflicto derivado de que el gobernante marxista-leninista de entonces, apoyado por los partidos de la UP, se proponía instaurar un sistema “socialista marxista integral” (fueron sus palabras en entrevista a Regis Debray), apoyado por grupos armados ilegales cuya descripción y cuantificación fue hecha por el secretario general socialista Carlos Altamirano y con el propósito de destruir por las armas el Estado democrático burgués en la forma descrita por los Congresos socialistas de 1965, 1967, 1969 y 1971.

          Pero el Estado democrático burgués resultó más difícil de destruir de lo que suponían las huestes del señor Allende, pues los partidos democráticos (es decir, los no marxistas) llamaron a defenderlo a quienes tenían legalmente las armas, a la voz de Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado, que proclamaba la urgencia de la respectiva acción diciendo: “Esto se arregla sólo con fusiles” y, a los que tenían legalmente los fusiles, “ustedes tienen las bayonetas y deberían saber lo que tienen que hacer para salvar al país” (Acta Rivera, julio de 1973, autentificada).

         Entonces estaba todo claro: los agresores eran los partidos marxistas y su gobierno, denominado de la Unidad Popular. La gran agredida era la democracia chilena. Los ofensores eran los que deseaban destruir esa democracia. Los ofendidos, la misma democracia y los demócratas. El resto es historia.

Derrotado el peligro, todos estaban felices. “Se izaban banderas en las poblaciones”, escribía Frei a Europa. Pacificado el país, la Junta Militar dictó un decreto ley de amnistía general para que todo fuera olvidado y los chilenos nos reconciliáramos. Todo el mundo, partiendo por el cardenal-arzobispo Raúl Silva Henríquez, aplaudió. Los agresores marxistas fueron los primeros en beneficiarse de la amnistía, término que viene del griego “amnestia”, olvido. Los chilenos estábamos reconciliados. Se preparó una nueva Constitución, hubo elecciones y todo marchaba bien ¡hasta que los mismos ofensores y agresores de antes de 1973 lograron tener el suficiente poder, desde el Ejecutivo, el Judicial y, últimamente, el Legislativo, para revivir el odio! Y ahí estamos hoy de nuevo.

          Ahora su Presidenta, en la fecha que debería ser por antonomasia la de unidad de los chilenos, ha anunciado que “anulará” el olvido que nos ha reconciliado. Entrevistada durante las Fiestas Patrias por la periodista de CNN (simpatizante de su gobierno) Mónica Rincón, ésta le pregunta por su sorpresiva iniciativa de “anular” la amnistía. “Los tribunales no la aplican hace muchos años”, se defiende ella. La periodista insiste: “Pero los que han sido sobreseídos antes ¿serán ahora procesados?”. Respuesta: “Son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles…”

          Todo de nuevo. Jurídicamente lo que viene es un intríngulis, pero eso no importa, porque Chile, para los efectos de esta materia, no es un Estado de Derecho” y ya hace tiempo que los jueces se ríen de las leyes. Pero, en todo caso, piensen ustedes que, si Chile fuera un Estado de Derecho, la aprobación del proyecto significaría:

1)    Como “anula” una ley vigente, quiere decir que ella era válida hasta el día antes de la publicación en el Diario Oficial de la ley anulatoria;

2)    Luego, si era válida, los jueces que no la han aplicado han incurrido en un delito, el de prevaricación, y deberían ser procesados, condenados y destituidos por ello;

3)    La razón que ha dado la señorita Presidenta para que nada se olvide es que se ha tratado de “delitos de lesa humanidad”, pero,

3.a) Esos delitos no existían en Chile en la época de los hechos que se pretende castigar y que fueron amnistiados, y la Constitución asegura a todos los habitantes de la república que no pueden ser castigados por un delito que no haya sido establecido por una ley dictada con anterioridad a su perpetración. Los delitos de lesa humanidad fueron establecidos por ley de julio de 2009, es decir, dictada más de treinta años después de los hechos. ¿Se saldrá de la Constitución la Presidenta, como ya lo han hecho muchos jueces, para castigarlos?

3.b) La propia ley de 2009 que estableció los delitos de lesa humanidad dice que ella no puede aplicarse a hechos anteriores a su vigencia. ¿Desconocerá la Presidenta esta norma explícita dictada bajo su anterior gobierno?

          Bueno, pero éste no es un Estado de Derecho para los efectos de estas materias, pues las leyes no valen y no sacamos nada con razonar como si valieran. Acá la fuerza se ha sobrepuesto sobre la razón y por eso un reciente blog mío sugirió reemplazar el lema del escudo nacional, “por la razón o la fuerza”, por otro: “por la fuerza de la sinrazón”.

          Y ha quedado, por tanto, confirmado en este 18 de septiembre que los que tenemos razón, porque creemos en el derecho, en el orden, en la honestidad y practicamos la reconciliación, ya no valemos nada en este país. Hace tiempo que ya Chile ingresó a un clima regido por otra normativa: la conocida como “Ley de la Selva”, donde el triunfo está reservado, no a quien tiene la razón, sino a quien (o quienes) tienen la fuerza. Una señorita irreconciliable nos vuelve a retrotraer a ese lugar.