Lea: Pronto Será Delito Escribir Esto

          El lavado de cerebros que la izquierda le ha practicado al país ha sido tan completo, que pronto será delito no tenerlo lavado. Pues hay una moción de ley para penalizar a quien contradiga la versión marxista sobre el Gobierno Militar.

Ahora la nueva Presidenta del Colegio de Periodistas, comunista, naturalmente, y que obtuvo su mayoría entre 500 votantes sobre un universo de cinco mil, cuyo 90% se abstuvo (siempre los comunistas ganan el poder así), ha condenado como contraria a la ética periodística la publicación del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 que llamó a los militares a poner término a la situación creada por la Unidad Popular. ¿Va a sancionar a los colegiados que lo comenten o reproduzcan?

Uno de los redactores de ese Acuerdo fue Patricio Aylwin, y lo votaron a favor todos los diputados DC, “como tabla”, sabiendo perfectamente lo que significaba, para lo cual bastaba leerlo, pues llamaba a los comandantes en jefe “a poner inmediato término” a las situaciones que describía el documento sobre el quehacer del Gobierno de Allende. Ahora varios DC, ante la referida publicación, se han esmerado en tratar de demostrar que el propósito del Acuerdo no fue provocar la intervención militar, pero el almirante (r) Jorge Llorente les ha recordado que el propio Salvador Allende reconoció que sí lo fue, en su respuesta a la Cámara. Además, quien lea literatura histórica fidedigna, como el libro del abogado Sergio Arellano Iturriaga, “De Conspiraciones y Justicia”, se enterará de que la preparación del golpe en el Ejército la llevaron a cabo militares de simpatías pro DC y que Patricio Aylwin, enterado de esos preparativos, usó al propio autor de dicho libro, hijo del general de su mismo nombre, para comunicarles a los uniformados el instante preciso en que se rompieron la conversaciones entre Aylwin y Allende, llevadas a cabo en la casa del cardenal Silva Henríquez, dando así luz verde a los preparativos que hacían.

Bueno, pero el lavado cerebral ha sido tal que ahora el 11 de septiembre se celebra en La Moneda como una efeméride de homenaje a Allende y de condenación a quienes lo depusieron y sucedieron, que a estas alturas están casi criminalizados, cosa que partió intentando Sebastián Piñera el 11 de septiembre de 2013 cuando proclamó a los que apoyaron el pronunciamiento (entre quienes estaban los que lo llevaron a él a la Presidencia) como “cómplices pasivos” de violaciones a los derechos humanos.

Lo de las “violaciones a los derechos humanos” no pasa de ser una consigna, porque los militares ese 11 de septiembre de 1973 se encontraron con no menos de diez mil guerrilleros bien armados (fuente: Carlos Altamirano) e igual número de extranjeros ingresados clandestinamente (fuente: OEA) y los combatieron. En esa tarea hubo excesos y la Junta Militar fue la primera en precaverlos y condenarlos a través de instructivos que pueden leerse en mi libro “Terapia para Cerebros Lavados”, cuyos efectos terapéuticos han sido poco eficaces, tal vez en parte porque la editorial en determinado momento decidió dejar de distribuirlo y me devolvió 700 ejemplares. Pero alcanzó a estar seis semanas en la lista de los más vendidos.

No hubo “política de atropello a los derechos humanos”, porque cuando la Junta recibió denuncias fundadas de que la DINA incurría en excesos, esta entidad fue disuelta y reemplazada por la CNI a cargo de un oficial que daba garantías de respetar los derechos humanos de los terroristas. Nunca hubo “masivas violaciones” de tales derechos, como afirma hoy editorialmente un diario de derecha, abrazando la consigna dictada el mismo 1973 desde Moscú. Sí hubo excesos, porque hubo uniformados que en algunas oportunidades interpretaron al pie de la letra la interpelación que Frei Montalva les había hecho a través de la directiva de la Sofofa, a la cual expresó que “esto se arregla sólo con fusiles” y la envió a hablar con los comandantes en jefe como única vía para arreglar la situación creada por Allende (Acta Rivera, debidamente autentificada por José Piñera).

Por supuesto, el hábil Aylwin, 16 años después, necesitó el apoyo de la izquierda para ser Presidente, lo recibió y lo pagó con la Comisión Rettig, un ente parcial y sesgado que se creó exclusivamente para “cargar el muerto” a los militares y exculpar a los “únicos culpables” de lo ocurrido en Chile (según Frei en su carta a Mariano Rumor), los partidos de la UP, en particular comunistas y socialistas, que a la vez tenían los grupos armados ilegales más poderosos.

Como decía uno de los poquísimos DC que no cambiaron de posición, Juan de Dios Carmona, quien fue hasta su muerte muy leal con los militares, “los democratacristianos usaron a los militares para derrotar a los comunistas y después a los comunistas para derrotar a los militares”. Aylwin les dio el gusto a los rojos mediante la Comisión mal llamada “de Verdad y Reconciliación”, "mal llamada" porque disfrazó la realidad y sólo ha servido para atizar el odio entre chilenos, que casi un cuarto de siglo después de constituida está más vivo que nunca de parte de quienes siempre lo han tenido como enseña de su acción pública.

Fue tanto el ocultamiento de la verdad practicado por la Comisión Rettig que hizo desaparecer al ejército clandestino de la izquierda, atribuyendo los muertos debido a sus atentados terroristas y ataques a una entelequia indefinida que llamó “violencia política”, para no identificar precisamente a sus autores, los guerrilleros del FPMR comunista, del MIR, del PS, del Mapu y de la Izquierda Cristiana. Y minimizó la cantidad de caídos a manos de ella, que era la guerrilla de izquierda, en 168. Ni siquiera la Comisión leyó el Informe del Ejército de cinco tomos presentado a la misma, donde se precisaban las víctimas del terrorismo marxista. Pero una posterior comisión formada por el mismo Aylwin, a raíz de que muchos izquierdistas también querían compensaciones en dinero, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, fue más seria y comprobó que la guerrilla había matado a 255 personas más, elevando el total de los caídos bajo las balas de la izquierda a 423, sin perjuicio de lo cual todos los que se refieren al punto invariablemente se los cargan también siempre a los militares, por ignorancia o mala fe.

Pero el lavado cerebral ha sido tan completo que hoy día hasta los columnistas de derecha les atribuyen a los pobres militares (“pobres” porque son ilegalmente perseguidos y a diario siguen cayendo presos por hechos inexistentes o amnistiados o prescritos y, además, como ya son personas de edad avanzada, yacen entre pañales y balones de oxígeno en celdas de dos por tres en el penal Punta Peuco). Demás está decir que la mayoría de las querellas ilegales en contra de ellos fue interpuesta por el gobierno de sus supuestos “cómplices pasivos”, según Sebastián Piñera, quien como candidato y para conseguir los votos de la familia militar les prometió un debido proceso y respeto a la prescripción y como Presidente se sentó en ambos compromisos, a cambio de una “pasada” favorable para él en las encuestas, y a través de su inefable subsecretario Ubilla acentuó la persecución en su contra y les cerró el único penal relativamente digno en que algunos estaban (durante cuyo acto de traición permitió que se enarbolara en el frontis del penal que se cerraba la bandera de la hoz y el martillo que llevaron los comunistas para celebrar el endurecimiento de su venganza gracias a la complicidad activa de Piñera). Muchos me preguntan “por qué ‘le tengo pica’ a Piñera” y les respondo que por cosas como ésa y no por situaciones personales, que nunca han guiado mis opiniones sobre materias públicas o políticas.

Hoy leía a un columnista de derecha referirse al periodista que los “encapuchados” de la izquierda días atrás rociaron con bencina y estuvieron a punto de quemar, creyéndolo un carabinero de civil, y sólo se abstuvieron al convencerse de que no era carabinero, porque si no lo quemaban. Estos son “las víctimas” y los “defensores de los derechos humanos”. Lo malo es que el columnista equiparaba el caso al de Carmen Gloria Quintana, que resultó quemada por sus propios artefactos incendiarios durante una protesta de los años ’80, como si los militares la hubieran quemado, en circunstancias que fueron ellos los que le apagaron el fuego iniciado por ella misma, según acreditó el juez Alberto Echavarría Lorca, que investigó los hechos. Pero ya la derecha “cargó” los quemados a los militares irremisiblemente.

Ahora la Presidenta alienta la mitología anti gobierno militar y en este aniversario del 11 ha vuelto a hablar del “pacto de silencio” de los uniformados sobre los detenidos desaparecidos, pacto que, por supuesto, no existe. El tema de los detenidos desaparecidos es mantenido artificialmente, porque las dos comisiones formadas y antes señaladas llegaron a un total de 1.102 personas en esa condición y durante años se ha comprobado la muerte y el destino de 1.108 personas, de las cuales hay los restos de varios centenares sin identificar en el Instituto Médico Legal y varios patios del Cementerio General que la Justicia conoce perfectamente y que están precisados en la página 262 de mi libro antes citado. Además, media docena de personas que las Comisiones habían dado por detenidas desaparecidas han ido reapareciendo en el curso de los últimos años y se han publicado sus casos. El “pacto de silencio”  no tiene ningún sentido, porque ya todo se sabe y lo único que falta es la decisión de identificar restos que ninguno de los sucesivos gobiernos de izquierda (ni el sedicente de “centroderecha” que mantuvo a un  militante del MIR como funcionario de su exclusiva confianza dirigiendo el Instituto Médico Legal, y que, lógicamente, ha sido confirmado por el gobierno actual) se ha interesado por identificar ya por más de casi un cuarto de siglo en que habrían podido hacerlo. Pregúnteme usted por qué.

En fin, tal vez pronto decir estas verdades será constitutivo de delito en Chile y si no lo es, será considerado tal por los jueces de izquierda que predominan en los tribunales, cuya nueva presidenta gremial ha dejado constancia de su tendencia de izquierda en la prensa de hoy al manifestar su admiración por los ministros Haroldo Brito y Carlos Cerda, de la Corte Suprema, caracterizados por dejar sin aplicación las leyes cuando de vengarse de los militares se ha tratado.

Así es que aproveche de releer las líneas anteriores porque, si la izquierda sigue campeando como lo hace y la derecha cohonestando sus versiones antojadizas de la historia, tal vez en el futuro no sea posible volver a publicarlas y usted sólo estará autorizado para leer lo que sea del agrado de, en este caso, la “Hermana Mayor”.