Y la Revolución Sigue su Curso...

El otro día leí que el Presidente había pedido audiencia en su casa a uno de sus antecesores, el inefable don Patricio. Al cabo de la visita se supo el motivo: en el Museo Histórico hay una sección dedicada a resaltar el legado de cada Presidente, pero que incurre en una omisión imperdonable: la secuencia se interrumpió hace ya varias administraciones, de tal modo que Piñera no figura ahí, para recibir el homenaje de eterna admiración de los chilenos. Entonces, como Aylwin tampoco está, le ofrece formar alianza para incorporar los nombres de ambos a la memoria histórica de los chilenos. Para edificación cultural de la ciudadanía, naturalmente. Y con el dinero de ésta.

Conjeturo, a partir de ello, que Sebastián Piñera piensa dedicar su último año (porque a estas alturas del próximo ya nadie se preocupará de él, sino de la elección de su sucesor(a)) a lo que más le importa en la vida: su propio enaltecimiento. Pero esos desvelos le impiden darse cuenta del avance de la revolución en curso.

Antes de profundizar en ella diré que fue bien pensado visitar a don Patricio para comprometerlo en la tarea del autoenaltecimiento, pues él comparte el celo por su imagen. Ha tenido algunos tropiezos en lograrlo, es cierto, como el que usted puede ver en YouTube si digita "Aylwin" y ve el video más visto de todos. Y también si lee el diario digital "Chile Informa" de anteayer viernes 28 de septiembre, donde el periodista Fernando Martínez Collins recuerda que, en 1993, el entonces Presidente Aylwin le prohibió la entrada a La Moneda sólo por haberle preguntado cómo conciliaba su declaración de que no indultaría a terroristas envueltos en hechos de sangre con su posterior indulto a los mismos. Aylwin no sólo se enfureció y le reprendió severamente delante de todos, cuando se lo preguntó, sino que prohibió en lo sucesivo su ingreso a La Moneda. Entonces el diario de Martínez Collins discretamente lo redestinó al Congreso, en Valparaíso. Y, recuerda también el periodista, ningún medio informó de su interpelación al Presidente, pese a que ella tuvo lugar delante de todos los periodistas de Moneda, ni de las consecuencias de ella. Pese a que oficialmente ya no había en Chile "presiones ni censura del gobierno contra los periodistas", como, según algunos, sucedía antes de 1990.

Pero no nos perdamos en la polvareda, porque mi tema de hoy es que la revolución sigue su curso. Hoy en "El Mercurio" sólo una carta del lector Gerardo Jofré toma nota del importante aporte a ella hecho por la Pastoral de los obispos que comenté anteayer. Jofré la etiqueta discretamente de "populismo" episcopal, pero es mucho más que eso. Es el aporte del episcopado a los revolucionarios que quieren cambiarlo todo. Se suma al clima revolucionario, que no reside sólo en la acción violenta de los encapuchados que disparan con armas de fuego a Carabineros, en la acción de los "cascos azules" para anular su eficacia antiterrorista, en la de los comandos terroristas en la Araucanía, que incendian bosques, maquinaria, cosechas y viviendas allá o en el llamado a transgredir la Constitución que está en muchas páginas de los diarios.

Vean ustedes la página C 7 de "El Mercurio" de hoy, donde los ex ministros socialistas de Bachelet, junto con repudiar a Camilo Escalona por no sumarse a la idea de la Asamblea Constituyente, la instituyen como un planteamiento básico de su partido.

Traduzco: eso implica pasar por sobre la Constitución. Y en eso están todos, en los diferentes frentes revolucionarios: no sólo hablo de los comunistas, desde siempre en eso y cuyos jóvenes impacientes (Camila a la cabeza) llaman a "funar" las elecciones; hablo del frente eclesiástico, ya comentado; del intelectual (véanse las "Conversaciones" de Pilar Vergara con Ernesto Ottone, el pensador próximo a Lagos, hoy en Reportajes de "El Mercurio", donde demanda cambiar los quórums constitucionales y que ayer, en el mismo diario, donde es columnista, se preguntaba, vistos los vientos que corren: "¿Podremos Vivir Juntos?"); veáse también a Lagos mismo, aliado con José Antonio Gómez, demandando la inconstitucional "Asamblea Constituyente"; véase a los kerenskys, como siempre, poniendo la alfombra a la revolución (Ignacio Walker, presidente de la DC, también impulsa la rupturista "Asamblea"); y, en fin, no se olvide el frente revolucionario judicial de izquierda, sobre el cual hoy da otra voz de alarma Pablo Rodríguez, también en "El Mercurio" (A2).

Sólo falta, para completar el cuadro revolucionario, el desfallecimiento de la derecha, promovido eficazmente por ese sector de la misma que habitualmente tiende a marcharse hacia las líneas adversarias. Hasta hoy lo encabezó Piñera, y se suma a él el nuevo contingente de "arrepentidos" que ha reclutado.

¿Y qué creen ustedes que hará Michelle, cuya llegada se acerca indefectiblemente? ¿Vendrá a dar su respaldo al devenido moderado Escalona y a la constitucionalidad, o a sumarse a las fuerzas revolucionarias?

La Invocación de los Pastores

Por supuesto que la Carta Pastoral de los Obispos tenía que provocar el efecto de que da cuenta "El Mostrador": la Iglesia hizo "un giro a la izquierda". Los demás diarios seguramente piensan lo mismo pero no lo publican, sino que simplemente reproducen el pot pourri que leyó Monseñor Ezzati. Con todo, pienso que a él no se le debe echar la culpa, porque debe forzosamente incluir en el mensaje, a discreción, algo o mucho de lo que quieren decir las tres alas del Episcopado. Éste, como toda institución chilena que se respete, se divide en derecha (clara minoría), centro e izquierda (ambas forman la Concertación y son mayoría).

Por cortesía, entonces, monseñor incluyó un párrafo satisfactorio para la minoría de derecha y que fue seguramente (en forma tímida, como lo hace la derecha) sugerido por ésta: "Los mayores niveles de educación alcanzados ofrecen oportunidad de contribuir al progreso en dos dimensiones esenciales de lo humano: la razón y la libertad". Perfecto.

Pero después, en todo el resto, la mayoría de centroizquierda y pasó la aplanadora:
"Chile, dice, es uno de los países donde se ha aplicado con mayor rigidez y ortodoxia un modelo de desarrollo centrado en los aspectos económicos y en el lucro". Lo cual, por supuesto, es notoriamente falso, pues el sistema imperante está centrado, justamente, "en la razón y la libertad". Cualquiera puede hacer lo que desea (libertad). ¿Qué norma obliga a producir ganando plata (lucro)o cuál prohíbe renunciar a las ganancias y trabajar "por bolitas de dulce"? Ninguna.

Naturalmente, como el ser humano es, aunque repita boberías, racional ("la razón"), generalmente, cuando hace algo, espera obtener de ello más de lo que le ha costado ("lucro"). Sólo los izquierdistas emplean en una actividad más recursos de los que ésta genera, y lo hacen porque esos recursos casi nunca son de ellos, sino del Estado, es decir, de todos. Ergo, pueden dilapidarse (o llevarse para la casa en sobres con billetes)...

Lo que viene a continuación, en la Carta Pastoral, da fe de la mayoría de izquierda en el seno del Episcopado que la emite: "Se aceptaron ciertos criterios sin poner atención a consecuencias que hoy son rechazadas a lo ancho y largo del mundo, puesto que han sido causa de tensiones y desigualdades escandalosas entre ricos y pobres". ¿En qué planeta vive la mayoría de los obispos? Las tensiones y desigualdades "a lo largo y ancho del mundo" derivan de que se aplicó el principio socialista de gastar lo que no se tenía, y ahora, cuando hay que pagar la cuenta, la plata no alcanza. Reventó el "Estado de Bienestar" izquierdista.

Luego añade la Pastoral, obviamente refiriéndose a Chile: "La libertad económica ha sido más importante que la equidad y la igualdad. La competitividad ha sido más promovida que la solidaridad social y ha llegado a ser un eje de todos los éxitos".
Lamenta que se haya puesto "al mercado como asignador de todos los recursos". ¿Y quién debería asignarlos, entonces? La respuesta la sabemos, pues hace siglo y medio la dio Marx: el Estado.

Monseñor lamenta que éste "pierda sus instrumentos de intervención hasta convertirse sólo en un ente regulador... Se postergan medidas que retardan hasta lo inaceptable una mejor distribución y una mayor integración social. Esto se da, por ejemplo, dice, en la dificultad de revisar el sistema impositivo".

¡Por supuesto! ¡Cómo no nos habíamos dado cuenta antes! Más impuestos para que haya un Estado más grande, con muchos burócratas generosos que ni siquiera por un momento van a pensar en quedarse ellos con la plata, como lo hacían en MOP-GATE, sino que la van a repartir generosa e igualitariamente entre todos los chilenos.

Pero, se conduele la Pastoral, no hay nada de eso: "El lucro desregulado, que adquiere connotaciones de usura, aparece como la raíz misma de la inequidad, de la voracidad, del abuso, de la corrupción y del desgobierno".

Esto nos deja listos para aplicar el programa diseñado y publicado por Pancho Vidal hace pocos días y que, se supone, ya va a tener listo para cuando Michelle Bachelet anuncie finalmente su decisión de venir a reinstaurar el socialismo en Chile y a reconquistar la felicidad inmensa que nos dio, lamentablemente sólo de manera transitoria y hasta que sólo quedó "harina para pocos días más", la "revolución con empanadas y vino tinto" en 1973. ¿O Michelle irá de nuevo a preferir a Andrés Velasco?

¿El debilitamiento del matrimonio, la disolución de la familia y los "niños sueltos" que caen en la droga y el delito porque la madre ¡oh éxito social!, ha entrado a formar parte de la "fuerza de trabajo" (como si formar bien a los hijos no fuera el más digno de los trabajos); aborto rampante, la degradación moral del lenguaje y la relajación de las costumbres... ¡Señor, váyase a otra iglesia, si a usted le preocupan esas cosas!

"Estamos refundando el país y esto es muy apasionante", concluyó, en fin, monseñor Ezzati. ¿Está seguro? ¿"Y si se chinga"?

La Verdad Histórica Tal Como Es

La muerte de un preso político uniformado, el coronel (r) de Ejército Luis Osorio Gardasanich, ha dado lugar en este blog, que cuenta entre sus comentaristas a un fuerte contingente de ideas y opiniones opuestas al autor del mismo, a acusaciones de que, en 1973, el referido oficial habría sido responsable de “asesinar a 17 campesinos en Chihuío”. Supuesto delito que, en todo caso, hoy no sólo ha prescrito en sí y en su acción penal, sino que también está amnistiado y ya fue juzgado antes, en el proceso rol 13.094 sustanciado por el Ministro en Visita Nibaldo Segura, y sobreseído.

Es decir, es un hecho objetivo que el coronel (r) Osorio estaba condenado ilegalmente, pasando por sobre tres causales de extinción de su responsabilidad: prescripción, amnistía y cosa juzgada, cada una de las cuales, de acuerdo con el art. 107 del código de procedimiento aplicable al caso, habría debido obligar a cualquier juez, irremisiblemente, si es que en Chile valiera de algo la letra de la ley, a poner término a cualquier nuevo proceso y a sobreseerlo.

Dice el referido art. 107: “Antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la forma en que se haya iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente sobre este asunto un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio”.

Los jueces de izquierda, que son mayoría, simplemente se ríen de ese mandato legal explícito. La mayoría de las Cortes de Apelaciones y Suprema también ratifican la prevaricación de sus inferiores (o prevarican ellas mismas, revocando la resolución de los anteriores, si ésta respeta el art. 107 citado).

Como puede apreciarse, las mayorías judiciales, por años, vienen desobedeciendo flagrantemente un mandato legal expreso sin ningún argumento válido. Eso es un delito, el de prevaricación, pero se reitera crónicamente y nunca ninguno de los magistrados que lo cometen ha sido sancionado. Y cuando tímidamente algún abogado o decano universitario ha impetrado de la Corte Suprema que, en uso de su superintendencia disciplinaria y correccional sobre toda la judicatura, remedie esta situación, ella no le ha hecho el menor caso. Ha continuado su “siesta” jurídica, como alguna vez la describió el historiador Gonzalo Vial.

Pero, además, los “17 campesinos de Chihuío” no eran tales. Pues todos, salvo uno, eran dirigentes de izquierda y trabajadores madereros del complejo de Panguipulli, respecto del cual el Ejército, en 1990, informó lo siguiente a la Comisión de Verdad y Reconciliación (ver “La Violencia Política en Chile”, de Carlos Molina y Francisco Balart, p. 80): “En cuanto a organizaciones industriales de carácter subversivo se destaca el Complejo Maderero Panguipuilli, que es justificado por los mismos argumentos anteriores, pero su real organización está destinada a crear grupos paramilitares, entrenar en el uso de armas y explosivos, confección de elementos de combate y desarrollar actividades extremistas y terroristas, tales como la agitación política de masas y propaganda en contra de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tomas de caminos y vías de acceso a las ciudades, atentados y secuestros de ejecutivos, tomas de medios de comunicación y servicios de utilidad pública, saqueos al comercio, asaltos a cuarteles para conseguir armamento, entre otros empleos”. Esa era la realidad que se vivía en la zona de esas 17 muertes, en 1973.

Como puede apreciarse, el Ejército no creía estar enfrentado a inocentes “campesinos”. El predicamento en el país era el que expresaba en esos días don Patricio Aylwin: había “no menos” de diez mil extremistas extranjeros armados, y a lo menos igual número de irregulares chilenos (muchos años después Carlos Altamirano confirmó este cálculo a la periodista Patricia Politzer).

El hecho fue que el 9 de octubre de 1973 efectivos militares apresaron a 17 subversivos y los condujeron a un fundo propiedad de un civil, en Baños de Chihuío. En esa época estaba vigente un Bando de la Junta de Gobierno, el número 25, del 12 de septiembre, que advertía que quienes presentaran resistencia armada serían “fusilados en el lugar de los hechos”. “En una hora no precisada”, dice el Informe Rettig, los prisioneros fueron sacados a 500 metros de la casa patronal del fundo y ejecutados. Dos días después los soldados los enterraron. Luego se emitieron sus certificados de defunción, sin haber entrega de cadáveres ni acta de sepultación.

Cinco o seis años más tarde, “personas de civil llegaron hasta la casa patronal del fundo Chihuío y exigieron al dueño que les indicara el lugar donde se encontraban las fosas… trasladando los restos hasta un lugar que hasta la fecha de este informe ha sido imposible de determinar”, expresa la Comisión Rettig.

Después se pudo determinar y todo tuvo una explicación. Ya el 7 de enero de 1974 la Junta había modificado el predicamento del Bando 25, mediante la Circular número 1, que si bien admitía aniquilar en combate a las fuerzas adversarias, señalaba que, en caso de rendición, debía juzgarse a los subversivos mediante “el procedimiento judicial más rápido”. Pero eso no evitó que mandos medios o menores cometieran abusos, sin conocimiento de sus superiores ni de la Junta. Ello se puso de manifiesto en 1978, cuando fueron descubiertos restos calcinados en una mina de Lonquén, acerca de los cuales nadie sabía, pues nadie había autorizado esas muertes. Sus autores fueron civiles de la zona y carabineros de baja graduación, que decidieron hacer justicia por sus manos con una familia de extrema izquierda que, durante la UP, había cometido muchos abusos en la localidad.

El eco nacional e internacional de ese hallazgo, inesperado para la propia Junta, condujo a una decisión desafortunada: hacer una investigación interna, bajo promesa de impunidad (pues los hechos ya estaban cubiertos por la amnistía) de todas las situaciones en que se hubiera dado muerte a elementos extremistas al margen de la legalidad. Obtenidos los datos sobre entierro de restos en diferentes lugares, fueron todos retirados y lanzados al mar. Esto fue revelado en la Mesa de Diálogo de los años ’90.

No hubo, bajo el Gobierno Militar, una política de matar gente y lanzarla al mar (al “estilo Osama bin Laden”), sino sólo una decisión lamentable, ex post, de averiguar una verdad odiosa, que no era conocida, y procurar ocultarla. Obviamente, lo que debió hacerse fue haber pagado el costo, entregado públicamente los restos a los familiares de las víctimas y haber reconocido la irregularidad de las muertes, que no eran responsabilidad de la Junta, sino producto de excesos que ésta no había ordenado, sino al contrario, que había dado instrucciones de evitar.

He dado a conocer estos antecedentes porque, de partida, el debate en este blog, a raíz de la muerte del coronel (r) Osorio, prisionero político y víctima de la prevaricación de los jueces, revela que las personas los desconocen. Y, por último, porque considero una misión dar a conocer la verdad histórica, que en Chile ha sido permanentemente desfigurada u ocultada. Y darla a conocer tal como es.

Muerte Fuera del Estado de Derecho

Ayer en la tarde falleció de una enfermedad terminal el coronel (r) del Ejército don Luis Osorio Gardasanich. Había cumplido quince meses de una condena a diez años y un día de presidio impuesta por la justicia chilena de izquierda contra toda ley, pues se le imputaron muertes ocurridas en el complejo maderero de Panguipulli, en 1973. En esa zona campeaba entonces la guerrilla del MIR. El famoso "Comandante Pepe", José Gregorio Liendo, la encabezaba. Había usurpado por las armas todos los fundos de alguna significación, haciendo huir a sus propietarios. Contaba con la complicidad del gobierno de la UP, la que quedó de manifiesto tras la visita de su ministro del Interior, José Tohá, a la región, donde sostuvo una amistosa conversación con el "Comandante Pepe", tras la cual nada cambió. Vino el pronunciamiento del 11 de septiembre y se registraron numerosos enfrentamientos, tras los cuales el líder guerrillero fue apresado, sometido a un tribunal de tiempo de guerra, condenado a muerte y ejecutado, con todas las formalidades legales.

Los hechos se encuentran no sólo prescritos desde hace casi un cuarto de siglo sino cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978, cuya validez ratificó el propio Presidente Aylwin en 1991 ("la Amnistía vigente, que mi gobierno respeta..."), cuando pidió inconstitucionalmente a los tribunales que no la aplicara sin antes haber agotado la investigación, dando así en el gusto a la extrema izquierda marxista, que deseaba ver a los uniformados "desfilando ante los tribunales", para poder vejarlos y, en algunos casos, agredirlos físicamante. Los activos nada dijeron y siguen hasta hoy sin decir nada. Vergüenza para ellos, que han abandonado a sus "caídos tras las líneas enemigas".

Todo esto ha acontecido contra la normativa legal. Ninguna legislación internacional autoriza desconocer la amnistía o la prescripción. El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que los hizo aplicables a conflictos internos, recomienda dictar después de ellos la más amplia amnistía y en ninguna parte deroga la prescripción. Los demás tratados posteriores advierten explícitamente que no son aplicables a hechos previos a su aprobación por el respectivo país. Además, no contienen tipos penales, sino sólo una recomendación de legislar para los respectivos Estados. En particular, el Tratado de Roma, vigente en Chile desde 2009 y que define los delitos de lesa humanidad, deja en claro que tal definición no es aplicable a las conductas de quienes combatieron acá a la guerrilla marxista.

Luego, el coronel (r) Osorio ha fallecido, como varios camaradas suyos antes que él, en calidad de preso político, pues ninguna ley autorizaba mantenerlo privado de libertad.

La noticia de su fallecimiento sólo se ha dado en medios digitales que defienden la causa de los presos políticos uniformados, los "samiszdats" chilenos (como este blog) que informan lo que la corriente dominante o "pensamiento políticamente correcto" se esmera en ocultar.

Por otro lado, el gobernante que, como candidato y para conseguir votos, les prometió a los uniformados (r) velar por la legalidad de sus procesos y, por tanto, implícitamente su liberación (aludiendo de manera expresa a la prescripción) no ha cumplido esa promesa y, al contrario, ha sido su peor cuchillo. Por tanto, ya que la justicia de los hombres no les da acceso a la legalidad que les permitiría volver a ser libres, numerosos de ellos, de avanzada edad, sólo avizoran una liberación a través de la muerte.

La flagrante injusticia e ilegalidad que ello envuelve y que viven cada vez más numerosos presos políticos uniformados ha dado lugar a una sola reacción de protesta significativa, que la corriente dominante procura mantener oculta: el Plan Ahora, que en las próximas elecciones municipales demanda anular el voto para concejales, ya sea marcando más de una preferencia o escribiendo una breve leyenda alusiva a la causa que persigue. Así se espera castigar el incumplimiento de los políticos con lo prometido a los uniformados (r).

La muerte del coronel (r) Luis Osorio, fuera de todo concepto de Estado de Derecho, se erige en una razón más para que las personas de bien, y todos quienes se beneficiaron del restablecimiento del derecho en Chile en 1973, y en particular los propietarios de fundos de Panguipulli, se plieguen a esta única herramienta de presión en favor de sus liberadores, hoy prisioneros políticos, el Plan Ahora.

Nuevo Servicio del New York Times al Comunismo

Ese diario norteamericano tiene una larga trayectoria de ayudas al partido rojo. Una de las más señaladas fue su sistemática campaña propagandística en favor de Fidel Castro y su guerrilla, hace 53 años, como manera de ¡"restablecer la democracia" en Cuba! Y después la más estruendosa derrota militar en la historia de los Estados Unidos, la de Vietnam, en los años '70, se debió también en gran medida a los esfuerzos antipatrióticos del New York Times, en los cuales no estuvo solo, por supuesto, pues lo acompañó la "gran prensa" norteamericana en general, que tiene un sesgo izquierdista inocultable.

Por eso una de las grandes satisfacciones que he experimentado en mi vida de defensa de las ideas de derecha acaeció cuando toda esa "gran prensa" (New York Times, Washington Post et al) oficializó su apoyo al demócrata Kerry contra George W. Bush en 2004 y este último ganó con amplitud. Claro, recuerdo que en ese tiempo una señora de la "nueva derecha" chilena o "derecha boutique", que también compra cualquier balurdo izquierdista que se ofrezca en el mercado, me dijo en una comida, al borde de un ataque de nervios: "¡Supongo que no estarás con Bush!". Ataque de nervios que definitivamente le sobrevino cuando le respondí que sí.

Ahora el NYT compró otro balurdo rojo: que los carabineros chilenos atropellan los derechos humanos de los extremistas de izquierda, que han desatado desde 2011 una asonada revolucionaria contra el gobierno de Sebastián Piñera, de la cual éste, por supuesto, está siendo el penúltimo (sólo antes del NYT) en darse cuenta. El Cuerpo de Carabineros ha tenido que defenderse, enviando una larga carta con explicaciones al diario, de cuya publicación no se ha tenido noticia.

Para desgracia del NYT, un cabo segundo de Carabineros, Cristián Martínez, ha sido asesinado a sangre fría por un extremista durante una reciente asonada roja. Hoy mismo una carta del abogado Arturo Miquel Bañados en "El Mercurio" pregunta si el asesino, que está preso, va a ser perseguido y sancionado; y también se pregunta si los carabineros tienen derechos humanos en Chile o, por el contrario, no son considerados humanos ni tienen derechos. Obviamente, la respuesta a ambas preguntas es "no". En Chile todos los terroristas terminan libres y todos los carabineros presos. Cuando los terroristas Vergara Toledo abrieron fuego contra el cabo Marcelo Muñoz Toledo y los restantes miembros de la patrulla respondieron el fuego y mataron a los dos agresores, los policías fueron condenados y cumplen años de presidio; y el sesgado Informe Rettig habló de "falso enfrentamiento", ¡siendo que dichos terroristas fueron los que abrieron fuego! Y por algo el cabo de Carabineros Primitivo Castro Campos, que en junio de 1974 detectó a un terrorista que llevaba explosivos, en Talca, y debió luchar contra él porque pretendía asesinarlo con su propia arma de servicio, y terminó matando al terrorista, a raíz de todo lo cual fue condecorado por su institución y resultó absuelto en el respectivos proceso, hoy ¡casi cuarenta años después! cumple presidío de cinco años y un día por homicidio, condenado por la mayoría de izquierda de la Corte de Apelaciones de Talca (pues en primera instancia fue de nuevo absuelto en 2006) y por la mayoría izquierdista de la Sala Penal de la Corte Suprema, ¡contra todas las leyes vigentes! De modo que está claro que los carabineros no tienen derechos humanos, pues uno de los fundamentales es el derecho a un debido proceso.

En fin, y también para desgracia del NYT, las encuestas de opinión coinciden en una cosa: que la institución mejor evaluada por los chilenos es su Cuerpo de Carabineros.

Bueno, el "principal diario de los Estados Unidos" quiso seguir cumpliendo con su inveterada misión de apoyar esfuerzos comunistas en todo el mundo. Y, esta vez, le ha prestado un señalado servicio a la revolución comunista que está en curso en Chile. Pero, al menos desde el punto de vista de la opinión informaeda de este país, sólo está consiguiendo volver a hacer el mismo ridículo que cuando proclamó y profetizó, hace 53 años, que Fidel Castro iba a der el gran salvador de la democracia en Cuba.

Confiad en Nuestra Democracia Protegida

Muchos escriben en estos días preguntándose "¿qué le pasa a Chile?". "Nada grave", respondería yo. A Chile no le pasa nada que no le haya sucedido antes, pero antes no estaba tan bien protegido como ahora, gracias a que rige todavía lo esencial de la Constitución de Augusto Pinochet y Jaime Guzmán. El primero fue un intuitivo genial y el segundo un escéptico de la sabiduría de las masas. Por eso, entre ambos, instituyeron la "democracia protegida" que tenemos, cuya principal virtud es que la mayoría no puede hacer cualquier cosa, porque para eso se necesita juntar 2/3, 3/5 o 4/7. En otras palabras, es necesario el concurso de los chilenos más responsables y serios, es decir, de la minoría. Ésta siempre es más confiable que la mayoría.

Es verdad, tenemos un mal Presidente, demagogo y populista. Y después de él corremos el riesgo de caer bajo la Bachelet, que en teoría es peor, pero sólo en teoría, porque por lo menos durante su gobierno no subió el impuesto a las empresas, como su sucesor, que ya lo ha hecho dos veces; y ella también, creo, es más partidaria que él de la "economía de libre mercado", como se lo dijo textualmente a varios directivos de la Fundación Pinochet en la casa que tiene uno de éstos, Alberto Kassis, en el lago Caburgua, en el verano de 2008, según me contó Marcelo Zalaquett (Q.E.P.D.). (Y no me dijo que fuera "off the record").

Pero, por lo menos, el gabinete es mejor que el Presidente. Tuvo un excelente ministro, Juan Andrés Fontaine, con un no menos excelente subsecretario, Tomás Flores, que impulsaron la Agenda de Impulso Competitivo, iniciativa cuyos proyectos duermen el sueño de los justos, porque el Presidente es populista y concentra sus esfuerzos en prohibir proyectos necesarios, como Barrancones, o en reformas como la tributaria, pedida por los comunistas, y no en las propias de un ideario de derecha, como la de mejorar la competitividad. Le pidió la renuncia a Fontaine por pura politiquería, para llevar parlamentarios al gabinete, lo que constituye un atropello al sistema constitucional que nos rige y al sentido común. Pero la Agenda de Impulso Competitivo quedó ahí y alguna vez, con otro Presidente, podría ser realidad.

Y también hay otros buenos ministros haciendo buenas cosas. Por ejemplo, en Bienes Nacionales están licitando varias de las 17 mil propiedades raíces que tiene el más rico de todos los chilenos, el Estado. Esperan recolectar pronto unos US$238 millones de dólares por ese concepto. Por lo menos servirá pagar pagar durante un año las indemnizaciones y beneficios a la guerrilla extremista y sus familiares, para compensarlos por el "delito" cometido por Pinochet de haber derrotado al terrorismo por las armas y no haberle permitido establecer a perpetuidad un régimen totalitario.

Mientras buenos ministros, subsecretarios y jefes de servicios o entes estatales (CORFO) privatizan y eliminan "grasa", el Presidente sube impuestos y junta "grasa" anunciando un aumento del gasto público superior al del PIB. ¡Qué le vamos a hacer!

Mientras tanto, hay problemas que se arreglan solos, como ha sido el de Escalona, milagrosamente convertido en un republicano razonable, como que toma distancia de la "asamblea constituyente" y del PC. Para agentes corrosivos del sistema basta con Girardi, Teillier y la Vallejo. Escalona es lo más próximo a Bachelet que hay en el sistema, y como las encuestas indican que la recepción de la banda presidencial será para ella un mero trámite, el panorama es tranquilizador también por ese lado.

Y por el de acá la alternativa de Golborne --que encabeza las encuestas en su sector-- aparece, también, como muy superior a lo que tenemos y a cualquier otro de los aspirantes del mismo lado, en cuanto a seriedad y capacidad.

De manera que el "panorama-país", para emplear un lugar común de actualidad, no es alarmante. La revolución comunista en curso tiene pocas posibilidades de triunfar, aunque haya una gran falta de autoridad en el Gobierno, cuyo lema debería ser "por la razón o la debilidad", porque cualquiera lo pasa a llevar. Pero ya le queda poco más de un año, y eso no es nada habiendo tres elecciones de por medio, ya que en períodos como éste nadie en el país piensa en otra cosa. Hasta los revolucionarios dejan las armas y se dedican a hacer campaña. Incluso la "cuota de rupturismo" que anhela el senador socialista Letelier, quien con los años parece haber perdido los visos de formación civilizada que le dio su educación norteamericana, va a quedar para una siguiente etapa.

Hasta contra la prevaricación de los jueces de izquierda ha surgido un antídoto, el "Plan Ahora", consistente en anular el voto para concejales, que impulsa la "familia militar". Supongo que Piñera habrá oído las pifias de ésta durante la Parada Militar, mientras él alzaba el brazo haciendo como que recibía aplausos (Lagos instituyó ese truco). Si no hay respuesta, el Plan Ahora podría afectar después a candidatos a diputados y senadores.

De modo que el país puede estar tranquilo. Como decía un distinguido caballero boliviano que conocí en mi juventud, y que recitaba obviedades con particular elegancia: "todo pudo ser mejor, pero también todo pudo ser peor".

Tradiciones y Traiciones Chilenas

En un rato más los altos jefes uniformados van a estar saludándose (y a veces abrazándose) con autoridades que se han olvidado por completo de las promesas de legalidad que hicieron a los presos y procesados políticos uniformados; y con los senadores socialistas que, en complicidad con la justicia de izquierda, condenaron a legiones de "caídos tras las líneas enemigas" y "batallones olvidados" a sufrir la más injusta, arbitraria e ilegal privación de libertad de que tenga registro nuestra historia judicial.

Hace pocos años el historiador Gonzalo Vial escribió lo siguiente ("La Segunda", 19.02.08): "Los años 2003 y 2004 se despacharon leyes de origen concertacionista que permitieron la libertad de numerosos condenados por terrorismo, los cuales habían cumplido diez años de cárcel a raíz de crímenes cometidos en democracia. Justificación: cooperar a la 'paz social'. La Iglesia Católica dio a esta iniciativa un fuerte apoyo. Fue ley gracias a la Alianza.

"Al mismo tiempo, senadores aliancistas y concertacionistas planteaban un proyecto con igual rebaja de pena y la misma exigencia de haber completado diez aaños de prisión efectiva, para los autores de delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.El año pasado la Cámara Alta rechazó la iniciativa. La 'paz social' ya no importaba. La Iglesia no se interesó".

Ayer habló largamente el arzobispo de Santiago de toda clase de cosas, como el lucro, la desigualdad y "la dictadura". ¿Dijo algo acerca del mayor escándalo moral de nuestro tiempo, como lo es el desconocimiento completo de la legalidad en los juicios a uniformados? Nada. No es tema para él, siempre "políticamente correcto".

Hoy en "El Mercurio" viene una larga carta del empresario Fabio Valdés. Está preocupado por el desconocimiento de las leyes por parte de los tribunales, tratándose de iniciativas de producción empresariales o en temas relacionados con la seguridad pública amenazada por los delincuentes que circulan por la "puerta giratoria". ¿Y respecto de los presos políticos uniformados? Ni una sola letra. Pero veamos lo que el mismo historiador, Gonzalo Vial, decía al respecto ("La Segunda", 31.01.06): "El debido proceso y los juicios de derechos humanos: desgraciadamente en muchas de las causas señaladas: a) No se está observando la norma fundamental que rige el derecho penal, el debido proceso; y b) La Corte Suprema, la única que puede enmendar una situación semejante, no lo ha hecho. La mayoría de estos juicios se prolonga larga e indefinidamente, sin visos de término. Uno célebre, el de la llamada 'caravana de la muerte', pronto llevará ocho años sin finiquitarse". (Ahora ya van quince).

"Sé que parte de lo que está suceediendo es culpa de nuestros jueces, y en especial de la Corte Suprema. Su indolencia ha permitido que procesos de esta clase, que duran larguísimo tiempo, no lleven visos de terminar... por otra parte, la 'siesta suprema' es causa de que existan jurisprudencias contradictorias --incluso en la misma sala del máximo tribunal y de un día para otro-- en muchas materias claves para los juicios de derechos humanos, por ejemplo sobre prescripción, amnistía de 1978, etc" ("La Segunda", 19.02.08).

Después de que Vial escribiera eso han sucedido cosas peores: en el afán de acelerar juicios se ha dictado toda suerte de sentencias condenatorias arbitrarias e ilegales como no había habido otras antes. El ministro sumariante Solís, por ejemplo, se ha dado el lujo de imponer medio siglo de condenas contra el brigadier (r) Krasnoff sin haberlo interrogado jamás, siendo la declaración indagatoria un trámite esencial del proceso penal. Es que ya a los jueces de izquierda, literalmente, no les importa nada. Se sabe que la prevaricación en Chile queda garantizadamente impune.

En aras de las tradiciones chilenas hoy todos se abrazan: encubridores del terrorismo con sus pretéritas presuntas víctimas, que no lo fueron gracias a los "batallones olvidados, caídos tras las líneas enemigas"; uniformados que cosecharon la medalla "Misión Cumplida" en 1990, pero que no han cumplido su misión de rescatar a sus caídos tras las líneas enemigas, con el Presidente que mantiene también incumplida su promesa de legalidad para los uniformados (r) y, peor aún, que se ha convertido en su peor cuchillo, solicitando (a través de su Ministerio del Interior) que se eleven condenas, ya írritas, en contra de ellos.

Todo esto es constitutivo de una gigantesca inmoralidad. Contra ésta sólo queda una herramienta: el Plan Ahora. Todo chileno o chilena bien nacidos tienen la obligación moral de anular o dejar en blanco sus votos para concejales el próximo 28 de octubre. Los demás recursos han fallado. No queda otro. Quienes no lo ejerzan, hay que decirlo con todas sus letras, se habrán sumado a la traición.

Tierra de Diminutivos y Pataches

Al gran disgusto que me produjo oír por varios días a todo el mundo referirse al gran Sapo Livingstone como "Sapito", se sumó el de ver hoy en la primera página de "El Mercurio" a un individuo supuestamente representativo de lo autóctono, llamado Dióscoro Rojas, anunciar que quiere "celebrar a nuestro Chilecito" y teñir "de colores nuestras banderitas". Chile es más grande que Inglaterra, pero a ningún inglés se le ocurriría hablar de "Inglaterrita". Chile es un gran país, pese a los chilenos. Acá todos tratan de empequeñecerlo. Piñera días atrás fue a Vladivostck a decir, tal como sus antecesores, que somos "un pequeño país". ¿Qué tiene que estar diciendo eso, cuando somos una gran nación tricontinental (América, Oceanía y Antártica) y trioceánica (Pacífico, Atlántico y Glacial Antártico)?

Pero donde ningún chileno se achica es en el beber y en el comer, en estos días. Ya no se puede ver el noticiero, porque sólo está dedicado a un desfile de cabezas de cerdo, asados, patacones de mariscos y otras estrategias para liquidar conjuntamente el estómago, el colon, el hígado y el páncreas. Tengo un cuidador que ayer se jactó de haberse comido seis empanadas para el desayuno y, generosamente, me trajo diez de regalo, que en mi casa van a durar hasta el final de los feriados irrenunciables.

Las postas se llenan de gente enferma por excesos en la comida y la bebida y los "pacientes" (porque deben esperar con mucha paciencia) que las repletan se quejan de la mala atención de salud. En realidad, la culpa es de la propia gente, porque se ha dedicado a una orgía alcohólica y culinaria, junto con dejar de trabajar, que sería lo más sano que podrían hacer en homenaje al país. Y lo peor es que la ley lo manda, pues ordena que estos días sean de ocio "irrenunciable", para dedicarlo por entero a una ingesta excesiva y malsana.

Tanto así que a quienes pillan produciendo algo, en lugar de ingiriendo de todo, las autoridaes del trabajo los sancionan severamente. Los pocos que insisten en producir en vez de consumir tienen que andar buscando personas de su mismo apellido para simular que son un "negocio familiar" y, por tanto, exento de cumplir con el sagrado deber de no hacer nada salvo beber y comer en exceso. ¿Éste es "el Chile que queremos"? ¿Ésta es la "nueva forma de gobernar"? ¿Así vamos a "eliminar la pobreza" y "alcanzar el desarrollo"?

Yo pienso que no. Y lo peor es que todavía no se oye a ningún candidato o candidata a gobernar el país decirle claramente a éste que así no.

La Corte Suprema y "El Rata"

Hoy los columnistas de los diarios se concentran en dos temas: la crítica del Gobierno a la Corte Suprema y el asesinato de un carabinero por parte de "El Rata".

Los dos temas tienen mucho que ver entre sí, porque el Gobierno ha criticado a la Corte por un fallo que ha desconocido el derecho, y "El Rata" ha actuado contra un carabinero emulando a la judicatura, es decir, contrariando las leyes, pues ésta ha mandado a presidio a muchos uniformados pasando por sobre la Constitución y las leyes. "El Rata" ha aplicado la pena mayor, no el presidio, como lo hacen los jueces. Distintos grados de penalidad, pero la misma ilicitud. Es el camino que se traza en los países donde se quebranta el Estado de Derecho y donde las leyes son desconocidas, transgredidas o by-passeadas. Cuando comienzan a hacerlo los propios tribunales, todos se sienten con derecho a hacer lo mismo.

Hace más de veintiún años el Presidente Aylwin mandó una carta inconstitucioanal a la Corte Suprema, avocándose causas pendientes contra uniformados (r) e impetrando del Poder Judicial que no aplicara la Ley de Amnistía como debía hacerlo, de inmediato, sino sólo en la sentencia definitiva. Pero al incurrir en esa inconstitucionalidad Aylwin dejó establecido algo muy importante: que la Ley de Amnistía estaba vigente y debía respetarse. Pues en su carta lo dice, si bien conminaba a los tribunales a transgredir otras leyes, como el art. 107 del Código de Procedimiento Penal, que ordena poner inmediato término al juicio cuando hay amnistía. Pero no decía que ésta no debía aplicarse. Al contrario, expresaba: "...la amnistía vigente, que el Gobierno respeta, no debe ni puede ser obstáculo para que se realice la investigación judicial..."

Entonces, la amnistía estaba vigente en 1991 y el Gobierno la respetaba. Y eso vale también para hoy. ¿Y qué significa? Que ella debía y debe prevalecer por sobre todos los argumentos discurridos por los jueces para no aplicarla.

Pues pese a la claridad con que Aylwin ratificó la vigencia de la amnistía, vinieron después los jueces politizados, como Alejandro Solís et al, que formaron mayoría y pasaron por sobre aquella. Y no sólo eso, pasaron también por sobre la prescripción, la cosa juzgada, la presunción de inocencia, las leyes reguladoras de la prueba, la verdad de los hechos, el principio "in dubio pro reo", la irretroactividad de la ley penal y el principio "nullum crimen, nulla poena sine lege previae scripta".

La Corte Suprema misma extremó las cosas cuando, acogiendo una presentación del Ministerio del Interior del actual V Gobierno de la Concertación, aumentó las penas a cinco uniformados que habían sido condenados a presidio remitido (es decir, el que se cumple en libertad) y los condenó a cinco años y un día de presidio efectivo, por hechos de hace casi cuarenta años. Es decir, la judicatura no sólo acogió la presión inconstitucinal de Aylwin, sino que replicó: "Su ilegalidad y ocho más".

Bueno ¿y qué ha hecho "El Rata"? Lo mismo que los jueces, pero agravado: pasar por sobre todas las leyes para aplicar una pena a un carabinero que legalmente no la merecía. La única diferencia entre él y la Corte Suprema estuvo en el grado de la pena. La de muerte, inexistente hoy en nuestro ordenamiento jurídico, pero no más inexistente que los "secuestros permanentes", "inveracidad" a que han recurrido numerosos jueces y que ha cohonestado reiteradamente el máximo tribunal.

Todos saben dónde comienzan las transgresiones al Estado de Derecho. Lo que nadie sabe es cuándo y dónde terminan.

Vale la pena tener en cuenta que la judicatura es, según las encuestas, la tercera institución peor evaluada por la opinión pública nacional, apenas sobre los partidos políticos y el Congreso, que son lo último; y que Carabineros es la entidad mejor evaluada de todas.

Como para tenerlo presente.

"Es Que Yo No Era Militar..."

La izquierda está enredada con su proyecto de acusación constitucional contra la ministra del Medio Ambiente, pero no por la inconsecuencia que esa acusación envuelve, sino porque no tiene los votos. Y no los tiene porque sus habituales compañeros de ruta probablemente sienten algo que la izquierda jamás ha experimentado: vergüenza.

¿Cómo pretenden los que llegaron al poder con Patricio Aylwin, que una de las primeras cosas que hizo fue avocarse causas judiciales pendientes e influir en el sentido de las resoluciones de los tribunales, en su carta-úkase a la Corte Suprema de 4 de marzo de 1991, demandando que la amnistía no fuera aplicada sino hasta la sentencia definitiva (lo cual era, además, ilegal, porque el código ordena poner término al juicio cuando hay causal de extinción de responsabilidad, como lo es la amnistía)? La izquierda aplaudió la inconstitucionalidad de Aylwin, pero ahora quiere castigar como inconstitucional un mero comentario de una ministra, comentario que, por lo demás, se ajusta a la legalidad y no pretende apartar a los jueces de ella, como la carta de Aylwin.

¿Con qué autoridad la izquierda, que destituyó a un ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, en razón del contenido de sus fallos, creando una amenaza de facto contra los magistrados que aplicaran la amnistía, pretende erigirse ahora en defensora de la autonomía e independencia de los jueces?

Lo que estamos viviendo en Chile es una dictadura judicial de izquierda. La dictadura judicial, decía Tocqueville, es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio.

Creo que Bertolt Brecht o Günter Grass decía: "cuando se llevaron a los comunistas, no me importó, porque yo no era comunista; cuando se llevaron a los católicos, tampoco me importó, porque yo no era católico; cuando se llevaron a los judíos, de igual manera no me importó, porque yo no era judío; pero ahora que me llevan a mí, ya no tengo a nadie que me defienda".

Cuando la justicia de izquierda atropelló todos los derechos de los militares, pasando por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, las leyes regulatorias de la prueba, la prescripción, la amnistía, la cosa juzgada y hasta el sentido común (secuestro permanente), a casi todo el resto de los chilenos no les importó, porque no eran militares. Bueno, ahora la justicia de izquierda ha convertido el ecologismo en uno de sus nuevos caballos de batalla, dado que la doctrina socialista económica ya no funciona y es impresentable, de manera que hace su aporte a la causa revolucionaria dejando al país sin suficiente electricidad o encareciéndola, para que la economía crezca menos, los consumidores paguen más y cunda el descontento social propicio al levantamiento.

Chilenas y chilenos: tal vez próximamente, a oscuras y ccn menos crecimiento, en un día no lejano ustedes lleguen a preguntarse por qué no hicieron algo por los militares víctimas de la dictadura judicial, pero será tarde, porque ésta ahora los está haciendo víctimas a ustedes.

Otro Triunfo de los Peores

Una enésima encuesta nacional de opinión, la de la Universidad Diego Portales, acaba de confirmar que la institución peor evaluada del país son los partidos políticos. Los antecede la segunda peor evaluada, el Congreso, siendo los Tribunales la tercera e inmediatamente sobre éstos el Gobierno, que a su turno tiene casi tres veces más rechazo que aprobación.

Pues bien, en un verdadero aquelarre de tres de esos "cuatro peores", pero a iniciativa de los peores de todos, los partidos, nuestros políticos se aprestan a darse un gran "gustazo": hacer elecciones primarias financiadas por el erario y a un costo de entre seis y ocho mil millones de pesos (suma que ponen usted, yo y los demás contribuyentes).

Esa plata serviría demás para sacar de la angustia, en este mismo momento, a Isla de Maipo, un pueblo que está inundado por lo que más abunda en Chile y que no es necesario precisar. Porque el terremoto de 2010 deterioró el sistema de alcantarillado. Los tres a cinco mil habitantes de Isla de Maipo no pueden siquiera darse una ducha, porque sus pozos sépticos se desbordan. ¿Y qué hace el gobierno en favor de ellos? Impulsa un proyecto de ley de primarias que va a costar más que un alcantarillado y no servirá absolutamente para nada útil. Porque, sépalo usted, esas primarias van a "aclarar" cosas como las siguientes: si Michelle Bachelet, con 47,5 % de votos según la última encuesta UDP, va a ganar a Marco Enríquez-Ominami, que tiene 4,1 % y viene bajando; y si Laurence Golborne, que tiene 7,4 por ciento de los votos, va a ganar a Andrés Allamand, que tiene 2,1 % (y al cual ya sobrepasó Franco Parisi, candidato independiente, que tiene 2,6 %).

Dicen que ese dispendio perfectamente inútil de seis a ocho mil millones de pesos va a "perfeccionar la democracia". ¿En qué la va a perfeccionar? Ahí está la trampita: lo que se proponen es DETERIORAR la democracia, que es la expresión de la mayoría. Pues se conciertan para conseguir, de alguna manera (y me puedo imaginar varias) que aparezca ganando el que tiene menos preferencias que el que tiene más. En el fondo, el "gustazo" lo que persigue es torcer la voluntad popular manifiesta en todas las encuestas, y hacerlo de una manera costosa e inútil.

Una verdadera burla de los peor evaluados por la gente a expensas de las necesidades de esa misma gente. Un carnaval propagandístico cuya fecha fijada es veinte semanas antes del otro carnaval propagandístico llamado "elección presidencial". Pero, por lo menos, este último es un mal necesario para consagrar formalmente a quien encabezará el próximo gobierno, mientras que el otro no sirve para nada, salvo para procurar oficialmente que el que tiene 4 % debe ser candidato en vez de la que tiene 47,5 %, o que el que tiene 2,1% debe serlo en vez del que tiene 7,4 %. Y a esa "trampa anunciada" la llaman "perfeccionamiento democrático".

Los Benditos Chilenos

Como los chilenos, "con honrosas excepciones", como decía don Augusto, rara vez nos damos cuenta de las cosas, ayer dejamos pasar el 11 de septiembre con entera naturalidad. En los diarios de la fecha ¡NO DECÍA NADA! del aniversario, salvo las acostumbradas referencias a los desórdenes provocados por el comunismo y sus ad láteres, que iba a haber en la tarde, considerados ya como algo normal. ¡Ese día fue salvada la Patria y en su aniversario nadie dice nada!

El 11 de septiembre de 1973 fue una fecha trascendental no sólo para Chile, sino para el resto de la Humanidad, y todavía no nos damos cuenta. "Los militares han salvado a Chile", declaraba Eduardo Frei Montalva al ABC de Madrid. Se quedó corto. También al resto de la Humanidad.

Si el comunismo y sus ad láteres no manejaran la agenda informativa del país y del mundo, se habría destacado que ese 11 se produjo un hecho bastante inédito: un país caído en las garras del oso soviético se libró de él. Casi nadie lo había logrado antes. Pues no fue la primera vez, porque ya en Indonesia, Sukarno, que no era tan marxista-leninista como Allende, pero casi, había sido sacado por Suharto en medio de un torbellino de sangre. Acá, en cambio, fue quirúrgico. Hubo sólo 1.823 muertos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 (y de ésos, 301 los provocó la izquierda, los que el Informe Rettig catalogó como "víctimas de la violencia política", pues una de las misiones de ese Informe era no nombrar y así exculpar a la guerrilla marxista). Y entre los muertos de esos primeros meses hubo 82 uniformados. Mártires a quienes hoy nadie recuerda. En cambio lloran y loan a los extremistas caídos en la intentona de tomarse el poder por las armas. Y siguen metiendo presos a uniformados por habérselo impedido.

¿Recuerda algún chileno que Brezhnev, diciendo "¡Nunca permitiremos que haya otro Chile!", desató la más salvaje persecución contra el Gobierno Militar? Y decidieron fundarla en las "violaciones a los derechos humanos", nombre que le dieron y le dan a la defensa contra los 20 mil terroristas armados que tenían en el país para propinar el golpe comunista. Pero ¿qué pasó? Que Occidente les dijo a los soviéticos: "Está bien, pero comencemos por ver cómo respetan ustedes los derechos humanos". ¿Y saben, chilenos, qué sucedió? Que tras la Cortina de Hierro tuvieron que comenzar a respetar algunas libertades y por ahí se les vino abajo la represa, cayó el Muro de Berlín y se derrumbó la Cortina junto con la Unión Soviética, poniéndosele término a 70 años de esclavitud comunista. ¿Fue o no importante para el mundo el 11 de septiembre de 1973?

Y, en cuanto a Chile, el país atrasado, mediocre, aislado de los '60 y comienzos de los '70 quedó convertido en "la joya más preciada de la corona latinoamericana" (Bill Clinton, 1991).

Una nueva economía, una nueva sociedad libre, una nueva Constitución Política, tan buena que Ricardo Lagos se la apropió en 2005 después de hacerle un ligero maquillaje y la proclamó como plenamente democrática (se le ha olvidado, porque Lagos se olvida de lo que dice y hace, en particular de lo que pedía en los '60 ("todos los medios de producción deben pasar a manos del Estado").

Bueno, entonces los chilenos no tienen nada que celebrar el 11 de septiembre. Benditos chilenos, que les pagan doscientos millones de dólares anuales a los ex terroristas y sus familias como compensación por no haberlos dejado establecer un régimen totalitario; que meten presos a cada vez más uniformados de los que los salvaron y reconstruyeron el país; que rinden homenaje a los agresores de la democracia y dilapidadores del patrimonio nacional, en particular al corrupto que tiene una estatua junto a La Moneda. Tenían al país en ruinas en 1973, y todos los homenajean. Increíble.

Benditos chilenos. No saben nada de nada. Merecen que los vuelva a gobernar una ex ayudista del MIR.

Lo que Queda del 11

Ahora lo que falta es que salga elegida la candidata a alcaldesa que quiere cambiarle el nombre a la Avenida 11 de Septiembre.

Uno de los que hoy mandan en Chile, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, está exigiendo hasta el cambio de nombre del buque "Almirante Merino", además de borrar el de Pinochet de todas partes, cosa que me parecía que ya sus compañeros de ruta, los kerenskys y los arrepentidos y tránsfugas habían hecho. Al parecer, Gutiérrez sabe de algunos vestigios con los cuales quiere terminar de una vez por todas.

Mañana estoy convidado a dos almuerzos de los "restos náufragos" de los que apoyamos el 11 de septiembre, votamos "sí" en 1988 y no nos hemos dado vuelta la chaqueta ni arrepentido ni transfigurado ni mimetizado ni disfrazado ni convertido en seguidores de los del "no", que ahora lideran al grueso de las que fueron nuestras huestes y derraman lágrimas de emoción cuando se refieren a las Comisiones Rettig o Valech, formadas para lavar cerebros, o cuando visitan el Museo de la Memoria Marxista.

Obviamente, podré ir a uno solo de esos almuerzos, el de los que me convidaron primero. Pero al otro mandaré un mensaje diciendo, supongo, palabras de desaliento y de decepción sobre Chile y los chilenos, como éstas.

Hoy un amigo de avanzada edad, pero de mente preclara, me pidió que fuera a verlo y a conversar con él, para expresarme su pasmo por el hecho de que en el Chile de hoy los agredidos hubieran sido y estuvieran siendo juzgados y condenados por los agresores. Tiene razón, pues es, ni más ni menos, lo que ha sucedido. Comunistas y socialistas, los primeros más soterradamente, como acostumbran obrar; y los segundos de manera explícita, en sus sucesivos congresos partidarios de los '60 y '70, nos anunciaron que iban a destruir por las armas el "Estado burgués", que era como catalogaban al régimen democrático entonces imperante. Y se armaron para ello y se empeñaron en hacerlo efectivo. Tenían veinte mil hombres en armas para ese propósito. Y ahora resulta que, traiciones, olvidos y lavados de cerebros mediante, se han convertido en "víctimas", han medrado económicamente de esa condición, cosechando centenares de millones de dólares anuales en compensaciones a costa de los contribuyentes, y han metido presos --y siguen haciéndolo-- a los uniformados que cumplieron, a instancias de la mayoría democrática, la misión de combatirlos y salvar a la Patria de desaparecer. Porque esto habría sucedido si el modelo soviético se hubiera instalado en ella y la hubiera puesto al servicio de la URSS.

Como los que no nos hemos olvidado de todo no podemos manifestarnos públicamente, porque los rojos que ejercen de hecho el poder nos agreden con entera impunidad; y como somos, a estas alturas, muy pocos, nos reunimos a almorzar el 11 y comentamos privadamente nuestras verdades, las mismas que ya no tienen cabida en los medios masivos, todos "políticamente correctos".

Dos almuerzos privados, no muy concurridos, tampoco. Es lo que queda del 11. Pero la Historia con mayúscula, la que no se ha escrito todavía, dirá, por fortuna, que lo que quedó fue bastante más que eso.

CASEN y el Ejército Después de la Borrasca

Al fin y al cabo estamos en Chile, donde pasa cualquier cosa. Yo nunca he creído en la CEPAL porque es de izquierda. Y lo digo sobre todo porque una vez fui a buscar un libro a su biblioteca para una investigación y un upeliento que estaba a cargo de traerlos perdió mi solicitud adrede, después de hacerme esperar media hora. Así es que me fui sin reclamar y sin ver el libro, sabiendo que los de derecha en este país estamos fregados. Pero juré vengarme alguna vez por escrito, y lo hago ahora.

Bueno, la misma CEPAL de izquierda liquidó al Gobierno Militar con la primera CASEN de 1987 donde, usando un precio artificialmente alto y estacional de los limones, de gran ponderación en su canasta, fabricó para la publicidad política varios millones de pobres que a lo mejor hicieron perder el plebiscito de 1988. Fue la contribución cepaliana al triunfo del "no".

Sea como fuere, nunca los gobiernos discutieron los resultados de la CASEN que daba la CEPAL, hasta este V de la Concertación.

Uno no debe creer en los rumores, pero en "La Tercera" hace un tiempo salió que la pobreza en la CASEN venía igual y el gobierno estaba preocupado. Tal cual. Poco después, el gobierno recibió de la CEPAL el índice con 15% de pobreza y seguro que el presidente le dijo a su gente que eso no era aceptable y que hicieran algunas "piñericosas". Las hicieron y bajaron la pobreza a 14,4%, sin publicar el margen de error de la encuesta ni entregar la base de datos. Bueno, dimes y diretes de por medio, la borrasca ya pasó. Yo personalmente creo que la pobreza tiene que haber bajado entre 2009 y 2011, porque el primero fue año de recesión y el segundo de recuperación, pero que han pasado cosas raras con la CASEN no cabe duda, como que todavía, dos meses después de los anuncios, el gobierno no entrega la base de datos ni el margen de error definitivo.

Otra borrasca que pasó, y rápido, fue la del instructivo interno del Ejército para fijarse bien de no admitir en la institución a "quienes presenten problemas de salud física, mental, socioeconómica, delictuales, consumidores de drogas, homosexuales, objetores de conciencia y Testigos de Jehová". Es obvio que toda esa gente es un problema para una institución de ese carácter y que debe ser de excelencia. Y en cada caso se pueden enumerar las razones. Pero como ahora el Ejército y toda la Defensa Nacional tienen que estar dedicados a defender las posibilidades presidenciales del ministro, el Comandante en Jefe ha aparecido pidiendo perdón por el instructivo y Hinzpeter, que es vicepresidente mientras Piñera hace esfuerzos por fotografiarse con Putin en Vladivostck, ha despedazado el instructivo con una energía digna de emplearse contra los terroristas.

Seguramente van a echar al general que intentó tener gente de primera calidad en sus filas.

Sobre todo que, a propósito de discriminación, ¿quién dijo "esta boca es mía" cuando el ministro de Defensa exoneró a una serie de oficiales en retiro que eran asesores, por el sólo hecho de "haber estado" en la DINA o la CNI? ¿No fue eso una discriminación arbitraria? Porque esas personas no estaban procesadas ni condenadas.

Más aún, fue marginado un asesor, el general (r) Orlando Carter Cuadra, ¡por razones de parentesco político!: ser yerno de un ex Director de la DINA. ¿Es eso o no una discriminación odiosa? "Su suegro no me gusta, así es que váyase". Propio de un "patrón de fundo", como dicen ahora. Y nadie dijo nada.

Pero aunque nadie haya dicho nada, yo creo que se está notando que la familia militar no está votando por el presidenciable del ministerio en las encuestas, como que en la última CEP apareció con 2% y ya lo alcanzó Franco Parisi.

Primarias: Un Caro Ejercicio de Ridículo

Las instituciones más desprestigiadas del país, según la reciente encuesta CEP, son los partidos políticos. Y estas instituciones quieren ahora darse un gusto muy caro, a costa de los contribuyentes, por supuesto: un ejercicio publicitario que permita a sus líderes ocupar las pantallas y las primeras planas durante largas semanas, ganando cada uno para sí “presencia publicitaria” y “nivel de conocimiento” (lo que siempre creen bueno para sus futuras aspiraciones.)

En efecto, quieren instituir –como si el país no tuviera ya suficientes elecciones— más elecciones pagadas por el erario, las “primarias”.

Éstas, en la práctica, no sirven para nada que no sea el exhibicionismo de los políticos. Porque si usted gana una primaria no accede a ningún cargo para desempeñar ninguna función necesaria, sino que sólo queda habilitado para ser candidato. Pero en una verdadera democracia, casi cualquiera debería poder ser candidato a cargos públicos, con sólo presentarse y competir. Claro, la chilena no es una democracia, sino una partitocracia duopólica, en que la legislación (no la Constitución) impide que cualquiera pueda ser candidato, porque los nombres de los postulantes los resuelven casi exclusivamente los partidos. La única reforma electoral que se requiere acá debería consistir en que cualquiera pudiera levantar una candidatura y ser electo, si obtuviere más votos que su más próximo contendor (y si quieren segunda vuelta, está bien).

Las primarias sólo se justifican en grandes países federales, como los Estados Unidos, en que cada uno de medio centenar de estados deben ponerse de acuerdo internamente acerca de qué candidato de los dos grandes partidos va a apoyar. Pero en las elecciones presidenciales norteamericanas hay libre competencia y suelen presentarse casi veinte otros candidatos. Las primarias sólo sirven a los dos grandes partidos.

En Chile, país unitario y de características muy diferentes, las primarias obligatorias consagradas por ley sólo constituirían un ejercicio de ridículo tan grande como el que ya tuvo lugar en elecciones anteriores, cuando las hubo voluntarias. ¿No fue ridículo el esfuerzo de Ricardo Lagos por ganarle a Eduardo Frei, en 1993, cuando todas las encuestas le concedían a este último una enorme ventaja? Por cierto que lo fue. Igualmente resultó ridícula la primaria entre Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar en 1999, cuando todas las encuestas señalaban que el primero multiplicaba al segundo. Tan ridícula estaba siendo la que libraron Michelle Bachelet y Soledad Alvear, que la segunda, en un gesto de dignidad (y de razonable cálculo económico, porque las primarias sin ley deben pagarlas quienes las convocan, que es como debe ser) se retiró a medio camino. Y la última incursión en el ridículo fue la que protagonizó José Antonio Gómez en 2009, que estiró al extremo los límites del absurdo cuando la primaria que provocó resultó sólo favorable para el candidato adversario, Piñera (“estás destruyendo la Concertación, #&*#j!”, le dijo con toda razón Escalona a Gómez entonces.)

Y ahora ¿no sería también inconducente y ridícula una primaria en la oposición, cuando Bachelet aparece con el 50% de las preferencias, mientras sus competidores no sobrepasan el 5%?

No tanto, pero sí suficientemente ridícula sería una primaria en el oficialismo, donde Golborne tiene un 62% de aprobación, contra 44% de Allamand y 27% de Longueira; donde el rechazo a Golborne es 12%, a Allamand 21% y a Longueira 38%.

Y cuando la CEP le consultó al electorado de derecha quién le gustaría que fuera Presidente, un 26% votó por Golborne, un 7% por Allamand y un 2% por Longueira ¡en empate con Bachelet! (la derecha siempre esconde sorpresas…)

¿Para qué dictar una “ley de primarias” entonces? ¿Para poder fundar el Ministerio de las Primarias y su Subsecretaría, con cuatro mil funcionarios de planta, oficina de partes, sección reclamos, casino, sala-cuna, estadio y FETRAPRIMCH (Federación de Trabajadores de Primarias de Chile), todo un legado perenne del gobierno de Sebastián Piñera a las futuras generaciones?

Si a alguien le cabe duda de que los partidos políticos merezcan estar en el último lugar del escalafón del aprecio ciudadano, no debería quedarle ninguna si ellos salen adelante con su ridículo proyecto de hacernos pagar a los contribuyentes un prolongado período de exhibicionismo político inútil y caro, conocido como “elecciones primarias obligatorias”.

El Cuento de la Tía

Las atrocidades judiciales que se cometen --y cada día son más-- en nuestro medio contra los uniformados en retiro que debieron enfrentarse a los veinte mil terroristas de extrema izquierda que se aprestaban a dar el zarpazo final a nuestra democracia, según lo contemplado en el Plan Z, reproducido en el Libro Blanco Sobre la Intervención Militar en Chile, no alcanzan a la gran prensa ni a los medios masivos, pues se trata de un tema "políticamente incorrecto". Las demasías de todo orden en ese aspecto son denunciadas por los "zamiszdats" (diarios clandestinos rusos de la era comunista) chilenos, entre los que se cuenta este blog y otros más, en particular el diario digital "Chile Informa", que, como no obtiene ningún patrocinio de los empresarios que fueron salvados por el régimen militar, demanda una suscripción modesta de $2.500 mensuales.

En "Chile Informa" me he enterado de una exquisitez de la justicia chilena de extrema izquierda, personificada por el ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Solís, un personaje legendario por la "sans-facon" (perdón por la falta de tilde inferior en la "c") con que se ríe del derecho chileno cuando condena a militares, y que ahora le ha puesto una guinda a su torta de arbitrariedades que tienen a numerosas personas de intachables antecedentes tras las rejas sin fundamento legal. El caso de Solís debería merecer alguna atención de la prensa, porque desde los años '70 el Gobierno Militar hizo notar a la Corte Suprema la inconveniencia de que hubiera un magistrado con tantas implicancias con el MIR y la extrema izquierda, situación en la cual el entonces presidente del máximo tribunal, don Enrique Urrutia, explicó al Presidente de la Junta, Augusto Pinochet, que él velaría por la imparcialidad de la conducta de Solís, a quien se impuso en ese entonces una sanción, de la cual se perdió, con el tiempo, hasta la menor huella, en el juzgado donde habría sido aplicada y hecha pública.

Solís se ha caracterizado por faltar a una obligación básica de todo juez en lo criminal, como es la de indagar con igual celo no sólo los hechos que agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan de ella, la extingan o la atenúen. Por ejemplo, al brigadier Krassnoff lo ha condenado a años de presidio por detenciones en que no participó, por encontrarse en el extranjero, sin tomarse la menor molestia de indagar si efectivamente lo estuvo o no.

Pero ahora ha bastado que un sujeto haya sido procesado por estafa, por haberse beneficiado económicamente de la supuesta condición de ejecutado político de su padre, cobrando incluso el bono extraordinario de diez millones de pesos para hijos de cada "víctima de la dictadura" (bono que Michelle Bachelet también cobró puntualmente, pese a que su padre falleció por practicar un deporte contraindicado para su condición cardiaca), para que Solís lo haya dejado libre con "el cuento de la tía".

En el caso se comprobó que el individuo "víctima" había muerto el 18 de agosto de 1973 en Talcahuano, y como todavía la judicatura chilena no ha comenzado a culpar a Pinochet de los muertos anteriores al 11 de septiembre de 1973, quedó de manifiesto la estafa del hijo del supuesto "ejecutado político". Pero éste tuvo la suerte de que su caso llegara a las manos del ministro Solís, quien escrupulosamente indagó hasta encontrar que había sido una tía del beneficiario la que había tenido la "conducta propiamente delictiva" de hacerlo pasar como "víctima de la dictadura", y como la tía está, a la fecha, convenientemente fallecida, así el sujeto ha podido quedar libre de polvo y paja.

¡Que virtuosa y extrema diligencia de este magistrado para averiguar con celo los "hechos y circunstancias que eximan, extingan o atenúen" la resposabilidad de este inculpado! ¡Cuántos de los actuales presos políticos uniformados, que no tienen otro medio de protestar contra las iniquidades que el Plan Ahora, quedarían libres si ellos pudieran beneficiarse de la diligencia de los jueces para encontrar, como en este caso, no un "cuento de la tía", sino hechos reales que los eximen de responsabilidad y que los jueces de izquierda no han considerado.

UN TRIUNFO DE LA CONCERTACIÓN

La Concertación siempre tuvo en su programa la idea de subir los impuestos. La Alianza no, pero ahora el gobierno de la Alianza (que en realidad no es de la Alianza, sino el gobierno de, por y para Sebastián Piñera) ha subido otra vez los impuestos.

La Concertación llegó al gobierno en 1990 aumentando el tributo a las empresas, de 10 a 15%. El alza iba a ser transitoria, dijo Aylwin, pero no lo fue. Luego lo subieron a 17%. Al final, cuando la Alianza creyó haber llegado al gobierno, según el brazo derecho del nuevo Presidente, Rodrigo Hinzpeter, lo hizo gracias a que el candidato había resuelto “abrazar las banderas de la Concertación”.

Como una de éstas es la de siempre, en toda circunstancia y con cualquier pretexto subir impuestos, en 2010 el nuevo gobierno los alzó a 18,5%, por un año, y después a 20%, por otro año. Iba a ser un alza transitoria, para volver al 17% al final, dijo el Presidente, para paliar los efectos del terremoto. Pero no fue verdad ni tampoco explicó cómo los particulares, que sufrieron el grueso de los efectos del terremoto, podían paliarlos si además de financiar su propia reconstrucción, debían dar fondos para la del ente más rico de todos, el Estado, dueño de 17 mil propiedades pero no dispuesto a desprenderse de ni una sola cuando tiene emergencias (ni tampoco cuando no las tiene).

Como no era verdad que el Presidente había consagrado un alza transitoria, cuando ella debía bajar a 18,5%, mandó otro proyecto para subirla para siempre a 20%. ¿Quién lo pedía? “La calle”, grupos de gente que vociferaba, destruía y amenazaba, exigiendo que subieran los impuestos. Porque ni esta alza ni la anterior estaban en el programa de gobierno. La gente que formaba los “grupos Tantauco”, nombre del fundo del dueño del cuento (lo que ya dice mucho acerca de a quién pertenece este gobierno), tenía la convicción de que un peso en manos de los particulares contribuye más al crecimiento del país y, por tanto, al empleo y enriquecimiento de todo chileno, que un peso en manos del Estado.

Por supuesto, todos los empresarios decían (y dicen, pero ahora en voz baja) lo mismo, que por lo demás es una gran verdad. Pero hoy día cruzan los dedos detrás de la espalda y dicen que el 20% está bien. Son los empresarios que tenemos, siempre dejando que les corten la mano para salvar el brazo.

Bueno, ahora se ha cumplido otra vez el mayor anhelo del Presidente Piñera, que es hablar por cadena nacional de radio y televisión a los chilenos y decirles lo felices que van a ser gracias a él y a que ahora ha conseguido sacarles a los particulares otros mil millones de dólares al año, o algo así, para que los use el Estado en crear nuevas oficinas, subsecretarías, superintendencias y ministerios. La educación, entonces, va a mejorar, asegura.

Es decir, la receta de la Concertación, pese a lo cual ésta no está feliz, porque quiere ser ella la que suba impuestos. Y ahora se apresta, en su próximo y eventual gobierno, a subirlos más. Por supuesto, habría preferido mil veces no tener que subirlos a más de 20%, porque gente como Andrés Velasco dice, dentro de ella, que eso no es bueno para el crecimiento ni el empleo. Pero Sebastián Piñera les ha subido la vara.

Cuando el impuesto a las empresas era 10% se invertía tanto que crecíamos a dos dígitos algunos años; cuando subió al 15% crecimos menos; y luego cuando subió al 17%, todavía menos. Ahora el 20% llegó para quedarse y nadie habla del 7% anual de crecimiento de la “década de oro”.

¿Y la educación? No va a mejorar, porque sólo lo hará de verdad cuando haya en ella más libertad y competencia y más particulares puedan invertir y trabajar enseñando; y cuando el dinero que hoy dilapida el monstruo estatal vaya a manos de familias con libertad para elegir colegios pagados, pues éstos son los mejores hoy, cuando sólo una minoría puede mandar sus hijos a ellos.

Y, en fin, el gobierno ha añadido otro pergamino a la voluminosa carpeta de antecedentes que justifican seguirlo llamando “V Gobierno de la Concertación”.

¡Derecha, oh Derecha!

La derecha puede no tener votos, pero ¡vaya que tiene argumentos! La sentencia de la Corte Suprema sobre la Central Castilla ha quedado literalmente pulverizada por ellos. El país entero está consciente ahora de dos cosas: que por culpa de la justicia de izquierda se va a quedar sin luz, y que la justicia de izquierda se ríe de las leyes y se sienta en ellas.

Es que la derecha defiende bien lo que tiene. ¡Vaya si sabe hacerlo! Pero no defiende lo que debe. Si no hubiera sido por los militares, hoy no tendría nada. Estaría viviendo en Miami, Madrid o Barcelona. Sería "la próspera colonia chilena". Tendría todo, menos patria.

Pero hubo unos que adelantaron sus propios cuellos y los pusieron en juego cuando las campanas tocaban a rebato porque la patria se incendiaba. Y la salvaron. ¿Quiénes fueron? Cualquiera puede ir a ver a muchos de ellos a Punta Peuco o al Penal Cordillera, pero muy pocos van. Y si alguien se va a sentar al Hospital Militar, ahí también puede ver llegar a salvadores de Chile, ancianos y enfermos, con pies y manos atados.

Son los "caídos tras las líneas enemigas", los más débiles de la sociedad, porque todo miembro del cuerpo social, aunque carezca de bienes materiales, tiene un derecho inalienable: el que le dan las leyes. Pues bien, los que salvaron a la patria y a la derecha no tienen siquiera ese derecho.

Tengo a la vista un artículo del profesor de Derecho Penal y Decano de la Universidad Finis Terrae, Miguel Schweitzer, publicado hace unos diez años en "El Mercurio", que es muy notable, porque dice que los principios básicos del derecho han sido abandonados en casos que se tramitan en nuestros tribunales. En los años transcurridos desde que lo publicó, se han multiplicado esos casos. ¿Y qué ha dicho o hecho la derecha, cuyos cañones hoy retumban en defensa de la Central Castilla? Bueno, si es que es verdad que la derecha llegó al Gobierno en 2010, lo que ha hecho es clavar muchos más puñales en las espaldas de los que la salvaron y agravar al extremo las iniquidades que denunciaba el Decano Schweitzer.

Él decía que había cuatro bases del derecho: la certeza jurídica, representada por la "cosa juzgada" y la prescripción; el principio de legalidad, según el cual no puede castigarse un delito si éste no ha sido descrito y penado por una ley; el de la irretroactividad de la ley penal, que nunca puede aplicarse a situaciones ocurridas con anterioridad a su promulgación, salvo que la nueva ley resultare más beneficiosa para el inculpado, en cuyo caso la aplicación retroactiva está permitida; y el principio de la presunción de inocencia, junto al denominado "in dubio pro reo", la duda favorece al reo. "Pues bien --concluía-- todos estos principios básicos del derecho, han sido abandonados en algunos casos que actualmente se tramitan en nuestros tribunales".

Bien por el profesor Schweitzer, porque muy pocas voces como la suya tuvieron el valor de alzarse para decir todas esas verdades. Y las estridentes baterías de la derecha, que han reducido a escombros el fallo sobre la Central Castilla, permanecieron prácticamente mudas a la hora de disparar en defensa de sus salvadores. Al contrario, como dije más arriba, llegada ella al Gobierno, se convirtió en su peor cuchillo, lo que permitió llevar las iniquidades de la venganza izquierdista desde tres centenares a más de mil.

El Decano Schweitzer terminaba su fundada y noble exposición con estas palabras: "El proceso de reconciliación de la gran mayoría de los chilenos exige, de manera urgente y necesaria, que sean los tribunales de justicia, encabezados por la Corte Suprema, ejerciendo el mandato constitucional de supervigilancia directiva, correccional y económica sobre los juzgados y cortes de la República, a través de sus resoluciones y autos acordados, (los que) rescaten la correcta interpretación y aplicación de los principios básicos en que se fundamenta el Estado de Derecho".

Gran petición y gran gesto, tras el cual, ni la Corte Suprema, ni la derecha (para qué decir el centro y la izquierda) dijeron o hicieron nada, salvo permitir que se siguiera haciendo tabla rasa de la legalidad.

Y se consumó ¡y sigue consumando a diario! la canallada.

PERDIDOS EN LA POLVAREDA

La mayoría de los chilenos está mucho menos perdida que el “establishment” nacional, entendiendo por tal a la gente que, sin ser de la farándula ni el deporte, hace noticia, opina en la televisión y en los diarios y pretende representar el “sentir nacional”. Esa “élite” está formada primordialmente por los políticos. Bueno, la última encuesta CEP revela que las tres personas que provocan más rechazo en la opinión pública abarcan a todo el espectro y están, a la vez, entre los más frecuentes protagonistas en los medios: personificando a la izquierda, Camilo Escalona, presidente del Senado; a la derecha, Carlos Larraín, presidente de RN; y al centro o centroizquierda, a elección, Sebastián Piñera, presidente de la República.

Lo que ellos dicen ocupa las primeras planas. Hablan a nombre del sentir nacional. Pero ¿interpretan ellos a la gente? Para nada. Están “perdidos en la polvareda”. La misma encuesta CEP nos indica que las instituciones más admirables y dignas de confianza del país no tienen nada que ver con esos personajes: el Cuerpo de Carabineros, las Fuerzas Armadas y las radios. Estas últimas porque, como hay muchas y deben competir, la gente sabe que no son manejables ni censurables, a la inversa de otras entidades fáciles de monitorear.

¿Y cuáles son, de otro lado, las instituciones más desprestigiadas, a los ojos de la opinión pública? Ni más ni menos que los “pilares de la República”: los partidos políticos, los más desprestigiados entre todos, pese a que ellos controlan el Gobierno, el Congreso y (pienso yo) también los tribunales de justicia. Sólo un poco menos desprestigiado que los partidos está el Congreso que ellos controlan. Y sólo un poco menos que éste, los tribunales de justicia. Es decir, según la opinión mayoritaria, lo peor del país son sus instituciones fundamentales, cuyos representantes son los que “hacen noticia” en primera plana todos los días y se supone que fijan la pauta de lo que pensamos, hablamos y opinamos todos los demás, pero están completamente perdidos.

¿Y por qué la gente tiene tan mala opinión de esas élites? Porque la gente tiene sentido común.

Porque se da cuenta de que el país se va a quedar sin luz y, mientras tanto, las élites han ideado la manera de que no se pueda generar suficiente electricidad, mediante una legislación estrambótica, que entrega a los burócratas el poder de detener la producción. Y cuando no la detienen del todo, como ha sucedido recién con una central eléctrica, demoran una infinidad en otorgar los permisos.

Porque también la gente se da cuenta de que el país se está quedando sin educación, debido a una revolución en marcha, una revolución comunista que no tiene nada que ver con los estudios. Pues ¿qué dice un jefe de los estudiantes “tomadores” de establecimientos, Gabriel Boric, de la CONFECH?: “Yo quiero que superemos el capitalismo. Creo que tenemos que avanzar hacia un cambio en la propiedad de los medios de producción, una redistribución social del trabajo” (“Qué Pasa”, 24.08.12). ¿Tiene algo que ver eso con la enseñanza? Nada. Pero Boric es sólo un “compañero de ruta” en el proceso encabezado por el Partido Comunista.

¿Y qué piensa de ese partido la mayoría de los chilenos? Entre los personajes con más rechazo en la CEP, a continuación de Escalona, Larraín y Piñera, justamente vienen los jefes comunistas, Guillermo Teillier y Camila Vallejo. Y si consultamos en la misma encuesta lo que opinan los independientes, estos dos últimos son los más repudiados de todos los personajes públicos. Y, sin embargo, ¡el país está empeñado en el camino que ellos señalan! Además, la misma revolución comunista ha dado otro gran paso, al apoderarse ahora de la CUT, un gran tinglado artificial, porque no representa a la mayoría de los trabajadores, pero tiene la capacidad de convocar a paralizaciones en que el “brazo armado” comunista, los “encapuchados”, amedrentan a la gente y la obligan a ocultarse en sus casas y no ir a trabajar.

La gente repudia al “establishment” porque éste habla de cosas que a ella no le interesan. Del binominal, que no es un tema al que el pueblo dé importancia. Pues el problema electoral real no es el uni, bi o trinominalismo, sino el duopolio partidista que controla el poder electoral en Chile. Denles a los independientes las mismas atribuciones que a los partidos para presentarse como candidatos y participar en las elecciones (que es, por lo demás, lo que la Constitución garantiza, pero no se cumple) y tendremos una mucho mejor democracia.

El “establishment” es también repudiado porque se preocupa de que un carabinero le dio un puntapié al pasar a un revoltoso, y por eso logra separarlo del Cuerpo, pero no se preocupa y nada les sucede a los “encapuchados” que lanzan bombas incendiarias y piedras a los carabineros o los golpean con intención homicida con un skateboard cuando caen al suelo durante las algaradas.

El “establishment” habla de “asamblea constituyente”, órgano inexistente y que es una entelequia que la opinión pública ni siquiera menciona; y habla del “lucro”, siendo que la gente, en la encuesta, se muestra partidaria del lucro, pues aprueba que los colegios de la educación particular subvencionada puedan recibir aportes de los padres, y se muestra mayoritariamente partidaria de que en la sociedad haya diferencias de ingreso, si eso hace más posible el crecimiento y la disminución de la pobreza. Y, peor todavía, la gente se da cuenta de que la consigna contra el lucro ha destruido una enormidad de valor en la educación superior chilena, que atrajo importantes inversiones nacionales y extranjeras a buenas universidades privadas, cosa que ni siquiera podría soñarse ahora que se ha desatado una caza de brujas de los políticos contra los privados que ejercitan la garantía constitucional de la libertad de enseñanza.

Una encuesta no manipulable ha mostrado, pues, que la mayoría de los chilenos piensa muy distinto, y frecuentemente todo lo contrario, de lo que dicen quienes monopolizan las pantallas y las portadas pretendiendo representarla.