El gobierno está en problemas porque debe cumplir las promesas que el presidente hizo como candidato. Ahora el oficialismo se debate en un mar de contradicciones internas, porque debe cumplir con legislar en favor de las parejas homosexuales, dándoles algo lo más parecido posible a lo que piden: legalizar su matrimonio.
Claro, el candidato les hizo promesas porque necesitaba esos votos y, como lo único que le interesaba era ganar, no le importó que la idea fuera un completo contrasentido desde los puntos de vista racional y moral. Porque legislar para eso es racionalmente innecesario y moralmente inaceptable.
Lo primero, porque no se requiere de una ley para que dos personas del mismo sexo lleguen a un acuerdo para vivir juntas. Dentro de la libertad contractual y bajo la legislación actual pueden hacerlo. Pero, claro, lo que los homosexuales quieren no es sólo eso, sino que la sociedad consagre su unión como si fuera un matrimonio.
Y esto es moralmente inaceptable, porque implicaría que pudieran tener hijos, pero la naturaleza dicta que dos personas del mismo sexo no pueden tener hijos. Entonces pretenden tener niños ajenos. ¿Es prudente entregar la crianza y formación de un niño a dos homosexuales? La respuesta cae por su propio peso.
Por eso la gente que tiene un mínimo de formación moral no admite esa posibilidad y de ahí nacen las discrepancias que semejante proyecto de ley suscita en los partidos de gobierno (y, estoy cierto, en el seno mismo de éste, entre sus ministros, subsecretarios y altos funcionarios).
Las promesas implícitas y explícitas que el candidato Piñera hizo a la comunidad homosexual no debieron haber sido toleradas por la gran mayoría de los que eran sus partidarios, pero lo fueron, porque ni a aquél ni a éstos les importó nada eso, con tal de ganar.
Bueno, pero es que el fin no justifica los medios. No se puede hacer cualquier cosa con tal de ganar. Ni en los negocios ni en el deporte ni en la política ni en la vida.
Tarde o temprano, al menos alguna gente decente iba a levantar su voz. Y lo está haciendo ahora.
martes, 31 de mayo de 2011
lunes, 30 de mayo de 2011
Un Gobernante Que No Cumple
En un reciente almuerzo del presidente Piñera con ex senadores de la Alianza, uno de éstos, el general (r) Bruno Siebert, le pidió que el Seremi de Justicia no siguiera rechazando las libertades condicionales de los presos políticos uniformados, ya previamente aprobadas por la Comisión de Libertad Condicional. Los Seremis de los gobiernos anteriores y el de éste las habían rechazado hasta ahora, por razones políticas (son funcionarios políticos).
Pues bien, después de formulada esa promesa se presentaron otros siete casos. Fueron aprobados por la Comisión (integrada por jueces del crimen y ministros de corte). Pero después cinco de ellos fueron rechazados por el seremi Rodrigo Araya Pérez, funcionario de la confianza del presidente, al cual supuestamente éste había instruido en el sentido prometido al ex senador Siebert. (Informaciones obtenidas del abogado especializado en DD.HH., Marcelo Elissalde, y del diario digital "Chile Informa").
Lo único que cabe concluir es que el presidente, en cinco de los siete casos, no cumplió la palabra empeñada. ¿Novedad? Ninguna.
Cosa que a quien esto escribe no extraña, sobre todo si el incumplimiento es del agrado de la extrema izquierda.
Por suerte uno de los dos favorecidos con la libertad condicional es el suboficial de Carabineros Primitivo Castro, víctima de un proceso kafkiano y de la persecución más inicua, sólo digna de nuestros jueces de izquierda.
Pues una noche de 1974 él estaba de servicio en una calle de Talca, cuando advirtió a un sujeto que portaba un bulto sospechoso. En ese tiempo todavía los atentados extremistas eran frecuentes. Cuando quiso detener al sospechoso para regitrarlo, el sujeto le arrebató su fusil SIG, del cual el suboficial alcanzó a extraer el cargador. Cosa que le salvó la vida, porque el individuo lo volvió en su contra y lo gatilló. Después el mismo sujeto echó mano a un arma que portaba, pero el suboficial alcanzó a dispararle antes con su revólver, impactándolo en el tórax, a raíz de lo cual su agresor murió en el lugar. Cuando se examinó el bulto que portaba se comprobó que contenía doce cartuchos de dinamita exudada.
A raíz del desenlace se siguió un proceso ante el Juzgado Militar de Concepción, que dictó sentencia absolviendo al suboficial. Además, su institución lo felicitó por su valerosa conducta.
Pero en 2004, 30 años después de los hechos y contra todo derecho, la familia del occiso, representada por un abogado de izquierda, se querelló contra el suboficial. La ministra sumariante que conoció del caso, sin embargo, ratificó el sobreseimiento, porque había cosa juzgada, como era obvio en derecho. Pero la Corte de Apelaciones de Talca, dominada por jueces de izquierda y basándose en que se había tratado de un delito "de lesa humanidad" (pese a que esta figura no existía en Chile, pues recién se consagró en 2009 y sin efecto retroactivo) y basada en las Convenciones de Ginebra (que no son aplicables a combatientes irregulares, como reiteradamente ha argumentado en estos años el gobierno norteamericano, justificando su represión contra terroristas de Al Qaeda), condenó al valiente y felicitado suboficial Primitivo Castro a cinco años y un día de presidio.
Ya ha cumplido el 80% de su pena y, tras sucesivos rechazos, esta vez logró superar "la letra chica" de la promesa de Piñera al ex senador Siebert, "letra chica" que dejó fuera del beneficio a cinco de los siete presos políticos uniformados que habían sido favorecidos por el dictamen de la Comisión de Libertad Condicional.
Bueno, por lo menos UN héroe que arriesgó su vida en el servicio público y para salvar al país del terrorismo y del régimen totalitario ya no sigue preso.
Pues bien, después de formulada esa promesa se presentaron otros siete casos. Fueron aprobados por la Comisión (integrada por jueces del crimen y ministros de corte). Pero después cinco de ellos fueron rechazados por el seremi Rodrigo Araya Pérez, funcionario de la confianza del presidente, al cual supuestamente éste había instruido en el sentido prometido al ex senador Siebert. (Informaciones obtenidas del abogado especializado en DD.HH., Marcelo Elissalde, y del diario digital "Chile Informa").
Lo único que cabe concluir es que el presidente, en cinco de los siete casos, no cumplió la palabra empeñada. ¿Novedad? Ninguna.
Cosa que a quien esto escribe no extraña, sobre todo si el incumplimiento es del agrado de la extrema izquierda.
Por suerte uno de los dos favorecidos con la libertad condicional es el suboficial de Carabineros Primitivo Castro, víctima de un proceso kafkiano y de la persecución más inicua, sólo digna de nuestros jueces de izquierda.
Pues una noche de 1974 él estaba de servicio en una calle de Talca, cuando advirtió a un sujeto que portaba un bulto sospechoso. En ese tiempo todavía los atentados extremistas eran frecuentes. Cuando quiso detener al sospechoso para regitrarlo, el sujeto le arrebató su fusil SIG, del cual el suboficial alcanzó a extraer el cargador. Cosa que le salvó la vida, porque el individuo lo volvió en su contra y lo gatilló. Después el mismo sujeto echó mano a un arma que portaba, pero el suboficial alcanzó a dispararle antes con su revólver, impactándolo en el tórax, a raíz de lo cual su agresor murió en el lugar. Cuando se examinó el bulto que portaba se comprobó que contenía doce cartuchos de dinamita exudada.
A raíz del desenlace se siguió un proceso ante el Juzgado Militar de Concepción, que dictó sentencia absolviendo al suboficial. Además, su institución lo felicitó por su valerosa conducta.
Pero en 2004, 30 años después de los hechos y contra todo derecho, la familia del occiso, representada por un abogado de izquierda, se querelló contra el suboficial. La ministra sumariante que conoció del caso, sin embargo, ratificó el sobreseimiento, porque había cosa juzgada, como era obvio en derecho. Pero la Corte de Apelaciones de Talca, dominada por jueces de izquierda y basándose en que se había tratado de un delito "de lesa humanidad" (pese a que esta figura no existía en Chile, pues recién se consagró en 2009 y sin efecto retroactivo) y basada en las Convenciones de Ginebra (que no son aplicables a combatientes irregulares, como reiteradamente ha argumentado en estos años el gobierno norteamericano, justificando su represión contra terroristas de Al Qaeda), condenó al valiente y felicitado suboficial Primitivo Castro a cinco años y un día de presidio.
Ya ha cumplido el 80% de su pena y, tras sucesivos rechazos, esta vez logró superar "la letra chica" de la promesa de Piñera al ex senador Siebert, "letra chica" que dejó fuera del beneficio a cinco de los siete presos políticos uniformados que habían sido favorecidos por el dictamen de la Comisión de Libertad Condicional.
Bueno, por lo menos UN héroe que arriesgó su vida en el servicio público y para salvar al país del terrorismo y del régimen totalitario ya no sigue preso.
domingo, 29 de mayo de 2011
La Rebelión de las Masas
Tengo el libro de ese nombre de Ortega y Gasset. Lo heredé de mi padre hace 37 años y desde entonces he estado a punto de leerlo muchas veces. Antes de escribir esto debería hacerlo, pero ya no alcanzo. Supongo que debe contener inteligentes reflexiones que sirvan para explicar por qué ahora las masas de diferentes y muy disímiles países han comenzado a salir sucesivamente a las calles en impresionantes manifestaciones.
Primero fue en Túnez, luego en Egipto, Siria, Libia y recientemente en España, hasta culminar ayer ¡oh sorpresa! en Alemania, supongo que como consecuencia de haber admitido un excesivo número de inmigrantes, porque siempre he pensado que los alemanes (de hoy, no de los años '30) tienen cosas más importantes qué hacer que salir a la calle a causar desórdenes.
Siempre hay un pretexto para la "rebelión de las masas". Es diferente de un país a otro. Pero la causa en todas partes es la misma.
Hasta entre nosotros las masas, aunque en reducido número, tendieron también a imitar el ejemplo y salir a manifestar en días recientes, tomando como pretexto la construcción de cinco represas hidroeléctricas en Aysén.
¿La causa de estos movimientos? Ellos obedecen más que nada a un móvil psicológico de imitación. En España, en pleno momento electoral, cuando, se suponía, las inquietudes ciudadanas podían tomar un cauce a través del sufragio, decenas de miles de personas salieron a la calle a título de estar "indignadas". ¿Por qué no manifestar su indignación a través del voto, que es lo más práctico, pues conduce a cambiar el estado de cosas a través del control del gobierno? Porque la motivación es psicológica: expresarse, protagonizar, estar en el centro de la noticia, seguir la corriente masiva. ¿Por qué la gente acude en masa a fotografiarse desnuda ante Tunnick? Es el mismo fenómeno. Es una oportunidad para muchas personas: "yo no soy protagonista de nada, no soy noticia, nadie me pregunta mi opinión ni nadie me conoce. Bueno, ahora voy a salir a la calle y todos van a ver lo importante que soy". Basta que unos miles más digan y hagan lo mismo, y tenemos una "rebelión de las masas" que, si alguien se pone a hacerles acaso, puede tener imprevisibles consecuencias. Porque, si nadie les hace mayor caso, en definitiva terminan en nada.
Recuerdo que en 2005 se generó en Chile el movimiento masivo de "los pingüinos". Las marchas iniciales sólo perseguían un par de copnquistas económicas para los estudiantes: mayor subsidio a matrículas y a pasajes de la locomoción. Pero la dinámica de las protestas y el hecho de que se les hiciera mucho caso condujeron a que la agenda se ampliara y se llegara a hablar de una "revolución educacional". La presidenta Bachelet, entonces, hizo lo propio de todo gobierno que no sabe qué hacer: nombró una "comisión transversal". Ésta demoró mucho en entregar sus conclusiones, con las cuales un considerable número de sus integrantes más respetables no estaba de acuerdo. Sea como fuere, hoy ya nadie recuerda a los pingüinos, a la comisión transversal ni sus conclusiones y por eso el ministro Lavín está haciendo otra gran reforma educacional.
En 2005 yo hacía clases en una universidad en que no había la menor inquietud estudiantil y los alumnos eran ostensiblemente contrarios a los desfiles de los "pingüinos", pero el efecto psicológico del espectáculo diario presentado por los medios, de grandes masas desfilando por las calles, los afectó, y hubo un día en que, con tácita aceptación de las autoridades universitarias, ninguno asistió a clases. Pasó, nadie hizo ni dijo nada y después todo se olvidó.
Otro rasgo común a estas movilizaciones es que sólo son posibles bajo regímenes que reconocen cierto grado de libertades públicas. En Cuba o Corea del Norte, por ejemplo, donde hay comisarios de la policía secreta del régimen en cada barrio, no existe la menor posibilidad de una mannifestación de masas, porque el primero que hable de hacerla va preso o algo peor.
La moda de la actual "rebelión de las masas" pasará, como todas las modas. En unos meses más ya nadie se acordará de ella... salvo donde hubo quiénes resolvieron hacerles caso a las masas, pues allí y por bastante tiempo seguirán viendo cómo salir del atolladero en que éstas los metieron.
Primero fue en Túnez, luego en Egipto, Siria, Libia y recientemente en España, hasta culminar ayer ¡oh sorpresa! en Alemania, supongo que como consecuencia de haber admitido un excesivo número de inmigrantes, porque siempre he pensado que los alemanes (de hoy, no de los años '30) tienen cosas más importantes qué hacer que salir a la calle a causar desórdenes.
Siempre hay un pretexto para la "rebelión de las masas". Es diferente de un país a otro. Pero la causa en todas partes es la misma.
Hasta entre nosotros las masas, aunque en reducido número, tendieron también a imitar el ejemplo y salir a manifestar en días recientes, tomando como pretexto la construcción de cinco represas hidroeléctricas en Aysén.
¿La causa de estos movimientos? Ellos obedecen más que nada a un móvil psicológico de imitación. En España, en pleno momento electoral, cuando, se suponía, las inquietudes ciudadanas podían tomar un cauce a través del sufragio, decenas de miles de personas salieron a la calle a título de estar "indignadas". ¿Por qué no manifestar su indignación a través del voto, que es lo más práctico, pues conduce a cambiar el estado de cosas a través del control del gobierno? Porque la motivación es psicológica: expresarse, protagonizar, estar en el centro de la noticia, seguir la corriente masiva. ¿Por qué la gente acude en masa a fotografiarse desnuda ante Tunnick? Es el mismo fenómeno. Es una oportunidad para muchas personas: "yo no soy protagonista de nada, no soy noticia, nadie me pregunta mi opinión ni nadie me conoce. Bueno, ahora voy a salir a la calle y todos van a ver lo importante que soy". Basta que unos miles más digan y hagan lo mismo, y tenemos una "rebelión de las masas" que, si alguien se pone a hacerles acaso, puede tener imprevisibles consecuencias. Porque, si nadie les hace mayor caso, en definitiva terminan en nada.
Recuerdo que en 2005 se generó en Chile el movimiento masivo de "los pingüinos". Las marchas iniciales sólo perseguían un par de copnquistas económicas para los estudiantes: mayor subsidio a matrículas y a pasajes de la locomoción. Pero la dinámica de las protestas y el hecho de que se les hiciera mucho caso condujeron a que la agenda se ampliara y se llegara a hablar de una "revolución educacional". La presidenta Bachelet, entonces, hizo lo propio de todo gobierno que no sabe qué hacer: nombró una "comisión transversal". Ésta demoró mucho en entregar sus conclusiones, con las cuales un considerable número de sus integrantes más respetables no estaba de acuerdo. Sea como fuere, hoy ya nadie recuerda a los pingüinos, a la comisión transversal ni sus conclusiones y por eso el ministro Lavín está haciendo otra gran reforma educacional.
En 2005 yo hacía clases en una universidad en que no había la menor inquietud estudiantil y los alumnos eran ostensiblemente contrarios a los desfiles de los "pingüinos", pero el efecto psicológico del espectáculo diario presentado por los medios, de grandes masas desfilando por las calles, los afectó, y hubo un día en que, con tácita aceptación de las autoridades universitarias, ninguno asistió a clases. Pasó, nadie hizo ni dijo nada y después todo se olvidó.
Otro rasgo común a estas movilizaciones es que sólo son posibles bajo regímenes que reconocen cierto grado de libertades públicas. En Cuba o Corea del Norte, por ejemplo, donde hay comisarios de la policía secreta del régimen en cada barrio, no existe la menor posibilidad de una mannifestación de masas, porque el primero que hable de hacerla va preso o algo peor.
La moda de la actual "rebelión de las masas" pasará, como todas las modas. En unos meses más ya nadie se acordará de ella... salvo donde hubo quiénes resolvieron hacerles caso a las masas, pues allí y por bastante tiempo seguirán viendo cómo salir del atolladero en que éstas los metieron.
sábado, 28 de mayo de 2011
La Cultura de los Ministerios
En "El Mercurio" de ayer 27, el columnista Agustín Squella escribía que la Alianza, cuando el entonces presidente Lagos presentó el proyecto que creaba el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, votó en contra de la idea de legislar. Cuando Lagos repuso la iniciativa, la Alianza sólo accedió a votarla a favor cuando el presidente le garantizó que no se crearía un ministerio, "una figura que temían se prestara para el dirigismo estatal de la cultura".
Con toda lógica, Squella se pregunta cómo votará ahora la Alianza el proyecto del presidente Piñera, anunciado el 21 de mayo, de crear ese ministerio de la Cultura.
Evidentemente el columnista cree que la política es, en Chile, un menester serio, en circunstancias que nunca lo ha sido. Una antigua costumbre política chilena es la de "adorar lo que ayer se ha quemado y quemar lo que ayer se ha adorado"; o, dicho en lenguaje criollo, "darse vuelta la chaqueta", sin que ello tenga la menor gravedad ni ninguna consecuencia. Pues lo que los chilenos esperamos de los políticos es, precisamente, que no sean serios.
Por una cuestión de principios, la Alianza debería ser opuesta a la existencia de este ministerio, pues evidentemente eso atenta contra la libertad cultural del país, siendo obvio que el gobierno de turno va a utilizar ese aparataje burocrático para hacer proselitismo político e ideológico. Pero, si fuera por consideraciones de principios, de partida la Alianza no habría podido llevar como candidato presidencial a Sebastián Piñera, un político de ideas de centro-izquierda ("soy partidario de un Estado fuerte y poderoso, que controle, regule, norme y supervise"); cuyo criterio de evaluación histórica es diametralmente opuesto al de la Alianza, pues los partidos de ésta apoyaron al gobierno de Augusto Pinochet y votaron "sí" en el plebiscito de 1988, para reelegir a éste, mientras Piñera ha declarado que considera a ese régimen como "el peor de la historia de Chile" y votó "no" en dicho plebiscito; es un gobernante populista, en el sentido de que sus acciones y sus palabras están determinadas por lo que señalan las encuestas y no por lo que dictan ideas o principios (caso representativo: Barrancones; notoria excepción: HidroAysén, pero ¿cuánto durará su fidelidad al interés nacional?); y, en fin, un presidente que habla el lenguaje de la Concertación (llama a los presos políticos uniformados "violadores de derechos humanos", igual que los comunistas; se congracia constantemente con gente de izquierda, como Girardi o los diputados comunistas; declara que Volodia Teitelboim, el principal testaferro chileno del Kremlin y autor de loas literarias a Stalin, fue "un gigante de la historia de Chile"); y, en fin, actúa en cuanto presidente como lo habría hecho uno de la Concertación, que lo considera como un usurpador de sus banderas, lo cual justifica que muchos cataloguemos al suyo como "V Gobierno de la Concertación".
¿Entonces? Entonces Agustín Squella podrá comentar más adelante cómo la Alianza votará a favor, esta vez, del ministerio de la Cultura; la Alianza va a explicar lo inexplicable, pues ya lo ha hecho otras veces; la defunción de la derecha chilena resultará una vez más confirmada y certificada; el Estado, "el más rico de Chile", será todavía más grande, burocrático y gastador; los artistas e intelectuales de izquierda recibirán todavía más fondos de estímulo, premios y financiamientos que en la actualidad (a veces les faltan nombres para los galardones que se autoadjudican); y el común de la gente estará feliz, porque todo chileno cree que la solución de todos los problemas no reside en hacer algo concreto y eficaz para arreglarlos, sino en dictar una ley o crear otro ministerio, es decir, en que el Estado gaste más y contrate más gente, para que todo siga igual.
Con toda lógica, Squella se pregunta cómo votará ahora la Alianza el proyecto del presidente Piñera, anunciado el 21 de mayo, de crear ese ministerio de la Cultura.
Evidentemente el columnista cree que la política es, en Chile, un menester serio, en circunstancias que nunca lo ha sido. Una antigua costumbre política chilena es la de "adorar lo que ayer se ha quemado y quemar lo que ayer se ha adorado"; o, dicho en lenguaje criollo, "darse vuelta la chaqueta", sin que ello tenga la menor gravedad ni ninguna consecuencia. Pues lo que los chilenos esperamos de los políticos es, precisamente, que no sean serios.
Por una cuestión de principios, la Alianza debería ser opuesta a la existencia de este ministerio, pues evidentemente eso atenta contra la libertad cultural del país, siendo obvio que el gobierno de turno va a utilizar ese aparataje burocrático para hacer proselitismo político e ideológico. Pero, si fuera por consideraciones de principios, de partida la Alianza no habría podido llevar como candidato presidencial a Sebastián Piñera, un político de ideas de centro-izquierda ("soy partidario de un Estado fuerte y poderoso, que controle, regule, norme y supervise"); cuyo criterio de evaluación histórica es diametralmente opuesto al de la Alianza, pues los partidos de ésta apoyaron al gobierno de Augusto Pinochet y votaron "sí" en el plebiscito de 1988, para reelegir a éste, mientras Piñera ha declarado que considera a ese régimen como "el peor de la historia de Chile" y votó "no" en dicho plebiscito; es un gobernante populista, en el sentido de que sus acciones y sus palabras están determinadas por lo que señalan las encuestas y no por lo que dictan ideas o principios (caso representativo: Barrancones; notoria excepción: HidroAysén, pero ¿cuánto durará su fidelidad al interés nacional?); y, en fin, un presidente que habla el lenguaje de la Concertación (llama a los presos políticos uniformados "violadores de derechos humanos", igual que los comunistas; se congracia constantemente con gente de izquierda, como Girardi o los diputados comunistas; declara que Volodia Teitelboim, el principal testaferro chileno del Kremlin y autor de loas literarias a Stalin, fue "un gigante de la historia de Chile"); y, en fin, actúa en cuanto presidente como lo habría hecho uno de la Concertación, que lo considera como un usurpador de sus banderas, lo cual justifica que muchos cataloguemos al suyo como "V Gobierno de la Concertación".
¿Entonces? Entonces Agustín Squella podrá comentar más adelante cómo la Alianza votará a favor, esta vez, del ministerio de la Cultura; la Alianza va a explicar lo inexplicable, pues ya lo ha hecho otras veces; la defunción de la derecha chilena resultará una vez más confirmada y certificada; el Estado, "el más rico de Chile", será todavía más grande, burocrático y gastador; los artistas e intelectuales de izquierda recibirán todavía más fondos de estímulo, premios y financiamientos que en la actualidad (a veces les faltan nombres para los galardones que se autoadjudican); y el común de la gente estará feliz, porque todo chileno cree que la solución de todos los problemas no reside en hacer algo concreto y eficaz para arreglarlos, sino en dictar una ley o crear otro ministerio, es decir, en que el Estado gaste más y contrate más gente, para que todo siga igual.
viernes, 27 de mayo de 2011
El Mercado es Más Fuerte
Si fuera por seguir la corriente y defender causas políticamente correctas o fáciles, no me habría asilado en un blog de internet como éste. Lo hice porque aquí sólo le respondo a mi conciencia. Y mi conciencia me dice que el espectáculo montado en torno a la contratación de trabajadores paraguayos y un brasileño en empresas de Francisco Javier Errázuriz constituye una representación inexacta de la verdad.
Primer punto: la legislación del trabajo chilena, de inspiración socialista, deja fuera del mercado del trabajo (cesante) a la gente más pobre; y hace a las empresas chilenas menos competitivas, porque encarece artificialmente el factor trabajo.
Segundo punto: si la gente fuera libre para ofrecer a otra contratar sus servicios, las remuneraciones serían menores pero todos tendrían trabajo. Los pobres serían menos pobres, porque más personas por familia tendrían un ingreso.
Tercer punto: esto mismo pasa en otros países y por eso sus trabajadores emigran en busca del trabajo que sus legislaciones internas les impiden encontrar. En otro país lo hacen libremente, mediante figuras como "contratos de capacitación".
Por esa razón llegaron los trabajadores extranjeros a las empresas de Errázuriz. Es posible que haya una irregulairdad si es que se presentaba como un contrato de capacitación y, en rigor, no lo era, sino sólo un contrato de trabajo. Eso está sujeto a prueba. Pero lo que es evidente es que los medios de comunicación han creado una imagen completamente exagerada y desproporcionada, si es que no derechamente falsa, de la situación de esos inmigrantes.
He aquí un testimonio de una trabajadora paraguaya, María Lucila González, que debió emprender viaje de vuelta a su país, por petición de sus hijos: "Yo quería quedarme acá y trabajar, porque estaba muy bien, pero me dijeron que volviera porque estaban muy preocupados, porque allá se habla todo mal de lo que pasa acá". ("El Mercurio", 27.05.11, p. C-12).
Los medios han hecho una "misse-en-scéne" que no corresponde a la realidad.
Es evidente que los trabajadores paraguayos fueron convencidos acá por "alguien", después de haberse dado por satisfechos con los términos ofrecidos por el empresario, de que podían obtener beneficios superiores a los pactados libremente, si se asilaban en la legislación chilena. Finalmente perdieron pan y pedazo. Deberán volver a su país. Como María Lucila, "estaban muy bien", pero creyeron poder estar mejor, porque alguien les hizo creer que podían obtener más de lo prometido y aceptado. Pero, si fuera por eso, el empresario habría contratado trabajadores chilenos. En cualquier campamento podría encontrar a cuatro de cada diez jóvenes dispuestos a trabajar "por el mínimo", pues están cesantes.
La verdad está sufriendo a manos de los medios en este caso. Por eso los hijos de María Lucila tienen una imagen tan distinta de la situación de ella de la que realmente estaba viviendo, y la han obligado a volver, muy a su pesar.
"El mercado es más fuerte": si hay tanta gente que necesita un ingreso y quiere trabajar, sin poder hacerlo; y tanta gente que contrataría a más personas si hubiera precios de mercado para la mano de obra, alguna vez terminará por imperar la razón. Y Chile se aproximará a tener, como dice la funcionaria del BID, Carmen Pagés-Serra (ver mi blog de ayer) la misma proporción de gente ocupada que los Estados Unidos, lo cual implicaría automáticamente tener un PIB 16% superior al que tenemos.
Primer punto: la legislación del trabajo chilena, de inspiración socialista, deja fuera del mercado del trabajo (cesante) a la gente más pobre; y hace a las empresas chilenas menos competitivas, porque encarece artificialmente el factor trabajo.
Segundo punto: si la gente fuera libre para ofrecer a otra contratar sus servicios, las remuneraciones serían menores pero todos tendrían trabajo. Los pobres serían menos pobres, porque más personas por familia tendrían un ingreso.
Tercer punto: esto mismo pasa en otros países y por eso sus trabajadores emigran en busca del trabajo que sus legislaciones internas les impiden encontrar. En otro país lo hacen libremente, mediante figuras como "contratos de capacitación".
Por esa razón llegaron los trabajadores extranjeros a las empresas de Errázuriz. Es posible que haya una irregulairdad si es que se presentaba como un contrato de capacitación y, en rigor, no lo era, sino sólo un contrato de trabajo. Eso está sujeto a prueba. Pero lo que es evidente es que los medios de comunicación han creado una imagen completamente exagerada y desproporcionada, si es que no derechamente falsa, de la situación de esos inmigrantes.
He aquí un testimonio de una trabajadora paraguaya, María Lucila González, que debió emprender viaje de vuelta a su país, por petición de sus hijos: "Yo quería quedarme acá y trabajar, porque estaba muy bien, pero me dijeron que volviera porque estaban muy preocupados, porque allá se habla todo mal de lo que pasa acá". ("El Mercurio", 27.05.11, p. C-12).
Los medios han hecho una "misse-en-scéne" que no corresponde a la realidad.
Es evidente que los trabajadores paraguayos fueron convencidos acá por "alguien", después de haberse dado por satisfechos con los términos ofrecidos por el empresario, de que podían obtener beneficios superiores a los pactados libremente, si se asilaban en la legislación chilena. Finalmente perdieron pan y pedazo. Deberán volver a su país. Como María Lucila, "estaban muy bien", pero creyeron poder estar mejor, porque alguien les hizo creer que podían obtener más de lo prometido y aceptado. Pero, si fuera por eso, el empresario habría contratado trabajadores chilenos. En cualquier campamento podría encontrar a cuatro de cada diez jóvenes dispuestos a trabajar "por el mínimo", pues están cesantes.
La verdad está sufriendo a manos de los medios en este caso. Por eso los hijos de María Lucila tienen una imagen tan distinta de la situación de ella de la que realmente estaba viviendo, y la han obligado a volver, muy a su pesar.
"El mercado es más fuerte": si hay tanta gente que necesita un ingreso y quiere trabajar, sin poder hacerlo; y tanta gente que contrataría a más personas si hubiera precios de mercado para la mano de obra, alguna vez terminará por imperar la razón. Y Chile se aproximará a tener, como dice la funcionaria del BID, Carmen Pagés-Serra (ver mi blog de ayer) la misma proporción de gente ocupada que los Estados Unidos, lo cual implicaría automáticamente tener un PIB 16% superior al que tenemos.
jueves, 26 de mayo de 2011
Lo Que la Carmen le Dijo a la Evelyn
Cuando la ministra del Trabajo fue a Estados Unidos hace poco, participó en un seminario en el BID, donde la jefa de la unidad de mercados laborales de esa institución, Carmen Pagés-Serra, les dijo a aquélla y a los economistas y parlamentarios que la acompañaron (traduzco) que en Chile debían hacer todo lo contrario de lo que están haciendo en materia laboral.
Dije "traduzco" porque Carmen fue muy diplomática y dio su opinión de manera elíptica. Por ejemplo, señaló: "Los temas no son sencillos; implican hacer cambios en aspectos que pueden ser contenciosos, pero es un momento clave en la historia del país".
¿Qué quiso decir? Que la Evelyn debe hacer todo lo contrario de lo que está haciendo, es decir, en lugar de complacer a Arturo Martínez y sus similares, y amenazar a los empresarios, debe prepararse para enfrentar a Martínez y permitir a los empresarios aumentar su productividad, lo que es lo mismo que decir que debe disminuírse el precio de contratar trabajadores.
Pues Carmen añadió una cosa muy notable: si en Chile la participación de la población en el mercado del trabajo fuera la misma que en EE. UU., el ingreso chileno aumentaría en 16 %. Es decir, daría un salto de crecimiento equivalente al de tres años, al ritmo registrado en 2010.
Para que la participación en el mercado del trabajo sea la misma que en EE.UU. se requiere que más jóvenes y mujeres entren a trabajar, pues entre ellos están las tasas más altas de desocupación. ¿Por qué no lo hacen? Porque en Chile no hay libertad de trabajo, pese a que la Constitución la garantiza. Y no la hay porque los jóvenes pobres y las mujeres de menor educación, unos y otras pertenecientes a grupos de escasa productividad, no encuentran empleo, debido a que la legislación de salarios mínimnos, indemnizaciones por años de servicio, feriados irrenunciables, salas-cunas, pre y postnatal y fueros variados hacen que el costo mínimo de contratar a algún trabajador o trabajadora sea más alto que el aporte a la producción que él o ella son capaces de hacer. Luego, no están en el mercado del trabajo, no generan ingresos propios y el país crece un 16% menos de lo que podría hacerlo.
Los "aspectos contenciosos" a que se refiere Carmen están representados por la agitación política que habría si se permitiera al mercado del trabajo ser más libre y a las personas contratarse sin los condicionamientos que les ponen las leyes laborales y sindicales vigentes.
La desigualdad en Chile se explica en gran medida por la rigidez de la legislación laboral, previsional y sindical, pues las personas pobres tienen tasas de desempleo de dos dígitos (entre los pobladores de campamentos, jóvenes, sin educación, la tasa de desempleo supera el 40%, y si son mujeres sube más aún). En cambio, en el quintil de ingreso más alto hay pleno empleo. ¿Cómo no va a haber desigualdad si la legislación socialista lleva a que casi la mitad de los más pobres no encuentren trabajo y todos los ricos se regodeen con las oportunidades de trabajo que tienen?
Carmen Pagés-Serra ha dicho que, en estas condiciones, la economía chilena se está quedando sin motor que la impulse y, si alguna vez dejan de presentarse las condiciones externas tan favorables que tenemos hoy, con el cobre a más de 4 dólares por libra, nos vamos a quedar sin viento de cola y el estancamiento se va a notar más.
Traducción final de lo que Carmen le dijo a Evelyn: en lugar de perseguir a empresarios que contratan gente, para tener sonriente a Arturo Martínez, debería dedicarse a alentar a los mismos a contratar más, aunque se enoje el presidente de la CUT.
Porque si no, no hablemos de alternancia en el poder ni de nueva forma de gobernar, sino de más de lo mismo.
Dije "traduzco" porque Carmen fue muy diplomática y dio su opinión de manera elíptica. Por ejemplo, señaló: "Los temas no son sencillos; implican hacer cambios en aspectos que pueden ser contenciosos, pero es un momento clave en la historia del país".
¿Qué quiso decir? Que la Evelyn debe hacer todo lo contrario de lo que está haciendo, es decir, en lugar de complacer a Arturo Martínez y sus similares, y amenazar a los empresarios, debe prepararse para enfrentar a Martínez y permitir a los empresarios aumentar su productividad, lo que es lo mismo que decir que debe disminuírse el precio de contratar trabajadores.
Pues Carmen añadió una cosa muy notable: si en Chile la participación de la población en el mercado del trabajo fuera la misma que en EE. UU., el ingreso chileno aumentaría en 16 %. Es decir, daría un salto de crecimiento equivalente al de tres años, al ritmo registrado en 2010.
Para que la participación en el mercado del trabajo sea la misma que en EE.UU. se requiere que más jóvenes y mujeres entren a trabajar, pues entre ellos están las tasas más altas de desocupación. ¿Por qué no lo hacen? Porque en Chile no hay libertad de trabajo, pese a que la Constitución la garantiza. Y no la hay porque los jóvenes pobres y las mujeres de menor educación, unos y otras pertenecientes a grupos de escasa productividad, no encuentran empleo, debido a que la legislación de salarios mínimnos, indemnizaciones por años de servicio, feriados irrenunciables, salas-cunas, pre y postnatal y fueros variados hacen que el costo mínimo de contratar a algún trabajador o trabajadora sea más alto que el aporte a la producción que él o ella son capaces de hacer. Luego, no están en el mercado del trabajo, no generan ingresos propios y el país crece un 16% menos de lo que podría hacerlo.
Los "aspectos contenciosos" a que se refiere Carmen están representados por la agitación política que habría si se permitiera al mercado del trabajo ser más libre y a las personas contratarse sin los condicionamientos que les ponen las leyes laborales y sindicales vigentes.
La desigualdad en Chile se explica en gran medida por la rigidez de la legislación laboral, previsional y sindical, pues las personas pobres tienen tasas de desempleo de dos dígitos (entre los pobladores de campamentos, jóvenes, sin educación, la tasa de desempleo supera el 40%, y si son mujeres sube más aún). En cambio, en el quintil de ingreso más alto hay pleno empleo. ¿Cómo no va a haber desigualdad si la legislación socialista lleva a que casi la mitad de los más pobres no encuentren trabajo y todos los ricos se regodeen con las oportunidades de trabajo que tienen?
Carmen Pagés-Serra ha dicho que, en estas condiciones, la economía chilena se está quedando sin motor que la impulse y, si alguna vez dejan de presentarse las condiciones externas tan favorables que tenemos hoy, con el cobre a más de 4 dólares por libra, nos vamos a quedar sin viento de cola y el estancamiento se va a notar más.
Traducción final de lo que Carmen le dijo a Evelyn: en lugar de perseguir a empresarios que contratan gente, para tener sonriente a Arturo Martínez, debería dedicarse a alentar a los mismos a contratar más, aunque se enoje el presidente de la CUT.
Porque si no, no hablemos de alternancia en el poder ni de nueva forma de gobernar, sino de más de lo mismo.
miércoles, 25 de mayo de 2011
¿Y la Sociedad Libre?
En una sociedad libre, una persona puede acordar prestar servicios a otra a cambio de la remuneracion que pacten entre ambas. Si alguna de las partes no cumple con su prestación, la otra puede recurrir a un tribunal para hacer efectivo el respectivo cumplimiento.
En un régimen de corte nacional-socialista o socialista-marxista, nada de lo anterior puede hacerse. No son las personas las que contratan libremente, sino el Estado el que les ordena los términos en que lo harán, y que él fija. Si hay algún incumplimiento, es el Gobierno el que interviene, aplica sanciones y procura que los tribunales sancionen al que haya actuado como si fuera una persona libre.
En estos días un empresario agrícola ha contratado a 31 trabajadores paraguayos y tres brasileños que deseaban mejorar sus condiciones de vida. Aquél y éstos habían contratado libremente. El empresario estaba cumpliendo una finalidad que, se dice, es muy deseable: aumentar la productividad, es decir, obtener una determinada producción con menor empleo de recursos. Los trabajadores extranjeros también estaban consiguiendo un mejoramiento de su condición: obtenían mayores remuneraciones que en sus países de origen.
¿Cómo se ha resuelto la situación? ¿En los términos propios de una sociedad libre o del nacional-socialismo y el socialismo marxista? Conteste usted mismo esa pregunta.
Me la sugirió la lectura de "La Segunda" de hoy, que informa sobre el caso. En el mismo vespertino leo una columna de un decano universitario de Políticas Públicas, titulada "Para Cada Problema ¿Un Ministerio?". Dice: "En 2011 entraron en funciones dos nuevas subsecretarías (Turismo y Seguridad Pública), hay otra actualmente en discusión legislativa (Servicios Sociales) y se crearán dos más, en caso de cumplirse los anuncios del 21 de mayo (Educación Superior y Derechos Humanos). Adicionalmente se crearía un nuevo ministerio de Deportes (la subsecretaría ya existe). Por otra parte, se ampliarán las funciones del ministerio de Agricultura y se otorgaría al Consejo de la Cultura el nivel de ministerio. En suma, para 2014 habria cinco nuevas subsecretarías, tres ministerios con redefinición de funciones, uno nuevo y una fusión de dos carteras". El decano no mencionó otro ministerio más anunciado por el Gobierno, el de Desarrollo Social.
Dos páginas más adelante, en el mismo diario, el presidente de la Asociación de Isapres dice que el proyecto del Gobierno de intervenir el sistema privado de salud, instituyendo una cotización obligatoria de algunos afiliados para favorecer a otros, "podría afectar negativamente al 30 por ciento de los cotizantes, desfinanciar el sistema y hasta desestabilizarlo". Vendría así a completarse la tarea destructiva de la medicina previsional privada que se propuso la Concertación.
¿Tiene algún aspecto de lo anterior algo que ver con el funcionamiento de una sociedad libre?
En un régimen de corte nacional-socialista o socialista-marxista, nada de lo anterior puede hacerse. No son las personas las que contratan libremente, sino el Estado el que les ordena los términos en que lo harán, y que él fija. Si hay algún incumplimiento, es el Gobierno el que interviene, aplica sanciones y procura que los tribunales sancionen al que haya actuado como si fuera una persona libre.
En estos días un empresario agrícola ha contratado a 31 trabajadores paraguayos y tres brasileños que deseaban mejorar sus condiciones de vida. Aquél y éstos habían contratado libremente. El empresario estaba cumpliendo una finalidad que, se dice, es muy deseable: aumentar la productividad, es decir, obtener una determinada producción con menor empleo de recursos. Los trabajadores extranjeros también estaban consiguiendo un mejoramiento de su condición: obtenían mayores remuneraciones que en sus países de origen.
¿Cómo se ha resuelto la situación? ¿En los términos propios de una sociedad libre o del nacional-socialismo y el socialismo marxista? Conteste usted mismo esa pregunta.
Me la sugirió la lectura de "La Segunda" de hoy, que informa sobre el caso. En el mismo vespertino leo una columna de un decano universitario de Políticas Públicas, titulada "Para Cada Problema ¿Un Ministerio?". Dice: "En 2011 entraron en funciones dos nuevas subsecretarías (Turismo y Seguridad Pública), hay otra actualmente en discusión legislativa (Servicios Sociales) y se crearán dos más, en caso de cumplirse los anuncios del 21 de mayo (Educación Superior y Derechos Humanos). Adicionalmente se crearía un nuevo ministerio de Deportes (la subsecretaría ya existe). Por otra parte, se ampliarán las funciones del ministerio de Agricultura y se otorgaría al Consejo de la Cultura el nivel de ministerio. En suma, para 2014 habria cinco nuevas subsecretarías, tres ministerios con redefinición de funciones, uno nuevo y una fusión de dos carteras". El decano no mencionó otro ministerio más anunciado por el Gobierno, el de Desarrollo Social.
Dos páginas más adelante, en el mismo diario, el presidente de la Asociación de Isapres dice que el proyecto del Gobierno de intervenir el sistema privado de salud, instituyendo una cotización obligatoria de algunos afiliados para favorecer a otros, "podría afectar negativamente al 30 por ciento de los cotizantes, desfinanciar el sistema y hasta desestabilizarlo". Vendría así a completarse la tarea destructiva de la medicina previsional privada que se propuso la Concertación.
¿Tiene algún aspecto de lo anterior algo que ver con el funcionamiento de una sociedad libre?
lunes, 23 de mayo de 2011
Preocúpese, Moya: Otra Vez Va a Pagar Usted
Este no es un país serio. Eso lo sabemos. Es verdad que hay otros todavía menos serios. Y también es cierto que, a veces, los más serios se comportan como si no lo fueran, es decir, como nosotros.
Ahora se está llevando adelante en nuestro medio otro circo judicial carente por completo de seriedad, sin ningún fundamento jurídico y dirigido exclusivamente a crear un escenario político-propagandístico favorable a la izquierda (de modo que, tarde o temprano, Sebastián Piñera le va a manifestar su apoyo, al igual que al "asesinato" de Frei Montalva).
Todo con la caja de resonancia del periodismo "liberal" de los Estados Unidos y de los socialistas de España, Francia, Alemania y otros países de Europa, venidos a "cubrir la noticia". Y, por supuesto, también con soporte y asistencia de los latinoamericanos, que a la voz de "circo" siempre ocupan la primera fila.
Pues se está llevando adelante un proceso completamente ilegal para investigar la muerte de Salvador Allende, que a estas alturas todo el mundo sabe cómo, cuándo, dónde y por qué se produjo, aunque durante décadas la izquierda dio al mundo una versión falsa sobre ella (que el mundo aceptó como cierta). Es que, "para verdades, el tiempo".
Pese a todo el circo mediático, la ley aplicable al proceso sobre la muerte de Allende ordena que "antes de proseguir la acción penal, cualquiera sea la forma en que se hubiere iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado para negarse a dar curso al juicio".
Si en Chile existiera un "estado de derecho" (aquel en que se respeta la legalidad), el ministro sustanciador Carroza, ante quien se presentó una querella por la muerte de Salvador Allende, debió haber desechado esa presentación por ser obvio que, a 38 años de los hechos, tanto la acción penal como la pena se encuentran prescritas (el plazo de prescripción más largo es de 15 años).
Por supuesto, cualquiera que no sea un juez chileno puede investigar todo lo que quiera acerca de la muerte de Rómulo y Remo, de Napoleón Bonaparte o de Salvador Allende. Pero, cuando la responsabilidad penal se halla extinguida, el único que no puede hacerlo es un juez chileno en su calidad de tal.
Además, la acción penal y la pena están extinguidas por otra causal: la amnistía. Y, más encima, el código de procedimiento penal ordena al juez declarar de oficio (es decir, aunque nadie se lo pida) la prescripción y, como consecuencia, sobreseer (dar por terminado) el juicio.
Nada de eso se ha respetado. Luego, todo lo que se está obrando en la causa sobre la muerte de Allende es ilegal. ¿Por qué, entonces, se hace? Primero, porque a la mayoría de izquierda de la judicatura chilena actual no le importa nada lo que digan las leyes. Segundo, por razones políticas y, tercero, por "otras" razones.
En mi no breve existencia he aprendido dos cosas: una, que gran parte del éxito suceptible de alcanzarse en el ejercicio de la profesión de abogado reside en la capacidad de quien lo persiga de --para decirlo en lenguaje coloquial-- "encontrarle la quinta pata al gato"; y, la segunda, que si uno está en el bando "políticamente correcto", poco importa lo que diga la ley. Incluso importa igualmente poco la verdad de los hechos.
Acá la escenificación judicial ilegal montada en torno a la muerte de Allende se dirige, según yo conjeturo, a probar que el Estado chileno es responsable de haber creado una situación tal que lo OBLIGÓ a suicidarse ("quinta pata del gato"). Eso lo probará una legión de testigos, expertos, peritos, personalidades y opinólogos de izquierda, "referentes morales" y "líderes de opinión". Y, acuérdense de mí, a la postre la sala penal de la Corte Suprema, en algunos años más, por tres votos contra dos (es la mayoría de izquierda que se ha ido formando, con sufragios de la extinta derecha en el Senado, por supuesto) va a confirmar la sentencia del ministro sustanciador y va a ordenar al Estado chileno a pagar una cuantiosa indemnización a los deudos de Salvador Allende, por haberlo obligado a suicidarse.
Así es que, Moya, más vale que vaya preocupándose. Todo este circo ilegal que ahora lo entretiene, al final lo va a pagar usted.
Ahora se está llevando adelante en nuestro medio otro circo judicial carente por completo de seriedad, sin ningún fundamento jurídico y dirigido exclusivamente a crear un escenario político-propagandístico favorable a la izquierda (de modo que, tarde o temprano, Sebastián Piñera le va a manifestar su apoyo, al igual que al "asesinato" de Frei Montalva).
Todo con la caja de resonancia del periodismo "liberal" de los Estados Unidos y de los socialistas de España, Francia, Alemania y otros países de Europa, venidos a "cubrir la noticia". Y, por supuesto, también con soporte y asistencia de los latinoamericanos, que a la voz de "circo" siempre ocupan la primera fila.
Pues se está llevando adelante un proceso completamente ilegal para investigar la muerte de Salvador Allende, que a estas alturas todo el mundo sabe cómo, cuándo, dónde y por qué se produjo, aunque durante décadas la izquierda dio al mundo una versión falsa sobre ella (que el mundo aceptó como cierta). Es que, "para verdades, el tiempo".
Pese a todo el circo mediático, la ley aplicable al proceso sobre la muerte de Allende ordena que "antes de proseguir la acción penal, cualquiera sea la forma en que se hubiere iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado para negarse a dar curso al juicio".
Si en Chile existiera un "estado de derecho" (aquel en que se respeta la legalidad), el ministro sustanciador Carroza, ante quien se presentó una querella por la muerte de Salvador Allende, debió haber desechado esa presentación por ser obvio que, a 38 años de los hechos, tanto la acción penal como la pena se encuentran prescritas (el plazo de prescripción más largo es de 15 años).
Por supuesto, cualquiera que no sea un juez chileno puede investigar todo lo que quiera acerca de la muerte de Rómulo y Remo, de Napoleón Bonaparte o de Salvador Allende. Pero, cuando la responsabilidad penal se halla extinguida, el único que no puede hacerlo es un juez chileno en su calidad de tal.
Además, la acción penal y la pena están extinguidas por otra causal: la amnistía. Y, más encima, el código de procedimiento penal ordena al juez declarar de oficio (es decir, aunque nadie se lo pida) la prescripción y, como consecuencia, sobreseer (dar por terminado) el juicio.
Nada de eso se ha respetado. Luego, todo lo que se está obrando en la causa sobre la muerte de Allende es ilegal. ¿Por qué, entonces, se hace? Primero, porque a la mayoría de izquierda de la judicatura chilena actual no le importa nada lo que digan las leyes. Segundo, por razones políticas y, tercero, por "otras" razones.
En mi no breve existencia he aprendido dos cosas: una, que gran parte del éxito suceptible de alcanzarse en el ejercicio de la profesión de abogado reside en la capacidad de quien lo persiga de --para decirlo en lenguaje coloquial-- "encontrarle la quinta pata al gato"; y, la segunda, que si uno está en el bando "políticamente correcto", poco importa lo que diga la ley. Incluso importa igualmente poco la verdad de los hechos.
Acá la escenificación judicial ilegal montada en torno a la muerte de Allende se dirige, según yo conjeturo, a probar que el Estado chileno es responsable de haber creado una situación tal que lo OBLIGÓ a suicidarse ("quinta pata del gato"). Eso lo probará una legión de testigos, expertos, peritos, personalidades y opinólogos de izquierda, "referentes morales" y "líderes de opinión". Y, acuérdense de mí, a la postre la sala penal de la Corte Suprema, en algunos años más, por tres votos contra dos (es la mayoría de izquierda que se ha ido formando, con sufragios de la extinta derecha en el Senado, por supuesto) va a confirmar la sentencia del ministro sustanciador y va a ordenar al Estado chileno a pagar una cuantiosa indemnización a los deudos de Salvador Allende, por haberlo obligado a suicidarse.
Así es que, Moya, más vale que vaya preocupándose. Todo este circo ilegal que ahora lo entretiene, al final lo va a pagar usted.
domingo, 22 de mayo de 2011
¿Por Qué Hay Violencia?
1) Porque siempre la ha habido en Chile. En el siglo XVI la aportaban las huestes de Michimalonco. En el siglo XXI la aportan los "encapuchados". ¿De qué partido o sector son los encapuchados? Usted lo sabe y yo también.
2) Porque en Chile las cosas se obtienen mediante la violencia. Quienes no la ejercen no obtienen nada. Ahí tiene usted a los presos políticos uniformados. Sólo hacen respetuosas peticiones y nadie les hace caso. Los uniformados activos no hacen nada al respecto. Las peticiones y manifestaciones de los uniformados en retiro, que sí los respaldan, son hechas todas en "términos respetuosos y convenientes". Y nadie las tiene en cuenta. Los jueces se burlan de las leyes cuando juzgan y condenan a uniformados. Eso se llama prevaricación, pero ese delito judicial queda impune. Es que sin violencia ninguna protesta vale de nada.
3) Porque los movimientos callejeros "pacíficos", sabiendo todo lo anterior, llaman a desfiles en la certeza de que los "encapuchados" les aportarán la violencia que necesitan. Es una actitud muy hipócrita de los organizadores, pues saben y siempre han sabido que los "encapuchados" harán lo suyo y que ese clima de violencia hará que sus peticiones sean oídas. Les deberán el éxito a ellos.
4) Porque las autoridades son débiles y ceden ante la violencia. No la confrontan. Michelle Bachelet llegó a sancionar a carabineros que reprimieron con energía la violencia. Luego, los carabineros no la reprimen con energía. Nadie les hace nada a los "encapuchados". Son centenares o miles, pero sólo resultan detenidas unas decenas de personas generalmente inadvertidas, pues los guerrilleros urbanos son expertos y escapan.
5) Porque hay impunidad política y judicial para el extremismo. Todos los terroristas del período 73-90 fueron indultados. Ahora los jueces de garantía dejan libres a los detenidos en las revueltas callejeras. En los últimos hechos de violencia se vio participando activamente a una terrorista comprobada, a la cual se procuró procesar en el "caso bombas", pero fue dejada en libertad por los jueces.
6) Porque los medios de comunicación son favorables a los violentistas y siempre encuentran una interpretación para decir que su causa es "legítima", "noble" o "justa" y a lo más que llegan es a decir que los procedimientos de los violentistas son "equivocados", pero su conducta se debe a las desigualdades e injusticias sociales.
7) Porque, desde que comenzaron las protestas con violencia, en 1982, el mundo ha condenado a los gobiernos que reprimen a los extremistas callejeros "encapuchados". Por eso los gobiernos no se atreven a reprimirlos. Total, no es el patrimonio de los gobernantes el que sufre, sino el de los municipios o de los comercios saqueados. Ni son los familiares de los gobernante los agredidos, sino los carabineros, que, dicen, "están para eso".
¿Cómo no va a haber violencia, si todos se inclinan ante ella? El milagro sería que no la hubiera.
2) Porque en Chile las cosas se obtienen mediante la violencia. Quienes no la ejercen no obtienen nada. Ahí tiene usted a los presos políticos uniformados. Sólo hacen respetuosas peticiones y nadie les hace caso. Los uniformados activos no hacen nada al respecto. Las peticiones y manifestaciones de los uniformados en retiro, que sí los respaldan, son hechas todas en "términos respetuosos y convenientes". Y nadie las tiene en cuenta. Los jueces se burlan de las leyes cuando juzgan y condenan a uniformados. Eso se llama prevaricación, pero ese delito judicial queda impune. Es que sin violencia ninguna protesta vale de nada.
3) Porque los movimientos callejeros "pacíficos", sabiendo todo lo anterior, llaman a desfiles en la certeza de que los "encapuchados" les aportarán la violencia que necesitan. Es una actitud muy hipócrita de los organizadores, pues saben y siempre han sabido que los "encapuchados" harán lo suyo y que ese clima de violencia hará que sus peticiones sean oídas. Les deberán el éxito a ellos.
4) Porque las autoridades son débiles y ceden ante la violencia. No la confrontan. Michelle Bachelet llegó a sancionar a carabineros que reprimieron con energía la violencia. Luego, los carabineros no la reprimen con energía. Nadie les hace nada a los "encapuchados". Son centenares o miles, pero sólo resultan detenidas unas decenas de personas generalmente inadvertidas, pues los guerrilleros urbanos son expertos y escapan.
5) Porque hay impunidad política y judicial para el extremismo. Todos los terroristas del período 73-90 fueron indultados. Ahora los jueces de garantía dejan libres a los detenidos en las revueltas callejeras. En los últimos hechos de violencia se vio participando activamente a una terrorista comprobada, a la cual se procuró procesar en el "caso bombas", pero fue dejada en libertad por los jueces.
6) Porque los medios de comunicación son favorables a los violentistas y siempre encuentran una interpretación para decir que su causa es "legítima", "noble" o "justa" y a lo más que llegan es a decir que los procedimientos de los violentistas son "equivocados", pero su conducta se debe a las desigualdades e injusticias sociales.
7) Porque, desde que comenzaron las protestas con violencia, en 1982, el mundo ha condenado a los gobiernos que reprimen a los extremistas callejeros "encapuchados". Por eso los gobiernos no se atreven a reprimirlos. Total, no es el patrimonio de los gobernantes el que sufre, sino el de los municipios o de los comercios saqueados. Ni son los familiares de los gobernante los agredidos, sino los carabineros, que, dicen, "están para eso".
¿Cómo no va a haber violencia, si todos se inclinan ante ella? El milagro sería que no la hubiera.
sábado, 21 de mayo de 2011
Un Buen Discurso de Centroizquierda
Hoy fui a un foro de CNN sobre el Mensaje y allí los telespectadores votaron por twitter: el 57 por ciento lo encontró malo y el 43 por ciento bueno. Yo lo encontré bueno, pero fue un discurso de centroizquierda. Más Estado, dos nuevos ministerios (Deportes y Desarrollo Social, como si sin un ministerio no se pudiera hacer deporte ni alcanzar progreso social). Otra Superintendecia (de Educación Superior). Otra Subsecretaría (de Derechos Humanos ¿cómo se le pasó eso a la Michelle?).
No hemos podido dejar de estar gobernados por las ideas de izquierda.
El Mensaje mostró datos sobre mejoría de la gestión. Es verdad que ha mejorado, porque, aunque el Presidente tiene ADN de centroizquierda, gobierna con la derecha, es decir, con la mejor gente, así es que el Estado funciona mejor. De eso no cabe duda. Pero es injusto que el mérito se lo lleve él, cuando es de la gente de derecha, que no piensa como él.
Cuando el ADN se le hizo inocultable fue cuando un diputado socialista (De Urresti) le recordó a gritos al diputado Carlos Lorca, caído durante el Gobierno Militar. Entonces el Presidente le dijo, con vehemencia (lo anoté): "Por supuesto, lo conocí, lo quise, lo admiré". Lorca era socialista, el partido de la UP más comprometido con la lucha armada para tomarse el poder, ejercerlo totalitariamente y no dejarlo nunca más, al estilo Cuba. ¿Eso admira Sebastián Piñera?
Yo creo que él va a seguir por la senda de un Estado cada vez más grande, más gastador y más poderoso. Eso está en la base de su pensamiento socio-económico. Cuando era candidato, declaró (y yo lo memoricé y lo cité muchas veces procurando que la derecha no cometiera el error de llevarlo como candidato): "Soy partidario de un Estado fuerte, poderoso, que controle, norme, regule y supervise".
Pues bien, eso es lo que está pasando. El Estado nunca había llegado a ser tan grande. Y como la Providencia ha querido que estemos en tiempos de prosperidad casi sin precedentes, con el cobre a más de 4 dólares por libra, como acreedores de los Estados Unidos (tenemos 16 mil millones de dólares en papeles del US Treasury), el Estado seguirá creciendo en ministerios, subsecretarías y superintendencias. Por eso el Presidente se vanaglorió de darle 69 mil millones de pesos al año a entidades de extrema izquierda encargadas de desvirtuar la memoria histórica y promover el lavado de cerebros de los chilenos (Instituto de Derechos Humanos, Museo de la Memoria de Bachelet).
Bueno, es lo que hay. Si con plata se compran huevos, también con plata se puede sostener un Estado socialista cada vez más grande. ¿La plata para la gente y no para el Estado? Eso es puro derechismo. Si eso se hiciera, no habría pobres, la educación privada para todos nos haría dar un salto en el progreso y la instrucción de los chilenos y la salud privada permitiría que todos, hasta los más pobres, tuvieran un excelente plan de isapre, aparte de que todos los hospitales serían privados y como las mejores clínicas privadas.
Pero, claro, ese sería otro país, un país de derecha. Por ahora, contentémosnos con un Presidente y un país de centroizquierda, porque, como hay plata, es un lujo que podemos darnos, podemos ampliar las plantas burocráticas y contratar más funcionarios. Y darles algo a los pobres, aunque tengan que esperar a otro gobierno (de derecha) para que la plata de verdad les llegue a ellos.
No hemos podido dejar de estar gobernados por las ideas de izquierda.
El Mensaje mostró datos sobre mejoría de la gestión. Es verdad que ha mejorado, porque, aunque el Presidente tiene ADN de centroizquierda, gobierna con la derecha, es decir, con la mejor gente, así es que el Estado funciona mejor. De eso no cabe duda. Pero es injusto que el mérito se lo lleve él, cuando es de la gente de derecha, que no piensa como él.
Cuando el ADN se le hizo inocultable fue cuando un diputado socialista (De Urresti) le recordó a gritos al diputado Carlos Lorca, caído durante el Gobierno Militar. Entonces el Presidente le dijo, con vehemencia (lo anoté): "Por supuesto, lo conocí, lo quise, lo admiré". Lorca era socialista, el partido de la UP más comprometido con la lucha armada para tomarse el poder, ejercerlo totalitariamente y no dejarlo nunca más, al estilo Cuba. ¿Eso admira Sebastián Piñera?
Yo creo que él va a seguir por la senda de un Estado cada vez más grande, más gastador y más poderoso. Eso está en la base de su pensamiento socio-económico. Cuando era candidato, declaró (y yo lo memoricé y lo cité muchas veces procurando que la derecha no cometiera el error de llevarlo como candidato): "Soy partidario de un Estado fuerte, poderoso, que controle, norme, regule y supervise".
Pues bien, eso es lo que está pasando. El Estado nunca había llegado a ser tan grande. Y como la Providencia ha querido que estemos en tiempos de prosperidad casi sin precedentes, con el cobre a más de 4 dólares por libra, como acreedores de los Estados Unidos (tenemos 16 mil millones de dólares en papeles del US Treasury), el Estado seguirá creciendo en ministerios, subsecretarías y superintendencias. Por eso el Presidente se vanaglorió de darle 69 mil millones de pesos al año a entidades de extrema izquierda encargadas de desvirtuar la memoria histórica y promover el lavado de cerebros de los chilenos (Instituto de Derechos Humanos, Museo de la Memoria de Bachelet).
Bueno, es lo que hay. Si con plata se compran huevos, también con plata se puede sostener un Estado socialista cada vez más grande. ¿La plata para la gente y no para el Estado? Eso es puro derechismo. Si eso se hiciera, no habría pobres, la educación privada para todos nos haría dar un salto en el progreso y la instrucción de los chilenos y la salud privada permitiría que todos, hasta los más pobres, tuvieran un excelente plan de isapre, aparte de que todos los hospitales serían privados y como las mejores clínicas privadas.
Pero, claro, ese sería otro país, un país de derecha. Por ahora, contentémosnos con un Presidente y un país de centroizquierda, porque, como hay plata, es un lujo que podemos darnos, podemos ampliar las plantas burocráticas y contratar más funcionarios. Y darles algo a los pobres, aunque tengan que esperar a otro gobierno (de derecha) para que la plata de verdad les llegue a ellos.
viernes, 20 de mayo de 2011
El Dinero No Hace la Felicidad
Hace unos días se publicó que Chile es acreedor del Tesoro norteamericano por 16 mil millones de dólares. A nivel mundial no es una cantidad muy importante, pero a nivel nacional, sí. Quiere decir que tenemos ahorrada esa suma en papeles de la deuda interna norteamericana. Por supuesto, la cifra no se compara con la de China, que tiene más de 1,4 billones en papeles de ese Tesoro. Pero, en términos por habitante, estamos casi iguales, porque China tiene 1.500 millones y Chile 17 millones de habitantes.
Esa cifra significa que el gobierno de Chile tiene ahorrado el doble de lo que costó al sector público el terremoto y maremoto del año pasado. Pero, como "el Estado es así", para cubrir los gastos del terremoto nos subió a los particulares los impuestos (a la renta de las empresas, a los bienes raíces, a las utilidades de la minería, a los ahorros), mientras aumentaba sus compras de papeles del Tesoro norteamericano. ¡Qué abuso! El más rico de todos se hizo más rico, mientras empobreció a los chilenos individuales.
Y va a seguir creciendo. Será cada vez más grande. Es probable que en el mensaje presidencial de mañana sábado se anuncie la creación de tres nuevos ministerios: de la Mujer y la Familia, del Deporte y de Desarrollo Social. Más burocracia. Típico de los gobiernos de centro-izquierda: ¿hay un problema? se dicta una ley. ¿La ley no solucionó el problema? se crea un ministerio.
Así hemos llegado a tener un gasto público de 54 mil millones de dólares. De eso, 10 mil millones de dólares van a Educación. Pero van a la burocracia estatal, principalmente. Si les dieran la plata a los tres millones de estudiantes más pobres, tendrían 150 mil pesos mensuales cada uno para ir a un colegio de excelencia y de su elección. Como por arte de magia, la educación de los pobres daría un salto cualitativo gigantesco. Y sin gastar un peso más que hoy. Piénsese que en este momento la subvención en la educación particular gratuita es de 50 mil pesos mensuales. Con el triple de eso los mejores resultados llegarían solos.
Y el gasto público en salud pasa de los 8 mil millones de dólares. Si se los dieran a los tres millones de chilenos más pobres, en lugar de ir al burocrático aparato público de salud, cada uno podría contratar un plan mucho mejor que el mío en una isapre (y yo estoy contento con el mío, como el 90 por ciento de los afiliados a isapres). No más esperas en consultorios, no más meses o años para conseguir una cirugía, no más enfermos en los pasillos ni huelgas del personal de la salud.
¡Qué fantástico sería tener un gobierno de derecha que le diera la plata a la gente!
Pero, en fin, todo podría ser peor. Con gobierno de centro-izquierda y todo, estamos en período de bonanza. El cobre por las nubes y el país con tanta plata que es ¡acreedor de los Estados Unidos! Pero esa plata se distribuye mal: el más rico de todos se queda con la parte del león.
Tal vez por eso la gente parece no estar feliz. Es que el dinero no hace la felicidad. Sobre todo cuando el Estado se queda con él.
Esa cifra significa que el gobierno de Chile tiene ahorrado el doble de lo que costó al sector público el terremoto y maremoto del año pasado. Pero, como "el Estado es así", para cubrir los gastos del terremoto nos subió a los particulares los impuestos (a la renta de las empresas, a los bienes raíces, a las utilidades de la minería, a los ahorros), mientras aumentaba sus compras de papeles del Tesoro norteamericano. ¡Qué abuso! El más rico de todos se hizo más rico, mientras empobreció a los chilenos individuales.
Y va a seguir creciendo. Será cada vez más grande. Es probable que en el mensaje presidencial de mañana sábado se anuncie la creación de tres nuevos ministerios: de la Mujer y la Familia, del Deporte y de Desarrollo Social. Más burocracia. Típico de los gobiernos de centro-izquierda: ¿hay un problema? se dicta una ley. ¿La ley no solucionó el problema? se crea un ministerio.
Así hemos llegado a tener un gasto público de 54 mil millones de dólares. De eso, 10 mil millones de dólares van a Educación. Pero van a la burocracia estatal, principalmente. Si les dieran la plata a los tres millones de estudiantes más pobres, tendrían 150 mil pesos mensuales cada uno para ir a un colegio de excelencia y de su elección. Como por arte de magia, la educación de los pobres daría un salto cualitativo gigantesco. Y sin gastar un peso más que hoy. Piénsese que en este momento la subvención en la educación particular gratuita es de 50 mil pesos mensuales. Con el triple de eso los mejores resultados llegarían solos.
Y el gasto público en salud pasa de los 8 mil millones de dólares. Si se los dieran a los tres millones de chilenos más pobres, en lugar de ir al burocrático aparato público de salud, cada uno podría contratar un plan mucho mejor que el mío en una isapre (y yo estoy contento con el mío, como el 90 por ciento de los afiliados a isapres). No más esperas en consultorios, no más meses o años para conseguir una cirugía, no más enfermos en los pasillos ni huelgas del personal de la salud.
¡Qué fantástico sería tener un gobierno de derecha que le diera la plata a la gente!
Pero, en fin, todo podría ser peor. Con gobierno de centro-izquierda y todo, estamos en período de bonanza. El cobre por las nubes y el país con tanta plata que es ¡acreedor de los Estados Unidos! Pero esa plata se distribuye mal: el más rico de todos se queda con la parte del león.
Tal vez por eso la gente parece no estar feliz. Es que el dinero no hace la felicidad. Sobre todo cuando el Estado se queda con él.
jueves, 19 de mayo de 2011
Cosas de "Señores Políticos"
Hoy en la tarde fui a jugar tenis (dobles), perdí, llegué a tiempo de ver cómo un equipo uruguayo eliminaba a uno chileno de la Copa Libertadores, cosa que no me alteró en absoluto, porque es lo que he venido viendo desde que tengo uso de razón (si bien algunos aseguran que no he alcanzado aún ese estado) y, sin mucho ánimo, debido a todo lo anterior, comencé a ver un noticiero de TV.
Ahí me enteré de tres cosas: una, que el Presidente de la República, hablando muy sueltamente ante un auditorio de parejas de la tercera edad de Puente Alto, creo, le decía que era partidario de la estabilidad del matrimonio y que éste, naturalmente, era la unión entre un hombre y una mujer, dispuestos a tener los hijos que vinieran. Todo eso me pareció muy bien.
Después vi algo que me pareció todavía mejor: se anunciaba un proyecto de reforma constitucional de los senadores Chadwick y Longueira para dejar bien precisado en la Carta que el matrimonio sólo podía ser entre un hombre y una mujer.
Pero a continuación el noticiero presentó una escena de la franja electoral donde aparecía el candidato Piñera junto a una pareja homosexual, asegurándole que ellos tendrían todos los derechos a que aspiraban, el principal de los cuales es, como todos sabemos, el de contraer matrimonio con personas de su mismo sexo.
Y, en fin, después se anunció que el excelente proyecto de los senadores Chadwick y Longueira había sido retirado por ambos el mismo día en que fue presentado.
Todo lo bueno que había presentado el noticiero en un comienzo se había ido al diablo.
¿Qué explicación tiene todo lo anterior? Yo les voy a decir: que el Presidente piensa lo que les dijo a los matrimonios de Puente Alto, pero en la campaña presidencial él necesitaba votos, todos los votos posibles y, entre ellos, los de los homosexuales. Entonces les dijo a éstos lo que querían oír, aunque él no lo pensaba así; y posiblemente por eso muchos de ellos le dieron sus votos. Pero ahora ya él está elegido y los homosexuales no se los pueden retirar, de modo que no tiene problemas para decir lo que piensa, y lo hace.
Y los senadores Chadwick y Longueira quisieron, a su vez, ser consecuentes con lo que piensan, y presentaron su proyecto.
Pero entonces alguien les debe haber recordado a todos ellos, Presidente y senadores, algo elemental: que los homosexuales no sólo votan en las elecciones, sino también en las encuestas; y como éste es un gobierno "encuestocrático" y deseoso de tener el máximo apoyo posible (o, mejor dicho, de no seguirlo perdiendo), estos arrestos de honestidad intelectual, de andar diciendo lo que se piensa en conciencia, son una imprudencia muy grande y hará perder apoyo en las encuestas. Y por eso los senadores retiraron su moción rápidamente y no sería extraño que el Presidente hiciera en su mensaje de pasado mañana un anuncío que sea del agrado de la comunidad gay.
Esto es lo que se llama "la política". Y porque ella es así, en las encuestas los organismos formados por los políticos (los partidos) ocupan el último lugar entre todas las instituciones, en el escalafón del prestigio ciudadano.
Ahí me enteré de tres cosas: una, que el Presidente de la República, hablando muy sueltamente ante un auditorio de parejas de la tercera edad de Puente Alto, creo, le decía que era partidario de la estabilidad del matrimonio y que éste, naturalmente, era la unión entre un hombre y una mujer, dispuestos a tener los hijos que vinieran. Todo eso me pareció muy bien.
Después vi algo que me pareció todavía mejor: se anunciaba un proyecto de reforma constitucional de los senadores Chadwick y Longueira para dejar bien precisado en la Carta que el matrimonio sólo podía ser entre un hombre y una mujer.
Pero a continuación el noticiero presentó una escena de la franja electoral donde aparecía el candidato Piñera junto a una pareja homosexual, asegurándole que ellos tendrían todos los derechos a que aspiraban, el principal de los cuales es, como todos sabemos, el de contraer matrimonio con personas de su mismo sexo.
Y, en fin, después se anunció que el excelente proyecto de los senadores Chadwick y Longueira había sido retirado por ambos el mismo día en que fue presentado.
Todo lo bueno que había presentado el noticiero en un comienzo se había ido al diablo.
¿Qué explicación tiene todo lo anterior? Yo les voy a decir: que el Presidente piensa lo que les dijo a los matrimonios de Puente Alto, pero en la campaña presidencial él necesitaba votos, todos los votos posibles y, entre ellos, los de los homosexuales. Entonces les dijo a éstos lo que querían oír, aunque él no lo pensaba así; y posiblemente por eso muchos de ellos le dieron sus votos. Pero ahora ya él está elegido y los homosexuales no se los pueden retirar, de modo que no tiene problemas para decir lo que piensa, y lo hace.
Y los senadores Chadwick y Longueira quisieron, a su vez, ser consecuentes con lo que piensan, y presentaron su proyecto.
Pero entonces alguien les debe haber recordado a todos ellos, Presidente y senadores, algo elemental: que los homosexuales no sólo votan en las elecciones, sino también en las encuestas; y como éste es un gobierno "encuestocrático" y deseoso de tener el máximo apoyo posible (o, mejor dicho, de no seguirlo perdiendo), estos arrestos de honestidad intelectual, de andar diciendo lo que se piensa en conciencia, son una imprudencia muy grande y hará perder apoyo en las encuestas. Y por eso los senadores retiraron su moción rápidamente y no sería extraño que el Presidente hiciera en su mensaje de pasado mañana un anuncío que sea del agrado de la comunidad gay.
Esto es lo que se llama "la política". Y porque ella es así, en las encuestas los organismos formados por los políticos (los partidos) ocupan el último lugar entre todas las instituciones, en el escalafón del prestigio ciudadano.
miércoles, 18 de mayo de 2011
Chile Agradece
El lunes falleció a los 92 años, procesado por la justicia de izquierda y esperando condena, el general Herman Brady. El 11 de septiembre de 1973, como Comandante de la Guarnición de Santiago, debió allanar La Moneda y reducir al GAP (Guardia Armada Personal) de Salvador Allende, cuerpo clandestino (sus miembros usaban "chapas") e ilegal (no estaban autorizados por la ley como grupo armado) de que se rodeó ese mandatario.
Pocas semanas antes falleció el general César Raúl Benavides, quien fuera ministro del Interior y también formara parte del grupo de generales que condujo al Ejército durante el Pronunciamiento reclamado por la mayoría democrática del país e impetrado por los representantes de ésta en la Cámara de Diputados. Recuérdese que votaron por convocar a las Fuerzas Armadas y Carabineros a poner término a la situación existente los diputados de los partidos Nacional, Demócrata Cristiano, Democracia Radical e Izquierda radical.
Ambos generales, como todos sus camaradas de las diversas ramas, recibieron en 1973 el aplauso agradecido de la mayoría de los chilenos. El Acuerdo de la Cámara había detallado los peligros que acechaban a la democracia chilena, entre ellos el más inminente: el de un triunfo del ejército clandestino organizado bajo el patrocinio de la UP, con no menos de diez mil hombres en armas (contabilidad del líder socialista Altamirano) y otros tantos extranjeros (certificados por la OEA después del 11 de septiembre de 1973).
Hoy aquel aplauso se ha olvidado. Hubo un Frei Montalva I que defendía el Pronunciamiento en la prensa europea y un Frei Montalva II que, pasado el miedo, lo condenaba. Hubo un Aylwin I que ofrecía el apoyo de su partido a la Junta en enero de 1974 y un Aylwin II que "veinte años después" sometió al escarnio y la condena públicos a los militares. Los respectivos testimonios contradictorios de Aylwin I y Aylwin II quedaron inmortalizados en YouTube, para perpetua memoria.
Los que tramaban el golpe totalitario se han convertido en "víctimas" y quienes se lo impidieron en "victimarios". Un general refiere hoy en el diario digital "Chile Informa", que solicitó al Presidente de la República que los uniformados presos, que son 70, no tengan que ir esposados a los exámenes médicos que demanda su avanzada edad. Y el Presidente prometió velar por que se les quitaran las esposas al ingreso al hospital. ¡Qué maravilloso gesto de magnanimidad! ¡Qué prócer de corazón tan grande!
El abogado Marcelo Elissalde, preocupado de este tema y siempre atento al curso de los atropellos a la legalidad de que son víctimas los uniformados, nos comunica que los decesos de los generales Benavides y Brady han llevado a 11 el número de los oficiales fallecidos en condición de procesados y esperando condena. Y que, por otra parte, son ya 10 los fallecidos cumpliendo condena. Entretanto, la justicia de izquierda, que domina sin contrapeso en los tribunales, prepara otros 1.200 procesos, a raíz de los cuales, contra las leyes vigentes, ella espera condenar a muchos más uniformados y granjear al extremismo y su entorno las correspondientes indemnizaciones millonarias, que son el verdadero móvil de esta renovada inquietud judicial.
Así Chile agradece a quienes salvaron la democracia, reconstruyeron el país "desde las cenizas" (James Whelan) legadas por Allende y lo convirtieron en "la joya más preciada de la corona latinoamericana" (Bill Clinton, 1991).
Pocas semanas antes falleció el general César Raúl Benavides, quien fuera ministro del Interior y también formara parte del grupo de generales que condujo al Ejército durante el Pronunciamiento reclamado por la mayoría democrática del país e impetrado por los representantes de ésta en la Cámara de Diputados. Recuérdese que votaron por convocar a las Fuerzas Armadas y Carabineros a poner término a la situación existente los diputados de los partidos Nacional, Demócrata Cristiano, Democracia Radical e Izquierda radical.
Ambos generales, como todos sus camaradas de las diversas ramas, recibieron en 1973 el aplauso agradecido de la mayoría de los chilenos. El Acuerdo de la Cámara había detallado los peligros que acechaban a la democracia chilena, entre ellos el más inminente: el de un triunfo del ejército clandestino organizado bajo el patrocinio de la UP, con no menos de diez mil hombres en armas (contabilidad del líder socialista Altamirano) y otros tantos extranjeros (certificados por la OEA después del 11 de septiembre de 1973).
Hoy aquel aplauso se ha olvidado. Hubo un Frei Montalva I que defendía el Pronunciamiento en la prensa europea y un Frei Montalva II que, pasado el miedo, lo condenaba. Hubo un Aylwin I que ofrecía el apoyo de su partido a la Junta en enero de 1974 y un Aylwin II que "veinte años después" sometió al escarnio y la condena públicos a los militares. Los respectivos testimonios contradictorios de Aylwin I y Aylwin II quedaron inmortalizados en YouTube, para perpetua memoria.
Los que tramaban el golpe totalitario se han convertido en "víctimas" y quienes se lo impidieron en "victimarios". Un general refiere hoy en el diario digital "Chile Informa", que solicitó al Presidente de la República que los uniformados presos, que son 70, no tengan que ir esposados a los exámenes médicos que demanda su avanzada edad. Y el Presidente prometió velar por que se les quitaran las esposas al ingreso al hospital. ¡Qué maravilloso gesto de magnanimidad! ¡Qué prócer de corazón tan grande!
El abogado Marcelo Elissalde, preocupado de este tema y siempre atento al curso de los atropellos a la legalidad de que son víctimas los uniformados, nos comunica que los decesos de los generales Benavides y Brady han llevado a 11 el número de los oficiales fallecidos en condición de procesados y esperando condena. Y que, por otra parte, son ya 10 los fallecidos cumpliendo condena. Entretanto, la justicia de izquierda, que domina sin contrapeso en los tribunales, prepara otros 1.200 procesos, a raíz de los cuales, contra las leyes vigentes, ella espera condenar a muchos más uniformados y granjear al extremismo y su entorno las correspondientes indemnizaciones millonarias, que son el verdadero móvil de esta renovada inquietud judicial.
Así Chile agradece a quienes salvaron la democracia, reconstruyeron el país "desde las cenizas" (James Whelan) legadas por Allende y lo convirtieron en "la joya más preciada de la corona latinoamericana" (Bill Clinton, 1991).
martes, 17 de mayo de 2011
Un Presidente Realizado
Pleno de satisfacción, el Presidente volvió a exhibirse en el papel que más le acomoda: el de hacer realidad otra idea de la Concertación.
Ésta, desde siempre y por diversos motivos, ninguno de los cuales tiene que ver con el interés del país, había procurado privar a las fuerzas armadas de los recursos de la Ley 13.196 Reservada del Cobre, sabia normativa dictada durante el gobierno de don Jorge Alessandri. Hasta ahora la Concertación no había podido modificarla, porque siempre la derecha, con la misma visión de Alessandri, se había opuesto.
Hasta que esta última murió políticamente, como sucedió cuando apoyó y contribuyó a elegir a un Presidente que no es ni nunca ha sido de derecha, y que se ha dedicado, para emplear las palabras de "su mano derecha" (aunque debería decirse "izquierda", porque es zurdo) a "abrazar las banderas de la Concertación", tanto para triunfar en la elección como para gobernar.
La Ley Reservada del Cobre ha permitido que hoy, como lo reconocen tirios y troyanos, y gracias al aumento del precio del cobre, las fuerzas armadas de Chile hayan llegado a ser más fuertes que nunca en su historia, por comparación con las de las otras naciones que, para este efecto, interesa tener en cuenta.
Por eso hay voces en la propia Concertación que, ante el entusiasmo del ejecutor de sus políticas llamado Sebastián Piñera, ante esta, en particular, estén diciendo en voz baja que "convendría postergar la nueva ley para después de 2013". Porque, aunque muchas veces no lo parezca, algunos de los prohombres concertacionistas se preocupan realmente del interés del país y no va en la línea de éste debilitar el financiamiento de las fuerzas armadas justamente cuando se consolida un frente más amenazador que el de costumbre en el norte. Frente que, justamente cuando se torna más amenazador, suele recibir el soporte de otro que no está en el norte, como deberíamos saberlo por experiencia los chilenos. La derecha, en su condición de políticamente extinta, no dice nada, por supuesto.
Una sabia norma de sentido común aconseja que "cuando algo funciona bien, no hay que someterlo a reparaciones". La Ley Reservada del Cobre ha funcionado extremadamente bien. Los recursos van a manos de los uniformados y éstos, con la anuencia de la autoridad civil, resuelven cómo invertirlos. Y como la autoridad civil sabe menos que ellos de la materia, habitualmente accede. Por eso la Armada hizo una presentación naval espectacular, hace pocos años, en homenaje a Ricardo Lagos, sólo comparable a la del Bicentenario. Porque Lagos no interfirió en lo que deseaba tener la Armada.
Pues bien, con la ley que ahora se propone, los políticos no sólo van a interferir: se van a quedar con parte de la plata que hoy va a armamentos. Por eso el proyecto dice que la asignación para financiar las capacidades estratégicas de defensa "en ningún caso podrá ser inferior al 70 por ciento del monto promedio de la inversión en material bélico y gastos asociados financiados por la ley 13.196 (la del año 1958), Reservada del Cobre".
Es decir, ya le están recortando un 30 por ciento a la defensa, para comenzar.
Los políticos civiles están de plácemes: ahora tendrán más presupuesto. Podrán dedicar a sus proyectos populistas una parte sustanciosa de lo que antes se destinaba a fortalecer la defensa del país.
El "V Gobierno de la Concertación" está nuevamente haciendo honor a este nombre. El Presidente Piñera no ha podido hacer el anuncio con más talante de autorrealización política. Su ministro Allamand, que desde los años del frustrado "Acuerdo Nacional" de mediados de los '80 ha estado procurando acercarse a la Concertación, ha logrado hacerlo una vez más. Claro, esa inclinación le costó cara, políticamente hablando, porque el electorado de derecha era más "duro" de lo que él y Piñera creían en los '90, y por eso RN tiene tantos menos parlamentarios que la UDI. Pero ésta, últimamente, perdió esa significancia cuando renunció a ser alternativa de poder y apoyó a un candidato a Presidente que no era de sus filas ni de sus ideas.
Y ahí los tenemos: aplaudiendo y votando por esta otra (mala) idea de la Concertación, impulsada por un exultante y realizado Sebastián Piñera, que está en su elemento cumpliendo el programa del conglomerado al que realmente siempre debió pertenecer.
Ésta, desde siempre y por diversos motivos, ninguno de los cuales tiene que ver con el interés del país, había procurado privar a las fuerzas armadas de los recursos de la Ley 13.196 Reservada del Cobre, sabia normativa dictada durante el gobierno de don Jorge Alessandri. Hasta ahora la Concertación no había podido modificarla, porque siempre la derecha, con la misma visión de Alessandri, se había opuesto.
Hasta que esta última murió políticamente, como sucedió cuando apoyó y contribuyó a elegir a un Presidente que no es ni nunca ha sido de derecha, y que se ha dedicado, para emplear las palabras de "su mano derecha" (aunque debería decirse "izquierda", porque es zurdo) a "abrazar las banderas de la Concertación", tanto para triunfar en la elección como para gobernar.
La Ley Reservada del Cobre ha permitido que hoy, como lo reconocen tirios y troyanos, y gracias al aumento del precio del cobre, las fuerzas armadas de Chile hayan llegado a ser más fuertes que nunca en su historia, por comparación con las de las otras naciones que, para este efecto, interesa tener en cuenta.
Por eso hay voces en la propia Concertación que, ante el entusiasmo del ejecutor de sus políticas llamado Sebastián Piñera, ante esta, en particular, estén diciendo en voz baja que "convendría postergar la nueva ley para después de 2013". Porque, aunque muchas veces no lo parezca, algunos de los prohombres concertacionistas se preocupan realmente del interés del país y no va en la línea de éste debilitar el financiamiento de las fuerzas armadas justamente cuando se consolida un frente más amenazador que el de costumbre en el norte. Frente que, justamente cuando se torna más amenazador, suele recibir el soporte de otro que no está en el norte, como deberíamos saberlo por experiencia los chilenos. La derecha, en su condición de políticamente extinta, no dice nada, por supuesto.
Una sabia norma de sentido común aconseja que "cuando algo funciona bien, no hay que someterlo a reparaciones". La Ley Reservada del Cobre ha funcionado extremadamente bien. Los recursos van a manos de los uniformados y éstos, con la anuencia de la autoridad civil, resuelven cómo invertirlos. Y como la autoridad civil sabe menos que ellos de la materia, habitualmente accede. Por eso la Armada hizo una presentación naval espectacular, hace pocos años, en homenaje a Ricardo Lagos, sólo comparable a la del Bicentenario. Porque Lagos no interfirió en lo que deseaba tener la Armada.
Pues bien, con la ley que ahora se propone, los políticos no sólo van a interferir: se van a quedar con parte de la plata que hoy va a armamentos. Por eso el proyecto dice que la asignación para financiar las capacidades estratégicas de defensa "en ningún caso podrá ser inferior al 70 por ciento del monto promedio de la inversión en material bélico y gastos asociados financiados por la ley 13.196 (la del año 1958), Reservada del Cobre".
Es decir, ya le están recortando un 30 por ciento a la defensa, para comenzar.
Los políticos civiles están de plácemes: ahora tendrán más presupuesto. Podrán dedicar a sus proyectos populistas una parte sustanciosa de lo que antes se destinaba a fortalecer la defensa del país.
El "V Gobierno de la Concertación" está nuevamente haciendo honor a este nombre. El Presidente Piñera no ha podido hacer el anuncio con más talante de autorrealización política. Su ministro Allamand, que desde los años del frustrado "Acuerdo Nacional" de mediados de los '80 ha estado procurando acercarse a la Concertación, ha logrado hacerlo una vez más. Claro, esa inclinación le costó cara, políticamente hablando, porque el electorado de derecha era más "duro" de lo que él y Piñera creían en los '90, y por eso RN tiene tantos menos parlamentarios que la UDI. Pero ésta, últimamente, perdió esa significancia cuando renunció a ser alternativa de poder y apoyó a un candidato a Presidente que no era de sus filas ni de sus ideas.
Y ahí los tenemos: aplaudiendo y votando por esta otra (mala) idea de la Concertación, impulsada por un exultante y realizado Sebastián Piñera, que está en su elemento cumpliendo el programa del conglomerado al que realmente siempre debió pertenecer.
lunes, 16 de mayo de 2011
Ricardo I en Problemas Consigo Mismo
A. veces los políticos suelen ser sorprendidos diciendo lo que piensan. Así le sucedió ayer a Ricardo I, que se manifestó en favor de HidroAysén, expresando que es un proyecto "necesario". Esto lo aprovechó "El Mercurio" para titular con la noticia. En rigor, Ricardo I había dicho algo más sobre el proyecto: "El que sea bueno o no depende de las evaluaciones a que tenga que ser sometido". Pero, como el proyecto ya ha sido aprobado por la instancia ambiental pertinente, la condición a que el ex mandatario somete su juicio favorable ya está cumplida. Luego, según él mismo, el proyecto es bueno y "El Mercurio" tituló acertadamente.
Pero un político destacado y con pujos de candidato para el 2013 no puede andar diciendo todo lo que piensa. Ese riesgo sólo lo pueden correr columnistas y opinólogos que no son candidatos a nada. Por tanto, apenas publicadas sus declaraciones de ayer, Ricardo I tuvo que redactar apresuradamente una columna para "La Segunda" de hoy, cambiando de posición y afirmando: "En el estado en que se encuentra hoy el proyecto, hay que decir no". Es decir, ayer decía que era necesario; hoy dice que no.
Lo más notable es que, una frase antes de decir "no" al proyecto, el transitoriamente devenido columnista afirma: "No se trata de decir sí o no a HidroAysén". No se trata de eso, pero dice "no". Entonces ¿de qué se trata? Sepa Moya.
Luego añade: "lo que ahora aparece aprobado, tiene a mi juicio al menos tres deficiencias graves" y dice que: 1) no se garantiza el agua para "la agricultura que mañana va a ser indispensable en esa parte de Chile"; 2) "no es razonable decir sí a la construcción de represas cuando la línea de transmisión de la misma todavía no está aprobada"; y 3) "no debe aprobarse mientras no haya una política clara de apoyo a las Energías Renovables No Convencionales". Debería decir "no Contaminantes", supongo.
Pero lo importante es que ninguna de las tres objeciones de Ricardo I es válida: la primera, porque no hay agricultura significativa en la zona y, aunque la hubiera, en ella las lluvias son abundantísimas, de modo que el agua nunca será problema para los cultivos; la segunda, porque la línea de transmisión obviamente debe hacerse y su aprobación debe ser consecuencia de la de las represas, y no un condicionante de las mismas; y la tercera, porque nada obsta a que se construya HidroAysén y también el país se dote de ERNC, cuyos beneficios sociales bien podrían hacer aconsejables leyes de estímulo para que los particulares inviertan en las mismas. Tengo amigos que ya hoy usan la energía solar exitosamente para rebajar sus cuentas de luz, pero los medios de comunicación se preocupan poco de destacarlos.
En consecuencia, entre el Ricardo I de "El Mercurio" y el Ricardo I de "La Segunda", me quedo con el primero.
Pero un político destacado y con pujos de candidato para el 2013 no puede andar diciendo todo lo que piensa. Ese riesgo sólo lo pueden correr columnistas y opinólogos que no son candidatos a nada. Por tanto, apenas publicadas sus declaraciones de ayer, Ricardo I tuvo que redactar apresuradamente una columna para "La Segunda" de hoy, cambiando de posición y afirmando: "En el estado en que se encuentra hoy el proyecto, hay que decir no". Es decir, ayer decía que era necesario; hoy dice que no.
Lo más notable es que, una frase antes de decir "no" al proyecto, el transitoriamente devenido columnista afirma: "No se trata de decir sí o no a HidroAysén". No se trata de eso, pero dice "no". Entonces ¿de qué se trata? Sepa Moya.
Luego añade: "lo que ahora aparece aprobado, tiene a mi juicio al menos tres deficiencias graves" y dice que: 1) no se garantiza el agua para "la agricultura que mañana va a ser indispensable en esa parte de Chile"; 2) "no es razonable decir sí a la construcción de represas cuando la línea de transmisión de la misma todavía no está aprobada"; y 3) "no debe aprobarse mientras no haya una política clara de apoyo a las Energías Renovables No Convencionales". Debería decir "no Contaminantes", supongo.
Pero lo importante es que ninguna de las tres objeciones de Ricardo I es válida: la primera, porque no hay agricultura significativa en la zona y, aunque la hubiera, en ella las lluvias son abundantísimas, de modo que el agua nunca será problema para los cultivos; la segunda, porque la línea de transmisión obviamente debe hacerse y su aprobación debe ser consecuencia de la de las represas, y no un condicionante de las mismas; y la tercera, porque nada obsta a que se construya HidroAysén y también el país se dote de ERNC, cuyos beneficios sociales bien podrían hacer aconsejables leyes de estímulo para que los particulares inviertan en las mismas. Tengo amigos que ya hoy usan la energía solar exitosamente para rebajar sus cuentas de luz, pero los medios de comunicación se preocupan poco de destacarlos.
En consecuencia, entre el Ricardo I de "El Mercurio" y el Ricardo I de "La Segunda", me quedo con el primero.
domingo, 15 de mayo de 2011
El País Es Así
Se ha publicado una encuesta según la cual el 74 por ciento de los chilenos se opone a HidroAysén. Y no es una oposición "politizada" o políticamente fundada, como algunos creen, sino que es GENERAL. Es cierto que los de izquierda se oponen en mayor proporción, pero LOS DE DERECHA rechazan el proyecto en un 59 por ciento.
Y la razón es, como siempre que se logra un grado de consenso transversal y nacional tan alto, completamente equivocada: "proteger el medio ambiente".
El proyecto de HidroAysén ha sido aprobado justamente porque es la fórmula que mejor se concilia con la protección del medio ambiente, pues no provoca contaminación ni genera "huella de carbono". Además, es la forma de generación más económica.
La represa en sí no deteriora el entorno, no sólo porque ocupa una parte pequeñísima del territorio de Aysén y porque las líneas de transmisión nunca han sido un tema de molestia ciudadana (si lo hubieran sido, las propiedades de Alonso de Córdova no serían de las más caras del país), sino porque genera una represa que dará origen a un lago que en sí constituye un atractivo turístico y no representa un deterioro del paisaje.
¿Por qué el 74 por ciento de los chilenos, que van a ser beneficiados con energía más barata y limpia y que van a poder ir a comprobar "in situ" que el medio ambiente no ha sufrido deterioro, se oponen al proyecto?
Porque en Chile se forma opinión pública mediante eslóganes simplistas, voceados en desfiles callejeros violentos, los cuales son el objetivo favorito de los canales de televisión. Una imagen vale más que mil palabras. Es decir, un disparate suficientemente filmado y proyectado en las pantallas vale más que mil razones. Porque el común de la gente no se sienta a leer ni a ponderar argumentos sobre la conveniencia nacional de los proyectos, sino que se sienta ante un televisor con un paquete de papas fritas y es un conjunto de receptores pasivos de consignas que todo lo que sabe de los problemas nacionales es lo presentado en un par de minutos del noticiero de la televisión. Lo que ahí aparece es gente vociferando que se va a destruir la naturaleza de la Patagonia por simple afán de lucro de unos señores muy ricos y algo malvados, como dijo monseñor Infanti, obispo de Aysén, que se hizo parte el cliché.
Sin embargo, el proyecto de HidroAysén es tan, pero tan necesario y conveniente para el país que ni siquiera un gobernante como el que tenemos, que está dispuesto a sacrificarlo casi todo con tal de ganar popularidad, no ha podido plegarse al rechazo. Imagínense ustedes cuán grave puede llegar a ser no realizar ese proyecto, que Sebastián Piñera ha renunciado a complacer al 74 por ciento. Con eso queda dicho todo.
Pero ese porcentaje es demasiado grande. Este país es capaz de cometer ese gigantesco disparate. Una mayoría así parece irresistible.
Por eso yo siempre he dicho que el "milagro chileno" no es que se haya podido consagrar acá un modelo de economía libre pasablemente exitoso (para los cánones latinoamericanos), sino es que la mayoría de los chilenos no haya podido en veinte años echarlo a perder por completo, sino sólo parcialmente.
Bueno, ahora esa mayoría de casi los tres cuartos de la gente está probando que no quiere que las cosas dejen de empeorar, y probablemente se imponga.
El único consuelo que se puede tener es el de saber que ese 74 por ciento va a tener que pagar más por la energía eléctrica, va a vivir en un país menos competitivo y de menor desarrollo y va a ser, en general, más pobre que si se hubiera ejecutado el proyecto, y todo eso va a ser muy merecido.
Y la razón es, como siempre que se logra un grado de consenso transversal y nacional tan alto, completamente equivocada: "proteger el medio ambiente".
El proyecto de HidroAysén ha sido aprobado justamente porque es la fórmula que mejor se concilia con la protección del medio ambiente, pues no provoca contaminación ni genera "huella de carbono". Además, es la forma de generación más económica.
La represa en sí no deteriora el entorno, no sólo porque ocupa una parte pequeñísima del territorio de Aysén y porque las líneas de transmisión nunca han sido un tema de molestia ciudadana (si lo hubieran sido, las propiedades de Alonso de Córdova no serían de las más caras del país), sino porque genera una represa que dará origen a un lago que en sí constituye un atractivo turístico y no representa un deterioro del paisaje.
¿Por qué el 74 por ciento de los chilenos, que van a ser beneficiados con energía más barata y limpia y que van a poder ir a comprobar "in situ" que el medio ambiente no ha sufrido deterioro, se oponen al proyecto?
Porque en Chile se forma opinión pública mediante eslóganes simplistas, voceados en desfiles callejeros violentos, los cuales son el objetivo favorito de los canales de televisión. Una imagen vale más que mil palabras. Es decir, un disparate suficientemente filmado y proyectado en las pantallas vale más que mil razones. Porque el común de la gente no se sienta a leer ni a ponderar argumentos sobre la conveniencia nacional de los proyectos, sino que se sienta ante un televisor con un paquete de papas fritas y es un conjunto de receptores pasivos de consignas que todo lo que sabe de los problemas nacionales es lo presentado en un par de minutos del noticiero de la televisión. Lo que ahí aparece es gente vociferando que se va a destruir la naturaleza de la Patagonia por simple afán de lucro de unos señores muy ricos y algo malvados, como dijo monseñor Infanti, obispo de Aysén, que se hizo parte el cliché.
Sin embargo, el proyecto de HidroAysén es tan, pero tan necesario y conveniente para el país que ni siquiera un gobernante como el que tenemos, que está dispuesto a sacrificarlo casi todo con tal de ganar popularidad, no ha podido plegarse al rechazo. Imagínense ustedes cuán grave puede llegar a ser no realizar ese proyecto, que Sebastián Piñera ha renunciado a complacer al 74 por ciento. Con eso queda dicho todo.
Pero ese porcentaje es demasiado grande. Este país es capaz de cometer ese gigantesco disparate. Una mayoría así parece irresistible.
Por eso yo siempre he dicho que el "milagro chileno" no es que se haya podido consagrar acá un modelo de economía libre pasablemente exitoso (para los cánones latinoamericanos), sino es que la mayoría de los chilenos no haya podido en veinte años echarlo a perder por completo, sino sólo parcialmente.
Bueno, ahora esa mayoría de casi los tres cuartos de la gente está probando que no quiere que las cosas dejen de empeorar, y probablemente se imponga.
El único consuelo que se puede tener es el de saber que ese 74 por ciento va a tener que pagar más por la energía eléctrica, va a vivir en un país menos competitivo y de menor desarrollo y va a ser, en general, más pobre que si se hubiera ejecutado el proyecto, y todo eso va a ser muy merecido.
sábado, 14 de mayo de 2011
El Curso Inexorable de la Razón
Leí la interesante entrevista de hoy en la revista "Sábado" de "El Mercurio", al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y de ella selecciono un dato muy interesante: él se da por muy satisfecho de que el gasto público en salud será este año el 15 por ciento del total.
El ministro confiesa que él no es de derecha, lo cual lo hace un representante fidedigno del actual gobierno, que tampoco es de derecha, porque está presidido por un Jefe de Estado que, al igual que él, afirma no serlo.
Pero, como yo sí lo soy, simplemente saco cuentas a partir del dato del ministro y de otro dato: el de que el gasto presupuestario del presente año será de 54 mil millones de dólares. De modo que el 15 por ciento para salud representa 8.100 millones de dólares.
Como se supone que ese gasto es para atender la salud de los pobres, que oficialmente son unos dos millones y medio (pues lo no-pobres pueden adquirir un seguro de salud con su sueldo o ingreso), querría decir que cada pobre dispondría de unos 127 mil pesos mensuales para cuidar de su salud, lo cual lo haría un cliente muy apetecible para cualquier isapre... si el gobierno le diera la plata a él. Sin esperas para la atención ni para las cirugías, en clínicas eficientes y modernas. Es decir, como todo lo que nos brinda el sistema de isapres a quienes podemos pagarlo. Y estamos satisfechos con el sistema, como que el 90 por ciento de los afiliados, según se ha publicado en estos días, se declara contento del seguro de salud que le brindan las isapres.
Y conste que estamos hablando de $127 mil mensuales por persona. Un jefe de familia con señora y dos hijos podría tener un seguro de salud familiar multiplicado por cuatro, como el que tiene hoy un gerente con un sueldo de más de siete millones de pesos al mes... si el gobierno le diera la plata a él, en lugar de destinarla a la burocracia estatal del sistema público.
El curso inexorable de la razón conduce a que, mientras más aumenta el gasto público en salud, se hace más evidente que él debería ir directamente a la gente, a los pobres. Pues si ellos lo administraran podrían tener la misma salud que los ricos. Pero como los sucesivos gobiernos de los últimos veintitantos años no son de derecha, han seguido aumentado el presupuesto de la burocracia socialista estatal, sin que hayan podido solucionarse los problemas de mala atención, esperas de meses o años por una cirugía, deuda hospitalaria gigantesca, huelgas inesperadas e ilegales de los funcionarios, que dejan sin atención a la gente pobre enferma, y derroches variados por parte de la burocracia politizada del sistema público.
El curso inexorable de la razón conducirá, más temprano que tarde, a la solución lógica del problema de la salud en Chile: que el Estado entregue directamente a las familias pobres los recursos para que ellas libremente contraten un seguro de salud como el que hoy tienen la libertad de contratar los ricos.
No sé si viva para verlo, pero ya he visto durante mi vida que el curso inexorable de la razón finalmente se impone. Hace medio siglo nadie habría pensado que los "socialismos reales" iban a desaparecer, pero el curso inexorable de la razón los ha hecho, virtualmente, desaparecer. Pues los restos náufragos de los que aún restan se esfumarán muy luego.
Algún día la gente, y sobre todo los pobres, se darán cuenta de que los recursos para que puedan adquirir una excelente atención de salud para sí y sus familias existen, pero están siendo lamentablemente dilapidados por una burocracia politizada e ineficiente. Y entonces la gente votará por la solución lógica: que esos recursos vayan a manos de la gente.
Eso sólo puede impulsarlo un gobierno de derecha. No lo tenemos, pero si se mantiene el curso inexorable de la razón, lo vamos a tener. Y sin añadirse un solo peso más al gasto público en salud, el solo imperio de la libertad con que los pobres podrán administrar los recursos que el Estado les entregue para financiar un seguro de salud como el que hoy tienen los más ricos hará que esa solución finalmente se imponga.
El ministro confiesa que él no es de derecha, lo cual lo hace un representante fidedigno del actual gobierno, que tampoco es de derecha, porque está presidido por un Jefe de Estado que, al igual que él, afirma no serlo.
Pero, como yo sí lo soy, simplemente saco cuentas a partir del dato del ministro y de otro dato: el de que el gasto presupuestario del presente año será de 54 mil millones de dólares. De modo que el 15 por ciento para salud representa 8.100 millones de dólares.
Como se supone que ese gasto es para atender la salud de los pobres, que oficialmente son unos dos millones y medio (pues lo no-pobres pueden adquirir un seguro de salud con su sueldo o ingreso), querría decir que cada pobre dispondría de unos 127 mil pesos mensuales para cuidar de su salud, lo cual lo haría un cliente muy apetecible para cualquier isapre... si el gobierno le diera la plata a él. Sin esperas para la atención ni para las cirugías, en clínicas eficientes y modernas. Es decir, como todo lo que nos brinda el sistema de isapres a quienes podemos pagarlo. Y estamos satisfechos con el sistema, como que el 90 por ciento de los afiliados, según se ha publicado en estos días, se declara contento del seguro de salud que le brindan las isapres.
Y conste que estamos hablando de $127 mil mensuales por persona. Un jefe de familia con señora y dos hijos podría tener un seguro de salud familiar multiplicado por cuatro, como el que tiene hoy un gerente con un sueldo de más de siete millones de pesos al mes... si el gobierno le diera la plata a él, en lugar de destinarla a la burocracia estatal del sistema público.
El curso inexorable de la razón conduce a que, mientras más aumenta el gasto público en salud, se hace más evidente que él debería ir directamente a la gente, a los pobres. Pues si ellos lo administraran podrían tener la misma salud que los ricos. Pero como los sucesivos gobiernos de los últimos veintitantos años no son de derecha, han seguido aumentado el presupuesto de la burocracia socialista estatal, sin que hayan podido solucionarse los problemas de mala atención, esperas de meses o años por una cirugía, deuda hospitalaria gigantesca, huelgas inesperadas e ilegales de los funcionarios, que dejan sin atención a la gente pobre enferma, y derroches variados por parte de la burocracia politizada del sistema público.
El curso inexorable de la razón conducirá, más temprano que tarde, a la solución lógica del problema de la salud en Chile: que el Estado entregue directamente a las familias pobres los recursos para que ellas libremente contraten un seguro de salud como el que hoy tienen la libertad de contratar los ricos.
No sé si viva para verlo, pero ya he visto durante mi vida que el curso inexorable de la razón finalmente se impone. Hace medio siglo nadie habría pensado que los "socialismos reales" iban a desaparecer, pero el curso inexorable de la razón los ha hecho, virtualmente, desaparecer. Pues los restos náufragos de los que aún restan se esfumarán muy luego.
Algún día la gente, y sobre todo los pobres, se darán cuenta de que los recursos para que puedan adquirir una excelente atención de salud para sí y sus familias existen, pero están siendo lamentablemente dilapidados por una burocracia politizada e ineficiente. Y entonces la gente votará por la solución lógica: que esos recursos vayan a manos de la gente.
Eso sólo puede impulsarlo un gobierno de derecha. No lo tenemos, pero si se mantiene el curso inexorable de la razón, lo vamos a tener. Y sin añadirse un solo peso más al gasto público en salud, el solo imperio de la libertad con que los pobres podrán administrar los recursos que el Estado les entregue para financiar un seguro de salud como el que hoy tienen los más ricos hará que esa solución finalmente se imponga.
viernes, 13 de mayo de 2011
"Una Guitarra Eléctrica Sobre el Territorio"
Cuando en el horizonte se presenta un disparate colectivo suficientemente grande, en Chile siempre se levanta un clamor colectivo de apoyo al mismo.
Ahora es el turno de Hidroaysén. Un proyecto que: 1) Proporciona energía limpia, cosa que nadie discute; 2) Proporciona energía barata, es decir, que hace más competitiva a la producción chilena. Todos dicen que necesitamos un dólar más alto para ser más competitivos; pues bien, una rebaja del costo de la energía es lo mismo que conseguir un dólar más alto; y 3) Da trabajo y prosperidad a una zona alejada, donde hay escasas inversiones y oportunidades de empleo.
Es todo un contrasentido que los ecologistas estén en contra de Hidroaysén, pues ellos dicen luchar contra "la huella de carbono" y, si no se construye esa represa, será preciso construir otras mucho más contaminantes. Entonces, resulta que los defensores del medio ambiente, en este caso, están luchando a favor de que haya más contaminación y se empeore el medio ambiente, con alternativas que incrementarían "la huella de carbono".
Entre las cosas más absurdas que presiden este clamor absurdo contra esas centrales está la de que las líneas de transmisión cubrirán "como una gigantesca guitarra eléctrica", nuestro territorio, como alguien ha dicho. Una línea de transmisión afecta a una parte infinitesimal del territorio, así como la construcción de las centrales en los ríos Baker y Pascua afectará apenas al medio por ciento de la superficie de Aysén.
En realidad, las líneas de transmisión eléctricas no le importan a la gente. ¿Saben ustedes cuál es la calle más elegante y solicitada, posiblemente, de Santiago, tanto para el comercio como para el esparcimiento y la habitación? La avenida Alonso de Córdova, en Vitacura, "la calle de las torres". Pues está recorrida por torres de alta tensión de transmisión eléctrica. Y precisamente en ella los terrenos son los más caros y se levantan las mejores tiendas, los mejores edificios y algunos de los mejores hoteles de Santiago. ¿Podrá ser terrible para el territorio chileno lo que nunca nadie ha considerado terrible para Alonso de Córdova?
El debate sobre Hidroaysén está presidido por toda suerte de sinrrazones, lo que ha sido suficiente, siguiendo la tradiciónn chilena, para que multitudes salgan a las calles defendiendo la sinrrazón, provocando daños y destrucción.
Es la indeleble herencia de Michimalonco, que se sigue haciendo presente casi quinientos años después del legado destructivo que nos hiciera su padre fundador.
Ahora es el turno de Hidroaysén. Un proyecto que: 1) Proporciona energía limpia, cosa que nadie discute; 2) Proporciona energía barata, es decir, que hace más competitiva a la producción chilena. Todos dicen que necesitamos un dólar más alto para ser más competitivos; pues bien, una rebaja del costo de la energía es lo mismo que conseguir un dólar más alto; y 3) Da trabajo y prosperidad a una zona alejada, donde hay escasas inversiones y oportunidades de empleo.
Es todo un contrasentido que los ecologistas estén en contra de Hidroaysén, pues ellos dicen luchar contra "la huella de carbono" y, si no se construye esa represa, será preciso construir otras mucho más contaminantes. Entonces, resulta que los defensores del medio ambiente, en este caso, están luchando a favor de que haya más contaminación y se empeore el medio ambiente, con alternativas que incrementarían "la huella de carbono".
Entre las cosas más absurdas que presiden este clamor absurdo contra esas centrales está la de que las líneas de transmisión cubrirán "como una gigantesca guitarra eléctrica", nuestro territorio, como alguien ha dicho. Una línea de transmisión afecta a una parte infinitesimal del territorio, así como la construcción de las centrales en los ríos Baker y Pascua afectará apenas al medio por ciento de la superficie de Aysén.
En realidad, las líneas de transmisión eléctricas no le importan a la gente. ¿Saben ustedes cuál es la calle más elegante y solicitada, posiblemente, de Santiago, tanto para el comercio como para el esparcimiento y la habitación? La avenida Alonso de Córdova, en Vitacura, "la calle de las torres". Pues está recorrida por torres de alta tensión de transmisión eléctrica. Y precisamente en ella los terrenos son los más caros y se levantan las mejores tiendas, los mejores edificios y algunos de los mejores hoteles de Santiago. ¿Podrá ser terrible para el territorio chileno lo que nunca nadie ha considerado terrible para Alonso de Córdova?
El debate sobre Hidroaysén está presidido por toda suerte de sinrrazones, lo que ha sido suficiente, siguiendo la tradiciónn chilena, para que multitudes salgan a las calles defendiendo la sinrrazón, provocando daños y destrucción.
Es la indeleble herencia de Michimalonco, que se sigue haciendo presente casi quinientos años después del legado destructivo que nos hiciera su padre fundador.
miércoles, 11 de mayo de 2011
¿Quién Tiene el Poder?
Hoy vi los nuevos billetes de mil pesos. Otra vez, como sucedió con anteriores nuevos billetes recientemente presentados, aparece en ellos un héroe patrio al cual han despojado de su uniforme militar. ¿Quién puede desear borrar a los uniformados de la historia de Chile?
El abogado Marcelo Elissalde, que está siempre alerta, me envía un correo donde llama la atención acerca de la queja del nuevo Director del Museo de la Memoria marxista, en el sentido de que no le alcanza con los mil 500 millones de pesos que le asigna el Presupuesto Nacional para este año. A la Fundaciónb Pinochet, en cambio, el Presupuesto Nacional no le asigna nada, pese a que mantiene un museo relativo al ex Presidente y otorga becas de estudio. En realidad, los activos totales de la Fundación, aportados por particulares, son la mitad de lo que el Presupuesto le da cada año al Museo de la Memoria marxista, que legara a los sufridos contribuyentes chilenos, "atado y bien atado", el gobierno de Michelle Bachelet.
Ese museo es equivalente al que pudo haber hecho Adolfo Hitler, iniciador de la II Guerra Mundial, mostrando exclusivamente los daños inferidos a Alemania por los Aliados, presentándolos como grandes responsables de la guerra y ocultando las culpas y atrocidades de su régimen. Es que acá la historia la escriben los que quisieron destruir la democracia. Y han dejado como culpables a los que la salvaron de ellos.
El abogado Elissalde llama también la atención acerca de que los terroristas del sur han conseguido que los tribunales les quiten la protección a los "testigos protegidos", con los cuales la fiscalía pensaba probar su culpabilidad. Ya a un "testigo protegido", de cuya identidad se enteraron, sufrió represalias, fue baleado, le fue incendiada su casa y su mujer recibió una puñalada. Una "testigo protegida" que estaba dispuesta a acreditar los nexos de la terrorista "Coordinadora Arauco-Malleco" con las FARC de Colombia, ya no desea prestar testimonio. Así la "justicia" tiende un manto de impunidad al terrorismo y frustra la acción de la fiscalía. Con razón los terroristas han reanudado los incendios de fundos en el sur.
En "El Mercurio" de hoy 11.05, p. A-4, se publica un informe británico sobre el contenido del computador del fallecido líder de las FARC, Raúl Reyes, donde se deja constancia de sus nexos con el comunismo chileno y, en particular, con Lautaro Carmona, hoy diputado del PC por generosa disposición de la Concertación y, especialmente, de su ex candidato presidencial Eduardo Frei, pues los votos comunistas no alcanzaban para elegirlo.
Carmona también es recibido con sonrisas y fotografiado en La Moneda con el Presidente.
El mismo informe británico dice que un terrorista chileno del MIR ofreció a las FARC transferirles ocho toneladas de fusiles automáticos M-16 que su grupo tiene "encaletados" en el norte chileno. Son los que no se descubrieron cuando se frustró el contrabando de armas desde Cuba, en Carrizal Bajo, perpetrado por el terrorismo marxista, en 1986.
Todos los terroristas que estaban procesados en 1990 (257) fueron indultados por Patricio Aylwin, que se preocupó de poner en la picota pública a los uniformados, mediante su Informe Rettig y su famosa carta inconstitucional a la Corte Suprema impetrando que los tribunales no aplicaran la amnistía hasta dictar sentencia. Estos le obedecieron tan bien que no la aplicaron ni siquiera cuando dictaron sentencia.
Entre los 257 indultados por Aylwin había dos "lautaristas" que habían asesinado a tres detectives. Habían sido condenados a 15 y 20 años de presidio y quedaron libres. Por coincidencia, resultaron ser los mismos, entre otros, a los cuales el fiscal Peña imputó la colocación de más de cien bombas terroristas en tiempos recientes. Pero los tribunales los dejaron fuera de la cárcel y en prisión domiciliaria. Mientras estuvieron presos cesaron los atentados. Ahora que salieron de la cárcel, sintomáticamente, se reanudaron (hoy mismo, en el Banco de Chile de Vitacura).
¿Alguien diría que en un país en que suceden todas esas cosas el poder lo tiene la derecha?
El abogado Marcelo Elissalde, que está siempre alerta, me envía un correo donde llama la atención acerca de la queja del nuevo Director del Museo de la Memoria marxista, en el sentido de que no le alcanza con los mil 500 millones de pesos que le asigna el Presupuesto Nacional para este año. A la Fundaciónb Pinochet, en cambio, el Presupuesto Nacional no le asigna nada, pese a que mantiene un museo relativo al ex Presidente y otorga becas de estudio. En realidad, los activos totales de la Fundación, aportados por particulares, son la mitad de lo que el Presupuesto le da cada año al Museo de la Memoria marxista, que legara a los sufridos contribuyentes chilenos, "atado y bien atado", el gobierno de Michelle Bachelet.
Ese museo es equivalente al que pudo haber hecho Adolfo Hitler, iniciador de la II Guerra Mundial, mostrando exclusivamente los daños inferidos a Alemania por los Aliados, presentándolos como grandes responsables de la guerra y ocultando las culpas y atrocidades de su régimen. Es que acá la historia la escriben los que quisieron destruir la democracia. Y han dejado como culpables a los que la salvaron de ellos.
El abogado Elissalde llama también la atención acerca de que los terroristas del sur han conseguido que los tribunales les quiten la protección a los "testigos protegidos", con los cuales la fiscalía pensaba probar su culpabilidad. Ya a un "testigo protegido", de cuya identidad se enteraron, sufrió represalias, fue baleado, le fue incendiada su casa y su mujer recibió una puñalada. Una "testigo protegida" que estaba dispuesta a acreditar los nexos de la terrorista "Coordinadora Arauco-Malleco" con las FARC de Colombia, ya no desea prestar testimonio. Así la "justicia" tiende un manto de impunidad al terrorismo y frustra la acción de la fiscalía. Con razón los terroristas han reanudado los incendios de fundos en el sur.
En "El Mercurio" de hoy 11.05, p. A-4, se publica un informe británico sobre el contenido del computador del fallecido líder de las FARC, Raúl Reyes, donde se deja constancia de sus nexos con el comunismo chileno y, en particular, con Lautaro Carmona, hoy diputado del PC por generosa disposición de la Concertación y, especialmente, de su ex candidato presidencial Eduardo Frei, pues los votos comunistas no alcanzaban para elegirlo.
Carmona también es recibido con sonrisas y fotografiado en La Moneda con el Presidente.
El mismo informe británico dice que un terrorista chileno del MIR ofreció a las FARC transferirles ocho toneladas de fusiles automáticos M-16 que su grupo tiene "encaletados" en el norte chileno. Son los que no se descubrieron cuando se frustró el contrabando de armas desde Cuba, en Carrizal Bajo, perpetrado por el terrorismo marxista, en 1986.
Todos los terroristas que estaban procesados en 1990 (257) fueron indultados por Patricio Aylwin, que se preocupó de poner en la picota pública a los uniformados, mediante su Informe Rettig y su famosa carta inconstitucional a la Corte Suprema impetrando que los tribunales no aplicaran la amnistía hasta dictar sentencia. Estos le obedecieron tan bien que no la aplicaron ni siquiera cuando dictaron sentencia.
Entre los 257 indultados por Aylwin había dos "lautaristas" que habían asesinado a tres detectives. Habían sido condenados a 15 y 20 años de presidio y quedaron libres. Por coincidencia, resultaron ser los mismos, entre otros, a los cuales el fiscal Peña imputó la colocación de más de cien bombas terroristas en tiempos recientes. Pero los tribunales los dejaron fuera de la cárcel y en prisión domiciliaria. Mientras estuvieron presos cesaron los atentados. Ahora que salieron de la cárcel, sintomáticamente, se reanudaron (hoy mismo, en el Banco de Chile de Vitacura).
¿Alguien diría que en un país en que suceden todas esas cosas el poder lo tiene la derecha?
martes, 10 de mayo de 2011
El Precio del Pan
Cuando, en los comienzos del Gobierno Militar, se liberó el precio del pan --fue uno de los últimos en liberarse y constituyó una medida difícil y resistida, pero dictada por el bien común (pues antes, por hacer todo lo contrario, la economía del país había sido arruinada)-- la gente manifestó su descontento.
En esos años yo mantenía programas de radio y un espacio en la televisión donde comentaba la actualidad económica. Como gente del gobierno pensaba que yo explicaba bien la conveniencia social de que hubiera una economía de libre mercado y, en particular, precios libres, me pidieron hablar, en el edificio de gobierno, el Diego Portales, y en uno de sus salones más amplios, a dirigentes poblacionales y laborales, para explicarles el significado de bien común que tenía la libertad de precios.
Hice mis mejores esfuerzos, pero, cuando terminé, un dirigente tomó la palabra y, con bastante elocuencia, comentó el drama popular que significaba el alza desmedida del pan, e impetró del gobierno que lo controlara y fijara, para que no siguiera subiendo. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso general de la concurrencia, confirmatorio de que todo lo que yo había predicado había sido en vano. Y, probablemente, si en ese momento hubiera habido elecciones, los partidarios del control de precios habrían triunfado ampliamente en ellas.
Pero no hubo elecciones y, en el seno del gobierno, triunfaron los partidarios de la libertad de precios. El pan subió todo lo que tenía que subir, las familias redujeron visiblemente su consumo, se publicaron estadísticas demostrativas de que había habido un cambio de hábitos de alimentación en los hogares, reemplazando el pan por otros alimentos que no habían subido tanto, y finalmente el pan dejó de subir, porque los productores se convencieron de que la cantidad vendida iba a seguir disminuyendo si no moderaban sus alzas.
Al poco tiempo el precio del pan dejó de ser un problema. La gente aprendió que "no sólo de pan vive el hombre" y los productores se dieron cuenta de que, en los hechos, debían tener cuidado con las alzas, pues, simplemente, la gente compraba mucho menos y los ingresos de las panaderías, en vez de aumentar, disminuían.
Pero, en el corto plazo, los gobiernos pagan un precio en popularidad por no decretar controles de precios. En el largo plazo, la libertad económica garantiza mejor asignación de los recursos y mayor prosperidad, y eso les da popularidad a los gobiernos, pero son pocos los que resisten la tentación del control para evitar los perjuicios de corto plazo.
Ahora estamos viviendo de nuevo esa situación, por factores objetivos: el trigo ha incrementado su precio, los combustibles también han subido, el gobierno ha aumentado los impuestos a las empresas y otros insumos también se han encarecido. Los productores de pan, por consiguiente, han subido los precios. Pero, más temprano que tarde, los consumidores también van a reaccionar. Entonces los fabricantes se van a preocupar y las alzas se van a moderar, porque la demanda por pan va a caer.
Nadie sabe qué sucederá con el precio del trigo, pero es improbable que baje, porque los chinos y los indios están consumiendo más, gracias a que han abrazado también la economía libre; pero el petróleo ha comenzado a bajar. Luego, el alza del pan se moderará por eso y porque los consumidores habrán disminuido su consumo, y el tema de su precio dejará de ocupar los titulares y de dañar la popularidad del gobierno.
Así sucedió antes y así va a volver a suceder ahora. Lo peor sería renegar de la libertad de precios por una razón de conveniencia política de corto plazo. Querría decir que no habríamos aprendido nada de nuestra propia historia político-económica.
En esos años yo mantenía programas de radio y un espacio en la televisión donde comentaba la actualidad económica. Como gente del gobierno pensaba que yo explicaba bien la conveniencia social de que hubiera una economía de libre mercado y, en particular, precios libres, me pidieron hablar, en el edificio de gobierno, el Diego Portales, y en uno de sus salones más amplios, a dirigentes poblacionales y laborales, para explicarles el significado de bien común que tenía la libertad de precios.
Hice mis mejores esfuerzos, pero, cuando terminé, un dirigente tomó la palabra y, con bastante elocuencia, comentó el drama popular que significaba el alza desmedida del pan, e impetró del gobierno que lo controlara y fijara, para que no siguiera subiendo. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso general de la concurrencia, confirmatorio de que todo lo que yo había predicado había sido en vano. Y, probablemente, si en ese momento hubiera habido elecciones, los partidarios del control de precios habrían triunfado ampliamente en ellas.
Pero no hubo elecciones y, en el seno del gobierno, triunfaron los partidarios de la libertad de precios. El pan subió todo lo que tenía que subir, las familias redujeron visiblemente su consumo, se publicaron estadísticas demostrativas de que había habido un cambio de hábitos de alimentación en los hogares, reemplazando el pan por otros alimentos que no habían subido tanto, y finalmente el pan dejó de subir, porque los productores se convencieron de que la cantidad vendida iba a seguir disminuyendo si no moderaban sus alzas.
Al poco tiempo el precio del pan dejó de ser un problema. La gente aprendió que "no sólo de pan vive el hombre" y los productores se dieron cuenta de que, en los hechos, debían tener cuidado con las alzas, pues, simplemente, la gente compraba mucho menos y los ingresos de las panaderías, en vez de aumentar, disminuían.
Pero, en el corto plazo, los gobiernos pagan un precio en popularidad por no decretar controles de precios. En el largo plazo, la libertad económica garantiza mejor asignación de los recursos y mayor prosperidad, y eso les da popularidad a los gobiernos, pero son pocos los que resisten la tentación del control para evitar los perjuicios de corto plazo.
Ahora estamos viviendo de nuevo esa situación, por factores objetivos: el trigo ha incrementado su precio, los combustibles también han subido, el gobierno ha aumentado los impuestos a las empresas y otros insumos también se han encarecido. Los productores de pan, por consiguiente, han subido los precios. Pero, más temprano que tarde, los consumidores también van a reaccionar. Entonces los fabricantes se van a preocupar y las alzas se van a moderar, porque la demanda por pan va a caer.
Nadie sabe qué sucederá con el precio del trigo, pero es improbable que baje, porque los chinos y los indios están consumiendo más, gracias a que han abrazado también la economía libre; pero el petróleo ha comenzado a bajar. Luego, el alza del pan se moderará por eso y porque los consumidores habrán disminuido su consumo, y el tema de su precio dejará de ocupar los titulares y de dañar la popularidad del gobierno.
Así sucedió antes y así va a volver a suceder ahora. Lo peor sería renegar de la libertad de precios por una razón de conveniencia política de corto plazo. Querría decir que no habríamos aprendido nada de nuestra propia historia político-económica.
lunes, 9 de mayo de 2011
Un País Difícil
Tal vez la buena noticia para el país (aprobación de Hydroaisén) no resulte buena para el Gobierno. Unos centenares de manifestantes violentos en Coyhaique, Concepción, Valparaíso y Santiago y unos letreros de "Piñera Terrorista Ambiental" pueden transformar un logro (asegurar abastecimiento eléctrico con energía limpia, sin otro costo que inundar algunas laderas deshabitadas) en otro factor de impopularidad presidencial, en este caso inmerecida.
En otros es merecida, porque se anuncia la supresión de la cotización de salud de los jubilados y todos estos votan por el candidato, pero después resulta que muchos jubilados quedan excluidos por la "letra chica". O se anuncia un posnatal de seis meses y todas las mujeres creen que durante ese plazo tendrán un subsidio, pero después resulta que no era para todas ni menos, en particular, para el 72 por ciento de las mujeres pobres que no tienen contrato de trabajo. De nuevo había "letra chica", cuando la gente votó por la "letra grande", los anuncios y promesas de la campaña, que eran tan limpiamente absolutos.
Tal vez por eso la encuesta "Giropaís" ("La Segunda",09.05.11), dice que "el personaje menos creíble" del país es el Presidente. La interpretación es que lo ponen en ese lugar de dudoso privilegio los que creyeron en "la letra grande" y han sido excluidos por "la letra chica". Y también, desde luego, los desilusionados por el incumplimiento de la propia "letra grande", como los integrantes de la "familia militar", confiada en la promesa de que el Presidente velaría por la aplicación de las leyes en los juicios contra uniformados, cosa que no ha hecho en absoluto.
Si ya este es un país difícil de contentar, cuando más encima se le dan razones reales para el descontento se puede volver francamente desagradable. Como debe serlo para el Gobierno que, en la misma encuesta, el 55 por ciento evalúe negativamente la gestión presidencial, versus el 30 por ciento que la estima positiva. Hace un año, los porcentajes eran, respectivamente, 36 y 34 por ciento.
Y la misma encuesta señala un 45 por ciento de apoyo, como futura Presidente, a Michelle Bachelet. La sigue el ministro Laurence Golborne, con sólo 8 por ciento.
Siempre se ha sabido que es más fácil prometer que cumplir y hacer oposición que gobernar, cosa que los numerosos aspirantes a esto último suelen olvidar.
En otros es merecida, porque se anuncia la supresión de la cotización de salud de los jubilados y todos estos votan por el candidato, pero después resulta que muchos jubilados quedan excluidos por la "letra chica". O se anuncia un posnatal de seis meses y todas las mujeres creen que durante ese plazo tendrán un subsidio, pero después resulta que no era para todas ni menos, en particular, para el 72 por ciento de las mujeres pobres que no tienen contrato de trabajo. De nuevo había "letra chica", cuando la gente votó por la "letra grande", los anuncios y promesas de la campaña, que eran tan limpiamente absolutos.
Tal vez por eso la encuesta "Giropaís" ("La Segunda",09.05.11), dice que "el personaje menos creíble" del país es el Presidente. La interpretación es que lo ponen en ese lugar de dudoso privilegio los que creyeron en "la letra grande" y han sido excluidos por "la letra chica". Y también, desde luego, los desilusionados por el incumplimiento de la propia "letra grande", como los integrantes de la "familia militar", confiada en la promesa de que el Presidente velaría por la aplicación de las leyes en los juicios contra uniformados, cosa que no ha hecho en absoluto.
Si ya este es un país difícil de contentar, cuando más encima se le dan razones reales para el descontento se puede volver francamente desagradable. Como debe serlo para el Gobierno que, en la misma encuesta, el 55 por ciento evalúe negativamente la gestión presidencial, versus el 30 por ciento que la estima positiva. Hace un año, los porcentajes eran, respectivamente, 36 y 34 por ciento.
Y la misma encuesta señala un 45 por ciento de apoyo, como futura Presidente, a Michelle Bachelet. La sigue el ministro Laurence Golborne, con sólo 8 por ciento.
Siempre se ha sabido que es más fácil prometer que cumplir y hacer oposición que gobernar, cosa que los numerosos aspirantes a esto último suelen olvidar.
domingo, 8 de mayo de 2011
Nobel de la Paz Póstumo
En Chile tuvimos también terrorismo homicida, como el de Al Qaeda. Recuerdo una publicación a página entera, con los retratos de 47 miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros asesinados entre 1978 y 1986 por el terrorismo marxista del MIR y el FPMR.
De esos 47 asesinatos se había logrado identificar a los autores de 23, todos de los grupos terroristas citados. Estaban siendo juzgados en tribunales (ver detalles en mi columna del 23.07.86 en "El Mercurio"). A ninguno el gobierno del Presidente Pinochet lo mandó ejecutar como lo hiciera el Presidente Obama con el jefe terrorista Osama Bin Laden y muchos otros. Y en un caso en que un grupo de carabineros dio muerte a tres cabecillas del grupo terrorista FPMR, Parada, Guerrero y Nattino, el gobierno del Presidente Pinochet promovió la destitución de la Junta de Gobierno del representante de Carabineros, por su responsabilidad política en esa actuación de subordinados suyos, y puso los antecedentes en manos de la justicia. Los autores del triple ajusticiamiento purgan hoy cadena perpetua, y no han recibido ningún reconocimiento ni premio, como los han recibido los autores de las ejecuciones sin juicio de Bin Laden y otros.
Asimismo, durante el Gobierno Militar, las denuncias fundadas de torturas fueron entregadas a los tribunales de justicia y, así, fueron condenados en los años '70, por apremios ilegítimos, los integrantes de un "Comando de Vengadores de Mártires", que aplicaron esos apremios a subversivos. Posteriormente, el mayor de Ejército Carlos Herrera, fue condenado a presidio por iguales apremios contra un ayudista del FPMR sorprendido trasladando explosivos, el cual falleció a raíz del maltrato recibido (si bien fue llevado a un hospital por el propio Herrera, procurando salvarle la vida).
En cambio, el gobierno del Presidente Obama autoriza la tortura para obtener información (técnica del "submarino" o simulacro de asfixia bajo el agua, en Guantánamo) y también lleva a cabo la ejecución sin forma de juicio de los miembros de Al Qaeda. Esta semana lo hizo no sólo con su jefe y otros tres, sino con ocho más el jueves último, mediante misiles lanzados por un avión no tripulado en Pakistán("La Segunda", 06.05.11).
Es evidente la superioridad ética del gobierno del Presidente Pinochet sobre la del gobierno del Presidente Obama. No obstante, este último ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En cambio, el Presidente Pinochet nunca tuvo la posibilidad de acceder a un reconocimiento semejante, pese al mayor mérito moral de sus actuaciones antiterroristas por sobre las de Obama.
¿No sería de justicia, ante tales evidencias, que el Comité Nobel de Suecia considerara la posibilidad de otorgar, como un acto reparatorio de la evidente injusticia cometida, un Premio Nobel de la Paz póstumo al Presidente Pinochet?
Dejo lanzada la idea. Estoy seguro de que no caerá en el vacío. El Comité Nobel de Suecia tiene la palabra.
De esos 47 asesinatos se había logrado identificar a los autores de 23, todos de los grupos terroristas citados. Estaban siendo juzgados en tribunales (ver detalles en mi columna del 23.07.86 en "El Mercurio"). A ninguno el gobierno del Presidente Pinochet lo mandó ejecutar como lo hiciera el Presidente Obama con el jefe terrorista Osama Bin Laden y muchos otros. Y en un caso en que un grupo de carabineros dio muerte a tres cabecillas del grupo terrorista FPMR, Parada, Guerrero y Nattino, el gobierno del Presidente Pinochet promovió la destitución de la Junta de Gobierno del representante de Carabineros, por su responsabilidad política en esa actuación de subordinados suyos, y puso los antecedentes en manos de la justicia. Los autores del triple ajusticiamiento purgan hoy cadena perpetua, y no han recibido ningún reconocimiento ni premio, como los han recibido los autores de las ejecuciones sin juicio de Bin Laden y otros.
Asimismo, durante el Gobierno Militar, las denuncias fundadas de torturas fueron entregadas a los tribunales de justicia y, así, fueron condenados en los años '70, por apremios ilegítimos, los integrantes de un "Comando de Vengadores de Mártires", que aplicaron esos apremios a subversivos. Posteriormente, el mayor de Ejército Carlos Herrera, fue condenado a presidio por iguales apremios contra un ayudista del FPMR sorprendido trasladando explosivos, el cual falleció a raíz del maltrato recibido (si bien fue llevado a un hospital por el propio Herrera, procurando salvarle la vida).
En cambio, el gobierno del Presidente Obama autoriza la tortura para obtener información (técnica del "submarino" o simulacro de asfixia bajo el agua, en Guantánamo) y también lleva a cabo la ejecución sin forma de juicio de los miembros de Al Qaeda. Esta semana lo hizo no sólo con su jefe y otros tres, sino con ocho más el jueves último, mediante misiles lanzados por un avión no tripulado en Pakistán("La Segunda", 06.05.11).
Es evidente la superioridad ética del gobierno del Presidente Pinochet sobre la del gobierno del Presidente Obama. No obstante, este último ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En cambio, el Presidente Pinochet nunca tuvo la posibilidad de acceder a un reconocimiento semejante, pese al mayor mérito moral de sus actuaciones antiterroristas por sobre las de Obama.
¿No sería de justicia, ante tales evidencias, que el Comité Nobel de Suecia considerara la posibilidad de otorgar, como un acto reparatorio de la evidente injusticia cometida, un Premio Nobel de la Paz póstumo al Presidente Pinochet?
Dejo lanzada la idea. Estoy seguro de que no caerá en el vacío. El Comité Nobel de Suecia tiene la palabra.
sábado, 7 de mayo de 2011
El Pueblo Británico No Quiere Proporcionalidad
La noticia de que un proyecto de los liberal-demócratas británicos para sustituir el actual sistema electoral uninominal vigente en el Reino Unido, por otro que introduzca la proporcionalidad, haya sido ampliamente rechazado en un plebiscito, donde un un 68% votó por mantener el sistema actual, debería hacer meditar a quienes son, por autodesignación, los tutores de la democracia chilena.
En efecto, ellos han estado desde hace mucho tiempo clamando por derogar el sistema binominal y reemplazarlo por otro proporcional. Incluso, en uno de sus despliegues más notables de contorsionismo político, el entonces candidato Sebastián Piñera ofreció al Partido Comunista propiciar tal reforma, según lo reveló en 2009 el actual diputado de ese partido, Guillermo Teillier. Pues éste, aparte de cultivar vínculos con las FARC y la CAM, también dedica tiempo a estudiar la manera de que su colectividad obtenga cargos de representación popular sin tener suficientes votos, cosa que le deniega el sistema binominal pero sí podría granjearle uno proporcional. De momento, la DC y el genial Eduardo Frei se lo posibilitaron en 2009.
Por otra parte, los críticos del binominalismo consiguieron consagrar la proporcionalidad en las elecciones municipales, pero se encontraron con la sorpresa de que los resultados de las mismas no resultaron sensiblemente distintos de los que arrojaban las elecciones parlamentarias sometidas al sistema binominal. Todo cacique político, aunque tenga pocos indios, aspira a formar un partido propio, cosa que no le resulta posible bajo un sistema mayoritario, pero sí habiendo proporcionalidad. Si ésta se consagrara en las elecciones parlamentarias, a corto plazo tendríamos un mutipartidismo desatado.
El resultado del plebiscito británico revela que los anhelos de consagrar semejante sistema no son del pueblo elector, sino de los políticos profesionales y sus partidos, que siempre han preferido evitar el sufrimiento de tener que repartirse pocas candidaturas, como son las que ofrecen los sistemas mayoritarios.
Para la conveniencia de los países y la convivencia democrática son mucho más efectivos dichos sistemas, como el uninominal y el binominal, porque les dan estabilidad y orden, reducen las posibilidades negociadoras de los políticos profesionales y hacen desaparecer las posturas extremas. Unas y otras resultan maximizadas cuando hay muchos partidos, pues hasta los más pequeños entre ellos eligen cargos y pasan a ser decisivos en las votaciones parlamentarias estrechas (son el fiel de la balanza), y de este modo pueden negociar muy rentablemente.
Lo que debe reformarse en el sistema electoral no es, pues, su carácter mayoritario, sino el oligopolio que la legislación garantiza a los partidos políticos, del todo inconstitucional, porque la Carta dice que los independientes y los partidos tendrán los mismos derechos en las elecciones.
Esto, en la práctica, no es así, porque las leyes electorales no han respetado esa igualdad consagrada en el precepto constitucional y les han dado privilegios a los partidos, que les garantizan exclusividad en el manejo de la autoridad política.
Sin duda, si el sistema binominal operara simultáneamente con una legislación que diera los mismos derechos a los independientes (es decir, a cualquier ciudadano) que a los militantes de partidos y a los partidos mismos, en la presentación de candidaturas y en los escrutinios, el régimen electoral sería mucho más democrático.
Ésa debería ser la reforma electoral para perfeccionar nuestra democracia. Lamentablemente, no llegará a ser propuesta, pues nunca los partidos admitirán que siquiera se discuta un proyecto que les signifique perder el control que hoy tienen de los poderes públicos por la vía electoral.
En efecto, ellos han estado desde hace mucho tiempo clamando por derogar el sistema binominal y reemplazarlo por otro proporcional. Incluso, en uno de sus despliegues más notables de contorsionismo político, el entonces candidato Sebastián Piñera ofreció al Partido Comunista propiciar tal reforma, según lo reveló en 2009 el actual diputado de ese partido, Guillermo Teillier. Pues éste, aparte de cultivar vínculos con las FARC y la CAM, también dedica tiempo a estudiar la manera de que su colectividad obtenga cargos de representación popular sin tener suficientes votos, cosa que le deniega el sistema binominal pero sí podría granjearle uno proporcional. De momento, la DC y el genial Eduardo Frei se lo posibilitaron en 2009.
Por otra parte, los críticos del binominalismo consiguieron consagrar la proporcionalidad en las elecciones municipales, pero se encontraron con la sorpresa de que los resultados de las mismas no resultaron sensiblemente distintos de los que arrojaban las elecciones parlamentarias sometidas al sistema binominal. Todo cacique político, aunque tenga pocos indios, aspira a formar un partido propio, cosa que no le resulta posible bajo un sistema mayoritario, pero sí habiendo proporcionalidad. Si ésta se consagrara en las elecciones parlamentarias, a corto plazo tendríamos un mutipartidismo desatado.
El resultado del plebiscito británico revela que los anhelos de consagrar semejante sistema no son del pueblo elector, sino de los políticos profesionales y sus partidos, que siempre han preferido evitar el sufrimiento de tener que repartirse pocas candidaturas, como son las que ofrecen los sistemas mayoritarios.
Para la conveniencia de los países y la convivencia democrática son mucho más efectivos dichos sistemas, como el uninominal y el binominal, porque les dan estabilidad y orden, reducen las posibilidades negociadoras de los políticos profesionales y hacen desaparecer las posturas extremas. Unas y otras resultan maximizadas cuando hay muchos partidos, pues hasta los más pequeños entre ellos eligen cargos y pasan a ser decisivos en las votaciones parlamentarias estrechas (son el fiel de la balanza), y de este modo pueden negociar muy rentablemente.
Lo que debe reformarse en el sistema electoral no es, pues, su carácter mayoritario, sino el oligopolio que la legislación garantiza a los partidos políticos, del todo inconstitucional, porque la Carta dice que los independientes y los partidos tendrán los mismos derechos en las elecciones.
Esto, en la práctica, no es así, porque las leyes electorales no han respetado esa igualdad consagrada en el precepto constitucional y les han dado privilegios a los partidos, que les garantizan exclusividad en el manejo de la autoridad política.
Sin duda, si el sistema binominal operara simultáneamente con una legislación que diera los mismos derechos a los independientes (es decir, a cualquier ciudadano) que a los militantes de partidos y a los partidos mismos, en la presentación de candidaturas y en los escrutinios, el régimen electoral sería mucho más democrático.
Ésa debería ser la reforma electoral para perfeccionar nuestra democracia. Lamentablemente, no llegará a ser propuesta, pues nunca los partidos admitirán que siquiera se discuta un proyecto que les signifique perder el control que hoy tienen de los poderes públicos por la vía electoral.
viernes, 6 de mayo de 2011
El Discreto Cambio de la Justicia
Un descubrimiento que se me ha revelado patentemente en las últimas décadas es el de que la justicia está politizada en todas partes. Yo creía que lo estaba sólo en Chile, pero el juicio al ex Presidente Pinochet en Inglaterra me demostró que allá también, aunque menos que acá. Pues los jueces ingleses, politizados y todo, se preocupaban, al menos, de encontrar siquiera algún resquicio legal para probar la responsabilidad y condenar, en cambio a los de acá no les importa nada lo que digan las leyes o, a veces, hasta la verdad de los hechos, con tal de dictar sentencias condenatorias "políticamente correctas". Por ejemplo, el juez Guzmán no vacilaba en procesar, en el caso de la comitiva del general Arellano (que estudié en detalle y respecto al cual publiqué un libro), contra toda evidencia y legalidad, riéndose de la verdad, la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada. En cambio, los jueces ingleses se preocuparon de encontrar aunque fuera un solo caso que no cayera bajo la prescripción (y lo encontraron: el de un muchacho abatido por carabineros una noche en Curacautín, en diciembre de 1988, al filo de la prescripción) para inculpar a Pinochet y acceder a entregarlo a la justicia española.
En Estados Unidos, hace un quinquenio, se presentó una querella contra el ex mayor Fernández Larios (asilado allá) presentada por los familiares de un fusilado en Copiapó, en 1973. Éste había sido ejecutado por uniformados del regimiento local y sin ninguna participación de Fernández, que a la sazón se encontraba comprobadamente en Santiago. Como las pruebas de esto eran claras y yo se las había entregado a un hermano de Fernández Larios, no tuve dudas de que la justicia norteamericana no podría condenarlo. ¡Pero lo hizo! Evidentemente, la "corrección política" era tan fuerte allá como acá para imponerse sobre la verdad, la justicia y la legalidad.
Ahora, en Chile, el mismo fenómeno de la influencia política en los fallos se está registrando de manera sutil y paulatina en sentido opuesto: han sido dictadas nuevas sentencias contra uniformados, igualmente contrarias a derecho y, muchas veces, contra la verdad de los hechos, pero (un cambio muy importante) admitiendo que los uniformados víctimas de la prevaricación cumplan sus penas bajo el régimen de libertad vigilada y no en presidio.
¿Que ha sucedido? Que en el país hubo un cambio político. Ahora hay un gobernante que, si bien no cumplió su promesa de instar por conseguir que en los juicios contra uniformados se respetaran las leyes, al menos no está interesado en que sean condenados, como lo estaban los anteriores gobiernos de izquierda. Entonces los jueces siguen prevaricando igual que antes, pero con menos saña: por lo menos los ilegalmente condenados no quedan tras las rejas. Los impolutos magistrados chilenos se hacen eco de un sutil cambio político.
Claro, es verdad que ya en Chile casi nadie queda tras las rejas. Todos los procesados del "caso bombas" han dejado de estar en prisión preventiva, siendo que si alguien representa "un peligro para la seguridad de la sociedad", son ellos. Ahora están "presos" en sus hogares. (De paso, es digno de anotarse que, desde que la fiscalía empezó a operar contra ellos, dejaron de estallar bombas. ¡Aleluya!).
Ni siquiera Colombia ha podido conseguir que el comunista-FARC chileno Manuel Olate le sea extraditado, porque un juez de izquierda, lógico, rechazó la solicitud de extradición. El gobierno colombiano ha apelado ante la Corte Suprema.
De paso, como se publicó el jueves 5 en "El Mercurio", un jefe policial colombiano desplegó ante el tribunal el organigrama de los nexos de las FARC en Chile y nombró específicamente a dos diputados comunistas, Guillermo Teillier (quien en años pasados fuera el "encargado militar" de su partido) y Hugo Gutiérrez, como vinculados a dicha guerrilla. Pero, por supuesto, nadie acá hará nada al respecto. Al contrario, se considera casi natural que los comunistas estén vinculados a la guerrilla. Si yo tuviera la "experticia" computacional necesaria, insertaría aquí mismo la foto de un sonriente Sebastián Piñera en La Moneda junto a sus invitados Teillier, Gutiérrez y otro diputado del PC, Lautaro Carmona. Este último, para no desmerecer, apareció frecuentemente mencionado en los e-mails del caído jefe de las FARC, Raúl Reyes, a quien el ejército colombiano liquidó en territorio ecuatoriano como si hubiera sido un Bin Laden cualquiera.
Teillier, incluso, se ha pavoneado en la Cámara de su participación en la internación clandestina de armamento terrorista en la caleta de Carrizal Bajo, en 1986. En Chile el terrorismo de extrema izquierda goza de "carta blanca". Recordamos ahora al cabecilla del atentado de 1986 contra el Presidente Pinochet (en el cual fueron asesinados cuatro uniformados), César Bunster, departiendo en La Moneda amablemente con la entonces presidenta Bachelet. Claro, había más de algo en común en el pasado de ambos. Típico chileno: terroristas libres, militares presos.
En medio de todo esto, vaya, pues, como una buena noticia la de que se está empezando a dar el fenómeno de uniformados, siempre condenados contra la ley y la verdad de los hechos, pero ahora, al menos, con el beneficio de la "libertad vigilada". ¿Gracias a qué? A que los vientos políticos están soplando en una dirección levemente diferente de la que tenían en el pasado.
En Estados Unidos, hace un quinquenio, se presentó una querella contra el ex mayor Fernández Larios (asilado allá) presentada por los familiares de un fusilado en Copiapó, en 1973. Éste había sido ejecutado por uniformados del regimiento local y sin ninguna participación de Fernández, que a la sazón se encontraba comprobadamente en Santiago. Como las pruebas de esto eran claras y yo se las había entregado a un hermano de Fernández Larios, no tuve dudas de que la justicia norteamericana no podría condenarlo. ¡Pero lo hizo! Evidentemente, la "corrección política" era tan fuerte allá como acá para imponerse sobre la verdad, la justicia y la legalidad.
Ahora, en Chile, el mismo fenómeno de la influencia política en los fallos se está registrando de manera sutil y paulatina en sentido opuesto: han sido dictadas nuevas sentencias contra uniformados, igualmente contrarias a derecho y, muchas veces, contra la verdad de los hechos, pero (un cambio muy importante) admitiendo que los uniformados víctimas de la prevaricación cumplan sus penas bajo el régimen de libertad vigilada y no en presidio.
¿Que ha sucedido? Que en el país hubo un cambio político. Ahora hay un gobernante que, si bien no cumplió su promesa de instar por conseguir que en los juicios contra uniformados se respetaran las leyes, al menos no está interesado en que sean condenados, como lo estaban los anteriores gobiernos de izquierda. Entonces los jueces siguen prevaricando igual que antes, pero con menos saña: por lo menos los ilegalmente condenados no quedan tras las rejas. Los impolutos magistrados chilenos se hacen eco de un sutil cambio político.
Claro, es verdad que ya en Chile casi nadie queda tras las rejas. Todos los procesados del "caso bombas" han dejado de estar en prisión preventiva, siendo que si alguien representa "un peligro para la seguridad de la sociedad", son ellos. Ahora están "presos" en sus hogares. (De paso, es digno de anotarse que, desde que la fiscalía empezó a operar contra ellos, dejaron de estallar bombas. ¡Aleluya!).
Ni siquiera Colombia ha podido conseguir que el comunista-FARC chileno Manuel Olate le sea extraditado, porque un juez de izquierda, lógico, rechazó la solicitud de extradición. El gobierno colombiano ha apelado ante la Corte Suprema.
De paso, como se publicó el jueves 5 en "El Mercurio", un jefe policial colombiano desplegó ante el tribunal el organigrama de los nexos de las FARC en Chile y nombró específicamente a dos diputados comunistas, Guillermo Teillier (quien en años pasados fuera el "encargado militar" de su partido) y Hugo Gutiérrez, como vinculados a dicha guerrilla. Pero, por supuesto, nadie acá hará nada al respecto. Al contrario, se considera casi natural que los comunistas estén vinculados a la guerrilla. Si yo tuviera la "experticia" computacional necesaria, insertaría aquí mismo la foto de un sonriente Sebastián Piñera en La Moneda junto a sus invitados Teillier, Gutiérrez y otro diputado del PC, Lautaro Carmona. Este último, para no desmerecer, apareció frecuentemente mencionado en los e-mails del caído jefe de las FARC, Raúl Reyes, a quien el ejército colombiano liquidó en territorio ecuatoriano como si hubiera sido un Bin Laden cualquiera.
Teillier, incluso, se ha pavoneado en la Cámara de su participación en la internación clandestina de armamento terrorista en la caleta de Carrizal Bajo, en 1986. En Chile el terrorismo de extrema izquierda goza de "carta blanca". Recordamos ahora al cabecilla del atentado de 1986 contra el Presidente Pinochet (en el cual fueron asesinados cuatro uniformados), César Bunster, departiendo en La Moneda amablemente con la entonces presidenta Bachelet. Claro, había más de algo en común en el pasado de ambos. Típico chileno: terroristas libres, militares presos.
En medio de todo esto, vaya, pues, como una buena noticia la de que se está empezando a dar el fenómeno de uniformados, siempre condenados contra la ley y la verdad de los hechos, pero ahora, al menos, con el beneficio de la "libertad vigilada". ¿Gracias a qué? A que los vientos políticos están soplando en una dirección levemente diferente de la que tenían en el pasado.
jueves, 5 de mayo de 2011
¡Dios Bendiga a Nuestro Mundo Civilizado!
Es una suerte vivir en un mundo civilizado. Reina el respeto entre los países y entre las personas.
Si un gobierno necesita someter a proceso a alguien que ha cometido delito en su territorio, y ese alguien se encuentra en otro país, puede dirigir un exhorto al gobierno de éste para que detenga a la respectiva persona y la ponga a su disposición.
Pero, para proceder así, el gobierno solicitante necesita una orden judicial previa. Será un tribunal el que la expida, después de examinar los antecedentes y asegurarse de la legalidad de la solicitud de detención y extradición.
El país receptor de la solicitud, a su turno, procederá a la detención mediante su propia policía y después de que sus tribunales hayan aprobado la petición del primer país. Su policía deberá obrar con una orden judicial previa, para poder ingresar legalmente al domicilio del individuo buscado y proceder a detenerlo. Al hacerlo, le hará saber sus derechos y el motivo de la detención, de tal manera que pueda procurarse una adecuada defensa, en el caso de que no esté de acuerdo en ser extraditado, y un tribunal resolverá al efecto.
Si, finalmente, se declarare procedente la extradición del individuo, éste será enviado al país solicitante, donde se iniciará un juicio en su contra. Si en ese país hay una Defensoría Penal Pública, ésta se hará cargo de hacer valer los derechos del imputado, frente a la pretención de la Fiscalía de que el tribunal en lo penal lo condene. Adicionalmente, un Juez de Garantía velará por que se respeten los derechos del procesado.
Finalmente, si tras el respectivo juicio éste resulta condenado, y tras sucesivos recursos, que podrán requerir incluso la intervención y el pronunciamiento del más alto tribunal de la nación, se cumplirá la sentencia condenatoria.
Si los delitos atribuidos al individuo fueren de gravedad máxima, en algunas naciones civilizadas (cada vez menos), en que subsiste la pena de muerte, ésta le será aplicada. Pero ello se hará con las consideraciones propias de un medio humanitario.
Los restos del ajusticiado serán entregados a su familia, que procederá, entonces, a darle condigna sepultura.
"La justicia habrá sido servida". Existirá la tranquilidad de haberse cumplido todos los preceptos que garantizan tanto los derechos de la sociedad como los de la parte ofendida por el o los delitos cometidos y los del ofensor, consistentes estos últimos en ser presumido inocente hasta que se pruebe ante el tribunal lo contrario, en la posibilidad de defenderse y, finalmente, en la garantía de ser condenado legalmente.
Después de miles de años de la aparición del hombre sobre la Tierra, por fin hemos conseguido alcanzar un grado de civilización que respeta la soberanía de los países, los derechos de las personas, la legalidad de las actuaciones de los poderes públicos y el digno tratamiento de los restos de las personas condenadas a perder la vida.
¡Dios bendiga a nuestro mundo civilizado!
Si un gobierno necesita someter a proceso a alguien que ha cometido delito en su territorio, y ese alguien se encuentra en otro país, puede dirigir un exhorto al gobierno de éste para que detenga a la respectiva persona y la ponga a su disposición.
Pero, para proceder así, el gobierno solicitante necesita una orden judicial previa. Será un tribunal el que la expida, después de examinar los antecedentes y asegurarse de la legalidad de la solicitud de detención y extradición.
El país receptor de la solicitud, a su turno, procederá a la detención mediante su propia policía y después de que sus tribunales hayan aprobado la petición del primer país. Su policía deberá obrar con una orden judicial previa, para poder ingresar legalmente al domicilio del individuo buscado y proceder a detenerlo. Al hacerlo, le hará saber sus derechos y el motivo de la detención, de tal manera que pueda procurarse una adecuada defensa, en el caso de que no esté de acuerdo en ser extraditado, y un tribunal resolverá al efecto.
Si, finalmente, se declarare procedente la extradición del individuo, éste será enviado al país solicitante, donde se iniciará un juicio en su contra. Si en ese país hay una Defensoría Penal Pública, ésta se hará cargo de hacer valer los derechos del imputado, frente a la pretención de la Fiscalía de que el tribunal en lo penal lo condene. Adicionalmente, un Juez de Garantía velará por que se respeten los derechos del procesado.
Finalmente, si tras el respectivo juicio éste resulta condenado, y tras sucesivos recursos, que podrán requerir incluso la intervención y el pronunciamiento del más alto tribunal de la nación, se cumplirá la sentencia condenatoria.
Si los delitos atribuidos al individuo fueren de gravedad máxima, en algunas naciones civilizadas (cada vez menos), en que subsiste la pena de muerte, ésta le será aplicada. Pero ello se hará con las consideraciones propias de un medio humanitario.
Los restos del ajusticiado serán entregados a su familia, que procederá, entonces, a darle condigna sepultura.
"La justicia habrá sido servida". Existirá la tranquilidad de haberse cumplido todos los preceptos que garantizan tanto los derechos de la sociedad como los de la parte ofendida por el o los delitos cometidos y los del ofensor, consistentes estos últimos en ser presumido inocente hasta que se pruebe ante el tribunal lo contrario, en la posibilidad de defenderse y, finalmente, en la garantía de ser condenado legalmente.
Después de miles de años de la aparición del hombre sobre la Tierra, por fin hemos conseguido alcanzar un grado de civilización que respeta la soberanía de los países, los derechos de las personas, la legalidad de las actuaciones de los poderes públicos y el digno tratamiento de los restos de las personas condenadas a perder la vida.
¡Dios bendiga a nuestro mundo civilizado!
miércoles, 4 de mayo de 2011
Logros de las Autoridades "Políticas"
Salió la última encuesta mensual Adimark GFK y el apoyo al Presidente es el más bajo desde que asumió (41%), mientras que el rechazo (49%) es el más alto.
Como este Presidente ha arrebatado las banderas a sus adversarios, es tentador concluir que los resultados anteriores derivan de que ha perdido más apoyo entre sus partidarios del que ha ganado entre aquellos.
La idea de designar "ministros políticos" tampoco parece haber sido buena, a la luz de la misma encuesta. De partida, no creo que a la gente le parezca bien que se designe como ministros a parlamentarios. A simple vista, bajo el régimen constitucional en que vivimos eso es un resquicio legal o "una maniobra politiquera": el pueblo elige a alguien para ser legislador y resulta que termina de ministro, con el agravante de que ello genera la necesidad de "designar" reemplazante en el Parlamento. ¿No decían que los parlamentarios designados eran poco democráticos?
Todo ese jugueteo hacer desmerecer a un gobierno, sea éste de la Concertación o de la Alianza. Es decir, desprestigia a los políticos en general.
Y lo que han hecho los "ministros políticos" tampoco es convincente. El de Defensa está empeñado en modificar una de las pocas cosas que andan muy bien en el desempeño del Estado: el aporte de recursos suficientes para tener unas fuerzas armadas muy bien equipadas y preparadas. Eso es particularmente valioso y tranquilizador cuando se agitan las aguas fronterizas: se prepara una reforma constitucional en Bolivia que declara como propios territorios chilenos y se yergue la amenaza de un gobernante nacionalista extremo en Perú, declarado admirador de las políticas expansionistas de Hitler (entrevista a la periodista germano-peruana Ulrike Baader, que todo chileno preocupado de la soberanía del país debería leer).
Todos sabemos que las modificaciones de la Ley Reservada del Cobre no van a ser para aumentar ni mantener los recursos que reciben las fuerzas armadas, sino para disminuirlos.
Una norma básica del sentido común dice que cuando algo funciona bien, no hay que meterse a arreglarlo. El ministro de Defensa está precisamente haciendo eso.
Y la ministra del Trabajo está complicada con otra idea, que tampoco es propia, sino de la Concertación y, por tanto, del Presidente: la supresión de los multiruts. Hoy aparece en "El Mercurio" una carta de un académico (no de un empresario) en que explica la división de las empresas (y por lo tanto de los ruts) por necesidades naturales y de eficiencia de los modelos de negocios.
Por poner en práctica esta idea de la izquierda, que ni siquiera la Concertación mostró entusiasmo por llevar adelante, se va a ocasionar un daño a la eficiencia y la productividad de las empresas. En su afán de "abrazar las ideas de la Concertación", como confesó el brazo derecho del Presidente, Rodrigo Hinzpeter, que había sido su estrategia para triunfar, ahora se está contradiciendo las ideas propias, que subrayan la eficiencia productiva y el crecimiento.
Y, en fin, los propios "ministros políticos", quienes probablemente creyeron que como tales podrían mejorar sus índices de popularidad, tampoco han conseguido ese objetivo personal, según la encuesta Adimark GFK, pues en ella aparecen conservando virtualmente el mismo porcentaje de adhesión que cuando asumieron sus cargos (el de Defensa gana un punto y la del Trabajo mantiene su porcentaje).
En conclusión, el Presidente, a fuerza de ser "político", está en el mínimo de apoyo y el máximo de rechazo, tras haber abrazado variadas ideas de sus adversarios; y sus "ministros políticos", también empeñados en hacer realidad aspiraciones antiguas de la Concertación, no han conseguido mejorar el nivel de adhesión ciudadana, ni para el gobierno al que se incorporaron ni para sí mismos.
Parece que no sólo habría sido más consecuente, sino también más conveniente, que el Presidente hubiera basado más sus decisiones en las ideas de sus partidarios que en las de sus adversarios.
Como este Presidente ha arrebatado las banderas a sus adversarios, es tentador concluir que los resultados anteriores derivan de que ha perdido más apoyo entre sus partidarios del que ha ganado entre aquellos.
La idea de designar "ministros políticos" tampoco parece haber sido buena, a la luz de la misma encuesta. De partida, no creo que a la gente le parezca bien que se designe como ministros a parlamentarios. A simple vista, bajo el régimen constitucional en que vivimos eso es un resquicio legal o "una maniobra politiquera": el pueblo elige a alguien para ser legislador y resulta que termina de ministro, con el agravante de que ello genera la necesidad de "designar" reemplazante en el Parlamento. ¿No decían que los parlamentarios designados eran poco democráticos?
Todo ese jugueteo hacer desmerecer a un gobierno, sea éste de la Concertación o de la Alianza. Es decir, desprestigia a los políticos en general.
Y lo que han hecho los "ministros políticos" tampoco es convincente. El de Defensa está empeñado en modificar una de las pocas cosas que andan muy bien en el desempeño del Estado: el aporte de recursos suficientes para tener unas fuerzas armadas muy bien equipadas y preparadas. Eso es particularmente valioso y tranquilizador cuando se agitan las aguas fronterizas: se prepara una reforma constitucional en Bolivia que declara como propios territorios chilenos y se yergue la amenaza de un gobernante nacionalista extremo en Perú, declarado admirador de las políticas expansionistas de Hitler (entrevista a la periodista germano-peruana Ulrike Baader, que todo chileno preocupado de la soberanía del país debería leer).
Todos sabemos que las modificaciones de la Ley Reservada del Cobre no van a ser para aumentar ni mantener los recursos que reciben las fuerzas armadas, sino para disminuirlos.
Una norma básica del sentido común dice que cuando algo funciona bien, no hay que meterse a arreglarlo. El ministro de Defensa está precisamente haciendo eso.
Y la ministra del Trabajo está complicada con otra idea, que tampoco es propia, sino de la Concertación y, por tanto, del Presidente: la supresión de los multiruts. Hoy aparece en "El Mercurio" una carta de un académico (no de un empresario) en que explica la división de las empresas (y por lo tanto de los ruts) por necesidades naturales y de eficiencia de los modelos de negocios.
Por poner en práctica esta idea de la izquierda, que ni siquiera la Concertación mostró entusiasmo por llevar adelante, se va a ocasionar un daño a la eficiencia y la productividad de las empresas. En su afán de "abrazar las ideas de la Concertación", como confesó el brazo derecho del Presidente, Rodrigo Hinzpeter, que había sido su estrategia para triunfar, ahora se está contradiciendo las ideas propias, que subrayan la eficiencia productiva y el crecimiento.
Y, en fin, los propios "ministros políticos", quienes probablemente creyeron que como tales podrían mejorar sus índices de popularidad, tampoco han conseguido ese objetivo personal, según la encuesta Adimark GFK, pues en ella aparecen conservando virtualmente el mismo porcentaje de adhesión que cuando asumieron sus cargos (el de Defensa gana un punto y la del Trabajo mantiene su porcentaje).
En conclusión, el Presidente, a fuerza de ser "político", está en el mínimo de apoyo y el máximo de rechazo, tras haber abrazado variadas ideas de sus adversarios; y sus "ministros políticos", también empeñados en hacer realidad aspiraciones antiguas de la Concertación, no han conseguido mejorar el nivel de adhesión ciudadana, ni para el gobierno al que se incorporaron ni para sí mismos.
Parece que no sólo habría sido más consecuente, sino también más conveniente, que el Presidente hubiera basado más sus decisiones en las ideas de sus partidarios que en las de sus adversarios.
martes, 3 de mayo de 2011
"Cuerpos Lanzados al Mar"
La gente de izquierda se ha referido a una supuesta similitud de la conducta norteamericana de dar muerte a Osama Bin Laden y lanzar su cuerpo al mar, con alguna presunta acción del Gobierno Militar chileno de eliminar a terroristas y subversivos y hacer lo mismo con sus cuerpos.
No hay tal similitud. La verdad histórica a ese respecto ha sido alterada al gusto de la izquierda. Pero esa verdad tampoco es halagüeña para el Gobierno Militar, aunque difiera de la que han fabricado sus adversarios.
En mi libro "Terapia para Cerebros Lavados" he reproducido las resoluciones de la Junta de Gobierno que ordenaban a todos los efectivos uniformados evitar abusos contra las personas. No obstante, el mismo 11 de septiembre de 1973 se había dictado bandos que castigaban con la ejecución en el lugar de los hechos de personas sorprendidas portando armas o atacando a los uniformados. Como eso diera lugar a excesos y abusos, se dictaron posteriormente las resoluciones antes referidas, ordenando respetar los derechos de los detenidos y de la población en general.
De los dos mil y tantos muertos de que dio cuenta el Informe Rettig (que una posterior comisión "de reparación y reconciliación" hizo subir a 3.197), más de la mitad se produjeron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. En esos primeros meses hubo ejecuciones clandestinas y sin orden superior. Casos típicos fueron los producidos en la gira de la comitiva del general Arellano, en Antofagasta y Calama, durante la cual y sin conocimiento de éste, como probé documentadamente en mi libro "La Verdad del Juicio a Pinochet", se dio muerte ilegalmente a decenas de detenidos. Justamente el primer juicio a Pinochet en Chile se basó en el actuar de miembros de la citada comitiva, que procedieron por su cuenta y sin orden superior.
Tras esos casos, indeseados por la Junta y cuyo detalle ésta desconocía, se procedió a enterrar los restos de los fusilados ilegalmente, y los comandantes locales o superiores jerárquicos de quienes los cometieron no hicieron uso de sus atribuciones para castigarlos. Optaron por ordenar que los muertos fueran enterrados y atribuirlos a alzamientos o fugas inexistentes. Hechos como ésos tuvieron lugar en diferentes puntos del país, pero fueron excepcionales y nunca llegaron a conocimiento detallado de los miembros de la Junta.
En 1978 aparecieron sorpresivamente los restos de personas ejecutadas y cuyos cuerpos fueron enterrados en una mina y unos hornos abandonados en Lonquén. El hallazgo produjo conmoción nacional e internacional. Nadie sabía de esas muertes. Se abrió un proceso y se comprobó que los autores habían sido carabineros de baja graduación de un cuartel local, de cuya actuación no tenían conocimiento ni siquiera los oficiales del mismo cuartel policial. Hubo otro hallazgo de restos en la Cuesta de Barriga, sin que nadie tuviera información, salvo los que habían ejecutado a los allí enterrados.
Entonces la Junta, junto con tomar conocimiento de estas situaciones, al parecer temió que continuaran revelándose otras similares, que harían desmerecer interna e internacionalmente su imagen, y decidió llevar a cabo una investigación interna y confidencial entre todos los efectivos de las ramas armadas para que, con la garantía de impunidad que brindaba la Ley de Amnistía de 1978, revelaran cualquier caso que conocieran de ejecuciones y subsiguientes inhumaciones ilegales.
Yo he conversado con un oficial que recibió ese encargo para las localidades donde se había desempeñado en 1973, que hizo las averiguaciones correspondientes y, en virtud de ellas, encontró lugares de entierro de restos de ejecutados ilegalmente. Estos, en algunos casos, figuraban incluso en sentencias de tribunales militares de tiempo de guerra, pero los cuerpos no habían sido entregados a sus familiares.
Ahí las autoridades del Gobierno Militar tenían dos opciones: una, dar a conocer públicamente todas estas situaciones, entregar los restos a familiares, si es que la identificación de ellos era factible, y precisar públicamente todo lo sucedido, declarándolo amparado por la amnistía; o, dos, hacer desaparecer esos restos, a sabiendas de que, si bien las muertes no habían sido ordenadas por las autoridades superiores del Gobierno Militar, tal ocultamiento no sólo envolvía un acto ilegal, sino que, si llegaba a darse a conocer, resultaría lapidario para la imagen del Gobierno Militar.
Lamentablemente, éste optó por la segunda alternativa, y es una responsabilidad suya que no se puede desconocer. Así, metódicamente, se fueron desenterrando restos de ejecutados ilegalmente, y fueron lanzados al mar.
Lo único que puede decirse en defensa de la Junta es que ella no había ordenado ni deseado esas muertes. Ni siquiera las había encubierto en primera instancia, pues estaba entre las atribuciones de los comandantes de las guarniciones (y no de la Junta) haberlas evitado o, si se habían producido contra sus órdenes o sin su conocimiento, haberlas investigado y, en su caso, castigado.
Lo que quiero decir es que no hubo una política de ejecutar personas y lanzarlas al mar. Nunca hubo una orden como la que dio el presidente Obama respecto de Bin Laden y la disposición de sus restos.
Lo que hubo en Chile fue propiamente una revolución donde varias decenas de miles de uniformados se enfrentaron a dos decenas de miles de irregulares armados, y durante un breve período hubo casos en que "las instituciones no funcionaron" como lo indicaban sus propias normas y reglamentos.
Pero nunca existió una orden de ejecutar ilegalmente personas ni de, acto seguido, lanzar sus cuerpos al mar.
No hay tal similitud. La verdad histórica a ese respecto ha sido alterada al gusto de la izquierda. Pero esa verdad tampoco es halagüeña para el Gobierno Militar, aunque difiera de la que han fabricado sus adversarios.
En mi libro "Terapia para Cerebros Lavados" he reproducido las resoluciones de la Junta de Gobierno que ordenaban a todos los efectivos uniformados evitar abusos contra las personas. No obstante, el mismo 11 de septiembre de 1973 se había dictado bandos que castigaban con la ejecución en el lugar de los hechos de personas sorprendidas portando armas o atacando a los uniformados. Como eso diera lugar a excesos y abusos, se dictaron posteriormente las resoluciones antes referidas, ordenando respetar los derechos de los detenidos y de la población en general.
De los dos mil y tantos muertos de que dio cuenta el Informe Rettig (que una posterior comisión "de reparación y reconciliación" hizo subir a 3.197), más de la mitad se produjeron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. En esos primeros meses hubo ejecuciones clandestinas y sin orden superior. Casos típicos fueron los producidos en la gira de la comitiva del general Arellano, en Antofagasta y Calama, durante la cual y sin conocimiento de éste, como probé documentadamente en mi libro "La Verdad del Juicio a Pinochet", se dio muerte ilegalmente a decenas de detenidos. Justamente el primer juicio a Pinochet en Chile se basó en el actuar de miembros de la citada comitiva, que procedieron por su cuenta y sin orden superior.
Tras esos casos, indeseados por la Junta y cuyo detalle ésta desconocía, se procedió a enterrar los restos de los fusilados ilegalmente, y los comandantes locales o superiores jerárquicos de quienes los cometieron no hicieron uso de sus atribuciones para castigarlos. Optaron por ordenar que los muertos fueran enterrados y atribuirlos a alzamientos o fugas inexistentes. Hechos como ésos tuvieron lugar en diferentes puntos del país, pero fueron excepcionales y nunca llegaron a conocimiento detallado de los miembros de la Junta.
En 1978 aparecieron sorpresivamente los restos de personas ejecutadas y cuyos cuerpos fueron enterrados en una mina y unos hornos abandonados en Lonquén. El hallazgo produjo conmoción nacional e internacional. Nadie sabía de esas muertes. Se abrió un proceso y se comprobó que los autores habían sido carabineros de baja graduación de un cuartel local, de cuya actuación no tenían conocimiento ni siquiera los oficiales del mismo cuartel policial. Hubo otro hallazgo de restos en la Cuesta de Barriga, sin que nadie tuviera información, salvo los que habían ejecutado a los allí enterrados.
Entonces la Junta, junto con tomar conocimiento de estas situaciones, al parecer temió que continuaran revelándose otras similares, que harían desmerecer interna e internacionalmente su imagen, y decidió llevar a cabo una investigación interna y confidencial entre todos los efectivos de las ramas armadas para que, con la garantía de impunidad que brindaba la Ley de Amnistía de 1978, revelaran cualquier caso que conocieran de ejecuciones y subsiguientes inhumaciones ilegales.
Yo he conversado con un oficial que recibió ese encargo para las localidades donde se había desempeñado en 1973, que hizo las averiguaciones correspondientes y, en virtud de ellas, encontró lugares de entierro de restos de ejecutados ilegalmente. Estos, en algunos casos, figuraban incluso en sentencias de tribunales militares de tiempo de guerra, pero los cuerpos no habían sido entregados a sus familiares.
Ahí las autoridades del Gobierno Militar tenían dos opciones: una, dar a conocer públicamente todas estas situaciones, entregar los restos a familiares, si es que la identificación de ellos era factible, y precisar públicamente todo lo sucedido, declarándolo amparado por la amnistía; o, dos, hacer desaparecer esos restos, a sabiendas de que, si bien las muertes no habían sido ordenadas por las autoridades superiores del Gobierno Militar, tal ocultamiento no sólo envolvía un acto ilegal, sino que, si llegaba a darse a conocer, resultaría lapidario para la imagen del Gobierno Militar.
Lamentablemente, éste optó por la segunda alternativa, y es una responsabilidad suya que no se puede desconocer. Así, metódicamente, se fueron desenterrando restos de ejecutados ilegalmente, y fueron lanzados al mar.
Lo único que puede decirse en defensa de la Junta es que ella no había ordenado ni deseado esas muertes. Ni siquiera las había encubierto en primera instancia, pues estaba entre las atribuciones de los comandantes de las guarniciones (y no de la Junta) haberlas evitado o, si se habían producido contra sus órdenes o sin su conocimiento, haberlas investigado y, en su caso, castigado.
Lo que quiero decir es que no hubo una política de ejecutar personas y lanzarlas al mar. Nunca hubo una orden como la que dio el presidente Obama respecto de Bin Laden y la disposición de sus restos.
Lo que hubo en Chile fue propiamente una revolución donde varias decenas de miles de uniformados se enfrentaron a dos decenas de miles de irregulares armados, y durante un breve período hubo casos en que "las instituciones no funcionaron" como lo indicaban sus propias normas y reglamentos.
Pero nunca existió una orden de ejecutar ilegalmente personas ni de, acto seguido, lanzar sus cuerpos al mar.
lunes, 2 de mayo de 2011
Milicos Yanquis: Aplausos; Milicos Chilenos: Perpetua
Hacía tiempo que no tenía una alegría tan grande como la de esta mañana, cuando abrí el diario. La misma que tuvieron Norteamérica y Europa. Obama está orgulloso de lo que hicieron sus tropas. Ya hace años que Bill Clinton decía que había tratado por todos los medios de matar a Bin Laden, antes del 11S, y no había podido. El ministro del Interior alemán, Wolfgang Schauble, un demócrata irreprochable, proponía en 2007 el "asesinato selectivo" de terroristas. No hay dos opiniones al respecto en el "mundo civilizado". Por eso las condecoraciones esperan a los comandos norteamericanos que consumaron la hazaña.
¿Países civilizados? Tuvieron preso por más de 500 días a Augusto Pinochet en Londres por hacer lo mismo de lo cual se felicitan hoy.
Execran de los agentes chilenos que hicieron exactamente lo que ahora están celebrando. Nos condenaban cuando enfrentábamos a nuestros propios terroristas, bien armados y organizados para asesinar, poner bombas en el metro, hacer estallar autos con explosivos (aunque mataran a transeúntes inocentes); lanzar bombas "molotov" a buses de la locomoción colectiva (aunque quemaran a los pasajeros).
¡Ah, no! Eso es otra cosa completamente distinta. Ésos son "atropellos a los derechos humanos", "crímenes de lesa humanidad". Acá a los que mataron terroristas se les condenó a cadena perpetua, aunque no estuviera siquiera probado que dieron la orden de matarlos, como hay casos. ¡Y se les castiga a ellos con la Ley Antiterrorista! Que, a la vez, es considerada "excesiva" y no se aplica a los verdaderos terroristas, como los del sur.
Acá a los que cometen asesinatos y atentados se les perdona y luego indemniza, y a los que nos salvaron de ellos se les persigue con saña, contra la legalidad e, incluso, se les encierra de por vida, aunque haya pruebas de su no participación en los hechos. ¡Acá hay jueces de reconocida y antigua identificación extremista y nadie dice nada (salvo el diario digital "Chile Informa")! Al contrario, esos jueces siguen ejerciendo el terrorismo a su manera, mediante sentencias amañadas y prevaricantes, que son verdaderos atentados. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Confirma. ¡Qué otra cosa esperar de ella, si tiene mayoría de izquierda! ¿Y qué dice el Colegio de Abogados? Nada. ¡Y allí hay mayoría de derecha! Con razón mi difunto amigo Álvaro Bardón me decía que si fuera abogado iría a romper su carnet ante el edificio de los tribunales. Pero como los medios son obsecuentes con la izquierda, si Álvaro hubiera sido abogado y lo hubiera hecho ni siquiera habría aparecido en los diarios.
Pero todo eso no es lo peor. Lo peor es que, por estos lados, a quienes defienden al terrorismo se les considera "humanistas", "demócratas", "civilizados". Son "la conciencia moral". Ernesto Sábato, ex adherente del comunismo (cien millones de muertos) no tuvo problemas para devenir "conciencia moral" de la Argentina. Veamos lo que decía cuando Augusto Pinochet estaba injustamente preso en Londres, sufriendo sucesivos infartos cerebrales: "En ningún caso se debe tener compasión de Pinochet por su avanzada edad... Que se muera cuanto antes, y a ser posible de una grave enfermedad".
Esa es la "conciencia moral" de nuestro tiempo, la del doble standard, la de los criterios acomodaticios, la de que "cuando el terrorismo nos amenaza a nosotros, ¡bala con el terrorista!; cuando el problema lo sufren otros, ¡estricto respeto al debido proceso, a los derechos humanos y al estado de derecho!".
¿Países civilizados? ¡Por favor!: ¡hipócritas! ¡tartufos! ¡sepulcros blanqueados!
¿Países civilizados? Tuvieron preso por más de 500 días a Augusto Pinochet en Londres por hacer lo mismo de lo cual se felicitan hoy.
Execran de los agentes chilenos que hicieron exactamente lo que ahora están celebrando. Nos condenaban cuando enfrentábamos a nuestros propios terroristas, bien armados y organizados para asesinar, poner bombas en el metro, hacer estallar autos con explosivos (aunque mataran a transeúntes inocentes); lanzar bombas "molotov" a buses de la locomoción colectiva (aunque quemaran a los pasajeros).
¡Ah, no! Eso es otra cosa completamente distinta. Ésos son "atropellos a los derechos humanos", "crímenes de lesa humanidad". Acá a los que mataron terroristas se les condenó a cadena perpetua, aunque no estuviera siquiera probado que dieron la orden de matarlos, como hay casos. ¡Y se les castiga a ellos con la Ley Antiterrorista! Que, a la vez, es considerada "excesiva" y no se aplica a los verdaderos terroristas, como los del sur.
Acá a los que cometen asesinatos y atentados se les perdona y luego indemniza, y a los que nos salvaron de ellos se les persigue con saña, contra la legalidad e, incluso, se les encierra de por vida, aunque haya pruebas de su no participación en los hechos. ¡Acá hay jueces de reconocida y antigua identificación extremista y nadie dice nada (salvo el diario digital "Chile Informa")! Al contrario, esos jueces siguen ejerciendo el terrorismo a su manera, mediante sentencias amañadas y prevaricantes, que son verdaderos atentados. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Confirma. ¡Qué otra cosa esperar de ella, si tiene mayoría de izquierda! ¿Y qué dice el Colegio de Abogados? Nada. ¡Y allí hay mayoría de derecha! Con razón mi difunto amigo Álvaro Bardón me decía que si fuera abogado iría a romper su carnet ante el edificio de los tribunales. Pero como los medios son obsecuentes con la izquierda, si Álvaro hubiera sido abogado y lo hubiera hecho ni siquiera habría aparecido en los diarios.
Pero todo eso no es lo peor. Lo peor es que, por estos lados, a quienes defienden al terrorismo se les considera "humanistas", "demócratas", "civilizados". Son "la conciencia moral". Ernesto Sábato, ex adherente del comunismo (cien millones de muertos) no tuvo problemas para devenir "conciencia moral" de la Argentina. Veamos lo que decía cuando Augusto Pinochet estaba injustamente preso en Londres, sufriendo sucesivos infartos cerebrales: "En ningún caso se debe tener compasión de Pinochet por su avanzada edad... Que se muera cuanto antes, y a ser posible de una grave enfermedad".
Esa es la "conciencia moral" de nuestro tiempo, la del doble standard, la de los criterios acomodaticios, la de que "cuando el terrorismo nos amenaza a nosotros, ¡bala con el terrorista!; cuando el problema lo sufren otros, ¡estricto respeto al debido proceso, a los derechos humanos y al estado de derecho!".
¿Países civilizados? ¡Por favor!: ¡hipócritas! ¡tartufos! ¡sepulcros blanqueados!
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