Balance de Cierre

          En los últimos dos años he señalado un libro como el más importante del ejercicio. En 2013 fue “Procesos Sobre Violaciones de Derechos Humanos: Inconstitucionalidades, Arbitrariedades, Ilegalidades”, de Adolfo Paúl Latorre, que ha merecido varias ediciones. En 2014 fue “Veterano de Tres Guerras”, de Guillermo Párvex, que por un año y medio viene figurando entre los diez más vendidos. Y en 2015 todavía no he hecho la designación, pero me queda una hora para concretarla y he decidido que “La Tiranía de la Igualdad”, de Axel Kaiser, merece el título, porque con una sólida fundamentación doctrinaria hace pedazos al “otro modelo” que la distinguida estadista Michelle Bachelet Jeria pretende instaurar a rompe y rasga en nuestro medio y que en este momento tiene descoyuntadas a la economía y la sociedad chilenas.

          También he considerado oportuno designar al “Hombre del Año”, distinción que ha recaído en el ex conscripto Leonardo Riquelme Alarcón, según he expresado en dos medios de comunicación con los cuales colaboro. Las razones quedan expuestas en la siguiente nota que he publicado en uno de ellos, el diario "Estrategia”:

               “Propongo al ex conscripto Leonardo Riquelme Alarcón.

               “En 1986 integraba una patrulla que sorprendió a dos terroristas portando elementos altamente incendiarios y explosivos destinados a ser lanzados contra vehículos de locomoción. Cuando fueron detenidos, accidentalmente Riquelme pasó a llevar una de las botellas que llevaban, que estalló y quemó a los terroristas, uno de los cuales falleció. Un ministro de Corte investigó el caso y determinó que la causa de las quemaduras había sido casual.

               “El año pasado, violando el debido proceso y las leyes de prescripción y cosa juzgada, un ministro sumariante de izquierda reabrió el caso, basado en que dos de los once conscriptos de la patrulla cambiaron su versión de 1986 y culparon a dos oficiales. Pero los otros nueve la mantuvieron. Entonces el ministro los encarceló durante largo tiempo, junto a los oficiales. En los nuevos interrogatorios, Leonardo Riquelme Alarcón reconoció que él involuntariamente había pasado a llevar la botella explosiva, a raíz de lo cual los subversivos resultaron quemados. Con eso exculpó a los dos oficiales. Para Riquelme habría sido fácil y ventajoso culparlos. Habría quedado libre y tal vez habría obtenido una ventaja económica como la que buscaban los que cambiaron su versión. Pero eligió la honradez y la verdad, y por eso debió seguir preso, causando un grave problema a su familia, que vive de su trabajo de taxista. Hace unos días una asistente social de Gendarmería y un sujeto no identificado lo interrogaron y presionaron para obligarlo a decir que los oficiales le habían pagado, pero se negó.

               “Este ex conscripto ha mostrado mayor integridad que algunos altos mandos que se han dado vuelta la chaqueta con tal de no ser perseguidos. Fue gracias a gente como Leonardo Riquelme que se triunfó a partir de 1879 sobre el enemigo externo y a partir de 1973 sobre el enemigo interno. Si hubiera más ciudadanos como él, podríamos confiar en que en Chile todavía no todo está perdido.”

          Otro galardón que me parece adecuado discernir en este balance de cierre del año, es el de “Pasa-Piola Más Notorio", es decir, el personaje que con mayor habilidad ha logrado eludir todas las responsabilidades que le caben en circunstancias negativas para la vida nacional. La designación la merece sobradamente Sebastián Piñera, artífice de la designación de Sergio Jadue como presidente de la ANFP y que no ha pagado el más mínimo costo por las consecuencias de esa acción. Asimismo, su responsabilidad en el “caso Cascadas” llevó al controlador de esas empresas a decir, “Si Sebastián Piñera no hubiera tenido acciones de las Cascadas, no habría habido caso Cascadas”. Pues bien, dicho caso se desinfló ruidosamente ante los Tribunales, pero Piñera “pasó piola” una vez más. Y, en fin, el más ruidoso escándalo del año, con la sola excepción del caso Caval, ha sido el de las facturas y boletas irregulares utilizadas para obtener fondos de SQM para fines electorales, en el cual han caído a tierra importantes figuras del escenario político y experimentado hundimientos en las encuestas empingorotados presidenciables, no obstante lo cual ni siquiera ha tocado a Sebastián Piñera, pese a haber él extraído a través de su empresa alter ego, Bancard, cuantioso financiamiento para su campaña mediante facturas irregulares y, lo que es peor, haber desviado los fondos hacia otro de sus negocios particulares, destinándolos a pagar bonos por desempeño a los ejecutivos de otra empresa suya, nada de lo cual ha afectado en lo más mínimo sus ímpetus re-electorales. Es el “Pasa-Piola” más destacado del ejercicio, no cabe duda, y se le otorga el premio anual correspondiente.

          En este balance de cierre no puede dejar de figurar en el pasivo la pérdida que ha significado el seudo-escándalo de la colusión entre empresas del rubro papel tissue. Nunca ningún consumidor se quejó de algún abuso en ese mercado, nunca ningún productor reclamó de habérsele cerrado el acceso al mismo y variadas empresas de diversos tamaños operaban en él. Pero la Fiscalía Nacional Económica descubrió que dos empresas se pusieron de acuerdo para evitar una “guerra de precios” que habría redundado en la quiebra de una de ellas. Es decir, se coludieron para que hubiera más empresas en ese mercado y en ningún momento amenazaron la libre competencia. Ello les ha valido el público escarnio y la pérdida de más de mil millones de dólares de valor bursátil a una de ellas, derivada del desprestigio causado en el “juicio por los diarios” iniciado por los medios de comunicación. Este caso merece recibir el “Premio a la Mayor Imbecilidad Nacional”, que desde ya instauro en este blog para ser discernido anualmente, para toda iniciativa que logre crear un gran problema allí donde no había ninguno, deteriorar un mecanismo de mercado que funcionaba perfectamente y sancionar con el ludibrio universal y potencialmente terribles multas a quienes estaban satisfaciendo a los consumidores sin lesionar a otros productores.

          La definición del Premio Anual a la Imbecilidad Nacional no ha sido fácil, pues competían con él por méritos los autores de la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral, la Reforma Educacional y la Reforma Constitucional, que, en su conjunto, están llenando al país de incertidumbre, generando un largo período de caída de la inversión y del crecimiento y augurando mayores niveles de pobreza futura.

          Este Balance de Cierre concluye con una cuenta de ganancias y pérdidas que sólo arroja de las segundas y donde lo único bueno es que 2015 ha sido mejor de lo que todo el mundo prevé será 2016.

2016: Los Derechos Sociales No Existen

          La buena noticia es que a los chilenos el Gobierno les va a dar muchos “derechos sociales” en 2016; la mala es que no existen.

Desde que Milton Friedman dijo “there ain’t such a thing as a free lunch” (“no hay una cosa tal como un almuerzo gratis”) el mundo se ha dado numerosos costalazos antes de darse cuenta. Y como en Chile siempre nos hemos dado cuenta de todo después de los demás (salvo durante el Gobierno Militar, en que gracias a él nos estuvimos dando cuenta antes, debido a lo cual todos nos imitaron) ahora hemos vuelto a las andadas y a nuestra ubicación natural, es decir, a creer a pies juntillas que el almuerzo gratis existe. Estamos lanzados a consagrar “derechos sociales”, que, por supuesto, no son otra cosa que otros tantos almuerzos gratis.

Hace más de un año le oí a Hernán Büchi, en una conferencia, que un inversionista extranjero le había dicho: “Chile es el próximo Brasil y Brasil es la próxima Argentina”, a lo cual yo agregué: “Argentina es la próxima Venezuela y Venezuela es la próxima Cuba”. Bueno, han venido pasando cosas y Argentina se estaría salvando, pero Chile no: somos el próximo Brasil.

Este gran país era muy próspero y en los años ’60 hubo un “milagro brasileño”, gestado por Roberto Campos y su experimento de economía libre, bajo gobiernos militares, naturalmente. Después llegó Lula y si bien no fue todo lo malo que se creía, empezó a consagrar a diestra y siniestra “derechos sociales”, es decir, almuerzos gratis. Pero como éstos no existen y siempre alguien debe pagarlos, los pagó el Estado brasileño y, adivinen qué pasó: en el Brasil próspero del “milagro” el gasto estatal era 20% del PIB y gracias a los “derechos sociales” pasó a más del 40% del PIB, de tal manera que ahora no pueden pagarlos, están en recesión, la mayoría pide que Dilma, la sucesora de Lula, se vaya y no se ve a nadie en el horizonte que sea capaz de decirles a los brasileños que devuelvan todos sus “derechos sociales”, porque ya no hay plata para financiarlos. “El socialismo dura hasta que se le termina la plata de los demás” (M. Thatcher).

Acá vamos por el mismo camino. La universidad gratis es un disparate, porque cuando algo es gratis, se echa a perder. Mire lo que sucede con el aire, que es gratis: lo hemos echado a perder y por eso ha dejado de ser gratuito y existen los bonos de carbono que obligan a pagar por contaminar. La salud pública es teóricamente gratis y miren ustedes el resultado: un desastre, se gasta más que nunca antes en ella y eso ha servido sólo para que la clientela socialista tenga más “pegas” en los hospitales sin mejorar en nada la salud de los enfermos que, como se atienden gratis, acuden a pedir consultas hasta cuando les duele la cabeza, con el resultado de que no atienden ni siquiera a los que tienen verdaderas urgencias.

En cambio la salud privada, que es pagada, funciona bien, así como funciona bien la educación particular pagada, que acapara los mejores puntajes de la PSU precisamente porque no es “un derecho social” ni es gratis.

Vamos derecho al desastre por culpa de los “derechos sociales”. Lo peor es que el personaje mejor evaluado entre todos es Giorgio Jackson, un ferviente admirador de los almuerzos gratis y la nueva generación cree que con él los va a tener. La paradoja es que su popularidad me la debe a mí, que no creo en los derechos sociales y fui el primero en proponer que los parlamentarios se bajaran la dieta para lograr una mayor igualdad con los que ganan el sueldo mínimo. Jackson “agarró papa” y presentó una moción al efecto que, por supuesto, fue lanzada al canasto por sus colegas con una prontitud que nunca se ha visto en ninguna otra actividad parlamentaria que no consista en subirse la dieta, pero al autor le dio inmensa popularidad.

En todo caso, gracias a los “derechos sociales” o “almuerzos gratis” y más promesas de tales, ya casi nadie cree en el futuro de Chile, baja la inversión, apenas crece el producto y cada cual pega los zarpazos que puede para conseguir prebendas, generando un caos bastante generalizado.

Lo único claro es que el gobierno de los derechos sociales no se va a reelegir en 2017, si es que llega. Mi pronóstico es que no llega y ellos mismos van a buscar a alguien que le insinúe al país que los “derechos sociales” cuestan plata y la gente tiene que pagarla, deteniendo la caída cuesta abajo en la rodada. Pero de ahí a que los chilenos lo entiendan y haya un nuevo “Acuerdo de la Cámara de Diputados” todavía queda un largo trecho por recorrer.

Y así dejamos el aciago 2015 sólo para entrar a un todavía más aciago 2016.

Las Dos Retroexcavadoras

            En el primer gobierno de Michelle Bachelet, llamada ella a elegir entre la extrema izquierda y los moderados, representados respectivamente por las recetas de Francisco Vidal y Andrés Velasco, se inclinó por las segundas y terminó gozando de una alta popularidad, porque el país le reconoció haber sorteado pasablemente la crisis mundial. De paso, Velasco le hizo también un enorme favor a Piñera, pues dejó un presupuesto inflado para 2010 con un aumento del gasto sin precedentes de 16,5%, lo que le dio un tremendo impulso a la economía y la reconstrucción, permitiendo crear en ese solo año medio millón de empleos. Luego, del “millón de empleos” de que se ufana Piñera, la mitad se la debe a Velasco.

Pero ahora estamos bajo el gobierno de otra Michelle Bachelet, que se ha inclinado por las recetas más cercanas a “su corazoncito”, las de la extrema izquierda y el “otro modelo”, y cuyo vocero más consecuente es Francisco Vidal. Y, bueno, gracias a eso y otras razones Michelle Bachelet ha caído de casi 80% de popularidad de cuando era 1.0 a poco más de 25% de hoy, cuando es 2.0. Todos sus proyectos de reformas revolucionarias son minoritarios. A nadie le cabe duda de que si continúa aconsejada por Vidal, le legará a quien aspira a sucederla una segura derrota en 2017. Así lo ven claramente en el oficialismo y por eso cada vez más gente le pregunta a Lagos “cuándo va a venir a poner las cosas en orden aquí”, siendo “aquí” obviamente Morandé 80.

            Ayer sábado en “El Mercurio” el mismo Francisco Vidal, ahora vocero fidedigno de la Presidenta, le dio otro impulso a la revolución en marcha y entregó esta notable descripción de cómo se estableció el modelo de sociedad que cambió a Chile del vagón de cola del subdesarrollo al primer lugar de América Latina, modelo que el actual gobierno está demoliendo metódicamente: “La retroexcavadora del senador Quintana es un modelo para niños de pre-kinder al lado de esta otra (se refiere a las modernizaciones del Gobierno Militar) porque literalmente barrieron con todo lo que se había construido y elaborado en Chile desde la década de los 30 y en particular a partir del triunfo del Frente Popular. Barrieron con los derechos humanos, con las libertades, con la educación pública, la salud pública, la previsión y los derechos laborales, etc. Incluso, aunque llama a escándalo –pero la verdad es la verdad—retroexcavaron seres humanos (operación retiro de televisores, 1978).”

           

            Veamos. “Derechos humanos”: la extrema izquierda y el gobierno de la Unidad Popular se prepararon a tomar el poder por las armas, lo que implicaba matar a quienes se les opusieran, pero cuando los demócratas llamaron a las fuerzas armadas a enfrentar esa amenaza radical con las armas (pues si no, de haberlo podido, Jarpa, Frei Montalva, Aylwin, Bossay y demás líderes democráticos habrían optado por las vías jurídicas y constitucionales), se esparció en todo el mundo bajo el liderazgo de la URSS la especie de que enfrentar a sus armas clandestinas con las que tenía el Estado para defenderse era un “atropello a los derechos humanos”. Fue una consigna publicitariamente exitosa, pero no por eso menos falsa, porque la única manera de defender los derechos humanos de la población civil era derrotando con las armas las armas de la subversión que pretendía dar un golpe de fuerza para quedarse con el poder e imponer un sistema  esencialmente contrario a los derechos humanos, como es el del gobierno totalitario marxista-leninista.

En resumen, el Gobierno Militar salvó los derechos humanos de los chilenos.

          Sigamos con las acusaciones de Vidal: “Barrieron… con las libertades”. Al contrario, las ampliaron y restablecieron. Antes del Gobierno Militar no existían numerosas libertades que éste restableció: desde luego, la de viajar al exterior (constreñida bajo la UP porque a uno no le vendían suficientes divisas y lo obligaban a dejar un aval tributario); la de elegir sistema de salud y de previsión; la de enseñar libremente y crear universidades; la de importar y exportar libremente; la libertad de precios y la mayor libertad para contratar trabajadores y emplearse; la libertad de los trabajadores para sindicalizarse o no y para adherir o no a huelgas; la libertad de poder trabajar aunque se aprobara una huelga (ahora en vías de extinción); la libertad de afiliarse o no a gremios. La educación y la salud públicas se mantuvieron, pero dejaron de estar politizadas y en manos de dirigentes partidarios, como lo han vuelto a estar hoy.

            Pero el mayor atentado a la verdad histórica viene en la parte en que dice:  “Incluso, aunque llama a escándalo --pero la verdad es la verdad—retroexcavaron seres humanos (operación retiro de televisores, 1978).”

            Pues la verdad histórica fue que, ante un extremismo armado con un contingente de no menos de diez mil nacionales (Altamirano, secundum Politzer), “compañeros de tropas” cubanos y doce mil extranjeros ingresados clandestinamente y después documentados por la OEA, la acción militar fue severa en los primeros meses después del 11 (entre esa fecha y el fin de 1973 murió el 60% de todos los caídos bajo el Gobierno Militar, es decir unos 1.500 a manos de las fuerzas armadas y carabineros y 300 a manos de la guerrilla izquierdista). En esos meses la represión armada contaba con el apoyo expreso de Frei Montalva y Aylwin, pues el primero declaraba al ABC de Madrid que “los militares han salvado a Chile” y hacía el símil de la guerrilla de izquierda con “un cáncer que debía ser extirpado”, mientras Aylwin se negaba a criticar a los militares “desde detrás de un escritorio, pues están recibiendo el fuego”.

            Después, por supuesto, pasado el miedo todo cambió y los primeros en mudarse de bando fueron los DC. Ya hoy día lo han hecho casi todos, tanto que cuando el valiente diputado UDI Ignacio Urrutia homenajeó a Pinochet en su centenario, el diputado Bellolio, también UDI, twitteó urbi et orbi que rechazaba el homenaje “en nombre de los derechos humanos”. Cerebro lavado por la consigna. Pero en esos tiempos próximos al 11 la inmensa mayoría de la población, de los políticos y hasta de los jueces apoyaba la represión armada contra el terrorismo de izquierda, porque nadie había olvidado que el Comandante Pepe anunciaba que era preciso matar a un millón de chilenos si se quería que triunfara la revolución (entrevista a la periodista Nena Ossa). "Los extremistas nos iban a matar a todos", le decía el juez Rafael Retamal a Patricio Aylwin en 1974.

            Precisamente el decreto ley de amnistía de 1978 se dictó para poner un manto de olvido ante los atropellos de ambos bandos en los cinco años anteriores. La ironía es que se benefició exclusivamente de dicha amnistía no menos de medio millar de extremistas, mientras que después se les negó igual beneficio a todos los militares, en un proceso que está en curso desde hace años.

La ignorancia histórica de Vidal se refleja también en que la llamada “operación retiro de televisores” se debió a que, al hallarse en 1978 los restos de extremistas ejecutados en 1973 en Lonquén por carabineros rasos y civiles no identificados, ejecutados sin conocimiento de nadie, ni menos de la Junta, esta última decidió precaverse de que otros hallazgos similares fueran ocurriendo posteriormente y, bajo el amparo de la amnistía, investigó los posibles casos de ejecuciones e inhumaciones ilegales en los primeros meses después del 11; y ordenó exhumar los restos y lanzarlos al mar. Todos los nombres de esas personas fueron entregados a la Mesa de Diálogo y a los jueces investigadores de derechos humanos.

Por eso casi coincide el número de las personas cuyo destino se ignoraba con el de las personas cuyo destino ha sido determinado. Digo “casi” porque el segundo número excede al primero en seis personas, pero justamente en los últimos dos años han reaparecido seis supuestos “desaparecidos” que, según se ha revelado en cada caso, simplemente se habían marchado del país o habían muerto en circunstancias ajenas a cualquier represión.

En todo caso, si hubo una retroexcavadora anterior a la actual, es un hecho que nos cambió de los últimos lugares del escalafón latinoamericano a los primeros; y que precisamente la actual, la del senador Quintana, amenaza retrotraernos a la infausta ubicación en que estábamos hasta el 10 de septiembre de 1973. Por suerte, una evidente mayoría de los chilenos de hoy parece no desearlo.

Dos Rectificaciones y Una Jornada con los Muertos-Vivos

          “Setting the record straight”, como dice “Time” (aunque no siempre lo cumple, como cuando publicaba falsedades sobre el Gobierno Militar chileno): este blog, cuando se equivoca, debe repararlo, y anteayer sugerí que si MB daba un paso al costado después del 11 de marzo y el Congreso designaba a Lagos como su sucesor para “ordenar las cosas aquí” (según él dice que le pide la gente) éste podría después presentarse como alternativa presidencial al mal mayor para el país, Sebastián Piñera. Pues bien, me equivoqué: la Constitución impide que el designado por el Congreso se presente como candidato. Luego, debería ser otro, para que Lagos pueda presentarse como “mal menor” y salir elegido con, entre otros votos, el mío, si la alternativa fuere Piñera.

          Hecha la rectificación, puedo informar que ayer pasé unas horas en Punta Peuco, con los militares que salvaron al país del golpe armado marxista y que Chile, en agradecimiento, ha confinado ilegalmente en un penal, en la mayoría de los casos de por vida, porque ya son octogenarios o casi y las penas impuestas por los jueces de izquierda que querían llegar a la Suprema (la mayoría lo logró) son absurdamente largas y exceden de su expectativa de vida.

          El comandante (r) Cáceres, de la Armada, condenado a cinco años y un día por un delito inventado por la sala penal de Juica y Cía., el de “no haber estado ahí”, me abrazó, apoyándose en su bastón y comentamos, una vez más su “delito”. Pues yo me había burlado de las numerosas condenas a militares por el solo hecho de “haber estado ahí”, sin probarles ningún ilícito. Pero Cáceres había sido ya trasladado del cuartel Ancla 2 cuando estuvo detenido allí en 1973 un extremista entrenado en Cuba que después murió. La sala penal, integrada por el abogado Luis Bates, redactor del fallo, condenó a cinco oficiales en virtud de una “ficción jurídica”, como la que, con tanta gracia, confesara el juez Solís en TV, y les aumentó la pena remitida de 541 días con que venían de primera instancia y Apelaciones, a cinco años y un día efectivos, acogiendo lo solicitado en el recurso de casación interpuesto por el Departamento de DD. HH. del Ministerio del Interior del mayor perseguidor de los salvadores de Chile, Sebastián Piñera.

          También debo dejar constancia de otra rectificación, que me formuló el suboficial (r) de Carabineros, Gamaliel Soto, cuya condena a diez años y un día le fue impuesta, comenté yo en columna de hace unos meses, por el “delito” de  haber trasladado a un matrimonio de médicos miristas hace más de cuarenta años, de una comisaría a un cuartel de la FACH, entregándolos sanos y salvos. El ministro Carlos Cerda, haciendo méritos para ascender a la Suprema (lo que logró) le impuso diez años de condena al suboficial, referí yo. Pues bien, debo rectificar eso: el suboficial (r) me refirió que él ni siquiera trasladó al matrimonio, al cual conocía por residir en la misma ciudad, sino que se limitó a atenderlo, proporcionándole alimentación y abrigo, en el cuartel policial. Quien trasladó a la pareja fue personal de la FACH. Así es que la figura penal por la cual cumple diez años y un día es la de “proporcionar alimentación y abrigo a un matrimonio extremista”. Hecha esta segunda rectificación.

          Mientras yo recibía estos antecedentes, en las proximidades yacía con sus muletas al lado otro preso octogenario que, me dijeron, estaba afectado de cáncer terminal (¿Lorena Fries hará algo por sus derechos humanos?). Finalmente no alcancé a acercarme a él porque se me aproximaron numerosos presos políticos para que les firmara libros míos que les llevé de regalo y cuya lectura, espero, no les agrave las penosas condiciones de cumplimiento de sus penas.

          Terminada la visita, me reafirmé en la mala opinión que tengo del país actual y de la mayoría de sus habitantes. Y ella cae a sus niveles más bajos cuando visito a los presos políticos de Punta Peuco, sobre todo al leer que hay un trío de mujeres odiosas (Michelle Bachelet, Isabel Allende y Javiera Blanco, autora del famoso e ilegal úkase “los violadores de derechos humanos no tienen derecho a beneficios penitenciarios”), discurriendo alguna fórmula para trasladarlos a una cárcel peor e incrementar sus injustas penalidades.

          

Piñera Ya Compró la Elección

          Nadie desmintió la noticia de que Piñera se reunió con los cien más sólidos candidatos a alcalde de la derecha en sus oficinas de la Fundación “Avanza Piñera” (nombre real, pues el oficial es “Avanza Chile”), les entregó una carpeta y un pendrive con las características de sus respectivas comunas, y les dijo otras cosas que no es difícil imaginar en cuanto al apoyo a sus campañas.

          Es una parte del precio de compra de su campaña para la reelección presidencial, la cual corre con enorme ventaja sobre las demás porque, primero, se presenta como alternativa a la devastación que ha provocado la Nueva Mayoría, todos cuyos proyectos emblemáticos tienen apoyo minoritario en la opinión pública, según las encuestas y, por consiguiente, si un candidato se limita a decir que no los va a llevar adelante y va a dejar las cosas como están, ya tiene asegurada la mayoría; segundo, las faltas a la probidad, reales o supuestas, de los demás posibles candidatos son similares a las de Piñera, pero a ellos los afectan y a éste no: ME-O cayó 17 punto en la encuesta CEP, tras comprobarse que recibió dineros mediante boletas y facturas objetadas de SQM, mientras Piñera, que recibió similares dineros mediante similares boletas y facturas, no cayó nada. Esto es porque los medios destacan lo de ME-O y silencian lo de Piñera. Pregúnteme usted cómo lo hace. Y porque la fiscalía ha actuado en el caso del primero y no en el del segundo. Tercero, porque todos los candidatos en la elección municipal van a “jugar a ganador” durante sus campañas y van a querer aparecer en la foto con el que tenga más adhesión en la encuestas (y sea, creíblemente, quien más los va a ayudar económicamente en sus campañas). ¿Quién podrá ser ése?

          El “país real”, a todo esto, está ya en un estado de que cualquier cosa es mejor que el gobierno que tiene. Basta leer la página A-2 de “El Mercurio” de hoy, en que se manifiestan los dos más grandes problemas reales de los chilenos: la delincuencia y la salud. Una chilena que vive en el extranjero manifiesta que no ha podido dejar atrás el miedo que da vivir en un país asolado por los asaltos y el desorden. Es que, simplemente, ya no hay gobierno. La puerta giratoria torna a máxima velocidad. El Registro Civil se declara en paro ilegal y perjudica a centenares de miles de personas impunemente, pero no pasa nada y premian a los huelguistas ilegales. Los funcionarios de la DGAC hacen lo mismo y la gente desesperada por los vuelos suspendidos tiene que pagar millones por un “chárter” y arreglárselas como pueda, mientras la autoridad no toma medida alguna contra los trasgresores, y también termina también premiándolos. Simplemente, ya no hay gobierno.

          Y el doctor Juan Kehr Soto, del Hospital San Juan de Dios, nos revela la realidad de la salud pública estatizada: nunca se había gastado más recursos, pero nunca había habido más esperas y faltas de atención de los pacientes, porque la plata se la han gastado en contratar más funcionarios y hacer nuevas oficinas que no aportan nada a la salud de los enfermos. Es decir, el socialismo lucra sin medida a costa del presupuesto. Pero en la misma página dos adalides de la salud estatal como “derecho social”, la doctora Vivienne Bachelet y el abogado Fernando Atria, claman por que de una vez por todas el desastre del San Juan de Dios se haga extensivo a todos los hospitales del país "y se termine el lucro". Es un chiste.

          Frente al caos la gente dice, entonces, “denme cualquier cosa, aunque sea Piñera”; y éste se da cuenta de que el país está en liquidación y puede comprar barata su Presidencia. ¿Qué son para él diez o veinte millones de dólares si tiene dos mil quinientos, y aquellos los va a gastar “ad maiorem gloriam” de sí mismo?

          Todo lo demás es paja picada. Su VI Gobierno de la Concertación está ad portas. Salvo que la Concertación propiamente tal se ponga las pilas y decida que el caos actual la va a mandar cambiar otra vez y esto debe terminar, de modo que, cumplidos dos años de Michelle Bachelet, le pida a ésta dar un paso al costado, haga elegir a Lagos para que restablezca la autoridad por el resto del período y después lo presente a él como candidato, al cual ciertamente no le va a faltar financiamiento, porque no va a tener que “pedir que le den”, como decía un antiguo radical, sino que simplemente lo van a poner “donde haiga”.

          Sería la única alternativa a la compra por Piñera.

Más de Cuarenta Años Después

          Cuando Juanito Guzmán Tapia, de triste memoria y habiendo sido entusiasta partidario de la Junta Militar (tanto que en Talca, donde era juez durante el GM, le pidió a Lucía Pinochet que su padre, que visitaba la ciudad, le autografiara una foto donde salían juntos), sometió a proceso sin ninguna prueba ni ley que lo respaldara, al general Pinochet, en diciembre de 2000, se hizo famoso en todo el mundo. Pero el mundo ha sido ingrato con él y lo ha relegado a un merecido olvido. “¡Justicia divina!” habría exclamado Julio Martínez.

En ese tiempo recibí un llamado de la BBC de Londres para que aceptara una entrevista televisada sobre el procesamiento. Accedí y entonces mi interlocutor inglés quiso saber cuáles iban a ser mis opiniones y se las adelanté: haría ver la inocencia del ex Presidente y su ninguna vinculación con los hechos, pues en dos de las cuatro ciudades donde habían tenido lugar los fusilamientos de octubre de 1973, que se le imputaba a su general-delegado, éste no había estado al perpetrarse los mismos; y en las otras dos, donde sí estaba, él había sido por completo ajeno a los hechos. Pero pasado un rato me volvieron a llamar de la BBC diciéndome que ya no se interesaban por la entrevista. Sólo estaban dispuestos a divulgar una versión condenatoria de Pinochet.

Ya me había sucedido en 1978, cuando, siendo yo director de “La Segunda”, un equipo de la BBC llenó mi oficina de reflectores, cámaras y micrófonos para una prolongada entrevista sobre la situación chilena, destinada a exhibirse en un programa de alta audiencia. Sin sorpresa me enteré después de que no había sido incluida, aunque sí lo fueron, “para salvar la cara”, las de los defensores con argumentos más débiles en favor del GM. Ésa es la forma en que los medios de comunicación se arreglan para presentar “las dos versiones”. Recuerdo que los camarógrafos británicos, cuando abandonaron mi oficina de “La Segunda”, me endilgaron sendas miradas asesinas, pero no me importó, porque ya estaba acostumbrado a la odiosidad de los izquierdistas chilenos. Años después, en 1983, visité la BBC a invitación del gobierno británico y justamente me tocó asistir al mismo programa en que mi entrevista había sido excluida. Y entonces aproveché de preguntarle al director por qué no habían utilizado mi entrevista cuando años antes habían tenido como tema al GM chileno. Su respuesta, con una sonrisa, fue: “Facts of life” (“hechos de la vida”).

La izquierda procede siempre así. Cuando un nutrido panel de profesores y periodistas me entrevistó hace pocos años, también durante más de una hora, en preparación del documental izquierdista “El Diario de Agustín”, hice una defensa sustantiva de la conducta de “El Mercurio” durante 1973-90. Como conozco al periodismo de izquierda (Allende les decía que “no debían defender la verdad, sino la revolución”) no me hacía ilusiones en el sentido de que finalmente fueran a incluir mi participación, que restaba base a la tesis descalificatoria que inspiraba al documental. Por tanto, cuando vi este último no me sorprendió que mi participación hubiera sido suprimida por completo.

Con la misma vocación de velar por la verdad histórica, el año 2000 me hice un especialista en el juicio a Pinochet, que la izquierda bautizó como “Caravana de la Muerte”, designación que ahora usan por igual la izquierda, el centro y la derecha, como es costumbre en Chile. De la misma manera que nadie conoce por su nombre la Ley de Defensa de la Democracia, con que González Videla se defendió del golpismo comunista en los años ’40, sino que le dicen “Ley Maldita”, el nombre que le dieron los comunistas, casi no hay derechista que ahora no repita la consigna de “violaciones a los derechos humanos”, implantada por el KGB desde el mismo 11 de septiembre de 1973 en todo el mundo para condenar la defensa que el GM hizo contra la conspiración armada marxista y por preciso encargo de la mayoría democrática chilena, encargo específicamente formulado, entre otros, por el Presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, y por el Presidente del PDC, Patricio Aylwin, quien después crucificó a los militares ante la faz del país y del mundo, mediante su engendro antijurídico y político denominado Comisión Rettig.

En estos días el Poder Judicial, funcional al atropello sistemático del debido proceso, de la Constitución y de las leyes, ha fallado, por fin, el episodio “Antofagasta” de la “Caravana de la Muerte”. Yo había pronosticado hace años que esta causa nunca iba a ser fallada, porque era tan patente la absoluta ausencia de responsabilidad de Pinochet y su general-delegado en esas muertes, que ningún juez iba a poder dejar constancia de ella en una sentencia, y por lo tanto, no se iba a pronunciar ninguna. Pero ese pronóstico estaba fundado en mi inveterada ingenuidad: yo pensaba que ningún hombre honesto iba a poder concluir que Pinochet y Arellano tenían alguna responsabilidad, pues conocía y conozco el caso como pocos, tanto que en 2001 escribí un libro basado en él y que por largas semanas fue de los más vendidos, “La Verdad del Juicio a Pinochet”, fundado exclusivamente en piezas del proceso. 

Bueno, ahora todos sabemos que ni la ley ni la verdad les importan un comino a nuestros jueces en los procesos contra militares. Y por eso recién la muy desprestigiada sala penal de la Corte Suprema no sólo ha condenado ahora a los responsables de los fusilamientos de Antofagasta, a los cuales debió haber reconocido las eximentes de responsabilidad de cosa juzgada (lo fue en 1986), amnistía y prescripción, sino que también se ha burlado olímpicamente de la verdad, siendo la más inamovible y comprobada en el proceso que el comandante del regimiento y el general-delegado estaban durmiendo en la casa habitación del primero cuando un grupo insubordinado de oficiales medios perpetró, sin orden ni conocimiento de ambos, los catorce fusilamientos inicuos de presos que se hallaban en la cárcel de la ciudad.

         Pero estamos viviendo el tiempo más oscuro de la judicatura chilena y este fallo se añade como otro jalón negro a tan aciago período. En una época en que se adultera casi todo en Chile, la Corte Suprema se hace parte en ese estado de cosas y falsea, una vez más, la verdad y la legalidad. 

Evaluación Neta de Personajes Públicos

          De acuerdo con la encuesta CEP publicada ayer, la evaluación neta de personajes públicos (opiniones positivas y muy positivas, menos opiniones negativas y muy negativas) da el siguiente orden de popularidad (no he visto publicado este cálculo en ningún medio):

     1) Giorgio Jackson                                        +18

2        2)    Manuel José Ossandón                           + 6

3        3)    Isabel Allende y José M. Insulza            +  5

5       5)    Ricardo Lagos Escobar                           +  4

6       6)    Sebastián Piñera                                    +  3

7       7)    Marco Enríquez-Ominami                       + 1

8       8)  Michelle Bachelet y Andrés Velasco        -  2

1     10)  Jorge Burgos                                           -  3

1     11)  Francisco Chahuán                                 -  4

1     12)  Andrés Allamand y R. Lagos Weber       -  9

1     14) Nicolás Eyzaguirre y Lily Pérez               -10

              

1     16) Carolina Tohá e Ignacio Walker              -13

1     18) Alberto Espina                                         -16

1     19) Felipe Kast y Patricio Walker                  -17

2     21) Cristián Monckeberg                               -20

2     22) Marco Antonio Núñez                             -23

2     23) Guido Girardi                                          -26

2    24) Evelyn Matthei                                        -27

2    25) Camilo Escalona y Camila Vallejo         -31

2    27) Guillermo Teillier                                    -33

2    28) Osvaldo Andrade y Jaime Quintana      -35

3    30) Hernán Larraín                                       -39

3    31) Jorge Pizarro                                          -45     

Estupidez Sin Fronteras

          Érase un país en que funcionaba muy bien el mercado del papel tissue. Los que querían comprar confort, servilletas, pañuelos y toda la línea de productos tissue podían hacerlo en la más amplia variedad y a diversos precios, desde los más finos hasta los más baratos que se venden por metro en los persas. Y los que querían importarlo o producirlo también podían hacerlo, tanto que un pequeño empresario que tiene una máquina para cuarenta toneladas anuales declaró estar comprando otra para producir el doble, gracias a lo bien que le está yendo.

          Entonces el Estado supo que hace diez o quince años un productor mediano de tissue había recurrido al principal oferente diciéndole que estaba incurriendo en pérdidas y al borde de la ruina, porque no podía sostener una guerra de precios contra él, y que quebraría salvo que se pusieran de acuerdo en un nivel de sustentación. El mayor productor accedió, no deseando liquidar a la empresa menor ni causar un perjuicio a sus dueños, y llegaron a un acuerdo civilizado. Pero como la ley decía que ese acuerdo era un delito penado con cárcel, lo hicieron discretamente. El gobierno de la época, pese a ser socialista (Lagos), comprendió que encarcelar a los que llegaran a acuerdos que mantuvieran los mercados libres y funcionando sin guerras de precios ni depredaciones de los mayores oferentes a expensas de los menores, era un error y derogó la pena de cárcel, dejando la sanción por ponerse de acuerdo en una mera multa.

          Naturalmente, cuando el Estado supo de la colusión, inmediatamente actuó e hizo lo que mejor sabe hacer el Estado, que es crear problemas donde no los hay. Por algo Reagan dijo que el Estado “ES el problema”. Y los medios de comunicación, sabedores de que la estupidez “vende”, armaron entonces el correspondiente “escándalo de la colusión”. Los que habían llegado a un acuerdo civilizado fueron crucificados en la plaza pública por la prensa, pese a que nadie nunca había reclamado por sufrir algún perjuicio o abuso en ese mercado, porque todos compraban y vendían contentos en un medio libre y abierto a las importaciones y la competencia. Entonces también se despertaron todos los apetitos de quienes siempre están dispuestos a “hacer leña del árbol caído” y hasta un alcalde se querelló, cobrando de vuelta por un supuesto sobreprecio, por el papel tissue que su municipio había comprado durante muchos años. Y la sociedad entera reclamó por la reposición de la pena de cárcel a quienes se coludieran, de modo que el Gobierno y los parlamentarios presentaron mensajes y mociones de ley al efecto.

          O sea, donde todo estaba bien, todo pasó a estar mal. En los “juicios por los diarios” se emitió sentencia condenatoria y la consigna “colusión” pasó a ser un sambenito con el que deben cargar ahora de por vida personas que tenían el más merecido prestigio por su hombría de bien y capacidad empresarial.

          Lo peor es que la estupidez humana no reconoce fronteras, así es que cuando en el Perú y en Colombia leyeron que en Chile se había desatado el “escándalo del papel tissue”, producto que en ambos países venden sucursales de las empresas chilenas del ramo, se lanzaron también contra ellas. Intentaron hacerlo en Brasil, pero en ese país gigante impera más el sentido común y se negaron a coparticipar de la cacería de brujas, asegurando que allá andaba “tudo bem” y “ótimo”, y han dejado a las empresas tranquilas.

          Dicen que Einstein declaró una vez que había dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero que sólo estaba seguro respecto de la segunda.

          De modo que en Chile ahora tenemos para años con el “escándalo de la colusión” y los correspondientes juicios, que han causado daños multimillonarios, superando los mil millones de dólares sólo por concepto de pérdida de valor bursátil de la Papelera. Pero como el mercado del papel tissue funcionaba y funciona bien y era y es libre y abierto, que es lo único que debería socialmente importar, todo después va a continuar igual, tras haber pagado el enorme costo de los daños infligidos por el Estado y las ganancias de dudosa moralidad que van a obtener abogados y clientes dedicados a explotar la brecha negativa abierta por una mala ley, que castiga conductas perfectamente razonables.

          ¿O alguien cree que los “escándalos de las farmacias” o “de los pollos”, han alterado en lo más mínimo las conductas en esos mercados, que siguen funcionando muy bien, es decir, igual que antes de ludibrio público, con la única diferencia de que los acuerdos razonables ahora son tácitos y los dueños de Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand; y los polleros Vial, Ariztía y Covarrubias ahora miran para otro lado cuando ven venir al otro, para que un fiscal de “la libre competencia” no se vaya a querellar de nuevo contra ellos por haberlos pillado guiñándose mutuamente un ojo?

          El otro día en mi casa se produjo una grave emergencia en un abastecimiento que no voy a detallar por temor a que intervenga el Estado y eche todo a perder. Era sábado a las ocho de la noche y no hallábamos a quién recurrir. Entonces un hijo mío abrió Google y encontró alguien que decía estar listo para remediar la emergencia. Lo llamamos y anunció que llegaría en 45 minutos, tiempo al cabo del cual se presentó un joven petimetre en un auto deportivo descapotable y dijo que podía solucionar el problema a cambio de 80 mil pesos, lo cual aceptamos. Entonces se fue a comprar repuestos y materiales y antes de una hora había solucionado la emergencia a satisfacción nuestra y, después de recibido el pago, también suya.

El mercado libre siempre tiene la solución. Por ahora Google no ha sido intervenido en Chile por el Estado, aunque seguramente a algún diputado o diputada comunista se le va a ocurrir hacerlo y el Gobierno de Bachelet lo va a intervenir, porque los que crean que no lo va a hacer “no me conocen” y entonces vamos a perder otro espacio de libertad y eficiencia. Y el “escándalo de Google”, que “funciona al margen de toda regulación” se va a extender pronto más allá de las fronteras, porque es sabido que la estupidez humana no las reconoce.

          Hasta entonces.

          

Un País Abusado

          Un pintor de izquierda, Mario Toral, que es particularmente contumaz en su insistencia por propagar ideas revolucionarias a través de sus obras, fue encargado hace más de veinte años de pintar murales gigantes a costa, naturalmente, de una empresa del Estado, el Metro, para sus estaciones. Corría 1994 y pretendió expresar la historia reciente del país en la estación Neptuno mediante una versión izquierdista y falsa del “caso Quemados”, pero el gobierno de Frei Ruiz Tagle tuvo en tal momento la prudencia de impedir ese abuso del arte con fines de propaganda política y falseando la verdad. Seguramente se fundó en que ocho años antes la justicia había determinado que los protagonistas de “caso Quemados” habían corrido la suerte de todos conocida por una circunstancia accidental y debido a los artefactos incendiarios que ellos mismos portaban para quemar a otros. Por eso no parecía adecuado presentar en un lugar público una pintura que exhibía una versión, además de politizada, falsa, achacándole al Gobierno Militar (que por entonces todavía era llamado así y no “dictadura”) la muerte de Rojas y las lesiones de Quintana.

          Pero, naturalmente, éste hoy ya no es el país de 1994 ni el presidente es democratacristiano. Hoy vivimos en un país desorientado y convulso y la gobernante es una izquierdista extrema, devenida militante socialista sólo después de haber militado en el PAIS, conglomerado revolucionario formado en 1989 en torno al Partido Comunista. Para no hablar de su anterior vinculación al MIR y al FPMR (biografía suya de Andrea Inzunza y Javier Ortega).

          Entonces Mario Toral ha logrado que Metro, empresa pública que, en teoría “se debe a todos los chilenos por igual”, destine amplios recursos para volver a pintar el mural con el diseño que incluye su particular y falsa versión del “caso Quemados”. “Fue un hecho terrorista –dice el pintor– un ataque a la maravilla que es el cuerpo humano. Como lo que he hecho toda mi vida es pintar cuerpos, es lo que más me caló hondo por la injusticia y la gravedad dramática de este hecho”.

          ¡Qué abuso a costa de la verdad y la buena fe de los chilenos! Justamente en momentos en que el intento de reaprovechamiento político del mismo caso por parte del Gobierno ha permitido, muy contra su voluntad (“no hay mal que por bien no venga”) confirmar la verdad de lo ocurrido, que es precisamente todo lo contrario de lo que el politizado pintor de murales ha dejado plasmado a alto costo y a expensas del Metro: Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana portaban artefactos explosivos e incendiarios para emplearlos contra vehículos de locomoción y personas que viajaran en  su interior. Es decir, se preparaban para perpetrar atentados terroristas. Y cuando fueron, afortunadamente para la población inocente, interceptados por una patrulla, resultaron quemados por una situación fortuita corroborada por numerosos testigos. Ha quedado comprobado que si el caso se reabrió fue sólo por el intento de una persona de obtener un beneficio económico al divulgar una versión que culpaba a oficiales de Ejército de las quemaduras, pero todo ha terminado aclarándose, porque el resto de los ex conscriptos de la patrulla ha mantenido su versión de hace 29 años, lo que constituye una señal de que todavía se puede tener fe en la integridad de la mayoría de los chilenos que sólo viven de su trabajo, como son los ex conscriptos.

          El mural falso, llamado “Memoria de una Nación”, se exhibirá en la estación Universidad de Chile y es un abuso más a expensas de la verdad y de los recursos de una empresa pública. Una vergüenza más.

          Como la que debería también darnos al enterarnos de que Galvarino Apablaza, uno de los convictos por el asesinato del senador Jaime Guzmán y ex jefe de la asociación ilícita terrorista del PC, el FPMR, quien está hoy asilado en Argentina, se ha presentado al respectivo consulado chileno a cobrar un “bono” extra de un millón de pesos que el Gobierno y el Congreso dispensaron a todo el entorno de la izquierda guerrillera, la cual ya antes se benefició de pensiones vitalicias (lo que se ha prestado para los mayores abusos, que están siendo investigados por los tribunales) gracias a la dadivosa Comisión Valech. No contentos los casi treinta mil beneficiarios de esas pensiones, demandaron un bono adicional de diez millones de pesos. Como algunos se encontraran en huelga de hambre para obtenerlo, se dictó una ley otorgándole un millón a cada uno, a título de nada. Y resulta ahora que entre las “víctimas” de supuestos malos tratos y apremios está el cabecilla del grupo armado terrorista del PC que asoló al país en los ‘80. Porque pocos recuerdan hoy las inserciones de varias páginas completas que aparecían en los principales diarios de 1986 con los retratos de medio centenar de uniformados caídos a manos del MIR, el FPMR y otros entes guerrilleros de extrema izquierda. Las publicaciones daban cuenta de que en casi todos los casos en que los asesinos habían sido identificados, éstos contaban con la defensa judicial de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, a cargo del obispo Sergio Valech, que posterior y explicablemente fue llamado por Ricardo Lagos para formar una comisión que repartiera las cerca de treinta mil pensiones a los que fueron a relatarle supuestos malos tratos recibidos de los agentes encargados de combatir el terrorismo armado de extrema izquierda.

          ¿Quiere saber usted por qué hoy más que nunca antes el país se siente víctima de la delincuencia y el terrorismo? Bueno, vaya a ver los murales financiados con platas estatales que hacen la apología de los terroristas y entérese de los beneficios económicos de que éstos gozan y que pueden cobrar legalmente aunque hayan sido los jefes de asociaciones ilícitas terroristas y tengan las manos manchadas con la sangre de un senador chileno.

          Cárcel ilegal para quienes combatieron la violencia armada. Homenajes públicos y prebendas para los que la practicaron. ¿Resultado? Chile 2015.

El VI Gobierno de la Concertación

          Sebastián Piñera ya compró su reelección. Es el único que tiene dinero para una campaña en forma y hay una sola cosa en que está dispuesto a gastarlo: en sí mismo. Y lo está haciendo. En forma relativamente silenciosa ya reclutó a los cien mejores candidatos a alcaldes de la oposición: a cada uno le dio una carpeta y un pendrive con todos los antecedentes de su respectiva comuna, cuidadosamente reunidos por la Fundación “Avanza Piñera”, nombre real, pues el oficial pero no auténtico es “Avanza Chile”.

La aceptación silenciosa de cada carpeta y pendrive constituyó un juramento “in péctore” de cada aspirante de apoyar la candidatura presidencial de Piñera.

No puede desecharse que también hayan recibido carpetas y pendrives algunos candidatos a alcaldes de la Nueva Mayoría, pero eso no se ha publicado ni se va a publicar. No importa que algunos de éstos después derroten en la elección a otros que también los han recibido; lo que importa es que todos trabajen por Piñera.

          Éste ocupa la “pole position” en la carrera presidencial, acerca de la cual hay una sola cosa segura: que el candidato de la Nueva Mayoría va a perder. El gobierno de ésta ha sido tan malo que el único término realmente descriptivo de su gestión es bastante extremo: ha “descuajeringado” al país. Las encuestas son claras para expresar el rechazo mayoritario a sus políticas. Tal vez desde que el general Ibáñez fue elegido con su simbólica escoba en 1952, con casi una mayoría absoluta (no había segunda vuelta entonces), nunca el descontento general había sido tan mayoritario. En la Nueva Mayoría se han dado cuenta y por eso no sería de extrañar una maniobra extraordinaria y de emergencia, a la cual yo he asignado una probabilidad no baja, de renuncia bastante poco voluntaria (e inducida por sus propios partidarios) de la Presidenta, tras completar su segundo año de mandato, es decir, cuando ya sea posible la designación por una amplia mayoría parlamentaria de un reemplazante, que podría ser Ricardo I, como Presidente provisional y para administrar el caos generado por el reformismo marxista revolucionario y la completa falta de autoridad ante el delito y el terrorismo rampantes que vivimos hoy.

Esta salida no le gustaría nada a Piñera, naturalmente, porque posicionaría a Lagos muy bien para 2017 y éste concitaría una gran apoyo en todos los sectores del espectro y en particular entre la numerosa “familia militar”, tan arteramente traicionada por Piñera, que se quedó con sus votos en 2009 merced a las promesas que le hizo y que no cumplió, sino, al contrario desconoció flagrantemente en perjuicio de los Presos Políticos Uniformados.

          La Concertación está perfectamente consciente de que, si no hace nada, Piñera verá caer flotando por gravitación natural sobre su regazo, la Presidencia de 2018-2022, porque a una gran mayoría le basta con saber que el nuevo gobierno va a ser distinto al actual para votar por él.

          Ningún otro aspirante a La Moneda tiene, ni de cerca, el porcentaje de conocimiento público del ex Presidente. Es cierto que ningún otro tiene un prontuario tan negro como el suyo, pero dicho factor no lo perjudica, para explicar lo cual los sociólogos deberán discurrir alguna teoría. En estos mismos días vemos cómo ME-O sufre las consecuencias de haber recaudado fondos con facturas y boletas ideológicamente falsas cobradas a SQM y eso llena páginas y comentarios; en cambio, las que extendió el entorno de Piñera, que tampoco correspondieron a servicios reales, según ha declarado el gerente de finanzas de SQM, y aun siendo de más del doble de valor que las de ME-O, no han levantado ni críticas ni escándalo periodísticos. Ni siquiera afectó a Piñera la evidencia de que usó el dinero de SQM, no para su campaña, sino para pagar bonos a ejecutivos de otra empresa suya, Chilevisión, que tenía en proceso de venta y cuyos estados financieros deseaba, por eso, fortalecer. Y el hecho de haberse visto a ME-O visitando las oficina de SQM suscita titulares, pero el de que una secretaria de la misma firma haya visto a Piñera en similares visitas apenas ganó unas líneas ocultas en una crónica a una columna. Todo se le está dando a éste. Sube en las encuestas, mientras Velasco, que cobró una boleta por asistir a un almuerzo, como tantos personajes que conozco, sufrió una caída de siete puntos en su imagen favorable, al conocerse el hecho.

          Sí. Piñera ya compró la Presidencia. Si la Concertación no hace algo extraordinario, aquél va a conseguir un gran éxito en las elecciones de alcaldes de 2016, pues candidatos “suyos” van a competir con ventajas sobre los demás, con carpetas, pendrives y algo más que sus competidores no van a conseguir.

Y después asumirá la Presidencia el 11 de marzo de 2018. Y en esa fecha va a iniciar el VI Gobierno de la Concertación, tras haber presidido el V y habiendo mediado un interregno de cuatro años del fracasado conato revolucionario marxista de la merecidamente impopular Nueva Mayoría.

Mientras tanto, la derecha mirará, en un silencio propio de su condición de difunta “cómplice pasiva”, el retorno al poder de su enterrador.