POR SUPUESTO QUE HAY PLATA

Si el Estado vendiera Codelco tendría dinero para hacer las siguientes cosas al mismo tiempo: financiar el déficit fiscal, equilibrando el presupuesto; dar un bono extraordinario a la población vulnerable, estilo IFE de 2021, pero sin aumentar la deuda externa como esa vez, en que la incrementó en US$28 mil millones; podría también reducir dicha deuda externa, mejorando la calificación crediticia de Chile y así abaratando el servicio de la deuda restante y disminuyendo para los chilenos el costo de endeudarse en el exterior.

Ciertamente habría un boom en la economía. Aumentarían el empleo y el crecimiento. Cuando el último presidente de derecha anterior a éste, Augusto Pinochet, privatizó un conjunto de empresas estatales equivalentes a Codelco, a partir de 1985, aumentó el crecimiento a un promedio de 6,4% en 1985-89, el desempleo bajó de 11 % a 5% en enero de 1990 (cifras del Banco Central); y disminuyó en ese quinquenio el déficit fiscal tanto como la deuda externa.

¿Por qué no se puede vender Codelco? Por lo que van a decir los comunistas y sus "compañeros de ruta". ¿Y a quién le importa? Sólo a los políticos, que les tienen miedo por su capacidad difamatoria y porque no sólo practican el "asesinato de la personalidad" sino de la persona. Pero el resto de la población estaría feliz, como se pone la gente cuando recibe billetitos y encuentra empleo con facilidad.

En Codelco lo único que hacen es "pasar por el aro" al resto del país, diciendo que "es de todos los chilenos", cuando sabidamente es de los que trabajan ahí y de las fundaciones de los políticos, que reciben importantes donativos. 

El blog más leído desde que inauguré éste en 2010 fue uno en que un comentarista detalló los "gastos de Codelco en finalidades distintas a la de producir cobre". El listado de donativos a entidades vinculadas a los políticos de gobierno era impresionante. Nunca nadie desmintió al lector que hizo ese aporte. Lo leyeron 18 mil personas.

Todo el mundo sabe que Codelco es un nido de ratas. Contribuye menos al Estado que otras mineras privadas. Produce menos y sólo es top one en lo que les paga a sus trabajadores. Ahí hay sueldos de más de 40 millones de pesos y no tienen mayor exposición pública. En cambio, los medios sacrificaron en la hoguera de la actualidad a una candidata cuando descubrieron que había ganado un sueldo de $17 millones en una universidad privada.

Es el el doble estándar chileno instalado acá por el comunismo. Pero se les puede dejar callados preguntándoles por qué no pagan desde hace años las contribuciones de los numerosos bienes raíces que tiene el partido rojo, moratoria que ya se la quisieran los deudores de contribuciones a los cuales les sacan a remate sus inmuebles desde que se atrasan un semestre.

No les sigan mirando la cara a los comunistas. Hagan lo que le conviene al país, vendan Codelco y comencemos los segundos mejores 30 años de la historia de Chile.

Si el gobierno no sabe cómo hacerlo, ya he sugerido que le ofrezcan el ministerio de Minería a José Piñera Echenique, que ya supo hacerlo cuando tuvimos una crisis previsional y cuando tuvimos otra minera debido a la propiedad estatal de los yacimientos determinada en la Constitución.

¿Qué espera, presidente Kast?

EL GRAN VACÍO DE LA CUENTA PRESIDENCIAL

Habría debido escribir esto el lunes, pero se desataron acontecimientos ocasionados por la reinante impunidad de los delitos, lo cual me obligó a escribir en defensa del patrimonio familiar, no tanto porque éste tuviera importancia pública, sino por ser este blog y mi espacio en X los únicos medios de denunciar un atropello delictual más. 

Mientras la sociedad libre permita tener acceso a algunas redes, cualquiera puede denunciar los atropellos que sufra, aunque los medios de la corriente dominante "miren para otro lado", como si no existieran. Tal vez si Alejandro Correa hubiera dispuesto de o utilizado estas herramientas comunicacionales menores para dar una voz de alarma cuando alguien invadió su terreno en Quilpué, el que lo perpetró no se habría sentido tan amparado por el sistema como para contratar un sicario y asesinar al propietario, buscando hacerse de su bien raíz. Claro, no contaba con que una hija de Correa después removiera cielo y tierra hasta obligar a la justicia a aplicar la ley.

Como en Chile impera una dictadura judicial con fines de lucro, sin debido proceso (el acceso a éste es un derecho humano), se ha encarcelado a medio millar de exmilitares y sus colaborades civiles. Sin probar que hayan cometido delitos reales y contraviniendo leyes expresas y vigentes sobre debido proceso, amnistía y prescripción. Esto configura el delito de prevaricación judicial, sancionado en el Código Penal con hasta cinco años de privación de libertad.

Ante los atropellos de nuestra dictadura judicial ya por más de diez años, han asumido la defensa de la legalidad importantes autores, como Adolfo Paúl Latorre (su libro Prevaricato, cuya nueva edición corregida y aumentada está en librerías) y Jorge Eduardo Montero, con su monumental "Condenas Sin Ley, Juicios Sin Garantías" hoy en proceso de impresión. Entre ambos suman casi mil páginas probando y denunciando el atropello a la ley, la persecución ilegal de personas jurídicamente inocentes (el autor de un delito prescrito o amnistiado es jurídicamente inocente) y la continua sustracción al erario de centenares de miles de millones de pesos. Nunca antes se había visto escándalo semejante en Chile.

Y también continúa perpetrándose el atropello a leyes expresas y vigentes, condenas a inocentes y la violación de los derechos humanos de exmilitares y sus colaboradores civiles que tienen derecho a un debido proceso, a la igualdad ante la ley, a los beneficios carcelarios para todos. Todo lo cual se les desconoce.

Había ilusión ciudadana en el sentido de que, habiéndose elegido por primera vez un gobernante partidario de la Junta, que había votado Sí a Pinochet en 1988 y luego abandonado la UDI ante su deslealtad al legado del gobierno que la prohijó, el tema iba a merecer no sólo una mención de parte del presidente en su primera cuenta pública, sino también el anuncio de medidas concretas para poner fin al escándalo, entre ellas el indulto de los indebidamente presos y la denuncia ante la Fiscalía penal para hacer efectiva la responsabilidad penal de los prevaricadores. 

Pero el presidente no dijo una sola palabra sobre el tema. Como si la demolición del estado de derecho no se hubiera perpetrado. Como si hubieran prevalecido la presunción de inocencia y el debido proceso respetuoso de los derechos humanos de todos. Y como si nadie nunca le hubiera sustraído ilícitamente al Estado, cuya jefatura ostenta el presidente, centenares de miles de millones de pesos a lo largo de diez años de prevaricaciones impunes. 

Dejo constancia de que el sector que me representa se siente profundamente defraudado. Atribuimos el imperdonable silencio a que la violencia del comunismo ha amedrantado al presidente.

Wilde escribió que no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Lo que tuvo José Antonio Kast fue la oportunidad de reafirmar la legalidad y ha sido desaprovechada. Peor aún, en estos días los abogados de su ministerio de Justicia han alegado a la par con los querellantes desconocedores del estado de derecho para llevar a presidio a un nonagenario enfermo terminal que ha perdido la razón. Sorprendentemente la Corte Suprema, teniendo un prontuario oscuro en la materia, en ese caso ha impedido que se perpetre otra escandalosa prevaricación adicional.

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EL GARROTE Y LA ZANAHORIA

Tras un par de horas de angustia por la suerte de mi hijo enfrentado a tomadores de terreno violentos, tengo que decir que el problema se ha solucionado gracias a personas civiles que se reunieron prontamente en el lugar de los hechos, algunas de las cuales usaron la vieja táctica del garrote y la zanahoria.

Las autoridades a las cuales se acudió brillaron por su ausencia. Por eso el país está plagado de tomas: porque la autoridad no saca al primer ocupante.

Tras intercambios de palabras no del todo amistosos entre el usurpador desafiante y un hijo de la propietaria, más gente acudió al lugar. Se les advirtió a los tomadores acerca de la gravedad del delito que estaban cometiendo. Alguien por su cuenta dijo que venía "una micro de Carabineros", lo cual no era verdad, pero sonó convincente.

Otro dijo que el predio pertenecía a una persona importante, lo cual es efectivo: es de mi mujer. Alguien más insinuó que probablemente ella iba a llamar al presidente para que ordenara a la policía actuar rápidamente. Eso comenzó a crear una atmósfera de inquietud entre los usurpadores. 

Otro dijo que Seguridad Ciudadana de la municipalidad, cuyo acalde es del Frente Amplio pero no quiere más tomas (ya tiene once) vendría y destrozaría o confiscaría todos los enseres de los ocupantes, como ya había hecho una vez anterior. 

Todo lo anterior fue el garrote. Pero pienso que lo más eficaz fue la zanahoria. 

Una tercera voz la aportó: le dijo al jefe de la toma que conocía otra propiedad menos conspicua, donde podría instalarse. Y que era de una persona que no se preocupaba mucho de vigilarla, así es que podría quedarse en ella con menos problemas que en ésta.

Milagrosamente el jefe de la toma, ya en posesión del nuevo dato, empezó a recargar sus enseres en su camión y procedió a marcharse junto a sus acompañantes.

Fue una solución bastante "a la chilena": al margen de la ley y la autoridad.

Fue la tercera toma del mismo terreno. Será hasta la próxima. Las autoridades, llamadas con urgencia, brillaron por su ausencia. Pero se alcanzó un acuerdo político. Lo califico así porque el costo lo pagará otro, lo cual es de la esencia de los acuerdos políticos.

Y yo quedo listo para preocuparme del artículo que pensaba escribir hoy, sobre el silencio de la cuenta presidencial acerca de la situación más ilegal, inmoral y por añadidura gravosa para el erario del Chile actual.

AHORA ME TOCÓ A MÍ

Cuando escribo estas líneas acabo de recibir el llamado de un hijo, desde nuestra propiedad agrícola a la entrada de Maipú, en Av. Pajaritos con Américo Vespucio.

Sujetos dispuestos a todo han violentado la entrada y puesto un candado propio. Mientras descargan cosas. Mi hijo mío les ha dicho que su proceder es ilegal, pero le responden que no les importan las leyes. 

Él ha llamado a Carabineros y a Seguridad Ciudadana del municipio, pero nadie hasta este minuto va. 

Esta propiedad producía verduras y hortalizas, pero los atentados dejaron sin electricidad al pozo de riego. Atentados para robar cables de cobre. Dos veces. 

Y es tercera vez en los últimos meses que la ocupan, pero ahora es una cosa más masiva, más violenta y por parte de gente más desafiante.

Las otras veces habíamos acudido a Carabineros, pero se negaron a ir sin previa orden judicial, aunque era delito flagrante. ¡Un juicio! ¿Cuánto demora eso? Es el mundo real. 

Pero la Seguridad del municipio había por fin trasladado a los ocupantes ilegales. Si bien éstos estaban siempre rondando y amenazando. 

Se sembró alfalfa para ser regada por la lluvia. Pero pocos quieren trabajar ahí por el riesgo y las amenazas de potenciales tomadores que rondan el lugar.

Ayer leí en El Mercurio del caso del emprendedor de Puerto Montt al que le roban una y otra vez, denuncia a la PDI, a Carabineros y a Seguridad Ciudadana y nadie le presta auxilio, pese a que les indica dónde viven los ladrones y dónde guardan lo robado. 

Ése es el Chile real.

¿Cómo producir si te roban lo que produzcas, te usurpan la tierra y te cubren de amenazas e insultos? ¿Cómo trabajar la tierra si cualquier delincuente puede invadirla en cualquier momento?

Le ha pedido a mi hijo que no se arriesgue ni oponga resistencia, porque el peso de la ley, desde 1990, cae sobre los propietarios y productores. Ni pensar en usar un arma contra los usurpadores.

Vivimos en el Chile de los hechos, no en el de los discursos.