Derecha Cómplice

         El desastre electoral de la derecha en 2013 se gestó a partir de la criminalización de que la hizo víctima Sebastián Piñera en el 40° aniversario del 11 (declaró a los miembros de aquélla –que lo habían llevado a él al poder—“cómplices pasivos de atropellos a los DD. HH.”, poco antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias). Ningún sector político puede aspirar a un gran apoyo ciudadano si desde su propio seno es acusado de complicidad en supuestos crímenes atroces. Lo peor es que la esperanza de una rectificación de tan lapidario veredicto se ve cada vez más lejana, pues la derecha acentúa día a día su apoyo a la campaña dirigida a su propia destrucción.

          Léanse las siguiente declaraciones de uno de sus precandidatos presidenciales y, paradójicamente, crítico de Piñera, Manuel José Ossandón (RN), en “La Segunda” del 27.08, p. 15. Preguntado tendenciosamente sobre “qué le queda a la derecha en el siempre presente tema de los DD. HH.”, cae redondo en la trampa que le tiende el periodista y no sólo eso, lo empeora todo respondiendo: “Hay que tener una postura clara y categórica de rechazo a actuaciones tan deplorables como quemar vivas a personas porque piensan distinto”.

          Insólito. Como dicen ahora (reflejo de las costumbres dominantes), “¿qué yerba estaba fumando Ossandón?” La terrorista y el acompañante de ella a que se refiere portaban bombas incendiarias, en 1986, para quemar a otros, y accidentalmente una se rompió y los quemó a ambos. Hubo un juicio y una sentencia, que produjo cosa juzgada, acreditando eso. Quedó claro que no fueron quemados “por pensar distinto” y ni siquiera por practicar una conducta terrorista, sino por un accidente que el fallo le atribuyó a la misma portadora de los artefactos. Claro, hoy día un juez de izquierda, que por ser tal no respeta la prescripción ni la cosa juzgada, ha reabierto el caso en medio de una maniobra de distracción publicitaria del gobierno y se encuentra con el intríngulis de que un conscripto ha confesado haber pateado accidentalmente el explosivo incendiario. Nadie sabe en qué terminará todo este absurdo judicial, pero si hay algo comprobadamente falso es que fueron quemados “por pensar distinto”. Es esperable que esto último lo afirme un comunista obtuso, pero no un senador de derecha que pretende dirigir los destinos de la República. ¿Cómo va a gobernar si ni siquiera sabe hechos básicos de la historia reciente? ¿Si, como un Piñera más, repite consignas marxistas sabidamente falsas?

          Lamentablemente no se detuvo ahí, sino que quiso quedar todavía mejor con la extrema izquierda, consciente del avance en las encuestas que ese comportamiento le permitió a su otrora criticado Piñera, de modo que más adelante agregó: “Hay que insistir en la búsqueda de las personas desaparecidas. Cuando propuse el año pasado la creación de una comisión final de búsqueda a nivel del Senado, nadie respondió”.

          Otra consigna de extrema izquierda. Y un rasgo de tremenda ingenuidad política. Los destinos de todas las personas que eran todavía ignorados ya han quedado aclarados en publicaciones de prensa que he detallado en la p. 252 de mi libro “Terapia para Cerebros Lavados”, que cualquiera puede adquirir en internet según el aviso que se publica en esta misma página. De los 1.102 desaparecidos consignados en los Informes Rettig y Reparación y Reconciliación, de todos se sabe el destino. Lo que sucede es que hay restos que LA IZQUIERDA NO QUIERE IDENTIFICAR y que están en el Instituto Médico Legal y en los patios 9, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 del Cementerio General. Hace un par de meses se dieron el trabajo de identificar a uno, y sólo uno, e inmediatamente se comprobó que era un supuesto “desaparecido”. Entretanto, han “reaparecido” seis en los últimos años, que figuraban en la nómina. El senador Ossandón, si hubiera estado informado, lo que debería haber hecho era apercibir bajo amenaza de alguna sanción a las autoridades de izquierda para identificar los restos que hay. Claro, estando el Instituto Médico Legal bajo la dirección de un mirista (que fue funcionario de la exclusiva confianza de Sebastián Piñera durante todo su mandato), por supuesto que muchos restos van a permanecer sin identificar, porque a la izquierda no le conviene quedarse sin desaparecidos. Y por eso nadie le hizo caso a la propuesta de Ossandón, pese a que todo el mundo vocea la consigna de los “detenidos desaparecidos” a la primera oportunidad que se le presenta de denigrar al Gobierno Militar.

          En esta materia, pues, la derecha ha devenido una lamentable cómplice de la DC y la izquierda en la tarea del “asesinato de imagen” del señalado régimen. Y Ossandón no es el único: recuérdese a Hernán  Larraín (UDI) rindiendo público homenaje de desagravio a la extremista quemada, en compañía de Patricio Walker. ¡Un culto “republicano” al terrorismo de izquierda! Así, pues, no sólo Piñera está en ese afán suicida. Suicida, porque nadie va a convencer a los chilenos –y eso es indeleble-- de que los partidos de derecha no fueron la base política civil del Gobierno Militar.

          Otro testimonio de esta complicidad de la derecha lo dio días atrás la plana mayor del Colegio de Abogados, es decir, su presidente, Arturo Alessandri Cohn, su ex presidenta, Olga Feliú, y su consejero, Pedro Pablo Vergara, a los cuales se les vio orgullosos en la prensa recibiendo como nuevo asociado del Colegio al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, connotado juez de izquierda que preside un tribunal cuyo pleno, el 27 de marzo último, en un informe a propósito de una materia legal, confesó paladinamente, en el considerando 5°, desconocer la legalidad interna para los efectos de obtener las condenas de militares en juicios de derechos humanos.

          Hace unos días me correspondió contribuir, en la televisión estatal, a dejar en evidencia al ex ministro de corte Alejandro Solís y llevarlo a confesar que no impuso condenas a los militares por haberles probado ser autores de delito, como era su deber, sino en virtud de una mera “ficción”. Fue el término empleado por él para definir la peregrina invención del “secuestro permanente”.

          El clima de escándalo moral soterrado (pues ni la izquierda ni su derecha cómplice quisieron destacar tan escandalosa confesión de prevaricación) fue tal, que el gobierno decidió premiar a Solís, aliviándole su desprestigio, y nombrarlo jefe del departamento de DD. HH. del Ministerio de Defensa, cargo desde el cual puede sostener mejor las “ficciones” para condenar a más uniformados fuera del estado de derecho. Debió jubilar como juez, según la ley, pero “se le saca la vuelta" a la misma nombrándolo “perseguidor jefe” en el Ejecutivo. El presupuesto da para todo.

          El año pasado escribí un artículo denunciando una prevaricación similar a las de Solís, cometida en un fallo de la sala penal de la Corte Suprema, redactado por su abogado integrante Luis Bates, y fundado expresamente en la misma ficción que confesó aquél en la TV. Envié el artículo a la revista del Colegio de Abogados. Después de meses de vacilaciones, su director me informó que, por acuerdo del consejo editorial, en que hay mayoría de derecha, mi artículo no se podía publicar. Eso me indujo a reproducirlo en este blog el 27.03.15, donde ha recibido a esta fecha 1.847 lecturas y 99 comentarios, ciertamente más, por ambos conceptos, de los que habría suscitado en la revista del Colegio.

          Obviamente, tal complicidad del Colegio con los atropellos de los jueces de izquierda debe haber conmovido el corazoncito revolucionario de Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, que dejó de manifiesto su extrema politización en la última inauguración del año judicial, cuando llamó a la justicia del trabajo a destruir el “modelo neoliberal” de relaciones laborales establecido en la legislación.

          Entonces seguramente Muñoz, emocionado por la renuencia del Colegio a acoger críticas a la tarea de desconocer el tenor de las leyes en que se halla empeñada la mayoría de la judicatura, decidió asociarse a esa entidad tan bien comportada ante la labor de la retroexcavadora judicial que remueve las bases del estado de derecho.

          Tampoco cabe hacerse ilusión alguna con la nueva justicia penal: en la revista “Sábado” de “El Mercurio” de hoy he leído que el principal exponente de esa nueva justicia, el fiscal Carlos Gajardo, declara que sus jueces más admirados son, precisamente, Alejandro Solís y Carlos Cerda, principales exponentes de la doctrina de que deben fallar, no según lo que ordenan las leyes y la verdad de los hechos, sino según lo que les dictan sus particulares ideas políticas y las “ficciones” que logren discurrir en apoyo a ellas.

          Parodiando a Nicanor Parra, cabe reiterar una vez más un lugar común: en el actual proceso de demolición del estado de derecho en Chile, “la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”.  

El Tiro en la Cabeza

          La importancia de este blog no radica tanto en el número de quienes lo leen (sólo una vez ha pasado las diez mil visitas) sino en la influencia que algunos de sus lectores tienen, pues éstos frecuentemente repiten en público lo que yo he escrito, como si fueran ideas propias suyas. A mí no me importa que lo hagan y no me citen ni me nombren. Lo importante es que terminen expresando cosas que han aparecido aquí. Es una siembra fructífera, aunque poco visible, de nociones, ideas y principios.

          Una de las nociones que así introduje en el debate público hace años fue la del “tiro en el pie” o “balazo en el pie”, a gusto del usuario, concepto que después se repitió infinidad de veces en discursos, artículos, declaraciones y opiniones de personajes “importantes”, es decir, de esos que son frecuentemente requeridos por los medios (muchas veces a insinuación o bajo presión de ellos mismos). Lo hice citando a un gerente norteamericano de larga residencia en Chile (creo que era Robert Haldeman), que una vez nos describió como “un país que cuando está a punto de ser desarrollado se pega un tiro en el pie”.

Esto es muy exacto y lo grafican las cifras según las cuales el ingreso por habitante nuestro era igual al de Suecia en 1900 y al de Japón en 1925, países que alcanzaron el desarrollo y ahora nos doblan o triplican, porque mientras ellos han seguido progresando nosotros nos hemos dedicado a darnos un balazo en el pie cada cierto número de años, eligiendo o permitiendo que lleguen al poder extremistas de izquierda como Marmaduke Grove (1932), Salvador Allende (1970) o Michelle Bachelet 2.0 (2014), que han provocado interludios de caos y retroceso como el que estamos viviendo precisamente ahora.

           Bueno, en esta oportunidad quiero comunicarles a mis múltiples estaciones repetidoras que he resuelto cambiar el concepto: de lo que se trata ahora es de que el gobierno de extrema izquierda está dándole al país un tiro en la cabeza, es decir, al conjunto de los que la demagogia de turno en el gobierno llama también “los poderosos de siempre” o “el uno por ciento más rico”. La persecución desatada contra los mismos se hace en nombre de la “igualdad”, la “inclusión”, la “no segregación” y del “no al lucro”.

          En una sociedad libre la desigualdad se genera espontáneamente y es un factor de progreso de todos, porque los que se distinguen por sobre los demás son los más productivos y siempre contribuyen con sus logros al mayor bienestar de todos. Un buen ejemplo lo dan los equipos de fútbol, en los cuales siempre hay jugadores que se destacan por ser los mejores. Se les paga más y son más populares. Sin embargo, su cometido es bienvenido por todos, porque los beneficia. Incluso favorece a los peores del equipo, en razón de que facilitan el éxito del mismo y con ello hasta los menos buenos ganan más, gracias al éxito que posibilitan los “cracks”. Hasta el peor jugador del Barcelona está feliz de que en el equipo juegue Messi, aunque gane varias veces más que él, sea el preferido de los medios y monopolice las ganancias por publicidad. Los mismos jugadores inferiores dicen que “hay que cuidar a Messi” y considerarían un loco al que propusiera marginarlo o quitarle parte de sus ganancias en nombre de la igualdad. Saben que lo único que conseguirían sería que se marchara a otro equipo y quedarían todos peor.

          Pero el gobierno revolucionario de Michelle Bachelet 2.0 quiere darles un balazo en la cabeza precisamente a los “cracks” de la sociedad, a los Messi, a los más productivos, que tiran del carro y van a la cabeza del “team Chile”.  En este blog he insistido en que tal política es disparatada y nos perjudicará a todos. Y he visto recientemente a un ideólogo de izquierda reconocer que ahora está de acuerdo con esa famosa frase de Pinochet que decía, “hay que cuidar a los ricos”. Obvio, ahí estuvo la clave de la receta para sacar a Chile de entre los países más rezagados entre los subdesarrollados hasta ponerlo a la cabeza de Latinoamérica.

          He observado atentamente a “los ricos” y comprobado sus características: primero, “hacen todas las tareas”. Siempre recuerdo la autobiografía de John Paul Getty, que por un tiempo fue el más rico del mundo. Revelaba que su mayor logro fue siempre “vencerse a sí mismo”. Eso quiere decir que, en vez de divertirse, trabajaba cuando debía hacerlo. Por supuesto, trabajaba bien, productivamente. Uno no saca nada con “deslomarse” haciendo estupideces. Entonces, el segundo requisito es hacer las cosas bien. No comprar cuando hay que vender ni viceversa. Eso requiere talento. Y el tercer requisito es tener suerte. He conocido personas que, a los méritos anteriores, añaden el “toque de Midas”. Estoy convencido de que eso existe y hay a quienes la fortuna persigue, así como hay otros a los cuales los elude. Y los países cometen un gravísimo error cuando ahuyentan a las primeras, como lo está haciendo Bachelet 2.0.

Pues su gobierno revolucionario le dispara a la cabeza, a la que guía al convoy, subiéndole al uno por ciento más rico los impuestos, poniéndoles una pistola al pecho (huelga sin reemplazo) para obligarlos a pagar mayores sueldos que los que indican el mercado laboral y la ley de la oferta y la demanda; y poniendo el destino de las empresas en manos de los sindicatos, es decir, dejémonos de cosas, del Partido Comunista, que los maneja. Nunca debe olvidarse de que “el capital ataca huyendo” (esta frase se la oí a otro, que la "sembró").

Ya se ha liquidado toda una industria, como lo era la de la educación particular subvencionada y la superior, prohibiéndoles a los particulares emprendedores ganarse la vida en eso, al perseguir el lucro. Ahora se amenaza a las instituciones privadas de salud, se busca colectivizar los derechos de agua y restar solidez al derecho de propiedad, que es el objetivo último de la anunciada reforma constitucional. En la Araucanía ya casi no se puede producir, porque el extremismo mata, quema y ataca. Por eso están los camiones en Santiago, clamando por mano dura con el extremismo. ¿La aplicará un gobierno del cual el extremismo es parte? Jamás. Por eso se hace común la frase “empresario chileno vende”. O “empresario chileno compra en el exterior”.

El futuro del país está en tela de juicio, porque se persigue al uno por ciento de los chilenos, que son los que "tiran el carro", los más capaces para hacerlo producir y que realizan el 80% de la inversión, sin la cual no hay crecimiento. Es como si las autoridades del Barcelona se hubieran propuesto liquidar a Messi, en nombre de la “igualdad”, de la “inclusión”  y de la “no segregación”. Barcelona sin Messi sería otra cosa. Una cosa peor. Perseguirlo, a él sería como darse un tiro o un balazo en la cabeza.

Eso es lo que le está haciendo a Chile el actual gobierno revolucionario de la izquierda, en el cual cualquiera se da cuenta de que el que manda es el Partido Comunista. 

Los Tres Mundos de Nuestro Mundo

          Hay un mundo real, un mundo político y un mundo esotérico. Nosotros vivimos en los tres. El Gobierno maneja los dos primeros: uno muy mal, el real, que hace que el aparato productivo del país esté hoy desarticulado, cosa que pone a la gente descontenta; y uno muy bien, el político, que hace que la gente se distraiga del mundo real, olvide el descontento y opine según como quiere el Gobierno. En cuanto al mundo esotérico, éste funciona por su cuenta y nadie sabe quién lo maneja, como que una gobernante carismática de repente sufre un cataclismo de imagen cuando se descubren los negocios de su nuera y su hijo y eso cambia el clima de opinión pública en el país.

          En el mundo real el Gobierno ha generado incertidumbre, lo que tiene descontenta a la gente. Pero entonces el Gobierno la distrae, manejando el mundo político mediante la propaganda. Sirve para entender todo esto (y por eso mantiene actualidad) el libro “1984”, de Orwell, escrito en los años ’30, en que el Gobierno Totalitario interrumpía cada cierto tiempo la vida del país para que la ciudadanía viviera “dos minutos de odio” hacia el declarado “enemigo público número uno”, Emmanuel Goldstein, distrayéndola así de sus problemas reales. Hoy, en Chile, ese enemigo público número uno es Pinochet, personificación del Gobierno Militar, degradado a “dictadura”, según ha impuesto el régimen y todos (salvo este blog, naturalmente) le obedecen. La razón la tiene este blog, naturalmente, porque “dictadura” se define como un régimen que no se rige por las leyes, y el Gobierno Militar sí se rigió por ellas, tanto que las mismas dispusieron su propio término de una manera que él no habría deseado, y las debió acatar.

          El hecho era que la situación generada por el régimen en el mundo real y por fuerzas innominadas en el mundo esotérico tenían a la Presidenta en sus niveles más bajos de aprobación y más altos de rechazo, según Cadem Plaza Pública: 22 y 70%. Pero entonces el Gobierno manipuló el mundo político y fabricó “dos minutos de odio”: trajo a su funcionaria “quemada”, Carmen Gloria Quintana, de Canadá, y todos los medios se concentraron en entrevistarla y transmitir su mensaje de horror y odiosidad de extrema izquierda. Además, consiguió que dos conscriptos de un total de once, que hace 29 años declararon judicialmente una cosa, ahora declararan otra; y, en fin, acusó al Ejército de un “pacto de silencio” (inexistente, pues su comandante en jefe tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos), lo cual hizo que el Cardenal-Arzobispo repitiera la consigna, condenando el supuesto “pacto de silencio”, y que el presidente del principal partido de oposición se horrorizara públicamente de lo sucedido a Carmen Gloria Quintana hace 29 años (olvidando que ella llevaba los artefactos que la quemaron, para quemar a otras personas) y le rindiera público homenaje de desagravio ante la nación, junto al inefable presidente del Senado de entonces, Patricio Walker.

Todo lo cual distrajo a la opinión pública y permitió subir la aprobación presidencial de 22 a 25%, bajando al mismo tiempo el rechazo de 70 a 65%. El “mundo político” se sobrepuso al “mundo real” y al “esotérico”.

          Así es como suceden las cosas. ¿Cómo creen ustedes que Sebastián Piñera remontó en 2013 desde sus más bajos niveles de aprobación? Convocando a “dos minutos de odio” a Pinochet, al criminalizar su régimen y a todos quienes lo apoyaron (“cómplices pasivos”) con motivo de los 40 años del 11 (lo que de paso liquidó electoralmente a la derecha, pero a él le preocupaba más su popularidad que el destino de la derecha); y trasladando a los más connotados presos políticos uniformados de un penal aceptable (Cordillera) a otro hacinado (Punta Peuco), en medio del júbilo comunista (la hoz y el martillo sobre la puerta de Cordillera presidieron el infame traslado). Todo ello le valió remontar de un 22 a un 34% de aprobación en las encuestas (CEP).

          Sabido todo lo anterior es que la noticia que más me ha llamado la atención últimamente (al grueso público no, seguramente, porque es víctima y no observador del proceso) ha sido la reunión de la presidenta del Senado, Isabel Allende, y de la República, Michelle Bachelet, para conversar acerca de la futura degradación y la supresión de los beneficios carcelarios a los Presos Políticos Uniformados y su traslado a un penal común todavía más hacinado. Nuevamente, el eterno recurso del odio, los “dos minutos de odio”. Es lo que viene en septiembre, acuérdense de mí. Todo el oficialismo, el Cardenal-arzobispo, presidentes de partidos opositores, medios de comunicación, hablando de “violaciones a los derechos humanos” y de cómo privar de beneficios (que los demás reos tienen) e imponer más castigos a los octogenarios y enfermos presos políticos de Punta Peuco. Todo con tal de conseguir otra remontada en las encuestas.

          Claro, el mundo esotérico opera por su cuenta y ya está conspirando contra esa estrategia política, porque ha hecho aparecer un computador del hijo de la Presidenta con una parte completamente borrada, y ha surgido la simultánea denuncia de que hubo un vale-vista extraviado de mil 500 millones de pesos en la Dirección Sociocultural de la Presidencia, de la cual estaba a cargo el referido hijo (que se desempeñaba ad honorem, pero manejaba un presupuesto anual conjunto de US$500 millones). Eso puede llevar los derroteros de la noticia a lugares que sus manejadores(as) oficiales jamás habrían imaginado.

          Se viene un “septiembre negro”, sin duda. Lo que no se ha dilucidado es para quién o quiénes lo va a ser más.

A Piñera Se Le Va Una

          La característica principal de Piñera es que “no se le va una”. Siempre que sea en su propio beneficio, por supuesto. Las cosas le resultan tan bien que, siendo el principal responsable de la destrucción de la derecha en Chile (principalmente mediante su criminalización, al declararla “cómplice pasiva de violaciones a los derechos humanos” en el 40° aniversario del 11, poco antes de las elecciones de 2013) las encuestas señalan que mantiene un 77% de apoyo entre quienes declaran pertenecer a la misma criminalizada derecha.

          En esta etapa en que, prácticamente, todos los políticos han sido sorprendidos cometiendo irregularidades para conseguir financiamiento, y Piñera, por supuesto, también, todos ellos han experimentado descensos en su apoyo ciudadano, salvo Piñera. Por ejemplo, Andrés Velasco perdió siete puntos de adhesión a raíz de haber cobrado a Penta $20 millones por asistir a un almuerzo-conferencia; en cambio, Piñera ganó cuatro puntos de adhesión tras haberse publicado que cursó alrededor de $340 millones en facturas ficticias a SQM y otras empresas ¿Cómo lo hace? Diciendo que no sabía nada, pues estaba “en cuerpo y alma” dedicado al “servicio público”. Y la gente se lo cree. “¡Pobre Piñera!”, parece decirse, “sus subordinados hicieron algo indebido cuando él estaba dedicado a servirnos a nosotros y no tenía como saberlo”.

          Pero ahora ha quedado en evidencia algo más: gran parte de los $340 millones que obtuvo de SQM y las demás, como contribución a su campaña electoral, no fueron destinados a ésta, sino a pagar bonos de desempeño a dos ejecutivos (Mario Conca y Jaime de Aguirre) de otra empresa suya, Chilevisión. Es decir, a enriquecerlo a él, ahorrándole un gasto.

          Entonces ahora se exige creerle algo más a Piñera: que ni siquiera se enteró de que se estaba aumentando su patrimonio personal en más de $300 millones. Concluir esto equivale a dar por sentado que su ejecutivo de confianza hizo la operación de percibir el dinero electoral de SQM y otras y destinarlo, no a la elección presidencial, sino a fortalecer las finanzas de otra empresa de su jefe, sin saberlo éste. Y que ese ejecutivo, que hizo a su empleador $300 millones más rico, no quiso comunicarle tan buena nueva. ¿No parece increíble tamaña modestia del subordinado?

          Pero ahora ese ejecutivo de su confianza está ad portas de ser formalizado por un delito, si bien es cierto que ha aparecido un instructivo de Impuestos Internos para descriminalizar actuaciones cono la reseñada (que el periodista Tomás Mosciatti, en entrevista de Mega, ha llamado “un traje a la medida de Sebastián Piñera”).

          Con todo, yo pienso que a la fiscalía se le va a hacer difícil creer que alguien, por millonario que sea, ni siquiera se entere de que se ha hecho $300 millones más rico. Eso le podría suceder a otro millonario distraído, pero no a Piñera, en cuyo patrimonio “no se mueve una hoja” sin que él lo sepa. Por algo durante su presidencia, en pleno comité político, preguntaba cómo iba el asunto de las Cascadas, siendo que esas acciones suyas estaban en un fideicomiso supuestamente “ciego”.

A todo esto, la ganancia de $300 millones se consiguió mediante un enjuague de facturas ideológicamente falsas, situación que ha llevado a su ejecutivo de confianza a exponerse a una formalización y a poner su propio cuello en riesgo para enriquecer a su patrón sin que éste –según afirma-- ni siquiera lo supiera.

Ninguna fiscalía va a comprar semejante cuento, aunque Impuestos Internos haya confeccionado "un traje a la medida" de las necesidades de la defensa judicial de Piñera.

          Esta vez, sin duda, “se le ha ido una”. Aunque el 77% de la gente de derecha, disminuida por él y todo, lo siga aplaudiendo igual.

Desvergüenzas en un País Blandengue

          Después de que el (enhorabuena jubilado) juez Solís confesara paladinamente, en el programa “El Informante” de TVN, haber condenado a los militares por el caso Sandoval, de hace más de 40 años, sin probarles delito, sino en virtud de una “ficción”, en circunstancias que el código lo obligaba a probar la existencia del delito en lugar de fingirlo; delito que, además, estaba amnistiado y prescrito, en cuyo caso el mismo código lo obligaba a “negarse a dar curso al juicio”, se explica que la Corte Suprema haya vetado su designación como “asesor de derechos humanos”, “pituto” que pretendían concederle los supremos de izquierda amigos.

          Él atribuyó la pérdida de la prebenda a la presión militar, pero desde la misma Corte Suprema se me ha enviado un mensaje verbal en el sentido de que los responsables fueron otros ministros del tribunal, sin injerencia militar alguna. Pero un “pacto de silencio” ha llevado a que ni magistrados ni militares digan públicamente la verdad final sobre el punto.

          No hay novedad. La Corte Suprema, en su oficio 33-2015 de 27 de marzo pasado, explicitó su adhesión a la “doctrina Solís”, según la cual las leyes no hay para qué respetarlas; y confesó de plano que la legislación chilena “no contiene delitos adecuados” para poder condenar a los militares, de modo que los tribunales deben recurrir a variadas triquiñuelas y “ficciones” para meterlos presos. “A confesión de parte…”

          Mucho peor para la ley, como habría dicho Lenin. Tenemos una dictadura judicial de izquierda. (“Dictadura”: gobierno que se ejerce fuera de las leyes).

          Entonces el Gobierno ha resuelto reponerle el "pituto" a Solís, contratándolo en el Ministerio de Defensa como asesor de derechos humanos, seguramente pagándole más que la Suprema. En Defensa es ministro el ex candidato presidencial José Antonio Gómez, un radical de extrema izquierda que en la primaria hizo y dijo todo lo necesario para representar bien al Partido Comunista, lo que, contra sus previsiones, le significó sacar muy pocos votos, no obstante lo cual calificó para ser el imitado favorito de Kramer. La contratación de Solís deja en evidencia la total falta de imparcialidad política del magistrado, si es que ella no había quedado de manifiesto suficientemente en sus fallos contrarios a la Constitución y las leyes y, por lo mismo, estrictamente apegados a las consignas revolucionarias y vengativas del comunismo. 

          Todo esto es, por supuesto, un gran abuso. No podría tener lugar si éste no fuera un país blandengue, con una opinión pública que se lo traga todo si se lo repiten un suficiente número de veces los periodistas de izquierda que trabajan en medios de derecha; con una oposición más que blandengue, que hace tiempo “se dio vuelta la chaqueta”; y unos militares tan blandengues, que miran para otro lado mientras a sus camaradas, que debieron poner el pecho a las balas terroristas cuando los civiles se lo imploraron, los condenan por venganza a cadenas perpetuas de hecho y les discuten hasta los beneficios penitenciarios. El más reciente fallo, que mandó tras las rejas a 14 militares, uno de los cuales se suicidó y otro ha rechazado entregarse, ha establecido que el Ejército, ya en los ’90, se había convertido en una “asociación ilícita”. Y el Ejército, "siempre vencedor y jamás vencido", se ha tragado tamaños insulto e ilegalidad en completo silencio.

          Políticos inescrupulosos, como Aylwin, convocaron a los militares a la lucha contra el extremismo ("hay milicias fuertemente armadas", decía) y después los condenaron por haberles obedecido; y otros aún más inescrupulosos, como Piñera, les triplicaron las querellas y los mandaron a un penal peor, en ambos casos para complacer a los comunistas. Y ahora Bachelet II, para no ser menos, y sabiendo que son presos políticos y caballeros civilizados, quiere cambiarlos a otro penal todavía peor, para que sepan lo que es canela en medio de los reos comunes, y así aprovechar la publicidad que ofrece el aniversario de septiembre. ¿Qué más se le ocurrirá hacerles? ¿Cortarles a los octogenarios y enfermos que sobrevivan un dedo en cada aniversario del 11?

Es que en el Chile de hoy los únicos duros son los comunistas, que salen a la calle a pegarles a quienes se les pongan por delante, aterrorizan a los gobiernos, defienden a muerte a sus guerrilleros, secuestradores y asesinos; les gritan “asesinos” a los militares y mantienen sus armas guardadas "por si las moscas". 

Todos les tienen pavor y, comenzando por el citado Piñera y siguiendo por todos los demás, hacen lo que ellos dicen. Y, por si fuera poco, cobran ocho millones de dieta parlamentaria más dos millones de pensión de exonerado, se pavonean públicamente de sus asesinatos (porque para ellos sí rige la prescripción) y, encima (“matón que no abusa se desprestigia”), sacan ficha de protección social. 

En conjunto los extremistas le extraen al Estado trescientos millones de dólares al año. Y como a unos treinta mil de ellos se les hizo poca la pensión mensual que les regaló Lagos por declararse torturados, les acaban de aprobar ocho millones de pesos adicionales como bono para que no se declaren en huelga de hambre. No está mal como indemnización por habérseles "violado su derecho humano" a tomar el poder por las armas.

¡Qué vergüenza de país! El resto de los chilenos es un rebaño que repite una y otra vez “beeee”, siendo “beeee” lo que los comunistas les ordenan corear a todos y al que no lo haga le sacan la cresta. En esto ha terminado el otrora “jaguar latinoamericano”, hoy día un gato que les tiene miedo hasta a los ratones.

El Odio y el Mar

          Cuando los gobernantes bolivianos tienen problemas, agitan el tema del mar.  Cuando los gobernantes chilenos los tienen, agitan el tema del odio.  Evo estuvo en apuros con marchas de protesta en su contra. Las atribuyó a espías chilenos. Las protestas pasaron a segundo término.

          Acá, cuando Piñera llegó a la cota más baja de popularidad, aplicó la receta y recurrió al arma chilena para desviar la atención: el odio. Trasladó a un grupo de oficiales del aceptable penal Cordillera al hacinado Punta Peuco. El comunismo aplaudió, su exponente más extrema, la joven Javiera Parada, elogió a Piñera. Éste remontó en las encuestas. A costa de los militares, por supuesto, a los cuales había prometido acortar los procesos y hacer valer la prescripción y el respeto al estado de derecho. Pero la “familia militar” ya había votado por él y seguramente se dijo, “París  bien vale una Misa”.

Y ahora Bachelet había llegado, a su turno, a la cota más baja de su popularidad. Entonces imitó a su antecesor y recurrió al odio. Su “agregada científica” en Canadá, Carmen Gloria Quintana, apareció por acá, en curiosa concomitancia con el “arrepentimiento” de un testigo de los hechos de 1986, cuando uno de los artefactos incendiarios que ella misma llevaba estalló y la quemó. De portadora de tales elementos ha devenido “víctima”, como tantos otros.

¿Cómo actualizaron el odio? Consiguiendo que todos los medios destacaran al sujeto que, tras 29 años, delató un supuesto “pacto de silencio” y dio una versión distinta de la que había dado en 1986. Todo Chile repitió sumisamente: “¡pacto de silencio!”. Y todavía sigue repitiéndolo, porque acá la opinión pública es esclava permanente de las consignas de la izquierda.

Pero sucedió un imprevisto y “el tiro les estaba saliendo por la culata”, porque un segundo supuesto delator del “pacto de silencio”, un ex conscripto “en situación de calle”, recitó mal el libreto que le habían enseñado y dijo que el oficial que había quemado a los extremistas era otro y no el que había dicho el primero; y que no había usado encendedor, como decía aquél, sino fósforos.

El ministro Carroza carraspeó y luego tuvo que empezar a toser francamente, cuando los otros nueve conscriptos mantuvieron su versión de 1986 y, más grave todavía, uno confesó que había sido él quien, accidentalmente, había golpeado un recipiente explosivo y había ocasionado la quemazón.

          Pero entonces al Gobierno, a Carroza y al odio “los salvó  la campana”: sobrevino la muerte del general Contreras, y eso permitió que el odio tomara otros derroteros. Como esto ha dado pie a que yo reiterara públicamente en TVN algunas verdades históricas, entonces ahora se levantan voces exigiendo que se ponga límites a la libertad de expresión y se impida que los “delirios” de un “fantoche extremista”, como me describe un plumario de extrema izquierda en la portada de hoy de “El Mostrador”, siga diciendo las cosas que dice. Y TVN está en problemas, porque si bien logró elevar el rating de “El Informante”, todo tiene su límite. Lo más pluralista que puede ser el canal estatal es mostrando en pantalla a “arrepentidos” y repetidores de la consigna máxima, “las violaciones a los derechos humanos”. Éstas, por supuesto, no son los crímenes cometidos por los que declararon la guerra, las “milicias fuertemente armadas” del marxismo que denunciaba Aylwin I en 1973, sino los militares impidieron el autogolpe proyectado por Allende, según la versión de Aylwin I, que sólo vino a ser contradicha por Aylwin II veinte años después.

          Hubo otro distractivo en ciernes: el ministro Solís, que ha impuesto cientos de años de condenas a militares sobre la base de una “ficción”, como confesó en cámara, acusó a sus colegas de la Corte Suprema de haberlo privado de una conveniente “asesoría”, que le permitiría mejorar su pensión de retiro, por presión de los militares. Amenazaba estallar otro escándalo. Hasta yo exclamé en cámara, esperanzado, refiriéndome a los militares: “¡Por fin hacen ALGO!” Vana ilusión. Se me informó que fueron los propíos ministros supremos los que advirtieron sobre la irregularidad de la asesoría de Solís y la vetaron.

          Y esta mañana un séptimo oficial víctima de la persecución de los “guardianes del odio” se ha quitado la vida. La justicia de izquierda lo había condenado a más de veinte años de presidio. ¡Que contraste con el millar de terroristas de izquierda amnistiados, indultados e indemnizados! ¡Que contraste con los treinta mil izquierdistas que en días pasados recibieron un millón de pesos adicionales cada uno, como bono para suplementar las pensiones que obtuvieron en 2005 con sólo declararse “torturados”!

          

         Evo “zafa” con el mar. Piñera y Bachelet “zafan” con el odio. Lástima que “¡uuups!, en El Salvador Michelle es hoy sorprendida diciendo la verdad. Nadie contaba con eso. Dice el analista Patricio Navia en “La Segunda” de hoy: “¡Qué vergüenza que la Presidenta de Chile diga que tiene como modelo a la República Democrática Alemana!”

     

         ¿Y adónde creía él que conducen las reformas revolucionarias?

Réquiem Para un Mito Izquierdista

               Cuando murió el general Contreras me llamó una periodista de Megavisión con el fin de entrevistarme para el noticiero AhoraNoticias. Conversamos unos veinte minutos y en la noche lo sintonicé para verme. Aparecí cinco segundos diciendo: “Fue eficaz en la lucha contra el terrorismo”, y nada más. Cinco segundos. Es que el resto de mis declaraciones contradecía la versión de la izquierda sobre Contreras, que fue la que dio el referido noticiero. Este cumple rigurosamente la regla periodística nacional: los dueños son grandes empresarios, pero la línea editorial la determinan los periodistas de izquierda.

          Bueno, tengo más de algo qué decir sobre el general Contreras. El otro día el presidente de la UDI, Hernán Larraín, declaró que yo lo “defendía”. Con su particular óptica política, que en estas materias es la de la izquierda, creyó que con eso “me liquidaba”. Lo que sucede es que yo digo la verdad sobre ese general, mientras que Hernán, en este tema como en otros relacionados con derechos humanos, sólo repite consignas comunistas y hasta homenajea a una ex terrorista de ese signo.

          El mito sobre ese militar lo presenta como un sanguinario perseguidor de personas inocentes. Se le atribuye muertes, torturas y desapariciones. Pero si se lee, por ejemplo, el sesgado Informe Rettig, que ocultó la mitad de la verdad (las muertes provocadas por las facciones armadas de izquierda) se ve que el mito de Contreras ha sido enormemente sobredimensionado. Por ejemplo, de un total de supuestos “desaparecidos” (lo pongo entre comillas porque hoy no son tales, como luego expondré) de 824 que el Informe Rettig atribuye a alguna institución, sólo asigna 316 a la DINA, dirigida por el general Contreras. Luego, en ese tema su participación fue secundaria.

          Otro mito, el de que el general Contreras “guardaba información sobre desaparecidos” también es falso y, de hecho, él ha sido la única persona que ha investigado y dado a conocer los paraderos de personas catalogadas como desaparecidas. En su libro “La Verdad Histórica II ¿Desaparecidos?”, que estuvo entre los más vendidos en 2001, estudió el tema. Posteriormente envió a cada uno de los ministros sucesivamente sumariantes en casos de derechos humanos, y a mí también, una nómina de más de seiscientos supuestos desaparecidos precisando su paradero, entre ellos decenas de casos de “personas sin existencia legal” y “personas que salieron legalmente del país”. Nunca se supo que algún juez, alguien de la Comisión Rettig o de ningún otro organismo desmintiera esas cifras. 

          El mito siempre prevaleció y se siguió hablando de “miles de desaparecidos”, pese a que la Comisión Rettig mencionó 979 y la posterior Comisión de Reparación añadió 123, haciendo un total de 1.102. En mi libro “Terapia para Cerebros Lavados” cité publicaciones según las cuales todos ellos tenían un paradero determinado, es decir, no eran “desaparecidos” (p. 262), aparte de que en los últimos tiempos han ido “reapareciendo” sucesivamente seis que nunca lo fueron.

          Otro mito fue el de que el Presidente Pinochet “sabía todo lo que hacía el general Contreras”. También eso es falso. Quedó históricamente comprobado que este general le aseguró tres veces no haber tenido ninguna vinculación con Michael Townley (quien puso las bombas al general Prats y a Orlando Letelier), lo que indujo a la Junta a entregarlo a las autoridades norteamericanas. Ese ocultamiento fue decisivo para disolver la DINA y relevar a Contreras, al comprobarse que escondía cosas a sus superiores, entre ellas la de ordenar dar muerte a terroristas sin forma de juicio, cosa que es practicada hoy día sin objeciones por los Estados Unidos e Israel, pero que las circulares número 1 de la Junta de Gobierno y número 22 del Ministerio del Interior, ambas de enero de 1974, vedaban a todos los uniformados chilenos.

          Orlando Sáenz ha publicado en “El Mercurio” un muy buen artículo sobre las iniquidades cometidas en los juicios contra uniformados (r), apelando a que ellos habrían actuado en virtud de la “obediencia debida”. En realidad, la “obediencia debida” justamente les vedaba cometer semejantes crímenes y, cuando se perpetraron, fue en virtud de todo lo contrario, “desobediencias indebidas”, pues las instrucciones superiores y generales eran las de respetar las vidas de quienes rindieran sus armas. En la práctica de los juicios, los inculpados que declaran haber actuado por órdenes superiores, aunque ello fuera falso, son tratados con benevolencia por los jueces de izquierda, porque el propósito de éstos es político: la condena pública del Gobierno Militar. De hecho, el autor comprobado de más de cincuenta fusilamientos ilegales nunca ha pisado Punta Peuco y está en su casa, por haber culpado a sus superiores, pese a que contravino las órdenes de éstos. Pero ello acomoda al propósito político de los jueces, que le han impuesto sólo pena remitida. Todo esto es inmoral, de público conocimiento y no criticado por nadie, lo que pone en evidencia la falta de ética que preside el actuar de la judicatura y el temple de nuestra sociedad.  

          En esta hora en que hay un centenar de militares (r) presos con violación del estado de derecho, y cerca de un millar de los mismos procesados, mientras todos los terroristas que actuaron antes de 1990 están libres, por sangrientos que hubieren sido sus crímenes, la muerte del general Contreras, octogenario, enfermo y condenado a más de quinientos años en juicios confesamente ilegales (un pleno de la Corte Suprema lo reconoció así), ha puesto de relieve hasta qué punto la izquierda en general y el comunismo en particular han logrado imponer sus mitos acerca de la verdad histórica del país y ocultar su propia responsabilidad, y la de la izquierda en general, en la generación del terrorismo y la violencia que hicieron indispensable un 11 de septiembre de 1973. 

Personajes Cambiantes

          Como he sido siempre de una sola línea en política, tengo frecuentes dificultades con los que cambian la suya siguiendo al “sol que más calienta”, sobre todo si los pongo en evidencia. Las veces en que esto sucede, mi correo se llena de testimonios de las antiguas posiciones que mantenían mis cambiantes contradictores, posiciones que ellos mismos a veces han olvida do por completo.

          En estos días he criticado los últimos virajes del presidente de la UDI, Hernán Larraín, convertido en portavoz de consignas comunistas, como la de degradar a oficiales (r) que son presos políticos. Él, también en estos días, ha rendido homenaje público a una extremista de izquierda que resultó quemada al estallar los artefactos incendiarios que portaba para, a su turno, quemar a otras personas.

En fin, el mismo senador en el pasado se ha opuesto a que los condenados uniformados reciban los mismos beneficios que por ley se les dio a los terroristas. "Mi voto a favor de éstos, dijo, no debe ser considerado moneda de cambio para favorecer después a los militares".

          Y entonces Hernán Larraín exclama que no va a permitir que yo censure sus críticas “a las violaciones de los derechos humanos”. Pero cuando el ex Presidente Pinochet cumplió 80 años, en 1995, Hernán le escribió una carta (“La Segunda, 24.11.95) de homenaje y agradecimiento, en la que estaba lejos de considerar a su régimen como “violador de derechos humanos”, y tal vez por eso le expresó: “Los pueblos, por lo general, son poco agradecidos con quienes colaboran en su desarrollo en vida de sus protagonistas”. Y luego señaló: “Incluso los errores y excesos que se cometieron –no podemos olvidar la naturaleza humana—y más allá del aprovechamiento político que de ellos se ha venido haciendo durante muchos años, deben servir para comprender lo profundo del quiebre social que existió a comienzos de la década del ’70 y el grado a que había llegado la justificación del uso de la violencia por los sectores políticamente mayoritarios de ese tiempo”.

          Precisamente entre quienes hacían uso de la violencia se hallaba Carmen Gloria Quintana, a la cual Larraín rinde hoy público homenaje por haber sido “víctima” de quienes 

le impidieron incendiar buses con pasajeros.

          Y su apoyo actual a la venganza comunista es también contradictorio con lo que expresa en su carta de 1995, cuando se refiere a “problemas pendientes". Decía entonces: "Producto de la mala aplicación de la Ley de Amnistía dictada en 1978 para contribuir a la paz social, advertimos la inequidad de algunos sectores que, por un lado, procuran superar las dificultades procesales y penales de terroristas de izquierda, para intentar, por otra parte, la persecución implacable de todo uniformado que pueda tener alguna responsabilidad en hechos de entonces”.

          Lo que hoy Larraín llama “violaciones a los derechos humanos”, hace veinte años le merecía otro juicio, que le expresaba al entonces senador Pinochet: “Fue necesario tener coraje para actuar en su debido momento, como es necesario hoy para superar esas inquietudes, sin olvidar el debido respeto por los sentimientos de todos los afectados. Usted supo actuar y lo ha sabido hacer en estos días, dando ejemplo de autoridad, respeto personal y observancia de las normas jurídicas vigentes en la actualidad”.

          Naturalmente, también me llega de varias fuentes en estas ocasiones la grabación de 11973 en que Patricio Aylwin justifica en cámara cuanto están haciendo los uniformados y el pronunciamiento para “anticiparse a un autogolpe” totalitario que preparaban Allende y la Unidad Popular, según afirma.

          Cuando Aylwin manifestaba este caluroso respaldo (octubre de 1973), estaba teniendo lugar el 80 por ciento del total de las muertes registradas en Chile a raíz del pronunciamiento militar: el Informe Rettig consignó un total de 2.298 caídos en 17 años, 1.823 de los cuales se produjeron entre septiembre y diciembre de 1973.

          Luego, las condenas que emiten actualmente estos cambiantes personajes los comprometen y les alcanzan a ellos mismos, pues eran cómplices en el sentido de apoyar y estimular la acción de los uniformados.

Incluso el propio Aylwin dio un paso más cuando, según “La Tercera” de 04.07.99, p. 6, el 4 de enero de 1974 dirigió una expresiva carta a la Junta Militar ofreciéndole cooperación y aconsejándole no incurrir en el error de gobernar por un tiempo demasiado corto.

          “Darse vuelta la chaqueta” es un ejercicio político autóctono bastante frecuente, pero nuestros hombres públicos no pueden pretender que nadie se dé cuenta ni dé a conocer en qué bando militaban cuando tenía lugar la batalla, después de la cual han emergido como triunfantes generales que lo habrían hecho todo a la perfección.

No Está Perdida Toda Esperanza

          Cuando mi opinión sobre mis connacionales estaba por los suelos, motivada a ello al presenciar cómo personalidades públicas, incluidos dirigentes de derecha, elevaban a los altares a la portadora de bombas incendiarias destinadas a ser lanzadas a vehículos de locomoción para impedir que la gente fuera a sus trabajos; y la justicia prevaricadora arrasaba con todas las leyes para perseguir a quienes enfrentaron ese terrorismo, el examen de las declaraciones de nueve ex conscriptos del Ejército, de un total de once, que participaron en los hechos, me ha hecho recobrar parte de mi fe en que subsiste una fibra moral intacta en nuestro pueblo.

          Esos nueve han demostrado tener un coraje y una firmeza de carácter mayores que muchos de sus superiores uniformados. En medio de un ambiente publicitario y judicial tremendamente adverso, los ex conscriptos, pese a ser mandados ilegal e injustamente presos, prisión que no sufren actualmente ni siquiera los peores delincuentes, se han mantenido firmes. No han cedido a la tentación de traicionar a otros, mentir y sumarse a la corriente dominante, que lo único que les pide, a una sola voz con una judicatura dominada por la politiquería y que contraviene las leyes, es que respalden la “verdad oficial” necesaria para desviar la atención pública de las falencias que afligen al gobierno.

Y, todavía, uno de ellos ha tenido el coraje de autoinculparse de haber provocado accidentalmente el fuego que quemó a los dos activistas portadores de las bombas incendiarias. Entre paréntesis, ello prueba que los artefactos incendiarios de vidrio eran tremendamente letales, pues bastaba romperlos para que estallaran en llamas. Por supuesto, en los mismos días la justicia penal ha dejado libres a quienes hace poco han quemado a un modesto empleado que no era portador de ningún artefacto incendiario, sino que era un simple hombre de trabajo. Nadie ha oído al senador Larraín horrorizarse por ello, como lo hizo en el caso de los subversivos.

          ¡Qué contraste moral entre las personalidades de esos nueve hombres modestos y una judicatura de izquierda que no tiene miramientos en mandarlos ilegalmente presos! Y sin el menor escrúpulo la misma judicatura premia decidoramente, pues no los encarcela, a los que se prestaron para corroborar las falsas versiones de la propaganda oficial.

Esos únicos dos desertores del grupo ni siquiera están de acuerdo entre sí. Uno inculpa al teniente Castañer de haber iniciado el fuego con un encendedor; el otro al teniente Fernández de haberlo hecho con un fósforo. Pero los otros nueve coinciden en que ambos oficiales estaban alejados del estallido del fuego. Por supuesto, el juez de izquierda atiende a la versión contradictoria de los dos y no a la conteste de los nueve, más la de los dos oficiales, pues es lo políticamente correcto; y manda a todos éstos presos.

          Más aún, como anticipé, entre los referidos nueve ha surgido la voz de Leonardo Riquelme Alarcón, quien, teniendo todo qué perder, da razones de conciencia, expresa no estar movido por ningún interés económico y confiesa que un movimiento accidental suyo propio provocó la ruptura de un envase explosivo y generó el fuego que quemó a Rojas y Quintana, al tiempo que los dos oficiales daban órdenes de que se les apagara.

  

          Creo que esos nueve chilenos a quienes hoy nadie defiende, y en particular Leonardo Riquelme Alarcón, nos han dado un ejemplo valioso en tiempos de corrupción generalizada, ilegalidad rampante y uso desatado de la mentira para conseguir dividendos políticos.

          Valga añadir que las patrullas que coincidieron en el lugar en 1986 estaban cumpliendo una noble misión: proteger a la población civil de ataques incendiarios terroristas. Eso configura la monstruosidad en que hoy se incurre, de culpar a sus miembros de "violaciones a los derechos humanos". Suele llamarse "el pago de Chile".

          Pese a tal monstruosidad, hoy generalizada en nuestro medio, si nueve de cada once chilenos del pueblo son como ha quedado descrito, y si entre cada nueve hay un Leonardo Riquelme Alarcón, en el país no está perdida toda esperanza.

Nunca Se Nos Había Mentido Tanto

          No tengo recuerdo de una campaña de mentiras más masiva,  mejor orquestada ni más fácil de dejar en evidencia que la desatada a propósito de los “documentos desclasificados de la embajada norteamericana que revelan el encubrimiento de Pinochet en el caso quemados”. Un completo invento. Son informes “ideológicamente falsos” de manera evidente, porque toda la prensa chilena, y en particular las revistas de izquierda nacionales, que en los ’80 eran mayoría (Apsi, Cauce, Análisis, Hoy, entre muchas; ¿”dictadura”?) informaban de que una patrulla del ejército había detenido a la pareja de terroristas incendiarios, Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana.

No sólo eso, sino que desde el primer momento la justicia designó un  ministro en visita, Alberto Echavarría Lorca, unánimemente tenido por un juez serio e imparcial, que por resolución del 23 de julio de 1986 (los hechos acaecieron el 8) determinó, tras investigar a su entera satisfacción: “a) Que Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos, el día 8 de este mes, por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndolos transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando heridas graves a los dos y posteriormente la muerte del primero”.

          Cualquiera que lea la prensa de la época advierte que no pudo haber encubrimiento alguno de Pinochet  ni menos un documento del Director de Carabineros, general Stange (que, por supuesto, ha negado recordarlo) atribuyendo responsabilidad al Ejército, documento que Pinochet se habría negado a recibir, según los “informes” norteamericanos.

          ¡Cómo pueden mentirnos en nuestra propia cara y sabiendo que sus falsedades son tan fáciles de desvirtuar! ¡Cómo puede el canciller Heraldo Muñoz prestarse para decir que “va a pedir mayores informes” a los norteamericanos, cuando sabe que todo es un invento de cabo a rabo! Es la mayor “metida de pata” de un canciller desde que Foxley declaró que los informes sobre el “oro de Pinochet” eran muy serios, y resultó que tal oro no existía, era otro invento.

En este caso todo Chile supo desde el primer momento, porque había libertad para informarlo y publicarlo, que a los incendiarios los había detenido una patrulla del Ejército. Pero la campaña publicitaria de la izquierda pretende hacer creer ahora que, según dicen los documentos norteamericanos, Pinochet “lo ocultó”.

          La explicación del montaje publicitario falso de ayer la tuve cuando apareció en pantalla, más desgreñado, más canoso y con menos dientes, el inefable y conocido activista de izquierda norteamericano, Peter Kornbluh, cuya principal actividad en los ’70 y ’80 fue inventar falsedades en menoscabo del Gobierno Militar y que no ha abandonado su deleznable oficio. Cuando leía sus denuncias, yo pensaba que, si no era pagado por el KGB, merecía serlo. Y no me cabe duda de que este último infundio lo inventó y “lo plantó” él en los incautos medios chilenos.

Además, en 1986 el embajador norteamericano acá, Harry Barnes, se había propuesto la misma tarea de Kornbluh: crear toda clase de problemas al Gobierno Militar. Había sucedido a James Theberge, cuya política era absolutamente la contraria, porque era un hombre de derecha y entendía el valor de lo que había logrado la Junta para salvar a Chile del comunismo. En 1985 la embajada de Theberge había informado que la mayor amenaza a la seguridad y los derechos humanos era el brazo armado comunista, el FPMR, en razón del número de muertos y heridos que provocaban sus atentados. Pero Harry Barnes lo sucedió y llegó a desempeñar el papel inverso, al extremo de que una vez que el FPMR le puso una bomba a la embajada de USA, Harry dijo que ¡sospechaba de la CNI! Y “Time” lo publicó. “Time” mintió mucho sobre el Gobierno Militar (una vez le contabilicé 16 falsedades en un solo reportaje, y publiqué mi denuncia en “El Mercurio”).

Pese a todo, yo tenía una relación amigable con Harry, pero entre los nuestros lo llamaban “Harry el Sucio”. Una vez me enteré por casualidad, en una comida en el “Caleuche” con marinos en retiro, que Harry había financiado el alhajamiento del departamento que Hortensia Bussi de Allende ocupó en Las Condes (Av. El Bosque) a su retorno a Chile. El empresario a cargo del arreglo del departamento era un marino en retiro que había recibido el pago de la embajada norteamericana y me lo contó. Así era Harry.

          En ese tiempo, y también después, los izquierdistas y “liberals” norteamericanos ocultaban los crímenes de los terroristas del FPMR. Y la Iglesia Católica no lo hacía mal, pues los guerrilleros de izquierda contaban con el auxilio de la defensa jurídica y atención hospitalaria gratuita de la Vicaría de la Solidaridad, a cargo de monseñor Valech, que decía ser “hombre de derecha”. Claro, como algunos de hoy. Cuando el FPMR asesinó al joven carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar, tras tenderle una celada haciéndolo acudir a un presunto asalto, resultaron heridos guerrilleros del brazo armado comunista, que fueron ocultados por abogados de la Vicaría (uno de los cuales fue después jefe de la oficina de seguridad del Gobierno de Aylwin). El ministro en visita que conoció del crimen del carabinero, Cánovas Robles, solicitó las fichas de la Clínica Chiloé, de la Vicaría, donde se atendían los terroristas, pero Valech se negó a proporcionárselas. Cánovas Robles hizo la vista gorda y no lo encargó reo por obstrucción a la justicia, lo cual habría sido más jurídico pero “políticamente incorrecto”.

          Como la historia contemporánea de Chile es “tuerta” y ve los delitos de un solo lado, nadie siquiera recuerda otro crimen insólito del FPMR en los ’80: le pusieron explosivos a un bate de béisbol utilizado los fines de semana en el Estadio Nacional por estadounidenses y canadienses para practicar ese deporte. Como resultado de que la bomba estalló, murió un canadiense. Pero “nadie dijo nada… nadie dijo nada”. El asesino era comunista y eso en Chile constituye fuero.

          Como se ve ahora, en que en medio de la campaña comunista de mentiras se halla la compañera Carmen Gloria Quintana, que tiene tribuna a toda hora y ya está pidiendo la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, pues cree (y no se equivoca) que está dotada de un poder político especial. Desde luego, tiene garantía de impunidad, pues si en Chile no hubiera la dictadura judicial de izquierda que hay, y dado que se ha aceptado que el ministro Carroza reabra un proceso por hechos prescritos y respecto de los cuales hay cosa juzgada, si existiera la más mínima consecuencia en la judicatura, Carmen Gloria Quintana también debería ser procesada y encarcelada como lo han sido nueve miembros de las patrullas militares a los cuales se les ha responsabilizado en el caso. Pues ha quedado probado, y nadie siquiera lo discute, que los elementos incendiarios e inflamables los llevaban el 8 de julio de 1986 Rodrigo Rojas y la misma Quintana, lo que los hacía incurrir en el delito contemplado en el artículo 2° de la Ley Antiterrorista. Sus atentados resultaron frustrados, pues las patrullas militares impidieron que ambos agentes incendiarios lanzaran los elementos inflamables a los vehículos de la locomoción colectiva, como se disponían a hacerlo. Pero como la pena por ese delito terrorista va de cinco años y un día a veinte años, por haber resultado frustrado se rebaja en un grado. Veamos a cuántos años la va a condenar el ínclito ministro Carroza, porque supongo desde ya que la va a procesar…

          Vanas ilusiones de justicia. El escenario lo manejan la propaganda comunista y la dictadura judicial. Por eso nadie debe extrañarse de que, por uno de esos caprichos de la Providencia, en estos mismos días otros delincuentes incendiarios hayan quemado al cajero de una empresa, pero los jueces de izquierda han dejado libres a los autores por considerar que no hay pruebas suficientes, pese a que todo el mundo sabe que ellos fueron.

          Así opera la dictadura judicial de la izquierda: si nueve de once ex militares sostienen que Rojas y Quintana se quemaron debido a un movimiento de esta última, y apenas dos han resuelto cambiar su versión después de 29 años, por razones que sólo podemos sospechar, se apresa y juzga a los primeros y libera y se les cree a los segundos, pese a ser cuatro veces menos. Si la víctima de quemaduras es un simple cajero que no portaba elementos incendiarios ni era parte de una acción violenta de izquierda, los autores del crimen quedan libres.

          Con razón escribió Tocqueville que la dictadura judicial es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio y, además, en Chile cuenta con el respaldo del Gobierno, la mayoría del público y los medios.