Nunca Se Nos Había Mentido Tanto

          No tengo recuerdo de una campaña de mentiras más masiva,  mejor orquestada ni más fácil de dejar en evidencia que la desatada a propósito de los “documentos desclasificados de la embajada norteamericana que revelan el encubrimiento de Pinochet en el caso quemados”. Un completo invento. Son informes “ideológicamente falsos” de manera evidente, porque toda la prensa chilena, y en particular las revistas de izquierda nacionales, que en los ’80 eran mayoría (Apsi, Cauce, Análisis, Hoy, entre muchas; ¿”dictadura”?) informaban de que una patrulla del ejército había detenido a la pareja de terroristas incendiarios, Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana.

No sólo eso, sino que desde el primer momento la justicia designó un  ministro en visita, Alberto Echavarría Lorca, unánimemente tenido por un juez serio e imparcial, que por resolución del 23 de julio de 1986 (los hechos acaecieron el 8) determinó, tras investigar a su entera satisfacción: “a) Que Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos, el día 8 de este mes, por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndolos transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando heridas graves a los dos y posteriormente la muerte del primero”.

          Cualquiera que lea la prensa de la época advierte que no pudo haber encubrimiento alguno de Pinochet  ni menos un documento del Director de Carabineros, general Stange (que, por supuesto, ha negado recordarlo) atribuyendo responsabilidad al Ejército, documento que Pinochet se habría negado a recibir, según los “informes” norteamericanos.

          ¡Cómo pueden mentirnos en nuestra propia cara y sabiendo que sus falsedades son tan fáciles de desvirtuar! ¡Cómo puede el canciller Heraldo Muñoz prestarse para decir que “va a pedir mayores informes” a los norteamericanos, cuando sabe que todo es un invento de cabo a rabo! Es la mayor “metida de pata” de un canciller desde que Foxley declaró que los informes sobre el “oro de Pinochet” eran muy serios, y resultó que tal oro no existía, era otro invento.

En este caso todo Chile supo desde el primer momento, porque había libertad para informarlo y publicarlo, que a los incendiarios los había detenido una patrulla del Ejército. Pero la campaña publicitaria de la izquierda pretende hacer creer ahora que, según dicen los documentos norteamericanos, Pinochet “lo ocultó”.

          La explicación del montaje publicitario falso de ayer la tuve cuando apareció en pantalla, más desgreñado, más canoso y con menos dientes, el inefable y conocido activista de izquierda norteamericano, Peter Kornbluh, cuya principal actividad en los ’70 y ’80 fue inventar falsedades en menoscabo del Gobierno Militar y que no ha abandonado su deleznable oficio. Cuando leía sus denuncias, yo pensaba que, si no era pagado por el KGB, merecía serlo. Y no me cabe duda de que este último infundio lo inventó y “lo plantó” él en los incautos medios chilenos.

Además, en 1986 el embajador norteamericano acá, Harry Barnes, se había propuesto la misma tarea de Kornbluh: crear toda clase de problemas al Gobierno Militar. Había sucedido a James Theberge, cuya política era absolutamente la contraria, porque era un hombre de derecha y entendía el valor de lo que había logrado la Junta para salvar a Chile del comunismo. En 1985 la embajada de Theberge había informado que la mayor amenaza a la seguridad y los derechos humanos era el brazo armado comunista, el FPMR, en razón del número de muertos y heridos que provocaban sus atentados. Pero Harry Barnes lo sucedió y llegó a desempeñar el papel inverso, al extremo de que una vez que el FPMR le puso una bomba a la embajada de USA, Harry dijo que ¡sospechaba de la CNI! Y “Time” lo publicó. “Time” mintió mucho sobre el Gobierno Militar (una vez le contabilicé 16 falsedades en un solo reportaje, y publiqué mi denuncia en “El Mercurio”).

Pese a todo, yo tenía una relación amigable con Harry, pero entre los nuestros lo llamaban “Harry el Sucio”. Una vez me enteré por casualidad, en una comida en el “Caleuche” con marinos en retiro, que Harry había financiado el alhajamiento del departamento que Hortensia Bussi de Allende ocupó en Las Condes (Av. El Bosque) a su retorno a Chile. El empresario a cargo del arreglo del departamento era un marino en retiro que había recibido el pago de la embajada norteamericana y me lo contó. Así era Harry.

          En ese tiempo, y también después, los izquierdistas y “liberals” norteamericanos ocultaban los crímenes de los terroristas del FPMR. Y la Iglesia Católica no lo hacía mal, pues los guerrilleros de izquierda contaban con el auxilio de la defensa jurídica y atención hospitalaria gratuita de la Vicaría de la Solidaridad, a cargo de monseñor Valech, que decía ser “hombre de derecha”. Claro, como algunos de hoy. Cuando el FPMR asesinó al joven carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar, tras tenderle una celada haciéndolo acudir a un presunto asalto, resultaron heridos guerrilleros del brazo armado comunista, que fueron ocultados por abogados de la Vicaría (uno de los cuales fue después jefe de la oficina de seguridad del Gobierno de Aylwin). El ministro en visita que conoció del crimen del carabinero, Cánovas Robles, solicitó las fichas de la Clínica Chiloé, de la Vicaría, donde se atendían los terroristas, pero Valech se negó a proporcionárselas. Cánovas Robles hizo la vista gorda y no lo encargó reo por obstrucción a la justicia, lo cual habría sido más jurídico pero “políticamente incorrecto”.

          Como la historia contemporánea de Chile es “tuerta” y ve los delitos de un solo lado, nadie siquiera recuerda otro crimen insólito del FPMR en los ’80: le pusieron explosivos a un bate de béisbol utilizado los fines de semana en el Estadio Nacional por estadounidenses y canadienses para practicar ese deporte. Como resultado de que la bomba estalló, murió un canadiense. Pero “nadie dijo nada… nadie dijo nada”. El asesino era comunista y eso en Chile constituye fuero.

          Como se ve ahora, en que en medio de la campaña comunista de mentiras se halla la compañera Carmen Gloria Quintana, que tiene tribuna a toda hora y ya está pidiendo la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, pues cree (y no se equivoca) que está dotada de un poder político especial. Desde luego, tiene garantía de impunidad, pues si en Chile no hubiera la dictadura judicial de izquierda que hay, y dado que se ha aceptado que el ministro Carroza reabra un proceso por hechos prescritos y respecto de los cuales hay cosa juzgada, si existiera la más mínima consecuencia en la judicatura, Carmen Gloria Quintana también debería ser procesada y encarcelada como lo han sido nueve miembros de las patrullas militares a los cuales se les ha responsabilizado en el caso. Pues ha quedado probado, y nadie siquiera lo discute, que los elementos incendiarios e inflamables los llevaban el 8 de julio de 1986 Rodrigo Rojas y la misma Quintana, lo que los hacía incurrir en el delito contemplado en el artículo 2° de la Ley Antiterrorista. Sus atentados resultaron frustrados, pues las patrullas militares impidieron que ambos agentes incendiarios lanzaran los elementos inflamables a los vehículos de la locomoción colectiva, como se disponían a hacerlo. Pero como la pena por ese delito terrorista va de cinco años y un día a veinte años, por haber resultado frustrado se rebaja en un grado. Veamos a cuántos años la va a condenar el ínclito ministro Carroza, porque supongo desde ya que la va a procesar…

          Vanas ilusiones de justicia. El escenario lo manejan la propaganda comunista y la dictadura judicial. Por eso nadie debe extrañarse de que, por uno de esos caprichos de la Providencia, en estos mismos días otros delincuentes incendiarios hayan quemado al cajero de una empresa, pero los jueces de izquierda han dejado libres a los autores por considerar que no hay pruebas suficientes, pese a que todo el mundo sabe que ellos fueron.

          Así opera la dictadura judicial de la izquierda: si nueve de once ex militares sostienen que Rojas y Quintana se quemaron debido a un movimiento de esta última, y apenas dos han resuelto cambiar su versión después de 29 años, por razones que sólo podemos sospechar, se apresa y juzga a los primeros y libera y se les cree a los segundos, pese a ser cuatro veces menos. Si la víctima de quemaduras es un simple cajero que no portaba elementos incendiarios ni era parte de una acción violenta de izquierda, los autores del crimen quedan libres.

          Con razón escribió Tocqueville que la dictadura judicial es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio y, además, en Chile cuenta con el respaldo del Gobierno, la mayoría del público y los medios.