El Rey del Soborno

          Todos sabemos quién es. Pero ha sobornado a tanta gente y hecho tantas trampas que los esqueletos ya no le caben en el armario y de vez en cuando alguno se sale. Ha sucedido en estos días con el de hace una década, cuando, tras conversar él con Néstor Kirchner, otro experto en el tema, éste lo derivó a su ministro Transportes, Ricardo Jaime, actualmente preso, con quien arregló un pago bajo el mesón para permitir operar en Argentina a LAN –sociedad insignia del Rey del Soborno, adquirida en parte de CORFO bajo la “política de los acuerdos” con Aylwin, a principios de los ’90--.

El pago se efectuó, imprudentemente, a través de una sociedad de LAN en los Estados Unidos (“Atlantic Aviation Investments”). Grave error, porque allá, a diferencia de Argentina y Chile, persiguen efectivamente la corrupción, así es que finalmente LAN tuvo que pagar una multa de 22 veces la coima para evitar que sus ejecutivos y controladores fueran presos o tuvieran que vivir con una orden de captura internacional. Y nada de esto le importó a nadie (me refiero al pueblo de Argentina y de Chile) como que después acá eligieron Presidente al corruptor y allá eligieron Presidenta, sin problemas, a la señora del corruptor de allá y no a éste sólo porque se murió antes de tiempo.

          El de acá, más encima, al ser electo venía saliendo de cometer un delito local (compra de acciones con información privilegiada). Pero eso parece que le añadió votos, pues aventajó a su adversario en la presidencial de 2009-10. Ni la Superintendencia ni nadie iniciaron acciones penales contra él por esa compra ilícita, así es que pagó una multa y “zafó”, tal como siempre ha “zafado” desde los años ’80, cuando metieron presos por tres años a sus socios del Banco de Talca, Calaf y Danioni, pero a él, por los mismos hechos, la Suprema lo dejó libre tras 23 días prófugo. Claro, una vez “se le fue la yegua” y dijo que el detective que lo estaba buscando mentía, porque nunca había estado prófugo, y entonces el detective se querelló y tuvo que arreglar el asunto como siempre, es decir, pagándole ante un juzgado del sur para que desistiera de la querella.

          Ahora el Rey del Soborno sufre incomodidades y ha enviado a uno de sus escuderos a defenderlo porque un diario digital de acá, “El Mostrador”, y nadie más, ni menos los principales diarios, que tiene bien controlados y no publicaron nada del editorial de “La Nación” de Buenos Aires del 29 que revivió el caso y que afirma que “además de existir una investigación abierta en la Oficina Anticorrupción, un fiscal imputó al ex presidente chileno Sebastián Piñera, al ex ministro Julio De Vido y al ex secretario Ricardo Jaime por el pago de coimas por parte de LAN, denuncia que quedó radicada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.”

          O sea, éste esqueleto se sigue moviendo y asoma la cabeza otra vez, de modo que el juez Rodolfo Canicoba Corral puede salir con cualquier cosa y entorpecer la no-campaña que despliega el no-candidato, que no obstante esa condición anuncia para la próxima semana la presentación de su programa, elaborado por su Fundación “Avanza Chile”, cuyo nombre más apropiado debería ser “Avanza Piñera”.

          Yo hace años, a comienzos del gobierno del Rey, traté extensamente el tema de este soborno, en mi blog del 30 de noviembre de 2010, bajo el título “Modus Operandi en Argentina”. En esa época allá había editorializado “Clarín” de Buenos Aires sobre el caso, pero la prensa chilena tampoco se hizo cargo, al igual que ahora. El Rey la tiene casi absolutamente bajo su control. Digo “casi” porque uno de los dos principales diarios y un vespertino publicaron la encuesta Cerc-Mori, que él deseaba mantener oculta, pues lo muestra perdiendo ante Guillier por cinco puntos en segunda vuelta, dato importante y que ha provocado fuertes consecuencias políticas. Ya en octubre la misma encuesta había mostrado al Rey dos puntos bajo Guillier en la segunda vuelta, pero ese guarismo estaba dentro del margen de error. Entonces desde el entorno de aquél se ha desatado una campaña contra Cerc-Mori. Es que Carlos Huneeus (Cerc) y su mujer, Marta Lagos (Mori) son insobornables, de manera que los escuderos del no-candidato han hecho esfuerzos por “ningunear” su encuesta, que es de las más serias precisamente porque no puede ser manejada desde afuera. “La Segunda” y “La Tercera” la publicaron. “El Mercurio” no.

          Yo podría escribir un libro sobre las proezas del Rey del Soborno. Lo he visto “dar vuelta” a comentaristas, diarios, diputados (dos veces durante su gobierno), integrantes de la ANFP. Esto último fue espectacular, en 2010, porque, como Presidente de la República y controlador de Colo Colo, entregó dos estadios nuevos construidos con plata del fisco, por supuesto, en Viña y Valparaíso y así transformó la mayoría de 26-24 que tenía Mayne-Nicholls sobre Segovia, para presidir la ANFP, y a quien el Rey buscaba remover, en 28-22 a favor del segundo (los clubes porteños beneficiados tenían dos votos cada uno, que bajo la promesa de los estadios se cambiaron de bando a última hora). De ahí derivaron la elección final de Jadue y la salida de Bielsa, que el pueblo deportivo nunca ha perdonado al Rey.

          La estrategia de éste es nunca contraatacar, sino sobornar. Lo aprendí en la campaña senatorial de 1989, cuando “Fortín Mapocho” tituló en primera página con el escándalo del Banco de Talca. Todos esperaron la defensa del aludido o su contraataque. Nada. El diario no informó más del tema y sí publicó, días después, fotos de un gran asado de camaradería a que había convidado a sus directivos y personal el ex gerente del Banco de Talca y entonces candidato a senador. Nunca volvió dicho diario a tratar el tema, silenciado en el país (salvo en mis escritos) y que sólo vino a ser abordado in extenso de nuevo por “La Nación” el 19.04.09.

          En mi vida político-periodística he visto al Rey dar vuelta a comentaristas, diarios, diputados (dos veces), un senador y presidente de partido (mediante amenaza, no soborno), una directiva deportiva, una candidata a senadora y a un panel de periodistas interrogadores suyos en un programa de TV, quienes, me consta, recibieron un completo dossier sobre el proceso del Banco de Talca, pese a lo cual no le hicieron una sola pregunta al respecto ante las cámaras.

          Como doctorado en la materia, a estas alturas de la vida política del Rey del Soborno sólo puedo asegurar con certeza una sola cosa: este blog no ha sido (hasta ahora) comprado por él.

Ni las Instituciones (Ni el País) Funcionan

          ¿Se han dado cuenta de lo que la izquierda, la centroizquierda y la centroderecha le han hecho al Instituto Nacional? Lo han liquidado, sacándolo del top 100 en la PSU. El “movimiento social” –huelgas, desfiles masivos, “tomas”— que Piñera calificaba como “noble, grande, hermoso” en 2011, en concordancia con su discurso igualitario del 31 de julio de ese año en “La Segunda” (“las desigualdades en Chile son escandalosas”, decía), están en el origen de ese desastre y han ido liquidando la educación chilena. Pues fue Piñera quien inició la persecución al lucro. ¿Qué es lo único que se está salvando? La educación particular pagada, que aumenta su ventaja sobre la pública en la PSU. Y justamente en ella es donde puede haber lucro, en virtud de que es más libre. Y por eso es la mejor.

          Michelle Bachelet 2.0 profundizó las tonterías de Piñera y las convirtió en la reforma educacional de su revolución marxista y así estamos, “bajando de los patines” a los mejores, entre ellos el Instituto Nacional.

Y, en un orden general, con caída en la inversión y sin saber qué hacer después de las dos reformas tributarias para subir impuestos, la de Piñera y Bachelet 2.0, que están terminando por detener al país. Esto lleva a que Chile esté amenazado de ver empeorada su calificación crediticia internacional, lo que significaría préstamos más caros y más difíciles de obtener. Rodrigo Valdés hace lo que puede para contener el derrumbe.

          En este país que está dejando de funcionar hay instituciones que decididamente ya no funcionan, como lo ha dejado ver el episodio del “perdón” en Punta Peuco. Ahí los presos se dividen en dos categorías: los condenados sobre la base de una mentira y los condenados sobre la base de una inconstitucionalidad. Hay sólo un par de excepciones de debido proceso.

          Los condenados por sentencias mentirosas lo están porque las mismas sostienen que ellos mantienen hasta hoy secuestradas a numerosas personas. Es una falsedad visible y flagrante y, sin embargo, sirve para mandar presos a ex uniformados. Por cierto, esto es contrario a la ley, que exige probar la existencia del delito, y ningún juez ha podido probar que ninguno de esos presos mantenga secuestrada siquiera a una persona.

Y los condenados sobre la base de una inconstitucionalidad lo están porque se les imputan “delitos de lesa humanidad”, argumentándose que son imprescriptibles. Pero esos delitos no existían en Chile a la fecha en que habrían sucedido los hechos. La Constitución dice expresamente: “Nadie puede ser condenado por un delito sino en virtud de una ley dictada con anterioridad a su perpetración”, y resulta que los delitos de lesa humanidad existen en Chile desde 2009, mientras los hechos por los que están presos los militares son de varias décadas antes.

La Corte Suprema, por lo demás, ha confesado la prevaricación, al reconocer que los jueces condenan sin existir ley que tipificara el delito, en su oficio 8182-2010. Es decir, hay prevaricación confesa. Algunos tratan de excusarla aludiendo al art. 5° de la Constitución, que se remite a tratados internacionales que establecerían esos “delitos de lesa humanidad”. Pero ese inciso del artículo 5° se dictó en 1989, de modo que tampoco puede aplicarse a hechos anteriores, en virtud del principio pro reo, que también consagra la misma Constitución y que adicionalmente lo impide.

Es decir, hay una judicatura que atropella la ley a vista y paciencia del resto de los poderes y del país. Los jueces que han dictado esas sentencias han incurrido en “notable abandono de sus deberes” y la Constitución dice que podrían ser acusados ante el Congreso y destituidos por el Senado, a iniciativa de no menos de diez ni más de veinte diputados, pero ninguno lo hace. ¿Por qué? Porque el Congreso, para este efecto y como institución, tampoco funciona.

Hoy en Chile impera un estado de ilegalidad flagrante, que en algunos aspectos nos recuerda 1973.

Hipocresía y Cinismo Chilenos

          La hipocresía consiste en fingir cualidades de las que se carece. El cinismo es la desvergüenza para mentir o defender doctrinas o posiciones injustificables.

          La ceremonia del perdón en Punta Peuco ha servido para poner en evidencia ambos rasgos, muy extendidos hoy en nuestra sociedad.

          Lo más notable de esa ceremonia fue que ella partió de la inquietud de connotados adversarios del Gobierno Militar, no de sus ex partidarios. Los primeros son los pocos que tienen alguna conciencia de que la situación de los allí presos es moralmente indefendible. La conciencia de los que fueron partidarios es mucho más laxa: miran para otro lado, no quieren incomodarse… no son ellos los presos. Y todos los demás acatan la inmoralidad intrínseca de los hechos. 

         En efecto, seguramente su conciencia ha conmovido al ministro de Justicia, Jaime Campos; a los sacerdotes Fernando Montes y Mariano Puga (el primero un reconocido denigrador del Gobierno Militar y el último, además de eso, un defensor de la guerrilla marxista); y al pastor anglicano Pablo Álvarez, el único que, a diferencia de los anteriores, siempre defendió los derechos de los Presos Políticos Militares. Todos ellos resolvieron hacer un llamado a la compasión por los derechos humanos violados de los presos uniformados.

Pero, atemorizado ante la mayoría de manifestantes de izquierda, el padre Montes aseguró que había asistido porque esperaba que quienes pidieran perdón aportaran datos sobre los desaparecidos. Lo remito a la página 262 de mi libro “Terapia Para Cerebros Lavados”, donde se documenta el destino de los 1.102 desaparecidos comprobados por las Comisiones Rettig y de Reparación y Reconciliación. Se sabe el destino de todos, pero durante cuarenta años nadie ha tomado la iniciativa de identificar poco más de doscientos cadáveres innominados enterrados en el Cementerio General o conservados en el Instituto Médico-Legal. ¿Por qué?

          Y frente a la mayoría de contramanifestantes promotores del odio, me pregunto yo ¿dónde estaban los militares y civiles que co-actuaron bajo el Gobierno Militar o formaron parte de él? ¿Qué dicen? “¿Qué se fizo el Rey don Juan?/ ¿Los infantes de Aragón, qué se fizieron?” ¡Se “arrepintieron”, se rindieron incondicionalmente, abrazaron la “mentira oficial”! Eso hicieron.

Un solo político de derecha, el candidato presidencial y diputado José Antonio Kast (ex UDI), ha tenido el coraje de defender los derechos de los PPM y prometido, si sale elegido, no sólo indultarlos y revisar sus condenas ilegales sino perseguir las prevaricaciones de que han sido víctimas.

Todos los demás ex partidarios del “Sí” en 1988, un 43 por ciento de los votantes en ese tiempo, parecen haberse pasado al otro bando (la mayoría) o miran para otro lado. Lo cual es indispensable, porque de otro modo tendrían que confrontar a los triunfadores del “No” cuando faltan a la verdad, al derecho y a la justicia más elemental sin el menor escrúpulo y casi sin ser contradichos.

El abogado Adolfo Paúl Latorre es una voz solitaria que se alza en cartas a los diarios (cuando se las publican) para denunciar la verdadera subversión judicial que tiene lugar en nuestro medio y dirigida a atropellar las leyes, la Constitución, la verdad de los hechos y los derechos humanos de los militares. Los más altos magistrados de la sala penal de la Corte Suprema mienten impúdicamente en sus sentencias para mandar a la cárcel a uniformados en retiro, a título de que mantienen hasta hoy presos a subversivos que murieron en 1973 al ser enfrentados por las Fuerzas Armadas y Carabineros, respondiendo éstos al llamado formulado por la mayoría política democrática en agosto de ese año para que hicieran precisamente eso. Los militares de entonces no sabían que después los políticos –y en particular Patricio Aylwin Azócar-- los iban a traicionar.

El Colegio de Abogados, de mayoría de “centroderecha”, se negó a publicar en su revista institucional un artículo mío denunciando las falsedades de un fallo de la Corte Suprema, redactado por un abogado integrante que frecuentemente rompe lanzas por la ética en los diarios. Eso se llama hipocresía. Yo entonces publiqué ese artículo en este blog y puede leerse en la edición del 27 de marzo de 2015, que ha merecido cerca de dos mil lecturas.

En ese caso los jueces inferiores habían sido menos injustos que la segunda sala de la Suprema, pues, si bien prevaricando también y faltando a la verdad, para poder burlar la amnistía y la prescripción, les habían impuesto a los uniformados penas remitidas por “mantener preso hasta hoy” al extremista entrenado en Cuba Rudy Cárcamo, en 1973. La segunda sala de la Suprema las transformó en cinco años y un día efectivos y hasta hubo un voto de minoría (Juica) que pidió diez años y un día.

Si el terrorista islámico Amri, que atropelló hace poco a decenas de personas en Berlín y que ha sido recién muerto por un policía italiano en Milán, hubiera delinquido y sido ajusticiado en Chile, habría pasado a ser “víctima de atropello a los derechos humanos” y el policía que lo mató caería preso por cometer un delito de lesa humanidad y debería cumplir condena de muchos años de presidio. Pues acá los terroristas fueron “víctimas” y los uniformados “violadores de derechos humanos”.

Pero de los 114 PPM de Punta Peuco, sólo nueve pidieron perdón. ¿Qué obtuvieron? Nada. Al día siguiente la misma sala penal de la Corte Suprema le negó el beneficio carcelario que le correspondía a uno de ellos, que ya cumplió veinte años preso, en virtud ser autor de un delito “de lesa humanidad”, que no existía en nuestra legislación a la fecha en que él cometió delito.

En los países civilizados nadie puede ser castigado por una ley dictada después de cometido el hecho. Eso está en la base del Derecho Penal, pero en Chile no. Acá la Corte Suprema incluso confesó en un documento oficial (boletín 8182-2010) que “la legislación sustantiva no tiene delitos adecuados a esa realidad” (la necesidad de condenar a los militares) y agregó con todo desenfado: “las instituciones tradicionales inhiben o impiden la investigación, como lo son por ejemplo, la prescripción, la territorialidad, la retroactividad (sic; debería decir “irretroactividad”) de la ley penal, como así también la disposición sobre amnistía…” Es decir, trasgredió olímpicamente la obligación esencial de los jueces de aplicar las leyes. Eso es cinismo puro. Y añadió a tal impudicia la ignorancia, al decir que “introdujeron” sus decisiones ilegales “por la vía del artículo quinto de la Constitución”, que alude a los tratados internacionales. Pero ese inciso del artículo quinto fue introducido en 1989, es decir, al igual que la ley que creó los delitos de lesa humanidad en 2009, con posterioridad a los hechos, lo que trasgrede el principio de legalidad (según el cual para condenar debe haber una ley previa que establezca el delito) y el principio pro reo (debe aplicarse la ley más favorable al reo: cuando una ley posterior lo beneficie, se aplica ésta; si lo perjudica, se aplica la antigua). Elementos básicos del Derecho Penal civilizado.

          El sacerdote Puga pronto se liberó de su conciencia en Punta Peuco e imputó ante toda la prensa a algunos de los PPM, “de la Armada”, dijo, haber “sacado” del vientre de una mujer presa, “mediante un corvo”, al hijo que llevaba en las entrañas, exhibiéndoselo cruel y burlescamente a la víctima. Extraño y atroz relato, seguramente inventado por él para la ocasión, pues el corvo no es un arma que se use en la Armada.

          Los más numerosos manifestantes presentes no fueron los agradecidos del Gobierno Militar (que los hay, aunque pocos, y tienen mucho miedo de manifestarse, porque los comunistas los agreden); ni fueron otros militares en retiro no alcanzados por el largo brazo de la prevaricación de izquierda, ni mucho menos los uniformados activos, uno de cuyos principios fundamentales según la nueva ética militar parece ser el de dejar abandonados  a sus caídos tras las líneas enemigas. No, la concurrencia más numerosa fue la de los y las agentes del odio, representativas de la violencia izquierdista, muy sobrealimentadas y con cinturas obscenas gracias a los 300 millones de dólares anuales que el erario destina a pagar múltiples beneficios a la izquierda armada derrotada en 1973 pero victoriosa en la posguerra de 1991 en adelante, que estableció la posverdad, sentó en el banquillo a los militares, y espera mantenerlos presos hasta que se mueran. 

          Se funda en el inconmovible principio ético, legal y moral característico del Chile de hoy, de que los que trataron de suprimir la democracia por la vía armada, con la ayuda soviética y cubana, deben ser indemnizados hasta el fin de los tiempos por habérseles privado de conseguir su alto propósito y los canallas que se lo impidieron deben pudrirse tras las rejas, como los 17 que ya murieron y los siete que se suicidaron, no sin antes haber recibido “el pago de Chile”. 

Esto No Tiene Perdón de Dios

          El otro día Cristián Zegers me mandó un ejemplar de la edición de un libro de “El Mercurio” titulado “Grandes Visitas en Chile”, que tuve oportunidad de agradecerle personalmente y en cuyas páginas me encontré con la visita del canciller alemán, Helmut Kohl, en octubre de 1991, quien en un discurso ante el Congreso tuvo la insolencia de comparar la dictadura comunista de la RDA con el Gobierno Militar chileno, lo que, naturalmente, provocó el abandono de la sala de treinta parlamentarios de derecha, cuyos cerebros todavía no estaban completamente lavados, como lo están hoy. Había entonces en nuestra derecha siquiera un resto de dignidad en 1991.

          En medio de los despojos actuales se anuncia que varios Presos Políticos Militares van a pedir perdón, pues hicieron algo que “no tiene perdón de Dios”: salvar a Chile del comunismo.

          La escala de valores está tan profundamente trastocada en Chile que los totalitarios son considerados ahora “demócratas”, siendo los mismos que se iban a tomar el poder por las armas, como victimarios de quienes se les opusieran, sin perjuicio de lo cual ahora son “víctimas” (al punto que hasta un ex comandante en jefe del Ejército hablaba de “mis camaradas y las víctimas”).

          Chile ha caído muy bajo. He visto filmaciones de tropas norteamericanas regresando de combatir a terroristas de Al Quaeda y, al bajar del avión en un aeropuerto californiano, ser aplaudidas espontáneamente por los pasajeros presentes. Acá, en agradecimiento por derrotar a los terroristas, a los soldados los hemos mandado a pudrirse en una cárcel. Pero como Lagos tenía siquiera un resto de conciencia dispuso el penal Cordillera para los de alto rango, sólo para que después su sucesor Piñera, que de conciencia nunca ha tenido el menor atisbo, los trasladara en medio de la agresiva fanfarria y las pedradas comunistas al hacinado Punta Peuco, provocando el suicidio del más comprobadamente inocente de todos, Odlanier Mena. Así ganó algunos puntos de la izquierda en las encuestas.

          En la campaña presidencial norteamericana reciente había un solo tema en que Hillary Clinton y Donald Trump estaban totalmente de acuerdo: había sido preciso matar a los terroristas. Ambos se referían a la muerte de Osama Bin Laden, a quien las fuerzas de seguridad fueron a buscar a su hogar clandestino, le dieron muerte y, posteriormente, arrojaron su cuerpo al mar, diciendo que había sido “brought to justice” (“traído ante la justicia”). Aquí a los uniformados que “trajeron ante la justicia” a dos mil y tantos terroristas de izquierda armados que amparaba la UP los hemos metido presos sin siquiera reconocerles el derecho a un debido proceso.

          El brigadier Krassnoff, de impecable hoja de vida en el Ejército, está condenado a 460 años de presidio por, supuestamente, mantener secuestrados hasta hoy a numerosos terroristas (“ficción jurídica”, como confesó una vez en cámara el juez Solís). Todos procesos amañados, vergonzosos e ilegales. Una vez el brigadier me dijo: “Nunca siquiera detuve a nadie, salvo que se considere como detención el haber entregado a Carmen Castillo, la pareja de Miguel Enríquez, herida, a una ambulancia. Nunca torturé a nadie ni en presencia mía se torturó”. Pero quieren “que pida perdón”, para darle algún derecho a los beneficios carcelarios de que gozan todos los delincuentes presos.

          ¡Qué lejanos están los días en que Frei Montalva les decía a los empresarios, aterrorizados por las “tomas” armadas durante la UP: “Esto se arregla sólo con fusiles” (Acta Rivera); y los conminaba ir a hablar con los comandantes en jefe, que eran los únicos que, a su juicio, podían enfrentar la situación, relatando haberle expresado a un general: “Yo cumplo mi deber como legislador, pero ustedes, que tienen las bayonetas, no las usan”. Y cuando actuaron, proclamaba en el ABC de Madrid: “Los militares han salvado a Chile”. Y Aylwin defendía la acción represiva de los mismos militares a los cuales veinte años después sentó en el banquillo de los acusados, negándose en octubre de 1973 a condenarlos “desde detrás de un escritorio… cuando están recibiendo el fuego adversario”.

          Pasado el miedo, Frei, Aylwin y todos los demás, incluidos hoy los de derecha, olvidaron todo, permitieron que se juzgara sin respetar la ley ni la verdad a los militares y que los jueces prevaricadores de izquierda los mandaran presos. Hasta llegar al día de hoy, donde, caídos todos los chilenos hasta el más bajo nivel de la abyección, les exigimos que pidan perdón para dignarnos considerar la posibilidad de que los que han perdido la razón o tengan enfermedades terminales puedan llegar al fin de sus días fuera del penal reservado a quienes cometieron el “delito” de salvar a Chile del paredón, del hambre y de la falta de libertad. 

La Carta de José Yuraszeck

          Ha sido muy comentada la carta de José Yuraszeck en “El Mercurio” sosteniendo que, si van a seguir saliendo a luz negocios de Piñera, como el de la pesquera peruana y el préstamo de cuarenta millones de dólares de una sociedad de sus hijos a LATAM, más valdría que se retirara de la elección, porque la puede perder. Yuraszeck interpreta que si Piñera decide permanecer en campaña será porque está seguro de que nuevos negocios como esos no van a volver a aparecer.

          He visto en “El Mostrador” que los directivos de ese diario digital interpretan la carta como un “dardo envenenado” contra Piñera, pero yo creo que ella sólo quiere decir lo que dice y es una advertencia pública, nada más. 

          Un error de la carta es afirmar que Piñera hizo un buen gobierno, porque no fue así. Recibió un impulso inicial a raíz del enorme crecimiento del gasto público que promovió Andrés Velasco en 2009 (16,5%) y el aún más grande aumento de la inversión pública que impulsó (21,5%), lo cual generó medio millón de empleos en 2010, de los cuales Piñera prontamente se apropió. Pero después éste se dedicó al populismo, subió los impuestos, especialmente el royalty minero, favorito de los comunistas; creó nuevos ministerios y organismos innecesarios, persiguió con saña a los militares, triplicando los procesos contra ellos, suavizó la ley antiterrorista para la Araucanía y, pese a haber gozado de un cobre que sobrepasó los cuatro dólares la libra, aumentó el endeudamiento público en 50%, hizo caer al país en el índice de competitividad mundial del lugar 30 al 34 y terminó reduciendo la inversión en 2013 y con el país creciendo cada año menos.

          Obviamente, José Yuraszeck no debe querer a Piñera, pero, tal como muchos que votarían o han votado por él sin quererlo y lo han hecho a título de “mal menor”, pueden volver a hacerlo sobre todo ahora, en que el país necesita que el proceso revolucionario en curso, impulsado por Michelle Bachelet 2.0 (que no por estar encuadrado en la institucionalidad es menos dañino) sea detenido por el próximo Presidente. A estas alturas, en realidad, lo único bueno que puede decirse de Sebastián Piñera es que no seguirá adelante con el dañino proceso revolucionario iniciado por Bachelet.

          Dije que Yuraszeck no debe querer a Piñera porque, cuando aquél cerró la venta de Enersis a Endesa España, con gran beneficio para todos los accionistas de la primera y, en particular, una enorme ganancia para sus controladores y accionistas privilegiados, que encabezaba Yuraszeck, se presentó en la oficina de éste el senador Piñera y le pidió derechamente tres millones de dólares de sobreprecio por sus acciones comunes, a lo cual aquél se negó. Entonces el senador se fue a España y le hizo la misma petición a Endesa España, que tuvo menos entereza que Yuraszeck y cedió, pagando, supongo, lo que se le pedía, con tal de que el senador no se sumara al “juicio por los diarios” que se había iniciado acá. Éste no tenía otra base que la proverbial envidia chilena por lo bueno del negocio de los controladores. Porque el mercado había sabido siempre (o debería haberlo sabido) que las acciones de los controladores valían veinte veces más que las de los accionistas comunes.

          Yo defendí a Yuraszeck en mi columna de “El Mercurio” y presenté un libro técnico en que se demostraba la legalidad de la operación, pero sobre todo lo defendí porque estoy cierto de que si no se hubiera desatado el escándalo en Chile, que fue el que dio origen a multas de cientos de millones de dólares impuestas por la Superintendencia a los controladores y echó por tierra el resto del negocio, éstos habrían entrado al directorio de Endesa España. Estoy cierto de que allí Yuraszeck y su equipo habrían repetido su exitosa gestión de Chile y probablemente habrían terminado manejando ese gigante europeo. La envidia nacional frustró ese ambicioso proyecto del capitalismo chileno.

          También en “El Mercurio” ha aparecido una ingenua carta de un economista que asesoró a Piñera cuando fue senador (1990-98), asegurando (“era que no”) que su entonces jefe “separaba con una muralla china” sus negocios de su gestión como senador. Obviamente Piñera debe haber tenido una llave de alguna puerta en la muralla para sortearla frecuentemente, porque siendo senador negoció la compra para sí de acciones de LAN que pertenecían a CORFO, mientras conseguía los votos de RN para proyectos de Aylwin. También siendo senador vendió a los bancos su negocio de las tarjetas de crédito y, cuando éstos se mostraban reacios a pagar lo que él les pedía, presentó una moción de ley que los obligaba a pagar intereses por los saldos en las cuentas corrientes. Los bancos entendieron y subieron su oferta. Piñera retiró entonces la moción.

          Pero la carta de José Yuraszeck está equivocada en otra cosa: afirma que si aparecen nuevos negocios ocultos de Piñera su candidatura será dañada. Eso sucedería si éste fuera un país ético, pero no lo es. En 2009 eligió a Piñera cuando había sido recién condenado, tras habérsele sorprendido comprando acciones con información privilegiada, y exhibiendo un nutrido prontuario anterior. Ahora mismo las mayorías de diputados de RN y la UDI le piden hacer explícita su condición de candidato, justo cuando se revelan nuevas cuentas suyas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

          A esos diputados, evidentemente, no les importa la ética. Lo único que les importa es ganar, y como Piñera encabeza las encuestas, concluyen que a la ciudadanía tampoco le importa la ética. Pero pueden estar equivocados, porque hay un candidato que derrota ampliamente a Piñera y a todos los demás en las encuestas: se llama “Ninguno”.

          Por eso los que impulsamos la postulación de un candidato que no sólo es muy capaz, sino integralmente honesto, creemos que tras esa mayoría amplia de “Ninguno” puede haber un potencial voto ético que –cuando nuestro candidato llegue a ser más conocido por la gente-- le permita triunfar.

Discurso en Proclamación de José Antonio

Palabras, o parte de ellas, que diré en la proclamación de hoy de José Antonio Kast:

Amigas y amigos:

Lo que nos reúne hoy es el deseo de hacer posible e impulsar la candidatura a la Presidencia de la República del diputado José Antonio Kast.

Los chinos dicen que un viaje de mil leguas comienza con un solo paso. Éste es uno de los primeros pasos en el largo viaje de José Antonio hacia la elección y después a la Presidencia, y se da gracias a la actividad de personas con iniciativa, de ésas que escasean en Chile, donde todos decimos “¡Hay que hacer algo!”, pero la mayoría hacemos poco o nada.

Y este paso se da gracias a dos hacedores de cosas que son, por el orden alfabético de sus apellidos, el periodista Fernando Martínez Collins y el ingeniero Yerko Torrejón Koscina. Ellos me han conferido el honor de designarme para dirigirles a ustedes la palabra antes de que hable nuestro candidato.

Demás está que les diga que las opiniones que yo emita hoy son de responsabilidad personal mía y no comprometen a José Antonio Kast. Y lo que me propongo explicar es por qué es el único candidato que realmente me representa.

Primero, porque soy de derecha –no de centroderecha—y creo que él también lo es.

Ser de derecha es bastante heroico en el Chile actual. Leí un libro de Andrés Allamand, un hombre afín a Sebastián Piñera, titulado “La Salida”, que se refiere a que la Nueva Mayoría va a perder el gobierno, y en ese libro él sostiene que el espectro político chileno ya no está dividido en tres tercios, sino en cinco quintos: una extrema izquierda, donde están Jackson, Boric, ME-O y Alejandro Navarro; una izquierda donde están los comunistas, los socialistas y el PPD; una centroizquierda constituida por la DC; un centro con Andrés Velasco y Lily Pérez; y una centroderecha donde están la UDI, RN, Evópoli y el PRI. Y más allá, hacia la derecha, no habría nada.

Pero yo creo que la derecha existe, y si ya no existe tiene derecho a existir y es necesario que exista.

Porque la receta para la centroderecha que propone Allamand en su libro es, textualmente, “reivindicar el legado de Aylwin”. Y Aylwin fue DC, es decir, de centroizquierda.

Parece absurdo proponer a la centroderecha abrazar un programa de centroizquierda.

Bueno, esto es parecido a lo que hizo Sebastián Piñera en su gobierno, y que su Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, declaró a la revista Qué Pasa cuando comenzaba ese gobierno: “Abrazamos las banderas de la Concertación”. El resultado no pudo ser peor para la centroderecha.

¿Qué nos caracteriza a los de derecha? Varias cosas, algunas muy “políticamente incorrectas”.

Primero, defendemos la libertad personal como valor supremo. Todos los demás movimientos políticos se caracterizan por ir, en aras de una igualdad impuesta a costa de la libertad, cercenando progresivamente la capacidad de decisión personal, hasta llegar al socialismo centralizado que propician los grupos más radicales, admiradores de la Cuba de Fidel Castro.

Segundo, la base de la libertad es el derecho de propiedad, es decir, la posibilidad de que las personas se hagan dueñas del fruto de su esfuerzo. Lo más opuesto a la libertad es la esclavitud, cuya característica esencial consiste en que quien trabaja no se queda con el producto de su esfuerzo. Por eso la propiedad es el fundamento esencial de la libertad.

Tercero, defendemos la familia formada por un padre, una madre y sus hijos, como núcleo de la sociedad. En el seno de ella se forjan el carácter, el patriotismo, el espíritu de trabajo y el respeto por los demás. En un país en que ya casi las tres cuartas partes de los nacidos vienen al mundo fuera del matrimonio, el hogar desaparece y la tarea de reconstruirlo y reconstituir a la familia es titánica, pero hay que emprenderla, porque no por nada la civilización, en el curso de los siglos, constituyó el hogar fundado en el matrimonio de un hombre con una mujer como la base del buen orden y del progreso social.

Cuarto, defendemos lo que sabiamente los legisladores describen como “el orden público, la moral y las buenas costumbres”. Estos conceptos han ido evolucionando con los tiempos, pero todos sabemos, en el sentido común de nuestro fuero interno, a qué nos estamos refiriendo hoy cuando los defendemos.

Quinto, en Chile en particular, la derecha defiende el legado del Gobierno Militar, de partida porque fue un régimen que acogió todos los principios fundamentales que nosotros defendemos.

Aquí sé que estoy poniendo el dedo en la llaga, porque esto es lo que más divide a los verdaderos derechistas de todos los demás y esto es lo que hace que el único candidato, entre todos, que realmente nos representa sea José Antonio Kast.

En nuestro país la verdad histórica ha sido reemplazada por consignas discurridas por la izquierda marxista y éstas se han tomado el escenario público. No sólo sucede acá, sino en todo el mundo en relación a la verdad de lo ocurrido en Chile. El Gobierno Militar ganó la guerra contra la revolución socialista armada, pero perdió la posguerra propagandística, que han ganado ampliamente sus adversarios, al extremo de que la mayoría de quienes fueron partidarios de ese Gobierno Militar hoy repiten las consignas y las "postverdades" izquierdistas sobre “violaciones de los derechos humanos”, lo que no pasa de ser un falso eslogan.

Sin ir más lejos, en el mismo libro antes citado de Andrés Allamand él habla del “atropello sistemático de los derechos humanos bajo el Gobierno Militar”, lo cual no tiene ninguna base real. Y califica de “patéticos” los homenajes a la memoria del Presidente Pinochet en la Cámara de Diputados, por parte del parlamentario Ignacio Urrutia. Pero esas imputaciones no son verdades, sino consignas, en abono de lo cual pueden citarse las dos circulares de comienzos de 1974 dirigidas por la Junta Militar de Gobierno a todas las autoridades militares del país, ordenándoles, bajo pena de severa sanción, respetar los derechos de las personas. Eso está probado y documentado y desmiente que haya habido una “sistemática violación de los derechos humanos”.

El historiador inglés Paul Johnson, en su libro “Héroes”, relativo a personajes históricos heroicos de la Humanidad, incluye entre ellos a Augusto Pinochet, pues, dice, “yo conozco los hechos” y añade a título de comentario que el último éxito del KGB soviético antes de ser lanzado al basurero de la historia fue la “demonización de Pinochet.” Añade que las “élites habladoras” del mundo lo denigran, porque ignoran la verdad. Y ésa es la realidad con que nos encontramos hoy en todas partes, y en Chile en particular. Pero ésa no es la verdad histórica.

Y puedo afirmarlo porque he estudiado justamente los casos emblemáticos en virtud de los cuales se acusa al Gobierno Militar de esos atropellos, y al estudiarlos uno se da cuenta de que ese gobierno, como tal, no tuvo responsabilidad en ninguno de ellos.

Quiero advertir una cosa: todo indica que los políticos de la mayoría democrática de 1973, que llamaron en Chile a los militares a intervenir, mediante el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, en ningún momento les exigieron tener miramientos con los más de veinte mil hombres en armas que tenía el ejército clandestino de la izquierda. Habitualmente me refutan esa cifra de veinte mil, pero ella está probada: al menos diez mil fueron confesados por Carlos Altamirano, el más extremo de los dirigentes de la Unidad Popular, cuando en el libro entrevista con la periodista Patricia Politzer detalló los contingentes armados de cada partido o grupo de la Unidad Popular. Y en cuanto a los extranjeros ingresados clandestinamente, que por sentido común debemos suponer comprometidos en la acción armada, las propias declaraciones de Patricio Aylwin en 1973 los cifraban en más de diez mil y un informe posterior de la OEA, publicado en La Segunda, los estimó en doce mil. Aparte de ello, a raíz de la muerte de Fidel Castro se precisó que los solos cubanos ingresados a Chile bajo el gobierno de Allende fueron alrededor de 5.600. Entonces, al decir que había un contingente de no menos de veinte mil hombres en armas sólo estamos diciendo la verdad.

Frente a eso el 11 de septiembre de 1973 se desplegaron alrededor de sesenta mil elementos de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Nadie pensaba, ni a nadie se le hubiera ocurrido esperar que en ese enfrentamiento no buscado, sino exigido por la urgencia de salvar al país, todos y cada uno de los uniformados iban a respetar rigurosamente las normativas nacionales e internacionales, porque estamos en Chile. Todos debíamos saber que iban a tener lugar situaciones propias de una lucha armada irregular y, de hecho, lo que se transmitió al mundo fue mucho peor de lo que, más de veinte años después, se comprobó que había realmente sucedido.

Yo era entonces diputado y pocos días después del 11 fue  entrevistarme a mi casa un periodista australiano. En el curso del diálogo me preguntó cuántos muertos creía yo que se habían producido, y no sé por qué, pues no tenía mayor información acerca de eso, le dije que trece mil. Se enfureció conmigo, me aseguró que debían ser más de cien mil y se marchó rápidamente.

Después las Comisiones Rettig y de Reparación y Reconciliación concluyeron que en los 17 años del régimen militar habían muerto en la contienda interna 3.197 personas, 423 de las cuales cayeron bajo las balas de la izquierda, si bien estas últimas las atribuyó eufemísticamente a "la violencia política", para dejar sin sombra de culpa al marxismo.

Y ambas comisiones concluyeron que el 60 por ciento de esos muertos cayeron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, 1.500 a manos de los militares y 300 a manos de la guerrilla de izquierda, cuando Frei Montalva, Aylwin y todos los políticos democráticos apoyaban a la Junta y decían que había salvado a Chile. Pero la propaganda izquierdista mundial ha creado después la imagen de que acá hubo un genocidio masivo.

Se habla de “miles de desaparecidos” y de que el Gobierno Militar hacía desaparecer a sus opositores, pero nunca hubo tales miles. Las comisiones citadas los fijaron en un total de 1.102 y se ha documentado el paradero de 1.108. No sé si será coincidencia, pero en los últimos años han aparecido seis, de cuyos casos se ha informado en la prensa.

Si se tiene en cuenta que en un año normal desaparecen en Chile más de dos mil personas, comparando el número de las denuncias por presunta desgracia, que son más de treinta mil al año, con el de las que son encontradas, uno aprecia el exagerado tamaño que se atribuido al problema.

Por cierto que hubo muertes innecesarias e injustificadas, pero en cada caso ellas constituyeron una clara desobediencia a las órdenes del Gobierno Militar. Yo he escrito un libro sobre el Juicio a Pinochet, que fue fundado en las situaciones registradas al paso de la comitiva del general Arellano y, con antecedentes del propio expediente, he probado que no correspondieron a órdenes de dicho general y que el general Pinochet ni siquiera sabía de ellas.

Y, entretanto, se han hecho desaparecer de la memoria colectiva los asesinatos de militares y civiles por parte del terrorismo de extrema izquierda. No hay uno solo de esos terroristas que no haya sido indultado, liberado e indemnizado, por contraste con los presos Políticos Militares ilegalmente procesados y que siguen en la cárcel pese a estar ancianos y enfermos.

El propio senador Ossandón, de RN, ha declarado que en el Gobierno Militar, del cual fue siempre partidario, “quemaban a las personas por pesar distinto”. Quiere decir que no conocía los antecedentes del llamado “caso Quemados”, los cuales prueban que Carmen Gloria Quintada y Rodrigo Rojas llevaban recipientes con un líquido altamente explosivo para quemar buses con pasajeros adentro y que, al ser detenidos por una patrulla, uno de esos recipientes se volcó accidentalmente y el líquido incendiario los quemó a ambos. Por algo el capitán a cargo de la patrulla fue condenado, no por haberlos quemado, sino por el cuasidelito de no haberlos llevado a un hospital.

La campaña anti Gobierno Militar era tan universal y poderosa que cuando la DC apoyaba todavía el Pronunciamiento, a comienzos de 1974, decidió enviar a Europa una delegación en que iban Enrique Krauss, Juan Hamilton, Pedro Jesús Rodríguez, Juan de Dios Carmona y Javier Lagarrigue, para dar a conocer la verdad de lo que sucedía acá, tan exagerado y distorsionado afuera. El resultado fue que la Comisión informó a la DC que la imagen de la Junta no tenía remedio afuera. Y ahí se inició el distanciamiento de la DC del Gobierno.

En Chile existía consenso en que la represión era justificada, porque había pruebas de lo que representaba la amenaza armada de la izquierda. Eso explica que cuando Patricio Aylwin fue a ver a mediados de 1974 al ministro de la Corte Suprema Rafael Retamal, de conocida inclinación a la DC, para representarle que no se acogían recursos de amparo por personas apresadas por los militares, Retamal le replicó, según relata Aylwin en sus memorias: “Mire, Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos, dejemos que los militares hagan la parte sucia. Después vendrá la hora del derecho”.

La distorsión  propagandística era tan grande que una vez el gerente del hotel O’Higgins de Viña del Mar, que era austriaco, Paul Kulka, padre de quien fue gerente de “El Mercurio”, Jonny Kulka, viajó a Viena en los años ’70 y como había sido compañero de curso del primer ministro socialdemócrata de Austria, Bruno Kreisky, resolvió pedirle una audiencia. Kreisky se la concedió y cuando supo que Kulka vivía en Chile, sacó una foto de un cajón de su escritorio que mostraba cadáveres colgando de los árboles de la Plaza de Viña del Mar, frente al Club de Viña. Kulka le comentó que él trabajaba frente a la misma plaza, en el Hotel O’Higgins, y que nunca había visto un cadáver colgando de algún árbol en esa plaza. Kreisky guardó la foto, molesto.

Ese es el poder de la propaganda de izquierda. Contra eso no hay remedio posible.

El primer número de la revista inglesa The Economist después del Pronunciamiento fue muy favorable a éste. Ello desató en su contra la ira de la izquierda internacional. Por supuesto, desde el número siguiente The Economist se convirtió en otro verdugo de la Junta.

En los EE. UU. sucedió lo mismo. La prensa por unanimidad, ya fuere de izquierda o derecha, disparó contra el Gobierno Militar. En los años 80 yo contabilicé 16 errores en inculpaciones al régimen de Pinochet, en un número de la revista “Time” que venía con él en la portada, en la pose más desfavorable posible, con anteojos oscuros, por supuesto. Le escribí al Time una rectificación de sus 16 errores, pero no publicaron mi carta. En vista de eso la publiqué en El Mercurio de Santiago bajo el título: “Un Tiempo (“Time”) para Mentir”.

La campaña de la izquierda dentro de Chile no ha sido menos feroz. Cada 11 de septiembre se falta a la verdad en los canales de televisión como nunca se había visto. Recuerdo hace años un programa “Contacto” de Canal 13 describiendo la supuesta matanza de 13 personas en Copiapó a manos de la comitiva del general Arellano, quien era delegado del general Pinochet para acelerar los juicios contra los presos que había en octubre de 1973. Pero cuando se produjeron esas trece muertes la comitiva todavía no había salido de Santiago. No obstante, “Contacto” describía pormenorizadamente los crímenes que dicha comitiva materialmente no podía haber cometido. Yo representé el tendencioso error en mi columna de “El Mercurio”, pero nadie de Canal 13 ni siquiera me replicó.

La marea de las consignas falsas es incontenible. En cualquier foro de televisión algún personaje del estilo del senador Alejandro Navarro dice habitualmente cosas como que el Gobierno Militar “hizo desaparecer a miles de personas, degollaba gente y quemaba a los que pensaban distinto”.

Nada de eso es verdad, pero es lo que habitualmente se transmite al público chileno.

En cambio nadie recuerda que bajo el Gobierno Militar recobramos la democracia, el progreso y el lugar de avanzada en América Latina. Nadie recuerda que no había conflicto mapuche, sino paz en la Araucanía, cuyos caciques designaron al Presidente Pinochet como “gran conductor y guía” y lo premiaron dándole el triunfo al “Sí” en la región en el plebiscito de 1988. Confesamos haber sido “cómplices pasivos” de todo ese progreso y paz interior.

Todas las faltas a la verdad de la propaganda de origen izquierdista han trascendido a la justicia, que se ha hecho parte de la mentira oficial y ha dejado de aplicar el derecho y respetar la verdad de los hechos con tal de condenar a los militares.

El difunto economista Álvaro Bardón, que falleció en 2008, me preguntó un día en qué artículo de qué código o ley estaban tipificados los delitos de lesa humanidad, porque había leído que a un militar lo habían condenado por eso. Yo le respondí que en ninguno. Entonces me dijo: “¿Por qué ustedes los abogados no van entonces al frente del Colegio de Abogados y rompen públicamente sus carnets de abogados porque ese colegio no hace ni dice nada sobre cómo los tribunales están atropellando las leyes?”

Es que el Colegio de Abogados no sólo no dice nada sobre esos flagrantes atropellos al estado de derecho, sino que los encubre. Una vez yo, como miembro del Colegio, le mandé un artículo para su revista, analizando un fallo, que había sido redactado por un abogado integrante de la Corte Suprema, en que se condenaba a cinco uniformados por la muerte, en 1973, de un extremista entrenado en Cuba, llamado Rudy Cárcamo. Como ese supuesto delito estaba prescrito y amnistiado, el fallo recurría a una ficción – es decir, a una mentira-- para poder condenar a los uniformados: sostenía que éstos mantenían preso todavía a Rudy Cárcamo y por eso no podían aplicarse en el caso ni la amnistía ni la prescripción. La revista del Colegio dilató varios meses la publicación de mi artículo y, finalmente, me expresó que el consejo de redacción había acordado no publicarlo. Dejo constancia de que en el Colegio de Abogados y en el consejo de redacción de su revista hay mayoría de la llamada “centroderecha”. O sea, este sector se presta a encubrir la escandalosa conducta de los jueces contra los militares que combatieron el terrorismo de izquierda. Yo publiqué ese artículo en  mi blog el 27.03.15.

En fin, por razones como las anteriores es que apoyamos a José Antonio Kast, que es el único candidato, entre los veintitantos que han expresado serlo o querer serlo, que respeta el legado del Gobierno Militar, se preocupa de los presos políticos uniformados y se niega a hacerse parte de la campaña denigratoria mundial contra el gobierno que salvó a Chile de convertirse en un país totalitario. Pero este único representante de la derecha política se encuentra con una resistencia adversa enorme.

Dicen que vivimos en democracia, pero a veces uno lo pone en duda. Como a José Antonio Kast se le exige reunir 35 mil firmas ante notario para poder ser candidato, y en vista de que no existe en Chile ningún partido de derecha ni ninguno que pueda inscribirlo como tal, yo tomé la iniciativa personal de publicar un aviso durante treinta días a mediodía en las radios Agricultura, Bio Bio y Cooperativa que dijera:

“Entre los numerosos pre candidatos presidenciales que hay en nuestro medio, hay uno solo que defiende el legado del Gobierno que salvó a Chile de convertirse en un país totalitario. Se trata del diputado José Antonio Kast, pero necesita 35 mil firmas ante notario para competir en la primera vuelta presidencial. Llamamos a apoyarlo y firmar por él en la notaría más próxima, que puede encontrar en www. kast.cl.”

Le encargué a un publicista contratar el aviso, pero las tres emisoras se negaron a acogerlo. 

Pero tenemos derecho a existir y participar en la política chilena y el acto de hoy testimonia que muchas personas desean ejercer ese derecho. Por eso creemos que mucha más gente como ustedes hará posible que José Antonio Kast sea candidato presidencial, desarrolle el próximo año una campaña en forma y, tras imponerse en la primera vuelta de la elección presidencial y, dado el caso, también en la segunda, llegue a tener en sus manos los destinos del país desde la primera magistratura de la República para restablecer la paz, el estado de derecho y la tranquilidad entre los chilenos de bien.

Las Vueltas de la Vida

          Comienzo por corregir un error de mi blog anterior, donde dije que en la encuesta Adimark Sebastián Piñera subía 4 puntos mientras en la Cadem caía cuatro. En realidad, en la última Cadem del 05.12.16 subió dos. Pido excusas.

          Habiendo puesto las cosas en su lugar paso a exclamar, como el difunto y recordado Julio Martínez, "¡Justicia Divina!", al ver que el más implacable e injusto perseguidor judicial del ex Presidente Augusto Pinochet, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, ahora las emprende contra otro denostador de la memoria de ese gran estadista y de su gobierno, Sebastián Piñera.

          El juicio que condujo al desafuero del ex Presidente Pinochet fue administrado por Hugo Gutiérrez, mientras el sumariante Juan Guzmán oficiaba de marioneta. Tanto fue así que la resolución procesando a Pinochet y demandando su desafuero del Senado la anunció urbi et orbi el propio Hugo Gutiérrez, cuya imagen levantando las hojas que contenían la resolución, parado en la esquina de Morandé con Bandera y rodeado de la prensa nacional e internacional, dio la vuelta al mundo, hace quince años.

          Fue un acto inicuo y con todos los ingredientes de lo peor de la chilenidad (juicio por los diarios, quienes más le debían miraban para otro lado, sus pares no hacían nada) como probé en mi libro “La Verdad del Juicio a Pinochet”, que puede adquirirse en este mismo blog. El ex Presidente no había tenido la menor responsabilidad y ni siquiera conocimiento alguno de los fusilamientos ilegales ejecutados por un subgrupo de la comitiva del general Arellano, subgrupo que incluso actuó a espaldas de éste.

          En esos años Sebastián Piñera seguramente aplaudía a Gutiérrez, pues siempre estuvo reiteradamente preocupado de ultrajar la memoria y la obra del Gobierno Militar, a cuyos partidarios civiles después, en 2013 –ya debidamente cosechados sus votos-- tachó de “cómplices pasivos” de atropellos a los derechos humanos. Así les agradeció el haberlo elegido Presidente en 2009-10.

          Pero a Gutiérrez, además un connotado defensor judicial de terroristas, debe reconocérsele una virtud, escasa en nuestro medio: no se vende… hasta el momento. Y, por lo tanto, a Piñera lo tiene pasando apuros judiciales crecientes, no sólo por el contenido de la querella por negociación incompatible, sino porque puso en descubierto una situación que se había mantenido cuidadosamente oculta de la opinión pública: que, de los US$2.500 millones de su fortuna, al menos US$1.800 millones estaban invertidos fuera del país, a nombre de una sociedad radicada en Islas Vírgenes Británicas (¡tranquilos! porque esto a la UDI, que ha experimentado un “aggiornamento” ético, ya no le importa, como le importó para bajar a Golborne de su candidatura en 2013). Y todo eso estaba al margen del “fideicomiso ciego” del cual su titular insistía en que no sabía nada, dedicado, como decía, “en cuerpo y alma” a gobernar el país.

Lo cual, por supuesto, no le impedía enviar sucesivos emisarios a presionar a Julio Ponce para que fusionara las sociedades Cascadas, en las cuales el mandatario tenía acciones y mediante cuya fusión esperaba hacer una “pasada” rentable. Actitud que me recordó las presiones de Salvador Allende a Darío Sainte-Marie, unas décadas antes, para conseguir que le vendiera el diario “Clarín”, objetivo que finalmente logró.

Como Piñera situó en los directorios de sus sociedades a su cónyuge e hijos, ahora Gutiérrez ha solicitado que ellos declaren como testigos, pues en sus manos estaba, teóricamente, el poder de decisión para comprar acciones peruanas de “Exalmar” en pleno litigio marítimo chileno-peruano.

Y, todavía más, Hugo Gutiérrez ha pedido certificar si una hija de Piñera, Magdalena, siendo jefa de gabinete de su padre Presidente, era o no a la vez directora de Bancorp y “podía tomar decisiones de designar administradores en Bancorp” (“El Mercurio”, 11.12.16).

Obviamente, la familia del ex Presidente no está contenta con esta situación y de ahí que el ahora posible precandidato revele que hay fisuras en el frente familiar capaces de hacerlo desistir de su nueva postulación.

Naturalmente, los partidarios de José Antonio Kast, el único precandidato del “Sí” que hay frente a la veintena de aspirantes del “No”, incluido Piñera, tomamos palco para presenciar cómo Hugo Gutiérrez le suministra a éste algo de la misma medicina que usara para denigrar injustamente a la mayor figura del Gobierno Militar, a quien la Historia con mayúscula instaurará, más temprano que tarde, como el principal estadista chileno del siglo XX.

Revelaciones a los Cómplices Pasivos

          El fuerte de Sebastián Piñera no es la historia, y de la poca que sabe, la sabe al revés. Por eso ha dicho dos cosas: el lunes, y ésta ha sido toda una revelación, que Abel mató a Adán. Y deja absuelto a Caín. Y la segunda, que viene repitiendo hace años, que los militares chilenos fueron culpables de crímenes al impedir por las armas al ejército clandestino marxista tomarse el poder. Y deja absueltos a los terroristas de izquierda.

          Cuando le informaron de la verdad histórica sobre el primer punto decidió tomarse el asunto con humor y escribió en su twitter (“La Tercera”, 06.12.16): “Perdón a Adán por matarlo antes de tiempo. A Abel por transformarlo de víctima en victimario. Intentaré rectificar pero no garantizó (sic) resultados”. Tampoco la ortografía es su fuerte (“gabiota”).

          El hecho fue que cuando todo el país estaba riéndose, hizo bien en sumarse y reírse de sí mismo.

Otra revelación confirma que Sebastián siempre va donde el sol más calienta. Ahora que la Católica está a punto de ser campeón, adivinen: en “La Cuarta”, 07.12.06, dice que siempre ha sido hincha de la Católica, en circunstancias que no sólo le había jurado amor a Colo Colo sino que, cuando se negaba a vender las acciones que le daban el control del club, aducía razones “del corazón” para no desprenderse de ellas, como había prometido hacerlo antes de asumir la Presidencia. Pero ahora, adiós Colo Colo, púdrete como si fueras un militar que ya me salvó del marxismo y no me sirve más.

Algunos han criticado sus opiniones sobre los inmigrantes. Y tal vez él mismo, en su fuero interno, no las comparte, pero las encuestas dicen que las tres cuartas partes de los chilenos opinan igual y eso es lo que determina su posición. “Gano votos, aunque perezca el mundo”.

          Otra revelación nos ha sido dada por las encuestas: en la última de Adimark, Sebastián aparece subiendo cuatro puntos en la adhesión a su candidatura presidencial, pese a todos los avatares que le ha deparado el descubrimiento de su cuenta en un paraíso fiscal e inversiones de las tres cuartas partes de su fortuna en el extranjero, cuando él decía que la administraba un fideicomiso ciego sobre cuyas actuaciones no sabía nada. Pero, según Adimark, las acusaciones en su contra lo hacen cuatro puntos más popular.

Pero en seguida apareció la encuesta Cadem, en que Piñera resulta cayendo en cuatro puntos. ¿Cómo se explica que en dos encuestas casi simultáneas aparezca subiendo cuatro en una y cayendo cuatro en la otra? Misterios de la ciencia estadística.

A Laurence Golborne la UDI lo defenestró de su candidatura presidencial al saberse que tenía una cuenta en Islas Vírgenes. Un partido con “estándares éticos” no podía permitirse eso. Ahora a Sebastián no sólo le aparecen ahí, sino también en Europa, según la revista Cambio 21, la cual añade que, en vista de todo lo que revelan esas cuentas en otros paraísos fiscales, la candidatura estaría por ser retirada. Al mismo tiempo, el propio Sebastián dice que no cuenta con apoyo familiar suficiente para mantenerla. Pero ¿quién pugna por llevarla delante de todas maneras? La UDI. Cambiaron sus “estándares éticos”. Joaquín Lavín hoy día aparece instándolo a asumir explícitamente la postulación, sin el menor miramiento por las cuentas paradisíacas ni las denuncias de Cambio 21.

A todo esto, uno podría dudar de que éstas fueran verídicas, pero entonces el propio Sebastián confirma que sí lo son, al denunciar la filtración de antecedentes desde la fiscalía. Entonces, si él mismo dice que esos antecedentes se han filtrado del expediente, quiere decir que efectivamente provienen de él y son verdaderos.

          Entretanto, los que queremos una política mejor y llevar un candidato de derecha y también mejor, tenemos problemas. Las tres radios en que quisimos vocear un mensaje llamando a firmar por José Antonio Kast, pagándolo a subido precio ($2,5 millones cobraba cada una), lo han rechazado. Una revelación de la naturaleza de la democracia chilena, que le demanda a un candidato reunir 35 mil firmas para postular, pero le censura su llamado a suscribirlas.

          ¿Será que los nuevos “estándares éticos” de la derecha exigen tener en el prontuario boletas y facturas falsas, haberlas empleado para lucrar, llevarse la plata a un paraíso fiscal y estar siempre donde el sol más calienta, para poder representar al “sector”?

Negativa de Venta

          Como soy de derecha, defiendo el legado del Gobierno Militar y los fundamentos de una sociedad libre y estoy luchando para que mis ideas en la próxima elección presidencial estén representadas, decidí contribuir a que el único que personifica esos valores, el diputado José Antonio Kast, pueda reunir las 35 mil firmas necesarias para participar en la primera vuelta de mediados de noviembre.

          Como el idealismo político no tiene por qué ser incompatible con la buena cocina, convidé a mi restaurant francés favorito a un distinguido publicista y apenas llegó puse en sus manos las siguientes líneas, para que contratara su lectura durante un mes en el horario de mediodía en tres radios, Agricultura, Bío Bío y Cooperativa:

“Entre los numerosos precandidatos presidenciales hay uno solo que defiende el legado del gobierno que salvó a Chile de un régimen totalitario y es José Antonio Kast. Para que él pueda participar en la elección necesita 35 mil firmas ante notario. Lo convocamos a usted a firmar por él. No hay que hacer ningún pago en la notaría y sólo se precisa la cédula de identidad y no estar inscrito en ningún partido. Busque su notaría más próxima en www.kast.cl”.

          A los pocos días el publicista me informó que el costo era de aproximadamente $2,5 millones en cada radio y le di mi conformidad, seguro de que mi entorno y yo podemos recolectar esa suma. Pero otros pocos días después me llamó para informarme que Radio Cooperativa le había expresado que una autoridad superior de la emisora había censurado el aviso y no lo transmitiría.

          Esto me extrañó sobremanera, porque todo el mundo sabe, a juzgar por lo que dicha radio propala, que ella defiende los ideales democráticos y cristianos y José Antonio Kast es un político tan demócrata como cristiano.

          Además, de acuerdo con la Ley del Consumidor, la empresa Radio Cooperativa, cuyo giro consiste en vender publicidad radial para financiar sus funciones informativas y de esparcimiento, no puede negarle a un consumidor, como lo soy yo en este caso, la venta de un espacio para la divulgación de un mensaje publicitario perfectamente lícito. Por consiguiente, me apresto a accionar contra dicho medio ante el Sernac, para hacer valer mi derecho y a fin de que sea sancionada la negativa de venta, que es constitutiva de una infracción punible.

          Tampoco las otras dos radios le han dado todavía a mi publicista, tras dos semanas, una respuesta positiva, la cual sigo esperando. Si se la dieran negativa, como la de Radio Cooperativa, tendría que recurrir al mismo procedimiento sancionatorio.

          Como puede apreciarse, el ejercicio de la democracia, en cuyo fundamento está el de que las ideas puedan expresarse libremente y los ciudadanos puedan competir por alcanzar el poder, no es facilitado por todos los que afirman haber tenido un gran papel en lograr que ella haya vuelto a imperar en Chile después de 17 años de excepcionalidad. Gran papel que en el caso de muchos yo siempre he puesto en duda, porque el restablecimiento de la plena democracia estaba contemplado en el articulado transitorio de la Constitución de 1980, que se cumplió al pie de la letra gracias a haber sido aprobado, junto con la elección del Presidente Pinochet por ocho años (por eso no fue un dictador) en el plebiscito de 1980, en el cual, si mal no recuerdo, Radio Cooperativa fue una activa promotora del voto “No”, que habría impedido, de haber triunfado entonces, la vigencia del articulado que abría la puerta a la plena democracia. En realidad, la democracia se la debemos al Gobierno Militar.

          Y espero en nombre de ella ver confirmado ahora por la vía jurídica el derecho a que el llamado a firmar por José Antonio Kast deje de ser objeto de una censura previa contraria a la libertad de expresión.