Ni las Instituciones (Ni el País) Funcionan

          ¿Se han dado cuenta de lo que la izquierda, la centroizquierda y la centroderecha le han hecho al Instituto Nacional? Lo han liquidado, sacándolo del top 100 en la PSU. El “movimiento social” –huelgas, desfiles masivos, “tomas”— que Piñera calificaba como “noble, grande, hermoso” en 2011, en concordancia con su discurso igualitario del 31 de julio de ese año en “La Segunda” (“las desigualdades en Chile son escandalosas”, decía), están en el origen de ese desastre y han ido liquidando la educación chilena. Pues fue Piñera quien inició la persecución al lucro. ¿Qué es lo único que se está salvando? La educación particular pagada, que aumenta su ventaja sobre la pública en la PSU. Y justamente en ella es donde puede haber lucro, en virtud de que es más libre. Y por eso es la mejor.

          Michelle Bachelet 2.0 profundizó las tonterías de Piñera y las convirtió en la reforma educacional de su revolución marxista y así estamos, “bajando de los patines” a los mejores, entre ellos el Instituto Nacional.

Y, en un orden general, con caída en la inversión y sin saber qué hacer después de las dos reformas tributarias para subir impuestos, la de Piñera y Bachelet 2.0, que están terminando por detener al país. Esto lleva a que Chile esté amenazado de ver empeorada su calificación crediticia internacional, lo que significaría préstamos más caros y más difíciles de obtener. Rodrigo Valdés hace lo que puede para contener el derrumbe.

          En este país que está dejando de funcionar hay instituciones que decididamente ya no funcionan, como lo ha dejado ver el episodio del “perdón” en Punta Peuco. Ahí los presos se dividen en dos categorías: los condenados sobre la base de una mentira y los condenados sobre la base de una inconstitucionalidad. Hay sólo un par de excepciones de debido proceso.

          Los condenados por sentencias mentirosas lo están porque las mismas sostienen que ellos mantienen hasta hoy secuestradas a numerosas personas. Es una falsedad visible y flagrante y, sin embargo, sirve para mandar presos a ex uniformados. Por cierto, esto es contrario a la ley, que exige probar la existencia del delito, y ningún juez ha podido probar que ninguno de esos presos mantenga secuestrada siquiera a una persona.

Y los condenados sobre la base de una inconstitucionalidad lo están porque se les imputan “delitos de lesa humanidad”, argumentándose que son imprescriptibles. Pero esos delitos no existían en Chile a la fecha en que habrían sucedido los hechos. La Constitución dice expresamente: “Nadie puede ser condenado por un delito sino en virtud de una ley dictada con anterioridad a su perpetración”, y resulta que los delitos de lesa humanidad existen en Chile desde 2009, mientras los hechos por los que están presos los militares son de varias décadas antes.

La Corte Suprema, por lo demás, ha confesado la prevaricación, al reconocer que los jueces condenan sin existir ley que tipificara el delito, en su oficio 8182-2010. Es decir, hay prevaricación confesa. Algunos tratan de excusarla aludiendo al art. 5° de la Constitución, que se remite a tratados internacionales que establecerían esos “delitos de lesa humanidad”. Pero ese inciso del artículo 5° se dictó en 1989, de modo que tampoco puede aplicarse a hechos anteriores, en virtud del principio pro reo, que también consagra la misma Constitución y que adicionalmente lo impide.

Es decir, hay una judicatura que atropella la ley a vista y paciencia del resto de los poderes y del país. Los jueces que han dictado esas sentencias han incurrido en “notable abandono de sus deberes” y la Constitución dice que podrían ser acusados ante el Congreso y destituidos por el Senado, a iniciativa de no menos de diez ni más de veinte diputados, pero ninguno lo hace. ¿Por qué? Porque el Congreso, para este efecto y como institución, tampoco funciona.

Hoy en Chile impera un estado de ilegalidad flagrante, que en algunos aspectos nos recuerda 1973.