El Gobierno estudia las peticiones de los alumnos y profesores en huelga ilegal, para llegar a un "acuerdo" con ellos. Pero ¿qué es lo que estudia? ¿Cómo va a llegar a un acuerdo sobre planteamientos completamente absurdos? Porque aquellos dicen que el Estado debe monopolizar la educaciòn y que ningún particular chileno puede ganarse la vida creando establecimientos donde se enseñe a otros. Y eso es absurdo, primero, porque la peor educación es la que imparte el Estado y la mejor la que entregan los particulares; segundo, porque ganarse la vida enseñando es una de las actividades más plausibles y dignas que puede desarrollar un ser humano en una sociedad libre, y se pretende que aquí eso se prohíba, salvo que uno lo haga como empleado del Estado; y, tercero, porque la Constitución garantiza la libertad de trabajo (art. 19, número 16) y muy en particular la libertad de enseñanza (art. 19 número 11). ¿Debemos darnos, entonces, una Constitución soviética para que los alumnos depongan sus huelgas y "tomas"? ¿Esa propuesta va a "estudiar" el Gobierno?
El problema aquí es de autoridad. Hay un régimen que no es capaz de ejercerla. Además, es un régimen sin ideas, porque si bien, obviamente, los ministros, subsecretarios y jefes de servicios las tienen, puesto que son gente de centroderecha y, como tales, tienen sus ideas, están conducidos por un Presidente que carece de ellas, salvo la de ser popular, orador único (pero no breve), aplaudido y constantemente enfocado por las cámaras.
Casi siempre estoy en desacuerdo con el columnista Carlos Peña, de "El Mercurio", pero en la edición de hoy señala: "¿Qué explica esta escasez y mezquindad de ideas que ha mostrado el Gobierno?" y más adelante se responde: "Piñera simplemente no es de derecha... no tiene convicciones que orienten su voluntad. Tiene apetencias, anhelos de reconocimiento, deseos de aplauso, pero convicciones no tiene. Ese es el problema".
La derecha tiene ideas claras sobre educación. Según ellas, la enseñanza debe quedar entregada a la libertad de las personas, en cuanto familias y educadoras. Cualquiera debe poder fundar un colegio o universidad. ¿Se dieron cuenta ustedes (probablemente no) de que bajo el Gobierno Militar hasta el Partido Comunista y su brazo armado fundaron un "Colegio Latinoamericano de Integración"? Porque había libertad de enseñanza para todos, incluidos los comunistas.
Y para los pobres, la derecha también tiene soluciones, y mejores que las de la izquierda: darles el dinero a las familias y no a la burocracia, para que envíen a sus hijos al colegio, instituto o universidad de su elección. Con la plata que el Estado hoy le entrega al monstruo burocrático de la educación estatal podría dar a las familias un "voucher" o "vale" para pagar la enseñanza de sus hijos en los mejores colegios o universidades privados.
Como el nivel de enseñanza de éstos es equivalente al de los países desarrollados ¿se imaginan ustedes el salto cualitativo que daría la educación de los pobres, con soluciones de derecha?
Pero no: el Gobierno negocia con los comunistas, conducidos por Jaime Gajardo y Camila Vallejos, que pretenden crear en Chile un "Soviet de la Educación". Y desde mañana este gobierno sin autoridad y sin convicciones se va a sentar a entregar más y más recursos y prerrogativas a los dirigentes comunistas y a sus "compañeros de ruta" y "tontos útiles" (esos nombres se los pusieron ellos a quienes utilizan, no yo).
Como yo sabía que esto iba a pasar, siempre me opuse a que Piñera fuera apoyado por la derecha. Porque sabía que no iba a hacer un gobierno de derecha. Y hasta hoy nadie sabe qué clase de gobierno está haciendo, ni menos el que va a terminar haciendo, pero lo único claro es que no es, no ha sido ni va a ser de derecha.
Ojalá la bonanza del cobre dure para financiar el costo de un gobernante que no tiene autoridad ni ideas y se limita a apagar incendios y a hacer concesiones al stalinismno local a expensas de la caja fiscal.
domingo, 31 de julio de 2011
sábado, 30 de julio de 2011
Tan Lejos... Tan Cerca
Un amigo me envía un documento presentado a la asamblea legislativa de Venezuela con el respaldo del gobierno de Chávez, mediante el cual se busca obligar a quienes tienen más de una vivienda, por ejemplo, una casa de veraneo, a cederla a familias que vivan en condiciones de estrechez o hacinamiento; y obligar a quienes, en sus propias moradas, tengan exceso de dormitorios, a compartirlos con familias que vivan en condiciones de estrechez.
¿Recuerdan a la familia del Doctor Zhivago, en los inicios de la revolución rusa, confinada a un pequeño rincón de su propia casa, mayormente ocupada por proletarios?
Acá en Chile estamos lejos de eso, por supuesto. Es verdad que el Estado nos cobra un "arriendo" cada vez más alto por vivir en nuestra propia casa. El gobierno de Sebastián Piñera nos acaba de subir de nuevo ese "arriendo". Pero todavía la casa es sólo de la familia propietaria. Todavía.
Peor está la familia Urban, que ha sufrido 110 asaltos, incendios y atentados en sus predios. Hoy leí en el diario que un líder de su vecina comunidad Temucuicui ha dicho que no cejarán de hostilizar a los Urban hasta que se vayan y les dejen sus tierras. Y aparece una fotografía en que los Temucuicui levantan una construcción en el predio de los Urban, para "marcar territorio". ¿Está muy lejos eso de que un día alguna familia que sólo tiene una casa pequeña decida "marcar territorio" en la segunda casa de otra más pudiente? ¿O de que vaya a la propia casa principal de esta última y exija algunos dormitorios, para que haya más igualdad?
En Venezuela lo están haciendo. Y el Presidente Piñera ha dicho que la desigualdad en Chile es "excesiva, inmoral, intolerable". ¿No parte del mismo concepto la iniciativa del gobierno venezolano?
¿Qué resultado tendría acá una votación acerca de si las personas que tienen más de una vivienda o dormitorios sobrantes en sus casas deban cederlos a otras familias que no tienen lo suficiente? No me atrevo a hacer un pronóstico.
Pero muchos dirán que no, que eso parece estar lejos de una sociedad civilizada, como creen a la nuestra. Pero ¿es civilizada? Acabo de ver en la televisión que algunas decenas de personas duermen desde hace días en la Plaza Italia, acampadas ilegalmente, por supuesto, porque exigen "un cambio social". Los vecinos, que viven en departamentos, se quejan del ruido, de los malos olores y de la inseguridad. Dicen que las autoridades deberían impedirles seguir ahí a quienes se han "tomado" la calle, porque eso está prohibido. Pero siguen ahí... En realidad, son revolucionarios. Coinciden con Jaime Gajardo, dirigente PC de los profesores, y Camila Vallejos, dirigente PC de los alumnos, que se toman las calles casi todos los días pidiendo educación gratis, estatal y sin lucro. Es decir, que nadie pueda ganarse la vida educando. Sólo el Estado podrá hacerlo. Y luego viene otra serie de peticiones revolucionarias similares a las de los "tomadores" de la Plaza Italia o a los de la comunidad Temucuicui. Hoy los dirigentes del PC fueron apoyados por una multitud con paraguas en el centro, mayor en número que la convocada para defender el matrimonio y la familia.
¿Estamos lejos o cerca de lo que sucede en Venezuela? Allá la autoridad apoya la revolución que privará a las personas de sus segundas viviendas y de los dormitorios sobrantes en su residencia principal. Acá no, todavía, pero esa autoridad no hace lo suficiente para impedir que los partidarios de soluciones "a la venezolana" amenacen o destruyan la propiedad ajena. Es la manera en que empiezan esos procesos.
¿Estamos, entonces, tan lejos... o tan cerca?
¿Recuerdan a la familia del Doctor Zhivago, en los inicios de la revolución rusa, confinada a un pequeño rincón de su propia casa, mayormente ocupada por proletarios?
Acá en Chile estamos lejos de eso, por supuesto. Es verdad que el Estado nos cobra un "arriendo" cada vez más alto por vivir en nuestra propia casa. El gobierno de Sebastián Piñera nos acaba de subir de nuevo ese "arriendo". Pero todavía la casa es sólo de la familia propietaria. Todavía.
Peor está la familia Urban, que ha sufrido 110 asaltos, incendios y atentados en sus predios. Hoy leí en el diario que un líder de su vecina comunidad Temucuicui ha dicho que no cejarán de hostilizar a los Urban hasta que se vayan y les dejen sus tierras. Y aparece una fotografía en que los Temucuicui levantan una construcción en el predio de los Urban, para "marcar territorio". ¿Está muy lejos eso de que un día alguna familia que sólo tiene una casa pequeña decida "marcar territorio" en la segunda casa de otra más pudiente? ¿O de que vaya a la propia casa principal de esta última y exija algunos dormitorios, para que haya más igualdad?
En Venezuela lo están haciendo. Y el Presidente Piñera ha dicho que la desigualdad en Chile es "excesiva, inmoral, intolerable". ¿No parte del mismo concepto la iniciativa del gobierno venezolano?
¿Qué resultado tendría acá una votación acerca de si las personas que tienen más de una vivienda o dormitorios sobrantes en sus casas deban cederlos a otras familias que no tienen lo suficiente? No me atrevo a hacer un pronóstico.
Pero muchos dirán que no, que eso parece estar lejos de una sociedad civilizada, como creen a la nuestra. Pero ¿es civilizada? Acabo de ver en la televisión que algunas decenas de personas duermen desde hace días en la Plaza Italia, acampadas ilegalmente, por supuesto, porque exigen "un cambio social". Los vecinos, que viven en departamentos, se quejan del ruido, de los malos olores y de la inseguridad. Dicen que las autoridades deberían impedirles seguir ahí a quienes se han "tomado" la calle, porque eso está prohibido. Pero siguen ahí... En realidad, son revolucionarios. Coinciden con Jaime Gajardo, dirigente PC de los profesores, y Camila Vallejos, dirigente PC de los alumnos, que se toman las calles casi todos los días pidiendo educación gratis, estatal y sin lucro. Es decir, que nadie pueda ganarse la vida educando. Sólo el Estado podrá hacerlo. Y luego viene otra serie de peticiones revolucionarias similares a las de los "tomadores" de la Plaza Italia o a los de la comunidad Temucuicui. Hoy los dirigentes del PC fueron apoyados por una multitud con paraguas en el centro, mayor en número que la convocada para defender el matrimonio y la familia.
¿Estamos lejos o cerca de lo que sucede en Venezuela? Allá la autoridad apoya la revolución que privará a las personas de sus segundas viviendas y de los dormitorios sobrantes en su residencia principal. Acá no, todavía, pero esa autoridad no hace lo suficiente para impedir que los partidarios de soluciones "a la venezolana" amenacen o destruyan la propiedad ajena. Es la manera en que empiezan esos procesos.
¿Estamos, entonces, tan lejos... o tan cerca?
viernes, 29 de julio de 2011
Los Archivos de la Traición
Esta mañana veía en las páginas de vida social de "El Mercurio" las fotografías de la celebración con que TVN presentó su serie "Los Archivos del Cardenal", archivos que, como es bien sabido, no fueron del Cardenal sino del Archivero de la Vicaría, alto jefe comunista y del FPMR, José Manuel Parada. Sentí vergüenza ajena de ver cómo ahí estaban, posando sonrientes, algunos oficiales del Ejército en colaboración con autoridades de TVN, parlamentarios, entre ellos el diputado comunista Hugo Gutiérrez, destacado defensor de terroristas, todos haciéndose por igual cómplices de la denigración de las instituciones uniformadas.
Y había en la escena no pocos civiles de derecha que, en su tiempo, expresaban loas (a veces exageradas) a las fuerzas armadas y carabineros por haber salvado al país de la esclavitud totalitaria. Hoy aplauden a los que, con dineros públicos, se dedican al ludibrio de los salvadores de Chile.
Pero yo también tengo mis archivos. Y así, tras ver lo anterior, desenterré dos páginas de "El Mercurio" de 26 de mayo de 1986, donde la Corporación por la Paz publicó las fotografías de 47 uniformados asesinados por el MIR y el FPMR entre abril de 1978 y esa fecha: 28 carabineros, nueve integrantes del Ejército, cuatro de Investigaciones, tres de la Armada y tres de Gendarmería. "Caídos por Dios y por la Patria en cumplimiento de su deber". Todos muertos a traición o en atentados terroristas.
Muchos de los autores de los crímenes seguían prófugos, pero otros habían sido apresados y tenían abogados defensores. En la lista de estos últimos se puede reconocer a varios "abogados de derechos humanos", pero en ese caso defensores de quienes atropellaron los derechos humanos de los caídos: Alejandro González, Laura Soto, Hernán Quezada, Fernando Zegers Ramírez, Alejandro Hales.
Entre las víctimas estaba Arnoldo Antonio Parra Gutiérrez, un vigilante de 31 años tomado como rehén y asesinado de un balazo por los terroristas de extrema izquierda. Los autores fueron detenidos, pero intercedieron por ellos "todos los abogados de la Vicaría de la Solidaridad", dice la publicación.
Otra víctima que aparece es el carabinero Miguel Ángel Vásquez, asesinado a mansalva por seis frentistas el 29 de abril de 1986. Al ser perseguidos, algunos resultaron heridos y fueron atendidos por un médico de la Vicaría de la Solidaridad y en una clínica contratada por ésta, y encubiertos por un abogado de la misma. Los tribunales procesaron a ambos profesionales como cómplices. En los procesos, los asesinos fueron defendidos por los abogados de la Vicaría. Con el tiempo, el abogado cómplice fue indultado y posteriormente se convirtió ¡en Director de la Agencia Nacional de Inteligencia!, bajo los gobiernos de la Concertación.
Cuando la justicia descubrió que la Vicaría operaba como brazo logístico del terrorismo marxista, proporcionándole a éste clínicas para la atención de subversivos heridos y prófugos, y defensa judicial en caso de ser aprehendidos, el ministro sumariante solicitó al Vicario, monseñor Valech, las fichas de atención médica, que eran muchas, dado que desde hacía largo tiempo la citada repartición del Arzobispado prestaba este servicio al terrorismo, financiado, por supuesto, con los aportes de los fieles católicos.
Pero el Vicario se negó a entregar las fichas al ministro, lo cual lo constituyó en responsable del delito de obstrucción a la justicia. Pero como ésta no es pareja (en realidad, en Chile ni siquiera es justicia), el Vicario no entregó nada, encubrió al MIR y al FPMR, y nadie lo volvió a molestar.
Debido a sus méritos al servicio de la causa marxista, Valech fue puesto después a cargo de distribuir beneficios para unos treinta mil izquierdistas que, bajo Ricardo Lagos (y en medio de un vendaval mediático que, mirado a la luz de la verdad histórica, habría resultado patético si no hubiera sido simplemente ridículo) repartió pensiones mensuales que hoy deben ser de unos 150 mil pesos a cada uno de quienes refirieron haber recibido malos tratos y por ese solo hecho.
Los chilenos contamos entre nosotros con un número respetable de traidores. Pero en todas partes los traidores son, por lo menos, discretos. Acá no. Acá traicionan con publicidad.
Hay uno de los que posaron en la ceremonia con que TVN ha presentado su teleserie propagandística "Los Archivos del Cardenal" que no tiene ninguna razón para avergonzarse: el diputado comunista Hugo Gutiérrez, cuyo partido, mediante dicha serie, le ha convertido un gol de media cancha al actual V Gobierno de la Concertación, que ha resultado tanto o más generoso que sus antecesores para entregar recursos destinados al lavado de cerebros de los chilenos a fin de que jamás lleguen a conocer toda la verdad histórica.
Y había en la escena no pocos civiles de derecha que, en su tiempo, expresaban loas (a veces exageradas) a las fuerzas armadas y carabineros por haber salvado al país de la esclavitud totalitaria. Hoy aplauden a los que, con dineros públicos, se dedican al ludibrio de los salvadores de Chile.
Pero yo también tengo mis archivos. Y así, tras ver lo anterior, desenterré dos páginas de "El Mercurio" de 26 de mayo de 1986, donde la Corporación por la Paz publicó las fotografías de 47 uniformados asesinados por el MIR y el FPMR entre abril de 1978 y esa fecha: 28 carabineros, nueve integrantes del Ejército, cuatro de Investigaciones, tres de la Armada y tres de Gendarmería. "Caídos por Dios y por la Patria en cumplimiento de su deber". Todos muertos a traición o en atentados terroristas.
Muchos de los autores de los crímenes seguían prófugos, pero otros habían sido apresados y tenían abogados defensores. En la lista de estos últimos se puede reconocer a varios "abogados de derechos humanos", pero en ese caso defensores de quienes atropellaron los derechos humanos de los caídos: Alejandro González, Laura Soto, Hernán Quezada, Fernando Zegers Ramírez, Alejandro Hales.
Entre las víctimas estaba Arnoldo Antonio Parra Gutiérrez, un vigilante de 31 años tomado como rehén y asesinado de un balazo por los terroristas de extrema izquierda. Los autores fueron detenidos, pero intercedieron por ellos "todos los abogados de la Vicaría de la Solidaridad", dice la publicación.
Otra víctima que aparece es el carabinero Miguel Ángel Vásquez, asesinado a mansalva por seis frentistas el 29 de abril de 1986. Al ser perseguidos, algunos resultaron heridos y fueron atendidos por un médico de la Vicaría de la Solidaridad y en una clínica contratada por ésta, y encubiertos por un abogado de la misma. Los tribunales procesaron a ambos profesionales como cómplices. En los procesos, los asesinos fueron defendidos por los abogados de la Vicaría. Con el tiempo, el abogado cómplice fue indultado y posteriormente se convirtió ¡en Director de la Agencia Nacional de Inteligencia!, bajo los gobiernos de la Concertación.
Cuando la justicia descubrió que la Vicaría operaba como brazo logístico del terrorismo marxista, proporcionándole a éste clínicas para la atención de subversivos heridos y prófugos, y defensa judicial en caso de ser aprehendidos, el ministro sumariante solicitó al Vicario, monseñor Valech, las fichas de atención médica, que eran muchas, dado que desde hacía largo tiempo la citada repartición del Arzobispado prestaba este servicio al terrorismo, financiado, por supuesto, con los aportes de los fieles católicos.
Pero el Vicario se negó a entregar las fichas al ministro, lo cual lo constituyó en responsable del delito de obstrucción a la justicia. Pero como ésta no es pareja (en realidad, en Chile ni siquiera es justicia), el Vicario no entregó nada, encubrió al MIR y al FPMR, y nadie lo volvió a molestar.
Debido a sus méritos al servicio de la causa marxista, Valech fue puesto después a cargo de distribuir beneficios para unos treinta mil izquierdistas que, bajo Ricardo Lagos (y en medio de un vendaval mediático que, mirado a la luz de la verdad histórica, habría resultado patético si no hubiera sido simplemente ridículo) repartió pensiones mensuales que hoy deben ser de unos 150 mil pesos a cada uno de quienes refirieron haber recibido malos tratos y por ese solo hecho.
Los chilenos contamos entre nosotros con un número respetable de traidores. Pero en todas partes los traidores son, por lo menos, discretos. Acá no. Acá traicionan con publicidad.
Hay uno de los que posaron en la ceremonia con que TVN ha presentado su teleserie propagandística "Los Archivos del Cardenal" que no tiene ninguna razón para avergonzarse: el diputado comunista Hugo Gutiérrez, cuyo partido, mediante dicha serie, le ha convertido un gol de media cancha al actual V Gobierno de la Concertación, que ha resultado tanto o más generoso que sus antecesores para entregar recursos destinados al lavado de cerebros de los chilenos a fin de que jamás lleguen a conocer toda la verdad histórica.
jueves, 28 de julio de 2011
El Golpe Rojo
Con toda naturalidad, los estudiantes huelguistas piden, para permitir que se reanuden las clases, que se cambie la Constitución, que se vuelva a estatizar el cobre, que se dicte otro código del trabajo, que se suprima la educación privada y, por supuesto, que se cambie el sistema electoral, aparte de otras minucias, como la de poder usar sin pagar la locomoción colectiva todo el año.
La principal dirigenta estudiantil es comunista. Es la conductora del proceso. La prensa, el gobierno y la oposición la toman en serio, pese a que su programa es "pre-caída del muro de Berlín" e inaplicable en el mundo contemporáneo; y a que el partido a que ella pertenece tiene muy pocos votos, algo así como el tres por ciento.
En "La Tercera" de hoy el presidente del partido socialista hace suyas las mismas peticiones de los estudiantes liderados por la personera roja. Él siempre ha sido un personaje extremo del socialismo. Tanto que hasta Michelle Bachelet debió hacer una operación quirúrgica para removerlo del Ministerio del Trabajo, bajo su gobierno. Con la mayor naturalidad, ahora él quiere cambiarlo todo. Dice que "si es cierto el interés de diálogo del gobierno para este segundo tiempo y es verdad que escuchó a la ciudadanía, debiéramos empeñarnos en esos objetivos".
La especialidad histórica del partido rojo y de sus "compañeros de ruta" es llenar los vacíos de poder cuando hay gobernantes débiles.
Si en Chile hubiera autoridad, no quedaría ningún liceo tomado, porque la policía los desalojaría. Y nadie volvería a tomárselos, porque los protagonistas de las usurpaciones serían sancionados y, de partida, expulsados de los respectivos establecimientos.
Si en Chile hubiera autoridad, los que, aparte de liceos y universidades, "se toman" todo lo que se les ocurre, sufrirían penas, porque eso es un delito. Y se les quitarían las ganas de hacerlo, en lugar de recibir "bonos de término del conflicto". Pero, como no hay autoridad que haga cumplir la ley, los "tomadores" paralizan sectores esenciales con total impunidad y siempre consiguen una ganancia. Se va a perder el año escolar y universitario y a nadie parece importarle nada. Se ha paralizado la producción de la principal minera privada, ilegalmente, y a nadie (salvo sus dueños) tampoco parece importarle nada.
Mientras tanto, el partido rojo, desde su tres por ciento, dice que se debe refundar la república. Porque a eso equivalen los cambios que exigen los "tomadores" antes de siquiera sentarse a conversar. Tan fuertes se sienten ante un gobierno débil. Y el partido socialista adhiere.
El golpe rojo está en marcha. ¿Alguien recuerda qué sucedió en Chile en otras oportunidades en que también lo estuvo? ¿Alguien sabe por qué se dictó una "ley de defensa de la democracia" y cómo se aplicó? ¿Alguien recuerda por qué una mayoría ciudadana pidió un 11 de septiembre de 1973?
La principal dirigenta estudiantil es comunista. Es la conductora del proceso. La prensa, el gobierno y la oposición la toman en serio, pese a que su programa es "pre-caída del muro de Berlín" e inaplicable en el mundo contemporáneo; y a que el partido a que ella pertenece tiene muy pocos votos, algo así como el tres por ciento.
En "La Tercera" de hoy el presidente del partido socialista hace suyas las mismas peticiones de los estudiantes liderados por la personera roja. Él siempre ha sido un personaje extremo del socialismo. Tanto que hasta Michelle Bachelet debió hacer una operación quirúrgica para removerlo del Ministerio del Trabajo, bajo su gobierno. Con la mayor naturalidad, ahora él quiere cambiarlo todo. Dice que "si es cierto el interés de diálogo del gobierno para este segundo tiempo y es verdad que escuchó a la ciudadanía, debiéramos empeñarnos en esos objetivos".
La especialidad histórica del partido rojo y de sus "compañeros de ruta" es llenar los vacíos de poder cuando hay gobernantes débiles.
Si en Chile hubiera autoridad, no quedaría ningún liceo tomado, porque la policía los desalojaría. Y nadie volvería a tomárselos, porque los protagonistas de las usurpaciones serían sancionados y, de partida, expulsados de los respectivos establecimientos.
Si en Chile hubiera autoridad, los que, aparte de liceos y universidades, "se toman" todo lo que se les ocurre, sufrirían penas, porque eso es un delito. Y se les quitarían las ganas de hacerlo, en lugar de recibir "bonos de término del conflicto". Pero, como no hay autoridad que haga cumplir la ley, los "tomadores" paralizan sectores esenciales con total impunidad y siempre consiguen una ganancia. Se va a perder el año escolar y universitario y a nadie parece importarle nada. Se ha paralizado la producción de la principal minera privada, ilegalmente, y a nadie (salvo sus dueños) tampoco parece importarle nada.
Mientras tanto, el partido rojo, desde su tres por ciento, dice que se debe refundar la república. Porque a eso equivalen los cambios que exigen los "tomadores" antes de siquiera sentarse a conversar. Tan fuertes se sienten ante un gobierno débil. Y el partido socialista adhiere.
El golpe rojo está en marcha. ¿Alguien recuerda qué sucedió en Chile en otras oportunidades en que también lo estuvo? ¿Alguien sabe por qué se dictó una "ley de defensa de la democracia" y cómo se aplicó? ¿Alguien recuerda por qué una mayoría ciudadana pidió un 11 de septiembre de 1973?
miércoles, 27 de julio de 2011
"Ni Lo Uno Ni Lo Otro, Sino Todo Lo Contrario"
Esta mañana hubo "indignados" de verdad, personas que esperaron locomoción dos horas, mientras las micros no pasaban o pasaban de largo. Entonces un centenar de aquellas "se tomó" Providencia y ocasionó un taco que se extendió hasta Vicuña Mackenna.
Esta vez no eran "encapuchados" ni comunistas (unos y otros suelen ser ambas cosas), sino sólo ciudadanos de todas las tendencias, edades y condiciones, pero ciertamente "gente de a pie" desesperada.
Seguramente la mayoría votó por Piñera, porque éste prometió mejorar el Transantiago; y probablemente ahora vota contra él en las encuestas, porque la locomoción está igual o peor, además de que el pasaje es más caro.
A la vez, el Presidente atraviesa por un visible estado de confusión. Ayer en un discurso dijo: "Las desigualdades en Chile son excesivas, inmorales, intolerables". ¿La voz de un apóstol de la igualdad? No, la de una persona que ha dedicado los mayores esfuerzos de su vida a juntar tres mil millones de dólares y convertirse en uno de los diez chilenos más desiguales de todos.
Mismo estado de confusión que lo llevó también a decir ayer, procurando interpretar el descontento general: "Hay muchas teorías de por qué ocurre esto. He leído tantos analistas. Cada uno tiene su teoría, la expone con brillantez, a uno lo convence. Después oye otra totalmente contradictoria, con la misma brillantez, también lo convence. Son contradictorias y yo estoy de acuerdo con todas".
Esa ambivalencia explica el por qué de esa lucha por llegar a ser el más desigual de todos y, al mismo tiempo, encontrar que la desigualdad es "excesiva, inmoral, intolerable". Es que cuando el Presidente usa tres sinónimos para afirmar algo (y lo hace con frecuencia) hay una alta probabilidad de que en su fuero íntimo piense todo lo contrario.
Por suerte nada de eso importa mucho, porque Chile está bien. Con el cobre acercándose a los cinco dólares la libra no puede, simplemente, estar mal. Con esa riqueza no importa mucho que quien está al timón no sepa bien cuál es el rumbo. El país puede sobrevivir perfectamente a este gobierno e incluso a uno de la Concertación que, no debemos olvidarlo, es peor calificada en las encuestas que el Presidente y que la Alianza.
¿Significará eso que en las elecciones de 2013 el pueblo podría votar por que "se vayan todos"? No cabe desechar la posibilidad.
En todo caso, probablemente la gente ya ha renunciado a entender al Presidente, solbre todo si la institucionalidad es tan benévola con él. Pues hoy he leído que la Contraloría, tras una cuidadosa investigación realizada a instancias de parlamentarios de la Concertación, ha resuelto que el 22 de enero pasado, cuando aterrizó de emergencia en su helicóptero en Pilicura Bajo, por falta de combustible, "el incidente fue debido a un error en la consideración de la cantidad de combustible requerida, por parte del piloto de la aeronave que conducía al Presidente." Ese piloto, el empresario Andrés Navarro, fue sancionado con la suspensión de su licencia por tres meses.
Todo habría sido perfecto si yo no hubiera visto y oído al mismo Presidente decir, en el noticiero de Megavisión de la noche del 22 de enero, a los habitantes de Pilicura Bajo, "me vine por la costa piloteando el helicóptero Robinson 44".
Es decir, alguien ha faltado a la verdad en el episodio. Y la Contraloría ha concluido, implícitamente, quién fue, lo cual (notable paradoja) le ha permitido a la respectiva persona quedar completamente libre de cargos en la investigación de la Dirección de Aeronáutica.
Y asunto solucionado, porque nunca en Chile ha sido muy grave sorprender a alguien faltando la verdad. Del mismo modo que es muy difícil sorprender a alguien diciéndola.
Esta vez no eran "encapuchados" ni comunistas (unos y otros suelen ser ambas cosas), sino sólo ciudadanos de todas las tendencias, edades y condiciones, pero ciertamente "gente de a pie" desesperada.
Seguramente la mayoría votó por Piñera, porque éste prometió mejorar el Transantiago; y probablemente ahora vota contra él en las encuestas, porque la locomoción está igual o peor, además de que el pasaje es más caro.
A la vez, el Presidente atraviesa por un visible estado de confusión. Ayer en un discurso dijo: "Las desigualdades en Chile son excesivas, inmorales, intolerables". ¿La voz de un apóstol de la igualdad? No, la de una persona que ha dedicado los mayores esfuerzos de su vida a juntar tres mil millones de dólares y convertirse en uno de los diez chilenos más desiguales de todos.
Mismo estado de confusión que lo llevó también a decir ayer, procurando interpretar el descontento general: "Hay muchas teorías de por qué ocurre esto. He leído tantos analistas. Cada uno tiene su teoría, la expone con brillantez, a uno lo convence. Después oye otra totalmente contradictoria, con la misma brillantez, también lo convence. Son contradictorias y yo estoy de acuerdo con todas".
Esa ambivalencia explica el por qué de esa lucha por llegar a ser el más desigual de todos y, al mismo tiempo, encontrar que la desigualdad es "excesiva, inmoral, intolerable". Es que cuando el Presidente usa tres sinónimos para afirmar algo (y lo hace con frecuencia) hay una alta probabilidad de que en su fuero íntimo piense todo lo contrario.
Por suerte nada de eso importa mucho, porque Chile está bien. Con el cobre acercándose a los cinco dólares la libra no puede, simplemente, estar mal. Con esa riqueza no importa mucho que quien está al timón no sepa bien cuál es el rumbo. El país puede sobrevivir perfectamente a este gobierno e incluso a uno de la Concertación que, no debemos olvidarlo, es peor calificada en las encuestas que el Presidente y que la Alianza.
¿Significará eso que en las elecciones de 2013 el pueblo podría votar por que "se vayan todos"? No cabe desechar la posibilidad.
En todo caso, probablemente la gente ya ha renunciado a entender al Presidente, solbre todo si la institucionalidad es tan benévola con él. Pues hoy he leído que la Contraloría, tras una cuidadosa investigación realizada a instancias de parlamentarios de la Concertación, ha resuelto que el 22 de enero pasado, cuando aterrizó de emergencia en su helicóptero en Pilicura Bajo, por falta de combustible, "el incidente fue debido a un error en la consideración de la cantidad de combustible requerida, por parte del piloto de la aeronave que conducía al Presidente." Ese piloto, el empresario Andrés Navarro, fue sancionado con la suspensión de su licencia por tres meses.
Todo habría sido perfecto si yo no hubiera visto y oído al mismo Presidente decir, en el noticiero de Megavisión de la noche del 22 de enero, a los habitantes de Pilicura Bajo, "me vine por la costa piloteando el helicóptero Robinson 44".
Es decir, alguien ha faltado a la verdad en el episodio. Y la Contraloría ha concluido, implícitamente, quién fue, lo cual (notable paradoja) le ha permitido a la respectiva persona quedar completamente libre de cargos en la investigación de la Dirección de Aeronáutica.
Y asunto solucionado, porque nunca en Chile ha sido muy grave sorprender a alguien faltando la verdad. Del mismo modo que es muy difícil sorprender a alguien diciéndola.
martes, 26 de julio de 2011
La Falta de Autoridad
Gobernar es difícil, porque el principal requisito para hacerlo bien es ejercer la autoridad. El candidato puede sonreírle a todo el mundo y decirles a todos que sí, pero cuando se convierte en gobernante no puede seguir en campaña electoral y debe hacer valer su autoridad y velar por el respeto a las leyes. Si continúa comportándose como candidato, el país se le va a ir de las manos.
Y en estos días el país se le está yendo de las manos al Gobierno. Hay ilegalidad y violencia en demasiadas partes, porque no hay autoridad. Y se prueba una y otra vez que atropellando la ley se consigue cualquier cosa.
Ahora hay una costosa huelga ilegal en la mina de cobre más importante del país, Escondida. El Gobierno dice que se trata de una empresa privada y por eso no va a intervenir, pero el problema no es privado sino público, pues se ha atropellado la ley y se ha hecho uso de la fuerza ilícita, y eso nunca ha sido un problema privado. Con el agravante de que en la empresa minera estatal, Codelco, comienza a gestarse otro movimiento huelguístico, también ilegal, en apoyo del primero.
Días atrás los pobladores de Dichato ejercieron violencia extrema y consiguieron una solución. ¿Es esto un buen ejemplo para los demás chilenos que aspiran a conseguir algo del Gobierno?
El movimiento terrorista que opera en el sur ha perpetrado su atentado número 110 contra la familia Urban. Hay carabineros heridos a bala por los terroristas. Se puede asegurar que habrá más, porque los policías sólo pueden responder el fuego terrorista con balines de goma y bombas lacrimógenas. Al ver esto, el agricultor Seitz, de la misma zona, que ha sido ya víctima de atentados y robos, advierte que él va a repeler los ataques con sus propias armas de fuego. ¿No era evidente que esto iba a suceder? Si el Gobierno no es capaz de imponer la legalidad, la gente honrada se ve obligada a tomar la defensa de la ley en sus propias manos.
Los estudiantes han ocupado por la fuerza colegios y universidades. En los primeros se va a perder, al parecer, el año escolar. ¿Y la autoridad? No hace nada. Ofreció cuatro mil millones de dólares y ello no sirvió de nada, pues las clases no se han reanudado. ¿Cómo puede ser que los alumnos que quieren asistir a clases no puedan hacerlo y tengan que perder el año porque el Gobierno no es capaz de ejercer sus atribuciones legales?
Ya en Magallanes la autoridad echó pie atrás en una iniciativa completamente justificada, como lo es la de que los habitantes de la zona paguen algo aproximadamente parecido a un precio razonable por el gas que consumen. El Ministro de Energía debió renunciar por impulsar esa justa medida. El precio del gas en esa zona es la novena parte del de Santiago. Eso se traduce en un consumo abusivo. En invierno las casas de Punta Arenas se vuelan de calor. Claro, porque el gas está demasiado barato. Todo eso conduce a una encrucijada, pues un precio tan bajo conducirá fatalmente a la escasez. Y todo porque el Gobierno no fue capaz de imponer su autoridad para que el gas allá tuviera un precio justo, se consumiera menos y se crearan incentivos para un mayor abastecimeiento.
El déficit del Transantiago será eterno si no se consigue que quienes hoy eluden el pago del pasaje comiencen a pagarlo. Pero eso exige imponer la disciplina, aunque sea a la fuerza. Impopular, por supuesto, pero de otra manera nunca se va a solucionar el problema y el mal ejemplo cundirá.
Ya vimos que en Isla de Pascua un inversionista privado fue víctima de una "toma" ilegal. Ante la falta de energía del Gobierno para defender el derecho de propiedad, tuvo que entrar en una transacción que le implicará perder su inversión dentro de un plazo de 30 años. Si ese inversionista hubiera sabido eso, seguramente no habría hecho el millonario desembolso. Pero creyó que en Chile regían las leyes.
Entonces no le busquemos "la quinta pata al gato" para saber por qué hay tantos desmanes, paralizaciones, "tomas" y protestas violentas. No es que la gente esté "indignada"; es porque se ha dado cuenta de que se puede conseguir cosas atropellando las leyes y eso queda en la impunidad.
El desorden generalizado no es, pues, un signo de los tiempos, sino la consecuencia lógica y necesaria de la falta de autoridad.
Y en estos días el país se le está yendo de las manos al Gobierno. Hay ilegalidad y violencia en demasiadas partes, porque no hay autoridad. Y se prueba una y otra vez que atropellando la ley se consigue cualquier cosa.
Ahora hay una costosa huelga ilegal en la mina de cobre más importante del país, Escondida. El Gobierno dice que se trata de una empresa privada y por eso no va a intervenir, pero el problema no es privado sino público, pues se ha atropellado la ley y se ha hecho uso de la fuerza ilícita, y eso nunca ha sido un problema privado. Con el agravante de que en la empresa minera estatal, Codelco, comienza a gestarse otro movimiento huelguístico, también ilegal, en apoyo del primero.
Días atrás los pobladores de Dichato ejercieron violencia extrema y consiguieron una solución. ¿Es esto un buen ejemplo para los demás chilenos que aspiran a conseguir algo del Gobierno?
El movimiento terrorista que opera en el sur ha perpetrado su atentado número 110 contra la familia Urban. Hay carabineros heridos a bala por los terroristas. Se puede asegurar que habrá más, porque los policías sólo pueden responder el fuego terrorista con balines de goma y bombas lacrimógenas. Al ver esto, el agricultor Seitz, de la misma zona, que ha sido ya víctima de atentados y robos, advierte que él va a repeler los ataques con sus propias armas de fuego. ¿No era evidente que esto iba a suceder? Si el Gobierno no es capaz de imponer la legalidad, la gente honrada se ve obligada a tomar la defensa de la ley en sus propias manos.
Los estudiantes han ocupado por la fuerza colegios y universidades. En los primeros se va a perder, al parecer, el año escolar. ¿Y la autoridad? No hace nada. Ofreció cuatro mil millones de dólares y ello no sirvió de nada, pues las clases no se han reanudado. ¿Cómo puede ser que los alumnos que quieren asistir a clases no puedan hacerlo y tengan que perder el año porque el Gobierno no es capaz de ejercer sus atribuciones legales?
Ya en Magallanes la autoridad echó pie atrás en una iniciativa completamente justificada, como lo es la de que los habitantes de la zona paguen algo aproximadamente parecido a un precio razonable por el gas que consumen. El Ministro de Energía debió renunciar por impulsar esa justa medida. El precio del gas en esa zona es la novena parte del de Santiago. Eso se traduce en un consumo abusivo. En invierno las casas de Punta Arenas se vuelan de calor. Claro, porque el gas está demasiado barato. Todo eso conduce a una encrucijada, pues un precio tan bajo conducirá fatalmente a la escasez. Y todo porque el Gobierno no fue capaz de imponer su autoridad para que el gas allá tuviera un precio justo, se consumiera menos y se crearan incentivos para un mayor abastecimeiento.
El déficit del Transantiago será eterno si no se consigue que quienes hoy eluden el pago del pasaje comiencen a pagarlo. Pero eso exige imponer la disciplina, aunque sea a la fuerza. Impopular, por supuesto, pero de otra manera nunca se va a solucionar el problema y el mal ejemplo cundirá.
Ya vimos que en Isla de Pascua un inversionista privado fue víctima de una "toma" ilegal. Ante la falta de energía del Gobierno para defender el derecho de propiedad, tuvo que entrar en una transacción que le implicará perder su inversión dentro de un plazo de 30 años. Si ese inversionista hubiera sabido eso, seguramente no habría hecho el millonario desembolso. Pero creyó que en Chile regían las leyes.
Entonces no le busquemos "la quinta pata al gato" para saber por qué hay tantos desmanes, paralizaciones, "tomas" y protestas violentas. No es que la gente esté "indignada"; es porque se ha dado cuenta de que se puede conseguir cosas atropellando las leyes y eso queda en la impunidad.
El desorden generalizado no es, pues, un signo de los tiempos, sino la consecuencia lógica y necesaria de la falta de autoridad.
lunes, 25 de julio de 2011
Un Chileno Inocente Estuvo Preso
Tres años. En una pequeña celda en Roma. Con 42 grados a la sombra en verano. Veinte horas diarias. En las otras cuatro podía salir a un patio a comer y caminar. Su nombre: Alfonso Podlech. Su edad: 76 años.
El Tribunal de Assisse, en Roma, lo detuvo por el secuestro de Omar Venturelli, diciendo que, como fiscal militar, había sido responsable de ese delito, ocurrido en octubre de 1973.
Según las leyes, chilenas e italianas, los hechos estaban evidentemente prescritos. Además, Podlech no había tenido nada que ver con el caso Venturelli, pues fue nombrado fiscal un año después de su presunto secuestro, y antes de eso jamás conoció a la víctima. Pero nada de ello le importó al tribunal penal romano de primera instancia. Fue como ser juzgado en Chile por el juez Solís.
Pero el caso llegó finalmente al Primer Tribunal Penal de Roma, una corte superior de trece miembros. Sorprendentemente, eran juristas y no extremistas de izquierda en comisión de servicio en los tribunales.
Y fueron categóricos (he leído el fallo, breve, conciso y tajante): los hechos, dice, están prescritos y no hay prueba de la participación en ellos de Alfonso Podlech. Luego, se le pone inmediatamente en libertad. El tribunal añade que se tomará noventa días para exponer todos los fundamentos de su decisión.
En Chile, en este momento, hay setenta uniformados (y entre ellos unos pocos civiles) cumpliendo condenas, muchas veces perpetuas, dadas sus edades, por hechos igualmente prescritos. Y entre ellos los hay que, además, son inocentes de los delitos que se les imputan, pues su participación no ha sido probada. Pero jueces como Solís los condenan de todas maneras, a veces (caso Krassnoff) sin siquiera tomarles la imprescindible declaración indagatoria (hace las veces de la misma una fotocopia sacada de otro proceso).
Esto es un escándalo, pero la prevaricación permanece impune. Y cuando las sentencias írritas llegan a la Corte Suprema, los presos políticos (porque no lo están en virtud de una ley, sino de una vindicta política) pierden siempre por tres votos a dos en la Sala Penal. Esa mayoría se estructuró durante la Concertación, pero con el voto, algunas veces, de senadores de derecha. (Un caso memorable fue el del ministro Brito, de izquierda, apoyado por éstos a cambio de la promesa de los senadores de izquierda de votar, a su turno, por el ministro Pfeiffer, de derecha; pero el nombre de éste fue rechazado; es lo que suele suceder cuando se llega a acuerdos de caballeros con quienes no lo son).
Se interponen nuevas querellas contra uniformados. Se estima que llegarán a las dos mil, pronto.
El caso Podlech no ha sido muy destacado en la prensa. Es natural. Es incómodo para un Gobierno tan complaciente con la extrema izquierda, que niega indultos hasta a los uniformados agónicos que están presos (última actuación de Bulnes en Justicia); y establece un contraste impresentable de la judicatura superior italiana con la chilena.
Bueno, este es un país en que se ha amnistiado e indultado a más de ocho mil terroristas de izquierda, que cometían atentados, mientras se han negado esos beneficios a los que les impidieron hacerse del poder por las armas. Los que salvaron la democracia del atentado totalitario han sido premiados con presidio.
Cada día se presentan nuevas querellas contra uniformados, con el respaldo de abogados del Ministerio del Interior (incluso en los casos de las muertes e Allende y Frei Montalva).
Entonces, el caso Podlech es incómodo para el "establishment" de los cerebros perfectamente lavados y, sobre todo, para los lavadores, tanto de gobierno como de oposición. Ojalá se olvide pronto. Ojalá desaparezca a la sombra de "Los Archivos del Cardenal".
El Tribunal de Assisse, en Roma, lo detuvo por el secuestro de Omar Venturelli, diciendo que, como fiscal militar, había sido responsable de ese delito, ocurrido en octubre de 1973.
Según las leyes, chilenas e italianas, los hechos estaban evidentemente prescritos. Además, Podlech no había tenido nada que ver con el caso Venturelli, pues fue nombrado fiscal un año después de su presunto secuestro, y antes de eso jamás conoció a la víctima. Pero nada de ello le importó al tribunal penal romano de primera instancia. Fue como ser juzgado en Chile por el juez Solís.
Pero el caso llegó finalmente al Primer Tribunal Penal de Roma, una corte superior de trece miembros. Sorprendentemente, eran juristas y no extremistas de izquierda en comisión de servicio en los tribunales.
Y fueron categóricos (he leído el fallo, breve, conciso y tajante): los hechos, dice, están prescritos y no hay prueba de la participación en ellos de Alfonso Podlech. Luego, se le pone inmediatamente en libertad. El tribunal añade que se tomará noventa días para exponer todos los fundamentos de su decisión.
En Chile, en este momento, hay setenta uniformados (y entre ellos unos pocos civiles) cumpliendo condenas, muchas veces perpetuas, dadas sus edades, por hechos igualmente prescritos. Y entre ellos los hay que, además, son inocentes de los delitos que se les imputan, pues su participación no ha sido probada. Pero jueces como Solís los condenan de todas maneras, a veces (caso Krassnoff) sin siquiera tomarles la imprescindible declaración indagatoria (hace las veces de la misma una fotocopia sacada de otro proceso).
Esto es un escándalo, pero la prevaricación permanece impune. Y cuando las sentencias írritas llegan a la Corte Suprema, los presos políticos (porque no lo están en virtud de una ley, sino de una vindicta política) pierden siempre por tres votos a dos en la Sala Penal. Esa mayoría se estructuró durante la Concertación, pero con el voto, algunas veces, de senadores de derecha. (Un caso memorable fue el del ministro Brito, de izquierda, apoyado por éstos a cambio de la promesa de los senadores de izquierda de votar, a su turno, por el ministro Pfeiffer, de derecha; pero el nombre de éste fue rechazado; es lo que suele suceder cuando se llega a acuerdos de caballeros con quienes no lo son).
Se interponen nuevas querellas contra uniformados. Se estima que llegarán a las dos mil, pronto.
El caso Podlech no ha sido muy destacado en la prensa. Es natural. Es incómodo para un Gobierno tan complaciente con la extrema izquierda, que niega indultos hasta a los uniformados agónicos que están presos (última actuación de Bulnes en Justicia); y establece un contraste impresentable de la judicatura superior italiana con la chilena.
Bueno, este es un país en que se ha amnistiado e indultado a más de ocho mil terroristas de izquierda, que cometían atentados, mientras se han negado esos beneficios a los que les impidieron hacerse del poder por las armas. Los que salvaron la democracia del atentado totalitario han sido premiados con presidio.
Cada día se presentan nuevas querellas contra uniformados, con el respaldo de abogados del Ministerio del Interior (incluso en los casos de las muertes e Allende y Frei Montalva).
Entonces, el caso Podlech es incómodo para el "establishment" de los cerebros perfectamente lavados y, sobre todo, para los lavadores, tanto de gobierno como de oposición. Ojalá se olvide pronto. Ojalá desaparezca a la sombra de "Los Archivos del Cardenal".
domingo, 24 de julio de 2011
Política, Verdad y Autoridad
Es extraordinario que se diga del Gobierno que tiene un déficit político, con todo el tiempo que las más altas autoridades dedican a reflexionar sobre la política. En "El Mercurio" del viernes se detalla la sucesión de reuniones semanales de los gobernantes para hablar, analizar, coordinar y comunicar sus políticas y, se supone, llegar a conclusiones útiles: los lunes a las 9 de la mañana hay Comité Político, encabezado por el Presidente, con cuatro ministros y la jefa de asesores del "segundo piso"; terminada esa reunión, a las diez y media, los mismos cuatro ministros se reúnen con los presidentes de los partidos de gobierno, los jefes de comités de senadores y de bancadas de diputados, también para coordinarse políticamente; los jueves a las dos de la tarde, en el comedor presidencial, el Presidente almuerza con los mismos cuatro ministros de las reuniones anteriores y, además, con otros seis secretarios de estado, esta vez para un "análisis político"; terminado ese almuerzo, a las cuatro de la tarde, de nuevo se reúne el Presidente con los mismos cuatro ministros del lunes y de la hora de almuerzo, además de la jefa de asesores del "segundo piso", en un comité "político-comunicacional". ¿Cómo puede haber tal superávit de reuniones políticas junto a un déficit político?
En lo que no hay déficit es en la continuidad del lavado cerebral colectivo acerca de la verdad histórica reciente, que se practicó metódicamente durante los veinte años de la Concertación y continúa incólume. La serie "Los Archivos del Cardenal" (que no son del Cardenal, sino que fueron administrados y reunidos por un alto jefe comunista, quien era, a la vez, archivero de la Vicaría de la Solidaridad), hemos sabido, se preparó y transmitió por expresa decisión y voluntad de un personero de este gobierno, lo que ha suscitado a lo menos inquietud entre sus partidarios más lúcidos (que, lamentablemente, parecen ser minoría).
Una melancólica conclusión editorial de "El Mercurio" de hoy, comentando este tema, parece decirlo todo: "...sería ingenuo pensar que una serie semejante vaya a mostrar, así sea con trama de ficción, ningún exceso en que haya incurrido la izquierda. Al menos, así ha ocurrido hasta ahora, durante más un par de décadas".
Si alguien creía que, terminados los gobiernos de izquierda y adviniendo uno que parecía no serlo, el lavado cerebral masivo de los chilenos iba a cesar, se equivocó medio a medio.
Y si el lavado sigue igual que bajo la Concertación, la violencia terrorista impune en el sur sigue peor. "Encapuchados balean a otro carabinero en menos de 24 horas", dice "El Mercurio" de anteayer. Y hoy añade: "Por cuarto día, encapuchados armados disparan contra efectivos policiales". Se denuncia el robo de animales y la destrucción de 400 metros de cercos de la familia Urban, que ha soportado ya el ataque terrorista número 110.
El abogado de la familia describe la situación: "Disparan a no más de 50 metros. Los carabineros sólo pueden responder con lacrimógenas y balines de goma".
¿Déficit político? No, déficit de autoridad... y de verdad.
¿Gobierno del cambio? ¿Qué cambio, pregunto yo?
En lo que no hay déficit es en la continuidad del lavado cerebral colectivo acerca de la verdad histórica reciente, que se practicó metódicamente durante los veinte años de la Concertación y continúa incólume. La serie "Los Archivos del Cardenal" (que no son del Cardenal, sino que fueron administrados y reunidos por un alto jefe comunista, quien era, a la vez, archivero de la Vicaría de la Solidaridad), hemos sabido, se preparó y transmitió por expresa decisión y voluntad de un personero de este gobierno, lo que ha suscitado a lo menos inquietud entre sus partidarios más lúcidos (que, lamentablemente, parecen ser minoría).
Una melancólica conclusión editorial de "El Mercurio" de hoy, comentando este tema, parece decirlo todo: "...sería ingenuo pensar que una serie semejante vaya a mostrar, así sea con trama de ficción, ningún exceso en que haya incurrido la izquierda. Al menos, así ha ocurrido hasta ahora, durante más un par de décadas".
Si alguien creía que, terminados los gobiernos de izquierda y adviniendo uno que parecía no serlo, el lavado cerebral masivo de los chilenos iba a cesar, se equivocó medio a medio.
Y si el lavado sigue igual que bajo la Concertación, la violencia terrorista impune en el sur sigue peor. "Encapuchados balean a otro carabinero en menos de 24 horas", dice "El Mercurio" de anteayer. Y hoy añade: "Por cuarto día, encapuchados armados disparan contra efectivos policiales". Se denuncia el robo de animales y la destrucción de 400 metros de cercos de la familia Urban, que ha soportado ya el ataque terrorista número 110.
El abogado de la familia describe la situación: "Disparan a no más de 50 metros. Los carabineros sólo pueden responder con lacrimógenas y balines de goma".
¿Déficit político? No, déficit de autoridad... y de verdad.
¿Gobierno del cambio? ¿Qué cambio, pregunto yo?
viernes, 22 de julio de 2011
La Educación es un Bien de Capital
La tontería más repetida en el país este año ha sido "no al lucro en la educación", en nombre de la cual han lucrado (nada menos que por cuatro mil millones de dólares, hasta el momento) estudiantes, profesores y universidades estatales o semi-estatales.
Bajo ese clima absurdo, una frase del Presidente (políticamente desafortunada pero menos equivocada que "no al lucro") ha provocado muchos comentarios negativos: "la educación es un bien de consumo".
Los intelectuales y gurúes han rasgado vestiduras, pues ¿cómo alguien puede ser tan herético y mezclar las palabras "consumo" y "educación"?, dicen.
Lo que sucede es que la educación no es un bien de consumo, sino que un bien de capital, es decir, uno que sirve para producir otros bienes. En eso está equivocado el Presidente, pero en no más que eso. En todo lo demás, la educación es un bien como cualquier otro. Si sube el precio del trigo, los agricultores producen más trigo. Si suben los sueldos de los profesores, más personas quieren estudiar pedagogía. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, porque el lucro está tan presente en la agricultura como en la educación. Esa es la realidad de la naturaleza humana. Objetivamente comprobable. ¿Alguien tiene la menor duda de que si la remuneración de un profesor fuera de doce o trece millones de pesos mensuales, como lo es la de un parlamentario, habría un exceso de aspirantes a profesores tan grande como el que hay de aspirantes a parlamentarios?
Como la educación es un bien de capital, que sirve para producir otros bienes (los que producen las personas que se educan), los economistas hablan de "capital humano". Porque, cuando una persona se educa más, aumenta su "capital humano", es decir, es capaz de generar más valor (más bienes o bienes de mayor valor) con su trabajo.
Todo lo anterior no sólo es evidente por sí mismo o, en todo caso, empíricamente comprobable, sino de sentido común.
Claro, estoy consciente de que, si se hiciera una encuesta entre la gente, una mayoría probablemente sería contraria al "lucro en la educación". Es que en nuestro medio está sucediendo algo grave: las consignas se están imponiendo sobre el sentido común, sobre la realidad de las cosas; sobre, en definitiva, la naturaleza humana. Porque el sentido del lucro predomina en la naturaleza humana. Lo cual no significa que no haya algunas personas que renuncien a él, y eso está muy bien. Son personas que trabajan a cambio de nada o de casi nada. Son santos y está muy bien que los haya. Lo malo es que son muy pocos.
Pero una manera segura de destruir una sociedad es la de legislar partiendo del supuesto de que todos los integrantes de ella son santos, porque eso no es así. "No al lucro" en la educación destruiría lo mejor de la educación chilena, que está, precisamente, allí donde hay fines de lucro.
Por eso la Constitución de 1980, que fue muy sabia, consagró el lucro en la educación, al establecer la libertad de trabajo con derecho a "una justa retribución" (lucro) y la plena libertad para crear, organizar, mantener y desarrollar entidades educacionales de todos los niveles. En ese sentido, la Ley Orgánica Constitucional de la Educación Superior, que sólo admitió crear universidades privadas sin fines de lucro (y que ha sido ampliamente "by-passeada") es una ley inconstitucional, por lo cual el propósito del nuevo Ministro de Educación de hacerla cumplir rigurosamente no sólo es un disparate, desde el punto de vista del desarrollo de la enseñanza superior, sino un atentado contra la Constitución.
Bueno, ésa es la verdad de las cosas, más allá de las consignas. Y las sociedades progresan cuando se organizan de acuerdo con la realidad y no de acuerdo a consignas vacías que nada tienen que ver con aquélla. Pues si viven según las consignas, caminan directo al fracaso o a la ruina, como puso en evidencia ante toda la Humanidad la caída del Muro de Berlín en 1989.
Bajo ese clima absurdo, una frase del Presidente (políticamente desafortunada pero menos equivocada que "no al lucro") ha provocado muchos comentarios negativos: "la educación es un bien de consumo".
Los intelectuales y gurúes han rasgado vestiduras, pues ¿cómo alguien puede ser tan herético y mezclar las palabras "consumo" y "educación"?, dicen.
Lo que sucede es que la educación no es un bien de consumo, sino que un bien de capital, es decir, uno que sirve para producir otros bienes. En eso está equivocado el Presidente, pero en no más que eso. En todo lo demás, la educación es un bien como cualquier otro. Si sube el precio del trigo, los agricultores producen más trigo. Si suben los sueldos de los profesores, más personas quieren estudiar pedagogía. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, porque el lucro está tan presente en la agricultura como en la educación. Esa es la realidad de la naturaleza humana. Objetivamente comprobable. ¿Alguien tiene la menor duda de que si la remuneración de un profesor fuera de doce o trece millones de pesos mensuales, como lo es la de un parlamentario, habría un exceso de aspirantes a profesores tan grande como el que hay de aspirantes a parlamentarios?
Como la educación es un bien de capital, que sirve para producir otros bienes (los que producen las personas que se educan), los economistas hablan de "capital humano". Porque, cuando una persona se educa más, aumenta su "capital humano", es decir, es capaz de generar más valor (más bienes o bienes de mayor valor) con su trabajo.
Todo lo anterior no sólo es evidente por sí mismo o, en todo caso, empíricamente comprobable, sino de sentido común.
Claro, estoy consciente de que, si se hiciera una encuesta entre la gente, una mayoría probablemente sería contraria al "lucro en la educación". Es que en nuestro medio está sucediendo algo grave: las consignas se están imponiendo sobre el sentido común, sobre la realidad de las cosas; sobre, en definitiva, la naturaleza humana. Porque el sentido del lucro predomina en la naturaleza humana. Lo cual no significa que no haya algunas personas que renuncien a él, y eso está muy bien. Son personas que trabajan a cambio de nada o de casi nada. Son santos y está muy bien que los haya. Lo malo es que son muy pocos.
Pero una manera segura de destruir una sociedad es la de legislar partiendo del supuesto de que todos los integrantes de ella son santos, porque eso no es así. "No al lucro" en la educación destruiría lo mejor de la educación chilena, que está, precisamente, allí donde hay fines de lucro.
Por eso la Constitución de 1980, que fue muy sabia, consagró el lucro en la educación, al establecer la libertad de trabajo con derecho a "una justa retribución" (lucro) y la plena libertad para crear, organizar, mantener y desarrollar entidades educacionales de todos los niveles. En ese sentido, la Ley Orgánica Constitucional de la Educación Superior, que sólo admitió crear universidades privadas sin fines de lucro (y que ha sido ampliamente "by-passeada") es una ley inconstitucional, por lo cual el propósito del nuevo Ministro de Educación de hacerla cumplir rigurosamente no sólo es un disparate, desde el punto de vista del desarrollo de la enseñanza superior, sino un atentado contra la Constitución.
Bueno, ésa es la verdad de las cosas, más allá de las consignas. Y las sociedades progresan cuando se organizan de acuerdo con la realidad y no de acuerdo a consignas vacías que nada tienen que ver con aquélla. Pues si viven según las consignas, caminan directo al fracaso o a la ruina, como puso en evidencia ante toda la Humanidad la caída del Muro de Berlín en 1989.
jueves, 21 de julio de 2011
... Y Todo Sigue Igual
Me fui hace ocho días y sin aviso a un lugar desconectado de todas las llamadas "redes sociales", sin televisión, radio ni diarios. Por tanto, un lugar muy agradable.
Pido perdón por no haber avisado. Volví anoche y comprobé que no había importado mucho, pues todo seguía igual. "Pero si hay cambio de gabinete", me dijo alguien. "Y eso, respondo, ¿cambia algo? Que Lavín esté en un ministerio y Bulnes en otro ¿representa algún cambio?. O que Golborne trueque con de Soliminihac ¿qué va a cambiar? Simpatizo con Longueira, pero creo que Fontaine estaba haciendo gran labor en Economía y es, desde luego, economista, lo que no deja de ser importante en ese ministerio. Este 'V Gobierno de la Concertación' lo es por el Presidente que lo encabeza, y eso no ha cambiado. Todo sigue igual".
Desde luego, el último acto de Bulnes en Justicia fue denegarle el indulto (pedido por la Jefa de Indultos de Gendarmería) a un preso político, un capitán (r) de Carabineros, agónico en un penal de Coquimbo. Eso no hace sino profundizar la línea del incumplimiento de Piñera con los presos políticos uniformados. ¿Que eso le va a evitar al Gobierno problemas con los comunistas? ¡Pero si los comunistas están lanzados en la tarea de desestabilizar al Gobierno! Así le pagan a Piñera todos los esfuerzos que ha hecho y hace por congraciarse con ellos, desde que ayudaba a Gladys Marín y declaraba a Volodia "gran hombre de Chile" hasta mantener la persecución de ex uniformados a través de la Oficina de DD.HH. del Ministerio del Interior o invitar a Teillier, Gutiérrez y Carmona a La Moneda para fotografiarse sonriente con ellos".
Nada ha cambiado.
Hoy miraba los desórdenes del día en TV. Una avanzada con un letrero escrito con la inconfundible caligrafía comunista (la conozco hace sesenta años) lanzaba piedras contra carabineros en el centro, por los problemas en Dichato, estos últimos obviamente agitados también por ellos. ¡Congraciarse con los comunistas! Sólo un hombre de negocios que ha estado dedicado casi exclusivamente a hacer dinero muchos años puede ser tan ingenuo, ya como gobernante, para creer que va a ganar algo congraciándose con los comunistas.
Y hoy leo que el director de TVN, designado por este gobierno, justifica y aplaude "Los Archivos del Cardenal", una teleserie UP que ha lanzado con gran fanfarria el canal del V Gobierno de la Concertación. No son archivos del Cardenal, por supuesto, sino del PC, porque quien estaba a cargo de esos archivos en la Vicaría era un alto jefe comunista y organizador del grupo terrorista FPMR, brazo armado comunista, José Manuel Parada.
Y se inicia la teleserie con el caso de los Hornos de Lonquén. ¿Irá alguien a mencionar en ese capítulo que los enterrados en esos hornos fueron extremistas de izquierda ajusticiados por carabineros de baja graduación de la comisaría de la zona, sin conocimiento de sus superiores inmediatos y muchos menos de la Junta de Gobierno? No, eso no lo van a decir en la teleserie, porque se trata de proseguir el lavado de cerebros para desprestigiar al gobierno que salvó a Chile y lo convirtió en un país ordenado y próspero, y no de defender la verdad.
Todo sigue igual. Y seguirá igual, porque el problema no estaba en el gabinete. El problema está sobre el gabinete y eso no tiene, por ahora, solución.
Pido perdón por no haber avisado. Volví anoche y comprobé que no había importado mucho, pues todo seguía igual. "Pero si hay cambio de gabinete", me dijo alguien. "Y eso, respondo, ¿cambia algo? Que Lavín esté en un ministerio y Bulnes en otro ¿representa algún cambio?. O que Golborne trueque con de Soliminihac ¿qué va a cambiar? Simpatizo con Longueira, pero creo que Fontaine estaba haciendo gran labor en Economía y es, desde luego, economista, lo que no deja de ser importante en ese ministerio. Este 'V Gobierno de la Concertación' lo es por el Presidente que lo encabeza, y eso no ha cambiado. Todo sigue igual".
Desde luego, el último acto de Bulnes en Justicia fue denegarle el indulto (pedido por la Jefa de Indultos de Gendarmería) a un preso político, un capitán (r) de Carabineros, agónico en un penal de Coquimbo. Eso no hace sino profundizar la línea del incumplimiento de Piñera con los presos políticos uniformados. ¿Que eso le va a evitar al Gobierno problemas con los comunistas? ¡Pero si los comunistas están lanzados en la tarea de desestabilizar al Gobierno! Así le pagan a Piñera todos los esfuerzos que ha hecho y hace por congraciarse con ellos, desde que ayudaba a Gladys Marín y declaraba a Volodia "gran hombre de Chile" hasta mantener la persecución de ex uniformados a través de la Oficina de DD.HH. del Ministerio del Interior o invitar a Teillier, Gutiérrez y Carmona a La Moneda para fotografiarse sonriente con ellos".
Nada ha cambiado.
Hoy miraba los desórdenes del día en TV. Una avanzada con un letrero escrito con la inconfundible caligrafía comunista (la conozco hace sesenta años) lanzaba piedras contra carabineros en el centro, por los problemas en Dichato, estos últimos obviamente agitados también por ellos. ¡Congraciarse con los comunistas! Sólo un hombre de negocios que ha estado dedicado casi exclusivamente a hacer dinero muchos años puede ser tan ingenuo, ya como gobernante, para creer que va a ganar algo congraciándose con los comunistas.
Y hoy leo que el director de TVN, designado por este gobierno, justifica y aplaude "Los Archivos del Cardenal", una teleserie UP que ha lanzado con gran fanfarria el canal del V Gobierno de la Concertación. No son archivos del Cardenal, por supuesto, sino del PC, porque quien estaba a cargo de esos archivos en la Vicaría era un alto jefe comunista y organizador del grupo terrorista FPMR, brazo armado comunista, José Manuel Parada.
Y se inicia la teleserie con el caso de los Hornos de Lonquén. ¿Irá alguien a mencionar en ese capítulo que los enterrados en esos hornos fueron extremistas de izquierda ajusticiados por carabineros de baja graduación de la comisaría de la zona, sin conocimiento de sus superiores inmediatos y muchos menos de la Junta de Gobierno? No, eso no lo van a decir en la teleserie, porque se trata de proseguir el lavado de cerebros para desprestigiar al gobierno que salvó a Chile y lo convirtió en un país ordenado y próspero, y no de defender la verdad.
Todo sigue igual. Y seguirá igual, porque el problema no estaba en el gabinete. El problema está sobre el gabinete y eso no tiene, por ahora, solución.
miércoles, 13 de julio de 2011
Dos Noticias Llamativas
En Italia ha sucedido un hecho extraordinario: un tribunal de justicia ha aplicado la ley en un proceso contra una persona vinculada al Gobierno Militar chileno. El ex fiscal militar Alfonso Podlech, que había sometido a proceso a terroristas de extrema izquierda en 1973, en Temuco, estaba preso desde hace tres años en Italia por la muerte del ex sacerdote italo-chileno, Omar Venturelli, que además de haberse casado había devenido terrorista.
Los hechos estaban obviamente prescritos y no se había allegado siquiera una brizna de evidencia de que Podlech hubiera tenido algo que ver con esa muerte, pero esos nunca han sido obstáculos para que la "justicia políticamente correcta" de nuestro tiempo condene a alguien, como bien lo sabemos los chilenos. Pues así lo hace (y ayer volvió a hacerlo) la sala penal de nuestra Corte Suprema, metódicamente y siempre por tres votos contra dos (porque hay una minoría de "jueces-jueces").
Pues bien, la Corte italiana ¡ha dicho que los hechos de 1973 están prescritos y que nadie ha probado la intervención de Podlech en la muerte de Venturelli! ¡Insólito, un tribunal de justicia del siglo XXI aplicando la prescripción y la presunción de inocencia del antiguo derecho penalal, hoy pasados de moda!
¿Qué dirá el ministro Alejandro Solís, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que jamás ha sido sorprendido aplicando la prescripción y la presunción de inocencia, y que ha enviado tras las rejas a decenas de uniformados, sin pruebas y desatendiendo causales de extinción de la responsabilidad penal? Yo sólo sé lo que NO debe estar diciendo: ¡Señor, dame Tu fotaleza!"
Otra noticia interesante es que el presidente de RN, partido de gobierno, el senador Carlos Larraín, ha protestado por la teleserie "Los Archivos del Cardenal", de propaganda comunista, que hará TVN.
Pues tales "Archivos" no fueron confeccionados por ningún cardenal, sino por un alto dirigente comunista y terrorista, José Manuel Parada, que era el Jefe del Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en los años '70. Parada, desde su posición, incluso reclutaba gente para el FPMR, como lo declaró el miembro de éste, Alfredo Malbrich Labra ("El Mercurio" de 28 de agosto de 1986, p. A-1). Y tales Archivos son ahora propalados, para fines de propaganda política, por el canal de TV que está bajo la responsabilidad de un gobierno supuestamente de centroderecha.
Algunos sostenemos que éste no es otra cosa que el "V Gobierno de la Concertación", pero debemos reconocer que ninguno de los anteriores se había atrevido a llevar tan lejos la propaganda política televisiva de la extrema izquierda. Y si usted no cree aún hasta dónde puede llegar (hacia la izquierda) este Gobierno, examine el diario "La Nación", órgano oficial del mismo.
Entonces, un tribunal del siglo XXI que aplica la ley penal fundamental y universal a una persona afín al Gobierno Militar chileno y un dirigente de un partido de gobierno que protesta contra los excesos propagandísticos de inspiración marxista en que incurre el mismo gobierno son, sin duda, dos noticias llamativas.
Los hechos estaban obviamente prescritos y no se había allegado siquiera una brizna de evidencia de que Podlech hubiera tenido algo que ver con esa muerte, pero esos nunca han sido obstáculos para que la "justicia políticamente correcta" de nuestro tiempo condene a alguien, como bien lo sabemos los chilenos. Pues así lo hace (y ayer volvió a hacerlo) la sala penal de nuestra Corte Suprema, metódicamente y siempre por tres votos contra dos (porque hay una minoría de "jueces-jueces").
Pues bien, la Corte italiana ¡ha dicho que los hechos de 1973 están prescritos y que nadie ha probado la intervención de Podlech en la muerte de Venturelli! ¡Insólito, un tribunal de justicia del siglo XXI aplicando la prescripción y la presunción de inocencia del antiguo derecho penalal, hoy pasados de moda!
¿Qué dirá el ministro Alejandro Solís, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que jamás ha sido sorprendido aplicando la prescripción y la presunción de inocencia, y que ha enviado tras las rejas a decenas de uniformados, sin pruebas y desatendiendo causales de extinción de la responsabilidad penal? Yo sólo sé lo que NO debe estar diciendo: ¡Señor, dame Tu fotaleza!"
Otra noticia interesante es que el presidente de RN, partido de gobierno, el senador Carlos Larraín, ha protestado por la teleserie "Los Archivos del Cardenal", de propaganda comunista, que hará TVN.
Pues tales "Archivos" no fueron confeccionados por ningún cardenal, sino por un alto dirigente comunista y terrorista, José Manuel Parada, que era el Jefe del Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en los años '70. Parada, desde su posición, incluso reclutaba gente para el FPMR, como lo declaró el miembro de éste, Alfredo Malbrich Labra ("El Mercurio" de 28 de agosto de 1986, p. A-1). Y tales Archivos son ahora propalados, para fines de propaganda política, por el canal de TV que está bajo la responsabilidad de un gobierno supuestamente de centroderecha.
Algunos sostenemos que éste no es otra cosa que el "V Gobierno de la Concertación", pero debemos reconocer que ninguno de los anteriores se había atrevido a llevar tan lejos la propaganda política televisiva de la extrema izquierda. Y si usted no cree aún hasta dónde puede llegar (hacia la izquierda) este Gobierno, examine el diario "La Nación", órgano oficial del mismo.
Entonces, un tribunal del siglo XXI que aplica la ley penal fundamental y universal a una persona afín al Gobierno Militar chileno y un dirigente de un partido de gobierno que protesta contra los excesos propagandísticos de inspiración marxista en que incurre el mismo gobierno son, sin duda, dos noticias llamativas.
lunes, 11 de julio de 2011
¿Y Dónde Está el Piloto?
Cuando usted lea u oiga la palabra "coordinadora" en algún conflicto o desorden en cualquier parte, puede tener la certeza de que lo están armando los comunistas.
No hay que engañarse con ellos. Pueden no tener votos, pero la poca gente que tienen suple sobradamente eso. Son los "encapuchados", siempre violentos y muy resueltos. Y tienen armas, recuerde, "por si las moscas" (a confesión de parte...). No vacilan en cambiar de nombre o de cara para ejercer siempre el mismo oficio: el de la violencia y la ilegalidad.
Los comunistas llaman "tontos útiles" a los que hacen cosas que les permitan a los "encapuchados" hacer lo suyo. Pero los "tontos útiles" a veces no son tan tontos, porque saben que la violencia provocada por los comunistas atemoriza a las autoridades y al resto de la ciudadanía, de modo que se crea el ambiente para que sean aceptadas sus peticiones, generalmente avaluables en pesos.
Ahora los comunistas le "están tomando el pulso" al Gobierno actual. Como lo han visto "blando" (es decir, han comprobado que se puede delinquir sin sufrir la sanción legal, como sucede en los casos de las diversas "tomas"), están yendo un poco más allá. Por eso proliferan "paros" ilegales, como este de hoy en el cobre, que le ha costado más de 40 millones de dólares al país. Y también hemos visto hoy una marcha no autorizada de unos centenares de "estudiantes" que tenían la particularidad de ser portadores de largos palos, como los que usaba el MIR para "tomarse" el centro, durante la UP. Eso no se había visto últimamente.
Y no es casualidad que se hayan reanudado los incendios de camiones de empresas madereras en la Araucanía. El gobierno de Bachelet, extrañamente, se había puesto enérgico con el terrorismo en esa zona y había aplicado las leyes, encarcelando a los extremistas más violentos. Aparte de las huelgas de hambre de éstos, esa sola señal de energía legal había pacificado considerablemente la zona. Pero ahora los comunistas comprueban que la legalidad puede ser sobrepasada impunemente y que no se aplica la Ley Antiterrorista, de modo que entonces vuelven a envalentonarse y queman camiones otra vez.
El Gobierno da toda clase de señales inapropiadas. En estos días en que todos se preguntan qué está pasando, el Presidente se ausenta más de lo debido y por motivos baladíes. El Ministro del Interior y de Seguridad Pública, como se llama ahora, también se ausenta, "en viaje de descanso", no sólo en los mismos momentos en que lo hacía su jefe con un pobre pretexto, sino además cuando todo el mundo se pregunta qué está pasando con la autoridad, que se ve tan sobrepasada. "¿Dónde está el piloto?".
Le están "tomando el pulso" al Gobierno y éste tiene dos posibilidades: o aplica la ley con energía, lo que va a provocar protestas, críticas y desórdenes redoblados, además de la necesidad de meter bastante gente a la cárcel; o se sigue dejando atropellar, proyectando la imagen de falta de autoridad y de incapacidad de controlar la situación.
Los comunistas les tenían algunas consideraciones a los gobiernos anteriores, por ser de izquierda o centroizquierda, pero a éste lo creen de derecha (en lo cual están equivocados) y no le tienen ni le van a tener esas consideraciones.
Por ahora están viendo hasta dónde pueden llegar. Las dos soluciones antedichas posibles que tiene el Gobierno ante la situación son de efectos indeseables, pero hay una peor que la otra, y es la de dejarse pasar a llevar y renunciar a hacer respetar las leyes e imponer su autoridad.
No hay que engañarse con ellos. Pueden no tener votos, pero la poca gente que tienen suple sobradamente eso. Son los "encapuchados", siempre violentos y muy resueltos. Y tienen armas, recuerde, "por si las moscas" (a confesión de parte...). No vacilan en cambiar de nombre o de cara para ejercer siempre el mismo oficio: el de la violencia y la ilegalidad.
Los comunistas llaman "tontos útiles" a los que hacen cosas que les permitan a los "encapuchados" hacer lo suyo. Pero los "tontos útiles" a veces no son tan tontos, porque saben que la violencia provocada por los comunistas atemoriza a las autoridades y al resto de la ciudadanía, de modo que se crea el ambiente para que sean aceptadas sus peticiones, generalmente avaluables en pesos.
Ahora los comunistas le "están tomando el pulso" al Gobierno actual. Como lo han visto "blando" (es decir, han comprobado que se puede delinquir sin sufrir la sanción legal, como sucede en los casos de las diversas "tomas"), están yendo un poco más allá. Por eso proliferan "paros" ilegales, como este de hoy en el cobre, que le ha costado más de 40 millones de dólares al país. Y también hemos visto hoy una marcha no autorizada de unos centenares de "estudiantes" que tenían la particularidad de ser portadores de largos palos, como los que usaba el MIR para "tomarse" el centro, durante la UP. Eso no se había visto últimamente.
Y no es casualidad que se hayan reanudado los incendios de camiones de empresas madereras en la Araucanía. El gobierno de Bachelet, extrañamente, se había puesto enérgico con el terrorismo en esa zona y había aplicado las leyes, encarcelando a los extremistas más violentos. Aparte de las huelgas de hambre de éstos, esa sola señal de energía legal había pacificado considerablemente la zona. Pero ahora los comunistas comprueban que la legalidad puede ser sobrepasada impunemente y que no se aplica la Ley Antiterrorista, de modo que entonces vuelven a envalentonarse y queman camiones otra vez.
El Gobierno da toda clase de señales inapropiadas. En estos días en que todos se preguntan qué está pasando, el Presidente se ausenta más de lo debido y por motivos baladíes. El Ministro del Interior y de Seguridad Pública, como se llama ahora, también se ausenta, "en viaje de descanso", no sólo en los mismos momentos en que lo hacía su jefe con un pobre pretexto, sino además cuando todo el mundo se pregunta qué está pasando con la autoridad, que se ve tan sobrepasada. "¿Dónde está el piloto?".
Le están "tomando el pulso" al Gobierno y éste tiene dos posibilidades: o aplica la ley con energía, lo que va a provocar protestas, críticas y desórdenes redoblados, además de la necesidad de meter bastante gente a la cárcel; o se sigue dejando atropellar, proyectando la imagen de falta de autoridad y de incapacidad de controlar la situación.
Los comunistas les tenían algunas consideraciones a los gobiernos anteriores, por ser de izquierda o centroizquierda, pero a éste lo creen de derecha (en lo cual están equivocados) y no le tienen ni le van a tener esas consideraciones.
Por ahora están viendo hasta dónde pueden llegar. Las dos soluciones antedichas posibles que tiene el Gobierno ante la situación son de efectos indeseables, pero hay una peor que la otra, y es la de dejarse pasar a llevar y renunciar a hacer respetar las leyes e imponer su autoridad.
domingo, 10 de julio de 2011
La Lógica de los Indignados
La opinología nacional ha sido puesta a prueba porque no comprende lo que está pasando. La lógica decía que cuando había descontento con el Gobierno la mayoría debía inclinarse por la Oposición, pero resulta que aquí, si el descontento con el Gobierno alcanza niveles más altos que antes, el descontento con la Oposición es todavía mayor. ¿Cómo entenderlo?
La gente que sale masivamente a las calles a protestar, y que posiblemente es una pequeña minoría, pero da la impresión de representar a una mayoría, está (siguiendo el modelo europeo, que siempre nos hemos esforzado por imitar) "indignada". ¿De qué? De todo. ¿Por qué? Por todo. ¿Qué es "todo"? "Todo" es la plata que yo quiero que me den, pero nadie me da o me dan mucho menos.
Como se supone que estos conflictos, por descabellados que sean, en las democracias se resuelven votando, la solución estaría en las próximas elecciones. Pero los "indignados" dicen que hay un sistema electoral binominal que les permite a los dos conglomerados objeto del repudio mayoritario, que forman un duopolio y que controlan el Gobierno y la Oposición, hacer lo que se les ocurra, que es distinto a lo que harían los "indignados". Lo cual, por supuesto, nadie (ni ellos mismos) sabe muy bien qué podría ser.
Entonces, las voces más lúcidas de la opinología están cayendo en la cuenta de que el problema está en el sistema electoral binominal. Y yo quiero decir que esas voces están equivocadas. Porque el problema no está en el binominalismo, sino en otra parte: en el duopolio del poder electoral que han creado las leyes de elecciones.
Puede haber sistema unimoninal, binominal, trinominal, tetranominal o ampliamente proporcional, pero si usted quiere ser hoy candidato, no puede serlo. Porque las leyes electorales las han hecho los duopolistas de la política chilena, la Alianza y la Concertación, y las han hecho de tal manera que, aunque ambas sean repudiadas por igual por casi dos tercios de los chilenos, esos dos tercios no pueden presentar candidaturas a nada y el único derecho que tienen es el "derecho a pataleo", que han ejercido reiteradamente en estos días.
La Constitución dice que en las elecciones deben recibir el mismo trato los candidatos independientes que los de los partidos políticos, que "no podrán tener privilegio alguno". Pero las leyes que rigen las elecciones han sido dictadas contrariando la Constitución, porque si usted es independiente y quiere participar en una elección representando a los "indignados", y va a inscribirse como candidato al Servicio Electoral, mi amigo Juan Ignacio García, que es todo un caballero, lo va a ir a dejar a la puerta después de decirle que no puede inscribir su candidatura, salvo que reúna miles de firmas; y que, aún cuando la inscribiera, no saldría elegido, porque no podría sumar sus votos a los de otros candidatos que pensaran como usted. En cambio, le agregaría Juan Ignacio, un partido puede inscribir candidatos sin llevar ninguna firma (seguramente agregará que eso se debe a que el partido ya tuvo, para constituirse como tal, que llevar esas firmas); le dirá que los votos de los distintos candidatos del partido se suman en el escrutinio, y no sólo con los del mismo partido, sino con todos los del pacto con otros partidos, de manera que los independientes, que sólo pueden hacer valer sus votos personales, no tienen casi ninguna posibilidad de ser electos. Por eso hay tan pocos independientes, como el senador Bianchi, que por estos días está furioso porque lo llevaron a México en el avión presidencial y éste no volvió en la fecha prevista, siendo que él tenía que trabajar, a diferencia del dueño del vuelo, que podía quedarse a ver un partido de fútbol allá en lugar de trabajar "24/7" acá.
Las leyes electorales son, entonces, inconstitucionales, porque consagran toda suerte de privilegios en favor de los partidos políticos en desmedro de los independientes indignados, pese a que la Carta lo prohíbe expresamente.
Entonces, los opinólogos intérpretes de la situación yerran cuando terminan por culpar al sistema binominal. No es éste el que tiene la culpa: lo es la legislación electoral, que establece toda suerte de privilegios para la inscripción y el escrutinio de los candidatos de los partidos. Es a ella a la que deben apuntar las críticas, no al binominalismo.
Si no hubiera un duopolio legalmente consagrado, los indignados podrían inscribir candidatos fácilmente; y, al contarse los votos, sacarían posiblemente más que los candidatos de algunos o muchos partidos y podrían ser elegidos, porque, sin privilegios, cada candidato sólo contaría con los votos que hubiera obtenido. Eso sería lo igualitario, democrático y justo.
Si los "indignados" lucharan por esos derechos, tendrían razón, pero no se han dado cuenta de que los tienen.
La gente que sale masivamente a las calles a protestar, y que posiblemente es una pequeña minoría, pero da la impresión de representar a una mayoría, está (siguiendo el modelo europeo, que siempre nos hemos esforzado por imitar) "indignada". ¿De qué? De todo. ¿Por qué? Por todo. ¿Qué es "todo"? "Todo" es la plata que yo quiero que me den, pero nadie me da o me dan mucho menos.
Como se supone que estos conflictos, por descabellados que sean, en las democracias se resuelven votando, la solución estaría en las próximas elecciones. Pero los "indignados" dicen que hay un sistema electoral binominal que les permite a los dos conglomerados objeto del repudio mayoritario, que forman un duopolio y que controlan el Gobierno y la Oposición, hacer lo que se les ocurra, que es distinto a lo que harían los "indignados". Lo cual, por supuesto, nadie (ni ellos mismos) sabe muy bien qué podría ser.
Entonces, las voces más lúcidas de la opinología están cayendo en la cuenta de que el problema está en el sistema electoral binominal. Y yo quiero decir que esas voces están equivocadas. Porque el problema no está en el binominalismo, sino en otra parte: en el duopolio del poder electoral que han creado las leyes de elecciones.
Puede haber sistema unimoninal, binominal, trinominal, tetranominal o ampliamente proporcional, pero si usted quiere ser hoy candidato, no puede serlo. Porque las leyes electorales las han hecho los duopolistas de la política chilena, la Alianza y la Concertación, y las han hecho de tal manera que, aunque ambas sean repudiadas por igual por casi dos tercios de los chilenos, esos dos tercios no pueden presentar candidaturas a nada y el único derecho que tienen es el "derecho a pataleo", que han ejercido reiteradamente en estos días.
La Constitución dice que en las elecciones deben recibir el mismo trato los candidatos independientes que los de los partidos políticos, que "no podrán tener privilegio alguno". Pero las leyes que rigen las elecciones han sido dictadas contrariando la Constitución, porque si usted es independiente y quiere participar en una elección representando a los "indignados", y va a inscribirse como candidato al Servicio Electoral, mi amigo Juan Ignacio García, que es todo un caballero, lo va a ir a dejar a la puerta después de decirle que no puede inscribir su candidatura, salvo que reúna miles de firmas; y que, aún cuando la inscribiera, no saldría elegido, porque no podría sumar sus votos a los de otros candidatos que pensaran como usted. En cambio, le agregaría Juan Ignacio, un partido puede inscribir candidatos sin llevar ninguna firma (seguramente agregará que eso se debe a que el partido ya tuvo, para constituirse como tal, que llevar esas firmas); le dirá que los votos de los distintos candidatos del partido se suman en el escrutinio, y no sólo con los del mismo partido, sino con todos los del pacto con otros partidos, de manera que los independientes, que sólo pueden hacer valer sus votos personales, no tienen casi ninguna posibilidad de ser electos. Por eso hay tan pocos independientes, como el senador Bianchi, que por estos días está furioso porque lo llevaron a México en el avión presidencial y éste no volvió en la fecha prevista, siendo que él tenía que trabajar, a diferencia del dueño del vuelo, que podía quedarse a ver un partido de fútbol allá en lugar de trabajar "24/7" acá.
Las leyes electorales son, entonces, inconstitucionales, porque consagran toda suerte de privilegios en favor de los partidos políticos en desmedro de los independientes indignados, pese a que la Carta lo prohíbe expresamente.
Entonces, los opinólogos intérpretes de la situación yerran cuando terminan por culpar al sistema binominal. No es éste el que tiene la culpa: lo es la legislación electoral, que establece toda suerte de privilegios para la inscripción y el escrutinio de los candidatos de los partidos. Es a ella a la que deben apuntar las críticas, no al binominalismo.
Si no hubiera un duopolio legalmente consagrado, los indignados podrían inscribir candidatos fácilmente; y, al contarse los votos, sacarían posiblemente más que los candidatos de algunos o muchos partidos y podrían ser elegidos, porque, sin privilegios, cada candidato sólo contaría con los votos que hubiera obtenido. Eso sería lo igualitario, democrático y justo.
Si los "indignados" lucharan por esos derechos, tendrían razón, pero no se han dado cuenta de que los tienen.
sábado, 9 de julio de 2011
Una Revolución con Datos Falsos
Un prestigiado economista de izquierda comienza hoy un artículo en "El Mercurio", sobre la crisis universitaria, afirmando: "El costo de la educación universitaria chilena (relativo al PIB/cápita) es el más alto del planeta."
Bueno, si fuera así, la movilización social debería tener lugar para bajar ese costo, porque el resto de la sociedad tendría toda la razón para pedir al Estado que diera MENOS dinero a las universidades, ya que éstas cobran más caro que en todos los demás países por prestar un servicio educacional que, según lo que sabemos, no es mejor que en todos los demás países.
Pero, además, lo que afirma el distinguido economista tampoco es verdad. En el mismo diario, el 17 de junio, se publicaron las cifras comparativas del gasto en educación superior como porcentaje del PIB/cápita, y los de EE. UU., Canadá y Corea del Sur son mayores que el chileno.
En el diario digital "El Mostrador" un economista comunista desarrolla un extenso análisis crítico sobre el mismo tema, partiendo de la base de que el gasto público en educación en Chile es sólo 0,4 % del PIB. ¿Cómo sería su análisis si usara la cifra verdadera, que es 0,84 % del PIB, más del doble de la que usa él ("El Mercurio", 17 de julio, p. C 11)? A lo mejor sus conclusiones serían las contrarias.
En el mismo diario digital "El Mostrador" antes citado, un buen amigo mío y ex compañero de colegio, Patricio Bañados, hace un análisis socio-político muy bien escrito y muy convincente, titulado "Se Acaba la Fiesta", que recomiendo por lo entretenido. Su tesis central es que el modelo de sociedad bajo el cual vivimos (compartido, según él, por la Concertación y la Alianza) es el impuesto por el Gobierno Militar (bueno, él no se refiere así a este último); y la conclusión implícita (porque no la expone explícitamente), es que, en vista de toda la agirtación que hay, debería tener lugar un cambio para reemplazar el modelo de una economía de mercado por otro que no precisa. Pero, como el único alternativo que yo, al menos, conozco, es el socialista centralizado que imperaba tras la Cortina de Hierro, no creo que la mayoría de los chilenos estuviera de acuerdo en que se "acabe la fiesta", si es que ella va a acabar en eso.
Pero la supuesta "fiesta" es muy distinta. Los que salen a las calles en estos días son los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores, a veces encabezados por éstos, que reciben del Estado, como Aporte Fiscal Directo, 150 mil millones de pesos anuales. Pero a esas universidades va sólo el 31 por ciento de los alumnos. El 69 por ciento restante, es decir, más de los dos tercios, van a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades privadas quea NO RECIBEN APORTE FISCAL DIRECTO ALGUNO.
Y el 70 % de los alumnos más pobres de la enseñanza superior, según cita Luis Larraín, director del Instituto Libertad y Desarrollo, en "El Mercurio" del 25.06.11, va a los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades privadas, que no reciben Aporte Fiscal Directo del Estado.
Esta es, entonces, la revolución de los que reciben todo, que quieren recibir más; y, para que les den más, exhiben datos que no son los verdaderos, porque, si nos atuviéramos a ellos, la primera medida que debería adoptarse sería la de restarles recursos a ellos y dárselos a las entidades que hoy no reciben esos aportes y que son, precisamente, aquellas a las que van los estudiantes más pobres.
Es decir, la única "fiesta" que debería acabarse, por razones económicas, sociales y de equidad, tendría que ser la de las universidades del Consejo de Rectores.
Bueno, si fuera así, la movilización social debería tener lugar para bajar ese costo, porque el resto de la sociedad tendría toda la razón para pedir al Estado que diera MENOS dinero a las universidades, ya que éstas cobran más caro que en todos los demás países por prestar un servicio educacional que, según lo que sabemos, no es mejor que en todos los demás países.
Pero, además, lo que afirma el distinguido economista tampoco es verdad. En el mismo diario, el 17 de junio, se publicaron las cifras comparativas del gasto en educación superior como porcentaje del PIB/cápita, y los de EE. UU., Canadá y Corea del Sur son mayores que el chileno.
En el diario digital "El Mostrador" un economista comunista desarrolla un extenso análisis crítico sobre el mismo tema, partiendo de la base de que el gasto público en educación en Chile es sólo 0,4 % del PIB. ¿Cómo sería su análisis si usara la cifra verdadera, que es 0,84 % del PIB, más del doble de la que usa él ("El Mercurio", 17 de julio, p. C 11)? A lo mejor sus conclusiones serían las contrarias.
En el mismo diario digital "El Mostrador" antes citado, un buen amigo mío y ex compañero de colegio, Patricio Bañados, hace un análisis socio-político muy bien escrito y muy convincente, titulado "Se Acaba la Fiesta", que recomiendo por lo entretenido. Su tesis central es que el modelo de sociedad bajo el cual vivimos (compartido, según él, por la Concertación y la Alianza) es el impuesto por el Gobierno Militar (bueno, él no se refiere así a este último); y la conclusión implícita (porque no la expone explícitamente), es que, en vista de toda la agirtación que hay, debería tener lugar un cambio para reemplazar el modelo de una economía de mercado por otro que no precisa. Pero, como el único alternativo que yo, al menos, conozco, es el socialista centralizado que imperaba tras la Cortina de Hierro, no creo que la mayoría de los chilenos estuviera de acuerdo en que se "acabe la fiesta", si es que ella va a acabar en eso.
Pero la supuesta "fiesta" es muy distinta. Los que salen a las calles en estos días son los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores, a veces encabezados por éstos, que reciben del Estado, como Aporte Fiscal Directo, 150 mil millones de pesos anuales. Pero a esas universidades va sólo el 31 por ciento de los alumnos. El 69 por ciento restante, es decir, más de los dos tercios, van a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades privadas quea NO RECIBEN APORTE FISCAL DIRECTO ALGUNO.
Y el 70 % de los alumnos más pobres de la enseñanza superior, según cita Luis Larraín, director del Instituto Libertad y Desarrollo, en "El Mercurio" del 25.06.11, va a los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades privadas, que no reciben Aporte Fiscal Directo del Estado.
Esta es, entonces, la revolución de los que reciben todo, que quieren recibir más; y, para que les den más, exhiben datos que no son los verdaderos, porque, si nos atuviéramos a ellos, la primera medida que debería adoptarse sería la de restarles recursos a ellos y dárselos a las entidades que hoy no reciben esos aportes y que son, precisamente, aquellas a las que van los estudiantes más pobres.
Es decir, la única "fiesta" que debería acabarse, por razones económicas, sociales y de equidad, tendría que ser la de las universidades del Consejo de Rectores.
viernes, 8 de julio de 2011
Ni Todoterreno Ni 24/7
Siempre que un gobierno enfrenta problemas surgen voces pidiendo un "cambio de gabinete". Pero en uno como el actual, en que todo gira en torno al Presidente y el gabinete es ultradependiente de él y, por tanto, poco "empoderado", como dicen ahora, cuando hay problemas éstos no son de responsabilidad del gabinete sino del Presidente.
Este es el gobierno de Sebastián Piñera, por Sebastián Piñera, para Sebastián Piñera y centrado en Sebastián Piñera. Él llegó a la presidencia con su esfuerzo, con sus recursos, ofreciendo todo lo que tenía que ofrecer para ganar votos y amenazando a quien tenía que amenazar para que no se los disputaran; y, finalmente, ganó. Pero ahora se encuentra con algo que no había previsto: debe gobernar. Eso es distinto y yo creo que, realmente, él no lo había pensado y no estaba preparado para ello. Entonces, no sabe qué hacer en este momento de crisis. Porque él tenía un programa para conseguir el máximo posible de votos, pero no tenía ninguno para hacer que la gente piense que el país anda mejor.
Además, prometió ser un Presidente "todoterreno" y "24/7", pero ya este año se tomó vacaciones en el verano, luego se las tomó en Italia y ahora, exclusivamente con fines de agrado personal, prolonga su estadía en México para ver un partido de fútbol desde la tribuna oficial del Estadio Azteca y recibir allá la gran ovación a la que él está siempre aspirando y la cual sabe que ya no puede conseguir en Chile o donde haya demasiados chilenos (lo que le ha impedido asistir a los partidos de la selección en la Copa América, como lo tenía planeado). El luchó por la presidencia para recibir aplausos y no críticas ni silbatinas.
El hecho es que, por disfrutar siendo el centro de las miradas y las ovaciones en el Estadio Azteca y suscitar la admiración de cien mil personas, ha generado las molestias de varios miembros de su delegación, que contaban con estar de vuelta antes del lunes para, al revés de él, cumplir con sus obligaciones.
Y, así, por primera vez un Presidente no va a estar presidiendo la Jura de la Bandera en el aniversario de la Batalla de la Concepción. Y, todavía peor, en plena crisis política y social, el jefe político del gabinete, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que en ausencia del Primer Mandatario es el Vicepresidente y lo reemplaza, tampoco va a estar, porque ha decidido tomarse unos días de descanso a partir de, precisamente el 9 de julio. Extraordinario, el jefe político del gabinete se marcha en plena crisis política. Y como tampoco está el Canciller, por obligaciones propias de su cartera, ni el titular de Hacienda, por compromisos derivados de la suya, resulta que el Ministro de Defensa, Andrés Allamand, que, para no ser menos, tenía programado ir a ver los partidos de la Copa América, tendrá que quedarse y ser Vicepresidente durante el fin de semana y presidir la ceremonia de la Jura de la Bandera.
Entonces, ¿es el gabinete lo que está fallando y lo que hay que cambiar?
Yo creo que no. Yo les había advertido que esto iba pasar, pero no me hicieron caso.
Este es el gobierno de Sebastián Piñera, por Sebastián Piñera, para Sebastián Piñera y centrado en Sebastián Piñera. Él llegó a la presidencia con su esfuerzo, con sus recursos, ofreciendo todo lo que tenía que ofrecer para ganar votos y amenazando a quien tenía que amenazar para que no se los disputaran; y, finalmente, ganó. Pero ahora se encuentra con algo que no había previsto: debe gobernar. Eso es distinto y yo creo que, realmente, él no lo había pensado y no estaba preparado para ello. Entonces, no sabe qué hacer en este momento de crisis. Porque él tenía un programa para conseguir el máximo posible de votos, pero no tenía ninguno para hacer que la gente piense que el país anda mejor.
Además, prometió ser un Presidente "todoterreno" y "24/7", pero ya este año se tomó vacaciones en el verano, luego se las tomó en Italia y ahora, exclusivamente con fines de agrado personal, prolonga su estadía en México para ver un partido de fútbol desde la tribuna oficial del Estadio Azteca y recibir allá la gran ovación a la que él está siempre aspirando y la cual sabe que ya no puede conseguir en Chile o donde haya demasiados chilenos (lo que le ha impedido asistir a los partidos de la selección en la Copa América, como lo tenía planeado). El luchó por la presidencia para recibir aplausos y no críticas ni silbatinas.
El hecho es que, por disfrutar siendo el centro de las miradas y las ovaciones en el Estadio Azteca y suscitar la admiración de cien mil personas, ha generado las molestias de varios miembros de su delegación, que contaban con estar de vuelta antes del lunes para, al revés de él, cumplir con sus obligaciones.
Y, así, por primera vez un Presidente no va a estar presidiendo la Jura de la Bandera en el aniversario de la Batalla de la Concepción. Y, todavía peor, en plena crisis política y social, el jefe político del gabinete, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que en ausencia del Primer Mandatario es el Vicepresidente y lo reemplaza, tampoco va a estar, porque ha decidido tomarse unos días de descanso a partir de, precisamente el 9 de julio. Extraordinario, el jefe político del gabinete se marcha en plena crisis política. Y como tampoco está el Canciller, por obligaciones propias de su cartera, ni el titular de Hacienda, por compromisos derivados de la suya, resulta que el Ministro de Defensa, Andrés Allamand, que, para no ser menos, tenía programado ir a ver los partidos de la Copa América, tendrá que quedarse y ser Vicepresidente durante el fin de semana y presidir la ceremonia de la Jura de la Bandera.
Entonces, ¿es el gabinete lo que está fallando y lo que hay que cambiar?
Yo creo que no. Yo les había advertido que esto iba pasar, pero no me hicieron caso.
jueves, 7 de julio de 2011
La Única Cordura Está en la Constitución
El país está bastante enajenado, porque la gente pensante ha dejado en estos días de conducir el debate público. Éste resulta cada vez más determinado por consignas vacuas de gente primaria. Todo parece una operación de marketing dirigida a ella, es decir, destinada a instalar "cuñas" y entrar por la vista. El bosque de banderas detrás del Presidente y del Ministro de Educación, en el discurso del martes, el uso de siglas pegajosas para describir la iniciativa educacional (GANE y FE), el hecho de que se anuncie un tropel confuso de más de veinte iniciativas de gasto adicional distintas; el monto fantástico del conjunto, cuatro mil millones de dólares, la paradoja de que el principal postulado de la campaña de los estudiantes que protestan, "no al lucro", se solucione dándoles más dinero (o sea, diciéndole "sí al lucro"); "la besatón" y la "playa de Lavín", frente a La Moneda, hablan de una farandulización general e incoherente del tema educacional en particular y del proceso político en general.
A la luz de las encuestas éste resulta, además, incomprensible, porque la entidad partidista más rechazada por la opinión pública es la Concertación, con 68 % de desaprobación, versus 60% de la Alianza y 62 % del Gobierno; pero la personalidad política con mayor apoyo en la carrera presidencial (en las encuestas que hacen esa pregunta) es Michelle Bachelet, que pertenece al ente más impopular, la Concertación. ¿Quién puede entender eso?
Y si uno leyó hoy las declaraciones de Guido Girardi, tras entrevitarse con el Presidente ("El Mercurio", jueves 7, C 3), se enteró de que le pidió a éste financiar una reforma a la educación por US$2.500 millones de dólares (1 % del PIB), en circunstancias que el mismo Presidente, como recién señalé, acaba de anunciar una de US$4.000 millones de dólares (1,6 % del PIB). Sobre todo que en días pasados, y antes de los anuncios, ya se había publicado que el Estado destina (2009) 0,84 % del PIB a la sola educación superior, lo que, sumado a los aportes privados, pone al país en un porcentaje (2 % del PIB) superior al promedio de los de la OECD. ¿Quién entiende?
Yo creo que la única cordura restante está en la Constitución, que, como señalé en mi comentario de ayer, sienta las grandes líneas que deben presidir la política educacional: completa libertad a cualquier persona para "abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales"; completa libertad de trabajo remunerado con una "justa retribución". Es decir, lo lógico, lo sólido: todo chileno puede abordar como actividad remunerada (es decir, con fines de lucro) la noble misión de enseñar. Esa es la única garantía de que lleguemos a tener una mejor educación. Y, de hecho, la mejor que tenemos hoy es precisamente la privada, con fines de lucro; y la peor es la estatal, que es la que el vocerío de la calle pretende imponer como la única y que falsamente pretende ser "sin fines de lucro", pero oculta éste tras toda una maraña de prebendas, granjerías, barreras monopólicas y privilegios.
Como ha escrito Piñera (el bueno, es decir, José): "¡libertad, libertad, mis amigos!". He ahí la receta de la sensatez, en medio del vendaval de la locura colectiva.
A la luz de las encuestas éste resulta, además, incomprensible, porque la entidad partidista más rechazada por la opinión pública es la Concertación, con 68 % de desaprobación, versus 60% de la Alianza y 62 % del Gobierno; pero la personalidad política con mayor apoyo en la carrera presidencial (en las encuestas que hacen esa pregunta) es Michelle Bachelet, que pertenece al ente más impopular, la Concertación. ¿Quién puede entender eso?
Y si uno leyó hoy las declaraciones de Guido Girardi, tras entrevitarse con el Presidente ("El Mercurio", jueves 7, C 3), se enteró de que le pidió a éste financiar una reforma a la educación por US$2.500 millones de dólares (1 % del PIB), en circunstancias que el mismo Presidente, como recién señalé, acaba de anunciar una de US$4.000 millones de dólares (1,6 % del PIB). Sobre todo que en días pasados, y antes de los anuncios, ya se había publicado que el Estado destina (2009) 0,84 % del PIB a la sola educación superior, lo que, sumado a los aportes privados, pone al país en un porcentaje (2 % del PIB) superior al promedio de los de la OECD. ¿Quién entiende?
Yo creo que la única cordura restante está en la Constitución, que, como señalé en mi comentario de ayer, sienta las grandes líneas que deben presidir la política educacional: completa libertad a cualquier persona para "abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales"; completa libertad de trabajo remunerado con una "justa retribución". Es decir, lo lógico, lo sólido: todo chileno puede abordar como actividad remunerada (es decir, con fines de lucro) la noble misión de enseñar. Esa es la única garantía de que lleguemos a tener una mejor educación. Y, de hecho, la mejor que tenemos hoy es precisamente la privada, con fines de lucro; y la peor es la estatal, que es la que el vocerío de la calle pretende imponer como la única y que falsamente pretende ser "sin fines de lucro", pero oculta éste tras toda una maraña de prebendas, granjerías, barreras monopólicas y privilegios.
Como ha escrito Piñera (el bueno, es decir, José): "¡libertad, libertad, mis amigos!". He ahí la receta de la sensatez, en medio del vendaval de la locura colectiva.
miércoles, 6 de julio de 2011
Inconstitucionalidad de la Prohibición del Lucro
Todo chileno tiene derecho a trabajar a cambio de una retribución económica, es decir, de una ganancia, la que también se denomina lucro. El artículo 19 número 16 de la Constitución asegura a todas las personas la libertad de trabajo y especifica que "toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución".
El concepto de "justa retribución" implica la obtención de un lucro, pues si alguien trabaja y sólo obtiene lo mismo que invierte o aporta, no recibe ninguna retribución, sino que sólo recupera lo que ya antes tenía. Es decir, no consigue una "justa retribución", como se lo autoriza la Constitución. Si, en cambio, la obtiene, es porque hace una ganancia, un lucro, respetando estrictamente la Constitución.
Ninguna ley ni ninguna decisión de autoridad puede impedirle ese lucro, porque la Carta está por sobre la ley. Y si hay una ley que prohíbe el lucro, esa ley es inconstitucional y deberia ser declarada tal por el Tribunal Constitucional.
Toda la estructura anterior, mediante la cual la Carta garantiza la libertad de trabajo y autoriza la obtención de un lucro, está reforzada, en el caso particular de la educación de cualquier nivel, ya fuere parvularia, básica, media o superior, por el artículo 19 número 11 de la Constitución, que asegura a todas las personas la libertad de enseñanza y dice que ella "incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales".
Es decir, la pretensión de que cualquier nivel de enseñanza quede exclusivamente en manos del Estado es inconstitucional y ninguna ley podría disponer semejante monopolio estatal.
Además, la Constitución reafirma el concepto de que, en materia educacional, y como parte de la libertad de trabajo, el lucro está permitido, al disponer: "La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional". En particular, queda claro que no se puede limitar la libertad de impartir la enseñanza universitaria a las instituciones sin fines de lucro, pues ello sería inconstitucional, ya que el lucro no se opone a la moral ni a las buenas costumbres ni al orden público ni a la seguridad nacional.
De modo que si una Ley Organica Constitucional dispuso que las instituciones de enseñanza superior no podrían tener fines de lucro, contravino la Constitución y el Tribunal Constitucional debió haberla objetado de inconstitucionalidad; y si no lo hizo ni lo ha hecho, cuando fuere debidamente requerido para ello debería hacerlo.
Y las personas que crearon instituciones de enseñanza superior (universidades) persiguiendo fines de lucro, estuvieron y están amparadas por la supremacía constitucional y nadie podría objetar las ganancias obtenidas.
Todo lo anterior es jurídicamente claro y por eso cualquier intento de cualquier nivel, ya fuere legislativo, administrativo o judicial, de prohibir el lucro en la educación de algún nivel, es o sería constitutivo de un atropello a la Constitución. En el caso del Presidente y de Ministros de Estado, tal infracción justificaría una acusación constitucional, es decir, un juicio político. Y tras éste debería tener lugar la consiguiente destitución por haber el o los acusados infringido la Constitución. Como también ella procedería en el caso de los altos magistrados que pretendieren imponer, vía sentencia judicial, una prohibición del lucro en la educación, pues ello les haría incurrir en notable abandono de sus deberes, dado que el más elemental de los mismos es la observancia del texto constitucional.
En conclusión, la consigna "no al lucro en la educación" es pura y simplemente inconstitucional.
El concepto de "justa retribución" implica la obtención de un lucro, pues si alguien trabaja y sólo obtiene lo mismo que invierte o aporta, no recibe ninguna retribución, sino que sólo recupera lo que ya antes tenía. Es decir, no consigue una "justa retribución", como se lo autoriza la Constitución. Si, en cambio, la obtiene, es porque hace una ganancia, un lucro, respetando estrictamente la Constitución.
Ninguna ley ni ninguna decisión de autoridad puede impedirle ese lucro, porque la Carta está por sobre la ley. Y si hay una ley que prohíbe el lucro, esa ley es inconstitucional y deberia ser declarada tal por el Tribunal Constitucional.
Toda la estructura anterior, mediante la cual la Carta garantiza la libertad de trabajo y autoriza la obtención de un lucro, está reforzada, en el caso particular de la educación de cualquier nivel, ya fuere parvularia, básica, media o superior, por el artículo 19 número 11 de la Constitución, que asegura a todas las personas la libertad de enseñanza y dice que ella "incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales".
Es decir, la pretensión de que cualquier nivel de enseñanza quede exclusivamente en manos del Estado es inconstitucional y ninguna ley podría disponer semejante monopolio estatal.
Además, la Constitución reafirma el concepto de que, en materia educacional, y como parte de la libertad de trabajo, el lucro está permitido, al disponer: "La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional". En particular, queda claro que no se puede limitar la libertad de impartir la enseñanza universitaria a las instituciones sin fines de lucro, pues ello sería inconstitucional, ya que el lucro no se opone a la moral ni a las buenas costumbres ni al orden público ni a la seguridad nacional.
De modo que si una Ley Organica Constitucional dispuso que las instituciones de enseñanza superior no podrían tener fines de lucro, contravino la Constitución y el Tribunal Constitucional debió haberla objetado de inconstitucionalidad; y si no lo hizo ni lo ha hecho, cuando fuere debidamente requerido para ello debería hacerlo.
Y las personas que crearon instituciones de enseñanza superior (universidades) persiguiendo fines de lucro, estuvieron y están amparadas por la supremacía constitucional y nadie podría objetar las ganancias obtenidas.
Todo lo anterior es jurídicamente claro y por eso cualquier intento de cualquier nivel, ya fuere legislativo, administrativo o judicial, de prohibir el lucro en la educación de algún nivel, es o sería constitutivo de un atropello a la Constitución. En el caso del Presidente y de Ministros de Estado, tal infracción justificaría una acusación constitucional, es decir, un juicio político. Y tras éste debería tener lugar la consiguiente destitución por haber el o los acusados infringido la Constitución. Como también ella procedería en el caso de los altos magistrados que pretendieren imponer, vía sentencia judicial, una prohibición del lucro en la educación, pues ello les haría incurrir en notable abandono de sus deberes, dado que el más elemental de los mismos es la observancia del texto constitucional.
En conclusión, la consigna "no al lucro en la educación" es pura y simplemente inconstitucional.
martes, 5 de julio de 2011
Ha Pasado Muchas Veces
Las circunstancias por las que está atravesando el Gobierno las han enfrentado todos los gobiernos chilenos. La memoria de la gente es frágil y a menudo retiene sólo lo bueno del pasado. Por eso suele creer que los conflictos actuales son más graves que los pretéritos, pero no es así. Y como he visto otras veces antes lo que vemos hoy es que sostengo que, si bien no es bueno para el Gobierno, no es trascendentalmente grave. Y reitero que los desórdenes de días pasados cesarán y quedarán olvidados muy pronto, como ha sucedido muchas veces antes.
Es verdad que una nueva encuesta CERC reafirma algo que se viene gestando hace tiempo: que el gobernante, a un año de su asunción, es el más impopular de los que ha habido desde 1990. Tiene 35 % de apoyo y 53 % de reprobación. ¿Por qué? Dejando de lado los factores imponderables, como carisma, simpatía, credibilidad (o la falta de ellos), hay elementos objetivos:
1) Sebastián Piñera prometió una "nueva forma de gobernar". Pero sólo el 20 % de la gente cree que ella es "mejor"; un 39 % dice que es "igual" y un 37 % la encuentra "peor". Es decir, no tuvo lugar (según la mayoría) el cambio que se le prometió a la gente.
2) Sebastián Piñera prometió muchas cosas buenas para la gente, concretas y simples: fin de la "puerta giratoria", supresión del descuento de 7 % a los jubilados, posnatal de seis meses, mejoría del Transantiago y otras más. Pero, en el hecho, la "puerta giratoria" no dejó de girar. Leemos todos los días que delincuentes aprehendidos, a veces in fraganti, salen libres. El descuento de 7 % resultó ser para algunos jubilados, no para todos. Hay dos quintiles de ellos que quedaron fuera, y dos quintiles representan un 40 % de defraudados. El posnatal resultó no ser es para todas las mujeres y lo recibirá sólo una minoría, pues, de las más pobres, el 72 % no tiene contrato de trabajo y, por tanto, no recibirá posnatal. Pero el candidato Piñera no les había advertido eso. Y la gente que viaja en el Transantiago y en el Metro (deteriorado por el Transantiago) no los encuentra mejor, sino igual, pero más caro. Es decir, para muchos, lo prometido no se cumplió.
3) Apareció cierta inflación, aún baja para los cánones chilenos, pero que castiga más a los pobres, pues han subido los precios de las subsistencias, en las cuales los de menos recursos gastan mayor proporción de su ingreso que los más ricos. La encuesta dice que el 83 % de la gente opina que "los ricos son cada vez más ricos". En el orden material, la expectativa de la gente, de estar mejor en el futuro, ha caído del 43 % a 27 %; y la expectativa de que el país estará mejor ha caído de 35 % a 11%. Todo esto contrasta con las cifras oficiales, que arrojan una perspectiva de crecimiento de más de 6 % para este año y la creación de más de 400 mil empleos. Pero hoy en "El Mercurio" (B 4) se informa que el subempleo (personas que buscan un trabajo de tiempo completo, pero sólo consiguen uno de tiempo parcial) ha aumentado en 21 % en relación al año pasado, en esta misma época.
4) El Gobierno enfrenta el descontento estudiantil ofreciendo mejoramientos cuantiosos para los alumnos, según acaba de anunciar el Presidente. Pero las protestas tienen claramente motivaciones políticas, y no van a cesar por esos anuncios. Basta saber a qué partido pertenecen dos de los principales promotores de las manifestaciones callejeras. Siempre ha sido así: son los mismos, siempre agitan y lo seguirán haciendo. Los anuncios pueden descomprimir, pero no significarán que los comunistas dejen de agitar.
5) Todo eso se ha juntado con el tema de HidroAysén, con la huelga de los subcontratistas de Codelco y con el caso "La Polar", que es el más corrosivo de todos, porque desprestigia a una categoría de personas, los empresarios, muy identificada con el Presidente y su gobierno (un 64 %, en la encuesta, opina que éste es "el gobierno de los empresarios"). No podía ser una mezcla más explosiva, y conste que, cuando se destapó lo de "La Polar", el trabajo de terreno de la encuesta CERC ya se había hecho. Es decir, todo puede ser todavía peor.
Pero las encuestas son "una fotografía del momento", así es que pueden cambiar. Pero aunque nada cambiara, la historia nos enseña que los gobiernos resisten perfectamente la impopularidad. Si hubiera habido encuestas hace sesenta años, el régimen de Gabriel González Videla habría logrado niveles de apoyo bajísimos en 1950, por ejemplo. Por eso, en 1952, ganó su polo opuesto, el general Ibáñez. Y éste, a su vez, cuando en su gobierno se desató la inflación más alta, hasta entonces, de la historia de Chile, debe haber descendido a bajísimos niveles de popularidad. Pero terminó normalmente. Claro que dichos gobiernos no dejaron sucesión política. Pero completaron perfectamente sus períodos. Se necesitó un desbarajuste monumental, intencionado y terminal, como el que provocó Salvador Allende, para que se alterara la normalidad institucional. Pero es casi imposible que un grado de enajenación similar vuelva a hacerse presente a la cabeza de un gobierno chileno.
En conclusión, lo que hoy sucede ha sucedido muchas veces antes y, a la larga, no tendrá trascendencia y quedará tan olvidado como la "revolución de los pingüinos" de cinco años atrás.
El gobierno de Sebastián Piñera continuará gozando de buena salud institucional. Si logrará dejar o no sucesión es otra cosa. Qué les acontecerá a los partidos que lo apoyan, también es otra cosa. Pero nada de ello obstará a la normalidad de la vida interna, por comparación con las características que ella ha tenido históricamente. Como diría un futbolista, "Chile es así".
Es verdad que una nueva encuesta CERC reafirma algo que se viene gestando hace tiempo: que el gobernante, a un año de su asunción, es el más impopular de los que ha habido desde 1990. Tiene 35 % de apoyo y 53 % de reprobación. ¿Por qué? Dejando de lado los factores imponderables, como carisma, simpatía, credibilidad (o la falta de ellos), hay elementos objetivos:
1) Sebastián Piñera prometió una "nueva forma de gobernar". Pero sólo el 20 % de la gente cree que ella es "mejor"; un 39 % dice que es "igual" y un 37 % la encuentra "peor". Es decir, no tuvo lugar (según la mayoría) el cambio que se le prometió a la gente.
2) Sebastián Piñera prometió muchas cosas buenas para la gente, concretas y simples: fin de la "puerta giratoria", supresión del descuento de 7 % a los jubilados, posnatal de seis meses, mejoría del Transantiago y otras más. Pero, en el hecho, la "puerta giratoria" no dejó de girar. Leemos todos los días que delincuentes aprehendidos, a veces in fraganti, salen libres. El descuento de 7 % resultó ser para algunos jubilados, no para todos. Hay dos quintiles de ellos que quedaron fuera, y dos quintiles representan un 40 % de defraudados. El posnatal resultó no ser es para todas las mujeres y lo recibirá sólo una minoría, pues, de las más pobres, el 72 % no tiene contrato de trabajo y, por tanto, no recibirá posnatal. Pero el candidato Piñera no les había advertido eso. Y la gente que viaja en el Transantiago y en el Metro (deteriorado por el Transantiago) no los encuentra mejor, sino igual, pero más caro. Es decir, para muchos, lo prometido no se cumplió.
3) Apareció cierta inflación, aún baja para los cánones chilenos, pero que castiga más a los pobres, pues han subido los precios de las subsistencias, en las cuales los de menos recursos gastan mayor proporción de su ingreso que los más ricos. La encuesta dice que el 83 % de la gente opina que "los ricos son cada vez más ricos". En el orden material, la expectativa de la gente, de estar mejor en el futuro, ha caído del 43 % a 27 %; y la expectativa de que el país estará mejor ha caído de 35 % a 11%. Todo esto contrasta con las cifras oficiales, que arrojan una perspectiva de crecimiento de más de 6 % para este año y la creación de más de 400 mil empleos. Pero hoy en "El Mercurio" (B 4) se informa que el subempleo (personas que buscan un trabajo de tiempo completo, pero sólo consiguen uno de tiempo parcial) ha aumentado en 21 % en relación al año pasado, en esta misma época.
4) El Gobierno enfrenta el descontento estudiantil ofreciendo mejoramientos cuantiosos para los alumnos, según acaba de anunciar el Presidente. Pero las protestas tienen claramente motivaciones políticas, y no van a cesar por esos anuncios. Basta saber a qué partido pertenecen dos de los principales promotores de las manifestaciones callejeras. Siempre ha sido así: son los mismos, siempre agitan y lo seguirán haciendo. Los anuncios pueden descomprimir, pero no significarán que los comunistas dejen de agitar.
5) Todo eso se ha juntado con el tema de HidroAysén, con la huelga de los subcontratistas de Codelco y con el caso "La Polar", que es el más corrosivo de todos, porque desprestigia a una categoría de personas, los empresarios, muy identificada con el Presidente y su gobierno (un 64 %, en la encuesta, opina que éste es "el gobierno de los empresarios"). No podía ser una mezcla más explosiva, y conste que, cuando se destapó lo de "La Polar", el trabajo de terreno de la encuesta CERC ya se había hecho. Es decir, todo puede ser todavía peor.
Pero las encuestas son "una fotografía del momento", así es que pueden cambiar. Pero aunque nada cambiara, la historia nos enseña que los gobiernos resisten perfectamente la impopularidad. Si hubiera habido encuestas hace sesenta años, el régimen de Gabriel González Videla habría logrado niveles de apoyo bajísimos en 1950, por ejemplo. Por eso, en 1952, ganó su polo opuesto, el general Ibáñez. Y éste, a su vez, cuando en su gobierno se desató la inflación más alta, hasta entonces, de la historia de Chile, debe haber descendido a bajísimos niveles de popularidad. Pero terminó normalmente. Claro que dichos gobiernos no dejaron sucesión política. Pero completaron perfectamente sus períodos. Se necesitó un desbarajuste monumental, intencionado y terminal, como el que provocó Salvador Allende, para que se alterara la normalidad institucional. Pero es casi imposible que un grado de enajenación similar vuelva a hacerse presente a la cabeza de un gobierno chileno.
En conclusión, lo que hoy sucede ha sucedido muchas veces antes y, a la larga, no tendrá trascendencia y quedará tan olvidado como la "revolución de los pingüinos" de cinco años atrás.
El gobierno de Sebastián Piñera continuará gozando de buena salud institucional. Si logrará dejar o no sucesión es otra cosa. Qué les acontecerá a los partidos que lo apoyan, también es otra cosa. Pero nada de ello obstará a la normalidad de la vida interna, por comparación con las características que ella ha tenido históricamente. Como diría un futbolista, "Chile es así".
lunes, 4 de julio de 2011
Bicentenario del Congreso
Acudí al salón de honor del Congreso Nacional a raíz de una invitación de los presidentes del Senado y la Cámara donde se me decía que, conmotivo del bicentenario de la institución, habría un acto en que "se reconocerá a ex diputados y senadores por su valioso aporte".
Yo alcancé a ejercer como diputado sólo 122 días, entre el 21 de mayo de 1973, en que juré, y el 20 de septiembre del mismo año, en que me enteré por los diarios de que el Congreso había sido clausurado. Así es que consideré exagerado que se me invitara en la misma condición de otros ex parlamentarios que cumplieron períodos completos. Pero, como la invitación decía "se reconocerá", pensé que podría tener lugar la entrega de una medalla conmemorativa, que hasta podría ser de oro, de ésas que, cuando uno se muere (si es que no se la han llevado antes los ladrones en un asalto domiciliario) llevan a los deudos a pensar que el causante puede haber sido una persona de importancia.
Pero no nos dieron ninguna medalla, pese a que el centenar de ex parlamentarios (y el resto de los asistentes) tuvimos la paciencia de oír cuatro discursos que duraron tres horas en conjunto y de asistir a un acto gimnástico-folklórico (de difícil interpretación) ante el frontis del edificio del Congreso.
Estando en dicho frontis leí, al otro lado de la calle frente al Congreso, un gran letrero de un comercio que ofrece "frenos de aire - 'suspenciones' (sic) - neumáticos" para buses, camiones y rastras. Me pregunté por qué, en todos estos años, nadie del Congreso se habrá preocupado de que la falta de ortografía no siga allí, sobre todo si tantos visitantes extranjeros asistentes a actos solemnes, como las transmisiones del mando presidencial, se deben haber enterado de esa prueba de las falencias educacionales de los chilenos. Peor aún, me pregunté si algún parlamentario se habrá siquiera dado cuenta de la falta de ortografía; y si así ha sido, por qué en 21 años ninguno ha tomado la iniciativa de sugerir que se corrija. ¿No retrata eso de cuerpo entero nuestra falta de instrucción y/o nuestra desidia nacionales?
En fin, sea como fuere, el discurso del presidente de la Cámara, Patricio Melero (UDI) fue respetuoso y moderado. El del Presidente de la República también se encuadró en los marcos de la urbanidad, si bien no pudo menos de contener una alusión a los parlamentarios muertos por la violencia política (dos socialistas, un comunista y un UDI) alusión en la cual, como era de esperarse de su persona, se abstuvo de precisar que los tres primeros pertenecían a partidos marxistas que fueron precisamente (y en el caso del tercero todavía es) los principales promotores de la violencia política armada en Chile. El tercer discurso, del vicepresidente de la Unión Interparlamentaria, un representante uruguayo, resultó adecuado y pertinente. Y el cuarto, del presidente del Senado, Guido Girardi, fue una odiosa diatriba, que desvirtuó por completo el acto en cuanto encuentro respetuoso y civilizado de personas de distintos pensamientos y corrientes partidarias.
Constituyó, por tanto, un abuso flagrante a costa de una concurrencia cautiva, que no podía replicarle, parecido a los que el mismo Girardi ha perpetrado a expensas de la oficina de correos de la Cámara, cuando era diputado; o del financiamiento público de gastos electorales, cuando fue candidato; o de senadores adversarios suyos, al sobornar a un testigo falso, con el fin de acusarlos de hechos oprobiosos en que no habían incurrido.
El acto del Bicentenario del Congreso nos mostró, en buenas cuentas, aspectos muy representativos del país real, algunos de los cuales no son nada de enorgullecedores.
Yo alcancé a ejercer como diputado sólo 122 días, entre el 21 de mayo de 1973, en que juré, y el 20 de septiembre del mismo año, en que me enteré por los diarios de que el Congreso había sido clausurado. Así es que consideré exagerado que se me invitara en la misma condición de otros ex parlamentarios que cumplieron períodos completos. Pero, como la invitación decía "se reconocerá", pensé que podría tener lugar la entrega de una medalla conmemorativa, que hasta podría ser de oro, de ésas que, cuando uno se muere (si es que no se la han llevado antes los ladrones en un asalto domiciliario) llevan a los deudos a pensar que el causante puede haber sido una persona de importancia.
Pero no nos dieron ninguna medalla, pese a que el centenar de ex parlamentarios (y el resto de los asistentes) tuvimos la paciencia de oír cuatro discursos que duraron tres horas en conjunto y de asistir a un acto gimnástico-folklórico (de difícil interpretación) ante el frontis del edificio del Congreso.
Estando en dicho frontis leí, al otro lado de la calle frente al Congreso, un gran letrero de un comercio que ofrece "frenos de aire - 'suspenciones' (sic) - neumáticos" para buses, camiones y rastras. Me pregunté por qué, en todos estos años, nadie del Congreso se habrá preocupado de que la falta de ortografía no siga allí, sobre todo si tantos visitantes extranjeros asistentes a actos solemnes, como las transmisiones del mando presidencial, se deben haber enterado de esa prueba de las falencias educacionales de los chilenos. Peor aún, me pregunté si algún parlamentario se habrá siquiera dado cuenta de la falta de ortografía; y si así ha sido, por qué en 21 años ninguno ha tomado la iniciativa de sugerir que se corrija. ¿No retrata eso de cuerpo entero nuestra falta de instrucción y/o nuestra desidia nacionales?
En fin, sea como fuere, el discurso del presidente de la Cámara, Patricio Melero (UDI) fue respetuoso y moderado. El del Presidente de la República también se encuadró en los marcos de la urbanidad, si bien no pudo menos de contener una alusión a los parlamentarios muertos por la violencia política (dos socialistas, un comunista y un UDI) alusión en la cual, como era de esperarse de su persona, se abstuvo de precisar que los tres primeros pertenecían a partidos marxistas que fueron precisamente (y en el caso del tercero todavía es) los principales promotores de la violencia política armada en Chile. El tercer discurso, del vicepresidente de la Unión Interparlamentaria, un representante uruguayo, resultó adecuado y pertinente. Y el cuarto, del presidente del Senado, Guido Girardi, fue una odiosa diatriba, que desvirtuó por completo el acto en cuanto encuentro respetuoso y civilizado de personas de distintos pensamientos y corrientes partidarias.
Constituyó, por tanto, un abuso flagrante a costa de una concurrencia cautiva, que no podía replicarle, parecido a los que el mismo Girardi ha perpetrado a expensas de la oficina de correos de la Cámara, cuando era diputado; o del financiamiento público de gastos electorales, cuando fue candidato; o de senadores adversarios suyos, al sobornar a un testigo falso, con el fin de acusarlos de hechos oprobiosos en que no habían incurrido.
El acto del Bicentenario del Congreso nos mostró, en buenas cuentas, aspectos muy representativos del país real, algunos de los cuales no son nada de enorgullecedores.
domingo, 3 de julio de 2011
Otra Subsecretaría y Otra Comisión
Como el actual gobierno es muy parecido a sus antecesores, en el sentido de creer que todos los problemas los debe solucionar el Estado, anunció que éste sería "el Año de la Educación Superior".
Ese fue un error político más en aras de la "imagen". Error, porque lo primero que piensan las entidades de educación superior que obtienen dinero del Estado es que en "el año de..." van a obtener todavía más.
Lo cual no tiene fundamento, porque si ustedes leyeron "El Mercurio" del viernes 17 vieron que el dinero estatal dedicado a la educación superior ha aumentado del 0,3 por ciento del PIB en 2007 a un 0,84 por ciento en 2009, es decir, se ha más que duplicado. Si a ello se suma el aporte privado a la educación superior, Chile resulta destinando a ella más que el promedio de las naciones desarrolladas que se agrupan en la OECD, superando a países como Dinamarca, por ejemplo.
El jefe de Educación Superior del Ministerio, Juan José Ugarte, ha dicho que el promedio de las becas a los alumnos ha aumentado de $1.150.000 a $1.850.000 al año y también se elevó el subsidio al crédito del Fondo Solidario. "Esa es una inyección enorme de recursos".
Entonces ¿por qué desfilan en protesta miles de universitarios, entre otros? Porque quieren más dinero. Según la consigna comunista, la educación superior debería ser gratuita.
Es decir, a la élite que va a la universidad (porque es una élite) debería dársele más dinero para pagar sus estudios superiores.
Esto constituiría otro atentado a los propósitos de que el gasto público procure una mayor igualdad en el país, tal como en el caso de iniciativas como la supresión del 7 por ciento de cotización de salud que hacen los jubilados, que no están entre los grupos más pobres del país, como sí lo están, por ejemplo, comprobadamente, los niños pobres hasta de tres años de edad, a quienes nada se les dará (entre paréntesis, no votan y los jubilados sí).
¿En qué terminará el "Año de la Educación Superior"? Yo les voy a decir: en que, más encima de haberse más que doblado el aporte a ella en los dos últimos años, se le va a volver a aumentar; en que se va a crear otro gran organismo estatal, la Subsecretaría de Educación Superior, que va a tener muchos funcionarios más provenientes de las legiones de aspirantes que todavía no han podido ser contratados; y, finalmente, como de costumbre, en que se va a crear otra comisión (con muchas fotos), a cuyas conclusiones nadie les va a hacer caso, porque lo que se quería era más plata y ésa se va a conseguir.
Ese fue un error político más en aras de la "imagen". Error, porque lo primero que piensan las entidades de educación superior que obtienen dinero del Estado es que en "el año de..." van a obtener todavía más.
Lo cual no tiene fundamento, porque si ustedes leyeron "El Mercurio" del viernes 17 vieron que el dinero estatal dedicado a la educación superior ha aumentado del 0,3 por ciento del PIB en 2007 a un 0,84 por ciento en 2009, es decir, se ha más que duplicado. Si a ello se suma el aporte privado a la educación superior, Chile resulta destinando a ella más que el promedio de las naciones desarrolladas que se agrupan en la OECD, superando a países como Dinamarca, por ejemplo.
El jefe de Educación Superior del Ministerio, Juan José Ugarte, ha dicho que el promedio de las becas a los alumnos ha aumentado de $1.150.000 a $1.850.000 al año y también se elevó el subsidio al crédito del Fondo Solidario. "Esa es una inyección enorme de recursos".
Entonces ¿por qué desfilan en protesta miles de universitarios, entre otros? Porque quieren más dinero. Según la consigna comunista, la educación superior debería ser gratuita.
Es decir, a la élite que va a la universidad (porque es una élite) debería dársele más dinero para pagar sus estudios superiores.
Esto constituiría otro atentado a los propósitos de que el gasto público procure una mayor igualdad en el país, tal como en el caso de iniciativas como la supresión del 7 por ciento de cotización de salud que hacen los jubilados, que no están entre los grupos más pobres del país, como sí lo están, por ejemplo, comprobadamente, los niños pobres hasta de tres años de edad, a quienes nada se les dará (entre paréntesis, no votan y los jubilados sí).
¿En qué terminará el "Año de la Educación Superior"? Yo les voy a decir: en que, más encima de haberse más que doblado el aporte a ella en los dos últimos años, se le va a volver a aumentar; en que se va a crear otro gran organismo estatal, la Subsecretaría de Educación Superior, que va a tener muchos funcionarios más provenientes de las legiones de aspirantes que todavía no han podido ser contratados; y, finalmente, como de costumbre, en que se va a crear otra comisión (con muchas fotos), a cuyas conclusiones nadie les va a hacer caso, porque lo que se quería era más plata y ésa se va a conseguir.
sábado, 2 de julio de 2011
Crónica de la Imbecilidad
Un profesor de la enseñanza particular pagada me enseñó que "imbécil" no era un insulto demasiado ofensivo, pues derivaba de la voz latina "imbáculo", sin báculo, es decir, sin bastón, queriendo significar meramente que alguien expresa opiniones sin apoyo, sin sustento.
He visto los acontecimientos de estos días, presididos por una marcha de "imbáculos" cuyo principal lema es "no al lucro", pero lo único que piden es más plata. Pues querer "educación gratis" es lo mismo que pedir plata, porque demandan edificios escolares, profesores, movilización y alimentación sin pagar, y como todas esas cosas cuestan, alguien tendrá que ponerla. Es decir, los "imbáculos" quieren lucrar a costa de otros. Tal vez más bien debería decírseles "frescos".
No muy diferente de lo que pretende el rector Pérez, de la "U", que preside el consejo de rectores, y que también dice estar contra el lucro, pero pide más plata (porque ya su universidad le extrae al Estado una enormidad) para hacer lo mismo que otras, privadas, hacen sin pedirle nada al Estado (porque el aporte fiscal indirecto se lo dan a ellas los alumnos).
A este respecto, permítaseme una digresión: siempre he sostenido que tres grandes omisiones del Gobierno Militar fueron la no privatización del Banco del Estado, la no licitación de la Universidad de Chile y la no modernización del Poder Judicial. Ahora he añadido otros requerimientos susceptibles de formularse en el muy improbable caso de que advenga otro gobierno rectificador y modernizador: la supresión de los monstruos burocráticos denominados Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, y la correspondiente entrega de los recursos (que ellos dilapidan) a las familias más pobres, para que éstas elijan las instituciones privadas en las cuales van a educar a sus hijos y contratar seguros de salud para sus familias (porque en el país modernizado y restaurado también se fortalecerá la familia).
Bueno, era sólo una digresión.
Volviendo al rector Pérez, debo hacer notar que él aún no responde al padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado (privada), que denunció en "Qué Pasa" de la semana anterior a las entidades con fines de lucro que ganan plata dentro de las universidades estatales "sin fines de lucro". Y que, de paso, señaló que si a su universidad le dieran los mismos recursos para investigación que el Estado les da a la Chile y similares, investigaría "como avión" y las superaría en logros. Bueno, es lo que siempre sucede cuando se transfiere recursos de la burocracia a los particulares. Por eso Chile creció al 7% tras completarse el modelo privatizador legado por el Gobierno Militar, en vez de crecer al 3 % de antes (y al 3% de después que la Concertación le había hecho ya suficientes injertos socialistas al mismo modelo).
Los "imbáculos" también piden ahora que toda la enseñanza sea estatal, es decir, frente a la evidencia de que ésta tiene logros inferiores a la particular, demandan suprimir esta última y no aquélla, como lo resolverían si tuvieran "báculo".
Pero no hay que preocuparse. En "La Tercera" de hoy, Ascanio Cavallo hace un muy buen recuento de anteriores protestas estudiantiles: 1) Las de 1972, contra la ENU marxista, la única protesta inteligente y democrática, porque defendía la educación mejor (la privada), y fue también la única que en definitiva tuvo éxito, porque no hubo ENU sino que advino un gobierno que restableció la libertad educacional; 2) Las de 1983, durante el Gobierno Militar, exactamente iguales a las de hoy, conducidas por los comunistas y sin ninguna trascendencia. Cavallo nos informa que parte de los manifestantes de entonces ingresaron al grupo terrorista del PC, el FPMR (entre paréntesis, uno de los jefes del FPMR, el actual diputado PC Guillermo Teillier, fue el único parlamentario "admitido" en la marcha del jueves último); y 3) Las de 2006 o "revolución de los pingüinos", tan inútil, intrascendente y manejada por los comunistas como la de 1983. Tan superflua que la LOCE, cuya derogación era el postulado básico de los "pingüinos", sigue vigente hasta hoy. Pero, como había un gobierno aún más débil que el actual, los "pingüinos" lograron la renuncia del Ministro de Educación, Martín Zilic y la del de Interior, Andrés Zaldívar. Y nada más, porque no me van a decir que las cuatrocientas páginas escritas por la "comisión transversal para la educación" que discurrió la Michelle fueron "algo".
Ahora, en cambio, hasta el momento Lavín permanece en su cargo, lo que está bien. Negocia y concede, lo que está mal. El comentario generalizado de los medios es de que "la situación es grave", pero, como siempre, están equivocados, pues ciertamente no lo es.
Otra cosa es que ella acentúe la impopularidad del gobernante. Todos se preguntan cuánto inciden las marchas y desórdenes en ella. Por supuesto que inciden, porque no deja contento a nadie: no accede a todo lo que piden los "imbáculos" ni tampoco satisface la expectativa de la inmensa mayoría, de que no se puedan usurpar impunemente doscientos colegios, de que se sancione penalmente a los autores de las tomas y de que "el largo brazo" de la ley alcance a los delincuentes que roban y destrozan, en lugar de lo de siempre: que antes de 24 horas están libres y listos para reincidir.
Termino reiterando: los movimientos de estos días, más temprano que tarde, serán completamente olvidados, salvo que Ascanio los recuerde; la educación chilena seguirá más o menos como está, pero gastará más recursos; los comunistas seguirán, como siempre, tratando de hacer una revolución violenta, aprovechando a los "tontos útiles" (el nombre se lo pusieron ellos); y la mayoría silenciosa, siempre ilusa, seguirá aspirando a que alguna vez llegue un gobierno con autoridad, que ponga en su lugar a los comunistas (en lugar de tener en ese lugar a los uniformados que nos libraron de ellos) y garantice el orden, la tranquilidad y la libertad de los ciudadanos honrados.
He visto los acontecimientos de estos días, presididos por una marcha de "imbáculos" cuyo principal lema es "no al lucro", pero lo único que piden es más plata. Pues querer "educación gratis" es lo mismo que pedir plata, porque demandan edificios escolares, profesores, movilización y alimentación sin pagar, y como todas esas cosas cuestan, alguien tendrá que ponerla. Es decir, los "imbáculos" quieren lucrar a costa de otros. Tal vez más bien debería decírseles "frescos".
No muy diferente de lo que pretende el rector Pérez, de la "U", que preside el consejo de rectores, y que también dice estar contra el lucro, pero pide más plata (porque ya su universidad le extrae al Estado una enormidad) para hacer lo mismo que otras, privadas, hacen sin pedirle nada al Estado (porque el aporte fiscal indirecto se lo dan a ellas los alumnos).
A este respecto, permítaseme una digresión: siempre he sostenido que tres grandes omisiones del Gobierno Militar fueron la no privatización del Banco del Estado, la no licitación de la Universidad de Chile y la no modernización del Poder Judicial. Ahora he añadido otros requerimientos susceptibles de formularse en el muy improbable caso de que advenga otro gobierno rectificador y modernizador: la supresión de los monstruos burocráticos denominados Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, y la correspondiente entrega de los recursos (que ellos dilapidan) a las familias más pobres, para que éstas elijan las instituciones privadas en las cuales van a educar a sus hijos y contratar seguros de salud para sus familias (porque en el país modernizado y restaurado también se fortalecerá la familia).
Bueno, era sólo una digresión.
Volviendo al rector Pérez, debo hacer notar que él aún no responde al padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado (privada), que denunció en "Qué Pasa" de la semana anterior a las entidades con fines de lucro que ganan plata dentro de las universidades estatales "sin fines de lucro". Y que, de paso, señaló que si a su universidad le dieran los mismos recursos para investigación que el Estado les da a la Chile y similares, investigaría "como avión" y las superaría en logros. Bueno, es lo que siempre sucede cuando se transfiere recursos de la burocracia a los particulares. Por eso Chile creció al 7% tras completarse el modelo privatizador legado por el Gobierno Militar, en vez de crecer al 3 % de antes (y al 3% de después que la Concertación le había hecho ya suficientes injertos socialistas al mismo modelo).
Los "imbáculos" también piden ahora que toda la enseñanza sea estatal, es decir, frente a la evidencia de que ésta tiene logros inferiores a la particular, demandan suprimir esta última y no aquélla, como lo resolverían si tuvieran "báculo".
Pero no hay que preocuparse. En "La Tercera" de hoy, Ascanio Cavallo hace un muy buen recuento de anteriores protestas estudiantiles: 1) Las de 1972, contra la ENU marxista, la única protesta inteligente y democrática, porque defendía la educación mejor (la privada), y fue también la única que en definitiva tuvo éxito, porque no hubo ENU sino que advino un gobierno que restableció la libertad educacional; 2) Las de 1983, durante el Gobierno Militar, exactamente iguales a las de hoy, conducidas por los comunistas y sin ninguna trascendencia. Cavallo nos informa que parte de los manifestantes de entonces ingresaron al grupo terrorista del PC, el FPMR (entre paréntesis, uno de los jefes del FPMR, el actual diputado PC Guillermo Teillier, fue el único parlamentario "admitido" en la marcha del jueves último); y 3) Las de 2006 o "revolución de los pingüinos", tan inútil, intrascendente y manejada por los comunistas como la de 1983. Tan superflua que la LOCE, cuya derogación era el postulado básico de los "pingüinos", sigue vigente hasta hoy. Pero, como había un gobierno aún más débil que el actual, los "pingüinos" lograron la renuncia del Ministro de Educación, Martín Zilic y la del de Interior, Andrés Zaldívar. Y nada más, porque no me van a decir que las cuatrocientas páginas escritas por la "comisión transversal para la educación" que discurrió la Michelle fueron "algo".
Ahora, en cambio, hasta el momento Lavín permanece en su cargo, lo que está bien. Negocia y concede, lo que está mal. El comentario generalizado de los medios es de que "la situación es grave", pero, como siempre, están equivocados, pues ciertamente no lo es.
Otra cosa es que ella acentúe la impopularidad del gobernante. Todos se preguntan cuánto inciden las marchas y desórdenes en ella. Por supuesto que inciden, porque no deja contento a nadie: no accede a todo lo que piden los "imbáculos" ni tampoco satisface la expectativa de la inmensa mayoría, de que no se puedan usurpar impunemente doscientos colegios, de que se sancione penalmente a los autores de las tomas y de que "el largo brazo" de la ley alcance a los delincuentes que roban y destrozan, en lugar de lo de siempre: que antes de 24 horas están libres y listos para reincidir.
Termino reiterando: los movimientos de estos días, más temprano que tarde, serán completamente olvidados, salvo que Ascanio los recuerde; la educación chilena seguirá más o menos como está, pero gastará más recursos; los comunistas seguirán, como siempre, tratando de hacer una revolución violenta, aprovechando a los "tontos útiles" (el nombre se lo pusieron ellos); y la mayoría silenciosa, siempre ilusa, seguirá aspirando a que alguna vez llegue un gobierno con autoridad, que ponga en su lugar a los comunistas (en lugar de tener en ese lugar a los uniformados que nos libraron de ellos) y garantice el orden, la tranquilidad y la libertad de los ciudadanos honrados.
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