Réquiem Para un Mito Izquierdista

               Cuando murió el general Contreras me llamó una periodista de Megavisión con el fin de entrevistarme para el noticiero AhoraNoticias. Conversamos unos veinte minutos y en la noche lo sintonicé para verme. Aparecí cinco segundos diciendo: “Fue eficaz en la lucha contra el terrorismo”, y nada más. Cinco segundos. Es que el resto de mis declaraciones contradecía la versión de la izquierda sobre Contreras, que fue la que dio el referido noticiero. Este cumple rigurosamente la regla periodística nacional: los dueños son grandes empresarios, pero la línea editorial la determinan los periodistas de izquierda.

          Bueno, tengo más de algo qué decir sobre el general Contreras. El otro día el presidente de la UDI, Hernán Larraín, declaró que yo lo “defendía”. Con su particular óptica política, que en estas materias es la de la izquierda, creyó que con eso “me liquidaba”. Lo que sucede es que yo digo la verdad sobre ese general, mientras que Hernán, en este tema como en otros relacionados con derechos humanos, sólo repite consignas comunistas y hasta homenajea a una ex terrorista de ese signo.

          El mito sobre ese militar lo presenta como un sanguinario perseguidor de personas inocentes. Se le atribuye muertes, torturas y desapariciones. Pero si se lee, por ejemplo, el sesgado Informe Rettig, que ocultó la mitad de la verdad (las muertes provocadas por las facciones armadas de izquierda) se ve que el mito de Contreras ha sido enormemente sobredimensionado. Por ejemplo, de un total de supuestos “desaparecidos” (lo pongo entre comillas porque hoy no son tales, como luego expondré) de 824 que el Informe Rettig atribuye a alguna institución, sólo asigna 316 a la DINA, dirigida por el general Contreras. Luego, en ese tema su participación fue secundaria.

          Otro mito, el de que el general Contreras “guardaba información sobre desaparecidos” también es falso y, de hecho, él ha sido la única persona que ha investigado y dado a conocer los paraderos de personas catalogadas como desaparecidas. En su libro “La Verdad Histórica II ¿Desaparecidos?”, que estuvo entre los más vendidos en 2001, estudió el tema. Posteriormente envió a cada uno de los ministros sucesivamente sumariantes en casos de derechos humanos, y a mí también, una nómina de más de seiscientos supuestos desaparecidos precisando su paradero, entre ellos decenas de casos de “personas sin existencia legal” y “personas que salieron legalmente del país”. Nunca se supo que algún juez, alguien de la Comisión Rettig o de ningún otro organismo desmintiera esas cifras. 

          El mito siempre prevaleció y se siguió hablando de “miles de desaparecidos”, pese a que la Comisión Rettig mencionó 979 y la posterior Comisión de Reparación añadió 123, haciendo un total de 1.102. En mi libro “Terapia para Cerebros Lavados” cité publicaciones según las cuales todos ellos tenían un paradero determinado, es decir, no eran “desaparecidos” (p. 262), aparte de que en los últimos tiempos han ido “reapareciendo” sucesivamente seis que nunca lo fueron.

          Otro mito fue el de que el Presidente Pinochet “sabía todo lo que hacía el general Contreras”. También eso es falso. Quedó históricamente comprobado que este general le aseguró tres veces no haber tenido ninguna vinculación con Michael Townley (quien puso las bombas al general Prats y a Orlando Letelier), lo que indujo a la Junta a entregarlo a las autoridades norteamericanas. Ese ocultamiento fue decisivo para disolver la DINA y relevar a Contreras, al comprobarse que escondía cosas a sus superiores, entre ellas la de ordenar dar muerte a terroristas sin forma de juicio, cosa que es practicada hoy día sin objeciones por los Estados Unidos e Israel, pero que las circulares número 1 de la Junta de Gobierno y número 22 del Ministerio del Interior, ambas de enero de 1974, vedaban a todos los uniformados chilenos.

          Orlando Sáenz ha publicado en “El Mercurio” un muy buen artículo sobre las iniquidades cometidas en los juicios contra uniformados (r), apelando a que ellos habrían actuado en virtud de la “obediencia debida”. En realidad, la “obediencia debida” justamente les vedaba cometer semejantes crímenes y, cuando se perpetraron, fue en virtud de todo lo contrario, “desobediencias indebidas”, pues las instrucciones superiores y generales eran las de respetar las vidas de quienes rindieran sus armas. En la práctica de los juicios, los inculpados que declaran haber actuado por órdenes superiores, aunque ello fuera falso, son tratados con benevolencia por los jueces de izquierda, porque el propósito de éstos es político: la condena pública del Gobierno Militar. De hecho, el autor comprobado de más de cincuenta fusilamientos ilegales nunca ha pisado Punta Peuco y está en su casa, por haber culpado a sus superiores, pese a que contravino las órdenes de éstos. Pero ello acomoda al propósito político de los jueces, que le han impuesto sólo pena remitida. Todo esto es inmoral, de público conocimiento y no criticado por nadie, lo que pone en evidencia la falta de ética que preside el actuar de la judicatura y el temple de nuestra sociedad.  

          En esta hora en que hay un centenar de militares (r) presos con violación del estado de derecho, y cerca de un millar de los mismos procesados, mientras todos los terroristas que actuaron antes de 1990 están libres, por sangrientos que hubieren sido sus crímenes, la muerte del general Contreras, octogenario, enfermo y condenado a más de quinientos años en juicios confesamente ilegales (un pleno de la Corte Suprema lo reconoció así), ha puesto de relieve hasta qué punto la izquierda en general y el comunismo en particular han logrado imponer sus mitos acerca de la verdad histórica del país y ocultar su propia responsabilidad, y la de la izquierda en general, en la generación del terrorismo y la violencia que hicieron indispensable un 11 de septiembre de 1973.