¡Viva Chile, Por la Fuerza de la Sinrazón!

          Como estamos en Chile, celebramos la Independencia el 18 de septiembre, fecha en que no tuvo lugar la Independencia. Lo afirmo no sólo porque en ese día de 1810 de hecho se proclamara nuestra dependencia (que es lo contrario de independencia) de la corona de Fernando VII, sino porque después hubo un acta explícita de proclamación de la Independencia, con fecha 1° de enero de 1818, que expresó haber sido firmada en Concepción. Claro, nunca hemos celebrado el aniversario de nuestra Independencia el 1° de enero, que sería lo que correspondería. Tal vez porque entonces, al igual que ahora, estaba de por medio lo que he llamado “la cosa chilena”: pues, como éste es un país en que las cosas se hacen “a la chilena”, el Acta de la Independencia no fue verdaderamente firmada en Concepción el 1° de enero de 1818, como rezaba su texto original, que ya no existe, pues el conocido investigador y jurista Marcelo Elissalde Martel afirma que se quemó en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. En realidad, ella se firmó el 12 de febrero de 1818, y no en Concepción, sino en Talca. Pero el Acta decía “Concepción”. Obvio, era un tremendo trabajo (cosa que todos los chilenos eludimos) caligrafiarla de nuevo y poner al pie “Talca” en lugar de “Concepción”.

          En todo caso, este 204° aniversario nos encuentra en plena “desarticulación nacional”, como titulé en un blog reciente. Todavía este 18 los chilenos podrán comer toda la carne en exceso capaces de financiar y regarla con cuantos “terremotos” sean capaces de ingerir. Pero nada de eso va a remediar la penosa situación que vive el país.

          Como he escrito en otro medio en esta misma fecha, ante el retroceso de la economía provocado principalmente por la Reforma Tributaria el Gobierno ha acordado destinar US$500 millones extraordinarios a reactivarla, los cuales provendrán de muy sospechosas “reasignaciones presupuestarias” por US$250 millones y ¡de la propia Reforma Tributaria!, otros US$250 millones. Es decir, si he entendido bien, dicha Reforma frena a la actividad y para contrarrestar eso el fisco usa US$250 millones que provienen de la misma Reforma. “Lógica chilena”, sin duda.

          También me llamó la atención que en el “emblemático” Instituto Nacional, que la ingeniería educacional socialista va a liquidar mediante el ”ranking” de notas y la prohibición de seleccionar alumnos, tuvo lugar una conferencia patrocinada por la asociación ilícita terrorista del Partido Comunista, el FPMR, que tantos asesinatos impunes ha perpetrado en Chile. Y no sólo impunes: muchos, si  es que no todos, sus autores cobran pensiones indemnizatorias y gozan de variadas franquicias de cargo estatal (salud, educación) para repararles el enorme daño infligido por el Gobierno Militar al impedirles tomar el poder por las armas e instaurar un gobierno totalitario.

          Lo notable de la conferencia del FPMR en el Instituto fue que el orador principal fue su militante César Quiroz, que si ustedes han leído con atención este blog de dos ediciones atrás, titulado “Podemos Estar Tranquilos”, es el mismo que apareció diciendo en “El Mercurio” de 19 de junio de 2003, junto a cinco “compañeros del Frente”, que Michelle Bachelet fue una activa militante del mismo en los años ’80. Antes, en los ’70, de acuerdo con su biografía, obra de los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega, ella había colaborado con el MIR en calidad de “ayudista”. Bueno, el emblemático Instituto Nacional sirve para que el FPMR divulgue sus nobles propósitos entre la élite de la enseñanza estatal chilena.

          Otra cosa que me llamó la atención en días pasados fue la asistencia del ex Presidente Piñera a un acto patriótico en la Escuela Militar. Llegó, tomó asiento, permaneció un rato sentado y luego se puso de pie y abandonó el recinto antes de comenzar la ceremonia, de todo lo cual informó la prensa sin dar una razón para esa extraña conducta. ¿Habrá oído voces que le decían reiteradamente algo?

          Seguramente lo que le dijeron era relacionado con los juicios contra los soldados del ’73 que su gobierno multiplicó por tres. Las escandalosas ilegalidades cometidas por la mayoría de jueces de izquierda en esos procesos, detalladas en el libro más importante publicado en el país en 2013, “Procesos Sobre Violación de Derechos Humanos”, del abogado Adolfo Paúl Latorre, han quedado impunes y no sólo eso: han sido validadas por nuestra sociedad. Pues el ciudadano medio dictamina: “la justicia ha hablado”. Es que no lee sino titulares.

          Pero esa ciudadanía ya está pagando el precio. “Primero fueron los militares, pero yo no era militar, así es que no me importó”, podría decirse, parodiando al pastor Niemöller en la Alemania nazi. Bueno, pues el caso es que la prevaricación ahora alcanza a los civiles. En otro blog anterior comenté el  ”caso Cascadas”, en que también hay un proceso “tramitado en papel de diario”.

Leí completo el informe de la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, sobre ese proceso incoado por la Superintendencia de Valores y Seguros contra varias personas que operan en el mercado bursátil. Lo hice porque, en particular, me extrañó la magnitud de las multas, por ocho millones de dólares, impuestas a dos gerentes de Larraín Vial que no hicieron ninguna operación bursátil personal ni obtuvieron beneficio pecuniario alguno. Me pareció una monstruosidad y, efectivamente, el informe de la abogada Feliú concluye que la Superintendencia inició una investigación sin notificar a los investigados, citándolos para interrogarlos como testigos cuando se proponía formularles cargos, sin fijarles puntos de prueba para que se defendieran y condenándolos como si estuvieran prohibidas operaciones que ella misma había permitido.

          Por eso la abogada Feliú informa:

          “En el caso del presente informe, la superintendencia realizó una investigación que no fue notificada a los señores Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar. … Haber empleado las declaraciones prestadas por los señores Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar, en calidad de testigos, para fundamentar la formulación de cargos en su contra, constituye una grave vulneración del derecho al debido proceso de los formulados de cargo, y vicia, por consiguiente, el procedimiento administrativo sancionatorio seguido por la Superintendencia. … En el presente caso, la Superintendencia, que tiene la calidad de órgano acusador e instructor del procedimiento, no fijó los puntos (de prueba) relevantes, poniendo de cargo de los imputados hacerlo y sin embargo, cuando éstos cumplieron tal exigencia, resolvió rechazar una parte importante de los hechos y medios de prueba propuestos por los formulados de cargo. Lo anterior constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto sin que exista una resolución que fije los puntos de prueba, y que sirva de antecedente para contrastar la pertinencia y necesidad de los medios de prueba propuestos, se resolvió rechazar una parte de ellos …. Dicha actuación afecta gravemente el principio de contradictoriedad establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.880. … La regulación específica de las operaciones que la Superintendencia ha considerado como contrarias a derecho, y que, por tanto han motivado la formulación de cargos, se encuentra contenida en Norma de Carácter General (NCG) N° 131, de 12 de marzo de 2002. De acuerdo con dicha regulación, las actuaciones cuestionadas por la Superintendencia no se encuentran prohibidas. La Superintendencia solamente hubiera podido formular cargos por las operaciones cuestionadas, sin vulnerar los principios de confianza legítima y certeza jurídica, si en forma previa a la realización de las operaciones de que se trata hubiera, por medio de una norma de carácter general, modificado la regulación correspondiente. Al no haber actuado en la forma señalada, ha violentado los principios señalados, actuando por tanto, en forma contraria a derecho”.

          Y pasando por todas esas ilegalidades propias de un indebido proceso, la SVS ha condenado a Bulnes y Errázuriz a diez años y un día de trabajos forzados, porque en no menos de ese término van a tener que producir dinero para pagar los cuatro mil y tantos millones de pesos que la Superintendencia les ha impuesto como multa.

          Mismo plazo de presidio sin beneficios que el juez de izquierda Alejandro Solís Muñoz y sus tribunales superiores impusieron a quien el 18 de septiembre de 1973 era el teniente de Carabineros Juan Abello Vildózola, que en esa fecha detuvo legalmente a Arturo Villegas Villagrán, en Penco, tras haber sido denunciado éste por tenencia de armas. Lo dejó en perfectas condiciones en la Comisaría de Penco y nunca más supo de esta persona. Pero el ministro sumariante de derechos humanos Alejandro Solís Muñoz ha condenado a Abello a diez años y un día de presidio sin beneficios por, sostiene, mantener hasta la fecha secuestrado a Villegas Villagrán, sin ninguna prueba de que así lo mantenga, pasando por sobre las normas de la competencia judicial, la cosa juzgada de sentencias del juzgado natural del caso, que lo sobreseyeron; la presunción de inocencia, el sentido común, las pruebas rendidas, la amnistía, la prescripción y todos los demás requerimientos de un debido proceso, manteniéndose la atrocidad jurídica a través de todas las instancias de la presente justicia de izquierda chilena, que ante cada recurso ha descartado las 58 páginas de argumentos y pruebas de la defensa hecha por el abogado Juan Eduardo Iturriaga Osses (que son las últimas 58 páginas del libro antes citado de Adolfo Paúl Latorre) con sólo dos palabras cada vez: “Vistos: Confírmase”. Pues así procede habitualmente la dictadura judicial chilena, que, como escribió Tocqueville, “es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio”.

          Y ahora esa dictadura les llega a los civiles, y la ejerce la Superintendencia de Valores y Seguros, a la cual sirven de altavoces los diarios, las radios y la televisión. Y el ciudadano medio, que lee sólo titulares y a veces hasta los entiende, dice “amén”.

          Por eso nunca hay que olvidar la advertencia del pastor Niemöller ni preguntar “por quién doblan las campanas”, porque, como advertía el poeta John Donne, siempre “están doblando por ti”.

          ¡Vivan en este 18 Chile y el nuevo lema impuesto por su actual revolución: “por la fuerza de la sinrazón”!