Reflexiones para una Abogada Estremecida

          Una abogada ha escrito a “El Mercurio”, a propósito del acuerdo de CMPC Tissue y SCA: “La democracia y la economía social de mercado suponen –más que cualquier otro sistema— el respeto a la ley. … Nadie está eximido de cumplir la ley. Nadie debe escapar al castigo por no cumplirla”. Es que ambas empresas suscribieron un acuerdo contrario a la ley.

          Como decían los romanos, “dura lex, sed lex”: “dura es la ley, pero es la ley”. Claro que ellos también decían “summum jus, summa injuria”, es decir, el derecho aplicado al extremo provoca daño extremo.

          Pues el mercado del papel tissue funcionaba bien, competitivamente. Cualquiera podía producir o importar el producto. Surgieron varias empresas menores que lo hicieron, tanto que los consumidores, inducidos en estos días por “los juicios por los diarios”, pudieron dejar de comprar papel de las firmas coludidas y “castigarlas”, favoreciendo a la competencia. ¡Pero ésta fue posible, precisamente, gracias al acuerdo de las empresas dominantes! Sin éste no habrían podido existir otras empresas, pues el monopolio no habría dejado entrar competidores. El mercado funcionaba bien, nadie había hecho cuestión de eso… hasta que el Estado denunció: “¡Se está violando la ley!” Partió “el juicio por los diarios” y el país entero rasgó vestiduras. Alguien defendió a los empresarios dominantes y entonces la abogada se estremeció y lo fulminó con sus cartas al diario.

          Junto con suceder eso, me escribe un colega suyo y me refiere que el capitán (r) de Carabineros Óscar Sepúlveda cumple cinco años y un día en Punta Peuco por el secuestro de un individuo. Los jueces que lo condenaron no probaron que tal secuestro siga teniendo lugar, pero lo condenaron igual. Todo eso es ilegal. También lo es porque el delito está prescrito y amnistiado. En ese caso, y en tantos otros, no sólo se ha violado una ley, sino todas las que regulan el debido proceso. ¿Y la abogada acaso se estremeció? Nada, pese a que no pudo sino saberlo, porque se ha publicado en todas partes y hasta un juez lo confesó en la TV en hora prime.

En el caso del papel tissue ella escribe al diario y proclama que “nadie está eximido de cumplir la ley”, pero en el de las condenas ilegales a militares no le escribe a nadie ni dice nada.

          Y podría ser grave que no haya dicho nunca nada, porque, me informa un abogado, el capitán (r) Sepúlveda ha presentado un recurso de revisión a la Corte Suprema en que probaría, mediante un documento oficial del Arzobispado, que el supuesto secuestrado permanente a manos de él habría sido sacado del país por la Vicaría de la Solidaridad y hoy vive en otro país sudamericano. "¡J'accusse!”, habría proclamado Emile Zola. Pero en este caso la abogada estoy seguro de que no va a acusar a nadie cuando todo se sepa.

          Como tampoco dijo ni escribió nada cuando, violándose pública y notoriamente no sólo una ley, sino TODAS las normas del debido proceso, se reabrió el “caso Quemados”, un juicio terminado por sentencia ejecutoriada en 1986, relativo a hechos prescritos, y se encarceló a nueve conscriptos y dos oficiales. Es que no sólo ella, sino el país entero cohonestaron ese flagrante atropello. Tanto que Larraín (Hernán, UDI) y Walker (Patricio, DC) al unísono pidieron público perdón a la guerrillera que resultara quemada por su propio artefacto incendiario en 1986 (prontamente traída al país desde su actual destino diplomático por el Gobierno, que es el que arma estas campañas publicitarias).

          Sin novedad en el tinglado… hasta que nueve conscriptos dieron al país una lección de integridad que nadie esperaba, y de la cual seguramente la abogada estremecida por la colusión del papel ni siquiera se dio cuenta, porque no ha leído las fojas 1.811 y siguientes del “indebido” proceso incoado por el más insigne sepulturero actual del Estado de Derecho, el ministro Carroza.

En esas fojas los ex conscriptos Julio César Pereira y Luis Alberto Mendoza, largo tiempo detenidos por negarse a faltar a la verdad, mantienen lo que vienen diciendo desde 1986, pero uno de ellos añade, a fojas 1.834, que Guzmán Espíndola, uno de los dos que cambió su testimonio y le sirvió al Gobierno para “estremecer” a la opinión pública con el “vuelco en el caso Quemados”, le dijo que podía conseguir dinero si cambiaba su testimonio, que se lo había pedido al Ejército pero éste se lo había negado.

Era obvio a quién se lo había pedido después, el mismo que se lo había dado: el juicio espuriamente reabierto fue impulsado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

          ¿Se estremecerá la abogada celosa de la legalidad cuando se publique la aparición del “desaparecido” por cuyo “secuestro permanente” el capitán (r) Óscar Sepúlveda cumple cinco años y un día? ¿Se estremecerá al leer las fojas 1.811 y siguientes del expediente ilegalmente reabierto del “caso Quemados” y en el cual modestos pero íntegros ex conscriptos han sostenido heroicamente la verdad, y por eso han pasado largo tiempo presos y luego debido conseguir cada uno un millón de pesos de fianza, que no tenían, para conseguir su libertad provisional? ¿Defenderá ella con el mismo ardor (y publicidad), en esos casos, el Estado de Derecho?