HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (VIII)

CAPÍTULO IV

1976: Un país estabilizado pero acosado

Cinco días en Uruguay

              Pinochet había cultivado una sólida amistad con el Presidente y abogado constitucionalista uruguayo Juan María Bordaberry, un estadista que nunca retrocedió  ante la retórica y propaganda marxistas en su idea de que la real responsabilidad de la violencia y los derramamientos de sangre en nuestro hemisferio era de la ideología comunista y de la injerencia armada soviético-cubana.

De ahí había deducido un teoría sobre la necesidad de los regímenes militares en nuestros países, que sin éstos habrían pasado, en el curso de un fatal “dominó” guerrillero-ideológico, a formar parte de la esfera comunista mundial conducida por la URSS. Su pensamiento fue afín al del carlismo español. Paradójicamente, fue depuesto dos meses después de la visita de Pinochet debido a que rechazó un pliego del Ejército uruguayo en el cual se demandaba el restablecimiento de elecciones libres. ¡Él quería régimen militar, pero los militares no!

              Tras la visita de Bordaberry a Santiago en 1975, éste invitó a Pinochet a Uruguay, a donde el Presidente chileno viajó en abril de 1976 y fue recibido con máximos honores del Gobierno y del Ejército.

              Sintomáticamente, fue invitado a conocer una “cárcel del pueblo” de los tupamaros, el movimiento terrorista uruguayo seguidor del principal asesino en serie de América Latina, Ernesto “Che” Guevara, debidamente expuesto y denunciado ante la comunidad internacional por el autor argentino Nicolás Márquez (1).

              La “cárcel del pueblo”, en una calle de Montevideo, tenía características parecidas a las del recinto que el FPMR comunista utilizó décadas después en Santiago durante el secuestro del empresario periodístico Cristián Edwards. Pinochet la recorrió con genuino interés por los detalles de ese cruel artificio de los secuestradores y asesinos de extrema izquierda, de los cuales su régimen nos defendía a los chilenos.

              El último día en Uruguay lo pasó el matrimonio Pinochet en la estancia de los Bordaberry, cerca de Montevideo.

              Fue una amistad sincera entre ambos estadistas, basada en la comunión de ideales entre ambos, salvo en cuanto Pinochet conduciría finalmente a su país a la democracia y no a una permanencia del régimen militar que propiciaba con franqueza Bordaberry.

Problemas con religiosos y la jerarquía

              Desde el comienzo de la Revolución Militar fue obvio que la extrema izquierda buscaba ampararse en la Iglesia Católica, utilizando sus dependencias como “santuarios” o refugios, para eludir la acción de los servicios de seguridad. El que fuera Secretario de la Junta de Gobierno, comandante Mario Duvauchelle, refirió en sus memorias (escritas en tercera persona) una experiencia decidora:

              “Cuando era comandante, al inicio del Gobierno Militar y siendo un católico devoto, asistía diariamente a misa. Un día el superior de la congregación a cargo del templo le dijo:

              “—Como usted sabe, mi congregación tiene dispuesto que un día a la semana lo dediquen los sacerdotes a las confesiones (…) Ahora bien, en el tiempo transcurrido desde el cambio de gobierno se ha producido una curiosa situación con la administración de este Sacramento. Los pecados de que se acusan quienes concurren a confesarse acá, en un noventa por ciento, se refieren exclusivamente a su odio contra los militares y a su incapacidad de perdonarlos (…) existe un clima tal que mis sacerdotes me están pidiendo ser trasladados a otra parroquia (…) Una sociedad en la cual se producen fenómenos como el que le he contado es una sociedad enferma. No es posible que las cosas se estén dando acá de esta manera.

              “El comandante se sintió abrumado y resolvió acudir al jefe del Servicio de Inteligencia Naval, católico como él. Pero éste le dijo:

              “—Desgraciadamente lo único que puedo hacer es mantener atención respecto de los hechos que me has contado, por si se diera la situación de que alguien no ligado por el secreto de la confesión –y tú y yo lo estamos indirectamente ahora--  me proporcionara alguna información habría esperanzas (…) Sin embargo, no hay que perderlas y si llega a ocurrir un milagro vendré a contarlo.

              “El hecho fue que el comandante llegó a tener conocimiento de todo lo que ocurría en una célula partidista cercana a la parroquia, en una de cuyas sesiones, aparte de incorporarse nuevos miembros, se dio cuenta del éxito de la campaña de ‘confesiones’ que el presidente de la célula –ateo, por cierto, como todos los demás miembros-- había ideado. Pero justamente uno de los nuevos incorporados de que tuvo conocimiento el comandante, Beto, hizo durante la reunión algunas objeciones a la campaña, sin encontrar acogida.

              “Lleno de escrúpulos por el engaño en que estaban todos incurriendo a expensas de la buena fe de los sacerdotes, Beto fue a conversar con el presidente del Consejo de la Parroquia y le expuso la dificultad que él encontraba en cometer el engaño, haciendo una falsa confesión. En el hecho, le contó todo.

              “El comandante seguía yendo a comulgar diariamente a la parroquia. Un día se le acercó apresuradamente el prior, quien le dijo:

              “—Comandante, le ruego que olvide todo lo que conversamos la última vez. Estuve ayer con una persona que se ha destacado por su labor apostólica (…) Tuvimos una conversación sorprendente, que prefiero no contarle por lo sórdido de su contenido. Pero sí puedo decirle que, luego de que se retiró, todos mis sacerdotes resolvieron no insistir en el traslado de parroquia. Se trataba de un malentendido, que afortunadamente está enteramente superado” (2).

El Gobierno está al tanto de que hay vinculaciones entre sacerdotes y religiosos, no sólo católicos, con grupos subversivos. Y en noviembre de 1975 la DINA  detuvo a varios pastores evangélicos y funcionarios laicos que trabajaban en el Comité Pro-Paz del Arzobispado. Al obispo  luterano Helmut Frenz, tras un viaje, se le prohíbe regresar al país. El Cardenal Silva Henríquez dice que ello busca desarticular Pro-Paz. Pinochet se reúne con él y le pide que lo disuelva o si no él mismo se verá obligado a hacerlo, pues tiene información de que allí opera una estructura organizada para atacar al Gobierno y defender a los terroristas. Y al comenzar 1976 hay varias detenciones de sacerdotes extranjeros y se informa que está actuando un “sector politizado del clero, en unión de democratacristianos y cristianos por el socialismo”, lo que a juicio de la DINA implica una concertación entre algunos partidos en receso y parte de la Iglesia Católica” (3).

Retiro de embajador británico

              A raíz de la detención de la doctora Sheila Cassidy por prestar auxilios médicos y ocultar a terroristas del MIR, según vimos en el capítulo anterior, el gobierno laborista británico de Harold Wilson –que desde su asunción al poder suspendió la ayuda económica y la entrega de armamentos y repuestos de equipos y aviones vendidos a Chile— procedió a retirar a su embajador, dejando las relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios por casi tres años.

              La actitud británica revelaba la completa incomprensión del Reino Unido acerca del problema que el terrorismo representaba para Chile. Era, desde luego, una amenaza mayor que la del terrorismo del Ejército Republicano Irlandés para ellos, también objeto de acusaciones de violar los derechos humanos.

Pero los propios comunistas, junto con reconocer la existencia del terrorismo mirista, del cual se había hecho cómplice la doctora Cassidy, lo criticaban, considerándolo como “formas de lucha prematuras e inorgánicas, fáciles por tanto de derrotar, las que llevan en definitiva al desaliento de las fuerzas armadas antifascistas”.

Por otro lado, temía que estas acciones espantaran la participación democratacristiana en el Frente Antifascista, en el cual, según Radio Moscú, participaba el dirigente DC Radomiro Tomic, quien, haciendo gala de su lirismo habitual, consideraba “inminente” la derrota de la Junta Militar y se refería a la existencia de un sector disidente dentro de las Fuerzas Armadas (4).

Radio Moscú también transmitió un discurso del ex senador socialista, Carlos Altamirano, con ocasión del 43° aniversario del PS, en que decía: “Una revolución está inerme cuando la contrarrevolución burguesa mantiene el monopolio de las armas. Este fue el error esencial: sobrevalorar nuestras particularidades nacionales, la aparente vocación democrática y civilista de la burguesía chilena (…) No hay otra vía que no sea la lucha revolucionaria de masas, necesariamente armada, en el momento oportuno y decisivo” (5).

Vicaría de la Solidaridad

              El pedido de Pinochet al cardenal Silva Henríquez, en el sentido de suprimir el Comité Pro-Paz, fue “acogido” y en enero de 1976 se fundó la Vicaría de la Solidaridad, como sucesora del Comité. Pero para el Gobierno Militar el cambio resultó desfavorable.

              El historiador Gonzalo Vial, que devino adverso al Gobierno Militar, tras haber sido su ministro de Educación (destituido abruptamente por Pinochet), elogió a la Vicaría:

              “La Vicaría salvó muchas vidas” escribió. “De paso, acumuló un enorme documentación e información sobre los atropellos a los derechos humanos, base del Informe Rettig” (1991) (6).

              Este reconocimiento es muy importante, porque el Jefe del Archivo de la Vicaría era a la vez un alto dirigente comunista y del brazo armado de ese partido, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, José Manuel Parada.

              ¿Qué se puede opinar de la imparcialidad de los archivos de la Vicaría –y por lo tanto del Informe Rettig--  si ellos eran confeccionados por un alto jefe comunista-terrorista? ¿Qué se puede opinar de la imparcialidad del referido Informe, si la documentación con que obró había sido redactada bajo la dirección de un alto jefe comunista?

              Parada se infiltró muy hábilmente en el Arzobispado. Primero trabajó como chofer de la Vicaría. Luego, aprovechando muy bien sus dotes personales, fue ascendiendo hasta quedar a cargo del corazón histórico del organismo, el Archivo.

              Aprovechó esta posición para reclutar elementos para el FPMR, como le confesó a las fuerzas de seguridad, en 1986, el guerrillero Alfredo Malbrich Labra: apresado con motivo de la internación de los arsenales desde Cuba por el Partido Comunista, confesó que en 1979 había acudido a la Vicaria y allí Parada lo había reclutado para el FPMR (7).

             

Regreso de obispos desde Ecuador

              Un trío de obispos chilenos de izquierda acudió a Ecuador a una reunión de la jerarquía y el clero “progresistas”, es decir, de izquierda. Fueron Enrique Alvear, Fernando Ariztía y Carlos González, caracterizados opositores a la Junta.

              El entonces gobierno militar de ese país había interrumpido por la fuerza las actividades de los prelados y, tras retenerlos por 24 horas, expulsó a los extranjeros de su territorio, entre ellos a los tres chilenos.

              La juventud partidaria del gobierno chileno los acogió hostilmente en el aeropuerto de Pudahuel y eso se prestó para bastante escándalo. Autores adversos al régimen los describen como “unos trescientos manifestantes, todos agentes de la DINA”, pero eso no era verdad. Puede haberlos habido entre los asistentes, pero las juventudes gremialistas, completamente ajenas a la DINA, fueron las que protagonizaron el acto de repudio y llevaron carteles tildando de “curas vendidos” e “hijos del marxismo” a los prelados.

              El jefe de la DINA manifestaba su animadversión contra Jaime Guzmán, jefe del gremialismo, cada vez que podía. Era impensable una coordinación entre aquélla y el gremialismo.

La DC busca a los comunistas

              En La Tercera del 4 de julio de 1999, p. 6 del suplemento “Documentos Secretos”, se informa que en 1976 Eduardo Frei Montalva se reunió en Washington con Enrique Kirberg, miembro del comité central del PC, donde le propuso establecer una suerte de “cooperación secreta” entre la DC y el PC.

Este acuerdo desembocó en el viaje a Moscú del abogado Máximo Pacheco Gómez, que había sido ministro de Frei, donde se reunió con Luis Corvalán, jefe comunista.

“Ambos firmaron un documento –dice La Tercera— en el que se comprometen a “’unir sus fuerzas en la lucha contra la dictadura’”.

Frei retornaba así a un camino que sólo le había deparado fracasos en su vida política, el del prejuicio procomunista. Había sido autor de la famosa máxima, “hay algo peor que el comunismo, que es el anticomunismo”.

Había gobernado (1964-1970) atendiendo a aspiraciones propias y antiguas del Partido Comunista, como la Reforma Agraria confiscatoria, drástica y masiva, que destruyó la espina dorsal de la agricultura chilena, y la nacionalización parcial del cobre, sin otro resultado electoral que el tercer lugar de su aspirante a sucesor, Radomiro Tomic, en la elección presidencial de 1970, tras la izquierda (Allende) y la derecha (Alessandri).

La ascensión del marxismo al poder le provocó a Frei el más grande quebranto sufrido por él en su vida política: la confirmación de que se había convertido en el “Kerensky chileno”, como lo había profetizado el libro de ese título y dedicado a él, del brasileño Fabio Vidigal, cuya circulación fue prohibida en Chile, lo que le garantizó una gran venta clandestina..

Ello lo llevó a convertirse en un artífice de la intervención de las Fuerzas Armadas en 1973, de lo cual dejó testimonio el Acta Rivera, levantada a raíz de su reunión con empresarios fabriles en junio de 1973, durante la cual los envió a impetrar la intervención de los Comandantes en Jefe para poner término al régimen de la Unidad Popular, como única solución a los problemas que afligían al país, aparte de pronunciar su decidora frase, en pleno invierno de 1973: “Esto sólo se arregla con fusiles” (8).

Desaliento y renuncia de Aylwin

En 1976 el ex senador Patricio Aylwin era presidente del Partido Demócrata Cristiano, que pese a haber sido disuelto continuó funcionando de acuerdo con la normativa interna que se había dado, y según la cual acordó “designar como subrogante al también ex senador Andrés Zaldívar, quedando como vicepresidentes Tomás Reyes, Rafael Moreno y Máximo Pacheco.”

              Aylwin declaraba: “Golpeado anímicamente por tanta adversidad, con signos claros de quebrantamiento de mi salud –mi peso había descendido a 65 kilos, a pesar del metro ochenta de estatura— y advirtiendo que el desaliento se apoderaba de mis camaradas, que a pesar de las buenas intenciones de muchos, siempre demostraban mejor disposición a criticar que a colaborar, sentí que había llegado la hora de dejar la dirección del partido” (9).

              “Así terminaron –sin pena ni gloria, pero con la conciencia de haber cumplido mi deber—los tres años y medio más difíciles de mi vida, que habían comenzado cuando en abril de 1973 fui elegido presidente del Partido Demócrata Cristiano.

              “Pocos días después, explicando esta decisión en carta de 22 de noviembre a Jaime Castillo, le decía que ‘se me juntaron tres cosas: el cansancio fisiológico y hastío anímico de tres años y medio de dura labor tan poco comprendida y compartida, la convicción de que puedo servir mejor si me consagro fundamentalmente a trabajar en el proyecto alternativo –a lo cual espero efectivamente dedicarme con absoluta preferencia— y el anhelo de tener la libertad personal necesaria para sacar la cara a mi solo nombre y sin comprometer a otros cuando mi conciencia me lo diga. Y esas tres razones me llevaron, tras seria meditación, a concluir que cumplida ya una etapa, lo mejor para todos es que yo me retire y se forme un nuevo equipo que tome a su cargo la dirección del Partido” (10). 

Garantías a los derechos de las personas

              En enero de 1976 se dictó el decreto supremo N° 187, que prohibía los lugares secretos de detención y según el cual todo arresto debía tener lugar con orden firmada por el jefe del organismo de seguridad responsable, consignando los nombres de quien la dispuso y de quien ejecutó la orden, así como el lugar de detención, garantizando que los familiares deban obtener una copia de esto.

              Fundado en ese decreto supremo, el presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, visitó los campamentos de detenidos de Tres Álamos y Cuatro Álamos, en la Región Metropolitana, y comprobó variadas irregularidades, como la de que el registro de detenidos estaba incompleto, varios de los presos alegaban estarlo sin orden de detención y otros denunciaban torturas.

              Cuando recibió el informe del alto magistrado, el ministro de Justicia, Miguel Schweitzer Speisky, un jurista de nota y profesor universitario, visitó por su cuenta y sorpresivamente los campamentos de detenidos, acompañado del subsecretario, comandante de la Armada, Mario Duvauchelle, y del director del Servicio Nacional de Salud y su similar del Instituto Médico Legal.

              El comandante resuelve dar cuenta al Presidente de lo que observó en la visita:

              “Por su parte, Duvauchelle informa personalmente de marcas de quemaduras en las manos de algunos detenidos y de condiciones de higiene que permiten la proliferación de hongos. Pinochet llama a Contreras y le habla duramente. A Duvauchelle simplemente le acota: ‘Estas cosas pasan porque hay gente que no entiende’. El Director de la DINA espera a la salida a Duvauchelle y, en tono amenazador, se refiere a la familia del Subsecretario, ante lo cual Duvauchelle le exige que vuelva a repetir esos comentarios delante del Presidente, quien reacciona airado y con un ‘eso no se hace, para la próxima se acabó’. En la recriminación a Contreras, Duvauchelle afirma simplemente que ‘Pinochet se lo sirvió’” (11).

              No pasaría mucho tiempo más sin que la estrella del coronel Manuel Contreras declinara, porque no obstante la eficacia de su servicio en la lucha contra el terrorismo de extrema izquierda, sus procedimientos no se atenían a las instrucciones de la Junta de Gobierno y del Presidente en cuanto al respeto de los derechos de las personas.

              El presidente de la Corte Suprema, Eyzaguirre, también le representa a Pinochet que funcionarios de la DINA citados a tribunales a declarar por una detención realizada en noviembre de 1974 no se presentan y le recuerda que su propio decreto supremo N° 187 ordena que las detenciones deben ser con orden firmada por el jefe del organismo de seguridad responsable, así como el lugar de detención a donde se llevará al prisionero y que los familiares deben obtener copia de esto.

El Presidente le responde que la DINA no es un ente policial, sino un organismo militar de características especiales, por lo que su situación es diferente. “La DINA”, afirma Pinochet, “no se enfrenta a delincuentes, sino a la subversión marxista, que es un enemigo con muchos militantes e instituciones, por lo que la identificación de los miembros de la DINA y de sus señas personales les harían objeto de represalias y atentados.”

Entonces Pinochet sugiere que los jueces concurran a los establecimientos de la DINA a interrogar al personal involucrado (12).

              El presidente de la Corte Suprema visita después el campo de detenidos de Puchuncaví y formula diversas observaciones. El ministro del Interior informa que varios de esos detenidos han sido liberados y, sobre los que no lo han sido, afirma que se ha debido a negativa de la DINA.

              “Como se ve, son muchos los antecedentes coincidentes que le permiten al Presidente ir considerando a la DINA como un auténtico dolor de cabeza. Gradualmente ha ido conociendo las denuncias que sobre ella recaen y ha ido limitando su actuación a través del general Covarrubias” (13).

Episodio en primera persona

              En la biografía del brigadier Miguel Krassnoff, de la escritora Gisela Silva Encina, se puede leer el siguiente episodio, fiel reflejo del problema terrorista en Chile:

              “El día 24 de febrero de 1976, en el cuartel de la DINA se recibió un llamado telefónico de Carabineros que –por informaciones de los vecinos— daba aviso de la posible existencia de un reducto terrorista en un sector de la población Lía Aguirre de La Florida (paradero 14 de la Av. Vicuña Mackenna).

              “El teniente Krassnoff y tres de sus hombres fueron comisionados para concurrir al lugar, a donde llegaron más o menos a las 10.30 de la mañana. Al aproximarse a la casa sospechosa, fueron recibidos con nutridas ráfagas de armas automáticas, disparadas desde el interior del recinto. El teniente Krassnoff observó de inmediato que los proyectiles de los terroristas atravesaban las paredes de las casas colindantes, por lo cual dio orden de no responder el fuego y solicitó a Carabineros que evacuara primero a los vecinos. Mientras se procedía a cumplir esta medida, destinada a proteger a personas inocentes, desde el fondo de la casa ocupada por los terroristas apareció caminando una niñita de 4 a 5 años. Asustada por el tiroteo, la pequeña quería abandonar el lugar. De inmediato el teniente Krassnoff ordenó a uno de sus subalternos, el sargento 2° de Carabineros Tulio Pereira, que sacara a la niña del lugar. El suboficial se apresuró a cumplir la orden, tomando en brazos a la criatura y avanzando con ella un poco de lado para protegerla con su cuerpo. Inesperadamente se abrió una puerta lateral de la casa y apareció una mano que cogió al suboficial del cabello y con una violencia brutal lo arrojó de espaldas y le disparó –a través del cuerpo de la pobre criatura--  cuatro tiros con un arma de 9 mm. Ambos murieron instantáneamente, ante las miradas horrorizadas de sus compañeros y de los vecinos que presenciaban los hechos desde más lejos. La policía debió esforzarse para contener a estos últimos que, enfurecidos y con razón, querían mezclarse en el enfrentamiento para linchar a los terroristas e incendiar la casa en que se ocultaban.

              “Finalmente, con el apoyo de Carabineros, que cercaba el perímetro exterior del recinto, el enfrentamiento terminó cuando cesó la resistencia armada al interior de la casa. Murieron en ella 8 terroristas del MIR, que se dedicaban a mantener el aparato de comunicaciones clandestinas con el extranjero. Al allanar el recinto se encontraron sofisticados aparatos de comunicaciones radiales, antenas parabólicas, abundante documentación, cédulas de identidad falsas, además de gran cantidad de armas y explosivos. Los 8 terroristas abatidos no tenían documentos de identidad y fueron retirados posteriormente por personal del Instituto Médico Legal (no está demás recordar que hoy día –más de treinta años después--  es seguro que forman parte del número de detenidos-desaparecidos por los que alguien paga el delito de ‘secuestro permanente’)” (14).

Intervención extranjera

              La escritora francesa Suzanne Labin, autora del libro “Stalin el Terrible”, donde reveló la verdad dentro de la URSS veinticinco años antes que Solzhenitsin, escribió sobre Chile:

              “La opinión mundial se indigna cuando oye hablar de las maniobras de la ITT y la CIA contra Allende, pero no pestañea ¿ha sido siquiera informada? ante el anuncio de las intromisiones del Departamento de Estado norteamericano contra Pinochet. Entretanto, el 1° de marzo de 1976, el líder nacionalista Pablo Rodríguez acusaba al embajador norteamericano en Santiago, David H. Popper, de ‘vergonzosa intervención en los asuntos internos de Chile’, y demandaba que él fuera declarado ‘persona non grata’, porque sus actuaciones no tendían a fortalecer los lazos de los Estados Unidos con Chile y su pueblo, sino a crear divisiones internas y a derrocar a Pinochet (La Tercera de la Hora).

              “Estas acusaciones del líder nacionalista chileno parecen tanto más plausibles cuanto que el pasado del embajador David H. Popper revela opiniones suyas de extrema izquierda, como lo revela un estudio sobre él aparecido en los Estados Unidos en el Herald of Freedom del 23 de abril de 1976. (…) David H. Popper estuvo inscrito en la famosa lista de ‘security risks and subversives’, es decir, de elementos subversivos que constituían un riesgo para la seguridad de U. S. A., y que fue sometido al Secretariado de Estado por el difunto Scott McLeod en 1956. Se informa que David H. Popper fue introducido en la administración americana por el famoso Alger Hiss en 1945 y que trabajaba para éste. Después Alger Hiss fue condenado a diez años de presidio por sus actividades subversivas en favor de Moscú.

              “La publicación 4861 del Hearing (audiencia) del Senado Americano muestra que David H. Popper era afiliado del Instituto de Relaciones Pacíficas, especializado en la propaganda pro-soviética…”

              Después de enumerar otros compromisos izquierdistas y con el comunismo de Popper, Suzanne Labin concluye: “La nominación de David H. Popper como embajador en Santiago, bajo Pinochet, no puede ser considerada sino como una provocación consciente. Esto es exactamente como si el gobierno francés me hubiera enviado a mí, Suzanne Labin, como embajadora a Moscú” (15).

Mi round con Popper

              Por la misma época fui convidado a almorzar a la embajada norteamericana junto con el director de El Mercurio, René Silva Espejo y varios redactores.

Como el embajador formulara expresiones críticas contra el Gobierno Militar y yo las estimara infundadas, lo contradije en pleno almuerzo y le representé sus errores de información. Tuvo que soportarlo diplomáticamente, pero vi y oí después cómo reprendió vehementemente al secretario de prensa de la embajada, que era amigo mío, por haberme convidado al almuerzo; y seguramente le prohibió de manera terminante volverlo a hacer.

              Ese veto en mi contra sólo fue alzado cuando Reagan accedió a la presidencia de los Estados Unidos y envió como embajador al distinguido escritor James Theberge, que, a diferencia de Popper, no sólo me convidó frecuentemente, sino que mucho hizo por las buenas relaciones de su gobierno con el de nuestro país y por la comprensión de la efectiva realidad chilena en los Estados Unidos.

             

Asamblea de la OEA en Santiago

              Tal vez el acontecimiento principal de 1976 fuera, para el Gobierno chileno, la celebración en Santiago de la Asamblea General de la Organización de Estados Americano, OEA, según se había acordado el año anterior. El cerco soviético no fue suficiente para boicotear a Chile como sede.

El punto fundamental de la campaña de la URSS contra nuestro país estaba en que no debía conocerse internacionalmente la realidad chilena, pues la vida en nuestro país se había tornado mucho más grata, tranquila y próspera, desde luego, que la existente bajo el gobierno marxista-leninista de Allende. El horror que pintaba en todas partes la propaganda surgida del Departamento de Desinformatsiya del KGB era por completo ajeno a la verdad local.

              Era sintomático, como más arriba se señaló, pero vale la pena reiterar, que los residentes europeos y norteamericanos de nuestro país fueran simpatizantes del régimen, mientras en sus países de origen éste era execrado por sus propios familiares, amigos y correligionarios.

              El México de Echeverría, fiel seguidor de los instructivos soviéticos, declara que no vendrá a la Asamblea ninguna representación de su gobierno, pero ningún otro país lo sigue.

              El Presidente Pinochet inaugura con un discurso la Asamblea. El principal personaje del evento es el Secretario de Estado Henry Kissinger, que siempre apoyó “en la medida de lo políticamente posible”, al gobierno de la Junta chilena. Pero debe “salvar la cara” ante los liberals norteamericanos y “para la galería” se anuncia que planteó “descarnadamente”, en una reunión de una hora y media con Pinochet, el “tema de los derechos humanos”.

              Pero el Secretario General de la OEA, el argentino Alejandro Orfila, toma la sartén por el mango y pide visitar los recintos de prisioneros de “Tres Álamos” y “Cuatro Álamos” y “les da público visto bueno” (16).

              Con todo, la DINA y el general Contreras sufren un golpe inesperado. Éste, mediante su influencia, ha conseguido visa de residencia en Chile al cubano anticastrista Rolando Otero, muy resentido de lo que llamaba “traición norteamericana” a su movimiento para derrocar a Castro. El FBI lo considera un riesgo para la seguridad de Kissinger y exige que le sea entregado, lo que la DINA debe cumplir.

Después Otero se vengará de la DINA, identificando a Townley como uno de los titulares de pasaportes para viajar a los EE. UU. a asesinar a Letelier.

              Pero la normalidad de la Asamblea de la OEA y la divulgación mundial de la tranquilidad y seguridad de Santiago como sede anotan un punto a favor de la imagen internacional de la Junta.

              El propio Pinochet recuerda en sus memorias que se reunió con Kissinger y otros personeros chilenos y norteamericanos por más de una hora, “discutiéndose principalmente aspectos económicos (…) También se conversó sobre el tema de los derechos humanos” (17).

              El historiador norteamericano James Whelan añade otros antecedentes de interés:

              “El 8 de junio, al día siguiente de haber pronunciado su discurso en la OEA, Kissinger se reunió con Pinochet durante una hora y diez minutos. Estaba ausente de su pequeño séquito en esa reunión el embajador de los Estados Unidos, David Popper, quien en esa época no sólo era una persona non grata para Pinochet, sino también para Kissinger (…) Antes de entrar a un almuerzo oficial, Kissinger se excusó, para tener una conversación privada con Pinochet. Ninguno de los dos divulgó lo que se había tratado en esos cinco minutos.

              “Esa conferencia fue el último acontecimiento internacional importante en el que Chile haría de anfitrión en muchos años. Ningún otro norteamericano de nivel ministerial visitaría el país durante los siete años siguientes, y cuando alguien lo hizo, se encontró con que indirectamente, pero con toda claridad, era repudiado por su propio Departamento de Estado” (18).

              Eran tiempos en que los gobernantes latinoamericanos debían elegir ¡entre someterse al comunismo o quedar sujetos a la hostilidad norteamericana por combatirlo!

Se debilita el poder de la DINA

              En efecto, el general Sergio Covarrubias ha logrado transmitirle al Presidente la preocupación que hay sobre problemas de abusos contra los derechos de las personas imputables a la DINA.

              El almirante Merino “va gradualmente retirando a sus oficiales de la DINA, porque no logra saber exactamente qué hace el organismo”. El general Mendoza expresa parecida preocupación y promueve un “Consejo Coordinador” de órganos de seguridad.

A mediados de 1976 el propio Presidente pide la formación de tribunales para investigar abusos cometidos por personas de las Fuerzas Armadas al cumplir sus funciones de orden interno. Meses después el general Brady, ministro de Defensa, manda a las distintas ramas un documento en que les recuerda las penas establecidas en los códigos Penal y de Justicia Militar contra quienes cometan abusos. Y en septiembre de 1976 el Presidente desautoriza también a la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) que ha oficiado a los agregados militares chilenos en diversas embajadas para que requieran la contestación de los embajadores a los ataques al Gobierno de Chile y la petición a los encargados de seguridad de las mismas embajadas para que informaran directamente a la DINE, sin considerar al jefe de la misión. “El Presidente les manifiesta de modo tajante que están desconociendo las atribuciones de los embajadores” (19).

Rasgo de una “dictablanda”

              Más de alguna vez Augusto Pinochet, en sus comentadas intervenciones improvisadas, aseveró que su gobierno era o había sido, no una dictadura, sino una “dictablanda”. Propio de esta última fue el episodio que antecedió a la fundación del semanario Hoy, afín a la DC y, por lo tanto, a esas alturas, opositor, que comenzó a aparecer el 1° de junio de 1976, con autorización del Gobierno.

              Su director era el periodista Emilio Filippi, próximo a la DC, que antes había dirigido la antigua y tradicional revista semanal Ercilla, cuyo propietario era el empresario Sergio Mujica. Las publicaciones críticas al Gobierno Militar de Ercilla condujeron a que tuviera constantes conflictos con la autoridad, en términos de que a comienzos de 1976 Mujica resolvió vender el semanario al grupo económico Cruzat-Larraín, partidario del Gobierno Militar. Y seguramente lo hizo en un alto precio, debido al amplio prestigio y tradición de la revista.

              Obviamente, el “monopolio” de que gozaba Ercilla y que le garantizaba una alta circulación derivaba de que era un órgano opositor, y los había pocos, en ese momento (después menudearon). Si dejaba de ser opositor, perdería su poder monopólico, como de hecho sucedió, porque tanto su director, Filippi, como su equipo periodístico, resolvieron renunciar antes que trabajar para los nuevos dueños gobiernistas.

              Pero no fue un salto al vacío, porque el Cardenal Silva Henríquez, de inocultable proximidad a la DC, había agenciado con una fundación católica holandesa, la “Organización Católica para el Cofinanciamiento de Programas de Desarrollo”, los fondos para publicar una nueva revista de oposición igual a Ercilla, pero con otro nombre: Hoy.

Tras dos meses de trámites y reticencias, la “dictablanda” autorizó a esta última y apareció el nuevo semanario, obviamente restándole una buena cantidad de lectores a la recién vendida Ercilla. Claro, ésta subiste hasta hoy (2018) y Hoy duró sólo hasta 1988, cuando su equipo resolvió, al amparo de la apertura política que estaba poniendo en vigor el Gobierno Militar, fundar un diario de oposición, La Época. Pero éste subsistió sólo mientras duró el Gobierno Militar y el dinero holandés que lo subsidiaba siguió fluyendo. Ya bajo la plena democracia, después de 1990, el flujo externo dejó de llegar y La Época no pudo sostenerse sobre sus propios pies. Ya los europeos no querían aportar dinero si no había una “dictadura”… que autorizaba prensa adversa.

              A propósito de lo cual viví un episodio pintoresco cuando, siendo yo director de La Segunda, el ministro de Hacienda, en 1978 o 1979, me sopló un top secret, sección del diario que costaba llenar con verdaderas noticias top secret: me llamó por teléfono y me dijo que había estado en un cóctel con el embajador de Holanda y éste, con algunos grados de alcohol que le habían soltado la lengua, le había dicho que la revista Hoy recibía un generoso subsidio holandés.

Recibí el llamado del director, Emilio Filippi, demandándome decirle la fuente de la cual yo había obtenido esa información “absolutamente falsa”. Le dije que no podía revelarla, porque esa fuente me había pedido no ser citada. Pero Emilio, con toda su indignación, nunca envió un desmentido, que yo habría publicado.

              Hoy día cualquiera puede enterarse, a través de “Wikipedia”, que la revista Hoy gozaba del subsidio holandés durante el Gobierno Militar.

Rasgo de una dictadura

              La muerte en un aparente desbarrancamiento en automóvil del funcionario chileno-español del CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía), Carmelo Soria, de conocida pertenencia comunista en su patria de origen, derivó en publicaciones de El País de España y el Washington Post poniendo en duda la versión de la DINA.

              Finalmente, después de 1991, la justicia chilena, condenó a 15 agentes de la DINA por asesinato derivado de los tormentos que se le habría  aplicado, lo que se pretendió ocultar simulando el desbarrancamiento de su automóvil Volkswagen.

              Ya los detalles de esta muerte en el mismo año 1976 condujeron a que la opinión pública creyera más en la versión de un delito que en la de un accidente.

              El caso Soria fue un argumento más para llevar al propio gobierno a la convicción de que ese órgano de inteligencia incurría en conductas incompatibles con los instructivos del Presidente y la Junta en orden a respetar la ley y los derechos de las personas.

              Las dudas que dejó flotando la versión de la DINA sobre la muerte de Soria fueron otro antecedente para resolver su disolución final, que tendría lugar en 1977.

Inicio de la Carretera Austral

              Tan temprano como en 1976 se comenzó a elaborar la obra pública más señera del régimen militar: la Carretera Longitudinal Austral, que parte al sur de Puerto Montt y llega a Chile Chico, a orillas del lago General Carrera, en la XI Región de Aysén.

              Pinochet afirmará años después que “es la obra más grande que se ha hecho en el siglo: abrir un camino de 1.200 kilómetros de selva, ventisqueros, ríos, riachuelos y pantanos (…) Es el futuro de Chile y hay que mirarlo a 50 años más”.

              Hoy ya es en gran parte una realidad, pero en 1976 fueron abiertos los primeros kilómetros con el concurso del Cuerpo Militar del Trabajo.

              Entre 1976 y 1988 se invirtieron en ella 300 millones de dólares, “un tercio del costo del Metro de Santiago o un quinto de la inversión en la Central Colbún-Machicura” (20).

El Consejo de Estado

Una institución importante nació en 1976 del Acta Constitucional N° 1. Las “Actas Constitucionales” fueron un mecanismo ideado por los juristas del Gobierno para compatibilizar dos cosas contradictorias: la continuación de la vigencia de la Constitución de 1925 y el hecho de que dos de los Poderes Públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, estuvieran funcionando al margen de ella.

Una creación del Acta Constitucional N° 1 fue el denominado Consejo de Estado, que tenía en el fondo por objeto dar al Gobierno Militar un respaldo proveniente de la civilidad democrática tradicional.

El Consejo fue concebido como un organismo asesor del Presidente de la República, pero tal vez más importante que sus funciones era su integración, que partía por convocar a los ex Presidentes de la República. Eduardo Frei Montalva, que había sido un entusiasta celebrador del Pronunciamiento, no aceptó incorporarse al Consejo. Se había ido alejando del Gobierno en la medida en que no veía próxima una definición electoral democrática y ya ni siquiera le hacía fuerza la bien argumentada declaración de legitimidad del régimen militar que había concebido su correligionario DC y a la sazón presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán, emitida en 1973 y publicada en octubre de ese año en la Revista de Derecho y Jurisprudencia.

Pero los demás ex Presidentes, Jorge Alessandri (1958-1964) y Gabriel González Videla (1946-1952) aceptaron integrar el Consejo y el primero fue elegido por sus demás miembros para presidirlo. Lo integraron también el ex senador DC Juan de Dios Carmona, que se mantuvo más leal que sus demás correligionarios al Gobierno Militar, lealtad que duró no sólo más allá del término de éste sino hasta su propio fallecimiento; Enrique Ortúzar, presidente de la Comisión Constituyente (que entregó al Consejo de Estado el proyecto de nueva Carta emanado de ella, para su revisión); Pedro Ibáñez Ojeda, ex senador del Partido Nacional; Carlos Cáceres, economista y profesor universitario; Juvenal Hernández Jaque, antiguo y prestigiado político radical; William Thayer Arteaga, también democratacristiano, ex ministro del Trabajo de Frei Montalva y que, al igual que Carmona, se mantiene leal al Gobierno Militar hasta hoy; el entonces muy joven, hoy senador UDI, Juan Antonio Coloma; y el entonces también joven intelectual Arturo Fontaine Talavera, que posteriormente evolucionó hacia posturas críticas del régimen.

Pinochet elogió al Consejo de Estado y lo describió como “un cuerpo consultivo de alta jerarquía e independencia, que pueda ilustrar con su juicio las resoluciones más trascendentales”. Un año después declaró que el mismo había implicado “la integración de todos los sectores de la nación y la participación de la comunidad en el conocimiento y solución de sus problemas” (21).

“También integraron el Consejo antiguos Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. En esa experiencia está el germen de los Senadores Institucionales previstos en la Constitución de 1980, uno de los avances más significativos para temperar los excesos de la partitocracia y, por ello, visceralmente resistidos por sus oligarquías rectoras”, según los autores Julio Canessa y Francisco Balart  (22).

El Consejo demoró 21 meses y 57 reuniones, a partir de 1978, en estudiar y modificar el proyecto constitucional de la Comisión Ortúzar, “liberalizándolo” y acentuando los conceptos de democracia representativa y voto universal, que el proyecto de la Comisión restringía.

Terminó su cometido en 1980, poniendo en manos de la Junta de Gobierno el proyecto de nueva Constitución que ésta, introduciéndole a su turno variados cambios, sometería a plebiscito en septiembre de ese año.

Ajuste ministerial

              Continúa en 1976 el incremento de la participación civil en el más alto nivel del Gobierno. En marzo, el abogado puntarenense Sergio Fernández asume en el ministerio del Trabajo, reemplazando al general de Aviación Nicanor Díaz Estrada, de acentuada inclinación estatista. Para Fernández será el comienzo de una carrera distinguida y decisiva en el desarrollo y el desenlace del gobierno Militar. Un año después debe asumir imprevistamente como Contralor General de la República, cuando la delicada situación nacional e internacional exigen a alguien con su ejecutividad y su disposición favorable para llevar a cabo la Consulta Nacional de enero de 1978.

              Hacia el final del año 1976 también asumen en el gabinete Pablo Baraona, como titular de Economía, y Sergio de Castro, en Hacienda. No hay un cambio de línea, sino sólo de personas. La parte más difícil de la tarea –hasta entonces-- ha sido hecha. El Programa de Recuperación Económica ha sido llevado a cabo con  brillo por el anterior titular de Hacienda, Jorge Cauas, que es designado embajador chileno en Washington, donde le corresponderá enfrentarse a una situación tan extraña y desagradable para él como para el resto del Gobierno y la Junta: el atentado contra Orlando Letelier, que le ocasionará un daño incalculable de imagen, de prestigio y en sus relaciones internacionales al Gobierno Militar.

Salida del Pacto Andino

              Sergio de Castro, con la eficaz colaboración de Adelio Pipino, un Chicago Boy que tuvo a su cargo las relaciones con el Acuerdo de Cartagena, firmado por Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela en mayo de 1969, y que condujo al llamado Pacto Andino, se encargó de que el programa económico del Gobierno no se viera entorpecido por las restricciones a la entrada de capitales externos y a la rebaja de aranceles que imponía el Pacto.

              En un comienzo el gobierno chileno se limitó a pedir flexibilidad de las normas del Pacto para compatibilizarlas con la política económica chilena de apertura al exterior. Aquél obligaba a un arancel mínimo de 45 % y en ese tiempo Chile se conformaba con que se rebajara al 30 %.

              Pero lo que realmente obstaculizaba el programa económico chileno era la “Decisión 24” del Pacto, sobre Inversión Extranjera, que establecía numerosos controles sobre los inversionistas foráneos y decía que en un plazo de quince años sus capitales debían pasar a manos locales. Era evidente que nunca iba a haber un cuantioso aporte externo en esas condiciones. Además, el Pacto imponía un quórum imposible, la unanimidad, para modificar sus normas.

              Ya en 1975 Sergio de Castro había convencido al Presidente Pinochet de que, si no se admitían las flexibilizaciones pedidas por Chile, nuestro país debía retirarse del Pacto. Después de diversas rondas de conversaciones con otros países, en julio de 1976 de Castro asistió personalmente, por primera vez, a una reunión plenaria del Acuerdo de Cartagena en la cual, para su sorpresa, el tema que acaparó el debate fue el de cómo subir las remuneraciones de los ejecutivos del Pacto. Tras regresar habló con el Presidente y le dijo que “la situación no daba para más”.

              En una reunión en Lima, en octubre de 1976, presidiendo una representación chilena en que iban Adelio Pipino y el abogado Óscar Aitken, más una delegación del ministerio de Relaciones Exteriores que estaba muy comprometida con lo que el equipo económico pretendía, de Castro dio el paso.

              “Insistí –refiere— en que la ‘Decisión 24’ era rígida y anacrónica, ya que impedía un flujo razonable de capitales extranjeros, lo que tenía como efecto condenar a nuestras poblaciones a una baja tasa de inversión y por tanto a perpetuar el subdesarrollo” (23).

              Añade: “Sólo el general Pinochet y yo sabíamos hasta dónde estábamos dispuestos a llegar y, claro, una vez que comuniqué la decisión (de salir del Pacto Andino) quedó el espanto” (24).

              Así, Chile quedó con las manos libres para llegar finalmente a rebajar el arancel al 10 % y hubo libertad para admitir capitales extranjeros.

              Eduardo Frei Montalva y Hernán Elgueta Guerín, destacado empresario cercano a la DC, publicaron un opúsculo crítico de la decisión (25). Sus objeciones eran típicas exponentes del enfoque cepaliano de desarrollo de las décadas anteriores a los ’60.

              Poco después el Pacto Andino, ya sin Chile, falleció de muerte natural.

Rechazo al fascismo

              Como más arriba se detalló, fueron dictadas en 1976 “Actas Constitucionales” destinadas a servir como bases constituyentes provisorias mientras se aprobaba una nueva Constitución y para regir durante el período en que la de 1925 no había sido expresamente derogada, pero tampoco el quehacer del Ejecutivo y del Legislativo se había adecuado a ella.

              Dicha promulgación coincidió con un pronunciamiento político importante del Presidente Pinochet al leer su Mensaje del 11 de septiembre de 1976, en el cual precisó:

              “Quienes pretextando un apoyo al Gobierno, emplean el término ‘nacionalismo’ para favorecer doctrinas o estilos de inconfundible sello fascista, deben saber que este gobierno los desautoriza y rechaza terminantemente” (26).

              Imposible un mentís más claro a quienes noche a noche, desde Radio Moscú, acusaban de fascista al régimen de la Revolución Militar.

             

Liberación de Luis Corvalán

              La Junta llegó a un acuerdo de canje con el gobierno de la URSS para entregar al secretario general del Partido Comunista, ex senador Luis Corvalán, que estaba preso, a cambio de la liberación del escritor ruso Vladimir Bukovsky, que había denunciado allá el envío de los disidentes políticos a hospitales siquiátricos a pretexto de que habían perdido la razón.

              El canje supuso un elevado costo político para el gobierno soviético –revelador del valor que asignaban a la persona del mayor exponente del comunismo en Chile-- y el siguiente análisis del experto norteamericano John O. Koehler explica por qué:

              “Demostrando su continuada atención a los asuntos chilenos, Mielke (el ministro alemán oriental a cargo del espionaje) escribió a todos los departamentos de la Stasi el 18 de diciembre de 1976: ‘Los chekistas de toda la RDA le dan la bienvenida con entusiasmo y felicidad a la gran victoria del movimiento de solidaridad internacional por la libertad del secretario general del Partido Comunista, nuestro amigo y camarada Luis Corvalán’. Corvalán había estado en prisión en Chile. ‘Debido a la poderosa batalla librada por todas las potencias progresistas del mundo, especialmente las del campo socialista y del movimiento comunista y de los trabajadores, el magnífico hijo del pueblo chileno y distinguido revolucionario, Camarada Corvalán, fue arrancado de las garras de la junta militar fascista’, escribió Mielke en una frase que no admitía respiros. Él dijo que el KGB soviético usó ‘ciertas medidas especiales’ que forzaron a la junta a darle su libertad a Corvalán. Lo que Mielke no dijo fue que el líder comunista chileno fue entregado a cambio de la libertad de Vladimir Bukovsky, el escritor ruso que ayudó a poner el foco en la práctica soviética de mandar a los disidentes a pabellones siquiátricos. Nathanael Davis, embajador de los Estados Unidos en Chile en el tiempo del golpe, era embajador en Suiza y manejó las últimas negociaciones del intercambio. ‘Puede haber sido la primera ocasión en la historia’, escribió el embajador más tarde, ‘en que los soviéticos intercambiaron prisioneros políticos con un régimen como el de Pinochet y reconocieron a través de sus actos que Bukovsky era un prisionero de esa clase y no un simple criminal o una persona siquiátricamente perturbada’”.

Apoyo de la RDA al terrorismo en Chile

Los alemanes orientales apoyaban la insurrección chilena mediante el sabotaje y el envío de agentes con pasaportes falsificados. Koehler informa en su libro:

“Un campo de entrenamiento top secret y estrictamente protegido, con el nombre en clave de ‘Objekt Baikal’ fue establecido al este de Berlín, cerca de la frontera polaca. Era un lugar idílico situado entre dos lagos y rodeado de altos pinos. Los chilenos vivían en seis atractivos bungalows  y cenaban en un salón para banquetes de paredes con paneles de pino. (…) La instalación originalmente había servido como refugio de vacaciones para el directorio del contraespionaje local. (…) En el ‘Objekt Baikal’ las lecciones del plan incluían métodos de sabotaje, fabricación de artefactos explosivos, asesinatos y adoctrinamiento marxista-leninista. (…) Si bien algunos guerrilleros fueron formados en Cuba, la parte más importante de su entrenamiento fue manejada por la Stasi” (27).

El caso Letelier

              Uno de los hechos que más gravemente dañaron, y para siempre, la imagen del Gobierno Militar, fue el asesinato en Washington de Orlando Letelier. Como se verá en el capítulo siguiente, Pinochet jamás imaginó que sus servicios de seguridad estaban involucrados, porque el crimen provocó toda suerte de problemas para la gestión crediticia que, justamente en la fecha del asesinato, estaba desarrollando el gobierno chileno en Washington. En realidad, la situación daba para pensar que el atentado lo había perpetrado alguien con el específico propósito de dañarlo.

              Desde luego, dos años antes había sido el propio Presidente quien había liberado a Orlando Letelier, en ese tiempo detenido en el campo de prisioneros de Ritoque:

              “Fue el alcalde de Caracas, Diego Arria, un hombre muy cercano al presidente (de Venezuela) Carlos Andrés Pérez, quien tras mantener una entrevista con Pinochet en Santiago, logró sacar a Letelier el día 9 de septiembre de 1974 para llevárselo a la capital venezolana. (…)

              “Pinochet recibió a Arria en su despacho. El político venezolano le explicó que estaba interesado en la situación de Letelier, a quien conocía desde hacía largo tiempo. Agregó que, según había escuchado, el Gobierno iba a liberar detenidos en las próximas horas.

              “Pinochet le dijo que estaba en lo cierto, que pensaba liberar a algunos prisioneros, pero que Letelier no estaba entre ellos.

              “Arria insistió con toda clase de argumentos, hasta que Pinochet dijo:

              “— Se lo he dicho, no está en la lista. Por tanto acabo de decidir que se irá mañana con usted” (28).

              Es difícil creer que Pinochet mandara después quitarle la vida a alguien a quien había considerado política y diplomáticamente conveniente poner en libertad dos años antes.

              Más todavía, la Junta había dispuesto privar de la nacionalidad a Letelier, atendida su constante actividad contraria a los intereses de Chile. Personas que estuvieron con éste poco antes del atentado refieren que, teniendo en sus manos el texto del decreto, señaló:

              “Este documento me salva la vida…

              “¿Por qué dices eso?” le pregunta su amigo Michael Moffit.

              “Michael, la DINA quería matarnos. Los blandos de la Junta me han quitado la nacionalidad para silenciarlos. Estoy salvado” (29).

Ni Pinochet ni la Junta sabían

              La siguiente respuesta en una entrevista de la periodista Raquel Correa al hijo de Letelier, el senador socialista Juan Pablo Letelier, confirma la ausencia de responsabilidad de la superioridad del Gobierno Militar en el atentado al padre de éste:

              “Raquel Correa: Usted se ha dedicado el último tiempo a exculpar de toda responsabilidad al Ejército de Chile y a su Comandante en Jefe.

              “Juan Pablo Letelier: No me he dedicado a exculpar; lo que he dicho una y otra vez, porque me enseñaron a hablar con la verdad, es que no hay ninguna evidencia que fluya del proceso de miles de fojas que permita sostener que hay participación del Ejército ni de su Comandante en Jefe en el asesinato de Orlando Letelier” (30).

              Paradójicamente, el crimen del ex canciller y de su secretaria norteamericana, Ronni Moffit, tuvo, aparte de sus antedichas víctimas, otras inesperadas: la DINA y su Director, Manuel Contreras.

              En un comienzo éste convenció a Pinochet de que era completamente ajeno al atentado y eso era lo que creía el Presidente cuando, en 1977, en Washington, (ver próximo capítulo) yo le informé de algo que él no sabía y estaba recién publicado: que las autoridades norteamericanas tenían pruebas de la participación de agentes chilenos en el doble asesinato. De hecho, cuando esto finalmente se comprobó, precipitó la disolución de la DINA y la destitución de su director, coronel Manuel Contreras.

              Siempre Pinochet pensó, sobre ese atentado, porque me lo dijo personalmente cuando conversamos del tema, años después, que los norteamericanos querían deshacerse de Letelier –de activos contactos con Fidel Castro mientras estuvo en Washington— y no sólo “hicieron la vista gorda” cuando Townley, otros enviados de la DINA (Armando Fernández Larios y Mónica Lagos) y el grupo del Movimiento Nacionalista Cubano (Guillermo e Ignacio Novo, Dionisio Suárez, Alvin Ross y Virgilio Paz) colaboraron con Townley para estudiar los movimientos de Letelier y poner la bomba al auto de éste (en un primer intento ésta no estalló y sólo lo hizo cuando los cubanos, que fueron quienes finalmente la detonaron, “la recolocaron”).

              Pinochet me dijo: “Fueron recogiendo hasta los vales de la lavandería que dejaban los chilenos, tan bien les seguían la pista”.

              Ciertamente refuerzan su tesis las impunidades conseguidas después tanto por Townley, a través de la delación compensada, que le garantizó una nueva identidad y medios de vida en libertad en los Estados Unidos, como la anulación del juicio contra los cubanos por haberse obtenido irregularmente algunas pruebas. Después el propio teniente chileno Fernández Larios desertó a los Estados Unidos y obtuvo también la impunidad a cambio de información sobre ese atentado y sobre la DINA.

              Por una ironía del destino, el mismo teniente desertor fue después condenado en un juicio civil en los propios Estados Unidos a pagar una indemnización a familiares de un fusilado en Copiapó en 1973, por haber sido integrante de la comitiva del general Arellano, a la cual el folklore de izquierda bautizó como Caravana de la Muerte. Digo “ironía del destino” porque dicha comitiva se hallaba en Santiago cuando tuvieron lugar los fusilamientos de Copiapó, como se prueba en mi libro “La Verdad del Juicio a Pinochet” (31).

Pues, de los 16 fusilados en Copiapó, tres lo fueron tras Consejo de Guerra ordenado por el general Joaquín Lagos Osorio, Comandante de la I División de Ejército con sede en Antofagasta, Consejo presidido por el coronel Oscar Haag, comandante del regimiento local, sin intervención ni conocimiento de la comitiva de Arellano. Y los otros 13 muertos lo fueron en un intento de fuga durante un traslado de prisioneros de Copiapó a La Serena, en la noche del 15 al 16 de octubre de 1973, cuando la comitiva de Arellano aún no salía de Santiago.

Como se detalló en el capítulo I, en el libro Los Zarpazos del Puma, uno de los de mayor venta en Chile, se falsificó la fecha del oficio del capitán Patricio Díaz Araneda del día 16, que daba cuenta de esas trece muertes la noche anterior, poniéndole la fecha 17, día en que la comitiva de Arellano sí estaba en Copiapó, tras salir de Santiago temprano en la mañana del 16. Pero los 13 fusilados lo habían sido la noche anterior, del 15 al 16.

              Volviendo al atentado contra Letelier, el historiador Gonzalo Vial dice en su biografía de Pinochet, en relación al caso: “No se conoce por qué Townley y los cubanos desobedecieron a la DINA y cometieron tantos errores”.

Pinochet creía saberlo. El hecho fue que finalmente los únicos que cumplen o cumplieron condena por el doble crimen, pero condenados por tribunales chilenos, fueron militares que estuvieron lejos de la escena del atentado y dos de los cinco cubanos que participaron, José Dionisio Suárez y Virgilio Paz. Porque el juicio contra los restantes fue anulado por la propia justicia norteamericana y quedaron libres.

              Pero Townley pudo haber inconscientemente servido de señuelo para la CIA o el FBI, porque él y su cónyuge, la escritora Mariana Callejas, eran anticomunistas y partidarios de la Junta por idealismo. Ella declaró a la justicia chilena:

              “Nadie sabe mejor que aquellos que permanecieron en Chile y lucharon contra el corrupto régimen llamado ‘socialista’ de Allende, lo que el nuevo gobierno significaba para nosotros. Y el hombre, Letelier, era un enemigo. Un enemigo tan poderoso –y los hechos no fueron conocidos sino después de su muerte— que, si se le hubiese dado tiempo, podría haber sido capaz de formar un gobierno en el exilio. Ya había arreglado todo para parar los créditos a Chile; era un agente de Cuba y de Rusia; manejaba gentes y dinero” (32).

              Pero el “caso Letelier” fue un factor decisivo para la posterior disolución de la DINA y el alejamiento de su director, el coronel Manuel Contreras (después ascendido a general) de toda función de inteligencia en el gobierno. El otro lo representó el “caso Contreras Maluje” que veremos más adelante.

El maletín de Letelier

              El historiador norteamericano James Whelan aportó bastantes antecedentes sobre el “caso Letelier”:

“Letelier –que se desempeñó como embajador de Allende en las Naciones Unidas y después como su último ministro de Defensa--  en el momento de su muerte era director del Transnational Institute, que era una rama del Institute for Policy Studies, IPS, de extrema izquierda, de Washington.

“La señora Moffit trabajaba en el IPS como promotora de financiamiento, y su marido, Michael, como ayudante del cofundador del IPS, Richard J. Barnett, en un proyecto llamado Global Reach (‘Alcance Mundial’), dirigido a descubrir las fechorías cometidas por las sociedades multinacionales. Meses después de su asesinato, se filtró un informe sobre la investigación preliminar del FBI, que mostraba que, en el momento de su muerte, documentos encontrados en el maletín de mano de Letelier lo identificaban como un agente soviético que operaba bajo la dirección de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia, el servicio de seguridad cubano). Su agente de control era Julián Torres Rizo, el más alto agente de la inteligencia cubana en Estados Unidos. Además, Letelier estaba en contacto con Beatriz Allende (de) Fernández en Cuba, quien, por lo menos en una ocasión, fue su pagadora y le envió un cheque por cinco mil dólares. (Beatriz estaba casada con Luis Fernández de Oña, número dos de la DNI). La historia no sólo fue descartada al principio por los diarios principales, sino que, además, tres de ellos se negaron a publicar aun un aviso pagado que afirmaba la existencia de lazos soviéticos y cubanos de Letelier (33).

              Es que todo eso dejaba en evidencia que la eliminación de Letelier podía interesar más a los EE. UU. que a Chile, sobre todo si a través de la alianza Vernon Walters-Manuel Contreras se le podía cargar toda la culpa al segundo. El primero ocultó celosamente esa amistad, pero el segundo la publicitó todo lo que pudo.

Por cierto, Walters se aprovechó –para sí y para los intereses de su país— mucho más de Contreras que viceversa y con mucho perjuicio para el gobierno chileno y dividendos para el norteamericano.

              Carlos Altamirano niega terminantemente las vinculaciones de Letelier con Cuba, pero reconoce que Beatriz Allende le mandaba dinero desde allá:

              “…los cubanos nunca le mandaron un centavo a Orlando Letelier. Era yo, exclusivamente yo, quien, sin siquiera consultar con el resto de la dirección por razones de seguridad, le había ordenado a Tati Allende –coordinadora de las finanzas del partido— que le enviara una modesta suma mensual. Si mal no recuerdo, eran 800 dólares de los fondos que la solidaridad nos aportaba. Supongo que eso apenas le alcanzaría para pagar la cuenta del teléfono, pero sirvió en cambio para tejer una sórdida intriga, propia de James Bond, haciéndolo aparecer como espía cubano. Estoy seguro de que tanto el gobierno norteamericano como la CIA sabían perfectamente que Orlando Letelier no tenía ninguna conexión con los países socialistas. Creo innecesario decirle que Orlando distaba mucho de inscribirse en posiciones próximas a los comunistas dentro del partido” (34).

              Irónica y decidoramente, el día en que murió Letelier, el ministro de Hacienda de Pinochet, Jorge Cauas, llegó a Washington para sostener conversaciones con el Secretario del Tesoro, William Simon, que serían la coronación en la anhelada recuperación económica chilena. “La comentarista sobre Latinoamérica, Virginia Prewett, escribió: ‘Por supuesto, el asesinato eliminó la conferencia de prensa (de Cauas) e hizo abortar el despegue económico global de Chile, que había estado siendo preparado por largo tiempo” (35).

¿Un submarino hundido frente a Viña del Mar?

En el mes de septiembre se registró un inusitado movimiento de naves de guerra frente a Viña del Mar, a pocos metros de la costa. Los destructores “Portales”, “Zenteno”, “Serrano” y “Cochrane” lanzaron bombas de profundidad y torpedos antisubmarinos. El rumor era que un sumergible había sido detectado y, al negarse a emerger, había sido atacado.

              Se hablaba de un segundo submarino, que habría eludido el cerco. Se sospechaba que el primero podía ser peruano y el segundo soviético.

              Finalmente, la Armada declaró que sólo se había tratado de ejercicios navales dispuestos en la fase previa a la Operación Unitas que periódicamente nuestra Armada realizaba en conjunto con unidades de los Estados Unidos.

              Como la población de Viña del Mar había presenciado un despliegue sin precedentes de persecución naval y explosiones antisubmarinas, el tema fue objeto de los más variados rumores.

              Una completa investigación hicieron, muchos años después, los autores Daniel Avendaño y Mauricio Palma en su libro El Secreto del Submarino. Pero éste no aclara suficientemente el misterio, no obstante lo cual acredita que en 1983 fueron cubiertos con una malla metálica los restos de una nave hundida entre la desembocadura del estero Marga Marga y el hotel Miramar, frente a Viña del Mar, y a ochenta metros de la costa.

Y documenta también que en trabajos de dragado y despeje de la desembocadura del estero, realizados en 2014, se habría finalmente extraído, por partes, los restos metálicos de un submarino hundido allí (36).

Visita de Presidente argentino

              En noviembre de 1976 tiene lugar una visita del Presidente argentino, el general Carlos Rafael Videla.

              El acontecimiento no pudo ser más testimonial de la excelencia en la relación de ambos regímenes militares y de acercamiento amistoso. Nadie podría haber predicho entonces que poco más de un año después iban a estar al borde de una guerra.

              Hubo condecoraciones, ceremonias y declaraciones de amistad. La Primera Dama chilena ofreció un almuerzo a su similar argentina en la casa que habitaba el Presidente, en Avenida Presidente Errázuriz.

              Luego hubo un día de playa en Viña del Mar y un espectáculo ecuestre en homenaje al Presidente argentino en la Escuela de Caballería de Quillota. “A nuestro regreso a Viña del Mar lo invité a pasear (a pie) por el centro de la ciudad, donde fue saludado cariñosamente por la ciudadanía”, recordaría posteriormente Pinochet (37).

              La visita termina con la condecoración argentina a Pinochet con la Orden al Mérito del Libertador General San Martín y la chilena a Videla con la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins.

              Lamentablemente, tanta amistad iba a ser pasajera.

Detención y desaparición de Carlos Contreras Maluje

              Un caso que remeció a la opinión pública y que, paradójicamente, sirvió para demostrar que la desaparición forzada de personas era contraria a la política del Gobierno Militar, pero que éste controlaba precariamente los hilos –si es que controlaba alguno—de las agencias de seguridad, fue el de Carlos Contreras Maluje.

              El 3 de noviembre de 1976 a las 11.30 horas, dice el libro Detenidos-Desaparecidos: Una Herida Abierta, fue detenido por funcionarios de la DINA (…) Carlos Contreras Maluje (38).

La versión continúa diciendo que éste se arrojó, en la calle Nataniel del centro de Santiago, al paso de un microbús del recorrido Vivaceta, quedó inconsciente en la calzada y, cuando recuperó el conocimiento, “llegó un auto del cual bajaron tres civiles que rodearon al herido. Éste al verlos comenzó a gritar que se trataba de funcionarios de la DINA que lo venían a detener. (…) Fue allí donde gritó que se llamaba Carlos Contreras Maluje  y que por favor avisaran a sus padres, de la ‘Farmacia Maluje’, de Concepción”. Rápidamente sus captores lo levantaron e introdujeron en un Fiat 125 celeste patente EG-388.

              El padre de Contreras Maluje, que fuera Intendente comunista durante el gobierno de la UP, en 1971, interpuso un recurso de amparo por su hijo.

              En el curso de la investigación judicial se comprobó que el automóvil al cual había sido subido el detenido pertenecía al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, pero el jefe de éste declaró que el día de la detención no estaba haciendo uso del vehículo.

              El propio Presidente de la República envió un oficio al Juez Militar de Santiago, con fecha 22 de marzo de 1977, aseverando que “la presunta detención de la persona antes referida no fue dispuesta por el Supremo Gobierno –en ejercicio de las facultades que le concede la situación de Estado de Sitio en vigencia--  no habiendo mediado, en su  caso, consecuencialmente, disposición alguna de las facultades extraordinarias que le competen”.

Más adelante explicaba: “Lo anterior ha importado una absoluta imposibilidad jurídica y de hecho de dar cumplimiento, por parte del Ministerio del Interior, al requerimiento que le formulara la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago en orden a satisfacer la resolución de inmediata libertad de la persona mencionada, cual ha sido el postulado invariable del Supremo Gobierno”.

              Y más adelante se comprometió a llevar a efecto una “amplia, completa y exhaustiva investigación de los hechos” que, en definitiva, no arrojó resultado alguno, pues no se logró saber el paradero de Carlos Humberto Contreras Maluje.

              Hubo amplia información de prensa sobre todas las contradicciones en que incurrían las autoridades tratando de explicar los hechos. Hubo una pública huelga de hambre de familiares de otros detenidos en semejantes circunstancias. Las versiones contradictorias de la Fuerza Aérea, Carabineros, testigos presenciales y ministerio del Interior pusieron en ridículo al Ejecutivo.

              Este clima de opinión insostenible para el Gobierno seguramente fue decisivo para resolver el término de las funciones de la DINA, en 1977, junto con el caso Letelier, pese a que dicha entidad no aparecía, a primera vista, como responsable de la detención ilegal de Contreras Maluje, materializada en un auto de la Fuerza Aérea, cuyo encargado negaba haber utilizado ese día.

La prensa afín al Gobierno instó reiteradamente a éste a aclarar el caso, lo cual simplemente no pudo hacer, porque ignoraba lo sucedido a Contreras Maluje. Pero todos los dedos apuntaron, pese a ser el vehículo comprometido de la Fuerza Aérea, a la DINA. Sin embargo, el episodio no pudo ser explicado ni siquiera en los libros aclaratorios escritos posteriormente por el general Contreras, ex director de la DINA, La Verdad Histórica I y II, seguramente porque no tenía explicación posible y la DINA seguía negando toda participación en los hechos (39).

Balance económico anual

              Después de su abrupta caída en 1975, en 1976 el PIB volvió a crecer, en 3,5%. Nada para entusiasmarse, pero se había enfrentado la triple crisis (ruina heredada de la UP, alza del petróleo y baja del cobre) y el país demostraba que podía dejarla atrás.

La inflación cayó a poco más de la mitad del año anterior: el IPC aumentó 174,3%.

La Tasa de Inversión en Capital Fijo, eso sí, disminuyó a 12,7 % del PIB. Pero el desempleo, que aumentó a 16,8 % en el Gran Santiago, en todo el país era “sólo” de 12,7 %.

El déficit fiscal volvió a disminuir, a 2,3 % del PIB, y lo seguiría haciendo hasta desaparecer.

El comercio exterior había andado bien: la Balanza Comercial arrojó un superávit de 460,6 millones de dólares (exportaciones menos importaciones de bienes). Tanto que la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, que incluye además intereses, servicios financieros y no financieros, tuvo un excepcional saldo positivo de 147,9 millones de dólares. Pero la Cuenta de Capitales tuvo un también inesperado saldo negativo de 215 millones de dólares.

El saldo de la Balanza de Pagos fue positivo, por primera vez durante el Gobierno Militar, en 281 millones de dólares (40).

Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central alcanzaron a 107 millones 900 mil dólares, con una recuperación de 237 millones cien mil dólares respecto del saldo negativo al final del ejercicio anterior (41).

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO IV: “1976: Un país estabilizado pero acosado”:

(1)Márquez, Nicolás: “El Canalla: la Verdadera Historia del Che”, autoedición, Buenos Aires, 2009.

(2) Duvauchelle, Mario: “Algo de lo Vivido”, Editora Arquén Ltda., Santiago, 1990, p. 59 a 68.

(3) Rojas, Gonzalo: “Chile Elige…”, op. cit., t. I, p. 241.          

(4) Domic, Juraj: “Política Militar…”, op. cit., p. 52.

(5) Ibíd., p. 53. 

(6) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 714.

(7) “El Mercurio”, 28 de agosto de 1986, p. A1.

(8) Reproducida íntegramente en “El Mercurio” del 9 se septiembre de 2017, como separata.

(9) Aylwin, Patricio: “El Reencuentro…”, op. cit., p. 125.

(10) Ibíd., p. 127.

(11) Rojas, Gonzalo: “Chile escoge…”, op. cit., t. I, p. 232.

(12) Ibíd., t. I, p. 233.

(13) Ibíd., t. I, p. 234.

(14) Silva, Gisela: “Miguel Krassnoff. Prisionero por Servir a Chile”, 4ª edición, Editorial Maye, Santiago, 2011, p. 151, 152.

(15) Labin, Suzanne: “Chili: Le Crime de Resister”, Nouvelle Editions Debresse, París, 1980, p.

229.

(16) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. I, p. 304.

(17) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. I, p. 122.

(18) Whelan, James: “Desde…”, op. cit., p. 647.

(19) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. I, p. 236 y 237.

(20) Ibíd., t. I, p. 607.

(21) Ibíd., t. I, p.197.

(22) Canessa, Julio y Balart, Francisco: “Pinochet…”, op. cit., p. 261.

(23) Arancibia, Patricia y Balart, Francisco: “Sergio de Castro”, Libertad y Desarrollo, Santiago, 2007), p. 257.

(24) Ibíd.

(25) Frei, Eduardo; Elgueta, Hernán y Ffrench-Davis, Ricardo: “Chile y el Pacto Andino”, sin pie de imprenta, Santiago, 1976.

(26) “El Mercurio”, 12 de septiembre de 1976, citado por Cuevas, Gustavo, op. cit., p.79.

(27) Koehler, John O.: “STASI”, Westview Press, Colorado, U.S.A., 2000, p. 72.

(28) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”, op. cit., p. 247.

(29) Ibíd., p. 328.

(30) “El Mercurio”, Santiago, 4 de junio de 1995, p. D 2.

(31) Pérez de Arce, Hermógenes: “La Verdad del Juicio a Pinochet”, Editorial El Roble, Santiago, 2001, p. 41 a 49.

(32) Orrego, Claudio y Varas, Florencia: “El Caso Letelier”, Aconcagua, 1979, p. 45.

(33) Whelan, James: “Desde…”, op. cit., p. 695.

(34) Politzer, Patricia: “Altamirano”, op. cit., p. 109.

(35) Whelan, James: “Desde…”, op. cit., p, 697.

(36) Avendaño, Daniel y Palma, Mauricio: “El Secreto del Submarino”, Ediciones B Chile S. A., Santiago, 2016, p166.

(37) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p. 135.

(38) Verdugo, Patricia y Orrego, Claudio: “Detenidos…”, op. cit., p. 112.

(39) Ibíd., Capítulo III.

(40) Banco Central de Chile, Dirección de Estudios, “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986; e “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(41) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República…”, op. cit., p. 514.

(CONTINUARÁ MAÑANA)