HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (V)

CAPÍTULO II (PRIMERA PARTE)

CAPÍTULO II

1974: Un año en que la Junta “se dejó estar”

Procesos de la FACH

              En los primeros meses del año culminan los llamados “procesos de la FACH”, donde se investiga la acción subversiva dentro de esa rama uniformada, que parecía haber sido la más penetrada por la conspiración de extrema izquierda, incluso más que la Armada, que antes del 11 de septiembre de 1973 había iniciado un sumario interno que afectó durante largos años a dirigentes de extrema izquierda inculpados de promover actos de insubordinación entre la marinería y la suboficialidad.

              En la Fuerza Aérea el compromiso subversivo resultó ser más profundo y extenso que en la Armada. Un agudo periodista democratacristiano, Ricardo Boizard, que escribía bajo el seudónimo de Picotón, publicó en 1974 un libro basado en los procesos de la FACH que tuvo amplia repercusión: Proceso a Una Traición, basado en las miles de fojas del expediente.

              Reproducidas ampliamente en el texto las declaraciones ante la Justicia Militar, resultaron comprometidos oficiales como el comandante Ernesto Galaz, el capitán Raúl Vergara y el general Alberto Bachelet, quien a la vez estaba a cargo de la Secretaría de Distribución del gobierno de Allende, oficina en que también trabajaba el capitán Vergara.

              El centro físico de la conspiración estuvo radicado en las oficinas de la Vicepresidencia del Banco del Estado, cuyo titular era el abogado socialista Carlos Lazo Frías.

              En sus declaraciones en el proceso, Galaz y Bachelet negaron siquiera conocer a Lazo, pero los testimonios del personal del banco, como Gustavo Eduardo Ibarra, secretario de Lazo; de la funcionaria con diez años de antigüedad Patricia Leiva, de Matilde Bravo y Luis Rubén Acuña fueron contestes en que ambos eran asiduos concurrentes a reuniones en la oficina de Lazo junto a un cuarteto de cubanos y a otras donde acudían los parlamentarios socialistas Adonis Sepúlveda, Eric Schnake, Ariel Ulloa, Carlos Altamirano y Clodomiro Almeyda, con la ocasional participación del subdirector de Investigaciones comunista, Carlos Toro.

              El Consejo de Guerra respectivo comprobó abundantes y cuantiosos manejos de dinero por parte de Lazo en connivencia con los demás concurrentes uniformados y políticos a sus oficinas y, finalmente, el plan completo fue conocido hasta en sus menores detalles, en particular en cuanto a la concertación con el MIR para preparar el copamiento de las principales bases de la Fuerza Aérea.

              Como un detalle anecdótico documental se reveló en el proceso que un ejemplar del controvertido Plan Z de toma del poder por la UP, descrito en el capítulo precedente, fue hallado en la oficina del general Bachelet.

              Este último, estando preso en la cárcel pública y ya encargado reo, sufrió un infarto provocado por la práctica del básquetbol, deporte contraindicado para su condición cardíaca. Su muerte por esa causa fue atestiguada por el ex senador socialista Eric Schnake, preso junto a él, en entrevista al semanario Qué Pasa de 26 de noviembre de 2006, no obstante lo cual la justicia de izquierda, ya en el siglo XXI, transformó  la causa del deceso en “asesinato como consecuencia de torturas”.

              El comandante Galaz y el capitán Vergara fueron inicialmente condenados a muerte por el Consejo de Guerra de la FACH, pero posteriormente se les conmutó esa pena por la de extrañamiento y viajaron al exterior. En el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), ya ambos aviadores ampliamente rehabilitados e indemnizados, Raúl Vergara fue subsecretario de Aviación durante todo el período.

              La lectura completa de las declaraciones de los comprometidos en la conspiración contra la FACH deja la impresión de propósitos bastante anárquicos, pero no por eso menos violentos, que si hubieran prosperado habrían costado muchas vidas de efectivos, suboficiales y oficiales de la rama aérea y, por cierto, de los civiles combatientes que prometía aportar el MIR.

               

Espaldarazo democratacristiano

              Iniciándose 1974 la Junta seguía gozando de amplio respaldo interno. Comenzando el año su Presidente recibió un importante apoyo del principal partido político, el Demócrata Cristiano, y varios consejos de su parte.

Se trataba de una carta de once carillas, fechada en enero de 1974 y firmada por el entonces presidente de la colectividad, ex senador Patricio Aylwin. Según se publicó en La Tercera del 4 de julio de 1999, página seis, le comunicaba a la Junta “la disposición de los democratacristianos a colaborar lealmente con el régimen militar”. La misiva también está rubricada por el ex primer vicepresidente de la DC, Osvaldo Olguín y continuaba así:

              “Escribimos esta carta luego de largo meditar, impulsados únicamente por lo que creemos un deber patriótico de leal cooperación.

              “Queremos exponer francamente al gobierno, en forma privada pero oficial, el pensamiento de los demócratacristianos en la actual etapa de Chile. Lo hacemos con el propósito de cooperar constructivamente al mejor éxito de la difícil tarea de reconstrucción nacional en que, con patriotismo y honestidad, está empeñada la Junta de Gobierno”, dice el segundo párrafo de la carta.

              El diario ilustra la situación que vivía el partido: “En aquella época, varios personeros de la DC trabajaban para el régimen militar, pero en cargos técnicos, como (…) Juan Villarzú, quien fue nombrado Director de Presupuestos. Asimismo, el ahora presidente del Banco Central y también ex ministro de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Carlos Massad, formó parte del equipo económico de la Junta”.

              Más adelante, en la carta, Aylwin señala: “Hemos reconocido pública y privadamente el apoyo que merecen los patrióticos fines de unidad nacional y reconstrucción de Chile que persiguen las Fuerzas Armadas. Tenemos derecho a ser creídos cuando hemos dicho que queremos para el actual gobierno el mayor éxito en su dura y difícil tarea de restaurar la institucionalidad democrática”.

              En seguida Aylwin se refiere al período en que los militares deberían estar en el poder: “Hay vicios, abusos y desviaciones de que los chilenos debemos liberarnos para que nuestra patria pueda volver a la normalidad. Tal labor, aunque por su naturaleza no puede prolongarse indefinidamente, necesita tiempo. Sería un error constreñirla a un plazo muy breve. Debe durar el lapso necesario para crear las condiciones de seguridad, orden, respeto mutuo y estabilidad indispensable para una convivencia normal”.

             Aylwin muestra preocupación por la campaña de desprestigio de la DC: “Existe una campaña sistemática y malévola contra los demócratacristianos. Toda clase de rumores maliciosos y falsos, destinados a desprestigiarnos, se lanzan contra nosotros, circulan en sectores del Gobierno o vinculados a él y llegan hasta los mismos cuarteles”.

     A raíz de ello le pide al Presidente de la Junta permitir que su colectividad siga funcionando en forma privada: ‘Estamos seguros que la inactividad absoluta de los sectores democráticos facilita la acción clandestina de los grupos marxistas. Sin orientación emanada de sus dirigentes, nuestras bases militantes quedan a merced de los rumores, engaños y aun infiltraciones de que puedan ser objeto’”.

              Pero en la misma carta Aylwin expresa preocupación por los derechos humanos de los adversarios del régimen: “El castigo de conductas no definidas como delitos por la ley vigente al tiempo en que tuvieron lugar, la aplicación de penas por hechos no probados, el ejercicio de funciones judiciales por funcionarios u órganos distintos de los tribunales previamente establecidos, la privación a los acusados de la posibilidad real de defenderse adecuadamente, la prisión preventiva por tiempo indefinido de personas que no son puestas a disposición del tribunal competente, el empleo de presiones morales o físicas para lograr confesiones, son hechos que importan denegación de justicia y grave violación de derechos humanos” (1).

Declaración de Principios

              El 11 de marzo de 1974 la Junta Promulgó la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, que Pinochet venía pidiendo a sus asesores desde noviembre del año anterior. Comúnmente se atribuye a Jaime Guzmán el texto, pero la verdad fue que provino de los economistas Ernesto Silva Bafalluy, Juan Carlos Méndez y Miguel Kast, quienes, según refiere Roberto Kelly, presentaron un texto que hacía hincapié en la “subsidiariedad del Estado”, al tiempo que el Comité Asesor militar, de tendencia más dirigista, había presentado otro de 18 páginas que no tenía línea política y creaba, según Kelly, “una confusión tremenda entre la libertad económica y el control estatal. La verdad es que ellos querían controlar todo. Y no sólo querían continuar con el control de precios, sino que además propusieron desarrollar algunas industrias sustitutivas de importaciones”.

              En definitiva, el texto final de la Declaración de Principios fue redactado por Jaime Guzmán a partir de esos dos proyectos contradictorios entre sí, el de los economistas de Odeplan (Roberto Kelly) y el de los militares del Comité Asesor (coronel Julio Canessa). Guzmán, en el fondo, los depuró y, obviamente, se inclinó más en favor de la postura liberal de los primeros, que, sin embargo, no quedaron contentos con las “concesiones populistas” que no pudo menos de contener el texto final entregado por Guzmán, en favor de los segundos.

              Pero los cinco principios instalados al comienzo del documento son lo principal y bastan para garantizar que Chile fuera una sociedad libre:

I.                    El Hombre tiene derechos naturales y superiores al Estado.

II.                  El Estado debe estar al servicio de la persona y no al revés.

III.                El fin del Estado es el bien común general.

IV.                El bien común exige respetar el principio de subsidiariedad.

V.           El respaldo al principio de subsidiariedad supone la aceptación del derecho de propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico.

Ahí estaba el meollo del asunto. Las posteriores concesiones en la docena de páginas del documento eran consideradas por el grupo encargado de las políticas económicas y sociales como “retóricas”, aunque no estaba en desacuerdo con ellas: “1. Hacer de Chile una gran nación; 2. Planificación nacional y proyecto nacional. 3. Gobierno autoritario, impersonal y justo. 4. Valores y estilo de un gobierno nacionalista. 5. Orden jurídico respetuoso de los derechos humanos. 6. Nueva y moderna institucionalidad.”

Parafraseando a Margaret Thatcher, consideraban esta parte como necesaria para el “consenso”, pero éste era concebido como un conjunto de “conceptos que a nadie le importan mucho pero que nadie objeta”.

Designaciones ministeriales y diplomáticas

              El gabinete sufrió dos cambios, pues el general Óscar Bonilla fue reemplazado en Interior por el general César Raúl Benavides y pasó a la cartera de Defensa; y el coronel Pedro Ewing fue reemplazado en la Secretaría General de Gobierno por el general Hernán Béjares. Después, en marzo de 1975, a raíz del accidente en helicóptero que costó la vida al general Oscar Bonilla, en Defensa fue nombrado el general Herman Brady. Antes, en Educación Pública el civil José Navarro había sido sustituido por el almirante Hugo Castro.

También hubo designaciones diplomáticas de importancia: entre los embajadores, René Rojas Galdames fue trasladado de El Vaticano a Argentina; el almirante (r) Hernán Cubillos Leiva fue a Brasil; el almirante (r) Kaare Olsen a Gran Bretaña; el general de Aviación Walter Heitmann a los Estados Unidos; el general de Aviación Máximo Errázuriz al Perú; el general y ex ministro Minería de Allende y de Economía de la Junta, Rolando González, a Paraguay; el ex ministro de Educación José Navarro a Costa Rica; el diplomático Augusto Marambio a la India; el también diplomático Raúl Elgueta a Uruguay y el abogado Héctor Riesle a El Vaticano.

            Asimismo, diversas personalidades públicas recibieron agregadurías culturales: el ex diputado Maximiano Errázuriz en Suiza; la ex diputada Silvia Pinto en los Estados Unidos; la periodista Lucía Gevert en Alemania, donde después sería embajadora; el ex director DC de Televisión Nacional, Jorge Navarrete, fue a Gran Bretaña (volvería a la dirección de TVN bajo Aylwin) (2).

Preocupación por los derechos de las personas

           La Junta advirtió prontamente que si bien el desafío armado del enemigo interno era grave y debía combatirse, la tarea de demonización mundial de su labor por parte del Departamento de Desinformatsiya  del KGB soviético, con la complicidad del izquierdismo occidental, era demoledora y generosamente financiada.

Los viajeros democratacristianos que habían partido a Europa a defender la acción de los militares volvieron con la impresión de que la marea del desprestigio era incontenible (y eso mismo comenzó a influir para que la DC reconsiderara su apoyo inicial al Gobierno Militar: junto a éste ya parecía no calentar el sol).

El régimen tomó conciencia de que, no sólo por consideraciones éticas, sino por requerirlo su buen nombre internacional, el combate a la subversión armada debía encuadrarse en la legalidad. Así, la Circular N°1 de la Junta, de 7 de enero de 1974, que dictó “normas de conducta en procedimientos (que) empleen Fuerzas Armadas y Carabineros” divulgó a todas las unidades el documento “Junta de Gobierno. Casa Militar N° 586. Santiago, 23 de noviembre de 1973. CIRCULAR PARA SER LEÍDA A TODOS LOS ESCALONES DEL MANDO DE LA FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS”. Decía, en parte:

         “1. El Gobierno de la Nación, a partir del 11 de septiembre, decretó el ‘Estado de Guerra Interna’ y mantiene el territorio nacional en ‘Estado de Sitio’, a fin de facilitar el desarrollo de las operaciones contra las fuerzas marxistas que hasta esa fecha estaban destruyendo los recursos y valores fundamentales de nuestra Patria, fuerzas que todavía no han sido aniquiladas y que desde la clandestinidad y con la ayuda de núcleos foráneos afines tratan de reorganizarse (…)

 “2. Paralelamente con estas fuerzas extremistas existen sectores de los partidos políticos hoy en receso, que fueron opositores al Gobierno de la U. P., que tratan de llevar adelante una lenta, silenciosa y penetrante acción para impedir el rápido avance de la acción restauradora nacional de la Junta de Gobierno (…)

“3. Ambas fuerzas opositoras buscan afianzar sus posiciones volcando a su favor la opinión pública (…)

“4. Estas consideraciones tienen una gran repercusión en la labor que a diario están cumpliendo las FF. AA. y Carabineros (…)

“5. En consecuencia es absolutamente necesario que los Altos Mandos de las FF. AA. y Carabineros orienten la acción de sus mandos subalternos de acuerdo a la siguiente política general:

“a. Las acciones contra fuerzas extremistas, cualquiera sea su magnitud, deben conducirse con energía y decisión, buscando el aniquilamiento de estos núcleos.

“b. Los allanamientos y detenciones de personas deben ser ejecutados con oportunidad y firmeza, pero con órdenes de autoridades competentes que aseguren un procedimiento que en  ningún caso desprestigie la sacrificada y patriótica labor que están cumpliendo las FF. AA. y Carabineros y que no pueden ser comparadas o confundidas con acciones de extremistas que tanto daño causan a la tranquilidad de la población.

“c. El tratamiento de los detenidos debe también ser consecuente con la peligrosidad y grado de comprometimiento comprobado del detenido, ya que es lógico que ocurra que por el gran número de procesos que se substancia, se procede a detener a muchas personas que al no comprobárseles implicancia en dichos procesos son puestas en libertad y de todo punto es inconveniente que esas personas, por el trato que se les ha dado, salgan con espíritu de venganza y por lo tanto puedan transformarse en futuros extremistas.

“d. La acción de la FF. AA. y Carabineros en los diferentes cargos públicos que sus integrantes están ocupando, debe caracterizarse por una honestidad a toda prueba, para que así la Historia asigne estas características como una de las más importantes de nuestra etapa de Gobierno.

“e. Los miembros de la FF. AA. y Carabineros deben actuar en forma ejemplarizadora en cumplimiento de las normas que dictan los Jefes de la Zonas en Estado de Sitio, en especial en lo referente al respeto a la hora de queda en todo el territorio nacional (…)

“6. La presente circular será leída y comentada en el más breve plazo a todos los miembros de las FF. AA. y Carabineros” (3).

Reiteración de normas éticas

              La Circular N° 3 de la Casa Militar de la Junta volvió a insistir en la corrección de los procedimientos “para evitar abusos de autoridad que sólo contribuyen a desprestigiar la patriótica labor de nuestras FF. AA y Carabineros, en la tarea de reconstrucción de la Patria y de la familia chilena”, y señala:

              “2. Estamos en un ‘Estado de Guerra Interna’, donde, si bien es cierto, se ganó la primera batalla para tomar el control del país, y se logró además, la desorganización y serio debilitamiento del adversario, sin embargo, no se ha logrado aún eliminar su capacidad de lucha (…)

           “3. Este ‘Estado de Guerra’ (…) no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que tengan que ocultarse a la ciudadanía y que sólo engendran una reacción de violencia, de odios y de venganza (…)  (subrayado en el original).

           “6.a. La actitud de la FF. AA., y Carabineros para cualquier chileno o extranjero que sea sorprendido empuñando las armas, en actos criminales contra las tropas y población civil o sabotajes que afecten a nuestras fuerzas o a la población civil, debe estar orientada al aniquilamiento en combate de estos extremistas o violentistas o por medio del procedimiento judicial más rápido, si se han rendido (…)

             “6.e. La detención de personas debe efectuarse bajo una orden clara de la autoridad y sólo puede ser ejecutada por organismos responsables.

           “6.f. Deben continuar cumpliéndose en forma estricta las disposiciones impartidas en lo referido a la prohibición de utilizar tratamientos inhumanos en los interrogatorios a las personas detenidas y muy especialmente la eliminación de personas, cuyas circunstancias no puedan ser claramente explicadas tanto a sus familiares como a la opinión pública.

                “6.g. El concepto de ‘mano dura’ no autoriza el empleo de procedimientos desterrados de la civilización, la mano dura es más bien una ‘mano justa’ para interpretar mejor el espíritu de la Junta de Gobierno en la conducción de nuestro país.

   “7. El Presidente de la Junta de Gobierno espera la comprensión de todos los mandos de la Fuerzas Armadas y Carabineros de la importancia y trascendencia que las disposiciones impartidas tienen en la reconstrucción de nuestro país, ya que en la medida que ellas se cumplan,  se alejarán las posibilidades de realización de actos subversivos como reacciones a nuestras medidas y que tan nefastas consecuencias tienen en la vida nacional” (4).

             

Tratamiento de detenidos

              La Circular Confidencial N° 220 del Ministerio del Interior de 25 de enero de 1974 no sólo se refirió a la detención de personas sino que explicó el andamiaje jurídico sobre el cual se desenvolvía la Junta, que estaba contenido en el decreto ley N° 228 y daba instrucciones para su cumplimiento, en los siguientes términos:

              “INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEY N°228:

              “1) Constitución Política del Estado, artículo 72, N° 17, que concede al Presidente de la República la facultad de trasladar a las personas de un Departamento a otro, y la de arrestarlas en sus propias casas y en lugares que no sean cárceles ni otros destinados a la detención o prisión de reos comunes.

                 “2) Decreto Ley N° 228 de 24 de diciembre de 1973, publicado en el Diario Oficial del 3 de enero de 1974, artículo 1°, que establece que todas la atribuciones conferidas por el artículo 72, N° 17, inciso tercero de la Constitución Política del Estado al Presidente de la República por la declaración del Estado de Sitio, serán ejercidas por la Junta de Gobierno por medio de Decretos Supremos firmados por el Ministro del Interior, con la fórmula ‘Por orden de la Junta’ (…)

                 “B) EN CONSECUENCIA, ESTE MINISTERIO DISPONE:

          “1) La detención de personas en uso de las facultades del Estado de Sitio es única y exclusivamente privativa de la Junta Militar de Gobierno y se ejercerá a través de Decretos del Ministerio del Interior.

                “2) La detención de personas por la Justicia Militar sólo puede llevarse a efecto en virtud de una orden emanada de un Tribunal competente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

                “3) Ninguna autoridad está autorizada para practicar detenciones al margen de las presentes disposiciones; lo mismo se aplica respecto a los Servicios de Inteligencia Militar de cualquiera institución, que también deberán someterse a tales normas. Lo expresado es sin perjuicio de órdenes dispuestas por la autoridad competente y en los casos en que la Ley Penal autorice la detención respecto de personas sorprendidas in fraganti.

              “4. Si por razones de urgencia la autoridad militar o administrativa tuviera que arrestar personas en uso de la facultad constitucional, sin la dictación de un Decreto previo, deberá comunicarlo a la brevedad posible y en el plazo máximo de 72 hora al Ministerio de Defensa Nacional, a fin de que esa secretaría de Estado por intermedio de S.E.N.D.E. (Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos) haga llegar tal comunicación al Ministerio del Interior para su resolución final, manteniéndose el arresto durante el trámite. En esta comunicación se indicará la individualización completa del detenido, el lugar de detención, las causas o motivos que la justifiquen y el tiempo de duración del arresto que proponen. (…)

              “6. El Ministerio de Defensa dispondrá que todos los C.A.J.S.I. (Comandantes de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior) envíen una lista completa de las personas que se encuentren detenidas a la fecha, conforme a esta facultad constitucional, indicando la fecha en que fueron detenidas. Esta lista deberán enviarla al Ministerio de Defensa Nacional en el plazo de diez días después de recibidas las instrucciones que ese Ministerio disponga, las que se harán llegar por intermedio de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, al Ministerio del Interior (5).

Trato a las personas y lenguaje

              El 15 de febrero de 1974 el general Félix González Acevedo, General Director Subrogante, distribuyó en todas las unidades del Cuerpo de Carabineros una Circular en la cual decía, entre otras cosas, “para ejercer eficientemente el principio de autoridad, es necesario que él se encuadre dentro de los marcos de la legalidad, en caso contrario, pasaría a ser arbitraria”.

Asimismo, recomienda el cuidado en el lenguaje empleado: “Si se toma en consideración que el lenguaje procaz produce reacciones altamente negativas y, muchas veces, con consecuencias funestas, con mayor razón el empleo de la fuerza física en forma inadecuada, injusta e infundada, al margen de las atribuciones que la ley confiere al que hace uso de ella, puede provocar otras reacciones mucho más violentas que las anteriores y con consecuencias también de mayor gravedad” (6).

El ministro de Economía, Fernando Léniz le expuso a la Junta la dificultad de obtener créditos externos a raíz de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Había viajado a los Estados Unidos y captado el ambiente allá hacia Chile, y se lo dijo a la Junta de Gobierno:

“Traté de averiguar si después de arreglado el problema de los derechos humanos nos van a empezar a presionar por otros problemas. Pero los otros no se comparan con el daño y la presión que nos causa el de los derechos humanos. En mi opinión, es conveniente tener esta visión sobre las opiniones en el extranjero sobre nuestro país, pues considero que debemos tener una visión muy objetiva de los hechos. El hecho de la conspiración comunista existe. No hay duda alguna. Pero no nos equivoquemos. No todo es conspiración. Es evidente que hay algo más” (7).

Denuncias de torturas

              Pero la izquierda mundial fue activa para acusar a la Junta Militar chilena de torturas a los presos en la lucha antisubversiva y promovió denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

              La tortura se había practicado siempre en Chile por las policías políticas y también las no políticas, pero como hasta mediados de los ’60 no había una amenaza terrorista y subversiva de significación, los casos eran pocos.

Cuando apareció el MIR bajo Frei Montalva la amenaza terrorista se hizo patente y la policía política se activó y detuvo a no pocos subversivos. Ahí la izquierda se ciñó a su libreto y acusó: “¡torturas!”. Entonces los abogados de izquierda –entre ellos Ricardo Lagos Escobar-- acusaron ante la Corte Suprema a Frei Montalva de permitirlas. Hubo un Informe de 71 páginas publicado en “Punto Final” de 30 de agosto de 1970 relatando atrocidades.

Después el gobierno de la UP, que no confrontaba un terrorismo subversivo sino que lo patrocinaba, a su vez torturó a muchos opositores que apresaba por razones políticas, incluidos dos diputados elegidos junto conmigo en marzo de 1973, Maximiano Errázuriz y Juan Luis Ossa. De ahí que en la letra g) del Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 llamando a deponer a Allende se acusara a su régimen de “flagelaciones y torturas”.

              Ya antes, en 1970, a los derechistas presos en el caso Schneider los torturaron salvajemente, primero la policía de Frei y después la de Allende, tanto que en la revista Portada N°16 del mes de noviembre de 1970 sugeríamos legalizar la tortura, como se ha hecho en Israel y Estados Unidos (waterboarding).

              Después, en 1973, cuando los militares se encontraron ante más de veinte mil guerrilleros, llamaron a 80 detectives de Investigaciones para los interrogatorios. Uno de ellos, Sergio Rivas, entrevistado por El Mercurio del 21 de noviembre de 2004, dice que interrogó en Londres 38, lugar de detención, pero no aplicó torturas, aunque había elementos eléctricos:

“¿Escuchó gritos de dolor?

“En Londres, no. (…) tampoco allí vi cosas terribles”.

Pero la propaganda de izquierda dijo otra cosa y Londres 38 ha pasado a ser hoy “la casa del horror”.

         Pues como el Departamento de Desinformatsiya del KGB divulgaba por el mundo “las torturas” en Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una delegación en 1974 a investigar, y “de 109 casos (…) sólo 19 declaran haber recibido golpizas en los últimos tiempos y de éstas sólo tres pueden mostrar señales en sus cuerpos que podrían ser causadas por esa clase de malos tratos” (8).

La hora del derecho

              Había civiles a los que se les había quitado el miedo al extremismo y otros a los que todavía no. Cuando aún no se le había quitado a ninguno (que fue cuando se produjo cerca del 55 % del total de muertes de 1973-90, es decir, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973) el presidente del PDC y ex senador Patricio Aylwin defendía el quehacer de los militares y se negaba a condenarlos “desde detrás de un escritorio”, como hemos visto en el capítulo anterior.

             Pero pasó el tiempo y también el miedo suyo fue pasando, pero el de otros no. En enero de 1974 Aylwin refiere que sucedió lo siguiente:

             “Recuerdo que en esos días –debe haber sido a comienzos de enero— viví una experiencia que me resultó muy desalentadora y aumentó mi pesimismo. Don Armando Silva Henríquez, ministro de la Corte Suprema y hermano del Cardenal, me invitó a su casa a conversar con su colega de Tribunal don Rafael Retamal. Don Armando estaba muy preocupado por la actitud de la Justicia de mantener cerrados los ojos ante lo que estaba ocurriendo y tal vez que yo podría, informando a don Rafael de lo que sabíamos, inducirlo a que jugara su gran prestigio en el seno del Tribunal para que éste ejerciera sus atribuciones constitucionales en resguardo de la libertad y los derechos de las personas. Fue para mí muy desilusionante que don Rafael –a quien admiraba mucho y que años después jugó un papel digno y valeroso en el seno de su Tribunal y como presidente del mismo--, luego de oír mi relación y mis alegaciones, me contestara más o menos lo siguiente: ‘Mire, Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia, después llegará la hora del derecho’” (9).

              En realidad, poco antes y todavía bajo la UP, ante una turba que vociferaba contra la Corte Suprema frente al Palacio de los Tribunales, el Intendente de Santiago, Jaime Faivovich, había proclamado que era explicable querer “masacrar a todos estos viejos momios”, pero que, por el momento, no convenía hacerlo.

El caso Silberman

              El estudio objetivo de los hechos acontecidos en los primeros tiempos del Gobierno Militar lleva a grandes sorpresas que se hacen fuego con la imagen proclamada y divulgada en todo el mundo por el KGB soviético. Hemos visto la reiteración de normas de la Junta y su Presidente dirigidas a respetar los derechos de las personas en la guerra antisubversiva, sin embargo sucedieron hechos que contradijeron esas normas.

              Un caso muy especial fue el de David Silberman, que podría ser propio de un thriller sobre la Guerra Fría. El capítulo IV de un libro sobre personas detenidas-desaparecidas, Detenidos Desaparecidos: Una Herida Abierta, de Patricia Verdugo y Claudio Orrego, está dedicado a él (10).

              El caso de esta persona se originó en la localidad de Calama, donde funcionó un Tribunal en Tiempo de Guerra que condenó a diversos personajes del gobierno caído a variadas penas y, en particular, al gerente general de Cobrechuqui, David Silberman, de filiación comunista, a la de trece años de presidio, compuesta de diez años por transgresiones a la Ley de Seguridad Interior del Estado y tres años por infracciones a la Ley de Control de Armas.

Cumplía su condena en la cárcel de Calama cuando sucedieron dos hechos extraordinarios: irrumpieron en dicho penal, sin orden superior, varios oficiales de Ejército de la comitiva del general Arellano, quienes, por sí y ante sí y sin conocimiento de Arellano, que en esos momentos visitaba la fábrica de explosivos Dupont, sustrajeron de la cárcel a 26 presos y les dieron muerte en un sitio desértico cercano. Hemos aludido a ese caso en el capítulo anterior.

De esa aciaga suerte se libró providencialmente David Silberman, por haber sido poco antes trasladado a Santiago y, de manera impensada, haber salvado así su vida.

           Quedó entonces preso en la Penitenciaría cumpliendo su condena y allí lo visitaba su cónyuge, Mariana Abarzúa, en los días de visita. Pero el 5 de octubre ella fue informada de que su marido había sido sacado en la víspera por un oficial de Ejército. Fueron inútiles sus esfuerzos por saber adónde había sido conducido.

             El Informe Rettig atribuye a la DINA la sustracción de Silberman y su posterior desaparición. Pero, según el libro de Verdugo y Orrego, éste, militante comunista, fue sacado de la Penitenciaría por el ‘archienemigo’ del PC, el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), de acuerdo a los siguientes antecedentes: 1) en un enfrentamiento murió el mirista Claudio Rodríguez (alias “Lautaro”) y se encontró documentos que permitieron el allanamiento en la casa del mirista Alejandro de la Barra; 2) En la casa de este último se encontró una TIFA (tarjeta de identificación de las Fuerzas Armadas) a nombre de ‘teniente Alejandro Quinteros Romo’, con el número 245-03. Esta TIFA tenía la foto de Rodríguez (“Lautaro”); y 3) Esto demostraba que fue Rodríguez, con individualización militar falsa, quien había sacado a Liberman de la Penitenciaría” (11).

              El Informe Rettig dice que eso no fue posible, porque Rodríguez había sido muerto el 30 de septiembre en un combate con fuerzas de la DINA, pero en su libro “La Verdad Histórica II: ¿Desaparecidos?” el ex director de la DINA, Manuel Contreras, prueba, con reproducciones de La Tercera de 4 de noviembre de 1974, que el día anterior, el 3, Claudio Rodríguez había caído en un combate con elementos de la DINA en Av. Bilbao. Es decir, no pudo haber muerto el 30 de septiembre.

              Contreras señala que Interpol de Argentina comunicó a Interpol de Chile, mediante Mensaje Postal Condensado N° 222-75 de 30 de mayo de 1975, la muerte mediante un explosivo en Buenos Aires de David Silberman (12).

           Según esta versión, el ex gerente de Chuquicamata ocultó en la misma mañana del 11 de septiembre de 1973 valiosa documentación sobre el hallazgo por técnicos soviéticos en Chuquicamata de seis yacimientos de uranio y ocho de litio, en un pique de la Pampa El Abra.

            Silberman, continúa la versión, habría ofrecido negociar esa información a cambio de su libertad, motivo por el cual fue trasladado a la Penitenciaría de Santiago. Pero soviéticos, comunistas y miristas, ante esa perspectiva, decidieron montar una operación de rescate mediante un completo plan de suplantación de efectivos del Ejército, para lo cual el mirista Claudio Rodríguez contaba con una TIFA y habría montado un plan de falsificación telefónica para que Gendarmería pudiera confirmar su autenticidad y acceder a entregarle a Silberman cuando él se presentara a retirarlo de la Penitenciaría, en vehículos con apariencia de ser de la DINA.

                La versión del libro de Contreras es convincente en cuanto a probar los errores del Informe Rettig, en particular, el de argumentar que Claudio Rodríguez habría muerto antes del rescate de Silberman que se le atribuye, pues las publicaciones de prensa acreditan que murió un mes después y el intercambio de mensajes con Interpol de Argentina dan base a la tesis de la muerte en Buenos Aires de Silberman en una explosión registrada allá a fines de mayo de 1975.

              También es verosímil la tesis de los hallazgos de yacimientos de uranio y litio por parte de ingenieros soviéticos durante el gobierno de la Unidad Popular y el interés chileno por hacerse de los respectivos planos, como también el interés mirista, comunista y soviético en evitar que cayeran en manos del Gobierno Militar, eliminando a Silberman por estar dispuesto a negociar los hallazgos a cambio de su libertad.

Pinochet viaja a Brasil, Paraguay y Argentina

            Con motivo de la transmisión del mando en Brasil, donde asumiría el nuevo Presidente Ernesto Geisel, el Presidente de la Junta recibió una invitación a asistir que, consultada a la Cancillería, fue aceptada.

                 En Brasilia pudo reunirse también  con los Presidentes de Bolivia y Uruguay, Hugo Banzer y Juan María Bordaberry. Asistía también la señora del Presidente norteamericano, Richard Nixon, y Pinochet dice: “Grandes fueron mi sorpresa y agrado al encontrar en la comitiva de ella a mi amigo el general Vernon Walters, quien servía de intérprete a la señora Nixon y a quien había conocido en Ecuador en 1959” (13).

              Vernon Walters fue el gran encargado de misiones confidenciales norteamericanas durante décadas. También fue encargado de que la lucha contra la subversión marxista en América Latina fuera exitosa, y tuvo preocupación por ganarse la amistad del Director de la DINA, coronel Manuel Contreras. Éste creía ser muy amigo suyo, como lo reitera en su libro “La Verdad Histórica”, pero cuando Walters escribió sus memorias, “Misiones Discretas”, ni siquiera mencionó a esas amistades chilenas. No obstante, siempre tuvo una enorme habilidad para conseguir que sus “amigos” latinoamericanos hicieran el “trabajo sucio” antisubversivo y los norteamericanos posaran de “defensores de los derechos humanos”. Su estrategia fue la de “sacar las castañas del fuego con la mano del gato”, mano que era la de los militares sudamericanos, que se “quemaban” ante la opinión pública mundial, ante los políticos norteamericanos y en los foros internacionales, mientras la CIA se comía las castañas, es decir, conseguía librarse, sin sacrificio de su propia imagen, de hombres de la subversión marxista de origen soviético, cubano y europeo oriental en su “patio trasero” (backyard) latinoamericano. Walters fue subdirector de la CIA.

              En Brasil el nuevo Presidente Geisel se interesó por la mejoría de relaciones entre Chile y Bolivia. Banzer, el Presidente boliviano, y Pinochet se reunieron y la prensa brasileña le dio gran importancia al hecho, dado que desde 1962 las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban cortadas. Pero de lo que conversaron Banzer y Pinochet en Brasilia nunca se dio una versión ni tampoco el segundo la entrega en sus memorias, “Camino Recorrido”.

              Preguntado por la prensa carioca e internacional presente sobre la duración del mandato de la Junta, respondió que ésta no se había fijado plazos, sino metas. Y acerca de los logros de su gobierno hasta ese momento, mencionó la entrega de títulos de propiedad a los campesinos, el 40 % de aumento en la producción de cobre y, en general, la colaboración encontrada en el pueblo, “el que en un 80 % está con nosotros, a pesar de las dificultades, porque saben que los marxistas nos legaron una inflación del 1.000 por ciento; y la libertad bien vale todos los sacrificios” (14).            

En mayo Pinochet viajó a Paraguay, para estrechar relaciones con un país tradicionalmente amigo de Chile, de cuyo régimen anticomunista la Unidad Popular se había distanciado. Allí aprovechó de intercambiar puntos de vista y condecoraciones con el Presidente Alfredo Stroessner.

              Como se celebraba el Día de la Independencia Nacional, asistió a las ceremonias y al acto litúrgico, donde oyó la admonición del Arzobispo de Asunción, Ismael Rolón y “para su interior”, durante la homilía de éste pensó que la Iglesia Católica había tomado “un camino social de tendencia marxista que no cumplía con la doctrina que nos enseñó Cristo”, mientras Stroessner le decía al oído: “Siempre es igual; hay que dejarlo”. Confesó que él pensaba: “El nuestro no es mejor” (15).

              De Paraguay decidió regresar pasando por Argentina y aprovechar de conversar con el Presidente Juan Domingo Perón, pero cuando las autoridades argentinas le dijeron que la reunión debía hacerse en la residencia presidencial de Olivos o en la Casa Rosada, Pinochet, sin explicar por qué, rechazó la idea y respondió que si la entrevista presidencial no tenía lugar en el aeropuerto prefería volar directamente a Chile, tras lo cual los transandinos ofrecieron que se realizara en la base aérea de Morón, lo cual Pinochet aceptó.

           Conversaron durante una hora y media, comentando, por supuesto, “las homilías de los obispos y él (Perón) se rió bastante, haciendo comentarios muy agudos sobre la forma de actuar de estos señores”. Luego Pinochet le planteó el principal problema que había entre ambos países en ese momento, que era la presencia de numerosos refugiados chilenos en el lado argentino de la frontera. Perón se comprometió a alejarlos de allí y trasladarlos a la provincia de Formosa, advirtiendo que “Perón tarda, pero cumple”.

              La despedida entre ambos fue muy cordial e hicieron recuerdos de cuando habían coincidido en una misma ceremonia durante la visita de Perón a Chile en 1954, bajo el gobierno del general Carlos Ibáñez. Ninguno de los dos hizo alusión a que, durante esa visita, en sus alocuciones al público que se reunía para escucharlo, Perón se dirigía a los asistentes con el vocativo de “compatriotas”.

Creación de la DINA

             Desde noviembre de 1973 la seguridad interior había estado a cargo de la que se llamaba “Comisión DINA”, a cargo de un oficial de Ejército de brillante carrera, primera antigüedad de su promoción en la Escuela Militar, primer lugar en el curso de Estado Mayor en la Academia de Guerra y brillantes desempeños en posgrados militares en Fort Belvoir (Virginia) y Fort Benning (Georgia), en los Estados Unidos. Era teniente coronel de Ingenieros y el 11 de septiembre lo sorprendió como Director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. Su nombre era Manuel Contreras Sepúlveda.

             El 18 de junio de 1974 se dictó el Decreto Ley N°521 que oficializó la DINA. El objeto explícito era “producir (…) inteligencia”, la cual permitiera formular políticas, planes y medidas protectoras de la seguridad nacional y del desarrollo.

              Lo que establecía para la DINA una condición de privilegio era que podía allanar lugares y detener personas durante los períodos de Estado de Sitio, el cual estuvo vigente durante toda la existencia del organismo.

              Contreras fue muy eficaz en el combate al terrorismo armado que, como hemos visto en el capítulo anterior, era de temer: unos diez mil hombres en armas de los partidos de la Unidad Popular (confesión de Carlos Altamirano, que había sido secretario general del Partido Socialista, a Patricia Politzer en el libro-entrevista de ésta, “Altamirano”); y también había sobre doce mil ingresados clandestinos desde el exterior, documentados por la OEA. Más adelante en este capítulo ambas cifras son documentadas.

           Después del Gobierno Militar, probablemente por conveniencias político-electorales, se minimizó en los medios de comunicación el poderío y el tamaño del ejército clandestino extremista, pero toda la literatura histórica muestra que una gran preocupación de la Junta era precaver la formación de una guerrilla numerosa que pudiera crear un ambiente parecido al de una guerra civil. Y ciertamente una fuerza armada clandestina de más de veinte mil hombres habría tenido capacidad de hacerlo.

Blanco de la izquierda mundial

            La DINA fue mundialmente demonizada por la propaganda de izquierda, pero probablemente su fama es peor de la que merece.

 Se la acusaba de “torturar personas”, pero la tortura era una práctica generalizada en Chile para enfrentar a opositores violentos y armados, según ya hemos visto. Bajo los gobiernos inmediatamente anteriores al militar, los de Allende y Frei Montalva, la tortura antisubversiva se aplicó ampliamente. El primero de esos gobernantes mereció la ya referida mención al respecto en el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 que llamó a los militares a intervenir (16).

           Como ya antes se dijo, pero conviene reiterar, el gobierno de Frei Montalva fue, a su turno, denunciado a la Corte Suprema por un grupo de abogados de izquierda, entre los cuales estaba Ricardo Lagos, en 1970, por torturas sistemáticas infligidas a elementos de izquierda. La denuncia se publicó íntegra, como separata de 71 páginas, en el número del 8 de agosto de 1970 de la revista Punto Final.

           Era obvio que si ésas constituían las prácticas anteriores de gobiernos civiles ante un naciente terrorismo, en el período de Frei, y un terrorismo afín al Gobierno, en el período de Allende, después, bajo el Gobierno Militar, cuando había un ejército clandestino de más de veinte mil irregulares armados, esas prácticas nacionales antiguas en materia de interrogatorios no podían menos de reaparecer e intensificarse.

          También se acusaba a la DINA de “hacer desaparecer miles de personas”, pero el mayor número de detenidos-desaparecidos se registró en 1973 (383) cuando todavía no se había creado la DINA. Es cierto que entre 1974 y 1977 hubo 551 casos, según el Informe Rettig. Y también es cierto que, una vez disuelta la DINA, entre 1978 y 1990 hubo sólo 23 casos, es decir, menos de dos al año (17).

También es verdad que el número de muertes en enfrentamientos disminuyó cuando la DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones, CNI, en 1977, con otro Director a la cabeza, el general Odlanier Mena: de 139 caídos en 1976 se bajó a 25 en 1977 y 9 en 1978 (18).

Después, a comienzos de los años ’80, a raíz de la creación del grupo terrorista “Frente Patriótico Manuel Rodríguez”, FPMR, del Partido Comunista, la cifra anual de muertes volvió a aumentar, pero se engrosó precisamente por el número de uniformados víctimas de atentados, tanto que en 1985 la Embajada de los Estados Unidos en Santiago estimó que el extremismo era la mayor amenaza para la vida de los chilenos.

Empresarios agradecidos

              Los empresarios privados, todavía bajo la impresión de que habían estado a punto de perderlo todo a manos de un régimen totalitario, como el que se preparaba para tomar el poder por las armas en 1973, manifestaron su agradecimiento en todos los tonos y ocasiones a los uniformados.

              Distinguidos gerentes democratacristianos de la firma “Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S. A.”, uno de los cuales era el ingeniero Eduardo Frei (hijo), donaron parte de su sueldo y del de los empleados que quisieron hacer lo mismo a la Junta de Gobierno para el propósito de la Reconstrucción Nacional. Frei (hijo) concurrió personal y públicamente a entregar el donativo.

              Al mismo tiempo, el oficio dirigido por esa empresa a la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas N° 01177 daba cuenta de los cambios producidos en su directorio, publicados en El Mercurio de Santiago de 9 de noviembre de 1974, en que figuraba como director titular de la sociedad el general Manuel Contreras Sepúlveda, nombrado ese mismo año como Director de la recién formada Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. El directorio de Sigdo Koppers lo presidía don Conrado Ríos Gallardo y, además de Contreras, lo integraban Ramón Aboitiz Musatadi, Gonzalo Rojas Lewin, Norman Hansen Roses, Julio Diestre Hilldebrandt, Jorge Loyola Fernández y Luis Marty Dufeu.

              La XXVII Memoria de la empresa, de 1976, daba cuenta de que todavía ese año el general Contreras seguía como director y se habían incorporado Sergio Gutiérrez Olivos, Noshi Matsumoto Tskahashi y Héctor Campos García.

Contingente guerrillero extranjero

              En 1974 la Organización de Estados Americanos acreditó la presencia de un contingente de la guerrilla foránea ingresado clandestinamente al país entre 1970 y 1973, en un estudio preparado por la Comisión Especial de Consulta Sobre Seguridad de la OEA.

         Se trató de un estudio confeccionado durante su vigésimo primer período de sesiones extraordinarias en 1974 (19).

              Dicho informe fue resumido por el diario La Segunda de Santiago, señalando que “entre 12 y 15 mil extranjeros ingresaron ilegalmente al país desde 1970 a 1973. Se involucraron en actos violentos a la vez que colaboraban en la introducción clandestina de armas, gran parte de la cuales estaría al servicio de 14 cordones industriales integrados por 5 mil empresas en torno a Santiago. Luego del 11 de septiembre, y hasta marzo siguiente, más de 3 mil 500 extranjeros salieron de Chile en calidad de asilados, refugiados o expulsados.”

              La cifra coincidía aproximadamente con los 14.083 extranjeros ingresados clandestinamente que, según el historiador James Whelan, aparecían en una lista encontrada en la oficina del subsecretario del Interior de Allende, Daniel Vergara, después del pronunciamiento, según vimos en el capítulo anterior.

           La comisión de la OEA estaba integrada por delegados de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Uruguay y República Dominicana, cuyos nombres eran: Pedro Medrano Ubiera (Presidente), Sergio Obregón Carrillo (Vicepresidente), Carlos Angulo Rueda, José Carrasco Riveros, John Wesley Jones, Gustavo Vásconez Vásconez y Germán González.

          Como fuentes de información en Chile la Comisión citó al Presidente de la Junta de Gobierno, Augusto Pinochet; al Presidente del PDC, Patricio Aylwin; al cardenal Raúl Silva Henríquez; al líder de la CUT, Ernesto Vogel; al Presidente de la SNA, Alfonso Márquez de la Plata; a los dirigentes gremiales Rafael Cumsille, Guillermo Medina y Moisés Guzmán; a los representantes de la prensa Tomás Mac Hale, Humberto Candia y María Teresa Larraín y a los abogados constitucionalistas Enrique Ortúzar, Alicia Romo, Alejandro Silva Bascuñán, Sergio Diez, Jaime Guzmán, Jorge Ovalle y Rafael Eyzaguirre. “Esos nombres figuran en un listado de 53 chilenos que fueron entrevistados por la Comisión Internacional de la OEA” (20).

Ilusiones y terrorismo comunistas

         Los comunistas, entretanto, vivían en medio de una palabrería ilusa. El Comité Central del partido sostenía que “las Fuerzas Armadas de Chile, aisladas de todo apoyo político y orgánico, aparecen responsables hoy en el país absolutamente de todo. Esto lo comprenden sus integrantes de la oficialidad, de la suboficialidad y de la tropa, por lo cual comienzan a expresarse su inquietud y descontento (…) En las Fuerzas Armadas se concentran hoy demasiados factores inquietantes que enrarecen la atmósfera de su propia unidad activa y resuelta en torno a la Junta” (21).

            Durante 1974 murieron 27 efectivos del Ejército a manos de los terroristas de izquierda y 44 resultaron heridos (22).

            Pero a su turno los servicios de seguridad del Gobierno daban cuenta de los guerrilleros que podían detectar, con pocos o ningún miramiento. La izquierda mundial, orquestada desde Moscú, denunciaba esas acciones como “atropellos a los derechos humanos”, pero no eran diferentes de las que hasta hoy emplean los norteamericanos contra los guerrilleros de ISIS o Al Qaeda y los israelíes contra los de Al Fatah.

La DINA actúa por su cuenta

             El director de la DINA, con todo, actuaba contradiciendo los instrucciones de la Junta en el sentido de respetar los derechos de las personas y, así, perdió finalmente la confianza del Presidente de la República cuando, en 1977, a raíz de las investigaciones norteamericanas sobre el atentado a Orlando Letelier, aquél cayó en la cuenta de que no se le informaba de las cosas más graves en que la institución incurría.

  Hasta el propio Michael Townley, agente encubierto norteamericano de la DINA, cuando se enteró de eso, se lo reprochó a Contreras. En el diario La Nación, medio oficial del gobierno de izquierda chileno de ese momento, de Michelle Bachelet (2006), se reprodujo la siguiente frase de Townley refiriendo un diálogo con su jefe, Contreras: “Pero, a mi juicio, el error más grande ha sido no informar a Su Excelencia (…) Acepto que hay cosas de las cuales es mejor no informar más arriba, pero la eliminación física de alguien en el exterior, especialmente en Estados Unidos, con todos los riesgos y consecuencias, no es una de ellas” (23).

“Otra de ellas” había sido la de procurar eliminar a Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, fugado de Chile y sospechoso de conspirar en el exterior, particularmente desde México, para obtener una intervención armada que derrocara al gobierno de la Junta, y que de ninguna manera era ajeno a la organización de paramilitares clandestinos en Chile cuando todavía había democracia, a la que despectivamente apellidaba de “burguesa”.

Townley y el exiliado cubano Virgilio Paz, comprometido después en el asesinato de Orlando Letelier, efectivamente recibieron de la DINA la misión de eliminar a Altamirano:

              “A primeros de mayo (de 1974), Townley esperaba a su presa en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. (…) Townley, ya pasado el control de pasaporte, vio a un hombre delgado y con gafas de pasta negra y cristales gruesos. Era él. Con un maletín en la mano, comenzó a correr tras él.

              “-- ¡Carlos!— gritó una voz.

              “Altamirano se detuvo y se volvió bruscamente para ver quién le llamaba. Townley no pudo frenar. Se dio de bruces contra Altamirano.

              “Altamirano dijo:

              “—Discúlpeme…

              “Townley recogió su maletín, que se le había caído en el encontronazo, y se evaporó.

              “Altamirano reconoció a la persona que le había llamado y se acercó.

              “—Rafael…

          “Era Rafael Tarud, responsable del partido Acción Popular Independiente (API) de Chile. Hablaron un momento. Altamirano se dirigió inmediatamente a coger un vuelo de conexión con Berlín Oriental. Townley había perdido su oportunidad” (24).

Deterioro de relaciones con la Iglesia

             La declaración del Episcopado de 24 de abril de 1974, La Reconciliación en Chile, provocó una gran molestia en el Presidente y la Junta, pues si bien la misma alabó al régimen “por su apego a los principios cristianos”, pidió también respeto a los derechos humanos y afirmó que había “dificultades para la reconciliación, dado el clima de temor e inseguridad, el incremento de la cesantía y los despidos arbitrarios por razones ideológicas”.

             Según el historiador norteamericano James Whelan, con ese texto se quebraron las relaciones Iglesia-Gobierno (25).

              “El mismo Cardenal Silva señala que cree que la declaración suscita el debate más extenso y, a ratos, acalorado que haya habido hasta ese momento. El general Bonilla, quien ve primero el texto, afirma que es una puñalada por la espalda; la misma impresión tiene el Presidente cuando la conoce el día anterior a su divulgación. Pero aunque le duele profundamente, decide no impedir que la jerarquía católica hable. Por su parte, el Cardenal le ofrece al Presidente hacer una introducción cuando el texto sea presentado, lo que también molesta a muchos obispos. La declaración va acompañada del texto impreso de una discutida homilía que el Cardenal ha pronunciado la anterior Semana Santa, en la que da a conocer sus críticas a los procedimientos de seguridad el Gobierno.

            “Mientras el general Leigh decide hablar duro y  golpeado afirmando que ‘los obispos chilenos podrían ser vehículos transportadores del marxismo internacional’, Pinochet se reserva su molestia…” (26).

El brazo de la CIA

              Es necesario tener en cuenta la influencia que ejerció la CIA norteamericana sobre la DINA. Especialmente en los casos de atentados contra adversarios del Gobierno Militar que tuvieron lugar en el exterior, es impensable que la CIA no estuviera, por lo menos, al tanto, en particular porque el ejecutor, en casi todos los casos, era un norteamericano, Michael Vernon Townley, que habría ofrecido sus servicios a la CIA en 1973, aunque dicha institución dice no haber aceptado la oferta.

              En efecto, en marzo de 1974 el coronel Contreras, en su calidad de Director de la Academia de Guerra, fue invitado a Washington a un seminario de la OEA en la cercana localidad de Airlie. Estaban invitados todos sus similares latinoamericanos. Sugestivamente, el viaje era organizado por el jefe de la delegación de la CIA en Santiago, Ray Warren (27).

             En Washington el coronel Contreras conoció al general Vernon Walters, subdirector de la CIA y que oficiaba de enlace con los servicios secretos de los países extranjeros.

             Walters convidó a Contreras al cuartel general de la CIA en Langley y allí este último le demandó ayuda para organizar la naciente DINA. En un memorándum interno, Walters escribió lo que se le dijo a Contreras:

          “La Agencia no puede proporcionar entrenamiento o apoyo a actividades que pueden calificarse como ‘represión política interna’. En relación con esto, la Agencia ha recibido con mucho agrado la circular del Ministerio de Defensa de 17 de enero de 1974 en la que se dan instrucciones para el tratamiento de los prisioneros, las cuales siguen las normas de la Convención de Ginebra de 1949. Esperamos que su gobierno continúe adhiriéndose a esas normas” (28).

                Esta es una prueba más de que el Gobierno Militar no tenía como “práctica sistemática” el atropello a los derechos humanos, aportada en este caso por un autor de izquierda, Ernesto Ekaizer.

    El general Walters se manifestó siempre como un amigo cercano al coronel Contreras, según revelara este último. Pero a la hora de describir sus numerosas misiones secretas, en su libro Misiones Discretas (29), Walters ni siquiera mencionó a Chile ni a su amigo creador de la DINA. Fue una autobiografía para enaltecerse a sí mismo, un dropping names de gobernantes de las grandes potencias, y en ella no se rebajó a revelar tratos con un país del Tercer Mundo proscrito por la URSS, ni menos a defenderlo.

              Pero uno no puede evitar la sospecha de que dos acciones en que la justicia ha envuelto posteriormente a la DINA, el asesinato del general (r) Carlos Prats y su cónyuge en Buenos Aires en 1974 y el de Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en Washington en 1976, siendo el autor en ambos casos el norteamericano Michael Townley, fueron un tema compartido entre Walters y Contreras.

              De hecho, cuando el Gobierno Militar decidió entregar a Michael Townley a los Estados Unidos, habiendo razones para no hacerlo (Townley estaba procesado judicialmente desde antes de 1973 por la muerte accidental de un guardia en una acción que perseguía eliminar las interferencias que sufría, durante la UP, el canal de la Universidad Católica en Concepción), quedó acreditado que ni el Presidente Pinochet ni la Junta Militar tenían la menor idea de quién era el referido Michael Townley y ni siquiera de que existía.

   Desde luego, sabían menos de su existencia de lo que, de seguro, sabían la CIA y su Subdirector, Vernon Walters. Y, además, el Presidente y la Junta siempre recibieron en 1976, cuando supieron de la existencia de Townley, seguridades del ya entonces general Manuel Contreras de que él no trabajaba para la DINA. Esto lo confirmó el general Odlanier Mena, Director de la CNI desde 1977, en entrevista publicada en El Mercurio (30).

   Aparte de que Pinochet no sabía de él, en el caso particular del atentado a Letelier a mí personalmente me consta que desechaba enérgicamente la participación de cualquier funcionario chileno, pues fue un tema que le planteé cara a cara a Pinochet en Washington, en 1977, con ocasión de la firma del tratado del Canal de Panamá, cuya fecha coincidió con la primera versión de que había funcionarios chilenos involucrados en el crimen, entregada por el columnista Jack Anderson en el Washington Post justamente cuando los jefes de Estado latinoamericanos invitados estaban allá.

    Yo había ido invitado por el Gobierno, como director del  vespertino La Segunda.

    Cuando en la mañana leí la columna de Anderson decidí comentársela al Presidente apenas estuviera con él y, justamente, esa tarde en la embajada nos encontramos y le hice saber el comentario:

    “—Esa es una canallada, no la repita— me dijo con indignación– nadie de mi gobierno tuvo participación en ese atentado.”

    Yo le insistí en que podría haber sido una acción de la DINA de la cual no se le hubiera consultado.

    “-- ¡Yo sé todo lo que hace la DINA! Jamás podría haber permitido un atentado que le ha causado tanto daño a mi gobierno. Lo cometieron justamente cuando estábamos gestionando préstamos esenciales en Washington.”

                Su indignación ante mis observaciones me pareció genuina.

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO II. "1974: El año en que la Junta se dejó estar":

(1) “La Tercera”, 4 de julio de 1999, p. 6.

(2) Cuevas, Gustavo: op. cit., p. 71.

(3) Carabineros de Chile, Dirección General O.S. 3, Circ. N° 1 de 7 de enero de 1974.

4) Carabineros de Chile, Dirección General O.S. 3. “Detenidos: transcribe instrucciones del Ministerio del Interior”, 1° de febrero de 1974.

(5) Carabineros de Chile, O.S. 3: REF: Reclamos de la ciudadanía por trato indebido por parte de personal de Carabineros en el desempeño de su función, 15 de febrero de 1974.

(6) Ibíd.

(7) Huneeus, Carlos: op. cit., p. 376,377.

(8) Whelan, “Desde las Cenizas”, op. cit., p. 664.

(9) Aylwin, Patricio: “El Reencuentro de los Demócratas”, op. cit., p. 59.

(10) Verdugo, Patricia y Orrego, Claudio: “Detenidos Desaparecidos: Una Herida Abierta”, Editorial Aconcagua, Santiago, 1980, p. 139.

(11) Verdugo y Orrego, op. cit., p. 145.

(12) Contreras Sepúlveda, Manuel: “La Verdad Histórica”, dos tomos, Ediciones Encina, Santiago, 2000, t. II, p. 267.

(13) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido”, op. cit., t. II, p.38.

(14) Ibíd., p. 43.

(15) Ibíd., p. 50.

(16) Ossa, Juan Luis: “El Mercurio”, Santiago, 23 de enero de 1972: “Mis Torturas en Manos de la Policía”.

(17) Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación publicado en “La Nación” de Santiago el 5 de marzo de 1991, p. 50-51 y Anexo II.

(18) Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit., p. 151 y 152.

(19) Organización de Estados Americanos: “Comisión Especial de Consulta Sobre Seguridad”, Washington DC, 1974.

(20) “La Segunda”, 13 de julio de 1990, p. 16.

(21) Domic, Juraj: “Política Militar del Partido Comunista de Chile”, Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1988, p.49.

(22) Ejército de Chile: “Presentación ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, op. cit.  t. IV, p.119 a 125.

(23) “La Nación”, Santiago, 28 de agosto de 2006, p. 3.

(24) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”, Aguilar, Buenos Aires, 2003, p. 250 y 251.

(25) Whelan, James: “Desde las Cenizas”, op. cit., p. 724.

(26) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, t. I, p. 115-116.

(27) Ekaizer, Ernesto: “Yo Augusto”, op. cit., p. 224.

(28) Ídem.

(29) Walters, Vernon: “Misiones Discretas”, Planeta, Barcelona, 1981.

(30) “El Mercurio”, Santiago, 2 de abril de 2000.

 (CONTINUARÁ MAÑANA CON LA SEGUNDA PARTE DEL CAPÍTULO II).