HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XVI)

CAPÍTULO XII

1984: Más “juego de piernas” de Pinochet

Problema con el Vaticano

          Lo que menos necesitaba el Gobierno era tener un impasse con el Vaticano, pues el Papa Juan Pablo II no sólo era el mediador en nuestro diferendo con Argentina, sino que tenía una visión política favorable del Gobierno, inspirada por su amigo y compatriota residente en Chile, el padre Bruno Richlovsky, ferviente partidario del régimen.

Pero en enero se asilaron en la Nunciatura Apostólica de Santiago los cuatro miristas inculpados del asesinato a sangre fría del Intendente de Santiago, general Carol Urzúa, y dos escoltas suyos, uno de los cuales, habiendo quedado malherido, había sido rematado en el suelo por una mujer mirista. Detallamos el atentado en el capítulo anterior.

          La Santa Sede otorgó asilo a los cuatro terroristas e hizo la correspondiente petición de salvoconductos al Gobierno, que después de tres meses finalmente los concedió con renuencia. Pudieron así marcharse, sin problemas, a la impunidad, esa generosa patria de la izquierda violenta mundial.

Tratativas políticas

          Las violentas “protestas pacíficas” de que procuraban sacar provecho los políticos opositores todavía no habían quedado atrás. Pero en el extranjero se daban cuenta mejor que en Chile de la inutilidad de tratar de doblegar por la fuerza al gobierno de Pinochet.

En 1983 había habido siete protestas: 23 de marzo, 11 de mayo, 14 de junio, 12 de julio, 11 de agosto, 8 de septiembre y 27 de octubre, la primera organizada por los comunistas y no contabilizada como protesta por los restantes organizadores; las siguientes tres lideradas por el sindicalista democratacristiano del cobre, Rodolfo Seguel; y las últimas tres ya en definitivas manos del Partido Comunista.

          Pero a la autoridad no se le debilitaba la mano, pues en la segunda protesta, cuando paralizaron ilegalmente 800 trabajadores de la cuprífera El Salvador, “fueron despedidos sin pensarlo dos veces” (1).

          El Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia, impulsado bajo el patrocinio de monseñor Fresno, demoraría todavía un año más, hasta 1985, en ver la luz pública. Pero ya en 1984 seguía siendo exageradamente magnificado por la prensa nacional e internacional en relación a su eficacia real para lograr el objetivo que se proponía: reducir el plazo del Gobierno Militar y marginar del poder al general Augusto Pinochet.

Relata el empresario José Zabala de la Fuente, Presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC), haber traducido para el Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno, un artículo de la revista inglesa The Economist, donde se planteaba la idea de que los demócratas chilenos estaban equivocando el camino para enfrentar al Gobierno con la violencia de las protestas y que no estaban dando pruebas de producir una alternativa que pudiese persuadir a Pinochet de abandonar el poder (2).

          Estas iniciativas sin sustancia efectiva (Jaime Guzmán en su momento calificó al Acuerdo Nacional de “gelatina”) son eficaces para conseguir los fines buscados sólo en la medida en que convenzan al adversario, al cual buscan destituir, de que se rinda y se marche.

Al general Ibáñez, gobernante autoritario, en 1931, tras dos muertes en múltiples desórdenes públicos provocados por sus opositores y en medio de una crisis internacional que castigó a Chile como a ningún otro país, se le logró convencer de renunciar y se autoexilió en Buenos Aires.

Pero si no hubieran convencido a Ibáñez de marcharse, nadie lo habría podido obligar a hacerlo, teniendo, como tenía, el apoyo de las Fuerzas Armadas.

          Al Shah de Irán, Mohammed Reza Pahlevi, los norteamericanos (el gobierno de Jimmy Carter) lo convencieron, en 1979, de que a raíz de las protestas organizadas por sus adversarios, debía tener mano blanda y ceder. Lo hizo así y terminó teniendo que dejar el poder. Con eso los norteamericanos le infligieron un daño a Irán y a su propia influencia internacional, hasta hoy. Pues si no hubieran convencido al Shah, que era pro-norteamericano, nadie lo habría podido derrocar.

          En los años ’60, con el respaldo de la CIA, fue asesinado y depuesto el Presidente pro-norteamericano Ngo Din Diem, de Vietnam del Sur, acosado por una invasión comunista desde el norte y los monjes budistas de izquierda del país.

Católico, como Kennedy, sin embargo éste cedió a la conjura budista de izquierda, creyendo que con eso iba a aplacar a los invasores comunistas de Vietnam del Norte, que habían originado el conflicto bélico en el país del sur.

Kennedy creyó así complacer a la opinión pública mundial, pero resultó al contrario y el derrocamiento de Diem fue el primer paso hacia la derrota final norteamericana en esa guerra, en los años ’70.

          Si a un gobierno asentado en la fuerza no lo convencen de marcharse, no lo hará ni nadie lo sacará del poder. Ejemplos sobran: Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Es que el quid de la cuestión es otro: radica en la ya citada respuesta de José Stalin cuando le dijeron que el Vaticano le había hecho una fuerte crítica a su régimen y pedía su término: “¿Cuántas divisiones tiene el Vaticano?”

Hay un pragmatismo básico que ciertos políticos o líderes de opinión ocasionales de occidente suelen olvidar.

          En el caso del Gobierno Militar chileno se pensaba que, dado el número de muertes que generaban las protestas opositoras, derivadas de la violencia extremista y la consiguiente represión; y dado el clima de repudio internacional que la versión propagandística del Departamento de Desinformatsiya del KGB creaba en contra del Presidente Pinochet, éste podía verse obligado a dejar el poder.

Pero, como no lo hizo, lo que terminó no fue su gobierno, sino las protestas opositoras. Y a la larga sucumbió su peor enemiga, la Unión Soviética y fueron lanzados al basurero de la historia su Departamento de Desinformatsiya y el KGB mismo, según palabras de Paul Johnson reiteradamente citadas.

          Cuando al ex Presidente Alessandri se le recordaba en los años ’80 y en plenas “protestas” el precedente de la renuncia de Ibáñez, en 1931, sólo comentaba: “Son muy distintos los hombres y las circunstancias”.

          Además, en el plano interno el Gobierno tenía un buen apoyo en la prensa más importante. Yo tuve personalmente un papel en eso, porque en 1984, siendo Director de El Mercurio Agustín Edwards Eastman, me puso a cargo de redactar el comentario político dominical del diario, La Semana Política. Yo era partidario del régimen y escribía como tal. Por añadidura, Jaime Guzmán, que siempre fue un asesor de la confianza de Pinochet, se encargaba de llamarme muchos días viernes, en que sabía que yo estaba dedicado a La Semana Política, para fortalecer mis convicciones… que coincidían con las suyas y, por lo demás, nunca han necesitado demasiado de ser fortalecidas. Nunca he sufrido de ese “complejo de ser de derecha” que afecta a muchos derechistas y cuyo primer síntoma es el de empezar a encontrarles la razón a los adversarios cuando objetivamente no la tienen.

          Por añadidura, en esos años el apoyo crediticio del Banco del Estado, controlado por el Gobierno, era fundamental para El Mercurio, que venía saliendo de una estrechez económica muy grande, así es que habría sido difícil que los distintos agentes del “vientre blando” del régimen que trabajaban en el diario (derechistas que habían “comprado” las tesis opositoras y el Acuerdo Nacional), hubieran impuesto su línea en él. Algo parecido podía decirse del otro matutino importante, La Tercera.

Reconozco que, tal vez, si no hubiera existido la urgencia crediticia, probablemente Agustín les habría prestado oídos. Años después, ya superada la emergencia, lo hizo.

          A todo esto, un “duro”, el ex diputado y ex decano de Derecho de la Universidad de Chile, muy partidario del Gobierno, Hugo Rosende, había jurado en diciembre de 1983 en el ministerio de Justicia. Era partidario del “inmovilismo”, es decir, de lo que menos necesitaban los impulsores del Acuerdo Nacional. Sostenía que el articulado transitorio de la Constitución –es decir, un estatuto de excepcionalidad con los atributos de un gobierno muy autoritario-- debía mantenerse vigente con la misma fuerza que el permanente.

Le advertía constantemente a Pinochet, ya lo hemos dicho, que si se ablandaba lo “iban a pasear en una jaula por la Alameda”.

Una derecha partidaria firme

          Jaime Guzmán Errázuriz representaba, a su turno, a la derecha más partidaria y más firme del Gobierno Militar. Él no se engañaba con las pretensiones de los opositores ni creía en el talante democrático de los marxistas. Y por eso impulsó la aplicación efectiva del artículo 8° de la Constitución, que decía:

          “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”.

          A continuación la norma añadía que “las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales”. Y encomendaba al Tribunal Constitucional la misión de conocer de las infracciones a ese artículo.

          La primera presentación fundada en el mismo, como más arriba adelantamos, la hicieron en 1984 el mismo Guzmán y, entre otros, los caracterizados partidarios y colaboradores civiles del régimen Eduardo Boetsch, Enrique Campos Menéndez, Carlos Alberto Cruz, Andrés Chadwick, Sergio Fernández, Pablo Longueira y Simón Yévenes, este último un valiente poblador y pequeño empresario que en 1986 sería asesinado en su negocio y frente a su familia por un sicario del FPMR comunista, hoy libre, pensionado e indemnizado por el Estado.

          Jaime Guzmán alegó la causa ante el Tribunal Constitucional y a comienzos de 1985 éste acogió el requerimiento y declaró inconstitucional al Movimiento Democrático Popular, MDP, y los grupos que lo integraban, como el movimiento terrorista MIR, el PS-Almeyda y el Partido Comunista.

          Posteriormente se seguiría la causa contra Clodomiro Almeyda y en octubre de 1987 éste terminaría judicialmente inhabilitado para ocupar cargos públicos por infracción al mismo artículo 8° de la Constitución (3).

Y el “vientre blando” de la Junta…

          Pero también, como antes se ha repetido, la Junta tenía su propio vientre blando. Eran los integrantes de ella que creían preciso ceder.

          El Acuerdo Nacional tenía como máxima figura a monseñor Fresno, un hombre, como se ha dicho antes, de ideas políticas de derecha, pero de no mucho carácter y que había sido “cooptado” y “programado” por los adalides del vientre blando del gobiernismo.

Monseñor se permitió hasta algunos gestos de audacia frente al régimen, como el de sentar, para el Te Deum ceremonial del 18 de septiembre de 1984, a los firmantes del Acuerdo Nacional justo al frente del Presidente de la República y la Primera Dama, elevándolos en la ocasión a un rango institucional del que carecían.

          Dentro de la Junta, el general Fernando Matthei dijo, por su parte, respecto de dicho Acuerdo, que “no lo desestimaría”. Merino, en cambio, lo ridiculizó y comparó al Cardenal con el “Chapulín Colorado”, personaje cómico de la televisión mexicana, muy popular en Chile, que siempre se metía a solucionar problemas ajenos, aunque no se lo hubieran solicitado. El general Rodolfo Stange, de Carabineros, prudente, guardó silencio y no dijo nada. Y el general Benavides, vicecomandante en jefe del Ejército y el otro miembro de la Junta, guardó silencio también, cosa que no podía permitirse. Pues él, por representar a quien representaba (el principal blanco contra el cual estaba dirigido el Acuerdo Nacional) no podía simplemente aparecer menos duro que Merino. Y seguramente eso le costó el cargo, pues pronto renunció discretamente, se acogió a retiro y fue reemplazado por el general Julio Canessa.

Hubo pronunciamientos públicos y favorables al Acuerdo de colegios profesionales y figuras prestigiadas, como algunos ganadores de Premios Nacionales. Pero “¿cuántas divisiones tenían?”.

          Pinochet no decía nada. ¿Cómo se iba a rendir incondicionalmente e irse, que era lo que pedía el Acuerdo? Al final, en 1985, eso bastó para que la defunción oficial del mismo tuviera lugar.

          No obstante, el Presidente ya había hecho importantes concesiones. Desde luego, había designado como ministro del Interior a Sergio Onofre Jarpa en agosto de 1983 y éste había emprendido una serie de reuniones con políticos opositores para llegar a acuerdos, derogando de facto el receso político.

Y el mismo Jarpa había aconsejado introducir modificaciones a la política económica, en la convicción de que eran las exigencias impuestas por el ajuste recesivo lo que provocaba mayor descontento en la población.

          Jarpa, entonces, representaba a un tercer grupo de partidarios del Gobierno, además de la Unión Demócrata Independiente y de los nacionalistas que habían fundado Avanzada Nacional: el de los antiguos dirigentes del Partido Nacional, en particular Francisco Bulnes Sanfuentes, ex senador, ex embajador del Gobierno Militar en Perú cuya misión tuvo un abrupto y desafortunado término cuando el gobierno de ese país lo declaró persona non grata, tras denunciarse una operación de espionaje chilena a la cual era completamente ajeno.

          Si bien a su obligado regreso fue designado miembro del Consejo de Estado y también se desempeñó como asesor de la Cancillería hasta 1982, finalmente se convirtió en “partidario crítico” y definía su posición diciendo: “Cada vez son menos los que se sienten identificados con este gobierno, por la simple razón de que (…) se ha encerrado en sí mismo y el gigantesco movimiento de opinión que antes acompañaba al régimen se va dividiendo y anarquizando” (4).

          En ese temperamento, Bulnes se suma al Movimiento de Unidad Nacional (MUN) que encabezan  Jarpa, el ex senador del Partido Nacional Pedro Ibáñez y el dirigente juvenil Andrés Allamand, y que había sido creado en abril de 1983, como vimos en el capítulo anterior.

De allí surge, en noviembre de 1983, Unión Nacional, postulado como un “nuevo y gran movimiento político unitario, democrático, amplio y renovador” (5).

Todos ellos terminarán en el partido Renovación Nacional, que se formará en 1987 y al cual inicialmente también se incorporará la UDI, bajo el concepto de que los partidarios del Gobierno debían unirse, lo cual a la postre se demostraría imposible.

Pero, pese a que Jarpa es ministro del Interior desde 1983, la nueva Unión Nacional se va alejando del Gobierno en la medida en que cree, según Allamand, que “el verdadero enemigo del Plan Jarpa (es) el propio general Pinochet” (6).

          A su turno, los informes entregados al Presidente no hablan bien de Allamand, al que identifican como eventual creador de un nuevo partido opositor (7).

Desde luego, Unión Nacional se pliega al Acuerdo Nacional, que propende al término anticipado del Gobierno Militar.

          La Alianza Democrática opositora ya había advertido, al comenzar el año, que durante él el país estaría expuesto al “estallido de una revolución popular, porque cuando los medios pacíficos ya no sirven, entran a usarse los medios violentos” (8).

          Durante el año se vería qué entendían los opositores por “medios pacíficos”.

Presiones norteamericanas (III)

          En marzo el embajador norteamericano, James Theberge, comunica a las autoridades chilenas que la Casa Blanca estima que el proceso de apertura política “se ha estancado un poco” y espera que éste se reanude para contar con una “transición auténtica hacia una democracia estable” (9).

          Si no se supiera que Theberge era un embajador “amigo” del Gobierno, sería una insolencia y una intromisión indebida e infundada, porque el régimen tiene en la Constitución trazada una “transición auténtica a una democracia estable”.

          Las violentas protestas del 29 y 30 de octubre de 1984 dan lugar a que el Departamento de Estado exprese que “el diálogo entre el gobierno y la oposición democrática es un paso esencial  para revertir la tendencia hacia la polarización y para desarrollar el consenso interno esencial para la transición hacia la democracia” (10).

          Pero el régimen chileno debe velar, ante todo, por su propia estabilidad y el 6 de noviembre decreta el Estado de Sitio. El Secretario de Estado Schultz entonces declara, durante una Asamblea de la OEA en Brasilia, que la administración Reagan está “muy decepcionada” por las acciones del gobierno chileno.

          Poco después un grupo de congresistas de origen hispano de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos visitan Chile e intentan persuadir al Presidente Pinochet de que formule “un pronto llamado a elecciones”. Pinochet les dice, “esa materia, señores, es asunto nuestro, no de ustedes” (11).

          Y debería haberles agregado que el tema ya estaba resuelto desde 1980 en la Constitución.

          Es abismante la ignorancia norteamericana sobre hechos fundamentales de la situación en los países con los cuales mantienen relaciones y en los que los Estados Unidos intentan conducir o cooptar la situación interna, con lamentable frecuencia en forma perjudicial a los propios intereses de la libertad y la democracia, que supuestamente son los mismos de los norteamericanos.

Un gran esfuerzo social

          La crisis de la deuda generada por la reducción de las tres cuartas partes del flujo de moneda extranjera al país entre 1981 y 1982, y la nueva reducción en 1983, ha golpeado con más fuerza a los deudores en dólares, pero también a los pobres, porque el desempleo ha llegado en 1982 y 1983 a niveles sin precedentes. Por eso en mayo de 1984 Pinochet ha informado sobre el trabajo realizado para paliar la cesantía y señala que entre el trimestre mayo-junio de 1983 y el trimestre diciembre-febrero de 1984 se han creado 190 mil empleos productivos, sin considerar los programas de empleo mínimo (PEM) y para jefes de hogar (POJH), que han beneficiado a más de 65 mil personas en el mismo período (12).

          Señala que hay 600 mil desempleados que no pueden esperar y anuncia una campaña de solidaridad para el trabajo, junto con llamar a los trabajadores a no presionar por incrementos en las remuneraciones que sólo agravan la cesantía (13).

Los comunistas en la lucha armada

          En su Congreso Nacional clandestino de noviembre de 1984 el Partido Comunista ratifica la decisión de avanzar en la lucha armada. Esta acción había sido declarada en 1983 y el Comité Central contemplaba su ejecución para 1985, cuando ya estimaban que tendría lugar una “insurrección generalizada” o rebelión popular a la cual se incorporarían los que llamaban “partidos burgueses”.

          Estas decisiones comunistas tuvieron consecuencias institucionales importantes, porque los sectores de opinión que habían apoyado al Gobierno Militar iban siendo víctimas del temor suscitado por la violencia extremista y proyectaban lo que podría suceder si ésta triunfara: las víctimas propiciatorias serían los civiles que hubieran apoyado al régimen militar. Y éstos lo temían así.

          Recuerdo en esos años las reuniones del grupo fundador de las revistas Portada y Qué Pasa, las cuales habíamos seguido manteniendo desde 1970, donde uno de los circunstantes cuya opinión era más respetada juzgó del caso advertirnos que, si tenía lugar un cambio de régimen, “nos iban a colgar a todos de los faroles”, por haber adherido al Gobierno Militar.

          En el fondo, el temor –un sentimiento muy arraigado en la derecha política de todas las latitudes— era el que conducía a buscar acuerdos de “aterrizaje suave”, para emplear los términos de un ex senador del Partido Nacional, utilizados en un almuerzo al que asistí el año anterior en el diario El Mercurio y referido en el capítulo precedente.

          El Acuerdo Nacional, surgido a raíz de las conmociones internas provocadas por el terrorismo de extrema izquierda que se amparaba bajo el paraguas de las protestas pacíficas, no fue otra cosa que la exteriorización de los temores de los sectores civiles moderados de terminar siendo ellos las víctimas en caso de un abandono del poder por parte de los militares. Si ellos se hacían parte de la tarea de convencerlos de abandonar el poder, quienes lo tomaran a continuación “les perdonarían” el haber llamado a los militares en 1973 y haber sido partidarios de su gobierno.

          El terrorismo comunista, planificado años antes en Moscú por Volodia Teitelboim, Gladys Marín y Orlando Millas, como varias veces hemos documentado antes, se traducía en realidades penosas acá. Esos jóvenes fueron entrenados para matar chilenos y lo consiguieron. Pero no pocos de ellos perdieron la vida en el intento.

Resultados de la agresión comunista

He aquí en Wikipedia, la Enciclopedia de Internet, bajo el título de “El Gobierno Militar de Chile 1973-1990”, lo que lo comunistas lograron en 1984:

          “El 31 de marzo un bus policial en Santiago fue destruido por una bomba, matando a un carabinero e hiriendo a once.

          “El 29 de abril la guerrilla del MIR hizo explotar once bombas, descarrilando el Metro e hiriendo a veintidós pasajeros, incluidos siete niños.

          “El 5 de septiembre la guerrilla disparó y mató al teniente Julio Gómez Rayo en Copiapó.

          “El 2 de noviembre un bus de carabineros fue atacado con granadas durante la Vuelta Ciclística de Chile y cuatro carabineros murieron.

          “El 4 de noviembre cinco guerrilleros en una van lanzaron bombas y disparos de armas automáticas a una comisaría suburbana, matando a dos carabineros e hiriendo a tres. Un mes más tarde otro carabinero fue muerto en un ataque similar” (14).

          Desde comienzos del año los comunistas anunciaban: “‘El año 1984 se perfila como el año de grandes movilizaciones de todo el pueblo (…) El paro nacional de actividades surge de todas partes como una exigencia impostergable (…) No debe quedar ningún rincón del país sin que la población se organice en cabildos (…) que cohesionen al pueblo y lo proyecten como una fuerza incontenible.’ No demoraron los democratacristianos en seguir los pasos de los comunistas y la Alianza Democrática acordó desde mediados de enero la realización de ‘cabildos abiertos’” (15).

          Después de provocar desórdenes durante una visita del Presidente Pinochet a Punta Arenas, se desató una escalada de atentados explosivos en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Concepción y Talcahuano, simultáneamente.

          Se estaba preparando una protesta pacífica para el 27 de marzo, previa a lo que debería ser un paro nacional revolucionario. Ya el 8 de marzo Radio Moscú anunciaba que se había creado un “Comité Conjunto” de la Alianza Democrática con el  marxista Movimiento Democrático Popular (MDP) de comunistas, socialistas y miristas.

          El ex canciller DC Gabriel Valdés decía: “En los actos de movilización social no vemos inconvenientes en buscar acuerdos”. Confesión paladina de que sin violencia no conseguiría nada. Al final resultó que con violencia tampoco.

          El Partido Comunista hizo circular un Manifiesto a las Fuerzas Armadas, llamándolas a la “patriótica tarea de poner fin a la dictadura”.

          Ya una horda de 200 corresponsales extranjeros se había dejado caer sobre Santiago a la expectativa de la sangrienta revuelta que iba a desatar el Partido Comunista en la protesta pacífica del 27 de marzo.

          Finalmente, fue menos violenta que las anteriores. Resultaron 24 carabineros heridos, hubo apagones y saqueos, cinco muertos en diversos episodios (otras fuentes hablaron de diez)  y Volodia Teitelboim se vanaglorió de que se hubieran empleado “las más diversas formas de lucha” (16).

          El 29 de marzo se perpetró un ataque armado contra una subcomisaría de Carabineros, con un subversivo muerto y tres policías heridos. El 30 una bomba asesina a un carabinero y deja heridos a otros once y a tres civiles. El 12 de abril es asesinado un sargento de Ejército y hubo atentados con explosivos casi todos los días hasta el fin del mes (17).

          Desde Moscú los dirigentes comunistas chilenos se vanagloriaban de que en cinco meses de 1984 habían consumado 238 atentados, contra 200 en todo el año anterior. ¡Qué notable avance! Debe ser lo que llaman “progresismo” (18).

          Y así llegó la protesta del 11 de mayo, pero la huelga nacional no se produjo. Con un solo muerto, la protesta fue considerada “un fracaso”. El presidente subrogante de la CUT, el DC Ruiz di Giorgio, manifestó: “Con esta jornada se cierra un ciclo exitoso de las protestas convocadas por el Comando. Ahora debe ser el conjunto de la oposición política el que diseñe nuevas acciones de movilización social”.

          En medio de los atentados, explosiones, saqueos, apagones y ataques subversivos, un genial Andrés Zaldívar declaraba: “El problema central de Chile no es el comunismo”, justo cuando la realidad de los hechos señalaba que era el peor (19).

La “Jornada por la Vida” del Cardenal

          El 9 de agosto de 1984 el Cardenal convocó a una jornada etiquetada “Chile Defiende la Vida”. En la conferencia de prensa habló el Vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez, que posteriormente colgaría los hábitos y se incorporaría el marxismo español (20).

          La jornada debía realizarse el 9 de agosto y, como ya era habitual, en los días previos fueron perpetrados varios atentados terroristas y Radio Moscú “informaba con satisfacción que tan solo en dos días, el 6 y el 7 de agosto, habían estallado más de treinta bombas en ocho ciudades del país”.

          El día fijado se realizó la manifestación con una escenografía encomendada por la Iglesia al integrante de la brigada comunista Ramona Parra, Patricio Madera.

          Resultado: en Santiago y varias ciudades se produjeron incidentes de diversa gravedad, estallaron bombas, se levantaron barricadas y hubo ataques masivos a Carabineros en Valparaíso. Esta jornada religiosa “por la vida” terminó con un muerto, diez heridos y varios carabineros lesionados (21).

Cuatro protestas “pacíficas” y 24 muertes

          En esta estrategia comunista de rebelión popular se insertaron, a lo largo de 1984, otras cuatro protestas. Pues la verdad era que las concesiones otorgadas por Jarpa lo único que habían conseguido había sido radicalizar a los opositores.

          Pero había una paradoja: en el plano interno, las protestas no perjudicaban al Gobierno, porque éste representaba la autoridad y quienes protestaban personificaban los desórdenes, barricadas incendiarias, cortes de luz, amenazas para trasladarse e inseguridad en muchos barrios y poblaciones, todo lo cual perturbaba a la mayoría ciudadana.

Pero en el plano internacional la inevitable represión, exagerada propagandísticamente por una prensa dominada por la izquierda, acrecentaba el repudio al Gobierno Militar y el temor de los gobiernos occidentales, comenzando por la propia administración Reagan, de aparecer en alguna forma apoyando a la Junta. Recordemos que desde el primer día de constituirse ésta, el KGB se había preocupado de hacer campaña mundial contra ella. Y recordemos que siempre entre los primeros en caer en las redes propagandísticas del KGB estuvieron los norteamericanos.

          La ironía histórica consistió en que el régimen del cual formaba parte el KGB llegó a su término un año antes que el Gobierno Militar chileno, y que éste lo hizo a su debido tiempo institucional previamente planificado, mientras aquél fue expulsado del poder por un golpe de estado como el que, precisamente, el comunismo internacional había estado propiciando en Chile por dieciséis años.

          Pero la tesis comunista de la rebelión popular hallaba aliados impensados: hasta el propio líder opositor moderado, Andrés Zaldívar (DC), que había logrado retornar al país de su exilio gracias a las concesiones impulsadas por Jarpa, hablaba, como una aspiración, la de generar “ingobernabilidad”. ¡Qué hermoso y constructivo papel para un político!

          En las protestas de 1984 murió también un teniente de Ejército, lo que confirmaba que no se estaba enfrentando a meros civiles desarmados.

          Pero todas las víctimas derivadas de los desórdenes opositores eran cargadas a la cuenta del Gobierno Militar. Hasta el padre André Jarlan, un sacerdote francés que hacía su labor apostólica en la población La Victoria, y que había resuelto marginarse de la protesta de septiembre de 1984, encerrándose a hacer su lectura bíblica en el segundo piso de la casa parroquial, murió por una bala perdida, un disparo al aire de un carabinero que se sintió amenazado por los extremistas, con tan mala suerte que el proyectil dio en la rama de un árbol, luego en una pared y finalmente entró por la ventana de la pieza en que estaba sentado el sacerdote, dándole en la cabeza y causándole la muerte mientras leía “El Libro de los Salmos” (22).

          Quedó clasificado como “crimen de la dictadura”.

Elecciones sindicales en el cobre

          La Confederación de Trabajadores del Cobre realiza elecciones sindicales y triunfan dirigentes pertenecientes a partidos declarados en “receso político”, la DC, el PC y el PS. En la principal empresa estatal, Codelco, manejada por el Gobierno, se encuentra, sin embargo, el principal foco de oposición política al mismo Gobierno y el máximo dirigente sindical, Rodolfo Seguel, ha ganado renombre nacional e internacional precisamente por eso.

          Y así, pese a la ninguna vinculación de Punta Arenas, en el extremo austral, con la minería del cobre, es Seguel, dirigente de los trabajadores de ésta, quien encabeza allá una manifestación pública de protesta contra el Gobierno, un evento todavía sin precedentes en la zona tras la Revolución Militar. Anuncia Seguel  que el Comando presidido por él “va a impulsar una campaña muy grande a través de todo Chile, para que esto que se hizo en Punta Arenas se repita en todo el país” (23).

          Así, a partir de fines de marzo se reanudaron las fogatas callejeras, las barricadas y los atentados explosivos. La que tiene lugar ese mes provoca seis muertos y más de 30 heridos. Hay 200 detenidos (24).

          En el hecho, lo que cada vez se plantea como una “movilización” deriva en paralización de actividades, porque el comercio, las oficinas y las industrias temen por la integridad de su personal y de sus establecimientos y cierran para evitarse problemas, sobre todo porque la locomoción colectiva, cuyos empresarios también temen los daños de la violencia, se retira temprano de las calles.

Síntesis de la violencia extremista

          Como en la “historia oficial” que se ha impuesto en Chile sobre el período 1973-1990 se ha hecho desaparecer el desafío armado extremista, voy a dejar con la palabra para describir la violencia opositora a un crítico del régimen militar en materia de derechos humanos, su ex ministro de Educación, Gonzalo Vial, convertido en verdadero fiscal condenatorio del gobierno del cual formó parte, en su calidad de integrante de la sesgada Comisión Rettig, en 1990-91.

Pues el Presidente Aylwin había buscado “equilibrar” la Comisión Rettig con algún prohombre de derecha que hubiera sido partidario del Gobierno Militar. Le ofreció el cargo al ex senador del Partido Nacional, Francisco Bulnes Sanfuentes, quien sabiendo el real propósito de Aylwin, lo rechazó. En seguida, se lo ofreció al distinguido abogado Ricardo Rivadeneira, ex presidente de Renovación Nacional, un partido afín al Gobierno Militar. Éste también sabía lo mismo y lo rechazó. La tercera opción fue Gonzalo Vial Correa, ex ministro de Educación de Pinochet, despedido por éste en 1979 sin expresión de causa. Éste aceptó. Otro integrante de la Comisión Rettig me ha comentado, en conversación privada, y por eso no doy su nombre, que Vial, dentro de aquella, era el más duro con el régimen del cual había formado parte. Pues bien, este severo crítico describe así la acción extremista en el período que estamos viendo:    

          “Todo el año 83 y el 84 se suceden, mientras tanto, estallidos de poderosas bombas en las calles, edificios públicos y privados, restoranes, municipios y sedes vecinales, torres y postes eléctricos, oleoductos, casetas telefónicas, garitas de microbuses y taxis, etc. Casi siempre estas explosiones causan víctimas, a veces numerosas, v. gr. en la Bolsa de Comercio de Santiago (veintiún heridos, seis de ellos graves) e Intendencia de Rancagua (doce heridos graves). Son asaltados o atacados con bombas molotov o armas de fuego, vehículos de la locomoción colectiva y hasta un tren, el expreso Santiago-Linares: el FPMR asesina a su maquinista y desvalija a los pasajeros. Ocho son los muertos por el terrorismo durante el presente período” (25).

          Recuérdese, para juzgar la gravedad del desafío terrorista, que en todo 1978 hubo nueve muertos en el país y en 1982 sólo ocho derivados de la confrontación subversivos-policía (26). Ahora, en 1984, son ocho en pocos meses y todos víctimas del terrorismo comunista.

          Y, finalmente, todos los terroristas autores de esos hechos de sangre fueron indultados por el gobierno de Patricio Aylwin, en 1991, por contraste con los agentes del orden encargados de enfrentarlos, muchos de los cuales cumplen presidio o son procesados ilegalmente hasta hoy, 2018.

Legislación antiterrorista

          Al comenzar 1984 el Presidente había enviado a la Junta un proyecto de Ley Antiterrorista, elaborado por los ministerios del Interior y Justicia, destacando en el mensaje “la importancia que tiene la existencia de una ley en la que, en forma orgánica, se trata el terrorismo; la aparición en nuestro país de actividades terroristas de graves consecuencias para la población, y que han costado además la vida de servidores públicos.”

          El Presidente advierte que la sola dictación de leyes no sirve para derrotar al terrorismo, pero que es “indispensable  un conjunto de herramientas legales que permitan ágiles y adecuadas sanciones, organismos altamente especializados y eficientes, todo ello dentro de un marco de justicia y conforme a las normas propias de un Estado de Derecho”. Resalta que el proyecto se inspira en recientes instrumentos legales de España, Italia, Alemania y Perú.

          El proyecto califica como conductas terroristas, en general, las que tienen “por objeto crear pánico o temor en la población con la finalidad ulterior de procurar la obtención de fines subversivos o revolucionarios”.

          Las penas que contempla van de presidio mayor en su grado mínimo a muerte y radica en los Tribunales Militares las causas por delitos terroristas.

          La prensa reconoce que se ha acelerado la tramitación de la iniciativa a raíz de los múltiples atentados que han costado la vida “a varios carabineros y provocado ingentes daños materiales” (27).

          Finalmente, el 16 de mayo de 1984 se promulga dicha Ley Antiterrorista. Hay concomitancia entre la decisión comunista nacional e internacional (URSS y Cuba) de promover la revolución armada en Chile y el fortalecimiento de la legalidad para enfrentarla.

Las penúltimas protestas

          Pero fue sólo en 1984 que los opositores se convencieron de que las protestas pacíficas, que no eran pacíficas, no servían para terminar con el régimen. Los opositores querían “sacar las castañas con la mano del gato”, que era el FPMR, pues pensaban que un estado insurreccional generalizado iba a redundar en la renuncia del Presidente y la Junta y en elecciones anticipadas que iban a ganar ellos.

Pero los comunistas pensaban que el estado insurreccional les iba a dar a ellos el poder para instalar su “dictadura del proletariado.”

          Las cuatro protestas de 1984, de un total de once: el 26 y 27 de marzo, seis muertos; el 4 y 5 de septiembre, nueve muertos, entre ellos un teniente de Ejército; el 27 de octubre, sólo heridos; y el 30 de octubre, nueve muertos, fueron las penúltimas y no terminaron con el régimen, sino con la disposición de éste a hacer concesiones, pues el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, renunció dando como pretexto la visita ad limina de los obispos chilenos a Roma para entrevistarse con el Papa, ocasión en la cual se reunieron con el exiliado de la línea dura socialista, el ex canciller de Allende, Clodomiro Almeyda, y el ex parlamentario comunista y promotor del FPMR con jóvenes chilenos entrenados en Cuba, Volodia Teitelboim.

          A Jarpa, por añadidura, y siguiendo la “ley del péndulo”, lo iba a suceder el “inmovilista” Hugo Rosende en Interior, pero éste a última hora desistió.

          También renunció Hugo Gálvez al ministerio del Trabajo, un hombre de la línea de Jarpa y que se proponía una “apertura social” paralela a la “apertura política” en Interior. Fue reemplazado por Alfonso Márquez de la Plata, que abandonaba la Secretaría General de Gobierno para entregarla a un “duro” de la nueva generación: el joven abogado Francisco Javier Cuadra, que se ganaría un sorprendente grado de confianza con Pinochet y consideraba la apertura de Jarpa como “un desastre total”. Era partidario de la prolongación del régimen más allá de 1989. Y tenía la habilidad de convencer a Pinochet de que eso se podía conseguir.

          Paradójicamente, la renuncia de Jarpa no pudo hacerse efectiva debido al arrepentimiento de Rosende, tras haber éste inicialmente aceptado el ministerio del Interior. Así es que vinieron unos meses de convivencia difícil de aquél con Francisco Javier Cuadra, que había jurado como ministro Secretario General de Gobierno el 6 de noviembre, recomendado al Presidente por Sergio Rillon. Jarpa y Cuadra postulaban estrategias políticas incompatibles entre sí (28).

De hecho, Cuadra pasó por sobre Jarpa, con el beneplácito de Pinochet, y al día siguiente de jurar él se decretó el Estado de Sitio y el toque de queda en Santiago, fueron suspendidas todas las revistas opositoras (que eran mayoría frente a las gobiernistas), salvo la DC Hoy, que quedó con censura previa; y fue cancelada la visa del jesuita español Ignacio Gutiérrez, Vicario de la Solidaridad, quien se hallaba  fuera del país y por eso no pudo regresar. Gutiérrez se aprestaba a recibir en Viena una condecoración de manos del premier socialista austríaco Bruno Kreisky, que ya había probado su animadversión contra la Junta en los primeros años de ésta (ver capítulo I).

Monseñor Fresno emitió una declaración de protesta por la prohibición de reingreso y el Gobierno impidió que ella se publicara. Es que eran nuevos tiempos. Lo peor era que todo esto sucedía cuando recién Jarpa se había vuelto a abuenar con los obispos después del viaje ad límina  de éstos a Roma en que se reunieron con los jefes comunistas. Como era de esperar, hubo un violento choque verbal Jarpa-Cuadra, pero al final prevaleció este último (29).

          ¡Qué lejanos parecían los tiempos de 1975, cuando un Comité Permanente del Episcopado había declarado!:      

“Nosotros reconocemos el servicio prestado al país por las Fuerzas Armadas, al liberarlo de un dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible. Dictadura que sería impuesta en contra de la mayoría del país y que luego aplastaría a esa mayoría. Por desgracia muchos otros hechos que los propios partidarios del pasado gobierno hoy critican y lamentan, crearon en el país un clima de sectarismo, de odio, de violencia, de inoperancia y de injusticia, que llevaba a Chile a una guerra civil o a una solución de fuerza. Lo ocurrido en tantos otros países del mundo en que minorías marxistas han impuesto o han tratado de imponer su dictadura contra la inmensa mayoría de sus habitantes, y no pocas veces con ayuda extranjera, era una clara advertencia de lo que podía suceder en Chile. Que estos temores no eran cosa del pasado lo demuestran, entre otros, la actual situación en Portugal o lo que se puede sospechar ocurre en Vietnam del Sur o en Cambodia. Es evidente que la inmensa mayoría del pueblo chileno no deseaba ni desea seguir el destino de aquellos países que están sometidos a gobiernos marxistas totalitarios. En ese sentido, creemos justo reconocer que las fuerzas armadas interpretaron el 11 de septiembre de 1973 un anhelo mayoritario, y al hacerlo apartaron un obstáculo inmenso para la paz” (30).

          En diez años el martilleo de la propaganda izquierdista también había surtido su efecto en la Iglesia chilena… como en un número significativo de otros habitantes del país y en la opinión pública internacional.

Agotamiento de la vía violenta

          Un seminario opositor realizado en julio de 1984 en el Hotel Tupahue de Santiago, dio la señal inicial de que la vía armada comunista se había agotado. Organizado por el Centro de Estudios Humanísticos, entidad dirigida por Francisco Cumplido, jurista democratacristiano, y cuyo coordinador académico era Gutenberg Martínez, propuso debatir “un sistema jurídico-político institucional para Chile”, tema aparentemente redundante, porque la Constitución de 1980 ya establecía tal sistema y estaba en vigor.

          Justamente el país se hallaba en transición a la democracia integral, única “transición” que ha habido después de 1973, sin perjuicio de que muchos sigan llamando tal al período posterior a 1990, en que Chile no transitó hacia nada distinto, como no fuera a sucesivas reformas constitucionales perfectamente normales y ajustadas a la Constitución vigente.

          En ese seminario expusieron Alejandro Silva Bascuñán, jurista DC destacado por haber acreditado la legitimidad del Gobierno Militar desde sus inicios, pero que, como buen DC, en 1980 ya había evolucionado hacia un sol que calentara más; Carlos Briones, moderado ex ministro de Allende; Manuel Sanhueza, jurista radical de Concepción; Francisco Bulnes, ex senador nacional y ex embajador de la Junta en Perú; Enrique Silva Cimma, radical de izquierda y ex Contralor; Sergio Diez, ex senador Nacional; y Patricio Aylwin, ex senador y ex presidente de la DC.

Comentaron José Piñera, Edgardo Boeninger, Jorge Precht, Ignacio Balbontín y Hernán Vodanovic. Julio Canessa y Francisco Balart en su libro describieron la situación así:

          “La exposición final estaba a cargo de Patricio Aylwin, quien ocupaba la vicepresidencia de su partido como representante de la tendencia de los ‘guatones’, en una mesa presidida por Gabriel Valdés, líder del ala más rebelde, la de los ‘chascones’ (…) Ni sus ideas ni su persona tenían en aquel momento mucha audiencia en el partido. Cumplido y Martínez organizaron este seminario, entre otras cosas, para darle una plataforma en que expresar sus ideas respecto a la transición. En la tarde del día 28, Aylwin interpeló dramáticamente a los dirigentes de un país ‘con el alma trizada’. ‘Vamos camino --decía— de convertirnos en una Torre de Babel en la que cada cual habla su lenguaje, sin importarle ni entender lo que otros dicen’. En esas circunstancias, sólo había dos salidas, según el ex senador DC: o la guerra civil o la solución pacífica, por la vía jurídico-política. ‘Salida jurídico-política será en esta situación –afirmaba don Patricio--  la que logre superar las divisiones sobre la base de descubrir y reforzar lo que nos une y sacrificar lo que nos separa. Se trata de ser capaces, con realismo, audacia, imaginación y coraje, mediante entendimientos políticos y fórmulas jurídicas, de provocar lo que Ortega y Gasset llama la unidad de los contrarios.’ A esta altura de su exposición Aylwin introducía su idea más polémica. Explicaba: ‘Puestos a la tarea de buscar una solución, lo primero es dejar de lado la famosa disputa sobre la legitimidad del régimen y su Constitución. Personalmente –decía— yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero así como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo. Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su Constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima. La única ventaja que él tiene sobre mí a este respecto, es que su Constitución –me guste o no— está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Sólo hay una manera: el eludir deliberadamente el tema de la legitimidad.’

          “El silencio compacto de la asamblea se podía cortar con un cuchillo. No era para menos. La tesis propuesta aquel día por Patricio Aylwin introducía un quiebre conceptual que modificaba toda la perspectiva y el modus operandi de la transición chilena. La redefinía. Pretendía el cambio de régimen, pero aceptando una cierta continuidad de la realidad política oficial” (31).

La gente pide “mano dura”

          Pinochet se desplaza por el país constantemente y la gente, que sufre los efectos del terrorismo extremista, le pide “mano dura”.

Hay un rebrote subversivo, explicado por la llegada de los guerrilleros comunistas entrenados en Cuba. En marzo el Director de Investigaciones, general (r) Fernando Paredes, expresa: “Es muy claro y está representado por la forma en que están sucediendo los hechos; un día es un corte de luz, atentados en las torres de alta tensión, el día siguiente es una agresión a personas, después un asalto, más tarde una acción contra una unidad de Carabineros, este conjunto de hechos constituye el Plan Comunista” (32).

          En resumen, en el “año de la apertura” se ha pasado de 173 a casi 1.700 atentados con bombas. Cuando son asesinados seis carabineros, Pinochet anuncia la aplicación del Estado de Sitio y da por terminado el diálogo. Jarpa presenta su renuncia, aunque no es indeclinable. Fue lo que logró el plan comunista (33).

          El Estado de Sitio se implantó por seis meses el 6 de noviembre de 1984 y el Partido Comunista le aportó al Ejecutivo muy buenos argumentos para hacerlo. Su brazo armado publicó su “proyecto político”:

          “El FPMR ha concluido que a este régimen sólo se le enfrenta eficientemente y se le derrota  haciendo uso de todas las formas de lucha, incluida la armada; para ello, precisamente, se ha constituido nuestro Frente: para conducir militarmente al pueblo en su lucha hasta la victoria final” (34).

          Al final, no hubo paro nacional, pues en la fecha anunciada lo único que se advirtió fue una intensificación de los atentados terroristas, pero aparte de eso el país funcionó normalmente y lo que la gente le pedía a Pinochet en sus desplazamientos por el país no era que se fuera, sino que pusiera “mano dura”.

          “El rotundo fracaso del paro nacional del 30 de octubre de 1984, realizado con ‘todos los medios de lucha’ y que se proyectaba como altamente decisivo, llevó a los comunistas a intensificar agudamente sus actividades terroristas. Frustrados y furiosos, los comandos armados del PC atacaban ya el 2 de noviembre un bus policial en Valparaíso, asesinando a cuatro carabineros y dejando a doce heridos. Al día subsiguiente asesinaron a otros dos policías en un asalto a un recinto de Carabineros en La Cisterna” (35).

          En síntesis, en la protesta del 11 de octubre las masas no aparecieron por ninguna parte. El paro nacional indefinido del 31 de octubre no fue nacional ni indefinido, sino que se tradujo en una serie de atentados. Y la última protesta nacional del año, fijada para el 12 de diciembre, sólo hizo noticia porque el FPMR hizo estallar una bomba en la “rueda” de la Bolsa de Comercio de Santiago al mediodía, provocando más de 20 heridos, seis de ellos graves, bomba a la cual había precedido, el 6 de diciembre, una declaración del Obispo José Manuel Santos, de Concepción, donde revelaba que el país estaba “al borde de un estallido social” (36).

Notable poder predictivo del prelado, porque hubo “estallido”, evidentemente, y fue “social”, porque en la Bolsa, a mediodía, había conspicuos representantes de la sociedad santiaguina que resultaron gravemente heridos.

Y así se llegó al final del Año de la Huelga Nacional sin ninguna huelga nacional.

Golpe de timón económico

          El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, propiciaba un Programa Económico de Emergencia con duras medidas para terminar de superar la crisis y permitir una buena negociación de la deuda externa, tanto pública como privada, de la cual había decidido –o, mejor dicho, había debido-- hacerse cargo el Gobierno, como precio para conseguir mayor auxilio crediticio.

          Pero el exigente programa de Cáceres recibió un golpe mortal del propio Pinochet, cuando el 2 de abril de 1984 fue reemplazado en el gabinete por Luis Escobar Cerda, un economista próximo al Partido Radical y crítico de las políticas ortodoxas. Pero representaba lo que el ministro del Interior, Jarpa, intuía como la receta “realista y pragmática” para dejar atrás la crisis.

Era pues, indudablemente, un nombramiento que venía patrocinado por Jarpa, antes de perder su influencia en el Gobierno y cuando todavía imponía no sólo nuevos términos políticos, sino que también nuevas ideas económico-sociales. Nuevas recetas para salir de la crisis. Desde el punto de vista económico, era como volver atrás cuarenta años. En la columna que yo mantenía en El Mercurio manifesté “no entender nada de nada”, tras la renuncia solicitada a Carlos Cáceres. Fui incluido en declaraciones públicas entre “las viudas de Carlos Cáceres” por un dirigente gremial simpatizante del Partido Radical, Domingo Durán, que apoyaba a Escobar Cerda.

          En resumidas cuentas, la remoción de Cáceres fue considerada por muchos como un renunciamiento del Gobierno a continuar aplicando el modelo económico-social que había hecho posible el internacionalmente comentado, si bien ahora en crisis, milagro chileno.

          Junto con la renuncia de Cáceres se produce la llegada al ministerio de Economía del ingeniero Modesto Collados Núñez, de pasado próximo a la Democracia Cristiana, pero independiente. Collados chocará meses después con Escobar porque intentará revindicar las atribuciones de su ministerio cuando el titular de Hacienda devalúe unilateralmente y se genere una alta inflación en septiembre de 1984. Todo eso debilitará al titular de Hacienda y llevará a que sus días queden contados.

          En Vivienda es designado el abogado Miguel Ángel Poduje, que con el tiempo se convertirá en el más popular de los miembros del Gabinete, administrando con habilidad y eficiencia la política de subsidios habitacionales, que hará muchos nuevos propietarios.

          El “ablandamiento” del régimen en lo económico había tenido su correlato político y ya, un mes antes de pedir la renuncia a Cáceres, el propio Pinochet, sorprendentemente, pero sólo de palabra, había abierto la puerta a una derogación parcial del itinerario contemplado en el articulado transitorio de la Constitución, al admitir la posibilidad de que hubiera un Parlamento elegido en 1987, dos años antes de las fechas contempladas en la Carta (37).

          Pero a la Junta no le gustó la idea de su defunción anticipada, ante lo cual se produjo la queja de Pinochet: “Yo siempre tengo que asumir las responsabilidades de todo lo que ocurre y enfrentar las críticas negativas dentro y fuera de Chile. Ustedes, en cambio, no ponen la cara, y cuando propongo algún avance institucional, no cooperan” (38).

          Claro, cuando los adversarios proponían reemplazarlo a él, la Junta se mostraba tibia. Cuando él proponía reemplazar a la Junta, ésta perdía inmediatamente su tibieza y entraba en calor.

          Pero Merino se mostró categórico: “O nos vamos todos o no se va nadie”.

          En realidad, tanta transigencia no se justificaba. El propio Patricio Aylwin había dicho en el mismo 1984: “Estoy dispuesto a aceptar la institucionalidad vigente para cambiarla”. ¿Para qué iba a cambiarla el Gobierno, si sus adversarios la aceptaban? Con eso era Aylwin quien le ponía la lápida al Acuerdo Nacional.

Jarpa y Escobar

          La dupla formada por Jarpa y el nuevo ministro de Hacienda que sucedió a Carlos Cáceres, Luis Escobar Cerda, venía de vertientes políticas muy distintas: Jarpa del nacionalismo y Escobar del radicalismo, corrientes de opinión que en un momento dado (Presidencia de Ibáñez 1952-1958) fueron adversarias irreconciliables. Pero en 1984 confluyeron.

          Jarpa (como recordé antes, se lo oí decir en un almuerzo en El Mercurio apenas asumió) se había tornado muy crítico del modelo económico y partidario de otro “como el de los gobiernos radicales de los años ‘40”. Lo dijo así y con esas palabras. Al parecer, convenció a Pinochet de eso… hasta el grado en que Pinochet podía ser convencido de algo. Bueno, pero en este caso, de hecho, nombró al radical en Hacienda.

          Luis Escobar era, sí, radical, pero de derecha. Había sido ministro de Economía de Jorge Alessandri en 1963-64, cuando éste ya había abandonado la esperanza de hacer un buen gobierno de derecha y había renunciado a su propio modelo de libre mercado y tipo de cambio fijo, resignado a hacer sólo “un gobierno posible”, porque en la elección parlamentaria de 1961 los partidos que lo apoyaban, en Liberal y el Conservador, habían perdido fuerza en el Congreso y ni siquiera le garantizaban ya el tercio de los votos parlamentarios requeridos para impedir que la demagogia se impusiera y arrasara con toda perspectiva de prudencia económico-social. Entonces, para mantener ese tercio en el Congreso necesitó del apoyo de los radicales y los llevó al Gobierno. Y ahí entró al gabinete de Alessandri Luis Escobar Cerda.

          Éste, en 1984, hizo concesiones económicas típicamente radicales. Dictó el decreto 618 que estableció sobretasas arancelarias para 234 productos, es decir, los puso a cubierto de la competencia externa. No derogó el arancel bajo y parejo, pero lo alzó y diferenció de hecho. De paso, ambos, Jarpa y Escobar, se dedicaron a sacar a gremialistas de Guzmán y a Chicago Boys de numerosos cargos de Gobierno. Escribió Sergio Fernández en sus memorias: “Es un economista de otra época, de otra escuela, pero que con sus giros respecto de la ortodoxia demuestra que no hay soluciones fáciles e indoloras” (39).

          Yo escribí en mi columna de El Mercurio del 25 de julio de 1984 lo siguiente, respecto al alivio que recibían, a raíz del abandono de la ortodoxia, tantos sectores internos en dificultades: “Bien. Parece que no queda entonces sino felicitarse de que tantos y tan buenos camaradas textiles, del calzado, metalúrgicos, electrónicos, papeleros, galleteros, chocolateros, viñateros, pisqueros, licoristas y otros más cuyos nombres no quiero olvidar y pueden ser encontrados en el decreto 618, hayan pasado a mejor vida, junto con el arancel bajo y parejo. En este momento de justificada euforia por su triunfo, quiero manifestarles que si no contribuí antes a él en forma alguna, pueden contar con que lo haré en el futuro de todas maneras, a través, por supuesto, de comprar sus productos a un precio por lo menos quince por ciento mayor que antes”.

          Se volvía a una política económica “como la de los gobiernos radicales”.

Balance de las concesiones de Jarpa

          Como ministro del Interior tomó múltiples medidas de distensión política, comenzando por decretar el final del exilio para 1.600 personas que no podían regresar al país. En realidad, en su casi totalidad no habían sido exiliadas, sino que habían conseguido asilo en otros países para evitar procesamientos ante la Justicia Militar en Chile. Pero, una vez fuera, se había decretado a su respecto prohibición de volver.

          Quedaron comprendidos en la readmisión figuras de importancia, como Andrés Zaldívar, a quien se le había prohibido reingresar en 1980, y Jaime Castillo, que sí había sido, excepcionalmente, expulsado por segunda vez. Incluso aprovechó de retornar el alto jefe comunista y ex parlamentario César Godoy Urrutia.

          También Jarpa fue decisivo para permitir que circulara prensa opositora. Tanto que en un momento dado hubo más revistas políticas antigobierno que partidarias de él. En 1984 el dueño de El Mercurio y por entonces director del diario, Agustín Edwards Eastman, me pidió asistir con él y el abogado y periodista Tomás P. Mc Hale a una reunión en San Antonio, Texas, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde se preparaba el voto de rutina declaratorio de que en Chile no había libertad de expresión.

Pero yo pedí la palabra y le solicité a la asamblea –probablemente con la incomodidad del Agustín Edwards, la cual, en todo caso, después no me manifestó-- explicar cómo era que, no habiendo libertad de prensa en Chile, se diera la circunstancia de que las publicaciones opositoras al Gobierno Militar fueran más numerosas que las partidarias de él y cité, al efecto (y mostré ejemplares de las mismas que llevaba conmigo y con titulares sangrientamente críticos del régimen) Apsi, Cauce, Análisis, Pluma y Pincel, La Bicicleta, Fortín Mapocho (diario) y Hoy.

          Se produjo un silencio ominoso en la sala y el Presidente me explicó que, para la Sociedad Interamericana de Prensa, en los países había o no había libertad de prensa y no se admitían opciones intermedias. Luego, en Chile, aunque las revistas políticas opositoras fueran mayoría, no había libertad de prensa.

          Protagonicé una escena similar en otra reunión de la SIP en 1988, que tuvo lugar en Santiago, en el Hotel Crown Plaza, en que también se iba a condenar al Gobierno Militar por no admitir la libertad de prensa y también ejemplifiqué con los medios opositores al régimen que se publicaban entonces, entre ellos el diario La Época dirigido por Emilio Filippi, quien acababa de pronunciar un largo discurso condenatorio del Gobierno Militar ante la asamblea. Tras mi intervención se registró, literalmente, un aplauso, pero uno solo, de una conocida periodista (a la que no nombro, por haber cambiado ella de posición política posteriormente), que por prudencia no se atrevió a seguir aplaudiendo sola. Y nadie más hizo ni dijo nada. Nadie siquiera me replicó. La Asamblea procedió, entonces, a condenar en su propia sede oficial al Gobierno Militar por no permitir la libertad de prensa.

          También Jarpa terminó, de hecho, con el receso político. Las actividades de esta índole comenzaron a desarrollarse espontáneamente y la televisión empezó a presentar programas de opinión con asistencia de opositores y partidarios del Gobierno, en varios de los cuales me cupo intervenir. En particular recuerdo uno en que el dirigente socialista “renovado” y después senador y presidente de su partido, Ricardo Núñez, afirmó que durante el Gobierno Militar había muerto más gente que en la Guerra del Pacífico, afirmación suya que resultó desmentida en 1991 por el Informe Rettig y el posterior de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que dieron cuenta de 3.197 muertes en casi 17 años, entre ellos 423 víctimas de la “violencia política”, eufemismo con que dichos informes disfrazaron el número de caídos bajo el fuego extremista.

          En fin, como consecuencia del término, resuelto por Jarpa, del receso político, se fundaron la Unión Demócrata Independiente, Unión Nacional y Avanzada Nacional, todos movimientos partidarios del régimen, aunque en diferente grado.

Elecciones en la FECH

          Como parte de la apertura política el Gobierno no puso obstáculo a que se celebraran elecciones en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, las últimas de las cuales habían tenido lugar en 1973.

          Se enfrentaban dos listas, representativas de movimientos políticos, pues el partidismo nunca ha podido ser erradicado de esa universidad: la opositora, producto de la unidad de la Democracia Cristiana con el Partido Socialista y el Partido Comunista (desmintiendo la leyenda originada en el KGB y Radio Moscú, según la cual estos dos últimos estaban “suprimidos por la dictadura”), y cuyo representante era Yerko Ljubetic. Y la otra lista era de partidarios del Gobierno, formando el llamado Frente Universitario, e integrada por estudiantes gremialistas, nacionalistas y humanistas.

          El triunfo fue para la oposición, que obtuvo 9.022 votos contra 2.127 del Frente Universitario, distribuidos éstos en 892 del gremialismo, 661 de los nacionalistas y 574 de los humanistas.

Las medidas de alivio de Escobar

          Para aliviar la situación de los deudores, Escobar comenzó por impulsar una renegociación general de las deudas, financiada por el erario. Abarcó prácticamente todos los créditos y alivió la “mochila” con que cargaban los deudores.

          Carlos Cáceres ya había propiciado una renegociación en 1983, pero limitada al 30 % de las deudas. Ahora era del ciento por ciento y fueron beneficiadas 800 mil personas. El costo fiscal de la medida era enorme: el economista opositor Patricio Meller lo estimó en un 30 % del PIB entre 1983 y 1985.

          Considerando la gran inyección de recursos estatales a las empresas y bancos, decían los opositores, está resultando que el Estado se ha hecho dueño de todas las unidades de producción y entes financieros. “¿Cuál es la diferencia con el socialismo de Estado?”, se preguntaban.

La diferencia era que todas esas empresas y bancos iban a volver al sector privado, pero a dueños distintos de los anteriores.

          Sea como fuere, un gran número de los que iban a quebrar no quebraron. Un primo hermano mío, empresario de la construcción, me dijo entonces: “Siempre estoy de acuerdo con lo que escribes, pero te voy a decir una cosa: si no hubiera sido por los alivios crediticios de Escobar yo, que tenía el agua al cuello, habría sucumbido. Ahora, gracias a ellos, me salvé”. Siempre “otra cosa es con guitarra”.

          De paso, el Gobierno había debido dictar la ley N° 18.235, que significaba ceder finalmente a las presiones de la banca extranjera y respaldar por parte del Estado toda la deuda externa privada impaga, condición sine qua non para obtener nuevos créditos y ampliación de plazos de los existentes.

          Escobar contaba, para financiar el gasto que había hecho crecer, con tres fuentes: créditos externos adicionales de US$280 millones de dólares, un déficit del sector público ascendente al 4,5 % del PIB y un aumento de los aranceles aduaneros a 35 %, es decir, un paso atrás en el proceso de apertura de la economía chilena, pero que generaba ingresos fiscales.

          Los críticos del ministro, entre los cuales me contaba, sosteníamos que el crecimiento de 1984, que había sido alto, 5,6 %, se había conseguido a costa de una expansión excesiva del gasto, la que presionaría sobre el dólar y éste incidiría en aumentar la inflación, todo lo cual terminaría en la necesidad de un nuevo ajuste recesivo.

De hecho, Escobar se vio precisado a devaluar fuertemente, en 24 %, en septiembre de 1984. La inflación comenzó a acelerarse al terminar el año (fue de 8,2 % en el solo octubre) y el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos cerró en más de US$ 2 mil millones, cuando se había previsto uno de US$ 1.300 millones.

          La devaluación fue sin consulta al ministro de Economía, Modesto Collados, que tenía su personalidad, estaba consciente de sus atribuciones y se hallaba fuera del país. Collados resintió haber sido omitido y decidió iniciar una ofensiva para tomar él el control de la política económica, lo que debilitó adicionalmente a Escobar. La verdad era que si Rosende hubiera aceptado el ministerio del Interior, en reemplazo de Jarpa, estaba ya dispuesto con él que Escobar sería reemplazado por Hernán Büchi, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. Pero la retractación de Rosende, en noviembre, dio una sobrevida a la dupla Jarpa-Escobar hasta comienzos del año siguiente.

Pinochet alentaba la crítica económica

          En ese tiempo yo hacía comentarios económicos en Televisión Nacional, por petición del Gobierno a través de su ministro Secretario General, Alfonso Márquez de la Plata. Siempre habían sido favorables a las políticas de los Chicago Boys, pero cuando éstas fueron contradichas con la llegada de Escobar Cerda, paradójicamente yo continuaba defendiendo las políticas de aquéllos, es decir, criticaba la nueva política económica del Gobierno desde su propio canal.

          Alfonso Márquez de la Plata me contó que Jarpa le había pedido sugerir a Pinochet que ordenara el término de mis comentarios adversos en TVN. Pero cuando Alfonso le consultaba acerca de si transmitía esa orden al canal o no, Pinochet le decía: “Déjelo ahí no más”. Y yo seguía criticando la política económica desde el canal del Gobierno con el respaldo de Pinochet.

          Asimismo, en una oportunidad ese mismo año se me pidió que diera una conferencia sobre la situación económica en el Edificio Diego Portales, a las mujeres de CEMA Chile, que era una institución encabezada por la Primera Dama, señora Lucía Hiriart de Pinochet. Me llamó la atención, porque yo era crítico de las nuevas medidas del ministro de Hacienda. Pero fui y di mi conferencia expresando esos puntos de vista. Y no sucedió nada. Era obvio que la señora Lucía estaba de acuerdo con mis puntos de vista, si me convidaba a exponerlos ante un impresionante número de mujeres en el edificio sede de la Junta.

          En ese mismo tiempo Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio, donde yo escribía una columna firmada, aparte de ser redactor de planta, también me dijo que el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, le había pedido dejar de publicar mi columna en el diario, los días miércoles, la que mantenía desde 1982 y que, naturalmente, era también crítica de los cambios de políticas económicas propiciados por Escobar Cerda. Agustín me contó que le había replicado a Jarpa que por qué no suprimía primero mis comentarios en TVN, y Jarpa le había replicado que esos comentarios sólo tenían peso gracias a mi columna del diario y si se suprimía ésta nadie les prestaría mayor atención. Pero el entonces director-propietario del periódico hizo caso omiso del pedido de Jarpa, posiblemente intuyendo que “el dueño del cuento” me respaldaba.

Concesiones en el frente sindical

          Con la ley N° 18.372 de 12 de diciembre de 1984 el Gobierno y la Junta acogen numerosas inquietudes sindicales, no todas compatibles con un mercado del trabajo flexible, pero sí representativas de inquietudes de la dirigencia sindical, habitualmente inclinada a la izquierda política.

          Dicha ley considera contraria a los principios de las leyes laborales la discriminación, declara irrenunciables los derechos de los trabajadores, determina que el contrato es consensual, pero no se puede modificar por negociación individual lo pactado en un contrato colectivo; establece las condiciones de término del contrato; fija el monto de las gratificaciones y de los pagos compensatorios por días feriados o vacaciones y determina que la remuneración mínima fijada no es aplicable a los mayores de 65 años (para evitar su mayor desempleo) (40).

Las contradicciones de agosto

          En marzo se había hecho público, sin desmentido del Gobierno, que éste aceptaba el adelantamiento de la elección de un Congreso para el año 1987, idea que Jarpa prohijaba. Pero, escribe un historiador, “llegó agosto y con él la desinteligencia más flagrante entre el Jefe del Estado y su ministro del Interior. Pinochet dijo a The New York Times que no habría adelantamiento del Congreso ni elección de ninguna especie y calificó de error haber iniciado tan temprano el diálogo político. Más por el mismo tiempo Jarpa –que se hallaba fuera de Chile— hacía el elogio de la apertura y reiteraba la anticipación del Congreso( …) Fue tarea de joyeros conciliar (malamente) declaraciones tan contradictorias” (41).

          En ese tiempo, dentro del Gobierno, convivían difícilmente tres corrientes: el gremialismo de Jaime Guzmán, bastante perseguido por Jarpa; el grueso de la civilidad partidaria de la Junta, con y sin cargos en la Administración, y que era inclinada a ceñirse al texto constitucional en cuanto a la transición (es decir, ésta debía terminar en 1989 o 1990, dependiendo del resultado del plebiscito de 1988, que fue lo que en definitiva sucedió); y el sector “duro”, encabezado por el ministro de Justicia, Hugo Rosende, que había asumido en diciembre de 1983, y al que adscribían altos funcionarios como el nuevo ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Javier Cuadra (que “hacía buenas migas” con el Presidente) y el subsecretario de Obras Públicas, Luis Simón Figueroa, todos los cuales respaldaban una estrategia cuya meta era que Pinochet permaneciera en el Gobierno por tiempo indefinido, nunca precisado, como tampoco eran precisados los medios para conseguirlo, aunque alguna vez el mismo Pinochet había dicho que Rosende, a la menor dificultad, le hablaba de “sacar los tanques a la calle”, procedimiento no demasiado democrático.

          Pero las concesiones a los adversarios políticos y económicos no suavizaban las presiones externas: el Presidente Reagan, cooperando increíblemente con el bloqueo contra Chile encabezado por la URSS (lo que revela que delegaba demasiado en subalternos con menos convicciones que él),  estudia la recomendación de la International Trade Comission de imponer restricciones al cobre chileno para ingresar al mercado norteamericano. A la vez, la banca internacional anuncia un alza de sus tasas de interés, lo que encarecerá el costo de la deuda externa de los países latinoamericanos (42).

          Aprovechando el decimoprimer aniversario del 11, el ministro Collados entrega al Presidente el texto de un Programa Trienal de Desarrollo que prevé inversiones públicas para contratar más mano de obra, una política gradual de fomento al ahorro de personas y empresas y un sistema de ahorro para la vivienda con subsidios del Estado; aflojamiento de la política monetaria que ha mantenido controlada la inflación, y la reprogramación de deudas para los sectores productivos y los consumidores, para generar mayor liquidez en favor de los agentes económicos con altos pasivos.

          Pero a los pocos días el ministro de Hacienda, Escobar, anuncia la devaluación adicional del peso en 24 %, otro incremento de los aranceles, del 20 % al 35 %; la suspensión de la rebaja tributaria y la reducción del gasto presupuestario y de los reajustes a los salarios más bajos de la administración. Todo esto lleva a que el índice de precios “se dispare” y provoca tensión entre Collados (Economía) y Escobar (Hacienda).

          Estas disensiones llevan a que los días de Escobar queden contados. Además, fue determinante otra situación, relatada por el propio Jarpa, según la cual hubo un problema concreto que gatilló su salida y la de Escobar. En palabras del propio Jarpa: “Le contaron al Presidente Pinochet que Escobar había tenido un conflicto con el representante del FMI y que Chile había quedado muy mal frente al mundo monetario; Pinochet me dijo ‘se va Escobar… ¿entonces usted también?’; ‘sí yo me voy también’; y así fue, pero todo amistoso” (43).

Obispos combativos                                             

          El 16 de julio de 1984 el Comité Permanente del Episcopado da a conocer su documento Evangelio, Ética y Política, en el cual defiende la participación eclesiástica en este campo. El 9 de agosto el sacerdote español Ignacio Gutiérrez, a cargo de la Vicaría de la Solidaridad, y que meses después vería vedado su reingreso al país, celebra la Jornada por la Vida, la que, paradójicamente, amenaza vidas y termina con un muerto, diez heridos y varios carabineros lesionados.

Avanzando un paso más, en octubre la autoridad eclesiástica emite otro documento, ¡Vencer el Mal con el Bien!, que insiste en que el hambre y la violencia son problemas urgentes, mientras a mediano plazo lo es el retorno a la democracia.

Y todavía otro paso más allá, en noviembre en Roma se organiza un Encuentro del Exilio con los Obispos Chilenos, durante el cual monseñor Manuel Camilo Vial, encargado de la Pastoral del Exilio, declara que el Gobierno Militar “ha sido una enorme prueba que hemos tenido desde 1973”. Precisamente a causa de esta reunión el Vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez, es impedido de volver a Chile por el régimen (44).

          Durante las celebraciones de Fiestas Patrias algunos obispos políticamente muy alineados, como los monseñores Santos (Concepción) y Ariztía (Copiapó), se niegan a celebrar los Te Deum tradicionales y que se llevan a cabo en el resto del país. En su lugar ambos convocan a misas de oración por Chile. Las respectivas autoridades de Concepción y Copiapó celebran entonces los Te Deum con los respectivos capellanes militares, sin que las tradiciones patrióticas ancestrales resulten mayormente menoscabadas (45).

Los terrenos de El Melocotón

          En agosto de 1984 opositores y ex gobiernistas (como el ex ministro Raúl Sáez, lo que llama la atención) denuncian con caracteres de escándalo la adquisición por Pinochet de sitios por un total de dos hectáreas en torno a su propiedad de 11 hectáreas en la zona precordillerana de El Melocotón. El Jefe del Estado aclara que los adquirió tras vender su propiedad de Laura de Noves, en Las Condes y obtener un crédito de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

          Las denuncias se basaron en que se trataba de predios fiscales que habían quedado tras la construcción de un camino público, los cuales inicialmente compró a su nombre el teniente coronel Ramón Castro Ivanovic, secretario privado del Presidente, quien a su turno los vendió a éste. La denuncia adquirió visos de notoriedad nacional e internacional, de modo que Pinochet resolvió finalmente donar los retazos al Ejército y con eso se disolvió el caso que, tal vez, nunca debió haber alcanzado ese grado de publicidad.

Comisión Interamericana de DD.HH.

          La politización del debate sobre derechos humanos en la Organización de Estados Americanos y, en particular, en su Comisión de Derechos Humanos, lleva al Gobierno Militar a anunciar en noviembre que no volverá a admitir la visita de ningún observador de ese organismo.

          La delegación chilena ante las Naciones Unidas, consciente de que el país ha sido injustamente acusado año tras año por consideraciones políticas ajenas a la real situación de los derechos humanos en su territorio, hace una propuesta de vigilancia generalizada e igualitaria mundial del respeto a los derechos humanos. Ya Pinochet la había planteado en años anteriores, basado en  que tales derechos son principalmente amenazados, no por el régimen, sino por una guerrilla terrorista de extrema izquierda que desde mediados de los ’60 ha buscado entronizar un sistema totalitario que, de prosperar, conculcaría generalizadamente los referidos derechos.

Esto último ha sucedido en todas las naciones que el comunismo ha subyugado, por lo que Chile propone al organismo mundial la creación de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos que dé garantías de objetividad y “que pueda desarrollar una función universal y apolítica, libre de pasiones y en un marco de total independencia” (46).

El Tratado con Argentina

          El premio a la paciencia del Gobierno en sus relaciones con el país vecino y a su resignación a soportar situaciones como la de conceder salvoconductos a cuatro terroristas autores de los asesinatos del general Carol Urzúa y dos escoltas suyos asilados en la Nunciatura, para no deteriorar sus relaciones con el Vaticano, llegó cuando en noviembre culminaron seis años de negociaciones y se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina.

          Ambos países se comprometieron a no presentar nuevas reivindicaciones o interpretaciones, acordaron crear una Comisión Binacional de integración económica y la delimitación de la boca oriental del Estrecho de Magallanes.

          La aprobación final del Tratado sólo tendrá lugar en marzo de 1985 por el Senado argentino y al mes siguiente por la Junta de Gobierno chilena. El 12 de abril de 1985 Pinochet lo rubricará con su firma y el 2 de mayo siguiente los cancilleres de ambos países procederán a intercambiar solemnemente los documentos ratificados por los Presidentes de ambos países.

          Se hace un emocionado recuerdo del cardenal Antonio Samoré, que desplegó ímprobos esfuerzos para conseguir el éxito de la mediación y falleció durante el curso de ella. Se da su nombre a la calle en Santiago, comuna de Providencia, donde está la Nunciatura Apostólica, en homenaje a su memoria.

          Los rotarios chilenos y argentinos condecoran a Pinochet con el Cóndor de los Andes por sus esfuerzos para preservar la paz. Los primeros, sin duda, son más agradecidos que el resto de sus compatriotas (47).

El perenne problema con Bolivia

          Los cancilleres de Chile y Bolivia han sostenido reuniones en Cartagena, Colombia, y Montevideo, Uruguay, sentando las bases para futuras conversaciones que permitan un acercamiento tras la última ruptura de sus relaciones, pero cuando está por fructificar un comunicado conjunto de los cancilleres Jaime del Valle, de Chile, y Gustavo Fernández, de Bolivia, éste interviene en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y plantea allí la vieja cuestión de la mediterraneidad, lo que se contrapone con el espíritu de las conversaciones entre ambos países, sobre todo a raíz del uso por la parte boliviana de términos duros e incompatibles con el tenor del mensaje conjunto.

          Del Valle se niega a suscribirlo y el presidente Pinochet le da su respaldo y ordena suspender las conversaciones con Bolivia, pero ello no obsta a que se mantengan encuentros menos formales y se acuerde para el año siguiente una reunión en Colombia, patrocinada por este país y dirigida a buscar nuevas bases para un entendimiento.

Balance económico anual

          En 1984 el modelo económico tuvo un respiro y en algunos aspectos dejó de regir, como vimos, a raíz de que asumió su conducción un economista que no era Chicago Boy ni creía en el mismo grado en las políticas de libre mercado, Luis Escobar Cerda. Pero empresarios que tenían “el agua al cuello” consideraron que sus políticas heterodoxas habían sido un salvavidas para ellos y que, tras sobrevivir, podía volver a seguir operando de nuevo la ortodoxia. Fue lo que sucedió. En todo caso, las cifras de 1984 fueron positivas, después de dos años de guarismos negativos.

          El PIB creció 5,9 %. El desempleo nacional bajó un poco más, a 10,8 %. La inflación se redujo una décima, según el IPC: 23,0 %. La Tasa de Inversión en Capital Fijo aumentó a 13,3 %.

Pero el déficit fiscal creció a 4,0 % del PIB.

La Balanza Comercial disminuyó fuertemente su superávit, que fue de 363,0 millones de dólares, poco más de un tercio del año anterior. La Cuenta Corriente casi dobló su déficit: -2.110,5 millones de dólares. Pero la Cuenta de Capitales casi dobló su superávit: 1.922,8 millones de dólares. Y la Deuda Externa siguió subiendo y llegó a 18.877 millones de dólares.

El saldo de la Balanza de Pagos volvió a ser positivo, después de dos años, y llegó a 17 millones de dólares (48).

Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central aumentaron a 3.081 millones 700 mil dólares, 263 millones 500 mil dólares más que el año anterior (49).

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO XII:

(1) Vial, Gonzalo: “Pinochet”, op. cit., t. II, p. 486.

(2) “El Mercurio”, Santiago, 29 de enero de 2017, p. D 4.

(3) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 580.

(4) Fernández, Sergio: “Mi Lucha por la Democracia”, op. cit., p. 187.

(5) Allamand, Andrés: “La Travesía del Desierto”, Aguilar, Santiago, 1999, p. 60.

(6) Ibíd., p. 47.

(7) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 621.

(8) “La Segunda”, 10 de enero de 1984.

(9) Rojas, Gonzalo:, “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 750.

(10) Ídem.

(11) Pinochet, Augusto: “Camino…”, t. III, 1, p. 175.

(12) “El Mercurio”, Santiago, 02 de mayo de 1984, p. A 12.

(13) “El Mercurio”, Santiago, 05 de junio de 1984, p. A 10.

(14) Wikipedia: “El Gobierno Militar de Chile 1973-1990”.

(15) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 133.

(16) Ibíd., p. 139.

(17) Ibíd., p. 140.

(18) Ibíd., p. 142.

(19) Radio Cooperativa, 20 de julio de 1984.

(20) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 149.

(21) Ibíd., p. 149.

(22) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 485.

(23) “El Mercurio”, Santiago, 28 de febrero de 1984.

(24) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. Rojas, 654.

(25) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 484.

(26) Informe Rettig, op. cit., p. 196.

(27) “El Mercurio”, Santiago, 03 de enero de 1984.

(28) Osorio, Víctor y Cabezas, Iván: “Los Hijos de Pinochet”, op. cit., p. 214.

(29) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 495.

(30) Sergio García Valdés: carta a “El Mercurio” publicada el 12 de diciembre de 2004; James Whelan: “Desde las Cenizas”, Zig-Zag, Santiago, 1993, p. 679; Enrique Correa y José Antonio Viera-Gallo: “Iglesia y Dictadura”, Centro de Estudios Sociales, Santiago, 1986, ps. 94 y 95.

(31) Canessa, Julio y Balart, Francisco: “Pinochet…”, op. cit., p. 340.

(32) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 553.

(33) Ibíd., p. 556.

(34) Arriagada, Genaro: “Por la Razón…”, op. cit. p. 179.

(35) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 163.

(36) Ibíd., p. 170.

(37) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 491.

(38) Ídem.

(39) Fernández, Sergio: “Mi Lucha…”, op. cit., p. 199.

(40) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t II, ps. 704-705. 

(41) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 492.

(42) “El Mercurio”, Santiago, 22 de junio de 1984.

(43) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op.cit., t. II, p. 684.

(44) Ibíd., p. 636.

(45) Valdivieso, Rafael “Crónica de un Rescate”, op. cit., p. 267.

(46) Muñoz, Haroldo: “Las Relaciones…”, op. cit., p. 197.

(47) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., p. 739.

(48) Banco Central de Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(49) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República…”, op. cit., p. 516.

(CONTINUARÁ MAÑANA)