HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (II)

CAPÍTULO I. 1973: UNA REVOLUCIÓN IMPOSIBLE DE EVITAR (CONTINUACIÓN)

Sorpresa relativa de los civiles

Siendo yo diputado en 1973, a mediados de año el senador de mi partido, el Nacional, Fernando Ochagavía, me había pedido telefonear a su oficina del Ministerio de Defensa a un coronel de la Fuerza Aérea, llamado Alfredo Lapostolle. Ochagavía me había asegurado que podía hablar con él con toda confianza. Llamé al coronel y acordamos reunirnos en el ministerio.

Lo único fuera de lo corriente en la conversación que tuvimos fue que, en un momento dado, me preguntó qué me parecería “un gobierno de las Fuerzas Armadas” y yo le contesté, como abogado que era y de acuerdo con los textos vigentes, que la Constitución no contemplaba esa posibilidad y, por tanto, no estaba de acuerdo con ella.

Pero no me di cuenta entonces de que, racional e informadamente, yo ya debería haber estado de acuerdo. Pues durante casi dos años yo mismo había denunciado en mi programa diario de Radio Agricultura las ilegalidades e inconstitucionalidades en que incurría el Gobierno. ¿No era eso lo que la “doctrina legalista de Schneider” describía como “una situación absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país” y lo requerido para una intervención militar “legalista”?

Alguien se dio cuenta mejor que yo, y fue importante que lo hiciera. En efecto, un abogado inteligente, ex ministro del gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964), Enrique Ortúzar Escobar, había tomado nota de todas las ilegalidades e inconstitucionalidades que cometía el Gobierno y que yo diariamente las denunciaba. Él las había vaciado en un proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, procedimiento que se le ocurrió exclusivamente a él, como ex secretario de comisiones del Congreso, y que no se le había ocurrido a nadie más.

Por eso Ortúzar le pidió al senador Francisco Bulnes, un prohombre del Partido Nacional, citarme también a mí a su oficina, en junio de 1973, para darnos a conocer un completísimo proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados que había elaborado por su cuenta y que culminaba con un llamado a las Fuerzas Armadas a poner término a la situación existente. Ahí partió lo que después fue la validación civil y democrática de la Revolución Militar.

La inminencia e inevitabilidad del advenimiento de ésta, además, se respiraba en el ambiente. En julio o agosto de ese año me había encontrado en la emisora con Álvaro Puga, un intelectual nacionalista y culto escritor, quien, bajo el seudónimo de Alexis, tenía también un espacio en la radio. A esas alturas los políticos civiles creíamos que podía haber un pronunciamiento militar, pero no teníamos información acerca de él ni del sentir uniformado. Recuerdo que Álvaro Puga me reveló entonces, uno o dos meses antes del 11, que ya estaban organizadas las redes de radioaficionados que iban a apoyar a las Fuerzas Armadas y Carabineros en el golpe. Lo refiero como me lo contó. ¡El golpe ya había partido antes de que los uniformados hubieran resuelto darlo! 

En ese tiempo, cuando se hablaban esos temas, yo solía decir que era “gaullista”, en el sentido de que, ante una crisis extrema, se podía generar un pronunciamiento no contemplado en la legalidad, pero sólo para restablecerla de inmediato en mejores términos, consultando al pueblo, como lo había hecho De Gaulle en Francia, en 1958. Una vez que le expliqué a mi colega diputado Bernardo Leighton, democratacristiano, conversando en la Cámara, ese punto de vista, agregándole que yo, por tanto, era “gaullista”, él me replicó: “No, tú eres golpista”. Y todos los que nos rodeaban se rieron mucho.

Peligro de invasión desde el Norte

              El 11 de septiembre puso en extremo riesgo la soberanía del país, ése fue un hecho objetivo. Jóvenes investigadores contemporáneos han documentado últimamente esa realidad:

              “El Ejército chileno sabía que la situación era peligrosa: la centenaria aspiración (peruana) de recuperar territorios perdidos en la Guerra del Pacífico había estado rondando fuertemente en Lima durante todo el año 73. El peligro de guerra con Perú había sido seriamente contemplado         por los altos mandos chilenos en los meses previos al Pronunciamiento Militar. El mismo 11 de septiembre de 1973 el Estado Mayor de la Defensa fue informado en Santiago de que en Lima se había reunido el alto mando peruano para evaluar lo que ocurría en nuestro país. El 12, un grupo de altos oficiales propuso al Presidente Velasco Alvarado invadir Arica, aprovechando la confusión originada por la intervención militar. Quizás la rápida y contundente acción de las FF. AA. y de Orden, que les permitió tomar rápidamente el control del país, hizo que los peruanos suspendieran la invasión de Arica. Pero, sin duda, ése fue el momento de mayor vulnerabilidad para Chile. El general Pinochet recuerda: ‘Ese fue el momento oportuno para que ellos hubieran actuado sobre seguro. Habíamos dejado dos batallones en el Norte, o sea, mil seiscientos hombres. Todo estaba acá (en la capital); nuestro armamento era malo, con poca munición. Si Perú hubiera atacado entonces, habría llegado hasta Copiapó’” (19).

El “gobierno de las Fuerzas Armadas”

              Esa mañana del 11 de septiembre los chilenos nos enteramos por la radio de lo que estaba sucediendo: a través del comunicado leído por una cadena de emisoras, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros notificaban al país que el Presidente de la República debía “proceder a la inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile”; que “la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades” y que “el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes”.

Los diputados del Partido Nacional habíamos acordado que, en caso de una emergencia institucional, nos dividiríamos en grupos separados, en lugares predeterminados. Yo debía ir a Radio Minería, en Providencia, y hacia allá me dirigí. Desde el alto edificio divisé el bombardeo de La Moneda, mirando desde la terraza hacia el poniente, y el del Hospital de la Fuerza Aérea (por error del piloto, que lo confundió con la mansión presidencial de Tomás Moro), mirando hacia el oriente. Cuando se decretó el toque de queda volvimos a nuestros hogares, en las primeras horas de la tarde.

Afuera quedaron sólo militares y combatientes de izquierda. Veremos más adelante que ese solo día cayeron 30 uniformados y, por cierto, muchos más extremistas. El general Prats refiere en sus memorias que cierta vez su subordinado, el general Pinochet, refiriéndose a los grupos paramilitares, le había dicho: “Esos gallos no nos aguantan ni una crujida”, lo que había irritado a Prats, que le replicó “¿Así es que estás con el golpecito?”. Pero resultó ser la pura verdad.

El comandante (r) Roberto Kelly recuerda que ese día, también en su casa obedeciendo el toque de queda, oyó frenadas de neumáticos en la calle y cuando se asomó vio un coche militar a cargo de un oficial que le dijo: “Venimos a buscar al señor (notario Rafael) Zaldívar para que haga un inventario de todos los bienes existentes en la residencia presidencial de Tomás Moro”. (El notario vivía al frente de Kelly). Cuando el ministro de fe regresó, ya tarde, llamó por teléfono al marino para que fuera a conversar con él. “Ahí me contó lo que había visto en la casa de Allende”, refiere.

“¿Qué fue lo que vio?”, le pregunta la periodista Patricia Arancibia.

“Según Zaldívar, no sólo había una gran cantidad de armamento y explosivos, material médico y elementos de primeros auxilios, valiosos cuadros, una bodega de víveres y licores, sino también mucho desorden y material ‘no muy santo’ que no vale la pena comentar” (20).

Último discurso e ira destructiva

              Allende se comunicó telefónicamente con Radio Balmaceda a alrededor de las diez de la mañana. Era la única emisora afín a la UP que permanecía en el aire. Y a través de ella pronunció su último discurso, el de las “anchas alamedas por donde transitará el hombre libre”, frase notable en un político que dedicó su vida a privar al hombre de su libertad, como le confesó a Regis Debray en su famosa entrevista, al decirle que se proponía instaurar un sistema “socialista, marxista integral”.

              Pinochet supo de la arenga y le pidió a Leigh sacar del aire a Radio Balmaceda. El piloto de helicópteros Jorge Massa –que había acudido a fines de 1972 al rescate de los sobrevivientes uruguayos en la cordillera, a 5.500 metros de altura-- se elevó entonces, y a dos kilómetros de distancia derribó con un cohete la antena de la emisora.

La otra emisora de la UP que chisporroteaba todavía era Radio Corporación, pero un certero disparo de fusil desde el ministerio de Defensa a la antena situada al frente, sobre el Banco del Estado, la sacó definitivamente del aire.

              Entretanto Allende, consumido un número de vasos de whisky que oscilaba entre uno y cuatro, según la fuente consultada, en este caso el historiador norteamericano James Whelan, “libraba todavía otra guerra propia dentro del sitiado palacio: ‘Démonos el placer de hacer pedazos los bustos de todos estos viejos reaccionarios’, dijo a sus compañeros. Con un gesto de la mano indicó los bustos de todos los anteriores presidentes del país. ‘Respeten sólo aquellos de José Manuel Balmaceda y Pedro Aguirre Cerda, los únicos presidentes democráticos. (Aguirre Cerda había encabezado el primer gobierno del Frente Popular, treinta y cinco años antes; y Balmaceda era, naturalmente, el héroe especial de Allende, el primer presidente populista, que puso fin a su propia vida suicidándose, después de un levantamiento militar en 1891). A continuación procedió él mismo a encabezar el acto de vandalismo” (21).

              Ya se había transmitido el Bando N° 2:

“El Palacio de La Moneda deberá ser evacuado antes de las 11:00. De lo contrario será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.

              “Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos.

              “En caso de que así lo hicieren serán atacados por fuerzas de Tierra y Aire.

             “Se reitera lo expresado en el Bando N° 1 en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos.

              “Firmado: Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile” (22).

Toma de La Moneda

              James Whelan fue autor del mejor relato fidedigno de la entrada del Ejército a La Moneda y, en general, de lo que sucedió en Santiago el 11 (23).

El general Javier Palacios Ruhmann había enviado al doctor Soto, de La Moneda, para que dijera a Allende que tenía diez minutos para rendirse:

          "Cuando pasaron los diez minutos, Palacios entró al edificio al frente de un pelotón. Dos soldados que iban con él cayeron cuando dos GAP (nota del autor: Guardia Armada Personal de Allende, ilegal), que estaban en un apretado círculo que resistía, soltaron una andanada. Al entrar en la larga Galería de los Presidentes, que ahora era un desbarajuste de bustos presidenciales decapitados, Arturo Alessandri e incluso Balmaceda, vidrios rotos, muebles destrozados y máscaras antigases abandonadas, Palacios se encuentra cara a cara con un GAP que no tendría más de dieciocho años. El muchacho abre fuego con una subametralladora. Yerra, pero una bala que rebota abre una herida que sangra copiosamente en la mano de Palacios. Un joven teniente de apellido Fernández hiere al muchacho en la mano y en la cabeza, después saca un pañuelo y se lo pasa a Palacios, quien lo usa para estancar la sangre de la herida.

              “‘Gracias’, dice el general.

              “El avance continúa. Palacios casi tropieza con el cadáver de un GAP que tiene once balas en su cuerpo. Hay cuerpos desparramados por todas partes, desordenadamente. Los pocos GAP que quedan, los más fanáticos de todos, siguen peleando, asomándose y desapareciendo por las puertas, mientras disparan y maldicen al hacerlo. Por lo menos ocho mueren en esos últimos momentos atroces, y más son heridos.

              “Al darse cuenta de que reliquias de inapreciable valor se encuentran amenazadas por las llamas, Palacios suelta abruptamente una orden tras otra: salven esto, enrollen esa alfombra, bajen esas cortinas. (Hay un artículo que logra salvar: la espada del Libertador Bernardo O’Higgins.) Un cajón de municiones se empieza a quemar y explota. Un techo se hunde. Un teniente lo llama: ‘por aquí, mi general’.

              “Lo primero que ve Palacios es la figura del hombre muerto, sentado en un sofá rojo, con su cabeza descansando ligeramente sobre un hombro, las manos hinchadas y negras de pólvora.

           “’No había una sola gota de sangre, sólo un cerebro desparramado sobre él’, dice Patricio Guijón (nota del autor: el médico que presenció el suicidio de Allende y se había quedado junto a él).

              “A su lado un casco de acero y una máscara antigases. En el suelo, vainas usadas. Por todas partes en la pieza, una pieza dominada por un gran cuadro de la ceremonia de Declaración de la Independencia, había muebles tumbados y una botella de whisky en el suelo.

              “Al hombre que estaba sentado, como en un trance, cerca del cuerpo: ‘¿Quién es usted?’

              “‘Patricio Guijón. Soy médico, uno de los médicos del Presidente.’

           “‘¿Qué está haciendo usted aquí?’, preguntó el general. Guijón explicó lo de la máscara de gases (nota del autor: pues cuando había retrocedido por un pasillo a buscar una máscara de gases había presenciado el suicidio de Allende). Y le dijo a Palacios que había movido el arma.

              “‘¿Y tocó alguna cosa más?’

              “‘Nada más’.

              “Palacios le dijo que pusiera el arma exactamente como la había encontrado. Guijón lo hizo. Palacios le hizo algunas otras preguntas. Era claro que sospechaba que este hombre tranquilo pudiera haber asesinado a Allende.

              “’Pero me creyó cuando le dije que no lo había hecho’” (24).

Caídos uniformados el día 11

            La mejor prueba de que había una fuerza armada de la Unidad Popular la constituye el número de caídos uniformados el mismo día 11. Si las fuerzas del Gobierno hubieran sido sólo “civiles desarmados”, no habrían muerto tantos militares.

              En esa efeméride dieron su vida los siguientes: suboficial de Ejército Ramón Toro Ibáñez; cabo 2° de Ejército Hugo Mora Narváez; cabo 2° de Ejército Agustín Luna Barrios; cabo 2° de Ejército Luis Castillo Astorga; soldado conscripto de Ejército Sergio Espejo Plaza; soldado conscripto de Ejército Juan Segura Sepúlveda; soldado conscripto de Ejército José San Juan Naveas; teniente segundo de la Armada Carlos Matamala; teniente segundo de la Armada  Víctor Parada; cadete de la Armada Allan Murphy; marinero Manuel Yáñez; marinero Carlos González; grumete Moisés Pérez; grumete Juan Núñez; grumete Fernando Montenegro; mayor de Carabineros Mario Muñoz Carrasco; capitán de Carabineros Héctor Dávila Rodríguez; teniente de Carabineros Ramón Jiménez Cadieux; sargento 1° de Carabineros José Wettling Wettling; carabinero Martín Vega Antiquera; carabinero Raúl Lucero Araya; carabinero José Apablaza Brevis; carabinero José Maldonado Inostroza; carabinero Juan Herrera Urrutia; carabinero Manuel Cifuentes Cifuentes; carabinero Fabriciano González Urzúa (nota del autor: ascendido póstumamente a suboficial mayor por el heroísmo mostrado al rescatar a un camarada herido en la industria Indumet, a raíz de lo cual fue muerto); sargento 1° de Carabineros Anselmo Aguayo Bustos; carabinero Mario Barriga Arriagada; carabinero Pedro Cariaga Mateluna; y cabo de Carabineros  Orlando Espinoza Faúndez.

              La patria ha olvidado casi todos sus nombres y los de otros de sus camaradas; y tardíamente a muchos que combatieron en la misma fecha los ha mandado presos, pero aquí se consigna a los muertos el día 11 porque merecen ser recordados por la importancia de su sacrificio en esa efeméride.

             James Whelan afirma: “Antes que terminara (el asedio a La Moneda), quizás media hora más tarde, diecisiete soldados habían sido muertos o heridos, allí, en la Plaza Bulnes y dos manzanas hacia el oeste, en un ensordecedor fuego cruzado entre la gran torre ENTEL (la planta internacional de teléfonos del gobierno) y el Ministerio de Educación. El teniente Hernán Ramírez Haldt estaba al lado del sargento Toro, uno de los instructores más populares de la Escuela de Suboficiales, cuando éste fue herido mortalmente” (25).

              Hubo también 18 uniformados heridos. Del total de bajas, 24 fueron del Ejército, 7 de la Armada y 16 de Carabineros (26).

              El total de uniformados muertos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 fue de 84 (27).

El ejército clandestino existía

              Un militante comunista, Wladimir Salamanca, relató en el diario rojo El Siglo un episodio de la lucha del día 11:

              “En forma fortuita, una camioneta de compañeros que se dirigía hacia Santa Rosa, buscando contactar a trabajadores de Mademsa y Madeco, se encontró con una patrulla de Carabineros, un bus y algunas tanquetas. Allí se inició el combate armado que duró desde las dos de la tarde hasta el oscurecer, en las calles principales: Comandante Riesle, Toro y Zambrano, Álvarez de Toledo. Al cabo de la tarde nuestros compañeros lograban repeler la embestida de Carabineros. Fue la primera batalla victoriosa. Ya de noche –no había luz— comenzó a llegar gente de otros lugares y compañeros de otros partidos para organizar la resistencia. Al día siguiente no hubo enfrentamientos de esa magnitud. El enfrentamiento importante fue el martes 11. Se infligieron varias bajas a fuerzas militares y de Carabineros. En la población civil que no participaba de los enfrentamientos directos hubo bajas porque la lógica de los golpistas era que todo lo que se movía era blanco de guerra: perros, caballos, vehículos y, sobre todo, disparaban a las casas. Ese día hubo varios pobladores heridos y muertos, no así entre los compañeros que formaban el grupo que resistió. Solamente un dirigente  de Sumar-Nylon murió en el enfrentamiento” (28).

              El ejército clandestino se había formado con bastante ayuda externa. En su libro sobre la STASI, la policía secreta de la República Democrática Alemana, John O. Koehler recuerda:

              “Allende fue elegido presidente de Chile, y el régimen de Alemania del Este estaba listo para prestarle su apoyo con la Stasi. En semanas, una docena de especialistas en operaciones encubiertas y guerra de guerrilla fueron despachados a Santiago bajo cobertura diplomática. Ellos fueron seguidos por otros trainers del bloque oriental, incluyendo oficiales de Checoslovaquia, a medida que se instalaban en campamentos cerca de Valparaíso. Los soviéticos les proporcionaron las armas y las cabañas prefabricadas. Los ‘alumnos’ eran jóvenes marxistas del Frente Revolucionario Manuel Rodríguez (nota del autor: éste es un error de Koehler, porque el FPMR se formó en los ’80) (29).

              Whelan afirma que “los militares descubrieron también mucha documentación –incluida una lista que tenía guardada Daniel Vergara, el subsecretario del Interior de larga trayectoria--  de los 14.085 extranjeros que se encontraban ilegalmente en el país. Entre estos extranjeros que fueron capturados casi inmediatamente había doce oficiales del ejército soviético que habían estado entrenando obreros revolucionarios en una fábrica de instalación soviética en El Belloto, cerca de Valparaíso. La inteligencia naval los había tenido bajo estrecha vigilancia desde el momento de su llegada un año antes y fueron arrestados en la mañana de la revolución –junto con ocho ingenieros y técnicos soviéticos que trabajaban con ellos— y expulsados varios días después” (30).

              “Cuando el golpe militar de septiembre de 1973 redundó en la muerte de Allende, la mayoría de los miembros de la Stasi se las arreglaron para abandonar el país usando pasaportes diplomáticos y retornaron a casa” (31).

              A ese respecto viví una experiencia curiosa con mi amigo y rival tenístico, el economista Adelio Pipino, autor de la “Página Económica” de El Mercurio, en uno de los días siguientes al 11 de septiembre de 1973, en las horas en que se alzaba el toque de queda. Resolvimos ir a jugar tenis y lo pasé a buscar una tarde en mi Fiat 125 y mientras íbamos en dirección al Country Club, en la avenida Isabel La Católica, vimos que estaba “en panne” un station-wagon Skoda, de manufactura checa, con dos robustos europeos rubios que hacían esfuerzos por empujarlo y hacerlo partir. Se veía que el vehículo iba sobrecargado con elementos pesados, cubiertos por una lona gris, en su parte trasera. Parecían muy azorados y hasta un poco desesperados. Nos detuvimos a ayudarlos y les empujamos el vehículo con el Fiat, hasta que lograron hacerlo partir y se alejaron.

              Con Adelio nos dijimos, en nuestra calidad de civiles irresponsables, que seguramente habíamos salvado de los controles militares a un par de comunistas europeo-orientales trasladando armas clandestinas, y seguimos nuestro camino al Country Club.

Bitácora del terrorismo post-11

              A los 30 uniformados muertos y 18 heridos del 11 se añadieron otros 4 y 6, respectivamente, el 12; 3 y 5 el 14; 4 y 3 el 15; 1 y 1 el 16; 2 y 1 el 18; 2 y 1 el 19; 1 y 2 el 20; 3 heridos el 21; 4 el 22; un muerto el 23; 2 heridos el 24; 1 muerto y 3 heridos el 25; y 1 muerto y 2 heridos el 29, todos en septiembre (32).

          En octubre hubo 14 muertos y un herido uniformados. En noviembre, 5 muertos y en diciembre, 7 muertos. Uniformados caídos, entre muertos y heridos, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973: 84 (33).

              Estas personas caían porque había un adversario armado al frente, no “civiles desarmados”.

              El jefe comunista, Luis Corvalán, confesó a la prensa italiana la abundancia de armas de que disponía su partido: “Las armas que teníamos, de las cuales los generales han descubierto una mínima parte, desgraciadamente eran pocos los que las sabían usar, porque no había habido tiempo suficiente para adiestrar a la masa popular” (34).

Sólo necesitaban tiempo.

Frei Montalva le escribía poco después del 11 al jefe DC italiano Mariano Rumor: “Hay más de cincuenta documentos publicados por el PDC y dados a conocer en el Parlamento respecto a la internación ilegal de armas. (…) Estas armas son de procedencia checa o rusa, armas que jamás ha tenido el Ejército chileno” (35).

Justo a tiempo

La historiografía y la propaganda predominantes en Chile y el mundo han hecho casi desaparecer del conocimiento de la opinión pública nacional y mundial la existencia de una amenaza armada extremista en Chile en 1973. Como consecuencia, han logrado que se considere como un invento el propio plan de la Unidad Popular de dar un autogolpe de Estado en Chile, que consta en el llamado “Plan Z”, elaborado por sus estamentos encargados de la revolución armada.

Así, es frecuente que se diga que el “Plan Z” fue una invención del Gobierno Militar o sus partidarios, pero hay pruebas de su existencia real. Desde luego, fue reproducido en el año 1974 en el “Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile”, editorial Lord Cochrane, ordenado por la Junta Militar y distribuido en Chile y el extranjero, en particular en los Estados Unidos (35).

El “Plan Z” tiene fecha: “5.8-73” (sic). La reproducción facsimilar contempla varias alternativas de la lucha armada, la primera de las cuales reza: “1. CASOS DE APLICACIÓN DEL PLAN: Z-A: Iniciación de Golpe de Estado para conquistar el PODER TOTAL e imponer la DICTADURA DEL PROLETARIADO contra la acción de una parte de las FF. AA. apoyada por grupos civiles”. (Mayúsculas del original).

Más adelante detalla las acciones planificadas y en uno de sus acápites dice:

“A-2. Simultáneamente los GAP de la Moneda e intendencias procederán a dar de baja a los generales, almirantes y otros altos oficiales que estarán reunidos asistiendo a un almuerzo oficial que ofrecerá el Gobierno con motivo del Día del Ejército”.

Y todavía más adelante detalla:

“5. AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ZETA.

“Los mandos regionales de AGP y L-6 aplicarán ZETA en primera FASE, en los siguientes casos:

“1° Cuando reciban notificación expresa de causal Z-A (tentativamente será el 19 de septiembre de 1973)” (36).

La gente de la Unidad Popular descarta que el “Plan Zeta” sea auténtico, pero un historiador que formó parte de la Comisión Rettig para investigar atropellos a los derechos humanos bajo el Gobierno Militar, y que es autor de la Historia de Chile posterior a 1891, Gonzalo Vial Correa, ha certificado la autenticidad del Plan Zeta.

En entrevista al diario La Tercera de 24 de marzo de 2002,  preguntado “¿Pero cree en la veracidad del Plan Z?”, respondió:

“…Yo creo en la veracidad del Plan Z. ¿Por qué creo? Un ministro dijo que el Plan Z no lo creen ni los que lo inventaron. Entonces tengo que entregar mi versión, pero no por interés en la política, sino en la historia. Tengo razones para creer que el Plan Z es auténtico. El Libro Blanco (…) salió en octubre de 1973, cuando un grupo de personas que éramos partidarias del golpe (…) le dijimos a la gente de gobierno que había que hacer el Libro Blanco sobre por qué había cambiado el gobierno de Chile. Para contrarrestar lo que se estaba diciendo en el extranjero. Nos encontraron razón y nos encargaron su elaboración. Es un documento oficial. (…)

“-- ¿Cómo recolectaron el material?

“—Le dijimos a esta gente del gobierno que tenían que darnos documentación de la Unidad Popular, de lo que han recogido en los allanamientos (…) Entonces llegaron kilos y kilos de documentos, fotocopias y seleccionamos los que parecían más interesantes. El caso es que ninguno de esos documentos ha sido objetado en su autenticidad. Por ejemplo, en el Libro Blanco salió por primera vez la carta de Fidel Castro a Salvador Allende empujándolo a que provocara la guerra civil. Salió por primera vez la lista de las armas que se internaron por Pudahuel. Ha habido comprobaciones muy notables de la veracidad de esos documentos (…) El Partido Radical tenía un sistema de inteligencia y entonces aparece en el Libro Blanco un informe de ese partido sobre una comida que habían tenido con el general (Carlos) Prats una serie de políticos. Eso salió en el libro y por supuesto lo desmintieron. Pero veinte años después aparecen las memorias de Prats y ahí está la comida y las mismas conversaciones. Eso daba cuenta de la  veracidad de los documentos. (…)

“-- ¿Cuáles antecedentes tiene para decir que es un material auténtico y no una farsa?

“—Apareció este documento y nos encontramos con nuestro contacto, que era un oficial de la Armada. Tuvimos que movernos mucho, hacer incontables diligencias para que nos permitieran publicar la fotocopia del Plan Z. Esto para mí es un antecedente de que es auténtico”.

Estado de sitio y el primer libro post-11

              Por decreto ley N° 3, dictado el mismo 11 de septiembre de 1973, se declaró el Estado de Sitio en todo el país, ante la necesidad de combatir a los grupos armados que se había organizado a lo largo del territorio durante años.

              Un día después se estimó insuficiente el conjunto de facultades conferidas por el Estado de Sitio para disuadir la resistencia armada interna y se dictó el decreto ley N° 5 que, fundado en “la situación de conmoción interna en que se encuentra el país” y en la “necesidad de reprimir en la forma más drástica las acciones que se están cometiendo en contra de la integridad del personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la población en general”, en su artículo primero declaró, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el Estado de Sitio impuesto por conmoción interna según el decreto ley N° 3 del día anterior, debía entenderse como “estado de tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo contenida en el referido Código y demás leyes penales y para todos los efectos de dicha legislación.

              De este decreto ley han tomado pie en los últimos años los tribunales de justicia para resolver que en Chile hubo un “estado de guerra interno”, lo cual no tiene fundamento, porque sólo se hizo referencia a este estado para efectos de la penalidad aplicable y no para los demás propios de un estado de guerra interno.

              En esos días apareció el primer libro publicado en el país después del día 11, “Operación Primavera”, del abogado DC Alejandro Magnet, en el cual se describía el golpe. Pero el autor alegaba que lo había terminado de escribir el 30 de agosto y entregado a la editorial:

              “No sabía nada. Por un lado todos estábamos convencidos de que esto no podía durar, pero muy pocos sabían lo que realmente iba a pasar. Escribí ‘Operación Primavera’ como una especie de transacción entre el ensayo y la novela. Como tantos chilenos, estaba desesperado y furioso con el gobierno de Allende, y me pareció que una novela podía ser mejor instrumento que un ensayo para que los chilenos tomaran conciencia de lo que era ese gobierno (37).

Hasta el Cardenal se consideró “salvado”

              El ex ministro del Trabajo de Frei Montalva y después consejero de Estado durante el Gobierno Militar, William Thayer Arteaga, que pese a haber sido democratacristiano se mantuvo siempre como partidario del régimen, relató en sus memorias el siguiente episodio ilustrativo:

              “Cuando cayó el gobierno de Allende, Frei me anticipó que asistiría a la misa de la acción de gracias que tendría lugar el 18 de septiembre de 1973 en la Iglesia de la Gratitud Nacional, a la que también concurrirían los ex Presidentes Gabriel González Videla y Jorge Alessandri. Frei fue porque, según me dijo, ‘sería un carajo y un cobarde si no asistiera. Los militares nos salvaron la vida y de una degollina’.

              “Creo que fue más o menos frente a la Catedral, en la Plaza de Armas, cuando tomando en consideración lo que conversé con Frei, le pregunté en esos días al cardenal Silva Henríquez: ‘Dígame, Eminencia, ¿no cree usted que si no es por los militares a muchos de nosotros nos habrían asesinado?’ Él me respondió: ‘No sólo a ustedes, sino que a mí también’. Fueron las mismas palabras de Frei.

              “Durante todo el período en que Frei no se colocó contra el gobierno de Pinochet, el cardenal Silva fue también condescendiente con el gobierno militar. La ruptura de ambos con Pinochet, algún tiempo después, fue muy fuerte. No sé si sólo coincidente, o recíprocamente informada” (38).

Declaración oficial comunista y lucha armada

              El 11 de octubre el Partido Comunista emitió una notable declaración:

“Se ha instalado en el país una dictadura fascista con la secuela de crímenes y abusos que caracteriza a estos regímenes. El plan del golpe, su línea de ejecución y sus métodos bestiales son de origen extranjero. Nació en las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia, en directa conexión con la International Telegraph and Telephone y la Kennecott. Para llevar a cabo este plan se constituyó un grupo especial en el Pentágono y la Casa Blanca. La Junta fascista no representa ningún espíritu nacional o patriótico. Su esencia es antipatriótica, atenta contra los intereses de Chile como nación independiente. Trabaja como un apéndice fascista al servicio del imperialismo y la reacción interna” (39).

              Pero el Pronunciamiento funcionó como estaba previsto por los uniformados chilenos y, de hecho, en los Estados Unidos y en Europa aparecieron comentarios acerca de la eficacia y organización del golpe militar. Pero desde el mismo día 11 ocurrió en Chile una variedad de situaciones desconocidas y no deseadas, a nivel local o comunal. De ellas las más altas autoridades no tenían siquiera noticia. Algunas aparecerían, mejor dicho “estallarían” años después, al darse a conocer, provocando grave daño a la imagen de la Junta y, en particular, de su Presidente, que era el blanco designado por el KGB soviético para recibir los disparos.

Espontaneidades múltiples y lamentables

              Por ejemplo, nadie supo hasta 1978 lo sucedido en una comuna pequeña, Lonquén, cercana a Santiago, en los días siguientes al 11 de septiembre. Un sucinto relato lo hizo un ex agente de seguridad y oficial de Ejército en declaraciones a la prensa, muchos años después:

              “Carabineros de un retén, en conocimiento de cuatreros en su sector, los fusilaron e inhumaron, muchas veces con ayuda de civiles interesados en terminar con aquel delito. También hubo muertos en ciudades, pueblos o localidades donde no existía presencia de Fuerzas Armadas. Lonquén es un ejemplo. ¿Quién dio la orden?” (40).

              Además de que surgieron y después han surgido tardíamente episodios desconocidos para la Junta, su Presidente y la opinión pública, también la “historia oficial” ha sido cambiada. Sucedió con entierros de osamentas halladas años después en Laja y Yumbel, en el sur, o en el pueblo agrícola de Paine, en la zona central, donde las odiosidades mutuas desatadas por los abusos pre-11 y post-11 reaparecen a la menor incitación, como sucedió a raíz de la detención del ex Presidente Pinochet en Londres en 1998, cuando hasta un diario norteamericano se hizo eco de la división local, como se describe más adelante en este capítulo.

              En otros lugares del país sucedían cosas parecidas: en Mulchén, región del Bío Bío, una decena de campesinos levantiscos fueron ejecutados por carabineros y enterrados sin forma de juicio y sin conocimiento de la superioridad. Los restos fueron desenterrados años después, justamente al conocerse en 1978 los hechos de Lonquén, que provocaron horror nacional y mundial, y a raíz de lo cual la Junta investigó para saber si había otras situaciones similares desconocidas del Gobierno, bajo promesa de amnistía si se daban a conocer.

              En los primeros días de octubre de 1973 efectivos de regimientos de Valdivia y Carabineros recorrieron el sector de Panguipulli, donde el guerrillero Comandante Pepe (José Liendo) había usurpado numerosos fundos y se había ufanado, ante la periodista Nena Ossa, de que si la revolución no generaba un millón de muertos iba a fracasar: los uniformados apresaron y dieron muerte en los “Baños de Chihuío” a 17 campesinos que un civil había identificado como revolucionarios.

              Sus restos fueron inhumados en fosas cavadas al efecto y sólo en 1978, ante la alarma pública nacional y externa a que dio lugar el hallazgo de Lonquén, las autoridades superiores de gobierno tomaron conocimiento de lo acontecido y fueron exhumados los restos y después lanzados al mar. Hechos de esta naturaleza, ajenos a toda disposición superior e incluso de los Jefes de Zona, fueron por completo desconocidos en su tiempo y contrarios a las instrucciones impartidas por la Junta. Cuando finalmente fueron investigados y luego revelados en 1978, tampoco fueron resueltos de la manera adecuada, es decir, revelando toda la verdad de lo sucedido y entregando los restos a los familiares. (Detalles del caso Chihuío en sentencia de 18 de diciembre de 2017 en causa C272-2011 del 1er. Juzgado de Valdivia).

Por el contrario, en 1978 se tomó la desafortunada medida de, en casos como esos, desenterrar los restos inhumados clandestinamente y lanzarlos al mar. Todo bajo una denominación todavía más desafortunada: “Operación Retiro de Televisores”. No se conoce el nombre del autor de tan desgraciada solución, pero evidentemente fue responsabilidad de la Junta haber autorizado su implementación y ella ha debido cargar con los desastrosos efectos para su imagen de semejante disparate.

              El criterio que guió en 1978 la investigación de posibles excesos que hubieran sido ocultados al Gobierno era el de que éste no podía quedar expuesto a futuros y sucesivos hallazgos de sepultaciones ilegales consumadas por personal no autorizado y sin conocimiento de sus superiores, todo en medio del fárrago de situaciones improvisadas que tuvieron lugar en los primeros meses de la Revolución y de los cuales la Junta no era, en realidad, responsable. Pero que el resto del mundo se los achacaba, y todavía achaca a la misma.

A veces, incluso, fueron civiles los instigadores de acciones ilegales de militares. En particular, recuerdo que un pariente político mío, dueño de un campo en la zona central y que, durante las “tomas” de fundos bajo Allende, había sido reiteradamente amenazado de muerte por una autoridad local que impulsaba esas usurpaciones, días después del 11 se encontró repentinamente en el respectivo pueblo con un oficial del regimiento local que llevaba prisionera a la referida autoridad unipopulista, y que le dijo:

--Don Fulano, aquí llevamos al que lo había condenado a muerte. ¿Qué hacemos con él?

--Usted tiene que resolver eso, no me pregunte a mí— respondió el agricultor, pero se quedó pensando en el significado y alcance de la pregunta del oficial, que en teoría debería haber sabido perfectamente lo que la legalidad vigente dictaba acerca de qué hacer en un caso así.

Intentos de borrar la verdadera historia

Otra muestra de cómo se ha alterado la verdad de lo acontecido: el diario El Mercurio comentó editorialmente el 22 de septiembre de 2001 el hecho de que en la Universidad Técnica del Estado (hoy Universidad de Santiago) “se resistió a mano armada a los uniformados el 11 de septiembre de 1973.” Entonces un profesor de dicha universidad, Francisco Javier Gil, objetó el editorial y escribió al diario señalando: “La Comisión de Reconciliación Universitaria de la Universidad de Santiago de Chile, que tuve la responsabilidad de presidir, se formó la convicción de que las fuerzas militares que ingresaron a la universidad lo hicieron utilizando armas de fuego de distinto calibre, enfrentando a personas que no tenían armas y que no ofrecieron resistencia alguna”.

            Pero el mismo día en que apareció la carta de Gil llegaron al diario otras dos. Una, del general de Carabineros Gabriel Ormeño Melet, quien describió “el severo ataque armado de que era víctima la 11ª Comisaría de Carabineros de Santiago y población anexa, ubicada frente a la universidad, producto de disparos de armas de fuego provenientes de los edificios de la universidad”.

          Añadió que el carabinero Pedro Ángel Cariaga Mateluna, “ubicado en la parte alta del estanque de agua de la población de Carabineros, anexa al cuartel, recibió impactos de bala provenientes de francotiradores ubicados al interior de la universidad, provocándole la muerte en forma instantánea”.

          Y otra carta, del abogado Luis Humberto Villagra Reveco, ex oficial de Carabineros, quien el 12 de septiembre de 1973, siendo capitán y “encontrándome ubicado con el personal en la terraza de la población fiscal anexa en posición de defensa del cuartel, fuimos atacados con ráfagas de ametralladoras; como consecuencia de ello falleció el carabinero Pedro Ángel Cariaga Mateluna, quien se encontraba a mi lado, resultando también lesionados algunos otros carabineros y el suscrito (…) Solamente en la tarde de ese día recuerdo que un grupo de 110 estudiantes se rindieron a las fuerzas del Ejército, previo a lo cual se deshicieron de las armas, y que yo sepa ninguno de ellos fue inculpado como responsable de la alevosa muerte del carabinero Cariaga, del cual nunca se supo quién fue el autor de su homicidio”.

Estado de conmoción interna

        El 12 de septiembre la Junta, en el ejercicio de las facultades constituyente, legislativa y ejecutiva, dictó el decreto ley N° 5, el cual, fundado “en la situación de conmoción interna en que se encuentra el país” y “en la necesidad de reprimir en la forma más drástica posible las acciones que se están cometiendo contra la integridad física del personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la población en general”, en su artículo 1° declaró, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, como más arriba se señaló, que el estado de sitio impuesto por conmoción interna según el decreto ley N° 3 del día anterior, debía entenderse como “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo contenida en el referido código y demás leyes penales y para todos los efectos de dicha legislación.

              Este estado se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 1974, en que se emitió el decreto ley N° 641, que declaró al país en estado de sitio en grado de defensa interna, conforme al decreto ley N° 640 del día anterior, debido a que las condiciones imperantes en el país constituían “un caso de conmoción interior provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentran organizadas o por organizarse, ya sea en forma abierta o en la clandestinidad” de acuerdo con el artículo 6° letra b) de dicho cuerpo, lo que se tradujo en el funcionamiento de los “Tribunales en Tiempo de Guerra a que se refiere el Título III del Libro I del Código de Justicia Militar con la jurisdicción militar de ese tiempo y se aplicará el procedimiento establecido en el Título IV del Libro II de dicho código y la penalidad especialmente prevista para tiempo de guerra”, situación que permaneció por seis meses luego de la publicación del referido decreto ley N° 641, esto es, hasta el 11 de  marzo de 1975” (41).

Odiosidades y venganzas

              Otra muestra de la multiplicidad de situaciones que se registraba en diversas partes del país está en este fallo sobre tres muertes ocurridas en el sur, cerca de Temuco, en esas primeras semanas después del 11:

          “Un vecino de Curarrehue, al parecer motivado por antiguas rencillas originadas por la propiedad de la tierra, denunció ante los militares a su vecino Alberto Colpihueque Navarrete, imputándole militancia comunista y el haber cometido delitos tales como hurto, abigeato e incesto. Por tales motivos el personal militar fue hasta el domicilio de Colpihueque Navarrete y procedió a detenerlo junto a dos de sus hijos”.

    Posteriormente esas personas fueron encontradas muertas (42).

              Y en Porvenir, Tierra del Fuego, tres suboficiales de Ejército dieron muerte a tres presos de extrema izquierda, en octubre de 1973. Más de treinta años después, en 2006, un ministro sumariante, Joaquín Billard, de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a cinco años y un día de presidio efectivo al que, en 1973, era el subteniente José Aguirre Aguirre, a quien los suboficiales confesos de los homicidios atribuyeron haber dado la orden de disparar.

  Pero Aguirre acreditó haber estado en la fecha de los hechos en Punta Arenas, a 45 kilómetros de distancia de Porvenir y Estrecho de Magallanes mediante. La Corte de Apelaciones lo absolvió, por no haber estado en el lugar al cometerse el delito. Pero el caso subió a la Corte Suprema en virtud de un recurso de casación en que ni siquiera Aguirre fue mencionado, no obstante lo cual el máximo tribunal, en 2008, de oficio, lo condenó a siete años de presidio, pese a haberse acreditado que no estaba en el lugar de los hechos. Ya la “justicia de izquierda” adquiría preponderancia en el más alto tribunal, situación que se mantiene hasta hoy, 2018, para perjuicio del Estado de Derecho.

               Una “venganza de izquierda”, más que justicia, se apoderaba de los tribunales.

Sacerdote español fusilado

            Cuando el ex Presidente Pinochet fue detenido en Londres en 1998, acogiendo una orden impulsada en España por el abogado izquierdista y ex asesor de Salvador Allende, Joan Garcés, y despachada al Reino Unido por el juez español, hoy separado de su oficio por prevaricación, Baltasar Garzón, una de las acusaciones en su contra era por el fusilamiento, en 1973, del sacerdote español Juan Alsina, del cual, por supuesto, difícilmente pudo haberse enterado en esos confusos momentos.

             He aquí la verdad sobre el hecho, que refleja bien las variables que se mueven durante un episodio revolucionario en un país convulsionado como era Chile en ese momento, expuesta en una completa y objetiva investigación de Televisión Nacional de Chile, controlada por el gobierno de la Concertación opositora a Pinochet que asumió el poder en 1990, en el programa Informe Especial emitido el 11 de agosto de 1994:

              El sacerdote Alsina se desempeñaba en 1973 como Jefe del Personal en el Hospital San Juan de Dios de Santiago. Al producirse el pronunciamiento militar, otros sacerdotes de su congregación le recomendaron no continuar asistiendo a su trabajo, por el peligro que ello podía representarle, pero Alsina les replicó que no tenía ninguna responsabilidad en hechos que pudieran hacerlo acreedor a alguna sospecha de parte de los militares.

            El mismo sacerdote, durante el gobierno de la UP, había comprobado un cuantioso fraude administrativo en el hospital, por parte de varios funcionarios, entre ellos algunos afines a la UP.

             Estos elementos, en conocimiento de que un bando militar amenazaba con severas penas y hasta fusilamiento a quienes tuvieran armas en su poder, informaron falsamente a los militares que Alsina las acumulaba en el hospital, en el cual, efectivamente, las armas fueron halladas por los uniformados y de las cuales, obviamente, el sacerdote nada sabía. Es de suponer que precisamente sus acusadores habían acumulado esas armas.

            Una patrulla del regimiento Yungay de San Felipe, al mando de un capitán de apellido Cáraves, ante tales denuncias, detuvo a Alsina el 19 de septiembre, lo condujo hasta un puente próximo sobre el río Mapocho y allí lo fusiló como responsable de mantener y distribuir armas, aplicándole todo el rigor de la letra del Bando N° 23.

              El equipo periodístico de Informe Especial buscó en 1994 al capitán Cáraves, sólo para encontrarse con que había fallecido prematuramente en un hospital de un pueblo próximo a Viña del Mar. Entre sus conocidos, Informe Especial halló a un sacerdote, que manifestó haber sido el último confesor del capitán. Entrevistado, manifestó haber recibido la confesión de Cáraves en que éste la expresó su pesar y arrepentimiento de por vida tras enterarse, después del fusilamiento de Alsina, de la falsedad de las acusaciones en su contra.

             Este episodio, referido desde una estación controlada por los adversarios del Gobierno Militar, revela en todo su dramatismo las fuerzas que se desatan en un proceso revolucionario, la imposibilidad de imputarles los hechos a mandos superiores que ignoran las circunstancias múltiples que se presentan en el terreno, el juego de la maldad y la mentira que despliegan los peores elementos de la sociedad en esos momentos y el peligro que representa para los países el verse llevados a esas crisis por gobernantes y políticos que alimentan utopías irrealizables.

                Fueron días en que la primera urgencia parecía ser combatir al ejército clandestino armado y en que no pocos aprovecharon eso para consumar vindictas o cometer excesos y por ello, sin conocimiento de la Junta y ni siquiera de los Jefes de Zona, hubo ejecuciones como las de Lonquén, que sólo vino a descubrirse cinco años después: Pisagua, La Serena, Antofagasta, Calama, Paine, Yumbel y Laja.

              La leyenda negra inicial daba por cierto universalmente que el Presidente Allende había sido asesinado por los militares, pese al testimonio presencial de su suicidio que dio el mismo día 11 por cadena de TV su médico personal, el doctor Patricio Guijón Klein. Finalmente, en 2012, un proceso judicial tardíamente abierto para investigar el supuesto homicidio de Allende terminó con una sentencia unánime de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que precisó las causas del deceso:

              “…provienen de un acto deliberado en el que voluntariamente éste se quita la vida, y no hay intervención de terceros, ya sea para su cometido como para su auxilio, estimándose en consecuencia que esto no sería motivo de delito” (43).

El caso de Paine

              Durante el gobierno de Allende en el pequeño pueblo agrícola de Paine, en la zona central, se generó violencia y despojos contra agricultores de predios de distintas superficies. Se gestó una división muy profunda en el pueblo. Después del 11 de septiembre de 1973 numerosos elementos de izquierda, cuya prepotencia y abusos se habían hecho notorios, fueron apresados y  todos supuestamente muertos, pues se ignora todavía el paradero de algunos, dado que no se ha investigado la identidad de numerosos cadáveres que fueron exhumados a fines de los años ’70 y lanzados al mar (“Operación Retiro de Televisores”).

Cada vez que alguien reactiva el clima de odios, éstos reaparecen. Fue lo que sucedió cuando el ex Presidente Pinochet fue apresado en Londres, en 1998. El reportero del diario Times de Nueva York, Clifford Krauss, que visitó Chile en esos días, escribió que en Paine, ese “pequeño pueblo de cultivadores de uvas y cítricos”, han reaparecido pinturas murales en que se lee: “Mueran los perros marxistas” y “Viva Pinochet”, en las paredes de una tienda de provisiones de la viuda de un izquierdista que fue muerto 25 años antes, mientras en las paredes de la casa de un transportista de derecha han pintado un rayado que dice: “El pueblo unido jamás será vencido”, característico de los años de la Unidad Popular.

            El reportaje añade: “Florinda Millán, la alcaldesa del pueblo, de 47 años, dice: ‘Las memorias son dolorosas y desagradables, así es que la mayor parte de la gente prefiere mantener cerrada la puerta a esas memorias’.

             “Pero el caso Pinochet ha vuelto a abrir esa puerta de par en par” (44).

            En Chile la izquierda, durante más de 40 años, reabre la misma puerta crónicamente y con eso probablemente haga olvidar sus propias culpas y gane votos, pero también hace imposible una reconciliación. En Chile el principal obstáculo para la reconciliación es el odio marxista.     

Blancas palomas no tan blancas

            En la biografía de un dirigente sindical de izquierda y católico, Clotario Blest, encontramos el siguiente relato, que habla por sí mismo:

            “Al terminar la ceremonia los padres Vergara y Aldunate le pidieron a Clotario que nos contara algunas anécdotas. Yo señalé una calavera que estaba en la mesa y le pregunté por qué la conservaba: “Esa es la cabeza de un gato y gracias a ella estoy vivo”.

              “¿Cómo es eso, don Clotario?” replican todos.

         “Poco después del golpe, una tarde un fuerte contingente de militares allanaron mi casa insultándome, me envolvieron en una bandera cubana que me habían obsequiado en la isla y me hicieron marchar a paso de ganso en círculo por el patio. En seguida comenzaron a cavar hoyos buscando armas. Yo creí que había llegado mi último momento, pues yo había enterrado una cantidad de armas que una monjita uruguaya, Hilda Elena Meikle, me había entregado dos días después del golpe. Yo la conocía, pues pertenecía a la Iglesia Joven y le di albergue por una noche. Por precaución, encima de las armas puse tierra y encima el esqueleto de un gato. En su búsqueda dieron con el lugar y triunfantes y extrañados me preguntaron: ‘¿Qué es esto?’ Yo les respondí: ‘Huesos de un gallo.’ ‘Esto no parece un gallo sino un perro’. Y en que era un perro o un gallo o un gato la discusión acalorada se prolongó y los militares no continuaron excavando. Ustedes comprenderán que si hubiesen continuado removiendo la tierra me fusilan inmediatamente. Por eso la cabeza de ese gatito está puesta en un lugar privilegiado” (45).

           Un anciano bondadoso, una monjita ingenua, armas para matar gente… militares evitándolo… ¡Qué malos son los militares!

          Poco antes del 11 Clotario Blest tuvo un encuentro: “Iba yo por la calle y pasó Allende rodeado de aduladores. ‘Mire, Clotario, me dijo, usted nunca ha ido a La Moneda desde que soy Presidente’. ‘Sí, Salvador, usted sabe que no me gusta llegar a las alturas’. ‘Pero necesito conversar con usted’, me contestó. Fui esa semana. Estuvimos conversando en privado. Me declaró cosas bien tremendas: ‘Yo necesitaba hablar con usted para expresarle que el Presidente de la República ya no manda en este país. Los partidos políticos y sus dirigentes toman las decisiones, sin acatar mis órdenes.’ Yo me alarmé: ‘Eso no puede ser’, le contesté, ‘usted debe ponerse en sus cabales’. ‘Ya no hay tiempo’, me contestó. ‘Sé que si abdico me van a matar y si me quedo también lo harán. Pero vaya a hablar conmigo a la casa de Tomás Moro, porque quiero seguir conversando’. Desgraciadamente, y a pesar de estar preocupado, no fui, lo cual me remuerde la conciencia. Debía haber ido, quizás si todavía podrían haberse tomado algunas medidas. Esa era la situación de Allende” (46).

Un país regido por “bandos”

              El mismo día 11 de septiembre la Junta emitió nueve bandos, todos con instructivos para que las personas no incurrieran en conductas que las pudieron hacer objeto de la represión armada y demandándoles evitar reuniones callejeras y regresar prontamente a sus hogares (47).

            Y después, en los primeros días, cuando sucedían tantas cosas en tantos lugares, la Junta dictó otros 41 “bandos” u órdenes con fuerza legal, que instituyeron un verdadero poder total en sus manos, ante una ciudadanía que mayoritariamente estaba dispuesta a aceptarlo, atendida la emergencia y el miedo a una guerra civil. Por ejemplo, el Bando N° 12, del mismo día 11, advirtió que cualquier información de prensa, radio o televisión no confirmada por la Junta daría lugar a la intervención del medio. El N° 13 congeló todas las cuentas corrientes fiscales. El N° 16, de 12 de septiembre, estableció y reguló el “toque de queda”, período durante el cual las personas no podían salir a la calle, según lo determinaran los respectivos Jefes Militares de Zona o CAJSI (Comandantes de Áreas de Justicia y Seguridad Interior). Éstos eran los jefes uniformados zonales de Antofagasta, Santiago, Concepción, Valdivia y Punta Arenas. Los CAJSI tenían las más amplias atribuciones para juzgar abusos y atropellos. Algunos cumplieron, otros no, para evitarse conflictos. Uno se transformó, después de 1990 (Joaquín Lagos Osorio, Antofagasta) ¡en acusador del Gobierno Militar por atropellos a los derechos humanos!, habiendo tenido todas las atribuciones para evitarlos y castigarlos.

            El diario El Mercurio del 26 de septiembre publicó los 41 bandos dictados hasta esa fecha, sobre las más variadas materias. En su conjunto acusaban la situación de un país cuyas autoridades estaban tan desorientadas que no sabían por dónde comenzar su tarea de gobernar.

             Recuerdo que, en esos primeros días, afanados oficiales jóvenes del Ejército tenían la misión de examinar todo lo que se publicaba en el diario El Mercurio, al cual volví a concurrir después de que el Congreso, donde yo era diputado, fue oficialmente disuelto el 20 de septiembre.

La tarea de censores de los jóvenes oficiales era extenuante y, por consiguiente, los extenuó, de modo que a los pocos días sus superiores reconocieron la inutilidad de la censura previa y los retiraron.

Clausura del Congreso

              Por el decreto ley N° 27 la Junta dispuso la clausura del Parlamento y asumió las funciones legislativa y constituyente. Pero los políticos reaccionaron de mal grado:

              “La clausura del Congreso Nacional, una institución que había funcionado prácticamente sin interrupción durante 160 años, mereció una declaración conjunta de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Frei y Luis Pareto, respectivamente. En ella indicaban que ‘en el actual Congreso representábamos en el Senado y la Cámara de Diputados a la mayoría que constituía la Oposición Democrática. Esas mayorías fueron elegidas por el pueblo después de una dura lucha contra el fraude, la violencia y la utilización de todos los recursos del Estado. Los parlamentarios que integraban esas mayorías, al igual que los del Congreso anterior, cumplieron en los últimos tres años con su deber para con Chile, con honor y entereza. Cuando muchos callaban o vacilaban, fueron ellos los que primero levantaron su voz en tan altas tribunas para defender la libertad; denunciaron una política económica que llevaba al país al derrumbe; la corrupción y los abusos en la administración del Estado, y fueron también los primeros en señalar el ingreso de armas y la presencia e intervención extranjeras en nuestra vida interna. No titubearon en acusar a Ministros de Estado y altos funcionarios que atropellaban las leyes, y con fecha 8 de julio de este año, como Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, señalamos al país los errores y daños que acarreaba la acción de Gobierno. Con fecha 22 de agosto recién pasado la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo en que se denunciaban al país las repetidas transgresiones que se cometían contra la Constitución y la Ley. Dentro de esa misma línea se dio respaldo a la Corte Suprema en su actitud de defender la plena independencia de los Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la República (…) Por todo eso se vieron expuestos a la calumnia, a los ataques más viles, a amenazas y aun a atentados contra sus personas. No se podrá olvidar ni borrar sus actos, sin los cuales el país no habría tomado conciencia del desastre que vivía ni se habrían detenido proyectos que, convertidos en ley, hubieran cambiado la suerte de la República. (…) El caos a que Chile fue conducido por una gestión insensata llevó inevitablemente al quiebre de sus instituciones. Ninguna palabra ni actitud puede en esta hora cambiar los hechos. Lo único importante es pensar en Chile. Así, por lo demás, se ha afirmado por quienes han asumido el Gobierno” (48).

              La declaración rezumó más resignación que protesta. Es que costaba imaginar, en ese momento, un Congreso en funciones, deliberante, con parlamentarios partidarios del régimen caído, funcionando al mismo tiempo que un gobierno empeñado en combatir la subversión propiciada desde ese mismo régimen.

(CONTINUARÁ).

REFERENCIAS DE ESTA SEGUNDA ENTREGA:
(19) Schiappacasse, Mauricio; Medalla, Ernesto; Sánchez, Francisco: “Allende y Pinochet: Las Verdades Olvidadas”, Maye, Santiago, 2012, p. 400.       

(20) Arancibia, Patricia, op. cit., p. 161.

(21) Whelan, James R.: “Desde las Cenizas”, Zig-Zag, Santiago, 1993, p. 464.

(22) Ibíd., p. 457.

(23) Ibíd., capítulo 8.

(24) Ibíd., p. 483.

(25) Ibíd., p. 476.

(26) Ejército de Chile: “Presentación ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, tomo IV, p. 113.

(27) Ejército de Chile: “Presentación ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, tomo IV, p. 114 y sigtes.

(28) Reproducido en “El Mercurio” de Santiago, 8 de septiembre de 2002, p. D 5.

(29) Koehler, John O.: "STASI", Westview Press, Colorado U.S.A., 2000, p. 311.

(30) Whelan, op. cit., p. 541.

(31) Koehler, op. cit., p. 311.

(32) Presentación del Ejército a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit., tomo IV, p. 114 y sigtes.

(33) Ídem.

(34) La Stampa de Milán, 26 de octubre de 1973.

(35) Carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor publicada in extenso en “El Mercurio” de Santiago el 7 de septiembre de 2003.

(36) “Libro Blanco sobre el Cambio de Gobierno en Chile”, Editorial Lord Cochrane, Santiago, 1974, p. 65.

(37) Canessa, Julio y Balart, Francisco: “Pinochet y la Restauración del Consenso Nacional”, Geniart, Santiago, 1998, p.211.

(38) Thayer Arteaga, William: “Memorias Ajenas”, Andrés Bello, Santiago, 2010, p. 308.

(39) Canessa y Balart, op. cit., p. 209.

(40) Ex agente Carlos Herrera Jiménez en “El Mercurio”, 26 de agosto de 2007, pág. D-4.

(41) Paul Latorre, Adolfo: “Prevaricato”, El Roble, Santiago, 2017, ps. 24-25.

(42) Diario digital Chile Informa, 10 de abril de 2017.

(43) “El Mercurio on line”, 13.09.12, citado por Jorge López Bain en “Testigo Presencial”, Editorial Maye, Santiago, 2012, p. 120.

(44) Diario Times de Nueva York, 12 de noviembre de 1998.

(45) Echeverría, Mónica: “Antihistoria de un Luchador”, LOM, Santiago, 1993, p. 296.

(46) Echeverría, op. cit., p. 323.

(47) Molina Johnson, Carlos: “Chile, Los Militares y la Política”, Andrés Bello, 1989, p.239-244.

(48) Canessa y Balart, op. cit., p. 206.

 (CONTINÚA MAÑANA)