HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (VI)

CAPÍTULO II. "1974: El año en que la Junta se dejó estar" (PARTE FINAL).

El “Plan Cóndor” y la verdad

              El 14 de junio de 1974 la Junta, como antes se dijo, aprobó el decreto ley N°521 que creó la DINA. Esto implica que la frecuente acusación que se le hace de ser responsable de la mayor parte de las muertes y desaparecimientos de personas durante el Gobierno Militar es insostenible, pues la mayoría de esas situaciones ya se había producido antes de junio de 1974: de los 824 desaparecidos detallados en el Anexo II del Informe Rettig, al menos 500 ya habían tenido lugar al crearse la DINA. De los 2.279 muertos totales entre 1973 y 1990 especificados en la página 196 del Informe Rettig, al menos mil 823, es decir, el 80 %, ya habían perecido al crearse la DINA.

          Otra imputación gratuita la hace el historiador Gonzalo Vial: “La DINA armó ‘Cóndor’”, afirma en la página 240 del primer tomo de “Pinochet, la Biografía” (31).

   En realidad, lo que motivó la coordinación de los servicios de inteligencia de varios países sudamericanos en 1974 no fue una decisión de la DINA, sino la fundación en París de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) integrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro (MLN-T) de Uruguay y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile.

              La comisión política del MIR, en su periódico El Rebelde en la Clandestinidad (pues durante la UP ese diario del grupo terrorista circulaba ampliamente y se siguió distribuyendo de manera similar durante el Gobierno Militar) daba cuenta, en su edición de octubre de 1974, de la coordinación revolucionaria sudamericana en los siguientes términos:

             “9°. En el campo internacional nuestro partido redoblará la coordinación y el trabajo conjunto con el ERP, el MLN-Tupamaros y el ELN de Bolivia y junto con ellos luchará por fortalecer y acelerar el proceso de coordinación de la Izquierda Revolucionaria Latinoamericana y Mundial.

              “10° (…) llamamos a todas las organizaciones y movimientos hermanos a redoblar la lucha en sus propios países, a fortalecer y ampliar la Junta Coordinadora del Cono Sur” (32).

              Era obvio que los servicios de inteligencia sudamericanos iban a responder a la coordinación revolucionaria, coordinándose a su turno en la defensa contra esa revolución, y eso se llamó Plan Cóndor. Era similar a la posterior coordinación de España y Francia ante la acción terrorista de la ETA.

  Y el Presidente de Bolivia, Hugo Bánzer, respondió así a una pregunta periodística sobre el Plan Cóndor, cuando dejó el poder en 1978: “En alguna parte escuché un comentario de que era como un sistema de inteligencia, en el que cada gobierno informaba al de otro país de la existencia de personas que conspiraban contra la estabilidad de esa época, pero nunca como un plan tenebroso” (33).

           Pero la propaganda de la izquierda lo transformó en tal, dentro del esquema general de la estrategia publicitaria inspirada en la URSS y Cuba, que consistía en transformar a los agresores armados en agredidos y en acusar a quienes se oponían con armas a sus armas de “atropellar los derechos humanos”.

El atentado contra el general (r) Prats

        Las actividades del general (r) Carlos Prats, exiliado en Buenos Aires, eran objeto de  seguimiento por parte de la inteligencia chilena, y es probable que también de la CIA.

   El autor argentino Ernesto Ekaizer afirma: “El agregado militar de la embajada de Chile en Buenos Aires había organizado su seguimiento permanente, del que informaba con puntualidad al entonces jefe del servicio de inteligencia militar, general Augusto Lutz” (34).

           Esto era natural, pues las actividades de Prats no se limitaban a escribir sus memorias y cumplir una activa vida social. Con seguridad los servicios de inteligencia norteamericano y chileno conocían otros aspectos de su quehacer, como el que refiriera el desertor y ex agente soviético Vasilii Mitrokin, en su libro El KGB y la Batalla por el Tercer Mundo (35).

              Allí revela que un importante agente soviético enviado a Buenos Aires para la asunción del mando de Juan Domingo Perón, en 1973, bajo el alias de Sergei Sergueyevich Konstantinov, pero de apellido real Tolstikov, aprovechó su vinculación con el general Prats para obtener una entrevista con la vicepresidenta argentina, Isabel Perón, la cual consiguió precisamente gracias a Prats y le sirvió para entrevistarse finalmente con Perón mismo.

              Lo que añade Mitrokin y es de interés para Chile es lo siguiente: “A Prats se le entregaron diez mil dólares de los fondos asignados al Comité Central para ‘trabajo con la resistencia chilena y la comunidad de inmigrados’, después del derrocamiento de Allende”.

              Veamos qué dice el ordenamiento jurídico chileno sobre la conducta de un militar que, aun estando en retiro, a cambio de dinero se pone a las órdenes de la principal potencia enemiga de su país en esa fecha, la URSS, para “trabajar con la resistencia chilena”: el art. 244 del Código de Justicia Militar dice que será castigado con la pena de muerte el militar que cometiere cualquiera de los crímenes enumerados en los artículos 106, 107, 108 y 109 del Código Penal.

             Y el artículo 107 sanciona al “chileno que militare contra su patria bajo banderas enemigas”.

             Es difícil que a los servicios de inteligencia chilenos y norteamericanos, en plena Guerra Fría, se les haya escapado esta actividad del general Prats y, en particular, su compromiso con la Unión Soviética.

El investigador Víctor Farías, por otra parte, ha documentado los acuerdos que durante una visita a Moscú en 1972 concretó el general Prats, en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército, con la extrema izquierda (36).

        Es concebible que en 1974 la actividad del general (r) de “trabajo con la resistencia” fuera considerada equivalente a cometer los delitos de traición tipificados en el Código Penal y en el de Justicia Militar, castigados con la pena de muerte.

         El norteamericano Michael Townley había llegado de vuelta a Chile en octubre de 1973, después de haberse marchado durante la Unidad Popular. Había trabajado para el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad por convicción. Se había ofrecido a la CIA, que no aceptó sus servicios. Y finalmente se había puesto a disposición del subdirector de la DINA, coronel Pedro Espinoza.

           Estuvo en Buenos Aires entre el 19 y el 30 de agosto de 1974, enterándose de los movimientos de Prats. Éste recibió dos llamadas de advertencia acerca del peligro que corría su vida. Su cónyuge, Sofía Cuthbert, tramitaba pasaportes para ella y su marido con el fin de cumplir un compromiso con la Universidad Complutense de Madrid, pero ya Michael Townley y su cónyuge, Mariana Callejas, estaban el 15 de septiembre en Buenos Aires para cumplir la misión de eliminar al general.

           Éste recibió una segunda llamada:

         --General, che, te vamos a matar. Tenés que declarar públicamente que no estás conspirando, che, contra la junta militar de Chile— dijo la voz… (37)

          “Prats envió a su esposa al consulado general de Chile a fin de insistir en los pasaportes.” Pero ya el viernes 29 Townley se había colado en el estacionamiento del edificio de los Prats y había colocado la bomba. El domingo 31 el matrimonio volvía de una comida y cuando él se bajó a abrir el portón y volvió a su asiento de conductor, Townley hizo volar el vehículo, matándolos a él y su cónyuge”.

         Ese mismo domingo Townley y Mariana Callejas volvieron a Santiago (38).

       Pinochet declaró sobre el crimen: “Informado de la trágica muerte del General de Ejército (r) Carlos Prats González y su señora esposa, doña Sofía Cuthbert de Prats, el Gobierno lamenta tan brutal acto de violencia y lo condena enérgicamente.

         “Se han arbitrado las medidas para que se trasladen a Buenos Aires, de inmediato, los familiares que residen en Chile, otorgándoseles las más amplias facilidades.

        “El alevoso homicidio del señor General Prats y su esposa y el clima de terror que el extremismo crea internacionalmente vienen a justificar las medidas de seguridad y orden que el Gobierno de la República ha adoptado y seguirá adoptando para tranquilidad y resguardo de la vida de todos los habitantes de Chile”. (…)

     “Ese mismo día dispuse como preocupación permanente para el Ministerio de Relaciones Exteriores que tomara contacto con su homólogo argentino y se realizaran las investigaciones para encontrar al o los culpables” (39).

        Quedará acreditado más adelante que Pinochet ignoraba la existencia misma de Townley, hechor del crimen, y con mayor razón su vinculación con la DINA. Esto se comprobó justamente a raíz de descubrirse, dos años más tarde, su participación en el atentado contra Letelier en Washington. Ello explica también la ignorancia de Pinochet acerca de su actuación en el atentado contra Prats.

Desafío (no aceptado) al bloque soviético

     El historiador norteamericano James Whelan llamó la atención sobre un desafío público e internacional que lanzó la Revolución Militar Chilena al mundo socialista y que pocos recuerdan, tal vez por conveniencia propagandística, porque echa abajo la acusación de que hubo “un exilio” generalizado, en circunstancias que lo que sí hubo fue una conmutación de penas a elementos acusados o sospechosos de terrorismo:

     “En el primer aniversario del golpe, Pinochet anunció que, con la excepción de los casos especialmente graves, todos los prisioneros que lo deseen tienen libertad para dejar el territorio nacional definitivamente (…) Pero nuestro amor a la libertad y nuestro respeto por los derechos naturales del hombre no nos permiten hacer oídos sordos a los dramáticos lamentos de millones de seres humanos que hoy viven oprimidos por tiranías comunistas. En esos países, regímenes plenamente consolidados y que no viven, como es el caso de Chile, una situación de emergencia, han construido un sistema completo de violación de toda libertad y de los derechos humanos. Por esta razón, antes que la decisión que acabamos de anunciar se materialice, consideramos nuestro deber moral desafiar a la Unión Soviética y a Cuba a que, bajo la supervisión de la Cruz Roja Internacional, con sede en Ginebra, procedan a permitir que deje sus países un número de prisioneros equivalente a aquel que se va a beneficiar con nuestra decisión” (40).

         El desafío, no tiene que decirse, no encontró eco.

             

Muerte de Miguel Enríquez

         El jefe de la asociación ilícita terrorista MIR, Miguel Enríquez, no sólo logró eludir la acción de la justicia, primero amparado por el régimen de Allende y después ocultándose del régimen militar, sino que fue activo cometiendo asaltos y atentados después del 11 de septiembre de 1973.

      Pocos días antes de su muerte, el 26 de septiembre, había asaltado la sucursal “Huelén” del Banco de Chile, cuyo  agente, Renato Robinson del Canto, tuvo el coraje de negarse a entregarle las llaves de la caja fuerte y, ante el apremio de Enríquez, que llevaba un revólver en la mano con el cual le golpeó la cabeza, le asestó temerariamente a éste un golpe de puño en la cara que lo lanzó lejos sobre un escritorio.

     El terrorista, sin poder incorporarse, le ordenó a otro de los suyos: “¡bájalo!”, a raíz de lo cual Robinson recibió seis disparos de calibre 38, pese a lo cual salvó con vida. Se erigió así en un héroe de la civilidad democrática que rara vez ha sido recordado y nunca homenajeado.

    Días después el escondite de Enríquez fue descubierto por el teniente de Ejército Miguel Krassnoff, que se desempeñaba en la recién creada DINA. Las versiones de la izquierda y de la sesgada Comisión Rettig hablaron de tanquetas y helicópteros con un contingente de cincuenta hombres que habrían dado muerte a Enríquez, pero el protagonista principal, Krassnoff, dio su propia versión a El Mercurio, que es muy diferente. Escribe la historiadora Gisela Silva Encina, en su biografía Krassnoff:

       “El hecho ocurrió el 5 de octubre de 1974 en una vivienda ubicada en la comuna de San Miguel. En el lugar estaban, además de Enríquez, su pareja Carmen Castillo y otros individuos que consiguieron huir. Este es el relato de Krassnoff:

      "Ese sábado, cerca de las 14 horas, recorremos en dos vehículos varias veces las calles. Van conmigo dos agentes, más una ayudante de 19 años que operaba como mi secretaria. No obtenemos nada, pero cuando nos retirábamos, vecinos nos dicen que en una casa entran y salen vehículos, escriben a máquina toda la noche y hay un señor que parece inválido porque entra sin bajarse.

       “La información había que comprobarla tocando el timbre y si salía una señora diciendo que no pasa nada nos íbamos, así de simple. Pongo a la mujer a cargo de los vehículos, a un segundo en una esquina y voy con el otro integrante a la puerta de la casa. Cuando cruzábamos frente a la ventana, quien iba a mi lado me dice ‘¡Cuidado, Miguel!’, me empuja y me tira al suelo. Había escuchado el movimiento del cierre de un fusil cargándose. Entonces pasa sobre nosotros una andanada de tiros impresionante.

      "No disponíamos de ningún tipo de comunicación y la única manera de llamar a la central era por teléfono. Mandé a ubicar uno y mientras disparé mi fusil Aka parapetado en un poste frente a la casa. Escuché tiroteo en otro lado, pero no vi a ningún adversario. De repente apareció un fulano en la azotea con un lanzacohetes soviético antiblindaje y me dispara. Afortunadamente, por la poca distancia, el proyectil no alcanza a desarrollar su máxima explosión y vuela una moto y parte de la casa que tenía detrás, pero a mí no me pasó nada. En eso se me acaba la munición y me tengo que retirar.

       "Cuando vuelvo, un equipo de Investigaciones se introducía en la casa. Lo detengo, porque podría haber cazabobos y explosivos, y entro. Me encuentro con una mujer embarazada desangrándose tendida en el piso con su fusil. Creí que estaba muerta, pero vivía. Con su ropa traté de parar la abundante sangre de su hombro y antebrazo. Y cuando me avisaron que llegaron ambulancias la tomé bajo mi protección, la puse en una de ellas con un ayudante mío y la llevaron urgente al Hospital Militar. Sobrevivió gracias a la oportuna atención médica. Era Carmen Castillo Echeverría, conviviente de Miguel Enríquez, sobrina de Jaime Castillo Velasco, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos e hija del actual alcalde de La Reina.

        "En eso el hombre que dejé a un costado de la casa se enfrentó con Enríquez. Estaba herido, trató de subir por una pared y, al asomarse, fue conminado a levantar las manos y a no moverse. Pero siguió, se le volvió a insistir y sacó un revólver calibre 38. El agente reaccionó en defensa propia y Enríquez cayó muerto.

         “A las cuatro o cinco de la tarde (más de dos horas después) llegaron fuerzas de Carabineros y militares para cercar el perímetro. Yo estaba en el Hospital verificando el estado de Carmen Castillo. Cuando comenzó a recuperarse tuvimos conversaciones muy largas hasta que se fue a Inglaterra (yo mismo la fui a dejar al aeropuerto) y nunca más supe de ella. En 1992 me llamó por teléfono, pero no la atendí. Me mandó un mensaje a través de un personaje político importante en el Gobierno Militar. A éste le impresionó cómo se refería a un adversario. Quería tomar contacto para agradecerme. No acepté porque cumplí con mi deber y no tenía que aceptarle agradecimientos a quien me quiso asesinar”.

        El Ejército investigó los hechos que rodearon la muerte de Miguel Enríquez y decidió entregarle, a través de la persona del general Pinochet, la Medalla al Valor Militar a Krassnoff, con lo cual se convirtió en el único en recibirla desde la Guerra del Pacífico (41).

        No obstante, cuando la “justicia de izquierda” se enseñoreó de los tribunales a partir de fines de los ’90, se dio pie a que el extremismo se convirtiera, de victimario, en “víctima”, de agresor en “agredido”, y a que en 2017 se haya dado la suprema ironía de que el hoy brigadier Krassnoff, que cumple ya 18 años preso, haya sido condenado por el “asesinato” del terrorista Enríquez. Notable tránsito de una “medalla al valor” a una “cadena perpetua de facto”.

Arellano no pudo ser dos personas a la vez

       La literatura en general, y en particular el libro de Ekaizer varias veces citado, no vacilan en inculpar al general Sergio Arellano de muertes injustificadas y, a través suyo, al general Pinochet. Pero el propio Ekaizer en su obra da a conocer una carta de 24 de noviembre de 1974 del general referido al Presidente Pinochet, con motivo de la condena que recibió ese año el Gobierno en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
       El tenor de la carta es incompatible con el papel de “asesino en serie” que el mismo libro le atribuye en el caso de la llamada Caravana de la Muerte, cuyo actuar he descrito en un libro mío, nunca refutado y que fue best-seller por muchas semanas en Chile, La Verdad del Juicio a Pinochet, y al cual el historiador Gonzalo Vial, muy crítico de la Revolución Militar y en particular de Pinochet en materia de derechos humanos, califica de “provocador análisis jurídico de las irregularidades cometidas (afirmaba) por el ministro Guzmán en el juicio Pinochet. Nadie recogió el guante. No era el derecho el tema fundamental que se disputaba” (42).

       A su turno Ekaizer, tras culpar a Arellano de crímenes atroces e injustificados en su capítulo titulado La Caravana de la Muerte, publica la carta antes referida de Arellano a Pinochet:

        “Otro aspecto que puede haber incidido en esta materia (la condena de Naciones Unidas) es la acción que ha realizado la DINA y en menor escala la Fiscalía de Aviación. Algo de esto te conversé en tu gira a la provincia de Coquimbo. Ninguno de estos dos organismos depende de mí, pero debiera trabajar en una estrecha colaboración y armonía con ellos, ya que como no proporcionan información a civiles, éstos recurren indefectiblemente a la Comandancia de la Guarnición, al igual que instituciones y otras autoridades civiles, lo que me ha permitido orientarme de algunas técnicas y modalidades de trabajo que me hacen concluir que se han olvidado de lo que significa derechos humanos fundamentales y que vivimos en un Estado donde la legalidad tiene plena vigencia (…) Se puede buscar y encontrar dónde está la falla y la vemos claramente en los procedimientos que emplea, los cuales nos han creado y nos seguirán creando problemas, salvo que pongamos drástico término a algunas prácticas y técnicas inaceptables, las cuales, muchas veces magnificadas, han llegado a conocimiento de importantes círculos civiles, religiosos y también uniformados.

       “Debemos tener paciencia y preocuparnos fundamentalmente de mantener cohesionado nuestro frente interno. Y para ello es necesario que se respire confianza en la más amplia extensión de la palabra. Esto no sucede en la actualidad en la proporción que corresponde por algunas prácticas incorrectas de la DINA y de la Fiscalía de Aviación. Se ha maltratado y sometido a diversos apremios en forma innecesaria y torpe a muchos detenidos (…)

       “No es posible que ya se esté hablando de una Gestapo, con todos los macabros recuerdos que esta palabra trae desde la Alemania nazi, cuando se encerraba a los jefes en una torre de marfil y se les hacía navegar en una maraña de intrigas y soplonaje, que significó el comienzo del fin del citado sistema de gobierno (…)”

       Eso le escribía el general Arellano a Pinochet. Es, sin duda, repito, incompatible con la imagen de “asesino en serie” que ha logrado imprimirle la propaganda izquierdista (43).

Pero había un militar delincuente

        Sostengo que a la fecha de escribir estas líneas, y si se identificara los restos inhumados en el Cementerio General o mantenidos en el Instituto Médico Legal, aparte de considerar los de quienes fueron lanzados al mar tras se desenterrados y cuyos nombres son conocidos, ya no restan, prácticamente, casos de “detenidos-desaparecidos”. En el capítulo final de este libro eso se detalla. Pero sí conozco uno: el caso del detenido-desaparecido tras una flagrante acción homicida y delictiva de un militar.

        El hermano de mi amigo Juan Pablo de la Jara Goyneche, Félix Santiago, era miembro de la organización ilícita terrorista MIR. Manifestaba a su familia su temor a ser detenido, pero no vivía con ella, sino por su cuenta en actividades que los suyos no conocían, pero podían suponer. En un momento dado fue detenido. Fue seguida su trayectoria por su hermano Juan Pablo, quien supo que permanecía en el centro de detención de Villa Grimaldi, con una herida gangrenosa en una pierna.

        Un día se presentó en el domicilio de Juan Pablo un oficial de Ejército y le manifestó que si le entregaba diez mil dólares en un plazo de tres días, su hermano sería embarcado desde Arica a Frankfurt, donde quedaría libre. El oficial no se identificó, pero Juan Pablo de la Jara lo había visto oficiando de custodio del general Pinochet y supo su nombre. Y pese a haberle entregado el sobre con los diez mil dólares en la fecha convenida, su hermano Félix Santiago no fue embarcado desde Arica a Frankfurt y, de hecho, de él nunca más se supo. El dinero tampoco le fue devuelto. El alto oficial se quedó con él.

      No doy el nombre del militar extorsionador  e incumplidor, porque podría querellarse en mi contra por injurias, pero creo en el relato de Juan Pablo de la Jara, abogado de derecha y, pese a todo, aún hoy partidario del Gobierno Militar.

       Puede haber más casos como ése, pero son excepciones y yo, por lo menos, no conozco ningún otro. De ello no puede culparse  a la Junta, ni a su Presidente, ni al Ejército, pero de existir, existió y fue constitutivo de grave delito.

                           

Pinochet Presidente de la República

      Inicialmente se había acordado de manera informal que la presidencia de la Junta iba a ser rotativa y anual, y así lo había declarado Pinochet en una entrevista citada en el capítulo anterior, pero con el curso del tiempo se fue haciendo notar el predominio del primer Presidente de la Junta, con la aquiescencia de Merino y Mendoza y la reticencia y aun resistencia de Leigh. Todo conducía a desechar la Presidencia rotativa y a confirmar la noción de un conductor principal que, junto con tener la personalidad de tal, tuviera “suficientes divisiones” bajo su mando.

       El general Leigh se ausentó del país en junio de 1974 por algunas semanas y a su vuelta se encontró con que se había dictado el decreto ley N° 527, publicado el 26 de ese mes en el Diario Oficial, que designaba como “Jefe Supremo de la Nación” al general Augusto Pinochet. Para el día 27 se había convocado a una ceremonia en el edificio de gobierno en la cual investiría al recién designado Jefe Supremo el Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia.

         Dice Pinochet en sus memorias que, de acuerdo con esa normativa, “el Poder Ejecutivo sería detentado por el Presidente de la Junta, quien, como Jefe Supremo de la Nación, ejercería las atribuciones que el estatuto le otorgaba y aquellas otras que la Constitución y las leyes confieren al Presidente de la República. Dos días más tarde, en una sencilla ceremonia, asumí el Mando Supremo de la Nación. Con esta medida la situación de responsabilidades en la cúpula se iba aclarando” (44).

Pero “en la cúpula” había disensiones: Leigh, sorprendido por la convocatoria a la ceremonia del día 27, acusó a Pinochet de actuar a espaldas de la Junta y, según el investigador argentino Ernesto Ekaizer (bastante predispuesto en contra de Pinochet), le habría dicho:

           “— ¡Te creís Dios! ¡Hasta cuándo!

       “-- ¡Aquí ya está bueno de joder! —habría respondido Pinochet –. Si hay tanto barullo se suspende todo y veremos cómo se arregla esto. ¡No voy a permitir que se juegue con el país!”

         Dicho lo cual, según esta versión que estoy reproduciendo, dio un golpe sobre la mesa que quebró el cristal que la cubría. Entonces Leigh, resignado, (tenía “menos divisiones” que Pinochet) habría dicho:

          “-- Has convocado a la prensa, a las autoridades, a medio mundo. ¡Qué vas a suspender!” (45).

El Estatuto de la Junta

         La Junta, que había asumido con plenos poderes ejecutivos, legislativos y constituyentes –si bien respetando al Poder Judicial— funcionaba un poco en la nebulosa. La autoridad de Pinochet se hacía notar y sólo se le oponía eficazmente Merino cuando discrepaba de él, porque los unía una amistad que se remontaba a la infancia en el colegio de los Sagrados Corazones de Viña del Mar. Leigh se le oponía también, pero ineficazmente.

Con éste la relación de Pinochet era difícil, porque continuamente Leigh reclamaba una igualdad de derechos, sobre todo a presidir la Junta, que a aquél le incomodaba, tal vez porque inicialmente él mismo había anunciado que la Presidencia sería rotativa.

          Recapitulando: se dictó el ya visto decreto ley 527, de 26 de junio de 1974, Estatuto de la Junta de Gobierno, que designó a Pinochet como Jefe Supremo de la Nación, y a fines de junio fue investido solemnemente como tal por el Presidente de la Corte Suprema, en las circunstancias y con el enojo de Leigh que antes se ha relatado.

Finalmente, en diciembre de 1974 se dictó el decreto ley N° 806 que incorporó a la legalidad una realidad que se había hecho manifiesta desde las primeras horas del 11 de septiembre de 1973: nombró explícitamente “Presidente de la República” a quien encabezara la Junta. Y reiteraba que éste era el Jefe Supremo de la Nación.

         Éste gobernaba y administraba, nombraba y removía a los ministros, conducía las relaciones internacionales, nombraba Intendentes, Gobernadores y Alcaldes. Y seguía siendo miembro de la Junta, que tenía el Poder Legislativo y Constituyente, con derecho a veto dentro de ella.

Curiosamente fue a instancias de los economistas representados por el ministro de Economía, Fernando Léniz, y no de ministros o asesores abogados, que se modificó de la forma que reclamaban el sentido común y la claridad, el decreto ley 527, mediante el 806, afirmándose explícitamente que el Poder Ejecutivo sería ejercido por el Presidente de la Junta, quien con el título de Presidente de la República, administraría el Estado y sería el Jefe Supremo de la Nación (46).

Así, recibe las atribuciones del cargo, con lo que se va delineando para él un poder ejecutivo unipersonal y un papel legislativo y constituyente para la Junta de Gobierno, la cual preside. Los demás integrantes de ella tienen sus Comisiones Legislativas asesoras. El Presidente tiene su propio equipo de ministros y asesores. Por eso la I Comisión Legislativa es la de la Armada; la II, de la Fuerza Aérea; y la III, de Carabineros.

Sólo cuando Pinochet sea ratificado como Presidente por ocho años, en el plebiscito de 1980, que también aprobará la Constitución, habrá un Vicecomandante en Jefe del Ejército que integrará la Junta de Gobierno, pero en el cuarto lugar de precedencia y no en el primero que ocupaba Pinochet. Entonces ese Vicecomandante en Jefe del Ejército pasará a presidir su propia IV Comisión Legislativa.

Poco después de asumir el cargo que le confiere el decreto ley 806, en diciembre de 1974, el Presidente designa un nuevo gabinete: Interior, general César Raúl Benavides; Relaciones Exteriores, vicealmirante Patricio Carvajal; Economía, Fernando Léniz Cerda; Hacienda, Jorge Cauas Lama; Justicia, general de Carabineros Hugo Musante; Defensa, general Óscar Bonilla; Educación, contralmirante Hugo Castro; Obras Públicas, general de Aviación Sergio Figueroa; Agricultura, general de Carabineros Tucapel Vallejos; Tierras y Colonización, general de Carabineros Mario Mackay; Trabajo, general de Aviación Nicanor Díaz Estrada; Minería, general Agustín Toro Dávila; Vivienda, contralmirante Arturo Troncoso; Salud, general de Aviación Francisco Herrera; Transportes, general Enrique Garín; Coordinación Económica, Raúl Sáez; Secretario General de Gobierno, coronel Pedro Ewing (47). Este último sería pronto reemplazado por el coronel Humberto Béjares.

La gravísima situación económica

           Así como fue producto de la coincidencia la designación de Léniz en Economía, pues, como ya vimos, había ido al edificio de gobierno a reclamar por la suspensión del diario Las Últimas Noticias y salió de ahí nombrado ministro, su persona también fue providencial en la reconstrucción económica, porque, sin ser economista ni Chicago Boy, comprendió el sentido de la economía libre y al mismo tiempo tuvo flexibilidad para explicar, especialmente a uniformados impacientes y al público en general, descontentos con las fuertes alzas de precios derivadas del retorno a la realidad económica, la necesidad de mantener el modelo. Esta tarea la cumplía mediante frecuentes apariciones en televisión.

          Pero “el frente interno” no cedía: los generales Bonilla, Nuño, Viveros y Arellano telefoneaban continuamente al ministro Léniz para criticar las alzas generalizadas y sus repercusiones sobre los sectores de más bajos ingresos. Al otro lado de la línea no se encontraban con un economista frío, sino con un hombre experimentado y dúctil, hábil negociador acostumbrado a tratar, en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y en El Mercurio, con los más avezados dirigentes sindicales y, por tanto, perfectamente entrenado en el arte de la persuasión.

          El general Bonilla, todavía ministro del Interior, con profunda vocación social, lleva a Léniz a visitar poblaciones marginales y a ver los efectos de las alzas de precios, del desempleo y la pobreza. Y Léniz, naturalmente, va, explica, concede, reconoce. Pero no cambia de línea (ni podría imponer otra).

         Y cuando intenta cambiar, los economistas lo paran en seco y él se somete. Desde el sector militar, por ejemplo, se propone un fuerte impuesto al capital. La propuesta tiene visos de estatismo y populismo. Léniz negocia y contrapropone la entrega de un diez por ciento del capital de las empresas a los trabajadores. Pero los economistas vetan su idea y Léniz se somete a éstos y se resiste ante al sector militar.

       Entretanto, en 1974 se logra restituir a sus propietarios unas 200 empresas confiscadas ilegalmente y licitar otras 49.

  Pero el general Arellano, de gran ascendiente entre sus pares, sostiene que se puede autorizar la restitución de empresas textiles siempre que se postergue la privatización de los bancos (48).

 Los militares no quieren que el Estado se les vaya de las manos… así es que tardará en írseles. No se han dado cuenta, pero el éxito de su Revolución depende precisamente de que “se les vaya”.

Nombramientos y avances económicos

             Dicha Revolución Militar, con idas y venidas, con dudas y contradicciones internas, de todas maneras avanza.

           El general Javier Palacios, que comandó las tropas de ocupación de La Moneda, fue designado Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

          El coronel (r) Sergio Cadenasso es puesto al frente de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA), que le costaba al erario la, para esos años, exorbitante cifra de 500 millones de dólares al año.

           Un importante hito de la Revolución fue el de la forestación. Hasta 1974 sólo se había plantado 290 mil hectáreas con bosques artificiales. En Chile un bosque de pinos está en condiciones de ser explotado a los 20 años. En Canadá, Europa y el norte de los Estados Unidos eso toma entre 40 y 80 años. El ex ministro del régimen, Alfonso Márquez de la Plata ha recordado después:

              “Para transformar esta riqueza potencial en realidad se dictó el decreto ley N° 701 en 1974, destinado a fomentar la forestación artificial de los suelos aptos para esa explotación. Se establecen beneficios tributarios como la exención del impuesto territorial, el impuesto de herencia y el de la renta presunta para las tierras plantadas. Éstas sólo tributarán al momento de la explotación. El cuerpo legal también establece una bonificación por 20 años del 75 % del costo neto de forestación, de las labores de poda y administración. Esta bonificación le costó, hasta 1989, al erario nacional, 87 millones de dólares, cifra insignificante si se considera que gracias a esos recursos se creó una riqueza forestal de un valor de varios miles de millones de dólares (…) Ese decreto ley fue perfeccionado en 1979 por el decreto ley N° 2.565. (…) Hombre clave en el diseño y materialización del decreto ley N° 701 fue el Director Ejecutivo de Conaf, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou” (49).

Definiciones en Brasil

              En marzo de 1974, como antes se señaló,  Pinochet visita Brasil, donde asume el gobierno el general Ernesto Geisel, que es de línea aperturista. Pinochet no puede sustraerse a esa atmósfera, por cuyo motivo sostiene “que es necesario que haya una recuperación inicial con un desarrollo inmediato y una fase de despegue a partir de 1978, descartando quedarse con el poder para siempre o entregarlo tres años después a elecciones, lo que devolvería a Chile al marxismo.

 “Con el paso de los meses afirma que ‘éste no es un Gobierno de transición, sería el peor error que se hubiera adoptado; un error que tendría consecuencias funestas’, lo que ha matizado afirmando que cuando las metas estén cumplidas, ‘llamaremos a elecciones y no tendremos ningún inconveniente en entregar el país a quien resulte vencedor” (50).

            Estos puntos de vista son compartidos por el principal diario del país y decano de la prensa, El Mercurio, que editorializa así: “La Honorable Junta de Gobierno funda un régimen nuevo que supone un cambio profundo en las instituciones y hábitos del país; la solidez del sistema está ligada a la ejemplar disciplina de las FF. AA. y a su evidente capacidad para tomar el control del país; la continuidad está garantizada, porque tanto los uniformados como los civiles no divisan otra alternativa de poder a corto o mediano plazo que no sea el régimen iniciado por la Junta” (51).

La oposición económica dentro del gobierno

           Por decreto ley  N° 460 de mayo de 1974 se legaliza el Comité Asesor de la Junta de Gobierno, el cual integra un grupo selecto de oficiales de las tres ramas de la Defensa y de Carabineros. Tiene por misión asesorar a la Junta, pero pasará a serlo del Presidente de la República cuando éste asuma el Poder Ejecutivo y se formen las comisiones legislativas que asesorarán a los miembros de la Junta.

     Este Comité tuvo un carácter marcadamente crítico del equipo económico, en el cual predominaban los Chicago Boys y cuyo centro de operaciones era el Odeplan de Roberto Kelly. Eso me correspondió comprobarlo personalmente cuando, siendo yo un público defensor de la política de libre mercado y teniendo espacios de comentarios en el noticiero de Televisión Nacional y en dos radioemisoras, en los cuales defendía las políticas que estaban implementándose, fui citado por el Comité Asesor y me di cuenta de que en su seno predominaban el escepticismo y la crítica.

        El Comité Asesor estaba encabezado por un coronel de Ejército, Julio Canessa Roberts, un hombre de baja estatura pero singularmente enérgico y vivaz, con gran don de mando y singular ascendiente en el Ejército, de quien muchos años después, en los noventa, llegué a ser muy amigo, como que manteníamos un ritual de almuerzos periódicos en mi restaurante favorito, el Carrousel, que sólo se interrumpieron a raíz de su última enfermedad, cuando se aproximaba a los noventa años.

         De hecho, uno de los manejos de estadista más hábiles que desplegó Pinochet fue el de mantener vigente y activo al Comité Asesor, confiriéndole todo el rango que merecía, sin permitir detrimento de las políticas de liberación económica que ponían en práctica los Chicago Boys. En ese sentido fue lo que algunos llaman “un intuitivo genial”, porque la crítica a las medidas de libre mercado eran no sólo generalizadas, sino que provenían de fuentes altamente colocadas en el Gobierno Militar, hasta del nivel del almirante Merino, según el episodio que hemos relatado, relativo a las decisiones cambiarias de fines de 1973; y según la carta antes reproducida parcialmente del general Arellano.

           El Comité Asesor de sesgo estatista y tuvo señalados “éxitos”. El mayor de los mismos fue reservar la propiedad minera para el Estado, idea que venía de la reforma a la Constitución impulsada por Salvador Allende en 1971 y se filtró después en la Constitución de 1980. La misma, constituyendo un perjudicial desincentivo para la inversión en la minería, debía ser privada de su efecto negativo sobre las inversiones mineras de particulares, cosa que logró en los años ’80 el ministro de Minería José Piñera Echenique, mediante la creación del “derecho real de dominio privado sobre las concesiones mineras”, lo que fue esencial para promover la prosperidad en ese vital sector de nuestra economía.

              Inicialmente el Comité Asesor, representado por su presidente, el coronel Canessa, se planteó desafiante ante la Oficina de Planificación Nacional encabezada por el oficial (r) de la Armada, Roberto Kelly, típicamente un hombre de acción y profundamente convencido de las bondades de la libertad económica. Se había retirado en 1967 de la Armada y había entrado a trabajar en el grupo de empresas controladas por el dueño principal de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, cuyo asesor más próximo era Hernán Cubillos Sallato, otro marino retirado extraordinariamente capaz y emprendedor.

Ambos, Kelly y Cubillos, eran amigos próximos del almirante Merino y tuvieron un papel primordial en proveer, desde el mismo 11 de septiembre de 1973, de economistas capacitados e ideas libremercadistas a la Junta.

Y Kelly, tras ser designado Ministro de Odeplan, se convirtió en el centro neurálgico de la influencia de los Chicago Boys en el Gobierno.

El comando económico

              El grupo de Chicago inicialmente y todavía en 1974 estaba, políticamente, integrado por derechistas o gremialistas y demócratacristianos. Su mérito residió en que a través del ejercicio de mandos medios fueron controlando el poder de decisión del Gobierno en lo económico.

              Los inicialmente asesores derechistas fueron Sergio de Castro y Pablo Baraona en Economía, y el segundo también en Agricultura, ambos provenientes de la Facultad de Economía de la UC. Los asesores demócratacristianos fueron Álvaro Bardón, Andrés Sanfuentes y José Luis Zabala en el Banco Central; y Juan Villarzú en Hacienda.

              A su turno, en Odeplan el comandante Kelly tenía a sus jóvenes y “menos jóvenes”, pero aguerridos todos, economistas de vanguardia: Ernesto Silva, Juan Carlos Méndez, Hernán Büchi, Sergio de la Cuadra, Ernesto Fontaine y Miguel Kast. Este último fue su subdirector en Odeplan desde fines de 1973.

        Y dejamos para el final al más importante de todos en ese momento, también demócratacristiano, Jorge Cauas, que será la mano de hierro que, por fin, ajustará la economía chilena tambaleante desde la crisis provocada por la UP, a la cual se había sumado el impacto internacional derivado del alza del petróleo.

Cauas fue recomendado por Raúl Sáez, ingeniero civil y ministro de Coordinación Económica que, sin embargo, no simpatizaba demasiado con los Chicago Boys. Por eso recomendó a uno que parecía no ser de aquéllos (también ingeniero civil, graduado en Economía en Columbia, otra universidad norteamericana, y DC), pero resultó serlo como el que más: Cauas, para Hacienda, donde juró en julio de 1974.

Tal vez muchos pensaban que era blando, por su trato afable, pero resultó el más duro de todos. Curioso, proviniendo del equipo económico de Frei Montalva en los ’60. Resultó a la postre fundamental en el éxito de Gobierno Militar, precisamente cuando la crisis económica mundial amenazaba hundirlo.

Pero el ’74 fue un año en que, en materia económica, la Junta “se dejó estar”. El ’75 Cauas la hizo “jugarse entera” o, para emplear el lema y arma secreta de la marina chilena, “Vencer o Morir”.

Visita de Stroessner y ruptura con México

           Cuando Pinochet había estado en Asunción había invitado al Presidente paraguayo a venir a Chile. Su visita se concretó el 17 de septiembre y se desarrolló en los términos de máxima amistad entre ambos países, que se habían perdido durante el gobierno de la Unidad Popular.

            Ambos mandatarios asistieron al Te Deum de la Catedral, pero la homilía del Cardenal Silva Henríquez no suscitó comentarios entre ambos, que fueron despedidos con un apretón de manos por el prelado y subieron a un auto descubierto en que recorrieron las calles entre aplausos, precedidos de una guardia montada de lanceros.

           El día 19 los mandatarios asistieron a la Gran Parada Militar, junto con otros invitados de honor, como el ministro de Defensa argentino, general Adolfo Sabino, el Comandante en Jefe de la Armada argentina, almirante Emilio Massera, y el ministro de Aeronáutica del Perú, general Rolando Hiliardi.

              Mientras se recomponía lazos con Paraguay, los mismos se deterioraban con México, pues el 27 de noviembre el gobierno de ese país decidió romper relaciones con Chile. “El motivo principal de mantener abierta su Embajada –dice Pinochet en sus memorias--  era la recepción de asilados, actividad que prácticamente había concluido. Los vínculos, en todo sentido, habían fenecido de ‘muerte natural’, como lo declaró el Canciller mexicano Emilio O. Rabassa en conferencia de prensa” (52).

Los dos polos de Pinochet

              La vida económica se entrelazaba con el quehacer organizativo y político de la Revolución Militar. Y en ambas se confrontaban dos mentalidades: la dirigista y la libremercadista. Ante el comandante Kelly, mentor de los Chicago Boys, se presentó, como dijimos, apenas creado el Comité Asesor de la Junta, el coronel Canessa, que “en una conversación no muy cálida” (53) le da a conocer las atribuciones del organismo recién creado y le pide antecedentes sobre organización y planificación regionales.

 Kelly sabe que está para otra cosa: para implementar el corazón de la nueva política económica, pero no puede dejar de reconocer que es ministro de Planificación, en la cual cree poco.

              En todo caso, el viernes 10 de mayo recibe “una hoja de calendario de fecha vencida, que alguien arrancó urgentemente del taco y que viene escrita en tinta roja con un trazo vigoroso que ha rasguñado el papel. En la hoja se lee: “¿Para qué sirve ODEPLAN? Que lo explique su Director el próximo lunes 13 a las 12 horas”.

¿Sería de Merino o de Pinochet? Nunca lo supo. Pero venía de la Junta. La exposición sería ante ésta en pleno (54).

        Kelly reúne a sus economistas dedicados a instaurar un modelo de economía libre y no planificada. Los hace trabajar ese mismo viernes, el sábado y el domingo. Cada técnico se reserva una parte de la exposición, que abre Kelly con una descripción somera de los fines de Odeplan.

            Pinochet pregunta con ceño adusto: “¿Dónde está el Plan de Desarrollo?” Kelly responde que sólo lo habrá en 1975.

Después los economistas, que se han dividido las materias, describen un programa de instauración de una economía libre en Chile. Pero salen desmoralizados de la reunión, porque han visto frialdad en la Junta.

Con todo, Kelly les asegura: “Nos sacamos un diez”.

Al día siguiente recibe una felicitación de Merino, quien le dice que la Junta ha determinado que no conviene interrumpir la labor que está desarrollando Odeplan, es decir, que en Chile imperará un sistema económico de libre mercado sin planificación centralizada.

         Pinochet mantuvo siempre al Comité Asesor, pero hizo lo que decía el equipo de Kelly. La adopción de este equilibrio decisivo fue uno de los “Momentos Estelares” de la Revolución Militar.

Los pilares del equipo uniformado

              Entonces, por orden cronológico, el primer pilar fue el Comité Asesor uniformado, bastante estatista y adverso a las políticas severas de ajuste económico. Contra la frialdad de los economistas, afirmaba que se podía actuar con “audacia e imaginación” y criticaba a los economistas la severidad del ajuste recesivo.

              El segundo pilar era la Casa Militar, que cumplía todas las labores de secretaría de Pinochet.

              Luego estaba el tercero, el Estado Mayor Presidencial, para monitorear la acción política del gobernante y que venía de su gabinete en la Junta, igual al que tenía cada uno de los otros miembros de ella, de acuerdo con el antes citado decreto ley N° 527, que en el caso de los otros tres miembros se llamaban Comisiones Legislativas, la I (Armada), II (Aviación) y III (Carabineros). Desde 1981, cuando se integrara a la Junta el Vicecomandante en Jefe del Ejército, esta rama tendría su propia Comisión Legislativa, la IV (Ejército).

Inquietud universitaria

              Los rectores delegados manejaban las universidades con dispares resultados, pero el Gobierno se fue encontrando en algunas con resistencias políticas más fuertes que en otras. Ese tema había ido saliendo, por la simple gravitación de los hechos, de las manos del miembro de la Junta que oficialmente tenía a su cargo las materias educacionales, el general Gustavo Leigh. Pues cuando la transigencia y la contemporización que a éste le resultaban más naturales se traducían en problemas de autoridad, Pinochet no vacilaba en tomar las riendas.

        Tal vez esto fue alimentando algún resentimiento en el general Leigh, que terminaría por estallar en una crisis institucional muy seria en 1978, la cual hasta puso en duda la permanencia del Gobierno Militar.

              “En abril de 1974 el Intendente de Magallanes informa al Ministro de Defensa sobre la delicada situación en la Universidad Técnica del Estado en Punta arenas, la que tiene profesorado y personal mayoritariamente marxista. El Ministro se dirige a la Junta y hace suya la proposición en orden a designar un vicerrector delegado y sugiere que esa persona tenga las facultades para investigar y erradicar al profesorado irresponsable y tendencioso y normalizar la universidad. La reacción del Presidente no se deja esperar: se dirige al Comandante del Teatro de Operaciones Austral indicándole que ‘dispondrá la suspensión inmediata del Vicerrector de la UTE de Punta Arenas y designará en forma interina en su reemplazo a un coronel de su dependencia, en espera del nombramiento definitivo del nuevo rector’. Es el tipo de asuntos que Pinochet considera prioritario resolver” (55).

Expulsión de Renán Fuentealba

              El ex senador DC y ex presidente de su partido, Renán Fuentealba, concedió en noviembre de 1974 una entrevista al corresponsal en Chile de Agence France Press, Jacques Kaufman, quien transcribió el texto a su país y la dureza de las críticas al Gobierno Militar allí contenidas llevaron a que la versión diera la vuelta al mundo.

              Fuentealba fue detenido apenas La Segunda publicó partes de la entrevista en Santiago, calificándolas el ministro del Interior de “altamente lesivas para nuestro país y para su gobierno”, añadiendo que se sumaban “a la infamante campaña emprendida por el marxismo internacional en contra de la Patria”.

              Esa tarde unos lacónicos detectives de Investigaciones detuvieron a Fuentealba y lo pusieron a bordo de un avión LAN que despegaría con destino a Miami. Ya en vuelo, con dificultad Fuentealba consiguió una entrevista con el piloto, expresándole su deseo de ser dejado en Costa Rica. Éste le expresó que podía desembarcarlo en Panamá, pero Fuentealba le aseguró que si lo hacía así, sería asesinado. Finalmente el piloto accedió a desembarcarlo en Lima, donde el diplomático chileno Augusto Aninat lo acogió en su departamento.

              El caso produjo mucho revuelo en Santiago. Pinochet se hallaba en Talca, donde, en el gimnasio municipal abarrotado de mujeres y jóvenes, expresó: “En días pasados me he visto en la necesidad de sacar fuera del país a un político porque estaba sembrando la cizaña”.

              Esa noche en la televisión apareció el ministro del Interior subrogante, general Enrique Montero, expresando que Fuentealba “… ha tenido la incalificable falta de patriotismo de formular a una agencia extranjera declaraciones que se suman a las falsas acusaciones de que los derechos humanos no están siendo respetados en nuestro país”.

              Entretanto, la prensa publicó declaraciones de 69 ex ministros y ex parlamentarios DC, encabezados por Eduardo Frei Montalva, protestando contra la expulsión.

              La propia familia del ex senador publicó una inserción en El Mercurio con el texto íntegro de sus declaraciones a France Press, para demostrar que no había nada subversivo en ellas, pero el ministerio del Interior señaló que no correspondía al texto publicado en el exterior.

              Paradójicamente, en ese tiempo Frei Montalva se sentía “amargado y derrotado” y “a veces se aislaba de sus íntimos amigos”. Lo que sucedía era que en el exterior era repudiado por su responsabilidad en la caída de Allende. “En la Universidad de Harvard le había sido imposible dictar una conferencia, porque los estudiantes se lo impidieron” (56).

              Pagaba por un lado, en Chile, el costo de ser opositor y al mismo tiempo, en el exterior, (viajaba mucho) el de haber apoyado a la Junta.

La exagerada imagen de la represión

              Fue la propia confesión del MIR la que dejó en evidencia la exageración de las acusaciones de “violaciones a los derechos humanos” contra el Gobierno Militar. Un reconocido crítico y juzgador en estas materias de dicho régimen, el historiador Gonzalo Vial, escribió:

              “A fines del 74 el Comité Central y Comisión Política del MIR contabilizan nueve caídos, veinticuatro presos, diez exiliados, ocho prófugos y un expulsado. Así lo informó a la prensa y a la televisión un patético cuarteto de miristas detenidos, que el Movimiento de inmediato marginó y condenó a muerte.

              “Los comunistas, por su lado, llegaron a adormecerse en un vivir clandestino sin demasiadas peripecias” (57).

              La imagen externa de lo que sucedía en Chile era mucho más exagerada que esa realidad.

           Pues la acción represiva más dura, como informa el mismo autor, tuvo lugar contra comunistas y socialistas después, en 1975 y 1976.

            Un caso que llamó la atención nacional e internacional en el mismo 1974 fue el de la militante del MIR Lumi Videla, cuyo cadáver fue lanzado a los jardines de la embajada de Italia en Santiago, donde residían como asilados decenas de extremistas buscados por las fuerzas de seguridad.

            El caso cobró notoriedad y derivó finalmente, muchos años después de terminado el Gobierno Militar, en la condena de altos oficiales de la DINA como autores del homicidio de la militante mirista y llevó al embajador de Italia, Emilio Barbarini, ya retirado de su función, a escribir un libro en Italia, “¿Chi a ucciso Lumi Videla?” (“¿Quién mató a Lumi Videla?”), Editorial Muria, Milán, en 2012.

          Aparte de las circunstancias de su muerte, poco se ha dicho del largo compromiso de Lumi Videla con la violencia en los años ‘60, parte del cual se refiere en el siguiente párrafo del libro “Chile Bajo la Democracia Cristiana”, del ex ministro del Presidente Ibáñez (1952-1958) Arturo Olavarría Bravo:

          “Ese día (22 de mayo de 1967), 40 alumnas del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, se trasladaron al local del Liceo N° 7, ubicado en calle Carmen Covarrubias de la comuna de Ñuñoa, que se encontraba ocupado por sus educandos en señal de adhesión a la huelga del magisterio. Junto con ello, las susodichas 40 alumnas del Instituto interrumpieron el tránsito en la Avenida Irarrázaval cubriendo la calle con ramas provenientes de la poda de árboles que anualmente se efectúa en esa época. Luego, acudieron al lugar de los hechos numerosos carabineros al mando del teniente don Alberto Méndez Méndez a fin de disolver a la manera acostumbrada la acción estudiantil. Pero esta vez los muchachos y muchachas habían tomado sus precauciones y, armados de garrotes que llevaban consigo, se enfrentaron valientemente con la fuerza policial, a la que apalearon sin consideración. El ataque fue dirigido especialmente contra el teniente Méndez, quien después de sufrir un traumatismo encéfalo-craneano y numerosas lesiones en la cabeza y todo el cuerpo, debió ser internado en el Hospital de Carabineros con diagnóstico reservado. Se acusó de la agresión a los estudiantes señores Sergio Alfredo Pérez Molina, Lumi Videla Mora, Rubén Aedo Barrientos y la señorita Carmen Rodríguez Zúñiga, quienes fueron detenidos” (58).

Italia y sus contradicciones

              Cuando la DC acordó mandar una delegación al exterior para defender la imagen de la Junta, sólo logró convencerse de que esa imagen era indefendible y en ese mismo momento el partido empezó a reconsiderar su apoyo a la Revolución Militar.

              El veredicto de la delegación fue que el país donde el clima era peor para la Junta era Italia. El gobierno italiano había retirado a su embajador y había quedado a cargo de la misión el Encargado de Negocios, Tomaso de Vergottini. Éste escribió unas memorias (“Miguel Claro 1359”) sobre los dos años en que debió lidiar con una situación difícilmente sostenible: el gobierno de su país y la opinión pública mayoritaria en éste execraban de la Junta, al tiempo que los italianos residentes en Chile eran casi unánimemente partidarios del Gobierno Militar.

             Éste era un fenómeno generalizado: los extranjeros residentes entendían el proceso vivido en Chile y por eso apoyaban a la Junta, pero en sus países de origen prevalecía la campaña propagandística diseñada por el Departamento de Desinformatsiya del KGB en contra de la Junta y la mayoría de la opinión pública era adversa al régimen chileno.

            En el libro “Miguel Claro 1359”, dirección de la Embajada de Italia, queda de manifiesto que un contingente de 250 subversivos de extrema izquierda habían hallado refugio en la sede diplomática, obligada a alojarlos y mantenerlos, y clamaban por un salvoconducto para viajar a Italia, donde sabían que serían bien acogidos. A la vez, la prensa local más importante, El Mercurio y La Tercera, fustigaban editorialmente a la diplomacia italiana por proteger a terroristas; y, en fin, la colonia residente no sólo repudiaba a sus diplomáticos, sino que hasta amenazaba con hacer un raid en Miguel Claro 1359, sacar de ahí a los refugiados y entregarlos a las autoridades chilenas.

 Balance económico anual

           Al final del ejercicio de 1974 el PIB había crecido 1 %, insuficiente para recuperarse de la caída de -5,6 % del año anterior. La inflación, medida por la variación del IPC, había disminuido a 375,9 %, desde el 508,1 % oficial del año 1973. Entretanto, el desempleo había subido de 4,6% a 9,7%.

 La Tasa de Inversión en Capital Fijo aumentó casi tres puntos, a 17,4 % del PIB.

 El déficit del presupuesto fiscal equivalió al 10,5 % del PIB, menos de la mitad que el año anterior.

 El saldo de la Balanza Comercial (exportaciones menos importaciones de bienes) se había tornado positivo: 135 millones de dólares. El déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, que incluye, además de la Balanza Comercial, intereses y movimientos de créditos, disminuyó a 210,8 millones de dólares. La Cuenta de Capitales de la Balanza de Pagos tuvo un superávit de 273 millones de dólares.

 El saldo de la Balanza de Pagos fue negativo en -55 millones de dólares.

 La Deuda Eterna subió a 4.028 millones de dólares (59).

 Las Reservas Internacionales  Brutas del Banco Central alcanzaron a 94 millones de dólares, con una caída de 73 millones 400 mil dólares respecto al año anterior (60).

 Un alza del precio del cobre había ayudado ese año. Pero la Revolución Militar “se había dejado estar”, era imprescindible un ajuste de proporciones y lo más difícil estaba por venir.

REFERENCIAS DE LA PARTE FINAL DEL CAPÍTULO II:

(31) Vial, Gonzalo: “Pinochet: la Biografía”, op. cit., t. I, p. 240.

(32) Heinecke Scott, Luis: “Chile: Crónica de un Asedio”, tomo IV, p. 10.

(33) “La Hora”, Santiago, 5 de noviembre de 1998, p. 6.

(34) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”, op. cit., p. 234.

(35) Mitrokin, Vasilii: “El KGB y la Batalla por el Tercer Mundo”, Basic Books, Nueva York, 2005, p. 98.

(36) Farías, Víctor: “Salvador Allende: el fin de un mito”, Maye, Santiago, 2006, p. 173.

(37) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”, op. cit., p. 236.

(38) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”, op. cit., p. 242.

(39) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido”, t. II, p.73.

(40) Whelan, James: “Desde las Cenizas”, op. cit., p. 630.

(41) “El Mercurio”, Santiago, 6 de julio de 2003, p. D8.

(42) Vial, Gonzalo: “Pinochet: La Biografía”, op. cit., tomo II, p. 693.

(43) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”, op. cit., p. 245 y 246.

(44) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido”, op. cit., t. II, p.54.

(45) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”, op. cit., p. 211.

(46) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, op. cit., t. I, p. 40.

(47) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 69.

(48) Fontaine, Arturo: “Los Economistas y el Presidente Pinochet”, op. cit., p. 70.

(49) Márquez de la Plata, Alfonso: “El Salto al Futuro”, Zig-Zag, Santiago, 1992, p. 93.

(50) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, op. cit., p. 141.

(51) “El Mercurio” de Santiago, 14 de julio de 1974.

(52) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido”, t.I, p.77.

(53) Fontaine, Arturo: “Los Economistas y el Presidente Pinochet”, op. cit., p.73.

(54) Ibíd, p. 77.

(55) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, op. cit., t. I, p. 125 y 126.

(56) González Camus, Ignacio: “Renán Fuentealba en la Génesis de la Concertación”, Catalonia, Santiago 2007, p. 215.

(57) Vial, Gonzalo: “Pinochet: la Biografía”, op. cit., t. I, p. 239.

(58) Olavarría Bravo, Arturo: “Chile Bajo la Democracia Cristiana”, Talleres Gráficos Alfa, Montevideo, 1999, t. II, p. 269.

(59) Díaz, Jose; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República en Cifras”, op. cit., p. 514

(60) Banco Central de Chile: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Dirección  de Estudios, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales de Chile 1960-2000”, Santiago, 2001.

(CONTINUARÁ MAÑANA).