HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (I)

PRÓLOGO

              Como testigo presencial y habitual comentarista de los hechos que culminaron en Chile un 11 de septiembre de 1973, y de los acontecidos en el subsecuente gobierno que ejerció hasta el 11 de marzo de 1990, me he abismado durante los siguientes veintisiete años de cuán apartadas de la verdad han sido las versiones predominantes en el país y en el resto del mundo acerca de lo ocurrido en esos 16 años y medio. En efecto, meras consignas han prevalecido ampliamente sobre la verdad histórica.

              El único historiador contemporáneo de renombre que ha reparado en ello ha sido el británico Paul Johnson, quien ha escrito al efecto: “… aplaudí el pronunciamiento del general Pinochet, obedeciendo órdenes del Congreso, y aún más su éxito en revivir la economía y transformarla en la más sólida de América Latina. Pero al impedir la transformación de Chile en un satélite comunista, el general se ganó el odio furioso de la Unión Soviética, cuya máquina de propaganda tuvo éxito en demonizarlo entre las élites habladoras del mundo. Fue el último triunfo del KGB antes de que desapareciera en el basurero de la historia. Pero, para mí, Pinochet sigue siendo un héroe, porque yo conozco los hechos” (1).

              Este libro es mi esfuerzo por hacer prevalecer la verdad sobre las consignas. No creo que tenga éxito, porque siempre ha sido más fácil repetir las segundas que acreditar la primera. El último cuarto de siglo en Chile lo ha corroborado. Pero al escribir estas líneas se encuentra cerca de ser aprobado un proyecto de ley que penalizará con presidio menor en su grado máximo a quien divulgue una versión contraria a hechos establecidos en sentencias sobre violaciones a los derechos humanos, entre las cuales abundan las fundadas en consignas falsas más que en verdades. Por eso me apresuro en publicar este libro antes de que ello sea constitutivo de delito.

              Una verdad que deseo establecer de partida es que el proceso iniciado el 11 de septiembre de 1973, que en Chile es descrito como “pronunciamiento” por sus partidarios y “golpe” por sus adversarios, y cuyo régimen derivado cada vez mayor número de ambos describen como “dictadura”, en realidad fue una Revolución con mayúscula y en todo el sentido de la palabra.

              Creo que ella tuvo no sólo trascendencia nacional sino mundial, lo que puede parecer exagerado, tratándose de una experiencia vivida en un país que está lejos de ser una gran potencia. Pero se demostrará que el modelo socio-económico instaurado por la Revolución Militar chilena fue imitado o influyó sobremanera en el resto del mundo y que el leit motiv en que se basó la propaganda soviética para denigrarla universalmente, y con éxito, las “violaciones a los derechos humanos”, fue una verdadera bomba de tiempo que estalló entre las manos de quienes la blandían contra la Junta y terminó por abrir un forado en la Cortina de Hierro y su Muro de Berlín, arrasando con ambos y con los socialismos reales en el mundo contemporáneo.

              La Revolución Militar Chilena objetivamente alcanzó, entonces, una trascendencia histórica tan importante como la Francesa en su tiempo o la Rusa en el suyo; y por eso el establecimiento de la verdad en torno a ella no sólo es un objetivo que debe interesar a los chilenos sino a todos los estudiosos de la realidad contemporánea.

CAPÍTULO I

1973: Una revolución imposible de evitar

El peso de las circunstancias

              Se ha dicho y escrito abundantemente que la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 fue no sólo ilegal e inconstitucional, sino injustificada. El examen objetivo de los hechos señala, por el contrario, que era no sólo justificada, sino inevitable. No había circunstancia racional ni legal alguna que pudiera impedirla:

              Primero, la mayoría democrática de representantes del pueblo, en su Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, les había pedido a las Fuerzas Armadas poner término a la situación existente, lo que justamente hicieron el 11 de septiembre de ese año.

              Segundo, había antecedentes indicadores de que, si los militares no actuaban, sobrevendría un golpe armado de la izquierda que neutralizaría a los altos mandos uniformados y entregaría a la Unidad Popular la totalidad del poder.

  Tercero, la frecuentemente citada “doctrina legalista de Schneider” de 1970 y que, se suponía, obligaba al Ejército a respetar el ordenamiento legal, contemplaba expresamente como excepción la situación de ilegalidad, como la que un poder público, el Ejecutivo, había creado en Chile hacia 1973.

            Se citaba frecuentemente esta doctrina, conocida con el nombre del Comandante en Jefe (muerto en 1970 a raíz de un atentado para impedir el ascenso de Allende al poder) para excluir la posibilidad de que el Ejército, la principal rama armada, interviniera en la vida política.

  Esa doctrina se había instituido en el Consejo de Generales presidido por Schneider y celebrado el 23 de julio de 1970, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Al mismo habían asistido dos futuros Comandantes en Jefe, los generales Carlos Prats y Augusto Pinochet.

              Allí Schneider comentó que algunos estimaban a las Fuerzas Armadas como “una alternativa de poder”; sin embargo, señaló en seguida, “hacer uso de las armas para asignarse una opción implica una traición al país”. Eso quedó escrito y acordado y se conoce como Doctrina Legalista de Schneider.

             Pero casi nunca se cita el párrafo final del mismo acuerdo y que forma parte de la misma Doctrina Legalista, párrafo que rescató en un libro el periodista Manuel Fuentes Wendling y que decía así:

  “La única limitación de este pensamiento legalista está en que los poderes del Estado abandonen su propia posición legal. En tal caso, las Fuerzas Armadas, que se deben a la nación –que es lo permanente— más que al Estado –que es lo temporal— quedan en libertad para resolver una situación absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país” (1).

¿De quién fue la culpa?

           La principal figura política democrática de Chile en 1973, Eduardo Frei Montalva, a la sazón Presidente del Senado, escribió poco después del 11 de septiembre de ese año una carta al dirigente máximo de la Democracia Cristiana Internacional, el ex primer ministro italiano Mariano Rumor, en que le dijo:

“Este país ha vivido 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse entonces cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre.

“A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación –y lo decimos sin eufemismo alguno--  corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país”.

Ni siquiera le adjudicaba la culpa principal, sino la “responsabilidad íntegra”. Y más adelante añadía que “hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en la Administración, pero dedicaban su tiempo, muchos de ellos, al adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrillas que incluso ocupaban parte del territorio nacional, en que no podían penetrar ni siquiera representantes del Cuerpo de Carabineros o de las Fuerzas Armadas”.

Y sobre sus armas decía: “Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que no son aún el 40 por ciento) permitirían dotar a más de 15 regimientos… Se había establecido así un verdadero ejército paralelo” (2).

El llamado de la mayoría civil

            El Acuerdo de la Cámara había descrito casi exactamente las condiciones que, dentro de la antedicha Doctrina Legalista de Schneider, dejaban a las Fuerzas Armadas “en libertad para resolver una situación absolutamente anormal”.

 En efecto, el Acuerdo había dicho que el Gobierno de la UP “se fue empeñando en conquistar el poder total” y que, “para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta”, enumerando los derechos y garantías violados: igualdad ante la ley, libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de enseñanza, derecho de propiedad, libertad personal, derechos laborales y libertad para salir del país.

El mismo Acuerdo señaló aparte y como de especial gravedad la formación de “organismos sediciosos” y la de “grupos armados… destinados a enfrentarse con las Fuerzas Armadas.”

       Por eso concluyó formulando un explícito llamado a los más altos mandos de las Fuerzas Armadas “a poner inmediato término a las situaciones de hecho referidas”.

        El Acuerdo de la Cámara no tenía fuerza obligatoria. No podría haber habido tampoco un Acuerdo del Senado, porque en la Constitución de 1925 el Senado carecía (y ahora también carece) de facultades fiscalizadoras del Ejecutivo. Sólo las tiene la Cámara. No había obligación de llamar a elecciones a raíz del Acuerdo, ni nada de eso. Sólo era simbólico, pero una mayoría parlamentaria llamaba a las Fuerzas Armadas “a poner término a las situaciones de hecho referidas”. Esa mayoría representaba, a su vez, a la mayoría del pueblo. Ésa fue su fuerza.

¿Qué más podía faltar, si estaba la evidencia de que se cumplían las condiciones para que las Fuerzas Armadas quedaran “en libertad para resolver una situación absolutamente anormal”? El estado de ruina económica nacional no hacía sino confirmar la urgencia de esa solución.

El presidente del principal partido, la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, reconocía días después del 11:

“La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista” (3).

Como lo dijo el Presidente checo Vaclav Havel, años después: “El mal debe ser confrontado en su cuna y, si no hay ninguna otra manera de hacerlo, entonces tiene que hacerse con el uso de la fuerza” (4).

Una advertencia desoída

        Justo dos meses antes del 11 de septiembre, el 11 de julio de 1973, el senador Patricio Aylwin, Presidente de la DC, entonces el mayor partido chileno, había pronunciado un discurso en el Senado que anticipaba lo que iba a pasar, a fuerza de probar lo insostenible de cuanto estaba pasando. Dijo:

       “Los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve, con brutal crudeza, a qué extremos angustiosos ha llegado la crisis integral de Chile. Pareciera que el país ha perdido su identidad histórica, los rasgos definitorios de su personalidad como nación (…) Nuestra vieja inferioridad económica (…) recrudece hoy con más crueldad que nunca (…) Nuestro tradicional respeto a la ley, a las autoridades y a las instituciones del Estado, bases de nuestra institucionalidad republicana, parecen recuerdos legendarios. Ahora las leyes son despreciadas como estorbos, a menudo burladas por los propios encargados de su ejecución y reemplazadas por los hechos consumados; las autoridades oficiales son abiertamente desobedecidas, cuando no simplemente sobrepasadas, por individuos o grupos que se arrogan sus funciones, y los Poderes del Estado son públicamente denigrados y sus atribuciones impunemente desconocidas por agentes subalternos (…) Nuestra ya clásica convivencia democrática (…) ha sido sustituida por el sectarismo totalitario, caracterizado por la injuria personal al que discrepa, la mentira habitual, el menosprecio por la opinión mayoritaria democráticamente expresada y el afán de imponer el criterio propio, aunque sea minoritario, a toda costa y por cualquier medio. En nombre de la lucha de clases se ha envenenado a los chilenos por el odio y desencadenado toda clase de violencias (…) Compañeros de trabajo o de estudio, y hasta familiares, se pelean diariamente en una lucha fratricida cada vez más cruenta (…) El sentido de nuestra nacionalidad sufre la mella de la abrupta división entre los chilenos, el recelo y la desconfianza recíproca, cuando no el odio desembozado, prevalecen sobre toda solidaridad y una creciente degradación moral rompe las jerarquías de valores (…) Nadie puede negar la verdad de estos hechos. Constituyen una realidad que ha llevado a los obispos católicos a decir que ‘Chile parece un país azotado por la guerra’; una realidad que está destruyendo al país y poniendo en peligro su seguridad; una realidad que tiene quebrantada nuestra institucionalidad democrática; una realidad que parece amenazarnos con el terrible dilema de dejarse avasallar por la imposición totalitaria o dejarse arrastrar a un enfrentamiento sangriento entre chilenos.

         “De ahí que las Fuerzas Armadas permanezcan ajenas a la contienda política y, en nuestra tradición republicana, hayan adquirido el papel de ser garantes de nuestra convivencia democrática, asegurando el respeto a la Constitución y las leyes (…) Los chilenos no podemos aceptar en ningún caso y bajo ningún pretexto, el establecimiento de hecho de un supuesto poder popular, formado por cordones industriales, consejos comunales o cualquier otro tipo de organizaciones o grupos (…) Tampoco podemos aceptar que, con participación o complicidad de autoridades o funcionarios del Estado, a aun sin ellos, se distribuyan armas entre quienes se arrogan tal poder de hecho (…) No creo necesario (…) hacer referencia al papel jugado por este tipo de organizaciones armadas, pretextando movilización de masas, en el establecimiento de las dictaduras comunistas en algunos países de Europa oriental. El famoso ‘Golpe de Praga’ en Checoslovaquia, en mayo de 1968, es profundamente revelador” (5).

Todo el mundo se daba cuenta

El británico Brian Crozier, fundador del London’s Institute for the Study of Conflict, escribió:

“Durante sus tres años en el poder, Allende transformó su país, de hecho, en un satélite cubano, y por lo tanto en una adición incipiente al Imperio Soviético (…) Para entonces Chile podía ser francamente descrito como un estado marxista en términos ideológicos y económicos (…) Desde una perspectiva estratégica se le había transformado en una importante base para operaciones subversivas soviéticas y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América Latina (…) el KGB soviético estaba reclutando miembros para cursos de entrenamiento en terrorismo (…) especialistas de Corea del Norte estaban enseñando a miembros jóvenes del Partido Socialista de Allende” (6).

La URSS participaba activamente: “Los primeros contactos con Salvador Allende antes de su elección como Presidente de Chile en 1970 y con Juan e Isabel Perón antes de su retorno a Argentina en 1973 también fueron hechos por el KGB en vez de la diplomacia soviética”. El propio Brezhnev reconocía: “En resumen nos arreglamos para convencer a la jefatura del KGB de que América Latina representaba un trampolín donde fuera que hubiera un sentir anti-norteamericano fuerte” (7). Allende era manejado por el KGB desde 1969 a través del agente “Leonid”, que era Stanislav Fyodorovich Kuznetsov:

En 1970 “Allende hizo una personal apelación, probablemente vía Kuznetsov, para obtener fondos soviéticos. Como otros ‘partidos fraternales’ alrededor del mundo, los comunistas chilenos recibían subsidios anuales de Moscú, secretamente transferidos a ellos por el KGB. A lo largo de los 1960s fueron pagados más que cualquier Partido Comunista de América Latina. (…) (El KGB) también aprobó un subsidio personal de US$ 50.000 para ser entregado directamente a Allende. El Partido Comunista de Chile proveyó a Allende de otros US$ 100.000 de sus propios fondos. El KGB también dio US$ 18.000 a un senador de izquierda para persuadirlo de no presentarse como candidato presidencial y permanecer en la coalición de la Unidad Popular. Dada la estrechez de los resultados, aun los pocos votos que él pudiera haber atraído podrían haber inclinado la balanza contra Allende. Ésa era, al menos, la visión del KGB” (8).

             “En octubre de 1971, bajo instrucciones del Politburó, Allende recibió US$ 30.000 ‘en orden a solidificar las confiables relaciones’ con él. Allende también mencionó a Kuznetsov su deseo de adquirir ‘uno o dos íconos’ para su colección privada de arte. Le fueron entregados dos íconos, valorizados por el Centro en 150 rublos, como regalo” (9).

           “El 7 de diciembre, en un memorándum al Politburó personalmente firmado por Andropov, el KGB propuso darle a Allende otros US$ 60.000 para lo que fue eufemísticamente llamado ‘su trabajo con (es decir, soborno de) líderes de partidos políticos, jefes militares, y parlamentarios’” (10).

          El mismo libro presenta a los soviéticos desilusionados con la incapacidad de Allende para planificar con anticipación su defensa ante un golpe de Estado, y citan a Regis Debray, que lo conocía bien, diciendo que “él nunca planificaba nada con más de cuarenta y ocho horas de anticipación” (11).

El “Acta Rivera”

             Si podía haber un barómetro del estado de ánimo de la mayoría nacional a mediados de 1973 debía ser la opinión del presidente del Senado y ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva. He aquí esa opinión, reflejada en el Acta Rivera, levantada por el abogado Rafael Rivera Sanhueza el 6 de julio de 1973 tras una reunión con el ex Presidente, posteriormente autentificada e incluida en la obra La Casa Dividida, de José Piñera Echenique:

          "Hoy viernes 6 de julio de 1973, día frío de invierno, al anochecer, la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril concurrió a entrevistarse con el presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, quien había accedido a recibirla en las dependencias de la Cámara Alta, a las 18.30 horas.

          "Integraban el grupo Raúl Sahli Watterman, en su calidad de presidente subrogante, ya que el titular, Orlando Sáenz Rojas, se encontraba en el extranjero; Eugenio Ipinza Poblete, segundo vicepresidente; Sergio López Vásquez, tesorero; Fernando Agüero Garcés, gerente general, y Rafael Rivera Sanhueza, asesor jurídico.

           “Frei se demoró en recibirnos. Hubo que esperarlo en el salón de la presidencia alrededor de 45 minutos. Al ingresar, se excusó, expresando que había sostenido una reunión de emergencia con los senadores de oposición ante la grave situación que aquejaba al país.

          “Los representantes de Fomento Fabril le manifestaron su inquietud por el giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del ‘tanquetazo’ del 29 de junio último (alzamiento frustrado del regimiento Blindados N° 2, comandado por el teniente coronel Souper), que había originado una toma masiva de industrias.

         “Se le dijo a Frei que el país estaba desintegrándose y que si no se tomaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana.

        “Frei oyó en silencio, cabizbajo. Se le veía abrumado. Se paró de su sillón, abrió una caja de plata y ofreció cigarros ‘Partagas’ a los asistentes. Luego se sentó, arrellanándose en forma pausada y solemne y dijo que agradecía la visita, pero que estaba convencido de que nada se sacaba con acudir a los parlamentarios y a las directivas políticas contrarias a la Unidad Popular, ya que la situación era tan crítica que los había sobrepasado. 

        “Claramente añadió, casi textualmente: ‘Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles’, de manera que en vez de ir al Congreso deberíamos ir a los regimientos. ‘Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo’.

         “Acto seguido contó que un alto oficial de Ejército le había confidenciado que tanto él como su familia corrían serio peligro en el barrio alto, al cual le había respondido que si él y su familia eran 12 personas y que en el barrio alto vivían decenas de miles de personas, razón por la cual su situación era en el fondo irrelevante, agregándole que él, como senador, había sido elegido por el pueblo para legislar, deber que estaba cumpliendo, ‘Ustedes, en cambio, tienen las bayonetas y deberían saber lo que tienen que hacer para salvar al país’.

      “Nos despedimos, sorprendidos por lo que oyéramos de labios de Frei. Nos llamó la atención su claridad y su decisión, ajenas a su natural dubitativo y cauteloso.

     “Siguiendo el consejo de Frei, nos dirigimos a pie por la calle Morandé en dirección al Ministerio de Defensa. Serían alrededor de las 20 horas o más. Las puertas del ministerio estaban entornadas. Consultamos a la guardia si estaba alguno de los tres comandantes en jefe, manifestándole que deseábamos ser recibidos por alguno de ellos.

         “Tras las consultas de rigor, se informó que ninguno de ellos permanecía en el edificio.”

Subversión dentro de las FF. AA.

       El sentido de urgencia se acentuó porque empezó a repartirse a los soldados del Ejército regular una propaganda induciéndolos a desobedecer a sus oficiales. En carta al diario Clarín un dirigente estudiantil de izquierda reconocía:

   “…Los compañeros detenidos por oficiales del Ejército son militantes del Movimiento Universitario de Izquierda (…) que la propaganda que los compañeros (…) estaban repartiendo a los soldados tenía como consigna central: Soldado: desobedece a los oficiales que incitan al golpe (…) que notificamos a los oficiales golpistas, a los Frei y los Jarpa, que los revolucionarios continuaremos con un trabajo en el seno de las Fuerzas Armadas tendiente a que conozcan y desobedezcan a los oficiales que llaman al golpe y a los intentos de los sectores que a toda costa tratan de imponerle al Gobierno un programa que signifique una claudicación de las medidas que en favor de éste ha tomado”. Firma la carta Mario Ricardi, dirigente de la Universidad de Concepción. Publicada en Punto Final N° 190 de 14 de agosto de 1973 (12).

       El diplomático norteamericano James Theberge, en su libro sobre la presencia soviética en América Latina, sostenía que había testimonios múltiples de la embestida armada guerrillera: “A  fines de 1970, Chile y Corea del Norte acordaron establecer relaciones diplomáticas. Corea del Norte abrió en Santiago una Misión Comercial en mayo de 1971; y en consecuencia, una misión de entrenamiento de guerrilleros de Corea del Norte, que estaba instalada en Cuba desde 1970, fue transferida a Chile. Los norcoreanos convinieron en entrenar las fuerzas militares del Partido Socialista (parte de la coalición de la Unidad Popular gobernante), quienes eran diferentes de las fuerzas más numerosas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los extremistas del MIR y los del Partido Socialista fueron comprometidos a crear una situación revolucionaria irreversible, para luego forzar a una confrontación con las fuerzas de seguridad. A lo largo de 1973, las brigadas de choque del Partido Socialista emplearon la violencia en una escala creciente para intimidar a la oposición democrática. Este fue uno de los factores principales que llevaron al pronunciamiento militar” (13).

El Pronunciamiento

          El 9 de septiembre el contralmirante Sergio Huidobro y el capitán de fragata Ariel González habían llevado personalmente a los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea, reunidos en la casa del primero, el siguiente documento manuscrito del almirante José Toribio Merino, en un papel sin membrete:

            “9 Sept/73

“Gustavo y Augusto

“Bajo mi palabra de honor el día D será el 11 y la hora H 06.00.

“Si ustedes no pueden cumplir esta fase con el total de las fuerzas que manden en Santiago explicarlo al reverso.

“El almirante Huidobro está autorizado para traer y discutir cualquier tema con Uds.

“Los saluda con esperanzas de comprensión

              “T. Merino.”

             Al reverso está manuscrito:

            “Gustavo: Es la última oportunidad.

“J.T.

          “Augusto: Si no pones toda la fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos p. ver el futuro.

            “Pepe” 

            Luego hay una línea trazada a lo ancho de la página y bajo ella dice, manuscrito:

            “Conforme”.

           Debajo aparece a la izquierda una firma ilegible, bajo la cual está manuscrito “Gustavo Leigh”, y a la derecha está la firma legible “A. Pinochet U.”

                En una declaración notarial dada en Valparaíso el 2 de febrero de 1996, el almirante Merino refiere el origen del anterior documento. Dice en ella:

                “El Gobierno de Allende es la peor catástrofe que ha sufrido Chile desde su Independencia. Éste logra en menos de mil días destruir todo lo que este pueblo esforzado había construido desde el dieciocho de septiembre de mil ochocientos diez. Es así como después de un almuerzo en La Moneda, invitado por el Presidente, en que debí sacar mi pistola y ponerla sobre la mesa al alcance de mi mano mientras almorzaba, regreso a Valparaíso, convencido de que esto no puede seguir y que este Gobierno debe terminar. Viene a corroborar lo dicho el hecho de que siendo yo Juez de la causa por intento de Sublevación de la Marina, los responsables Garretón y Altamirano, no podían ser habidos por Investigaciones, a pesar de que había orden de arresto contra ellos; sin embargo, el domingo nueve a las 11.00 hrs. estaban ambos en Televisión Nacional, incitando al pueblo a la revolución. Al oír esto, tomé mi lapicera y le escribí el Mensaje, ya conocido, al General Pinochet y al General Leigh, Comandantes en Jefe del Ejército y de la FACH, respectivamente, diciendo: ‘EL DÍA D SERÁ EL ONCE Y LA HORA A LAS SEIS” (14).

              Pinochet, hasta que recibió el papel de Merino, no se había pronunciado, pero ya sabía todo, porque el día anterior el general Sergio Arellano se lo había referido. Arellano había encabezado un “Grupo de los 15”, compuesto por generales de las diferentes ramas. Se habían reunido por meses y recibido ya la notificación de Patricio Aylwin, presidente del Partido Demócrata Cristiano, a través del hijo de Arellano, Sergio, militante de ese partido, de que no habría más conversaciones con Allende.

              Pero tampoco Pinochet se pronunció al enterarse a través de Arellano, porque en eso basaba su sabiduría. Sin embargo, golpeó el brazo del sillón con fuerza y dijo enigmáticamente:

              --Yo no soy marxista, mierda…

              Y nada más. Arellano lo interpretó como aquiescencia y se dio por satisfecho. Según afirma el libro de su hijo (15), creía que el Pronunciamiento debía encabezarlo el Comandante en Jefe, pues había otros generales partidarios de apartar a Pinochet, así como en la Armada se apartaría a Montero y en Carabineros a Sepúlveda.

              El mismo domingo 9 de septiembre Allende había citado en su mansión de Tomás Moro a los generales Pinochet y Urbina y les había informado que tenía pensado convocar a un plebiscito, ante lo cual Pinochet le habría dicho: “Eso cambia toda la situación… Ahora va a ser posible resolver el conflicto con el Parlamento” (16).

           Aún no había recibido la antes reproducida notificación de Merino, que le llevarían el almirante Huidobro y el comandante González esa misma noche a su casa. Pero ya estaban hechos bajo sus órdenes los planes de contingencia que había autorizado el propio ministro de Defensa, Orlando Letelier, a instancias del mismo Pinochet, ante la alarma por posibles insubordinaciones derivadas del explosivo discurso de Carlos Altamirano, el jefe socialista, el día anterior en el Teatro Caupolicán, anunciando el surgimiento en Chile de “múltiples Vietnams”.

   Los generales responsables de esos planes de contingencia, el mismo día 10, habían jurado fidelidad a la ejecución de los mismos, que (no necesitaba el Comandante en Jefe ser explícito ni estaba en su naturaleza serlo) todos sabían a dónde conducían realmente.

Se instala la Junta y hay uno al mando

La Junta Militar de Gobierno, integrada por Augusto Pinochet, Comandante en Jefe del Ejército; José Toribio Merino, Comandante en Jefe de la Armada; Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; y César Mendoza, General Director de Carabineros, asumió el poder tras anunciarlo así por cadena nacional de emisoras a alrededor de las ocho horas del 11 de septiembre de 1973.

Roberto Kelly, oficial retirado de la Armada y después hombre clave del Gobierno Militar, sostiene que ese primer comunicado fue redactado por dos oficiales de la Armada, el auditor general Sergio Vío y el capitán de navío, abogado, Sergio Rillon (17).

Se trató de una decisión colegiada, de cuatro mandos simultáneamente y de instituciones organizadas y jerarquizadas. Eso implicaba que había detrás equipos y capacidades. De hecho, sus equipos técnicos, apoyados por uniformados, ya en la madrugada de ese día se habían hecho cargo de controlar casi todas las radioemisoras del país. 

Puestos de mando

           Poco después de las siete de la mañana del 11 Pinochet llegó al Puesto de Mando N° 1, en la Central de Comunicaciones del Ejército, en la comuna de Peñalolén.

          El Puesto N° 2 estaba en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, en la comuna de Las Condes, y lo encabezaba el general Gustavo Leigh.

            El Puesto N° 3 estaba a cargo de radioaficionados civiles, instalado en la Escuela Militar, pero no se conectaba con el Puesto N° 4, de Carabineros, en el edificio institucional del centro de Santiago, sino con el 1 y el 2, pues la situación del cuerpo policial sólo se define el mismo día 11, cuando el General Director titular, José María Sepúlveda Galindo, partidario del Gobierno, es notificado de que su cargo lo ha asumido el general César Mendoza Durán, que será parte de la Junta.

           Ese Puesto N° 3 de los civiles fue el responsable, años después, de filtrar las grabaciones de las conversaciones, principalmente entre Pinochet, el almirante Carvajal y Leigh. De ellas se desprende inmediatamente que la autoridad máxima desde el primer instante siempre fue Pinochet. Carvajal le consultaba los aspectos cruciales a éste. Por ejemplo:

              “Carvajal: Es José Tohá y me dice que espere un momento para convencer al Presidente.

              “Pinochet: Negativo.

              “Carvajal: Está en este momento en el teléfono. Voy a hablar con él.

              “Pinochet: Negativo.

              “Carvajal: Conforme, mi general. Conforme, mi general”.

              Y la instrucción de Pinochet a Leigh: “Gustavo, nosotros no podemos aparecer con debilidad de carácter. Y es nefasto dar plazos y aceptar parlamentos”.

              Se ha abusado de frases grabadas a Pinochet, coloquiales o de humor rudo, pero él creía estar hablando a salvo de infidencias:

              “Más vale matar la perra y se acaba la leva, viejo”, o “se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país, pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando” (18).

           Todo mando supremo está afirmado en dos pilares: la decisión del que lo ejerce y la fuerza objetiva en que se apoya. La decisión de Pinochet de asumir el mando de la situación quedó en evidencia desde el primer momento. Y los demás, unos de buen grado (Merino y Mendoza) y otro de mal grado (Leigh), la acataron. Y la fuerza estaba en evidencia merced al sentido común. Como le oí comentar a Jaime Guzmán, más de una vez, Pinochet había ponderado este aspecto: “La Armada puede llegar hasta Casablanca; y los aviones tienen que bajar a reabastecerse”.

           Esta realidad se puso de manifiesto también después, en 1978, cuando el general Leigh intentó rebelarse y se encontró sin teléfono en su oficina, aislado y sin ni siquiera poder enterarse de que todas las bases aéreas del país habían sido rodeadas por el Ejército.

        Entonces, no dejaba de tener razón Stalin cuando, a la amenaza de que el Vaticano lo condenaría, respondía con una pregunta: “¿Cuántas divisiones tiene el Vaticano?”

REFERENCIAS DE ESTA PRIMERA ENTREGA:

 Prólogo

(1)Paul Johnson: “Heroes: From Alexander the Great and Julius Caesar to Churchill and De Gaulle”. Harper Collins Publishers, New York, 2007, p. 279.

CAPÍTULO I

1973: Una revolución imposible de evitar

(1) Vial Correa, Gonzalo: “Alrededor de la Doctrina Schneider”, por Gonzalo Vial Correa, “La Segunda”, Santiago, 24 de octubre de 2000.

(2) Frei Montalva, Eduardo: Carta a Mariano Rumor: “El Mercurio”, Santiago, 11 de septiembre de 2015.

 (3) Aylwin, Patricio: Entrevista publicada en “La Prensa”, Santiago, 19 de 0ctubre de 1973.

 (4) “New Yorker”, 06 de enero de 2003, citado por José Piñera en “El Mercurio”, 24 de agosto de 2003, p. D13.

 (5) Diario de Sesiones del Senado: sesión del 11 de julio de 1973. 

 (6) Crozier, Brian: “The Rise and Fall of the Soviet Empire”, 1999. Citado por José Piñera en “Nunca Más”, “El Mercurio”, Santiago, 24 de agosto de 2003, p. D12.

 (7) Andrew, Christopher y Mitrokhin, Vasilii: “El Mundo Iba en Nuestra Dirección”, Basic Books, Nueva York, 2005, ps. 29-30.

 (8) Ibíd., p. 72.

 (9) Ibíd., p.75.

 (10) Ibíd., p. 76.

 (11) Ibíd., p. 85.

 (12) Arancibia, Patricia: “Los orígenes de la violencia política en Chile: 1960-1973”, Libertad y Desarrollo, Santiago, 2001, p.188.

 (13) Theberge, James: “Presencia Soviética en América Latina”, Gabriela Mistral, Santiago, 1974, p. 62.

 (14) Merino, José Toribio: “Bitácora de un Almirante”, Andrés Bello, Santiago, 3ª edición, Santiago, 1998, p. 459.

 (15) Sergio Arellano Iturriaga: “De Conspiraciones y Justicia”, La Gironda, Santiago, 2004, p. 59.

 (16) Vial Correa, Gonzalo: “Pinochet, la Biografía”, dos tomos, El Mercurio-Aguilar, Santiago, 2002, t. I, p. 209.

(17) Arancibia, Patricia: “Conversando con Roberto Kelly V.”, Editorial Biblioteca Americana, Santiago, 2005, p. 159.

(18) Vial Correa, Gonzalo: “Pinochet, la Biografía”, op. cit., t. I, p. 220.

(CONTINÚA MAÑANA).