HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XXII Y FINAL)

CAPÍTULO XVIII Y FINAL

1990: Misión cumplida

“Leyes de amarre”

          Se hizo mucha cuestión acerca de las leyes dictadas bajo el Gobierno Militar en 1990, antes de dejar el poder en la fecha fijada, el 11 de marzo. Según un estudioso próximo a la DC, Carlos Huneeus, de 2.126 leyes aprobadas por la Junta y el Gobierno después del plebiscito de 1988, 69 habrían sido “de amarre”, es decir, destinadas a frenar posibles cambios que quisiera hacer la Concertación en un eventual posterior gobierno.

          Por ejemplo, se acordó conferir al Estatuto de las Fuerzas Armadas el rango de ley orgánica constitucional, que demandaba un quórum más alto para su modificación; y en febrero de 1990 se dictó la ley N° 18.948, que fijó un piso al gasto militar: no podría ser inferior al de 1989 más un reajuste anual según la inflación, garantía a la cual se incorporó poco después a Carabineros, por ley N°18.961 de 7 de marzo de 1990. Para atar algunos cabos sueltos fue preciso dictar dos leyes más, las números 18.967 y 18.973, el día anterior a la transmisión del mando.

          También se dictó la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, N° 18.840, ratificando su autonomía frente a cualquier otra autoridad, ya establecida en la Constitución.

          Sin ley, pero administrativamente se aceleraron las privatizaciones pendientes, en el caso de LAN, de la Compañía de Teléfonos, la Empresa Nacional de Comunicaciones (Entel), el Instituto de Seguros del Estado y las empresas eléctricas Endesa y Pehuenche, y las regionales de Arica, Antofagasta, Iquique y Magallanes.

Acusación infundada

          Después de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, en Nueva York, se dictó en los Estados Unidos la llamada Ley Patriótica destinada, entre otras cosas, a facilitar la investigación de las cuentas corrientes para descubrir remesas destinadas a terroristas como los de Al Qaeda.

          Como la izquierda en todas partes está más concentrada en sus intereses políticos que en los de su respectivo país, los más enconados adversarios norteamericanos del Gobierno Militar chileno emplearon las facultades extraordinarias así consagradas para averiguar si los integrantes del Gobierno Militar chileno tenían fondos en los Estados Unidos. Así descubrieron que había en el Banco Riggs cuentas a nombre del general Pinochet y familiares o personas relacionadas con él.

          El conocimiento de eso dio lugar a que se abriera en Chile una de las investigaciones más amplias que se recuerda, tanto por la vía judicial como por la administrativa, para determinar los haberes del ex Presidente.

          Para los efectos de esta obra, que abarca el período de gobierno entre 1973 y 1990, vale citar el cuidadoso estudio que el Servicio de Impuestos Internos, con ese motivo, hizo de los ingresos y gastos del Presidente Pinochet entre esos años.

          Sin conferirle a éste el derecho a réplica sobre dicho informe, el hecho fue que el mismo determinó que en los 16 años y medio en que estuvo a la cabeza del poder, el total de la cantidad que el Director socialista de Impuestos Internos pudo atribuir a gastos más allá de sus ingresos legales fue de 544 mil dólares. La pormenorizada liquidación fue publicada en el diario La Tercera y nunca ha sido refutada (1).

          Teniendo en cuenta que los gobernantes de la Concertación, desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante, suplementaban sus remuneraciones legales con sobres con billetes de gastos reservados de la Presidencia y ministerios (“fue una corruptela”, reconoció Aylwin en entrevista a El Mercurio), lo que implicaba sustraer más de 500 mil dólares cada dos meses, es decir, casi lo mismo que se imputaba a Pinochet haber hecho en 16 años y medio, se advierte lo absurdo de la acusación de enriquecimiento ilícito contra él.

          Esos cálculos del Director socialista de Impuestos Internos dejaron de manifiesto que, bajo el Gobierno Militar, no había justificación alguna para suponer que su principal exponente pudiera haber amasado una gran fortuna.

          Como el tema de los dineros de Pinochet ha sido usado como principal herramienta de denigración en su contra, aún más que el tema de los derechos humanos, en el apéndice de este libro se publica un completo análisis sobre él.

“Más que en 50 años”

          En aspectos sociales hubo grandes progresos derivados de la Revolución Militar, que no han sido conocidos ni divulgados mayormente. En un estudio de quien fue subsecretario de Salud entre 1974 y 1990, el doctor Augusto Schuster Cortés, quedan en evidencia los avances en esa área, entre 1973 y 1990, iguales a los que antes se conseguía en 50 años: 117 hospitales, 196 consultorios y 374 postas de atención.

El aumento de la dotación de médicos fue de 1.743 y el de otros profesionales de la salud de 1.209 (2).

          A raíz de publicaciones erróneas sobre la situación sanitaria de la población en 1991, el ex ministro de Obras Públicas del Gobierno Militar, general (r) Bruno Siebert pudo escribir, sin ser desmentido, al diario El Mercurio de Santiago, la siguiente carta, basada en la Memoria de ese ministerio:

          “La cobertura de agua potable urbana en el país, que en 1973 alcanzaba al 68,6 % de la población, en 1989 había llegado al 98,5 %.

          “La cobertura de agua potable rural, que en 1973 alcanzaba al 34,8 % de la población, en 1989 había subido al 77,0 %.

          “El alcantarillado, que en 1973 estaba al alcance del 36,5 % de los habitantes, en 1989 lo estaba al del 82,9 %.” (3).

          Éstos, como otros logros sociales de la Revolución Militar, fueron obtenidos pese a la restricción de recursos impuesta por sucesivas crisis (la ruina económica legada por la UP, la crisis del petróleo desatada a fines de 1973 y la de la deuda en 1982). Y gracias a una mejor gestión, pese a tener recursos públicos y burocracia menores que en el pasado.

La revolución en la eficiencia

           Fueron numerosas las razones que explicaron el avance de Chile entre 1973 y 1990, desde lugares rezagados en la fila de los países subdesarrollados, hasta ponerse a la cabeza de América Latina. Una de ellas fue que numerosas Leyes Rastrillo dictadas bajo el Gobierno Militar a lo largo de su desempeño fueron eliminando obstáculos a la libertad de emprender, trabajar y contratar en Chile.

          Ya a inicios del régimen, en enero de 1974, se había derogado la paradójica prohibición de plantar viñas en el país, siendo la uva vinífera una de las mayores fuentes de riqueza futura. Ciertamente, la influencia de productores ya instalados, deseosos de protegerse de la competencia, había conseguido en gobiernos anteriores esa protección monopólica.

          La revista Economía y Sociedad, de José Piñera, ha destacado que, como parte de la modernización económica, “en 1979 se inicia el proceso aprobando el DL 2.950 que deroga la obligación de obtener un carnet profesional para desempeñar una actividad, muchas veces entregado por los sindicatos tras un oneroso curso, para dificultar la competencia:

“Derogación de decretos y leyes, abriendo trabajos:

          N° 9613, 1967     Peluqueros

          N° 14.890 (ley)    Hoteleros, matarifes y cortadores de carne

          N° 613, 1963       Músicos de orquesta

          N° 278, 1970       Trabajadores de fiambrerías y rotiserías

          N° 288, 1971      Vendedores de vino y ramos similares

          N° 888, 1975      Montadores y ascensores

          N° 843, 1966      Actores y artistas

          N° 597, 1967      Colocadores y pulidores de parquets

          N° 1.005, 1967   Locutores

          N° 797, 1967      Choferes locomoción colectiva

          N° 8, 1969          Gráficos

          N° 197, 1970     Electricistas 

          N° 383, 1970     Cargadores y descargadores de camiones

          N° 448, 1970     Controladores de cine y espectáculos públicos

          N° 332, 1971     Panificadores

          N° 1.416, 1972  Técnicos cinematográficos

“Leyes:

          N° 17.772          Operadores cinematográficos

          N° 16.724          Matrícula trabajadores marítimos y portuarios

          N° 17.260          Empleados auxiliares de agentes de aduana

“Desmalezando la cancha”:

          Normas legales derogadas por la ley 18.018 que intervenían las remuneraciones y condiciones de trabajo de grupos de trabajadores:

          N° 17.077         Obligación a radios de mantener periodistas contratados por la empresa

          N° 17.255         Remuneraciones controladores de cine

          N° 6.242           Choferes de casa particular

          N° 14.837         Remuneraciones periodistas

          N° 17.115        Sueldo mínimo empleados de farmacias

          N° 17.570        Fuero especial a empleados de notarías

          DL 572             Choferes de locomoción colectiva

          N° 5.181          Indemnizaciones trabajadores petroleros

          N° 6.192          Indemnización especial para periodistas

          N° 6.686          Indemnización obreros de ferrocarriles

          N° 16.617        Indemnización trabajadores del cobre

          N° 17.400        Indemnización trabajadores del hierro

          N° 9.588          Comisiones vendedores ambulantes

          N° 7.388          Propinas de garzones y camareros

          N° 9.613          Peluqueros

          DFL N° 4          Panificadores

“Fin a la intervención salarial:

          Decretos derogados por la ley 18.018 que obligaban al Estado a intervenir en las negociaciones de remuneraciones y condiciones laborales de trabajadores a través de ‘comisiones tripartitas’ por industria.

N° 983, 1974    Construcción

N° 895, 1974    Fideos

N° 889, 1974    Gráfica

N° 34,   1977     Lavanderías

N° 136, 1976    Molinera

N° 212, 1975    Montaje industrial

N° 890, 1974    Papel

N° 892, 1974    Textil

N° 99,   1978    Pesquera

N° 115, 1975    Banca

N° 28,   1976    Transporte urbano e interurbano

N° 894, 1974    Montaje y mantención de ascensores

N° 891, 1974    Lubricantes y combustibles

N° 126, 1975    Fabricación de prendas de vestir

N° 135, 1976    Cristal y vidrio

N° 115, 1976    Laboratorios farmacéuticos

N° 155, 1975    Locomoción colectiva

N°297,  1977    Trabajadores marítimos de bahía

N° 297, 1977    Trabajadores marina mercante” (4).

Esas medidas liberaron a la economía de muchos lastres –algunos consagrados en los primeros años del propio Gobierno Miliar-- que le impedían al país ser más eficiente. Las privatizaciones, la salud privada, la previsión privada y las “leyes rastrillo” liberalizadores fueron un gran impulso a la libertad de iniciativas y de elección de los chilenos y están en la base del “milagro” del cual se habló en el resto del mundo.

“Thatcher y Reagan vinieron después”

          La Revolución Militar no sólo tuvo profunda influencia internacional en el aspecto económico, sino también en el político. Veamos un ejemplo de lo primero, citado por el ex ministro José Piñera:

          “El historiador Niall Ferguson escribió en su best-seller mundial “The Ascent of Money” que esta reforma estructural (al sistema de pensiones en Chile) fue ‘el más profundo desafío al Estado de Bienestar en una generación. Thatcher y Reagan vinieron después. El desafío al Estado de Bienestar comenzó en Chile” (5).

          Pero la obra del Gobierno Militar casi carece de defensores ante la opinión pública. Ni siquiera los uniformados pueden defenderla: con motivo del fallecimiento del general Augusto Pinochet en diciembre de 2006, el general Ricardo Heargreaves, en servicio activo, declaró a la prensa: “Fue nuestro líder indiscutido durante mucho tiempo. Fue capaz de asumir una responsabilidad cuando el país estaba convulsionado y colapsado”.

          Inmediatamente fue marginado del Ejército y vio truncada su carrera (6).

          Cualquier discusión acerca del Gobierno Militar termina al comenzar, con la acusación lapidaria sobre las “torturas y violaciones a los derechos humanos” y falsas acusaciones  --como se demuestra en el Apéndice— de corrupción contra Pinochet. Eso parece no dejar terreno a ninguna defensa posible.

Se afirma que practicó torturas y asesinatos y que lucró, sin citar pruebas, y basta eso para que sea condenado. Veamos qué sucedió en los hechos en esos temas.

Recapitulación sobre la tortura

Se olvida que hasta 1973 la tortura era una práctica generalizada en Chile. ¿Podía terminar instantáneamente a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando había un desafío guerrillero y subversivo como nunca antes había existido?

Hasta un distinguido periodista e historiador –Gonzalo Vial Correa— había ironizado en 1971, bajo la UP, en la revista Portada, recomendando legalizar la tortura, dado que todos tácitamente la aceptaban cuando afectaba a sus adversarios políticos y sólo la criticaban cuando afectaba a los del propio bando (7).

          El 8 de agosto de 1970 la revista izquierdista Punto Final publicó una extensa relación de las torturas sufridas por elementos de izquierda durante el gobierno de Frei Montalva (1964-1970), contenidas en una presentación hecha a la Corte Suprema por abogados de esa tendencia, entre ellos distinguidos penalistas y profesores de derecho como Eduardo Novoa, Álvaro Bunster, Aníbal Bascuñán, Eduardo Long Alessandri y el entonces Secretario General de la Universidad de Chile y después Presidente de la República, Ricardo Lagos.

          En ese escrito de 71 páginas, acompañado de 66 documentos que contenían manuscritos con relatos de víctimas de las torturas y flagelaciones, así como fotografías y grabaciones, se describía seis homicidios cometidos por la policía, 17 casos de torturas y vejámenes  físicos y morales, tres allanamientos ilegales, y numerosos casos de violencia innecesaria.

          En la denuncia se añadía que el profesor francés Benjamín Fabre había sido sometido a castigos policiales y sufrido la rotura de un tímpano, tras lo cual el gobierno de Frei Montalva lo había expulsado del país, sin que el gobierno francés se preocupara de protestar ni de pedir una investigación.

          La presentación de los abogados de izquierda “se inicia con la carta-denuncia de la profesora Magaly Honorato, que tras escribirla en 1965, se suicidó desesperada por las torturas que le fueron aplicadas en Investigaciones” (8).

Otras torturas “en democracia”

          Cuando tuvo lugar un complot de derecha para impedir el acceso de Allende al poder, en 1970, los imputados de conspirar y asesinar al Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, también fueron sistemáticamente torturados para extraerles información.

Los autores de las torturas fueron detectives de Investigaciones, pese a que dicho servicio había sido puesto, justamente a raíz del complot que provocó la muerte de Schneider, bajo la dirección de un militar intachable y distinguido.

          Después, las torturas bajo la UP fueron un mal generalizado, tanto que el Acuerdo de la Cámara de Diputados que llamó a los militares a intervenir, del 22 de agosto de 1973, decía textualmente:

          “10) Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

          “g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas” (9).

          Conste que el gobierno de la Unidad Popular no debió enfrentar a grupos subversivos armados que cometieran atentados sistemáticos, lo que habría explicado interrogatorios con apremios. Los grupos subversivos eran justamente partidarios suyos. Por eso reservó las torturas para meros opositores políticos, como lo denunció la Cámara, entre ellos dos diputados del Partido Nacional, Maximiano Errázuriz y Juan Luis Ossa.

          El primero ha publicado en sucesivos libros, sin ser refutado y sin rencor, lo apremios ilegítimos que sufrió durante la UP a manos de funcionarios policiales de izquierda con el amparo oficial. Su libro “Maximiano: Recuerdos, Perdón y Olvido”, es toda una lección espiritual, contrastante con el odio crónico que mantiene y propaga la extrema izquierda y que imposibilita toda reconciliación.

El segundo, Juan Luis Ossa, denunció las torturas sufridas bajo la UP en el diario El Mercurio del 23 de enero de 1972, con lujo de detalles sobre las aplicaciones de electricidad que recibió en el cuartel de Investigaciones de Rancagua, sus consecuencias de convulsiones y caída del cabello, nombrando como su interrogador principal al subdirector de Investigaciones de Allende, el militante comunista Carlos Toro, que nunca refutó el relato de Ossa ni se querelló ni menos fue removido del cargo tras la denuncia.

En El Mercurio de Santiago del 20 de enero de 1972 el Partido Nacional protestó públicamente por dichas torturas a un vicepresidente de la colectividad, en presencia del subdirector comunista de Investigaciones. Tampoco hubo réplica ni explicaciones.

          Paradójicamente, por primera vez la investigación judicial efectiva y exitosa de las denuncias de tortura se llevó a cabo en Chile bajo el Gobierno Militar, y en el caso más conocido condujo a la condena a diez años de presidio a su autor, un oficial de Ejército.

La versión más publicitada sobre el caso decía que el torturado fue un “transportista democratacristiano”, Mario Fernández, quien al ser apresado fue golpeado por agentes de la CNI y perdió la vida debido a los malos tratos recibidos.

          Pero la verdad completa era que Fernández trabajaba para el grupo guerrillero comunista FPMR, como lo reconoció su jefe, Sergio Buschmann. Apresado Fernández por la CNI, fue golpeado para que entregara información y como presentara un estado grave a raíz de golpes de puño recibidos en el tórax, fue llevado por los agentes de seguridad a un hospital, donde falleció debido a traumatismo en su pared abdominal.

          Antes, en 1980, habían sido condenados a presidio por la Justicia varios policías civiles a raíz de la muerte, tras un interrogatorio, del estudiante Eduardo Jara Aravena, militante del MIR a quien se interrogaba a raíz del asesinato del coronel Roger Vergara, como se ha visto en el capítulo VIII.

El mito del exilio

          El Gobierno Militar, ocasionalmente y no siempre en forma justificada, como hemos visto en capítulos anteriores, expulsó a algunos opositores políticos o les vedó su reingreso al país, pero esos casos pueden contarse con los dedos de las manos. Sin embargo, cuando se le critica se suele hablar de “miles de exiliados”, con tan poca base como cuando se habla de “miles de desaparecidos”.

          Se confunde con el exilio el extrañamiento, es decir, la condena a abandonar el territorio nacional, mediante conmutación de la pena de presidio aplicada por la Justicia, como sanción sustitutiva y en beneficio del afectado. Eso sucedió frecuentemente, pero no constituyó exilio, sino una sanción penal sustitutiva del presidio, a petición del afectado.

En un estudio hecho por el general (r) Gastón Frez, no publicado pero del cual guardo un ejemplar, hecho sobre la base de documentación oficial, se comprueba que el Gobierno Militar envió a extrañamiento, por vía de sustituir la pena de presidio, a 999 presos miristas, comunistas y socialistas.

Además, durante su ejercicio se concedió la libertad condicional a 96 condenados por los Tribunales Militares y a 22 individuos que habían sido condenados por leyes especiales, y que viajaron al exterior. Estas medidas, lejos de constituir una sanción, fueron un beneficio otorgado para mejorarles su condición y obedeciendo a peticiones de otros gobiernos o de sus familiares.

El mito de los “miles de desaparecidos”

La más frecuente diatriba contra el Gobierno Militar es la de que “hacía desaparecer personas” y suele acusársele de generar “miles de desaparecidos”. Esas imputaciones no tienen base.

Sí sucedió durante ese gobierno, especialmente en sus primeros tiempos, que se diera muerte ilegalmente a personas por parte de personal uniformado, a veces con participación de civiles, pero sin orden superior ni conocimiento de la Junta ni de su Presidente –que habían ordenado, como más arriba se documentó, respetar los derechos de las personas--; y aconteció en esos casos clandestinos que se procediera a inhumar los restos.

También sucedió que se arrojara restos humanos al mar después de algún enfrentamiento o de la ejecución de detenidos por elementos de los servicios de seguridad, perpetrados sin conocimiento de las autoridades de gobierno. Al divulgarse los hechos con años de posterioridad y todavía durante el Gobierno Militar, alguna autoridad nunca precisada resolvió que los restos clandestinamente inhumados fueran lanzados al mar, con aquiescencia oficial, creyendo así disminuir el daño a la imagen del régimen que, repito, no había tenido como política la eliminación física de los detenidos.

Esto fue un grave error de la política oficial, pues lo adecuado habría sido informar sobre las conductas indeseadas de uniformados y civiles, y entregar esos restos a los familiares de los caídos. Pero en la mayoría de esos casos existía una nómina de esas bajas y, por tanto, se sabía el destino de los restos de cada persona. En rigor, entonces, no eran ni son “desaparecidos”.

          Y nunca hubo “miles”.

          De partida, en 1980 el ex diputado DC Claudio Orrego Vicuña y la periodista Patricia Verdugo publicaron, en pleno Gobierno Militar, el libro Detenidos-Desaparecidos: Una Herida Abierta. En su página 6 señalan que esa situación se refiere a “más de seiscientas personas” (10). No “miles”.

La Comisión Rettig determinó en 1991 que habían sido 979. La Comisión que la siguió, Nacional de Reparación y Reconciliación, formada probablemente debido a los apetitos despertados por los múltiples beneficios económicos recibidos por las víctimas determinadas por la primera, añadió 123 desaparecidos más. Es decir, un total de 1.102. Tampoco “miles”.

En el curso de los años, desde 1991, han “reaparecido” seis, de acuerdo a sucesivas publicaciones de prensa, lo que daría un total restante de 1.096.

         Cuando vino al país la escritora francesa Suzanne Labin se preocupó de certificar los casos de detenidos desaparecidos que le denunciaron, pero no pudo encontrar precisiones. Antes de venir a Chile, en septiembre de 1978, preguntó a la policía francesa cuántas personas desaparecían allá mensualmente: se le respondió que, de 19 mil denuncias, se encontraba a 13 mil de las personas buscadas. Es decir, cada mes desaparecían seis mil. Escribe Labin:

          “Yo he venido (a Chile) considerando el primer número de 2.500 desaparecidos citado por Rosalynn Carter (la cónyuge del Presidente norteamericano Jimmy Carter), el cual era desde ya considerablemente bajo en relación a los números lanzados por todos los medios de comunicación y que rondaban los 15.000 desaparecidos. Mi primera sorpresa fue constatar que la Vicaría no mantenía sino 651 casos de desaparecidos. Primer golpe: el número de desaparecidos había caído de 15.000 a 651.” (11).

          En el curso de 1978 y 1979 la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago publicó una serie de siete tomos titulados ¿Dónde Están?, relativos a personas cuyos paraderos se ignoraban y que podían haber sido detenidas por agentes del Gobierno. Es el detalle de 478 casos en total, es decir, un promedio algo inferior a 70 por tomo, en que se relatan las circunstancias de las presuntas detenciones y las diligencias desplegadas para encontrar a las personas respectivas (12).

          El Informe Rettig detalla los casos de detenidos desaparecidos año a año:

          1973: 383

          1974: 224

          1975: 83

          1976: 97

          1977: 18

          1978 a 1990: 23 en total (13).

          Como se ve, ya desde 1978 los casos denunciados a la Comisión fueron menos de dos al año.

          También  suele achacarse a la DINA la política de hacer desaparecer personas, pero el propio Informe Rettig le reconoce sólo una minoría, del total de casos, de su responsabilidad:

          DINA: 316

          Carabineros: 248

          Ejército: 161

          Aviación: 21

          Armada: 5

          Investigaciones: 20

          CNI: 8

          Particulares civiles: 45

          TOTAL ATRIBUIDO: 824 (14).

Recapitulando, de acuerdo con el citado Informe, el total de detenidos desaparecidos entre 1973 y 1990 fue de 979.

Como antes se dijo, con posterioridad a la Comisión Rettig se formó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (que contribuyó a lo primero pero no a lo segundo) y añadió 123 casos, de modo que, sumados a los 979 de la Comisión Rettig, el total oficial de detenidos desaparecidos llegó a los 1.102 antes aludido.

          Para tener un punto de referencia, y como se describe en detalle más adelante, en 2006 desaparecieron en Chile 2.432 personas, entendiendo por tales las que, tras la denuncia de “presunta desgracia”, no son encontradas en el mismo año (15).

Personas con paradero precisado

      Con respecto a las personas no encontradas y supuestamente desaparecidas en el curso de la acción antisubversiva durante el Gobierno Militar, una información de El Mercurio establece que:

(I) Se ha hallado los restos de 172 individuos cuyo paradero se ignoraba y que fueron entregados a sus familiares. Pero no se sabe si corresponden a desaparecidos o a personas que estaban comprobadamente muertas.

(II) Adicionalmente hay 281 personas cuyos restos no han sido identificados ni entregados a sus familiares, en diversas sepulturas en el Cementerio General.

(III) También hay restos de otras 96 personas en el Instituto Médico Legal que tampoco han sido identificados o, cuando lo fueron, lo fueron mal (16).

(IV) En carta a este autor de 30 de septiembre de 2005, copia de la cual su remitente manifestaba haber enviado a siete ministros sumariantes de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, que concurrieron a su lugar de detención para que ratificara lo expresado en ella, el ex Director de la DINA, general (r) Manuel Contreras indicó que, en un proceso instruido por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que no especifica, hay constancia de que 113 individuos de los llamados detenidos desaparecidos o muertos en combate se encuentran enterrados en los patios 9, 12, 25, 26, 27, 28 o 29 del Cementerio General, sin identificar.

(V) Luego añade que los restos de 153 individuos fueron sepultados en la Cuesta Barriga, de donde fueron posteriormente retirados y, se supone, lanzados al mar, según se estableció, afirma, en la Mesa de Diálogo de 2001.

(VI) En la nómina de detenidos desaparecidos entre 1973 y 1977, detallados en la carta del general (r) Contreras, antes citada, hay 365 cuyos restos se hallaban en el Instituto Médico Legal, sin identificar.

(VII) Hay 26 personas que las Comisiones creadas bajo la administración Aylwin dan por desaparecidas entre 1975 y 1976, pero no figuran en el Registro Civil, es decir, no tienen existencia legal.

(VIII) Hay 56 personas calificadas como detenidas-desaparecidas que figuran, según documentación oficial de la República Argentina, ingresando a dicho país.

(IX) Hay 33 personas, igualmente calificadas como detenidas-desaparecidas, que figuran abandonando el territorio, según documentación legal chilena.

(X) Hay cuatro personas a las cuales igual número de testigos, mediante declaración jurada ante notario público, manifiestan haber visto con vida después de declarada su detención y desaparición.

Eso da un total de 1.299 personas.

El total de detenidos-desaparecidos consignados en los informes de las dos Comisiones (de Verdad y Reconciliación y de Reparación y Reconciliación), como más arriba se indicó, llegó a un total de 1.102 personas. Es evidente la posibilidad de dobles contabilizaciones en el listado precedente, pero queda claro que la acusación sobre “el gobierno que hacía desaparecer a miles de personas”, que es la consigna más voceada contra el régimen militar, carece de base.

 En otros términos, la posibilidad de que no exista ningún detenido-desaparecido propiamente tal es real y el único obstáculo que nos separa de la verdad deriva de que, desde 1990, han transcurrido 28 años a esta fecha sin que se haya identificado los restos enterrados sin identificar en el Cementerio General o los que todavía permanezcan en esa calidad en el Instituto Médico Legal. ¿Por qué? La respuesta parece entregada a las más amplias especulaciones.

Un libro del general (r) Contreras, Verdad Histórica II: ¿Desaparecidos?, destina 184 páginas de anexos con facsímiles de los documentos oficiales chilenos y argentinos que fundamentan sus afirmaciones (17).

Nunca se ha publicado un desmentido a las mismas ni se ha objetado la autenticidad de los documentos oficiales chilenos y argentinos que esas páginas reproducen.

En un país donde constantemente se forman comisiones diversas y donde la Cámara de Diputados, con gran frecuencia, acuerda instalar Comisiones Investigadoras de cualquier hecho de pública notoriedad, nunca se ha formado ninguna para precisar el número de los denunciados como detenidos-desaparecidos ni para investigar por qué no han sido identificados los restos que permanecen sin identificar, por ejemplo, en los patios 9, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 del Cementerio General. ¿Por qué?

Por otra parte, la magnitud del problema, si es que hubiera aún personas cuyo paradero se ignora, desaparecidas por razones políticas, es numéricamente mínima, pues sólo serían muy pocas.

Como adelanté más arriba, cuando yo estudié esa materia para escribir mi libro Terapia para Cerebros Lavados consulté la página web de Carabineros y comprobé que en 2006 hubo 23.970 denuncias por “presunta desgracia”, es decir, por personas desaparecidas, de las cuales fueron encontradas 21.538 en el curso de ese año, como más arriba se citó. Es decir, 2.432 seguían desaparecidas en 2007, más del doble de todas las denunciadas por la comisiones formadas por Aylwin en los ’90 para los 16 años y medio de la Revolución Militar (18).

Por otra parte, en febrero de 2018 El Mercurio informó que más de 15 mil personas están desaparecidas en Chile desde 2003 (10.984 registradas por Carabineros y 4.532 por Investigaciones), lo que daría un promedio de mil al año, de las cuales poco o nada se informa, en comparación con la publicidad política que recibe el caso de los pocos –si los hubiere— que restaría por ubicar del período 1973-1990 (19).

La amnistía benefició mayoritariamente a civiles

          Dada la denegatoria ilegal, constitutiva de prevaricación, por parte de los tribunales chilenos a aplicar la amnistía a uniformados, en definitiva quienes se beneficiaron más de ella fueron los elementos armados que combatieron al Gobierno Militar.

A partir de la dictación del decreto-ley de amnistía en 1978, 9.552 extremistas comprometidos en la lucha armada fueron dejados libres de toda culpa. Muchos se encontraban en el extranjero y pudieron regresar al país.

Hubo 999 individuos beneficiados con el extrañamiento en sustitución a sus penas privativas de libertad, como antes se dijo, que posteriormente se acogieron a la amnistía y regresaron a Chile. Fueron parte de lo que se ha denominado “el exilio”, no habiendo sido tal.

En fin, hubo 96 individuos condenados por su participación en la lucha armada que recibieron la libertad condicional durante el Gobierno Militar y se establecieron en 32 ciudades del país.

          En el cuadro de cifras antes citado del general (r) Gastón Frez consta que el Presidente Patricio Aylwin indultó a 258 individuos, todos terroristas de izquierda, que se hallaban condenados por los Tribunales de Justicia y que habían herido o muerto a 760 hombres de la Defensa Nacional entre 1973 y 1990.

Entre ellos fueron liberados los asesinos del Intendente de Santiago, general Carol Urzúa, del coronel de Carabineros (r) Luis Fontaine y del teniente coronel de Ejército Roger Vergara, todos éstos acribillados a mansalva y a sangre fría.

El lucro y los derechos humanos

          Gran parte de la denigración histórica del Gobierno Militar ha tenido su origen en un móvil de ganancia económica: el tema de los supuestos “atropellos a los derechos humanos” ha dado lugar y sigue dándolo crónicamente, a cuantiosas indemnizaciones pagadas por el Estado a quienes han sido declarados víctimas o a sus familiares.

       Una sola cifra es reveladora: el propio representante de los “exonerados políticos”, Raúl Celpa, ha declarado que reciben pensiones como tales unas 160 mil personas, de las cuales 100 mil lo hacen indebidamente.

La Contraloría General de la República hizo un examen de cuentas sobre la base de una muestra que arrojó tres mil casos de falsos exonerados, pero el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados, el mencionado Raúl Celpa, ha denunciado los negocios indebidos que se han montado en torno al tema y estima que los 100 mil falsos exonerados, que cobran mensualmente pensiones como tales, con un costo fiscal del orden de 400 millones de dólares anuales. Esto consta en entrevista del periodista Tomás Mosciatti para Radio Bío Bío del 30 de mayo de 2013, en la cual Celpa denunció además cobros excesivos del orden de 30 millones de dólares anuales aprovechando las Becas Valech (Comisión para la Prisión Política y la Tortura) (20). 

Un veredicto desapasionado

      El 5 de agosto de 1974 prestó declaración ante el Subcomité de Asuntos Interamericanos del Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el Senior Fellow de la Brookings Institution de ese país, Ernest W. Lefever, que nos había visitado para formarse una impresión de las circunstancias que se vivía en Chile y, llegado al punto de preguntarse si el Gobierno Militar había abusado de su poder, emitió el siguiente juicio, que destaco por lo equilibrado y objetivo y hago mío acerca de este tema, recordando que entre el 11 de septiembre de 1973 y agosto de 1974 tuvieron lugar las muertes de los dos tercios del total de los fallecidos en la lucha subversión-gobierno hasta el 11 de marzo de 1990. Declaró míster Lefever ante el Subcomité de la Cámara:

          “Altos funcionarios de gobierno libremente admiten que ha habido abusos contra sospechosos, incluyendo la tortura por parte de interrogadores movidos por excesivo celo. Pero ellos apuntan a extenuantes circunstancias, incluyendo la acción de francotiradores que disparan contra policías y soldados y un clima emocional de odio generado por los militantes marxistas.

“Uno también podría añadir la inexperiencia total de los militares en el arresto e interrogatorio se manifiesta en individuos súbitamente ubicados en una posición de autoridad. Debería hacerse notar que los estudiosos de las prácticas policiales y de las prisiones de América Latina muestran un mínimo de tales abusos en todos los países, que está propenso a aumentar en los tiempos de turbulencia y confusión.

          “Tal vez más importante, yo no encontré pruebas de que las autoridades militares superiores alguna vez hayan ordenado o aprobado el abuso contra los sospechosos, aunque se podría defender la tesis de que no hubieran actuado temprana ni vigorosamente como habrían podido hacerlo para eliminar esos abusos. Estos fueron condenados a comienzos de este año y al menos cinco chilenos fueron arrestados, enjuiciados y castigados por los abusos contra sospechosos, uno condenado a 15 años de prisión. Más aún, de acuerdo con el testimonio de observadores chilenos y extranjeros, los atropellos más serios fueron virtualmente eliminados ya a fines de abril de 1974. De ahí que los hallazgos de norteamericanos que visitaron Chile antes de esa fecha, incluyendo testimonios en las audiencias sobre Derechos Humanos en el Subcomité  de Organizaciones y Movimientos Internacionales de la Cámara de Representantes, están desfasados” (21).

El adiós de Pinochet

          En 1990 el Presidente recorrió todas las regiones despidiéndose, y explicó: “Estoy haciendo una gira por Chile, porque si yo me voy de una casa o de cualquier parte, me despido” (22).

          Había sido muy activo en viajar por el país durante sus 16 años y medio de gobernante, de un extremo a otro: 64 visitas a la I Región, 50 veces a la XII, por ejemplo.

          Se despidió de los periodistas que cubrían La Moneda y hubo lágrimas, a las que replicó: “¿Por qué lloran? ¡Si yo no me he muerto! ¡Aquí no se ha muerto nadie!” (23).

          Su último Consejo de Gabinete lo celebró en Temuco. El 10 de marzo se despidió de los ministros y sus cónyuges en La Moneda. En la noche ofreció en Palacio la recepción de estilo a los delegados extranjeros.

          A primera hora de la mañana del 11 de marzo recibió en su domicilio de la calle Presidente Errázuriz al vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, enviado del gobierno del Presidente Reagan.

Un testigo ha referido que Pinochet, junto con recibir al vicepresidente norteamericano con un apretón de manos significativo, como los que acostumbraba darles a algunas personas a las cuales no les tenía particular afecto, y tras tomar nota de la felicitación de Quayle por la misión cumplida, le replicó enérgicamente que los chilenos habíamos logrado vencer al comunismo, reconstruir el país y restablecer la democracia pese a la hostilidad de los Estados Unidos.

El traductor se quedó helado por unos momentos, pero cumplió su función. Quayle se mantuvo inalterable al oír la traducción y la despedida entre ambos gobernantes fue finalmente cortés.

El ex ministro Cáceres obvió en sus recuerdos ese instante de franqueza e incomodidad, limitándose a rememorar:

“Acompañado de su ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Felipe Errázuriz, Pinochet recibió las felicitaciones de Quayle, quien le destacó su compromiso y el de las Fuerzas Armadas con el cronograma constitucional y la transición pacífica a la democracia (24)”.

          A la mañana siguiente Pinochet recorrió entre aplausos del público el trayecto de su domicilio en Av. Presidente Errázuriz a la Escuela Militar, para abordar el helicóptero que lo llevaría a Valparaíso, donde entregaría la banda presidencial y la piocha del mando a su sucesor.

          Finalmente, ya en la V Región, se dirigió a la Escuela de Caballería de Quillota, donde se despidió de generales, ministros y altos funcionarios, muchos de ellos luciendo la medalla con la leyenda Misión Cumplida sobre sus pechos.

          Pues, en efecto, la Misión había sido Cumplida. Habían recibido a un Chile al borde de una guerra civil y que iba a la zaga de las naciones subdesarrolladas y habían entregado otro, en paz y que estaba a la cabeza de América Latina, lo que llevó al presidente demócrata norteamericano Bill Clinton a reconocer, en 1993, que “Chile hoy se erige como un modelo de soberbia conducción económica y buena gobernanza democrática” (25).

Momento estelar tras la transmisión del mando

Recuerda Carlos Cáceres sobre la transmisión del mando:

“Dada la relevancia histórica del acto, días antes, en las oficinas del ministerio del Interior, se había llevado a cabo un ensayo general, teniendo en cuenta que todas las cámaras de televisión de Chile y el mundo enfocarían la escena. En dicho ensayo, participó el propio Presidente Pinochet y, además, lo hicieron el Secretario General de Gobierno, Cristián Labbé, y el Canciller, Hernán Felipe Errázuriz. Entre risas, Labbé hizo las veces de ‘Aylwin’ y Errázuriz de ‘Presidente del Senado, Gabriel Valdés’.

“Todo estaba programado al milímetro. Lo único diferente fue que, llegado el momento real y después de la entrega de la banda presidencial por parte de Valdés, el Mandatario saliente retuvo la piocha –símbolo del mando—y sin intermediarios se la pasó directamente a Aylwin” (26).

          A veces las circunstancias más importantes de la historia no se dan en el marco de ceremonias trascendentales, firma de documentos fundamentales o encuentros oficiales de estadistas, sino en minutos fugaces que resultan determinantes para el futuro. Un famoso ensayista europeo, Stephan Zweig, recolectó algunos de esos instantes decisivos en su obra Momentos Estelares de la Humanidad.

          En la noche del 11 de marzo de 1990, día de la transmisión del mando del Presidente Pinochet a su sucesor civil, Patricio Aylwin, se produjo un momento estelar, a juicio de este autor. Fue fugaz pero decisivo y probablemente cambió el rumbo de la nueva administración y predeterminó en ese mismo instante que en Chile jamás habría reconciliación, como de hecho no la ha habido en 28 años. Porque el odio de la extrema izquierda desataría una persecución ilegal e injusta contra los militares y la imposibilidad de un equivalente al “ya es hermano el que ayer invasor”, de nuestra Canción Nacional.

Por el contrario, ese momento estelar anticipó que el odio marxista permanecería vivo y vendrían décadas de procesos judiciales plagados de ilegalidades, arbitrariedades e inconstitucionalidades, abusos a expensas de la memoria, denigraciones y falsificaciones históricas que jamás permitirán enterrar el pasado.

Y ese instante crucial se presentó cuando Aylwin, en un colmado Estadio Nacional, le habló al país del futuro de una democracia sin odios, de paz, de civilidad y de reconciliación entre todos. Y los fue mencionando a todos, hasta que dijo la frase más representativa de su aspiración: “reconciliación entre civiles y militares”. En este punto se generó una ensordecedora rechifla, que obviamente no provenía de la mayoría democrática ni de los no pocos derechistas que habían votado por él e improbablemente estaban ahí, creyéndolo un político moderado; y ni siquiera provenía de los izquierdistas renovados, sino de la abigarrada masa comunista, marxista-leninista que hasta 16 años y medio antes había querido tomarse el poder por las armas y no había podido; que durante esos mismos años había combatido, usando métodos terroristas, en procura de derrocar al Gobierno Militar; que en las recientes elecciones había formado el pacto PAIS en torno al “partido del odio”, el Partido Comunista y sus compañeros de ruta que no habían tenido cabida en la Concertación, porque no pedían ni daban cuartel ni tregua en el uso de la violencia armada. Estaban en el estadio, no eran la mayoría pero sí eran los más ruidosos.

          Aylwin mostró coraje en ese instante, pero sólo en ese instante, y replicó a la rechifla comunista, reafirmando a voz en cuello: “¡Sí señores, civiles y militares, la reconciliación debe incluirlos a todos!” Y se ganó una ovación de la mayoría. Tal vez tuvo la genuina buena intención en ese momento, pero sólo hasta ahí le duró.

Después se dio cuenta de dónde podía provenir la más grave amenaza de violencia durante su administración y se entregó a los comunistas en estas materias de la mejor forma en que podía hacerlo: convirtiéndose en el verdugo de los militares. Porque en ese mismo instante de la rechifla comunista supo –y todos quienes conocíamos la historia del Chile contemporáneo, lo conocíamos a él, a su partido y al comunista supimos— que si tenía que elegir entre la reconciliación genuina o perpetuar el odio, dándoles en el gusto a los rojos, iba a hacer esto último.

          A partir de ese mismo instante Aylwin se convirtió en el perseguidor de los uniformados, en el gobernante que iba a formar una Comisión sesgada e inconstitucional para sentarlos en el banquillo de los acusados ante el país y el mundo; en el Presidente que iba a interceder inconstitucionalmente ante la Corte Suprema para que no se aplicara la Ley de Amnistía a los que habían combatido a la subversión, sino en la sentencia final, para mantenerlos desfilando por los pasillos de los tribunales, vejados por frentistas y miristas impunes; en el estadista que iba a dar dinero, mucho dinero (no suyo, por cierto, sino fiscal) al extremismo de izquierda para tenerlo contento e indemnizarlo por no haber podido tomar el poder por las armas ni instalar un régimen totalitario.

Y también se convirtió en el que iba a fundar paralelamente un Museo de la Memoria marxista en homenaje al extremismo armado y en el precursor de un presidio en Punta Peuco para internar y denigrar a los militares que liberaron a Chile (lo que habían hecho instigados y con el aplauso, entre otros, del mismo Aylwin).

Hoy ese  presidio está colmado de presos políticos uniformados ya ancianos, ilegalmente privados de libertad y carentes hasta de los beneficios carcelarios que la humanidad civilizada reconoce a todos los reos. Hasta el otrora crítico del Gobierno Militar en el tema de los derechos humanos, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, ha intercedido por ellos en vano.

          El epítome de la doble actitud de Aylwin quedó perpetuado en YouTube, donde basta digitar “buscar” y luego “Aylwin” para encontrar al personaje diciendo una cosa en 1973 sobre la Revolución Militar y luego, en 1993, afirmando que jamás la había dicho y aseverando la contraria.

         

El legado de la Revolución Militar

          Termino este libro citando palabras que no son mías, sino de un serio historiador, aunque en algunos aspectos sesgado y crítico de la Revolución Militar, Gonzalo Vial Correa. Donde él menciona a Augusto Pinochet me tomo la libertad de escribir en vez de ese nombre, en algunas ocasiones, Revolución Militar Chilena, pues si bien él fue su principal conductor, la misma también triunfó gracias al esfuerzo y sacrificio de miles de militares, civiles colaboradores y millones de ciudadanos comunes que le prestamos nuestro apoyo cívico:

          “Al respaldar un golpe que probablemente no deseaba, Augusto Pinochet evita la guerra civil. Es decir, decenas de miles de muertos; persecuciones aún más envenenadas y odiosas de las que por desgracia de todos modos ocurrirían; y la posibilidad de un ‘socialismo real’ –experiencia escasamente positiva dondequiera que se vivió durante el siglo pasado--, que quizás hubiera caído junto con el muro de Berlín o quizás subsistiría hasta hoy, como en Cuba…

          “Sortea la Revolución Militar, luego, dos guerras inminentes, con Perú y Argentina. Respecto a la segunda, además, alcanza una paz definitiva y fecunda.

          “Devuelve al país su institucionalidad, dándole una Constitución vigente hasta hoy, y según cuyas normas y plazos los civiles recuperan puntualmente el poder y la democracia.

          “Restaura la plenitud del derecho de propiedad, y sobre tal base establece un nuevo esquema económico, cuyos principios son el Estado pequeño y subsidiario, la asignación de recursos por el mercado, los grandes equilibrios de las finanzas públicas –el presupuestario, el primero de todos--, la libre empresa, la libre competencia, la libertad de precios e intereses, la desregulación en general, y la apertura al exterior. De allí parte, en 1987, una carrera de crecimiento que corrida una década doblará el tamaño del país (…) una década de auge material sin paralelo en el siglo pasado, y quizás en los dos siglos de la República.

       “Mejora todos los índices globales de salud. Permite al Estado focalizar la atención médico-hospitalaria hacia los sectores de mayor pobreza, al originar un sistema privado, las Isapres, que sirva a los estratos medio/bajo, medio/alto, y alto de la sociedad.

          “Hace flexible el régimen de trabajo mediante el Plan Laboral, que se adecúa a las exigencias de una economía abierta.

          “Reemplaza una previsión en quiebra, y anarquizada por múltiples ‘fondos’ y ‘cajas’ de diversísimos beneficios. Advienen así las AFP. Dentro de estas entidades privadas, cada ahorrante es individualmente dueño de las imposiciones que hace para financiar su retiro. Ellas –llegado el momento— serán el capital que genere como renta la jubilación. El Estado garantiza sólo la pensión mínima.

          “Inventa e impulsa un exitoso sistema para fomentar la vivienda popular –los ‘subsidios’--   vigente y operante hasta hoy.

         “Descentraliza al nivel de municipalidades la enseñanza básica y media. Mediante la subvención escolar, estimula que los particulares den aquélla gratuitamente. Abre la puerta a las universidades privadas.

          “Todo lo anterior, por supuesto, puede ser y es discutido, criticado, desde numerosos y plausibles puntos de vista. Y quedaron sin duda vacíos sin tocar en áreas importantes. Pero, sumando y restando, el país que habitamos es inimaginable si se le quita la impronta de la Revolución Militar (…)

          “Luchan algunos por eliminar los ‘enclaves autoritarios’ de la Constitución de 1980. Están en su derecho y pueden acertar. Pero no se discute que esa Carta nos permite vivir libremente y en paz, y que muchas de sus normas –v. gr., el recurso de protección o las reglas sobre responsabilidad del Estado o garantías de la persona--  han sido innovadoras y positivas.

          “Se quejan algunos del binominalismo electoral, pero suelen reconocer que él ha reforzado la gobernabilidad, a través de facilitar se formen dos grandes bloques de partidos, desalentando la anarquía y el chantaje de los grupúsculos políticos.

          “El Plan Laboral, según sus adversarios, fue prácticamente un arrasamiento de ‘las conquistas de los trabajadores’. Mas hoy también subsiste con escasos cambios.

          “Son innúmeros los aspectos del Chile pre 1973, especialmente económicos, que ni siquiera podemos imaginar en la actualidad como viables, ni menos como dignos de aplauso.

          “¿Precios fijados a los hot-dogs  --entre miles de artículos sujetos al mismo régimen--  según la ciudad donde se vendan y considerando además su calidad de simples, con mayonesa, completos, etc.? ¿Dólares de distintos precios, baratos si los venden los exportadores, caros si los compran los importadores? ¿Permisos para importar, asignados ‘a dedo’? ¿Electrodomésticos y automóviles nacionales, malos y onerosos, protegidos de la competencia foránea por barreras tarifarias? ¿Impuestos que son una jungla? ¿Reformas constitucionales –las de 1963, 1967, 1971— enderezadas contra sectores propietarios para quitarles sus bienes y pagárselos a precios ilegítimos, larguísimos plazos y sin reajuste que compense la inflación… o aún no pagárselos en absoluto? ¿Un Banco Central emitiendo dócilmente el dinero que haga falta para financiar el presupuesto? ¿Imposiciones previsionales que no se capitalicen individualmente en las cuentas de quienes las hagan, sino que se sumerjan y pierdan en el tonel sin fondo de ‘cajas’ manirrotas y quebradas? ¿Atención médico-hospitalaria uniformemente mala para todos quienes no sean muy ricos, a cargo exclusivo de los servicios públicos de salud? ¿La mitad de las actuales vacantes universitarias? ¿Diez mil escuelas y colegios, y cien mil profesores, manejados centralizadamente desde Santiago?

          “¿Quién concebiría todo esto como probable… o aun meramente posible comenzando el siglo XXI?

          “La piedra de toque de la importancia de la Revolución Militar Chilena es lo poco que sus enemigos han podido y probablemente querido modificar su obra. Lo que hablaban pre 1990 y lo que han hecho tras conquistar el poder, ha sido completamente distinto. Se sigue compitiendo en la cancha que la Revolución Militar rayó, y suyas continúan siendo –fundamentalmente—las reglas de juego” (27).

El mismo legado según Margaret Thatcher

          Una voz de resonancia mundial también reconoció el legado de ese régimen. En la convención del Partido Conservador, en Blackpool, el 6 de octubre de 1999, estando detenido el senador Pinochet en Londres, la ex Primera Ministra Margaret Thatcher dijo:

          “Me sorprende que quienes corren a acusar a Pinochet de todo abuso imaginable, no mencionan el positivo legado que dejó su gobierno en Chile.

          “¿Qué hay, por ejemplo, del hecho de que Chile fue transformado desde el  caótico colectivismo a una economía modelo en América Latina?

          “¿Qué hay, por ejemplo, del hecho de que más chilenos adquirieron vivienda, que la atención de salud mejoró, que la mortalidad infantil se desplomó, que programas altamente eficientes para derrotar la pobreza fueron implementados?

          “Sobre todo ¿por qué no le dicen al mundo que fue el Presidente Pinochet el que estableció una Constitución para el retorno a la democracia? ¿Qué él se sometió a un plebiscito para decidir si continuaba o no en el poder? ¿Qué él perdió el plebiscito (aunque obtuvo el 44 % de la votación), que respetó el resultado y entregó el poder a un sucesor elegido democráticamente?

          “Pero, por supuesto, sabemos por qué no se habla de ninguno de estos logros. Porque la izquierda no quiere hablar de esos logros ni quiere, si puede evitarlo, que se sepan.

          “La izquierda perdió la Guerra Fría en Chile, al igual que en todas partes” (28).

          Y un “broche de oro” (o de dólares) final: siendo Chile el país que salió primero de la “crisis de la deuda” de los 80, el porcentaje de esta deuda, que era de 143 % del PIB en 1985, descendió al 74 % de la misma en 1990. Ningún otro país pudo decir lo mismo (29).

Y el reconocimiento del peor enemigo

          Para mí, con todo, el más valioso testimonio de que la misión de la Revolución Militar Chilena había sido bien cumplida lo recibí durante un almuerzo campestre ofrecido a mediados de los años 90 por el almirante (r) Maurice Poisson Eastman a la Redacción de El Mercurio, en su fundo de La Calera, y teniendo como invitados de honor al empresario Andrónico Luksic Abaroa y su cónyuge Iris Fontbona de Luksic, él tenido en esa época por uno de los hombres más ricos de Chile.

        Luksic venía llegando de una visita a Cuba. Él siempre cultivó una buena relación con la extrema izquierda. Incluso fue protagonista de “el Año de la Inversión” durante la Unidad Popular, “prestándole ropa” al gobierno de Allende, que estaba arruinando al país. Circunstancia que Luksic aprovechó para comprar activos que otros vendían.

          Durante la sobremesa del almuerzo campestre nos refirió que había obtenido una entrevista con Fidel Castro durante su estadía en La Habana. Éste los había convidado a una tardía cena, en la cual monopolizó la palabra, cosa que siguió haciendo hasta ya entrada la madrugada. Entonces, en un momento dado y dirigiéndose a Luksic, se autointerrumpió y le dijo:

          “Cuénteme cómo está Chile”.

          El aludido se explayó en detalles de la “década dorada” vivida desde 1986 hasta entonces, doblando el PIB en diez años, con estabilidad política y paz social. Cuando terminó su descripción Fidel le dijo, enérgicamente y apuntándole con el dedo índice:

          “Eso se lo deben ustedes a Pinochet”. 

FIN

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO XVIII:  

(1) “La Tercera”, 8 de octubre de 2005, p. 3.

(2) Schuster Cortés, Augusto: “Nivel de Vida Después del Gobierno de las Fuerzas Armadas”, Subsecretaría de Salud, 1990.

(3) Ídem.

(4) “Economía y Sociedad”, N° 93, octubre-diciembre de 2017. Tomado del trabajo de Rodrigo Álamos, “La Modernización Laboral”, Estudios Públicos N° 26 de 1987, Centro de Estudios Públicos.

(5) Piñera, José en “Economía y Sociedad”, noviembre 2016-febrero 2017.

(6) “El Mercurio”, Santiago, 15 de diciembre de 2006, p. C2.

(7) Revista “Portada” N° 16, Santiago, noviembre de 1970, Suplemento “El Mes”, p. 9.

(8) Revista “Punto Final”, Santiago, 8 de agosto de 1970, separata.

(9) Acuerdo de la Cámara de Diputados, 22 de agosto de 1973, op. cit., número 10), letra g).

(10) Verdugo, Patricia y Orrego, Claudio: “Detenidos Desaparecidos: Una Herida Abierta”, Editorial Aconcagua, Santiago, 1980, p. 6.

(11) Labin, Suzanne: “Chili: Le Crime de Resister”, Nouvelle Editions Debresse, París, 1980, p. 243.

(12) Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago: “¿Dónde Están?”, siete tomos, Talleres Gráficos Corporación, Santiago, 1978-79.

(13) Informe Rettig, op. cit., Anexo II.

(14) Ídem.

(15) Página web de Carabineros de Chile citada en Pérez de Arce, Hermógenes: “Terapia para Cerebros Lavados”, El Mercurio-Aguilar, 1908, p. 251.

(16) “El Mercurio”, Santiago, 22 de marzo de 2007, p. C 10.

(17) Contreras, Manuel: “La Verdad Histórica”, dos tomos, Ediciones Encina, Santiago, 2000, t. II, ps. 281 y sigtes.

(18) Ver nota (15).

(19) “El Mercurio”, Santiago, 12 de febrero de 2018, p. C 1.

(20) Entrevista de Tomás Mosciatti a Raúl Celpa en Radio Bío Bío, 30 de mayo de 2013: buscar en Google con ambos nombres.

21) Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Francisco Orrego Vicuña, editor: “Chile: The Balanced View”, Editora Gabriela Mitral, Santiago, 1975, p. 277.

(22) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 591.

(23) Ídem.

(24) Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit. p. 13.

(25) Archivo Presidencial 004952, 18 de septiembre de 1993.

(26) Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit., p. 17.

(27) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, ps. 739 a 741.

(28) Discurso ante la Convención del Partido Conservador Británico, citado por “Economía y Sociedad”, abril-junio de 2018, Santiago, p. 27.

(29) Collier, Simon y Sater, William: “Historia de Chile…”, op. cit., p. 317.

  

APÉNDICE

LA “FORTUNA” DE PINOCHET

              (Reproducción parcial del capítulo XV del libro “Terapia para Cerebros Lavados” de Hermógenes Pérez de Arce, El Mercurio-Aguilar, 2008).      

Probablemente el lavado cerebral que se ha hecho a nivel chileno y mundial a propósito de la cuenta del ex Presidente Pinochet en el Banco Riggs, de Washington, ha hecho más daño a su imagen que cualquier otra acusación de las muchas propaladas antes en su contra.

              La campaña resultó tan devastadora como carente de fundamento.

Maniobra fracasada

              Los lavadores de cerebros se superaron a sí mismos, tratándose del patrimonio del ex Presidente Pinochet, y llegaron a un verdadero paroxismo cuando dijeron haber descubierto ¡9.620 toneladas de oro! del ex mandatario en Hong Kong. ¡185 mil millones de dólares! ¡El hombre más rico del planeta! ¡Todo el PIB chileno en sus bolsillos, y no lo sabíamos! Multiplicaba por más de tres veces la fortuna de Bill Gates.

              La noticia la dio un corredor de valores de Los Angeles, California, Al Landry. Inmediatamente el Gobierno de la Concertación, a través del ministro de RR. EE., Alejandro Foxley, la validó y declaró que “fue entregada por una fuente fidedigna, por lo menos desde el punto de vista nuestro”.[1]

              Los diputados socialistas estaban exultantes. Uno de ellos comparó a Pinochet con “el Rey Midas”. El senador Carlos Ominami fue más cauto, pero se autodelató al declarar: “Si fue verdadero o falso lo del oro, todo Chile quiso creerlo. Eso es lo grave”.

              Confesó que el país de los cerebros lavados cree cualquier cosa de Pinochet.

              Joan Garcés, el abogado español, representante de la Fundación Allende se aprestaba, según anunciaba, a embargar los lingotes del general.

              El Consejo de Defensa del Estado salió, como de costumbre, a decir una malignidad. Siempre que se trata del patrimonio del general, su abogada María Teresa Muñoz aparece en la prensa exclamando cosas sin ninguna base, como “¡lavado de dinero!” o “¡comisiones por venta de armas!”.

              Pero el tinglado se vino al suelo: el HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking Corporation) declaró que el certificado del oro, supuestamente emitido por él, era falso.[2] Sí, pero ¿quién remedia el daño nacional e internacional a la imagen del general?

Cuando fueron pillados, los autores del engaño se esfumaron, pero no sin cinismo. Pues hasta surgió un alemán de apellido Schell, quien declaró que en su firma existía un comprobante de depósito del HSBC por los 9.620.000 kilos de oro o 9,62 toneladas métricas, de 99,9% de pureza. Y entregó el facsímil de su certificado, que se publicó en El Mercurio del 27.10.06, p. C 3. Pese a ser de una firma alemana, estaba en inglés, pero con una falta de ortografía: en lugar de decir “safe deposit”, que es algo así como “caja de fondos”, se leía “save deposit”, error muy raro en una institución financiera seria.

Y este supuesto certificado original del HSBC, cuyo facsímil también se publicó, ni siquiera tenía correctamente escrito el nombre del banco, pues lo denominaba “Hong Kong Shanghai Corporation Bank”, en lugar de “Hong Kong & Shanghai Banking Corporation”. No existe ningún banco con el primer nombre. Un fraude burdo y rudimentario.

              Todo se derrumbó como castillo de naipes. Tanto que el comentarista Patricio Navia, que si bien es inclinado a la Concertación, vivió algún tiempo en los Estados Unidos, donde mentir —al contrario de acá— tiene consecuencias, escribió una columna titulada “9 Mil Kilos de Errores”. En ella, junto con reírse de Foxley, quien “se animó a decir que la información que le había llegado merecía ‘ser tomada en cuenta, en serio, en los tribunales’”, añadía:

              “Además, recién se había destapado un notorio caso de corrupción en Chiledeportes. Las revelaciones sobre el supuesto oro de Pinochet parecían caer como anillo al dedo al Gobierno: los escándalos más grandes hacen olvidar los alborotos menores.”.[3]

              Un frustrado asesinato de imagen, con la complicidad (¿o autoría?) oficial. Todo falso. ¿Quién responde? Nadie. ¿Quién lo perpetró? Nadie.

La verdad de las platas del general

              El general Augusto Pinochet fue siempre una persona ahorrativa. Además, fue un gobernante probo, como se demostrará más adelante.

En la última oportunidad en que se reunió socialmente con amigos suyos en un almuerzo, al que tuve el honor de asistir, nos declaró, a propósito de la infamante campaña de que estaba siendo objeto:

“Juro por la memoria de mi madre que nunca tomé un peso que no me correspondiera.”

Durante su gobierno, las campañas a través de las cuales se intentó enlodarlo, fundadas en un hecho de escasa significación, como la adquisición de un terreno del Ejército, quedaron aclaradas como no representativas de un beneficio pecuniario para él. Después de terminado su gobierno, se le acusó de influir para que el Ejército adquiriera una fábrica de armamento, cosa que éste hizo, a raíz de lo cual recibió una comisión de tres millones de dólares el hijo mayor del general Pinochet, Augusto.

Fue el episodio conocido como “de los Pinocheques”. Entonces la Cámara de Diputados nombró una comisión investigadora, cuya conclusión fue que la adquisición había sido ventajosa para el Ejército, sin objetar la comisión pagada.

Hay que admitir que hubo, en la intervención de un familiar tan cercano al entonces Comandante en Jefe, una falta de delicadeza, pero no se acreditó dolo ni perjuicio fiscal.

En relación a los dineros del general depositados en el exterior, la verdad fue que, al término de su Gobierno, amigos suyos previeron lo que vendría, porque la doctrina del odio, el marxismo-leninismo, no le perdonaría jamás haber puesto término a su intentona totalitaria.

“Nunca más puede haber otro Chile”, había proclamado Leonid Brezhnev, en septiembre de 1973.

Todos sabíamos que bajo el gobierno de izquierda tarde o temprano se iniciarían juicios plagados de prevaricaciones en contra del ex Presidente y que se procuraría, a través de ellos, despojarlo del patrimonio que había reunido a lo largo de una vida.

Por eso, en mi presencia, en 1992, dos hombres de fortuna chilenos (uno de ellos con muchos contactos en los Estados Unidos), se pusieron de acuerdo en recolectar para el ex gobernante un fondo que estuviera a salvo de la rapiña marxista-leninista. Obviamente, debía depositarse en el exterior. Hubo personalidades nacionales y extranjeras que encabezaron la tarea de crear un patrimonio externo en favor del general Pinochet, a salvo de la venganza izquierdista.

A raíz de saberse que mantenía una cuenta en el Banco Riggs, de Washington, el régimen socialista se lanzó en picada para tratar de demostrar que el gobierno presidido por el general había sido corrupto. El director socialista de Impuestos Internos evacuó entonces una completa liquidación de los supuestos ingresos declarados y no declarados de aquél, pero la primera gran sorpresa que derivó de ahí fue que en todo su gobierno, entre 1973 y 1990, él aparecía recibiendo, en total, 544 mil dólares más que lo declarado.[4] Pues la cuenta del Riggs fue abierta bastante después de que dejó el gobierno.

Es decir, mientras era Presidente aparecía “sustrayendo” apenas un promedio de 32 mil dólares al año, algo más de un millón de pesos al mes. ¡Menos que el contenido de uno solo de los “sobres con billetes” que sustraían mensualmente los Presidentes, ministros, subsecretarios y altos funcionarios de gobierno de la Concertación, recién sorprendidos y perdonados en 2003! Más que eso, premiados, porque, tras sorprenderlos, la oposición aceptó que se les subiera el sueldo en el equivalente de lo que sustraían por debajo de la mesa.

¿Qué gobernante corrupto, dotado de amplísimos poderes, se va a conformar con rapiñar poco más de un millón de pesos mensuales del erario para llevárselos a la casa?  

Origen de la cuenta del Riggs

El Informe de la Subcomisión del Senado norteamericano que investigó las cuentas en el Banco Riggs dice que la de Pinochet fue abierta, no por iniciativa suya, sino de los directivos del Banco; y no durante su gobierno, sino sólo en 1994:

“Se reunieron con el sr. Pinochet y explícitamente pidieron al sr. Pinochet abrir una cuenta en el Riggs”.[5]

              El 14 de febrero de 1996 Mr. Joseph Albritton, presidente del Riggs, tras una visita a Chile, escribió lo siguiente al general Pinochet:

“Chile es un país muy impresionante, con un excelente futuro, gracias a usted y a las políticas y a la reforma que usted instauró. Como le expresé, estaría muy satisfecho de prestarle ayuda a usted y a su país de cualquier manera que yo pueda en Washington DC.”[6]

De lo anterior queda claro que la relación con el Banco Riggs fue posterior al gobierno de Pinochet y que el máximo jefe de esa institución le ofreció sus servicios para administrar sus recursos, lo que permitió obtener con éstos altas rentabilidades.

Los temores de los simpatizantes del general más arriba aludidos se demostraron fundados cuando, en 1998, se iniciaron acciones judiciales en su contra, por hechos de los cuales era completamente inocente, como las muertes registradas al paso de la comitiva del general Arellano, en octubre de 1973.

Se vio que la justicia, en manos del ministro de fuero Juan Guzmán, prestaba acogida a esas acciones. La inocencia de Pinochet está acreditada en dos libros sobre el caso, antes citados y, por lo demás, se ha ido confirmando de manera paulatina recientemente, a raíz de que en dicho proceso, tras pasar el mismo a manos de un ministro de fuero más apegado al derecho, Víctor Montiglio, se han venido desvirtuando una a una las acusaciones del anterior, Juan Guzmán.

Juicios  y embargo de bienes

              Como de todo juicio penal nace una acción civil de indemnización de perjuicios, la eventual condena espuria del general Pinochet conducía a que se decretaran embargos sobre sus bienes. El propio general aseveró, en su declaración pública de 10 de agosto de 2005, publicada en los principales diarios del país y dada a conocer en los noticieros televisivos de la misma fecha, lo siguiente:

“Reitero que jamás defraudé al Estado ni obtuve provecho ilegítimo del ejercicio de los cargos que desempeñé. Entregué, por razones de prudencia, ya que sería objeto de persecución y hostigamiento político, a instituciones profesionales extranjeras los ahorros de toda mi vida. Si hubo alguna diferencia tributaria, mis asesores han pagado todo lo que correspondía.”

              Como era obvio, si se quería poner esos recursos a salvo, no podía hacerse en el país, donde los servicios públicos están en manos de los mismos que persiguen a Pinochet en todos los ámbitos. Incluso la doctrina moral justifica la evasión tributaria cuando un régimen consuma persecuciones o despojos arbitrarios, y hasta autoriza procurarse compensaciones a costa de él, aunque puedan ser formalmente ilegales, en nombre de un “justo resarcimiento”.

Aprovechamiento de la “Ley Patriótica”

              Pero quienes deseaban proteger una parte del patrimonio del general de la venganza izquierdista no pudieron prever que aquélla no reconoce fronteras. A raíz de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, se hizo excepción al secreto bancario en los Estados Unidos para permitir la investigación de posibles fondos usados por los terroristas de Al Qaeda (“Ley Patriótica”).

Esta normativa fue aprovechada por activistas de izquierda, que se habían erigido por años en adversarios del Gobierno Militar chileno, procurando perjudicarlo en todos los aspectos de su gestión y desprestigiarlo ante la comunidad internacional. Desinteresados por completo de la finalidad de la Ley Patriótica, que era la de descubrir los lazos financieros de Al Qaeda, una falange de izquierdistas en que se hicieron notar el periodista y escritor Peter Kornbluh y el representante del ala más extrema del Partido Demócrata, Michael Harrington, buscaron depósitos a nombre de Augusto Pinochet y personas relacionadas con él.

              Así encontraron las cuentas abiertas en el Banco Riggs, que sirvieron de base para lo que se voceó como un informe de un “Subcomité Sobre Lavado de Dinero y Corrupción Extranjera” del Senado norteamericano. Este informe, notablemente descuidado y sustancialmente equivocado[7], dio pie para que en Chile se hablara profusamente de “más de 125 cuentas o instrumentos financieros relacionados a Pinochet”[8]. Se hablaba de 27 millones de dólares. Sin embargo, un examen de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de Impuestos Internos determinó que cuarenta de esas cuentas o instrumentos eran repeticiones de otros.[9] Ello puso de manifiesto la falta de seriedad de esa investigación y dejó en mal pie al Senado norteamericano.

              En efecto, una parte del texto del propio Informe del Subcomité del Senado desvirtúa la otra que denuncia las “125 cuentas” y los “casi 27 millones de dólares”[10] que las publicaciones de prensa le atribuyen haber comprobado, pues afirma que “estas cuentas vinculadas a Pinochet recibieron depósitos que sumaban más de siete millones de dólares” y que “como mínimo el total excede los ocho millones de dólares encontrados en las cuentas del Riggs en septiembre de 2001”[11]

            En forma injustificada y tal vez maliciosa se ha dado la denominación de “cuentas” a simples renovaciones de depósitos. Asimismo, se ha atribuido a Augusto Pinochet cuentas e instrumentos que no eran suyos, sino de familiares, de la Casa Militar, de subordinados militares o de profesionales que le prestaron servicios.

El abogado del general, Pablo Rodríguez, ha sostenido que él no se apropió de dineros, sino que es acreedor del fisco chileno por US$ 348.000 correspondientes a fondos propios que empleó en gastos de, justamente, la Casa Militar de la Presidencia, que no le fueron reembolsados.[12]

Prueba de falsedad

              Demuestra el descuido y el ánimo ajeno a toda justicia de las publicaciones realizadas, el hecho de que entre las “cuentas de Pinochet” apareció una de la sociedad de inversiones Cornwall. Pero de la misma cuenta se aparecía girando US$ 48.000 a un almirante en retiro de la Armada.

Consultado éste, señaló que había preparado un informe de ingeniería naval para la firma inglesa British Aerospace y cobrado un honorario de US$ 48.000, el cual se le había pagado con un cheque de la sociedad Cornwall. Augusto Pinochet no tuvo nada que ver en la contratación de su trabajo, en la elaboración del informe ni en el pago del honorario. La cuenta no es suya.[13] Pero, para el público, fue y es otra “cuenta de Pinochet”.

Así como no existían las 125 cuentas del general Pinochet ni su fortuna de 27 millones de dólares, los fondos que tenía eran de procedencia lícita. El tribunal chileno que investiga el caso, teniendo atribuciones para embargar en cualquier lugar del mundo cualquier suma perteneciente a Augusto Pinochet, mantiene un saldo de alrededor de 2,5 millones de dólares, comose verá.

Donativos y ayudas

Los recursos personales del general Pinochet en el exterior provinieron de ahorros suyos durante sus permanencias profesionales en el extranjero, particularmente en el Ecuador, antes de 1970; de sus fondos previsionales (desahucio), que recibió en acciones de sociedades anónimas chilenas, cuya valorización a lo largo de los años fue muy alta, justificando un monto actual no menor a dos millones de dólares, aproximadamente. A ello deben añadirse los derechos de autor de sus libros de geopolítica, publicados en otros países, sumas que no fueron menores. Asimismo, la colonia cubana de Miami le hizo grandes donativos, de millones de dólares. Igual cosa hizo el barón Von Thyssen, de Alemania. El hijo mayor de don Augusto ha declarado, en entrevista televisiva de 2005 en el canal Chilevisión, que viajó a expresar su personal agradecimiento a los cubanos y al barón nombrado.

El ciudadano sueco Jorn Wilhelm Sjersted designó en 1982 a Augusto Pinochet como heredero de su fortuna, según informó la prensa en ese año, bajo el título de “Pinochet heredó fortuna”.[14]

La verdad se fue imponiendo por sí sola. El 30 de abril de 2007, bajo un titular que decía “Caso Riggs: se Descarta Lavado de Dinero”, El Mercurio informaba que el envío a la Fundación Pinochet de 250 mil dólares desde el banco Conrad Heinrich Donner de Hamburgo al Banco de Chile en Nueva York, que un juez chileno había calificado de “lavado de dinero”, no era tal. El informe de la Brigada de Investigaciones de Hamburgo señalaba:

“(El banco) explica que la familia (dueña de la cuenta) es ‘acaudalada’, por lo que se justifica la cantidad de dinero”.

“Cabe suponer que el pago efectuado a la Fundación Pinochet correspondió a una donación. Como empresarios en Chile (vienen los nombres de los donantes, que me han pedido no divulgarlos) o bien las empresas que les pertenecen, seguramente se beneficiaron durante los años comprendidos entre 1973 y 1990.

“Agregan que esta familia no depositó el dinero directamente desde Chile para evitar que se supiera. Querían mantenerse en un segundo plano para no ser objeto de debate público.”

 Otro caso, pues, en que se ha sumado al supuesto patrimonio de Pinochet una cantidad que no fue para él y en que se habló de “lavado de dinero”, como frecuentemente lo hacía la mencionada abogada María Teresa Muñoz, del Consejo de Defensa del Estado.

Además, la justicia británica indemnizó al general con cerca de dos millones de dólares, reembolsándole les gastos provocados por el inicuo juicio que se le siguiera en Gran Bretaña, y que culminara con su liberación por motivos de salud, no sin antes haber mediado un fallo dividido de la Cámara de los Lores.

(Este fallo le fue desfavorable por habérsele considerado responsable de ¡torturas a un joven detenido en un retén de Carabineros en la localidad cordillerana de Curacautín, en el sur de Chile! ¿Cuántos Jefes de Estado no podrían ser enjuiciados por malos tratos a detenidos en cuarteles policiales remotos de sus países? Por supuesto, condenas semejantes chocarían con el sentido común de la gente, pero en el caso del general Pinochet la venganza izquierdista logra que se pase por sobre, no sólo de la legalidad, sino del más elemental sentido de la realidad.)

Asimismo, el general y su cónyuge recibieron donativos de inmuebles o venta de los mismos a muy bajo precio, tanto en La Dehesa (Santiago) como en Los Boldos (Santo Domingo), de particulares chilenos que así deseaban expresarles su agradecimiento por haber salvado al país (y a los patrimonios de los mismos donantes) de caer en manos de una dictadura comunista.

En todo caso, con todas sus atribuciones y las plenas facilidades que dio el general Pinochet al juez del caso Riggs, Carlos Cerda, éste sólo ha podido embargar menos de US$ 13 millones, lo que coincide con el peritaje contable realizado a sus haberes, detallado más adelante, de los cuales cerca de US$ 10 millones se emplearon en pagar tributos girados por Impuestos Internos, quedando sólo el saldo antes señalado de alrededor de US$ 2,5 millones.

 Por algo la secretaria del general, Mónica Ananás, en entrevista a “El Mercurio”, pudo dejar sin réplica a su entrevistador cuando éste le preguntó:

“¿Qué sintió cuando se descubrieron públicamente los 17 millones de dólares que manejaba Pinochet?[15]

               Respuesta de la secretaria, tras objetar esa cantidad:

               Lo único  que sé es que había unos seis millones que están congelados”.

Eso era antes de reunirse todo el patrimonio efectivo en el exterior y pagarse los impuestos por casi US$ 10 millones.

En todo caso, el periodista no rebatió la cifra dada por la secretaria.[16]

La mejor prueba de honestidad

El general Pinochet hizo en 1973 una declaración pública de patrimonio[17] que, actualizando los valores y suponiendo un rédito normal, equivaldría hoy a unos US$ 2 millones.

         Si el Presidente Augusto Pinochet hubiera querido beneficiarse económicamente del ejercicio de su cargo, habría podido reunir una fortuna diez o veinte veces mayor a la que se le atribuye, haciéndolo de una manera absolutamente legal, sin posibilidad de que se ejerciera acción alguna en su contra. Le habría bastado la sola decisión de hacer uso de los gastos reservados de la Presidencia de la República.

Si los estimamos según los que en el año 2001 estaban a disposición del Presidente Ricardo Lagos, que eran de seis millones 400 mil dólares anuales[18], en diecisiete años habrían sumado más de cien millones de dólares. Y, según lo ha declarado recientemente el Servicio de Impuestos Internos (cuando se le requirió investigar el uso personal de esos Gastos Reservados por parte del Presidente Ricardo Lagos), esos gastos no pueden ser objeto de una investigación tributaria.

Es decir, el Presidente Pinochet habría podido apropiarse de más de cien millones de dólares, legalmente, y sin que ninguna autoridad tuviera atribución para investigar el hecho. Pero él se ha negado a recurrir a esa eximente de responsabilidad, porque ha negado haber hecho uso personal —a diferencia de sus sucesores en La Moneda— de los Gastos Reservados de la Presidencia.

      En todo caso, queda de manifiesto su absoluta inocencia del cargo de haber pretendido enriquecerse a costa del Estado. Si pudo haber dispuesto para sí de más de cien millones de dólares, más sus intereses, a lo largo de 17 años, y no lo hizo, siendo todo su patrimonio actual una mínima fracción de dicha suma y toda ella explicada de manera lícita, queda de manifiesto, y la historia lo corroborará, que las acusaciones de falta de integridad lanzadas contra Augusto Pinochet Ugarte carecen por completo de base y veracidad.

Peritaje contable

              En el proceso judicial que investigó el patrimonio del ex Presidente Pinochet se presentó un peritaje contable hecho por el experto judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, ingeniero comercial y contador auditor, Gonzalo Marín Orrego, fechado el 14 de septiembre de 2006, que establece la realidad de los dineros que el primero mantenía en el exterior.[19]

              El activo de ese patrimonio en el exterior sumaba US$ 15.782.983,92, al que debe restarse un pasivo de US$ 1.997.165,22, lo que arroja un patrimonio líquido de US$ 13.785.818,70.

              Pero el mismo Marín Orrego hizo un segundo peritaje, ya con las cifras afinadas y sobre la base de los mismos antecedentes utilizados por el ministro Sergio Muñoz, corrigiendo sus errores y los de la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC), y llegó a la cifra final de US$ 7,4 millones de dólares líquidos.

              Esa cifra incluye los dineros de las sociedades que son dueñas de los bienes del general y su familia y los traspasos que él hizo para protegerse de la persecución judicial. El monto coincide con el de las platas que el ministro Muñoz trajo de vuelta a Chile una vez que asumió la causa del Riggs. El informe final de Marín Orrego detalla los numerosos errores y dobles contabilizaciones del informe de Muñoz.[20]

              Pero Impuestos Internos le liquidó a Augusto Pinochet un impuesto a la renta total de US$ 9.800.000[21], es decir, le aplicó un gravamen del 132% de sus rentas. ¡Justicia tributaria chilena! Y Pinochet tuvo que arreglarse como fuera y pagar esa suma. Por eso ahora su sucesión no tiene recursos ni siquiera para las contribuciones de los inmuebles heredados, pese a lo cual los tribunales se niegan a liberarle los US$ 2.500.000, más un depósito en moneda nacional de $138.000.000, que mantienen incautados.

              El ministro de fuero, Carlos Cerda, tenía todas las atribuciones para que le fueran remitidos todos los fondos a nombre de Augusto Pinochet que hubiera en el exterior. Y pese a los tan voceados “US$ 27 millones” y “125 cuentas en el extranjero”, nunca pudo reunir más que lo señalado por el peritaje contable del ingeniero Marín Orrego.

              Una escueta información de El Mercurio señaló hace poco:      

              “Las platas de Pinochet se encuentran en depósito a plazo. ( ...) Las platas embargadas suman unos US$ 2,5 millones. A esto se suman los vales vista por 138 millones de pesos del BankBoston, que Augusto Pinochet intentó cobrar cuando fue a la entidad bancaria acompañado por personal de seguridad y que gatilló el embargo.

              “El jueves, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja que presentó el abogado Pablo Rodríguez en contra de los ministros de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones que no alzaron (el embargo sobre) los dineros porque el origen era desconocido.

              “De esta manera, no se podrán cancelar los más de 7,7 millones de pesos en contribuciones impagas de bienes raíces del ex gobernante y de su esposa, Lucía Hiriart, como lo solicitaba su defensa. (...) al mantenerse las contribuciones impagas las propiedades podrían salir a remate.”[22]

Juicio de un historiador

              El historiador Gonzalo Vial, en su columna de La Segunda, ha analizado el proceso que sustancia el juez Carlos Cerda contra la familia Pinochet en los siguientes términos: [23]

              “El Debido Proceso y los Juicios Contra el General Pinochet y su Familia (...)

“El año 2000, la justicia inglesa, previos estudios e informes de especialistas médicos muy reputados, declaró que la salud mental del ex Presidente, afectada por un proceso de destrucción neuronal irreversible y progresivo, no le permitía enfrentar un juicio penal, organizando su propia defensa.

              “El año 2002, sobre la base de estos informes y de otros, chilenos, la Corte Suprema siguió por el camino británico y declaró a Pinochet caído en demencia, para los efectos de procesarlo penalmente...

           "Pero resulta que en 2005 se lo declara apto para soportar nuevos juicios, desafueros, procedimientos criminales (...) ¿Cómo explicar racionalmente esto? Un hombre de 85 años que la Corte Suprema declara demente, a los 90 se ha recuperado hasta el punto de poder defenderse en múltiples y variados nuevos pleitos. Esto constituye: A. Un imposible científico y, B. Una aseveración totalmente falsa.

              “Enfrentamos una aberración, inexplicable, inexplicada e incomprensible, que la historia de la justicia chilena juzgará, con la máxima seguridad, como violación flagrante del debido proceso. (...)

               “El ministro que lleva el más bullado caso contra Pinochet y su familia...:[24]

              “1. Ha permitido que los diarios publiquen larga y selectivamente los interrogatorios al general Pinochet. Entiendo que esto en derecho no se puede hacer, y en ética tampoco... (...)  el mal ya está en gran parte hecho y es el que sigue:

              “2. Constituye una falta de respeto para un anciano de 89 ó 90 años, obviamente en plena decadencia del espíritu, tolerar se publiquen sus dichos judiciales, de virtual incoherencia, exponiéndolo a una vergüenza y un ridículo que saborean sólo quienes lo odian con furia ciega. (...)

              “Piénsese que a un hombre así disminuido por los años y la enfermedad cerebral que padece, se le pide organizar su defensa, recordando las circunstancias y detalles de hechos numerosísimos y complejos, en los cuales, obviamente, no pudo tener participación directa. Y ocurridos hace veinte, veinticinco, treinta años atrás. Sin ese recuerdo imposible no puede siquiera intentar justificarse, y de la misma incapacidad adolecerá su abogado defensor, por competente que sea.

              “3. El ministro de corte ha añadido al procedimiento su propio e indebido escarnio, al iniciar un interrogatorio informando al general Pinochet que le preguntará sobre algunas “diabluritas” (sic) presuntamente cometidas por él.

              “Aparte del claro prejuzgamiento, no es forma de dirigirse a un inculpado, menos a un ex Mandatario y menos todavía a un anciano de espíritu evidentemente decaído.

              “El conjunto de las circunstancias narradas, todas del mismo proceso, confirma el ambiente general que rodea estos juicios, de que el general Pinochet carece de derechos como desaforado, inculpado y procesado... carece de debido proceso.

“4. Por último, los tribunales superiores no uniforman su parecer en cuanto al momento de declarar la prescripción de delitos, si se desprende de los antecedentes ya reunidos... y si tienen variables políticas.

              “En los juicios MOP-GATE, de indiscutida trascendencia política, las prescripción por hechos ocurridos a fines de los ‘90, se declara de inmediato y termina con el procesamiento. En los juicios contra la familia Pinochet, de también indiscutida trascendencia política, la prescripción por un hecho —el uso de pasaporte supuestamente falsificado— ocurrido en el curso de los ‘80, se deja para la sentencia definitiva y no pone fin al procesamiento. ¿Simple diferencia de criterio jurídico? (...)

              “El conjunto de estos antecedentes configura una denegación de justicia a un grupo de chilenos, por no darles el debido proceso, cuya responsabilidad última corresponde a la Corte Suprema. (...) En lo judicial, el estado de derecho se llama debido proceso y lo cautela la Corte Suprema. Si no cumple su cometido, más temprano que tarde le pasarán la cuenta la Opinión y la Historia.”     

Citación judicial

              Como en la liquidación de ingresos de Augusto Pinochet, hecha por Impuestos Internos[25] se determinaba que en el total de sus 17 años como Presidente de la República habría percibido US$ 544.520 dólares y no los habría declarado, lo que habría equivalido a, supuestamente, sustraer un millón 335 mil pesos mensuales de gastos reservados, según se refirió más arriba, a mí se me ocurrió hacer una comparación con el millón 800 mil pesos mensuales de gastos reservados que confesó el ex ministro de OO. PP. Carlos Cruz (pues la opinión pública no lo sabía) y que percibían todos los ministros, subsecretarios y jefes de servicios de los gobiernos de la Concertación, y en particular del Presidente Ricardo Lagos, en sobres con efectivo, no declarados; y, sobre todo, con la suma equivalente aproximadamente al doble que percibía el Presidente mismo.

              Un subsecretario —ya dimitido— me visitó en 2007 y me refirió:

“Todos los meses me llamaba la jefa de gabinete de Soledad Alvear (Ministra de RR. EE.) y me decía: ‘don XX, por favor mande retirar un sobre que hay aquí para usted’. El sobre contenía un millón ochocientos mil pesos”.

Era lo mismo que había declarado, en entrevista a El Mercurio, el ex ministro de Obras Públicas de Ricardo Lagos, Carlos Cruz.

De manera que, a raíz de la declaración de este último, yo saqué la cuenta de lo que se llevaban Ricardo Lagos y sus colaboradores de confianza, sin declarar y clandestinamente, y calculé que cada dos meses sustraían en conjunto más de US$ 540 mil, es decir, casi lo mismo que Impuestos Internos imputaba a Augusto Pinochet haber percibido y no declarado en el total de su gobierno de 17 años.

              A raíz de que publiqué eso en una de mis columnas de El Mercurio, un particular denunció ante la Justicia del Crimen el delito envuelto, según él, en esa sustracción. La jueza respectiva me citó a declarar, no sin antes haber encargado a Investigaciones interrogarme sobre mis fundamentos para escribir lo que había escrito. Mi respuesta fue la siguiente:

“Declaración de Hermógenes Pérez de Arce Ibieta:

“En ‘El Mercurio’ de 17.11.02 aparece el ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz declarando: ‘Recibía, me imagino que de fondos reservados de alguna repartición, gastos de representación de un millón 800 mil pesos’.

“Esta declaración desató una ola política de escándalo, porque ese uso de gastos reservados no parecía legal. Para poner fin a ese clima se llegó a un acuerdo Gobierno-Oposición de legislar para que se aumentaran las remuneraciones del Presidente, su gabinete, los Intendentes y Jefes de Servicio, a cambio de que se disminuyeran los gastos reservados de la Presidencia y se dictó una ley a ese efecto en 2003.

“De acuerdo con el pacto Gobierno–Oposición y según las leyes de Presupuestos de cada año, los gastos reservados de la Presidencia disminuyeron de $ 3.076 millones en 2002 a $ 1.386 millones en 2004. De ahí se puede deducir que antes de legalizarse la situación de los gastos reservados empleados como sobresueldos, se usaban dichos gastos reservados por $ 1.690 millones más al año, es decir $ 282 millones cada dos meses, que equivalen a US$542.000 aproximadamente, para pagar sobresueldos a los hombres de gobierno.

“En ‘La Tercera’ de 8 de octubre de 2005 se publicó la lista de los dineros recibidos por el entonces Presidente Pinochet, entre 1973 y 1989, lista determinada por el ministro sumariante Sergio Muñoz. Esos dineros pueden atribuirse a gastos reservados y sumaron en todos esos años, US$ 544.000, aproximadamente.

“Sobre la base de todos esos antecedentes afirmé en una columna del  25.11.05 que durante los 17 años de gobierno del entonces Presidente Pinochet retiró gastos reservados totales de 544 mil dólares, mientras el actual gobierno hacía lo mismo cada dos meses.”

El tiempo aclara las cosas

              Entretanto, otras cosas se han aclarado. La hija mayor del ex Presidente, Lucía Pinochet Hiriart, había sufrido el embargo de sus fondos bancarios y no sólo eso, sino la prisión en su contra decretada por el juez Carlos Cerda Fernández, por aparecer teniendo depósitos en dólares, supuestamente no declarados.

              Cuando un contribuyente que no lleva el apellido Pinochet es investigado, primero es citado por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Si sus explicaciones no son satisfactorias, el SII le gira el impuesto que, a su juicio, no ha pagado. Si la persona no concuerda con el giro, debe consignar el dinero de todas maneras, pero puede apelar ante el mismo SII y después, si su apelación es rechazada, ante los tribunales de Justicia. Si Impuestos Internos estima que hay evasión maliciosa, se querella contra el contribuyente.

              Solamente cuando se trata de una evasión reiterada y maliciosa y el contribuyente no se ha allanado a pagar, el SII presenta dicha querella.

              Pero cuando una persona, en este caso Lucía Pinochet, lleva ese apellido, suceden las siguientes cosas: 1) El juez (en este caso el ministro sumariante Carlos Cerda Fernández) la somete a proceso sin siquiera interrogarla, sin citación del SII y sin una querella del mismo SII, todo lo cual es ilegal y contrario al debido proceso; 2) Despacha orden de aprehensión en su contra, lo cual también es ilegal; 3) Se publica en todos los diarios alguna suma sideral como evasión de impuestos por parte de Lucía Pinochet (en su caso concreto, se la acusaba de evadir impuestos por un monto superior a todo su patrimonio efectivo).

              Como Lucía Pinochet creía que los países democráticos y civilizados protegían a los ciudadanos perseguidos ilegalmente en países incivilizados; y como era evidente que su detención era ilegal y arbitraria y que los jueces chilenos ya habían hecho lo mismo con su padre, su madre y el resto de su familia, viajó a la supuesta sede mundial del respeto a las libertades y los derechos humanos, los Estados Unidos de América, “the land of the free”, y pidió asilo allí.

              Debería haberse informado mejor. Primero, los Estados Unidos no siempreson lo que los Estados Unidos dicen ser. Lucía Pinochet no se había dado cuenta de que los Pinochet no tienen derechos humanos en ninguna parte. Los norteamericanos no sólo le confiscaron todas sus pertenencias, sino que, sin derecho a abogado ni defensa jurídica, (ni menos leerle sus derechos, como aparece en las teleseries norteamericanas, porque no le reconocieron ninguno) le pusieron un delantal de presa y la encerraron en una celda de dos metros cuadrados hasta que pidió perdón por creer en eso de “the land of the free” y dijo que prefería estar ilegalmente presa en Chile. Sólo en ese momento la gran democracia norteamericana la puso en un avión y la deportó a su país de origen.

              Bueno, todo eso quedó atrás y el miércoles 6 de junio de 2007 uno pudo leer en la página 3 de Las Últimas Noticias que Lucía Pinochet había recibido de vuelta los US$ 152 mil que le habían sido embargados como “platas de Pinochet” y ya no tenía nada que temer ni del “asilo contra la opresión” ni de “the land of the free” porque había recibido suficiente castigo por el solo hecho de llevar el apellido Pinochet.

              Nadie le ha pedido excusas ni le ha dado la menor explicación.

              Todos los juicios contra los Pinochet han sido sobreseídos.

              Finalmente, el proceso contra quienes fueron oficiales ayudantes de la Casa Militar del general desde 1981 hasta 1997, por la cuenta para gastos en el exterior que cada uno de ellos mantuvo en el Banco Riggs, ha sido sobreseído.

Capítulo final de una telenovela

              En mi blog (blogdehermogenes.blogspot.com) de 23 de junio de 2017 pude escribir, al efecto, lo siguiente, rubricando el fin de los inconducentes juicios derivados de la imaginaria “fortuna de Pinochet”:

          El famoso caso del Banco Riggs, usado para enlodar a Pinochet, se generó en 1996, cuando el dueño de ese banco vino a Chile, le manifestó su admiración política al general y lo convenció de que, si depositaba sus ahorros en ese banco obtendría una alta rentabilidad. Como la Concertación buscaba por todos los medios, en alianza con la justicia de izquierda, perseguir a Pinochet hasta desprestigiarlo y arruinarlo, éste hizo lo que el instinto aconseja en casos como ése y “ocultó la billetera” en el Riggs y otros bancos del exterior.

          Cuando el Consejo de Defensa del Estado, controlado por la izquierda, descubrió una cuenta de Pinochet en el Banco Espíritu Santo de Miami, demandó a la institución en Estados Unidos acusándola de prestarse para un “lavado de dinero”, “fraude fiscal” y “malversación de fondos públicos”, con enorme publicidad y la complicidad de la prensa dominante local. El banco mandó a un abogado a Chile, con quien me reuní y al cual probé que Pinochet había sido un gobernante honesto y, finalmente, el Banco Espíritu Santo ganó el juicio al Consejo de Defensa del Estado y la justicia norteamericana declaró que los fondos depositados en Miami eran bien habidos. Por supuesto, esta noticia no se dio en Chile, donde quedó flotando sólo el escándalo de los anuncios iniciales de las odiosas abogadas de izquierda que habían interpuesto la demanda y seguido otro “juicio por los diarios” contra el ex Presidente.

          La persecución inicialmente quedó en manos del más izquierdista de todos los jueces, Carlos Cerda, que partió por sí y ante sí ordenando la detención de toda la familia del ex Presidente. Su tinglado se vino abajo completo y la familia resultó sobreseída, pero entonces Cerda y sus sucesores en la causa descubrieron que los ayudantes personales del ex Comandante en Jefe habían abierto, desde hacía muchos años, cuentas para gastos en el exterior que necesitaran hacer, en el Banco Riggs. Y así, el “caso Riggs” pasó a ser el de las cuentas de los oficiales ayudantes y pudieron seguir voceando que había “lavado de dinero”, “malversación de caudales públicos” y “fraude al fisco” para formar “la fortuna de Pinochet”.

        Tras su paroxismo inicial de ordenar la detención de toda la familia, Cerda alcanzó su epifanía cuando fue a interrogar a su casa al ya anciano y decaído ex Presidente y comenzó con la siguiente pregunta de antología: “A ver, cuénteme sus diabluritas”.

Eso escandalizó hasta a los más críticos de Pinochet, como lo expresó el historiador Gonzalo Vial en su columna de “La Segunda”.

              Hace pocos días la Corte de Apelaciones de Santiago ha terminado de absolver a los ocho oficiales que fueron ayudantes o secretarios personales del Comandante en Jefe del Ejército entre 1981 y 1997, a seis de los cuales el último ministro sumariante de izquierda a cargo de la persecución, Manuel Valderrama, había condenado a cuatro años de presidio por supuesta malversación para enriquecer al Comandante en Jefe.

         Con esto se viene abajo el tinglado armado por Cerda, premiado hace no mucho por la “Alianza del No”, que va desde el comunismo hasta el piñerismo, con el ascenso a la Corte Suprema. Cerda, merced a su tesis de que si él no estaba de acuerdo con las leyes, peor para las leyes, estuvo al borde de ser marginado del Poder Judicial en los ’80, pero como era de izquierda se salvó y con el tiempo cayeron en sus manos las querellas comunistas y socialistas contra el ex Presidente, acusándolo de enriquecerse con el uso de gastos reservados del gobierno.

              Como era un proceso político, el ministro sumariante y sus sucesores se aferraron a una última tabla que flotaba, las cuentas en el Riggs de cada uno de los ocho oficiales secretarios privados o ayudantes personales del Comandante en Jefe desde 1981 hasta 1997 y que utilizaban tal cuenta para las compras en el exterior. El movimiento en ellas era, en general, de poca monta. Cuando cada uno terminaba su gestión, cerraba la cuenta y se abría otra en el mismo banco a nombre del sucesor, a la cual se trasladaban los fondos de la primera. Para mala suerte de los ministros sumariantes de izquierda, hubo dos oficiales que conservaban hasta hoy la documentación del movimiento de la cuenta, Guillermo Garín y Gustavo Collao, y el respectivo sumariante se vio obligado a sobreseerlos, porque todos sus comprobantes estaban en orden y no había constancia de uso indebido de fondos públicos. De los seis restantes, hubo uno que fue procesado y condenado por haberse limitado a depositar, una vez y por orden del Comandante en Jefe, un cheque de 23 mil dólares en la cuenta y simplemente no recordaba, después de más de veinte años, ni el motivo ni el origen del depósito, “delito de olvido” que no está en el código, no obstante lo cual fue condenado a cuatro años de presidio.

              Ahora la Corte de Apelaciones lo ha absuelto también a él y los otros cinco oficiales condenados, por haber prescrito el supuesto delito. Y como era la única causa en que se basaba el “caso Riggs”, el embargo o comiso de los bienes de la sucesión del ex Presidente ha debido alzarse.

              Todo el escándalo terminó en nada, judicialmente. Pero eso recibe poca o nula atención de la prensa. Luego, perviven  “la fortuna de Pinochet”, los “millones de dólares en el Riggs”, ambos inexistentes, y el enriquecimiento ilícito del gobernante que nunca tuvo lugar.

              Es que fue condenado en “el juicio por los diarios”, aunque haya sido sobreseído por la justicia. 26




26 Después de la publicación de este libro, la diputada comunista Carmen Hertz, en concierto con la abogada del Consejo de Defensa del Estado María Inés Horwitz,  presentaron sendos recursos de casación ante la Corte Suprema, aprovechando el último día que integraba la Sala Penal de dicha corte el jubilado ministro de izquierda Milton Juica. Así, contando con el voto de éste, anularon el sobreseimiento del "caso Riggs" y obtuvieron su prolongación y la incautación de propiedades por valor de US$ 1.696.000 de la familia Pinochet, renovando la persecución contra oficiales que fueron secretarios-ayudantes del ex Comandante en Jefe, con excepción de dos, que permanecieron sobreseídos porque habían conservado los papeles de sus respectivas gestiones, de los cuales consta, sugerentemente, que en ellas no hubo mal uso de gastos reservados. Es decir, en su respectivos períodos Pinochet no hizo empleo incorrecto de los mismos y en los demás el proceso se mantiene abierto sólo sobre la base de presunciones políticamente inspiradas y pasando por sobre la prescripción.

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REFERENCIAS DEL APÉNDICE:

[1] “El Mercurio”, Santiago, 25.10.06.

[2] “El Mercurio”, “HSBC Afirma que Certificados Atribuidos a Pinochet son Falsos”, 27.10.06, p. C2.

[3] “La Tercera”, 27.10.06, p. 9.

[4] “La Tercera”, 08.10.05, p. 4.

[5] Informe publicado como anexo en “La Nación”, 03.04.05, p. 9.

[6] Idem.

[7] Publicado como anexo por el diario “La Nación” de Santiago, el 5 de abril de 2005.

[8] “La Tercera”, 08.10.05.

[9] Ídem.

[10] Ministro Sergio Muñoz, en “La Tercera”, 07.10.05, p. 6.

[11] Separata de “La Nación”, op. cit., p. 5.

[12] “El Mercurio”, 25.12.05.

[13] “La Tercera”, 25.09.05

[14] “El Sur” de Concepción, 25.04.82.

[15] Nótese que la propia prensa que había hecho escándalo con los 28 millones de dólares ya los había rebajado a 17.

[16] “El Mercurio”, Santiago, 09.05.06.

[17] El 21 de septiembre de 1973 declaró US$ 118 mil en efectivo, bienes raíces y valores mobiliarios. Ver “El Mercurio”, 06.09.04, p. C5.

[18] Ley de Presupuestos 2001, Gastos Reservados de la Presidencia de la República.

[19] Publicado en “La Segunda” de 15.12.06, p. 15.

[20] Detalle en “El Mercurio”, Santiago, 20.10.07., p  C-15.

[21] “El Mercurio”, Santiago, 26.04.08, p. A-10.

[22] “El Mercurio”, 19.01.08, p. C13

[23]  “La Segunda”, 31.01.06, p. 9.

[24]  Se trata del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda Fernández.

[25] Publicada en “La Tercera” de 08.10.05, p. 3.

(26) Nota final de actualización.