El Escándalo Continúa

Es un escándalo porque sólo así puede calificarse el hecho de que en un país supuestamente civilizado --aunque lo sea a medias-- se transgreda la ley, no sólo por los delincuentes, lo que es habitual, sino por los jueces, precisamente llamados a hacer respetar la ley.
Hace poco más de 25 años, cuatro carabineros de un carro policial vieron a tres sujetos sospechosos en la conflictiva Villa Francia. Uno de los uniformados, el cabo Marcelo Muñoz, descendió para pedir su identificación a los sujetos, pero éstos, sin mediar palabra, le dispararon en el tórax y en una pierna. Los tres restantes carabineros los persiguieron y les dieron muerte. Se trataba de dos guerrilleros del MIR, los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo.
Veinticinco años después la Corte Suprema, por tres votos contra dos, ha condenado a uno de los carabineros a diez años y a los otros dos a siete años, todos de presidio efectivo, sin reconocer a los encausados beneficio alternativo alguno. Los dos votos de minoría, de jueces que, a diferencia de los de la mayoría de izquierda, están por aplicar las leyes, estimaron que la causa debió sobreseerse sin condenas, por estar la acción penal extinguida por prescripción.
Razones adicionales para que esta condena sea escandalosa son las siguientes: 1) Todos los extremistas de izquierda que cometieron crímenes sangrientos, antes y después de 1990, han sido perdonados; 2) Fueron ellos los que iniciaron la violencia armada en general y, en el caso de Villa Francia, los que abrieron fuego contra carabineros, sin mediar provocación; 3) Esos guerrilleros armados estaban concertados y actuando para herir o matar a otras personas y, por tanto, perseguían un objetivo ilícito; los carabineros tenían la misión de proteger de ellos a la sociedad civil, es decir, todo lo que hicieron fue en cumplimiento de una misión de alto contenido moral y cívico; 4) El hecho de que los extremistas hubieran disparado contra un miembro de la patrulla justificaba sobradamente que los restantes integrantes de ella usaran sus armas; y 5) Aplicar altìsimas penas, propias de crímenes con agravantes, a una acción destinada a proteger a la sociedad civil, revela un vesánico espíritu de venganza política y, más allá de los aspectos legales envueltos, no se sustenta en consideración alguna de justicia o equidad.
El cinismo acompaña este escándalo, porque la izquierda terrorista ha consagrado como efeméride la fecha del ajusticiamiento de los señalados guerrilleros, designándola como "Día del Combatiente". ¿Qué mayor confesión de un espíritu contrario a la paz, la democracia y la buena convivencia?
Todo esto acontece bajo un gobierno cuyo Presidente se comprometió ante los ex uniformados, durante su campaña para llegar al cargo, a velar porque se respetara la legalidad a su respecto, cosa que no sólo no ha hecho, sino que funcionarios de su gobierno contravienen explícitamente. La oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior alega "en nombre del Gobierno de Chile" cuando pide a los tribunales procesar sin base legal a altos oficiales, como ha sido el caso del ¡Subsecretario de Defensa, general Oscar Izurieta!, del diplomático Alberto Labbé ¡embajador en Panamá de este Gobierno! y oficial en retiro; y del general (r) Santiago Sinclair, ex miembro de la Junta de Gobierno.
El candidato Sebastián Piñera se comprometió especìficamente a velar por que la prescripción fuera respetada, pero una oficina de su gobierno, y el Consejo de Defensa del Estado (en el cual él ha mantenido al Presidente) sistemáticamente alegan y hacen presentaciones para impedir la aplicación de la prescripción.
Todo lo anterior, constitutivo de un grave atropello a la equidad, la justicia y, también, a la verdad (porque legiones de testigos falsos de extrema izquierda son llevados a los tribunales para sustentar las iniquidades), está lejos de ser el final del escándalo. Abogados comunistas han presentado más de doscientas nuevas querellas por hechos amnistiados, prescritos o, incluso, ya juzgados; y anuncian un total de 1.176, que afectarán a parecido número de uniformados en retiro y terminarán, previsiblemente y ya que la justicia de izquierda no respeta las leyes vigentes, en multimillonarias condenas por pagos de indemnizaciones al extremismo, que ya ha cobrado por ese concepto unos dos mil millones de dólares. Debe ser el único caso en la historia de la Humanidad en que una sociedad indemniza a los que querían destruir su democracia, declarándose ella misma culpable de haberles impedido consumar ese objetivo ilícito.
Si alguien creyó que un cambio democrático de gobierno podía poner término a ese escándalo, los hechos prueban que ello no se logró y que él continúa tal como si ningún cambio hubiera tenido lugar y sólo hubiéramos elegido a un V Gobierno de la Concertación.