Gente Seria Defraudada

Cuando me han pedido que le ponga nota al Gobierno, se la pongo baja al Presidente y alta a su equipo. Los hechos de estos días me han dado la razón. Porque el equipo, en general (pues hay un par de excepciones) es serio. Ha quedado demostrado en el caso de la central Barrancones. La decisión presidencial, en cambio, y una vez más, no ha sido seria, pues sólo ha buscado salvar la imagen de quien, como candidato, hizo una promesa electoral (que tampoco era seria) y sólo por el hecho de haber quedado grabada (no ha tenido inconvenientes en olvidar otras promesas electorales que no quedaron registradas en una grabadora, como las hechas a los uniformados en retiro). La referida decisión ha contravenido toda una política seria llevada adelante por funcionarios serios.
Hay varios antecedentes sobre las reacciones de éstos que no han aparecido en los principales diarios, como uno que nos revela hoy "La Segunda": la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, manifestó su intención de renunciar, a raíz de la intromisión que pasó por sobre el trabajo profesional de su cartera. De igual modo, ese diario informa que los Seremis de Coquimbo, que votaron a favor, en la comisión regional del medio ambiente, la solicitud de instalación de la central térmica, "se sienten abandonados", en palabras del diputado y jefe de bancada de RN, Mario Bertolino.
Uno de ellos, el seremi de Salud, doctor Raúl Martínez, renunció a raíz de la interferencia presidencial, como comenté ayer. Por eso leí con sorpresa el titular de un matutino hoy: "Renunció seremi de salud que reabrió mina San José", como si ello hubiera tenido algo que ver con el problema minero que ha ocupado la atención nacional. Pues, primero, dicho seremi no reabrió dicha mina (carece facultades para ello, pues sólo la tiene Sernageomin) y él renunció precisamente como protesta por haber sido pasado a llevar por la intervención presidencial en el caso Barrancones.
Pero si el Poder Ejecutivo ha dado testimonio de poca seriedad, el Judicial sin duda lo ha aventajado: la ministra sumariante de Valparaíso, Eliana Quezada, ha sometido a proceso a otros 14 uniformados (ya lo había hecho con 16 en 2008) "por la desaparición del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward". Este último fue apresado e interrogado en 1973 y, habiendo mostrado signos de una crisis cardíaca, fue derivado a un hospital, donde falleció. Posteriormente fue enterrado en un cementerio local, mediando los certificados médicos legales. Todo eso está judicialmente acreditado. No obstante, la ministra Quezada afirmó, en un auto de procesamiento de 2008, que el referido sacerdote se encontraba detenido en dependencias de la Armada, afirmación que, por supuesto, causó pasmo en su momento, pero que no tuvo la menor consecuencia de ninguna índole, ni siquiera la natural y obvia de haber recorrido las instalaciones de la Armada para encontrar a Woodward. Pero como el Poder Judicial nos tiene acostumbrados a las afirmaciones más funambulescas para fundamentar la persecución política contra ex uniformados, ni entonces ni ahora "nadie dijo nada... nadie dijo nada".
La gente seria está condenada a sufrir constantes desilusiones en el Chile actual.