"Razones políticas" de un Ministro Político

Me llegó por correo electrónico una carta del general (r) Orlando Carter Cuadra, que durante siete meses trabajó en el ministerio de Defensa en importantes iniciativas, revelando que se le pidió la renuncia por ser yerno del general (r) Manuel Contreras.
Como es obvio, en ningún país donde imperen el sentido común y mínimos criterios de respeto a las personas se margina de un cargo a alguien por una razón de parentesco como ésa, que no tiene nada que ver con las funciones que desempeñaba.
El general Carter dice: "Mi contrato laboral se terminó, según me notificaron, por indicación del ministro de la cartera, Andrés Allamand, debido a 'razones políticas', producto de mi parentesco (yerno) con el general Manuel Contreras Sepúlveda, situación que no tiene nada de razones políticas, pero sí mucho de una grave y violenta discriminación hacia mi persona por parte del actual gobierno".
Cuando recibí copia de la carta supuse que había sido enviada a los principales diarios. Examiné "El Mercurio", "La Tercera" y "Las Últimas Noticias", sin encontrarla. Sólo había aparecido, por lo que averigüé, en el diario digital "El Mostrador".
Varias personas me han señalado que este medio digital tiene una gran cantidad de lectores. Tuve ocasión de enterarme de ello con oportunidad de que un sujeto joven, cuyo nombre no recuerdo, publicó allí el artículo más injurioso e insultante que se me ha dedicado en toda mi ya no corta existencia. Y justamente quienes me llamaron para preguntarme si iba a iniciar acciones a raíz de la diatriba, me hicieron ver que "El Mostrador" era muy leído. Ahora me explico por qué: aparecen allí cosas que los diarios principales no incluyen. Porque la represalia del ministro Allamand contra el general Carter es, simplemente, inaudita y digna de haberse dado a conocer. Constituye en sí todo un atropello a los derechos humanos de una persona respetable, el cual se consuma, paradójicamente, por las llamadas "razones políticas", que en nuestro medio es el eufemismo empleado por quienes buscan conseguir el aplauso de la izquierda, que se considera a sí misma "víctima de atropellos a los derechos humanos", sin darse cuenta de que así pierden los votos de la derecha. Juego de suma negativa, porque la izquierda aplaude a quienes la sirven, pero no vota por ellos ni siquiera en las encuestas.
El general Carter menciona en su carta hechos que en un pasado blog también mencioné (pues habían aparecido en "La Segunda", donde me enteré del caso): él tuvo una muy buena relación con todos los gobiernos de la Concertación, cuando fue comandante de regimiento bajo Aylwin, agregado militar en Israel, bajo Frei, antes de lo cual tuvo un particularmente buen entendimiento con el ministro de OO. PP., Ricardo Lagos, bajo cuya presidencia ascendió a general; y bajo Michelle Bachelet tuvo cordiales encuentros con ella como director del Museo Histórico y Militar de Chile.
¿Qué "razones políticas" puede haber, entonces, en un gobierno de la Alianza, que no fueron de ninguna validez bajo los de la Concertación? Este ministro "político", llegado a Defensa desde el Congreso para suplir una falencia en ese campo de la actual administración, se ha excedido, al parecer, en su misión, y está resultando "más papista que el Papa".
La gente de derecha a la cual he oído opinar sobre la "razzia" de Allamand contra ex uniformados "por razones políticas" y sobre la "incomodidad" de Hinzpeter por el hecho de que un jefe de estado mayor haya trabajado entre 1979 y 1981 en la CNI, cuyo solo nombre, según dice, "le pone los pelos de punta", no muestra ninguna simpatía por estas demostraciones de "experticia" política de ambos ministros. Al contrario, las expresiones acerca de sus comportamientos son bastante desfavorables.
Si creen que en las encuestas eso no se va a notar, porque conseguirán más simpatías de la izquierda que las que pierden hacia la derecha, yo pienso que pueden estar equivocados.
Ahora, si ambos "presidenciables" mejoran su ubicación en los sondeos y el equivocado soy yo, empeorará mi ya negativo juicio sobre las corrientes de opinión ciudadanas, que estarían, en ese caso, cohonestando actuaciones ministeriales incompatibles con el respeto a las personas y a la verdad histórica.