TODO MARCHA DE ACUERDO A LO PREVISTO

Los cerebros más lúcidos del sector tenían pensado sumar votos de derecha en la primaria de la izquierda, para favorecer a la candidata comunista Jeannette Jara y conseguir que ella triunfara. 

De ese modo, reflexionaban, si en la primera vuelta presidencial no pasaran a la segunda dos candidatos de derecha, sino uno solo, la otra postulante sería la candidata comunista.

Como la mayoría popular es contraria al comunismo, según todas las encuestas, ello aseguraría el triunfo del candidato de derecha.

En la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo de 2023 el Partido Republicano se benefició mucho, justamente, por aparecer como el único de derecha y opuesto a una nueva Constitución. Johannes Kaiser era diputado de ese partido.

Pero después vino la inexplicable y todavía inexplicada deserción de su jefe máximo, José Antonio Kast, que se pasó al "Acuerdo por Chile" de Piñera y Boric para hacer una nueva Constitución. 

La verdadera derecha se sintió traicionada. El diputado Kaiser, de una sola línea y que permaneció leal a la postura contraria, se vio forzado a renunciar a la colectividad y formó otra representativa de las posiciones de derecha, que se constituyó como Partido Nacional Libertario. 

Reunió prestamente casi 50 mil firmas. Es el único respetuoso del legado del gobierno militar, reconocido en su Declaración de Principios. Precisamente, similar texto retiraron apresuradamente de las suyas, en los 90, RN y la UDI, a instancias de Sebastián Piñera, empeñado en llevárselos a la izquierda. Y los Republicanos no se atrevieron a incluir ese reconocimiento en su Declaración de Principios. Por eso yo finalmente no firmé por ese partido, pese a haber llevado gente a notaría cuando pensaba que iba reconocer el legado de Pinochet.

Y, por tanto, hoy el Partido Nacional Libertario y su candidato Kaiser son los únicos en condiciones de reeditar "los mejores 30 años de la historia de Chile" y mantener una sola línea. Nunca "se han dado vuelta la chaqueta". 

Eso es lo que quiere recuperar la mayoría de los chilenos. Mayoría que no se interesa por la política pero, obligada por ley a votar, cuando lo hace aplica el sentido común y elige la libertad, autoridad y orden, como imperaban en Chile el 11 de marzo de 1990 y nos ponían a la cabeza de América Latina.

El resultado de ayer indica que, hasta el momento, todo marcha según lo que se ha planificado y Chile elegirá entre eso y un futuro con la particular democracia de Cuba que nos ofrece, con gran encanto, Jeannette Jara.

EL VALOR DE LA INTEGRIDAD

El "fenómeno Dorothy Pérez" revela mucho del problema moral que afecta al Chile actual, porque sus actuaciones en el sentido de respetar y hacer respetar la ley han sido juzgadas como algo extraordinario, excepcional  y digno de encomio, siendo que debería ser conducta normal y corriente de todo el mundo. 

 A mediados de siglo XX hubo otro Contralor General de la República, llamado Humberto Mewes, que se distinguió también por su apego a la legalidad. Recuerdo que, cuando hubo quienes quisieron homenajearlo por eso, él comentó ácidamente que "el deber cumplido ha pasado a ser mérito señalado".

En un país en que el Poder Judicial desconoce abiertamente la legalidad por razones políticas y con ostensibles móviles económicos, y la gente acepta tácitamente eso, la prensa dominante no reacciona, algunos políticos lo aplauden y otros se abstienen de denunciarlo, es porque se ha perdido la integridad moral.

El artículo 98 de la Constitución dice que el Contralor "fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco" y yo he sugerido en este blog que ello la debería llevar a examinar la ilegalidad de fallos que comprometen los fondos del Fisco en juicios ilegales. Pero "no se oye, padre".

El tema de la integridad va todavía más allá. ¿Puede un derechista ir a votar en la primaria de la izquierda, por la candidata comunista, para que ella sea la única de la izquierda en primera vuelta y con opción a pasar a segunda vuelta, sabiendo que el electorado chileno es mayoritariamente anticomunista, lo cual aseguraría el triunfo final de un candidato de derecha? Sería una maniobra legal. ¿Sería, sin embargo, lo correcto? Parece que no, porque el sentido de las primarias de la izquierda es que en ella sólo vote gente de izquierda  Por algo se prohíbe a los militantes de partidos que no son de izquierda votar en esa primaria. 

Una persona íntegra de derecha no querría, aunque no fuera ilegal, ir a votar en la primaria de la izquierda. Uno encontraría "astuta", pero no íntegra, a la persona de derecha que fuera a votar por la candidata comunista, aprovechando no estar inscrita en un partido que no fuera de izquierda.

Dorothy Pérez ha dado un gran paso al acercar más al país a la legalidad. Pero todos deberíamos dar pasos para acercarlo también a la integridad.

El que no peca es digno de admiración. Ojalá todos fuéramos como él. El pecador no es digno de admiración, pero si se reconoce como tal, por lo menos revela conciencia para distinguir entre el bien y el mal. Se arrepiente. El pecador que no se reconoce como tal es el peor, porque no cesará en su conducta. Volverá una y otra vez a pecar, porque no tiene conciencia del mal.

Dorothy Pèrez nos ha alejado de la ilegalidad. Pero todavía hay un trecho largo antes de alcanzar la integridad.  

DOROTHY PÉREZ Y LOS JUICIOS DE DD. HH.

El fenómeno excepcional que representa la acción de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien aplica la ley a diferentes situaciones irregulares que antes prevalecían, tiene otra tarea por delante.

Ella probablemente no ha previsto incursionar en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos, porque tal vez cree que no se vinculan con su quehacer. Pero objetivamente y de modo crónico ellos sustraen ilegalmente dinero del erario, y el artículo 98 de la Constitución ordena a la Contraloría fiscalizar "el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco". Luego, su deber es investigarlos.

Vengo denunciando por años esa ilicitud, sin resultado. Me supera por mucho en esta tarea el abogado Adolfo Paúl Latorre, que está precisamente lanzando la reedición de su libro "Prevaricato", donde aborda la materia circunstanciadamente. Pero no hemos conseguido nada. Ni siquiera la atención de la prensa dominante.

Los juicios sobre violaciones a los derechos humanos son una lucrativa venganza política de la izquierda contra los militares que la derrotaron en su tentativa de conquistar el poder por las armas. Su origen está en la labor represiva contra la guerrilla, acometida desde el 11 de septiembre de 1973. Fue plenamente exitosa, la derrotó y pacificó al país. 

La Ley de Amnistía de 1978 (que terminó beneficiando a muchos más extremistas que uniformados); la prescripción establecida en el Código Penal y muchas veces la cosa juzgada, sellaron el término de la lucha antisubversiva. 

Pero la izquierda descubrió que podía burlar las leyes para cobrar venganza contra los militares y también mucho dinero. Un ministro sumariante, Alejandro Solís, descubrió un ardid y otros magistrados lo usaron: fingir que los extremistas caídos habían sido "secuestrados" y continuaban en esa condición hasta hoy. Entonces dictaminaban en sus sentencias que los subversivos estaban secuestrados hasta nuestros días, condenaban sin pruebas a los exmilitares como "agentes del Estado" y obligaban a éste a pagar millonarias indemnizaciones. Todo ilegal, pero "pasó". De hecho, un presidente supuestamente "de centroderecha" fue el más activo impulsor de ese fraude judicial, presentando cerca de mil querellas contra exuniformados. 

De ese modo los jueces han eludido por veinte años aplicar las eximentes de responsabilidad, como la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada, cuyas normas mandan poner término a los juicios.

Antes de eso, cuando en los tribunales colegiados había mayoría de jueces apolíticos, el ardid del "secuestro permanente" o el de buscar algún otro resquicio, como, por ejemplo, decir que los Convenios de Ginebra hacían inaplicables la amnistía y la prescripción (lo cual no es verdad, como bien lo acredita Adolfo Paúl en su referido libro), los juicios no prosperaban. Pero después, nombrada una mayoría de izquierda en el Poder Judicial, los argumentos de los defensores de exmilitares pasaron a ser desechados.

Las condenas llegaron a privar de libertad ilegalmente a medio millar de exmilitares. Cien han fallecido tras las rejas o se han quitado la vida. Unos cuatrocientos sobreviven (muchos en condiciones inhumanas). Han visto flagrantemente violado su derecho humano a un debido proceso, establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales.

Si la Contralora Dorothy Pérez extendiera su celo legalista a esos juicios, inmediatamente comprobaría la ilegalidad, pues todas las condenas se fundan en un supuesto "secuestro permanente" que no existe. Además, corroboraría que el artículo 141 del Código Penal, que describe y sanciona el secuestro, se ubica en su título II, párrafo 3 titulado "Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares"; y concluiría que, no habiendo sido nunca los exmilitares "particulares", sino agentes del Estado, ninguno habría debido ser condenado ni, por consiguiente, dado lugar a que se sustrajera al Fisco las millonarias indemnizaciones ordenadas por los tribunales en los últimos veinte años.

Antes de la captura del Poder Judicial por la izquierda, los jueces fallaban en derecho. No había condenas a exmilitares ni exacciones ilegales de dinero fiscal. Una sola persona en Chile muestra hoy el coraje suficiente como para regresar al imperio de la ley, poniendo término al escándalo jurídico y moral que constituyen estos juicios, bien descritos por el exministro y exparlamentario Felipe Ward, en una declaración a La Tercera, que le costó se defenestrado en el acto mismo de jurar como ministro del Interior de Sebastián Piñera: "Los juicios de derechos humanos son un cajero automático que tiene la izquierda para sacarle plata al fisco".

Dorothy Pérez es la única persona que tiene las facultades y el temple para poner término a esta vergûenza nacional.

LA IZQUIERDA COMPADECIDA

Se ha suscitado un pintoresco debate entre izquierdistas compadecidos y no compadecidos de los presos políticos militares octogenarios, nonagenarios, con alzheimer y enfermedades terminales que, en número superior a 400, son mantenidos privados de libertad en diferentes penales y en particular en Punta Peuco. Unos izquierdistas sostienen que los violadores de dd. hh. también merecen compasión y otros sostienen que no merecen ninguna.

Lo que ninguno de ambos bandos dice es que ni un solo exmilitar (más algunos civiles, también presos, que colaboraron con ellos) ha sido legalmente condenado. Jurídicamente son todos inocentes. En eso consiste el escándalo de la situación, de la cual son cómplices el gobierno, el piñerismo-mattheísmo, el Colegio de Abogados y los principales medios de comunicación. Estos últimos porque "miran para otro lado"

Ya en 2015 el juez que "inventó" un supuesto delito, el cual, además, confesó no haber probado, declaró en la televisión pública que se había basado en una "ficción jurídica" y textualmente añadió: "No he dicho que ésa fuera la realidad". Es decir, no sólo confesó apartarse de la ley, sino de la verdad de los hechos.

No hay ningún exmilitar condenado que haya recibido un debido proceso. Por tanto, ninguno puede ser llamado "violador de dd. hh." 

Por suerte los expedientes de estos juicios ilegales son mantenidos en un recinto separado del Archivo Judicial, lo que permitirá a las futuras generaciones de juristas condenar la desvergûenza de la actual, que no ha puesto término al escándalo.

Los exmilitares presos nunca han sido condenados mediante un debido proceso. Es tan fácil probar lo anterior que cualquier individuo (que entienda lo que lee) puede consultar el Código Penal y ver que el artículo 141, sobre el delito de secuestro, que se les imputa, se halla bajo el título III, cuyo párrafo 3 dice: "Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares". Por tanto, no puede cometerlo un militar, pues no es un particular. Y por consiguiente no puede ser condenado por ello. Si algún juez lo ha hecho, ha cometido a su turno el delito de prevaricación, previsto y sancionado en el artículo 223 del mismo código. Ese juez debería cumplir hasta cinco años de presidio o reclusión por dictar un fallo "contra ley expresa y vigente". ¿Cuántos jueces van a  caer presos cuando Johannes sea presidente? No sabemos, porque, por ejemplo, Alejandro Solís, "el padre de la criatura", ya retirado, puede alegar la prescripción.

Nada de lo que sucede podría haber ocurrido en un país regido por el estado de derecho, pero hace veinte años que éste se viene violando.

Es tan precaria la legalidad en Chile que en el extranjero se han dado cuenta. En el ranking internacional que lleva la revista británica The Economist, Chile ya no es una "plena democracia" sino una "democracia defectuosa",  sobre todo después de que en este blog le di diez razones para hacerlo, el 4 de febrero de 2023 ("The Economist's Stupidity Unit").

Pero a la izquierda compadecida por lo menos le va a servir como atenuante su actitud, cuando se restablezca el estado de derecho y se pague por la prevaricación de los últimos veinte años.

CARTA A EL MERCURIO NO PUBLICADA

Mi cónyuge es una "persona rica", de ésas a que alude el director del SII, Javier Etcheberry, como las únicas que se preocupan de las contribuciones.

Debo advertir que cuando salió elegido Boric ella decidió irse del país con su marido, hijo y nana, tras vender todo, a la localidad de Hail Mary, en Florida, USA, de 5 mil habitantes, sin cárcel por falta de delincuentes. 

Pero como "el que le hace todas las cosas" a ella, que soy yo, no hizo nada, tuvo que segur aquí de mal grado, con miedo de salir y muy abusada por el Estado, como todo el que tiene más de algo y no es funcionario público. 

Todo ello hizo crisis la semana pasada, tanto que ella mandó una carta a El Mercurio, que es lo que las personas tradicionales creen que sirve para que se levante un clamor general en su favor, pero el diario no se la publicó. Entonces ella me pidió publicarla en mi blog, que erradamente cree muy influyente, sin saber que lo leen apenas unos pocos cientos de personas, y que son cada vez menos. Como no pude negarme, procedo a reproducir su carta a El Mercurio, sabiendo que ello no servirá de nada. La carta dice así:

"Ex Propietaria.

Señor Director: Javier Etcheberry, del SII, dice que las contribuciones son problema de los ricos, y me comunica que soy dueña de 10 inmuebles, siendo que tengo sólo 6, de los cuales uno en 50 % y otro en 30 % son míos. 

Me cobra por esos 10 una sobretasa de $5.389.558, que debo pagar este mes. Contraté un abogado para evitar pagar por bienes raíces ajenos.

A esto se suma que por mi casa pago $2.708.412 de contribuciones cuatro veces al año, es decir, un "arriendo mensual" de $831.137 al Estado.

Por una casa de más de cien años en Algarrobo la contribución es de $1.509.241. Es decir, un "arriendo" de $503.080 mensuales.

Y también pago contribuciones por 14 hectáreas agrícolas que dejaron de producir por tomas y atentados a postes eléctricos y que tengo en venta. (Fdo.) María Soledad Vial Valdés, expropietaria, hoy arrendataria del Estado y contribuyente esquilmada y abusada por el Estado".

Como medio de comunicación, este blog da cabida a la solicitud de la lectora antes identificada, sin dejar de lado la posibilidad de hacer lo que hay que hacer para que ella y su grupo familiar puedan cumplir su aspiración de irse de Chile al pueblo de Hail Mary en Florida USA, donde, a diferencia de acá, no hay cárcel porque no hay delincuentes.

Y dejo constancia de que en los "arriendos obligados" que ella dice pagar al Estado, olvidó incluir las sobretasas que éste le cobra cuatro veces al año.

NO PUDE SOLTAR MI LIBRO

Quise dejar constancia, para perpetua memoria, de ese período nefando durante el cual se desenvolvió el segundo proceso constituyente. Por tanto, escribí un breve libro titulado "Trampantojo", palabra con la cual motejó el texto resultante de dicho proceso inconstitucional, el autor inicial de la mala idea y mayor responsable de que se llevara a efecto: el rector Carlos Peña, columnista de El Mercurio. 

Pero me ha sucedido algo notable: he releído dos veces mi libro y ambas con singular deleite. Encuentro, cada vez, que "está todo ahí". Los mitos, las verdades, las mentiras, las modas, las trampas, las falsedades y, sobre todo, la reiteración de esa conducta tan chilena de "darse vuelta la chaqueta". Este dicho nació, como otras veces he referido, durante la Revolución de 1891, cuando los soldados del ejército balmacedista, de casacas azules con forro blanco, derrotados por el ejército revolucionario, cuyas casacas eran blancas, se daban vuelta la suya para ir a rendirse sin que les dispararan, tras las batallas de Con Con y Placilla.

Este libro lo ha distribuido un buen amigo y sólo puedo garantizar que se vende en las librerías Edesur, de Compañía al llegar a Plaza de Armas, y Chema, de Irarrázaval. Sé que también lo vende mercadolibre.com y está en otras librerías importantes.

He disfrutado releyendo sobre la caída de varios mitos: el de que "el modelo" provocaba desigualdad. El mito de que "la mayor marcha de la historia de Chile" era contra el sistema económico aplicado. El mito de que había un supuesto "malestar" derivado de la pobreza. El de que las élites eran inteligentes. El de que la violencia era una reacción espontánea del pueblo. El de que una gran mayoría quería otra Constitución. El de que el votante mayoritario es de izquierda y el obligado sufragaba igual que el voluntario. En fin, el mito de que Pinochet era el más impopular y Allende el más popular.

Pero en Chile la izquierda ha ganado la batalla publicitaria repitiendo incansablemente sus consignas. La derecha debe recuperar terreno repitiendo sus verdades. Todo el contenido de mi último libro se basa en verdades comprobadas o comprobables.

La realidad presente sigue siendo desalentadora, porque los principales mitos propalados por la izquierda se reeditan y repiten en los medios, aun habiéndose comprobado que son falsos. En estos días, por ejemplo, en las cartas de los lectores a El Mercurio ha repetido su versión de hechos de 1973 doña Alicia Ruiz-Tagle Orrego, hermana de un fusilado al paso de la comitiva Arellano. Hoy ha sido felicitada en la misma sección por José Rodríguez Elizondo. Pero yo, que soy especialista en ese tema y escribí en 2000 un libro no contradicho acerca de él ("La Verdad del Juicio a Pinochet") puedo probar que la versión reiterada ahora no es verdadera. Eso lo probé en el referido libro, fue best-seller, pero la versión opuesta se impuso y es la que se repite hoy. Ha sido como "arar en el mar", para emplear el símil usado por Simón Bolívar.

Frente a ello sólo queda seguir repitiendo la verdad, que es lo que ha hecho mi último libro y no me canso de hacer, aunque muchos lectores me abandonan diciendo, justamente, que los aburro de tanto repetir lo mismo. Pero prometo, pese a ello, no cansarme de hacerlo.   

DOS PAÍSES EN UNO

Chile es dos países en uno. Están enfrentados y no pueden reconciliarse. Ése es el problema. Hoy lo deja patente una columna del izquierdista Ricardo Brodsky en El Mercurio. En ella no puede menos que condolerse de una barbaridad inhumana: la existencia de no menos de 400 presos políticos, ancianos exmilitares, entre ellos no pocas mujeres, sin derecho a debido proceso y arbitrariamente apresados.

Pero Brodsky sabe el terreno que pisa y por eso se resguarda, reconociendo todo lo que se le ha dado a la guerrilla marxista derrotada el 73: "Diversas leyes dan cuenta de esa política sostenida a lo largo de 20 años, aunque, por cierto, no satisface a las víctimas". 

Traducción al idioma de la verdad: "las víctimas" son los guerrilleros que, matando chilenos, se quisieron tomar el poder por las armas, dado que no podían alcanzarlo mediante elecciones. Fracasaron sólo porque los militares, convocados por una mayoría civil, los derrotaron completamente. 

Claro, como es sabido, la DC y parte de la centroderecha traicionaron después a los militares, en particular Piñera los persiguió ilegalmente más que nadie, y antes Aylwin había indultado y llenado de plata a los agresores marxistas, lo cual sigue sucediendo hoy, en que están en el gobierno.

Lo reconoce Brodsky: "También se otorgaron beneficios a cerca de 150 mil personas exoneradas de sus empleos y se adoptaron medidas para facilitar el retorno de los miles de exiliados". Mintiendo un poco, porque el gobierno militar no "exilió" a "miles". Expulsó ocasionalmente a no más de diez dirigentes políticos adversos en 16,5 años. A lo que sí accedió fue a permitir la salida al exterior de extremistas asilados en embajadas --entre ellos a los miristas que asesinaron al Intendente Carol Urzua, por ejemplo-- o procesados por terrorismo que conseguían apoyo externo para que se les conmutaran condenas a presidio por "extrañamiento", consistente en cumplir la pena en el exterior. O canje por presos políticos del comunismo, como en el intercambio del secretario general comunista Luis Corvalán por el disidente ruso Wladimir Bukovski en 1976. 

Pero la frase clave de Brodsky es la siguiente: "Dicho lo anterior, hay que reconocer que ninguna justicia ni ninguna reparación es suficiente para equilibrar el dolor causado". Esto es como oír a Hitler culpando a Churchill y Roosevelt por bombardear ciudades alemanas. Es el "gran cambiazo" registrado en Chile. De agresores a víctimas. De totalitarios a demócratas. De avanzar sin transar y "la momia al colchón y el momio al paredón" a "Hermanitas de los Pobres" que, como Sheila Cassidy, daban refugio y atendían a guerrilleros heridos y defendidos por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado, con jefe del archivo comunista, claro.

"El dolor causado" entre septiembre y diciembre de 1973, en que cayó el 57 % de todos los muertos en la lucha contra la guerrilla en 16,5 años. Justo fue el período en que Aylwin defendía a los militares y los aplaudía por salvarnos de una "tiranía comunista o una guerra civil". Todo lo cual, el primero en olvidarlo fue Patricio Aylwin, que en 1991, sostenía jamás haberlo dicho ni hecho y les pedía perdón a los marxistas, con lágrimas en los ojos, por la derrota que los "militares malos" les habían infligido, olvidando que los había convocado él e incitado él.

Reconozcamos que el gobierno militar y sus partidarios civiles de la derecha política que inspiró económica, social y constitucionalmente al régimen militar y lo continúa defendiendo, salvamos a Chile y ganamos la guerra contra el marxismo, pero somos minoría y perdimos la posguerra publicitaria, a raíz de lo cual la mayoría adoptó el "relato" de la izquierda, bajo el cual vivimos hoy, que es el que expresa la columna de Brodsky.

El único que puede reeditar la unidad, la seguridad y la prosperidad que nos legó Pinochet es el candidato que no ha renegado de él, Johannes Kaiser. Con cualquier otro, vamos a seguir siendo dos países. Pero con el peor de ambos al mando, como hoy. O con otro que conduzca a que el peor vuelva al poder, como ya lo fue Piñera y lo sería su clon político actual, Evelyn Matthei..