Según mi blog del 4 de septiembre de 2014, "Política y Negocios", fundado en informaciones publicadas y no desmentidas, durante un comité político en La Moneda el presidente le mandó decir al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, que si fusionaba las sociedades Cascadas mediante las cuales controlaba a SQM, él conseguiría que la Superintendencia de Valores y Seguros sólo le aplicara una multa pequeña por sus supuestas irregularidades bursátiles, y que no se querellaría. Y asunto terminado.
¿Por qué quería esa fusión el presidente? Porque era una manera de comprar acciones baratas de SQM y tomar el control de ésta, "la joya de la corona". Además él tenía acciones de las Cascadas y el precio de dichas acciones subiría con la fusión. O sea, ganaría con ella.
Pero Ponce resistió y retuvo el control de SQM. Declaró que si el presidente no hubiera tenido acciones de las Cascadas, no habría habido "caso Cascadas". Ante la denuncia en su contra por supuestas irregularidades en la compra y venta de acciones, la Superintendencia le impuso la multa más alta de la historia de Chile, 63 millones de dólares. Ponce se siguió defendiendo y al final la multa terminó en 3 millones de dólares. Y preservó el control de SQM.
Otros blancos del ataque presidencial y de la Superintendencia fueron la corredora de bolsa que intermedió las operaciones de las Cascadas, Larraín Vial, su socio principal, Leonidas Vial, y dos gerentes. A todos ellos les impuso enormes multas, que en conjunto sumaron 40 millones de dólares.
Bueno, el 14 de febrero último El Mercurio informó que la Corte de Apelaciones, casi diez años después del comité político en La Moneda y de su secuela persecutoria, y casi catorce después de las operaciones cuestionadas, que habían sido investigadas y sancionadas a instancias de la firma que manejaba el "fideicomiso ciego" administrador de la fortuna del presidente, ha dejado sin efecto todas las multas impuestas a Larraín Vial, a sus gerentes y a su socio principal.
Durante una década se impuso en el país y urbi et orbi la versión de un supuesto escándalo financiero. En particular, una víctima propiciatoria fue el principal socio de la corredora, Leonidas Vial, quien tuvo que trasladar su oficina a un lugar distinto de la sede de la firma, para cuidar su reputación. Por igual razón debió renunciar al directorio de la Bolsa de Comercio.
Y ahora, casi diez años más tarde, resulta que los jueces de primera y segunda instancia confirman que ni la corredora ni él habían incurrido en irregularidad alguna.
Un paso fundamental lo dio la jueza del 29° juzgado, ante el cual se denunció el supuesto fraude: ella misma fue a la Bolsa y quiso hacer una operación fraudulenta como la que denunciaba la Superintendencia ¡y el software se la rechazó! Por tanto, Larraín Vial, su socio principal y sus gerentes demostraron que todas sus operaciones habían sido realizadas legal y reglamentariamente. Y por eso el fallo de la Corte de Apelaciones libera a la corredora, a su socio principal y gerentes de los 40 millones de dólares de la multa.
Los ríos de tinta, las horas de paneles televisivos y espacios radiales donde se barría el piso con el prestigio de Leonidas Vial, Larraín Vial y dos de sus gerentes han quedado reducidos a lo que eran: injurias y calumnias.
Se supone que alguien debería pagar por el daño reputacional de tantos años. El causante originario no lo hará. Pero él fue un "agente del Estado". Éste debería indemnizar.
El sufrido contribuyente observa desconcertado la situación.
