DÉJÀ VU

Los cuatro años de este gobierno, el primero de derecha desde el de Augusto Pinochet, van a ser –ojalá-- parecidos al período 1986-90 de ese gobierno. Aunque no creo que las medidas liberalizadoras, privatizadoras y tributarias vayan a ser de la misma profundidad. Por ejemplo, el ministro de Hacienda Quiroz anuncia una rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23 %. En 1986 el entonces ministro Büchi rebajó a 10 por ciento ese impuesto.

Los resultados son diferentes en uno u otro caso. En carta a El Mercurio de ayer el ingeniero y economista Jorge Claro Mimica expresa: “simulaciones razonables muestran que los proyectos rentables podrían aumentar en torno al 20% con una tasa de 23 % y hasta cerca de un 70 % con una tasa de 10 %”.

Eso hizo posible que Chile creciera 5,6 % en 1986, 6,5 % en 1987, 7,3 % en 1988 y 10,6 % en 1989, poniéndose a la cabeza del hemisferio.

En 1986 el desempleo era de 10,4 %, en 1987 de 9,6 %, en 1988 de 8 % y en 1989 de 7,1 % promedio, culminando en 5 % en enero de 1990. Cifras del Banco Central usadas en mi libro “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”.

Hubo entonces medidas muy valientes que no creo este gobierno se atreva a tomar, como privatizaciones aceleradas con posibilidad de pagarlas con papeles de la deuda externa a su valor nominal, cuando podían comprarse a una fracción de eso en los mercados bursátiles. O la congelación del salario mínimo obligatorio en 1985.

A quienes dicen que la disminución de impuestos va a traducirse en menores ingresos fiscales se les puede responder que el déficit presupuestario era de 6,3 % del PIB en 1985 y se redujo a 2,5 % del PIB en 1989.

¿Estaba contenta la mayoría en ese tiempo de enorme progreso material en todos los órdenes? No, porque la propaganda adversa era muy poderosa y sostenía que había cinco millones de pobres y eso no se podía tolerar. Y decían que el progreso era sólo para los más ricos y las reducciones tributarias los beneficiaban a ellos y no al grueso de la población. Pero entraron un millón de alumnos a las universidades, cuando ese mercado era todavía libre, cuyos padres no habían tenido posibilidad de acceder a la educación superior.

A posteriori todo el mundo concuerda en que el mejor período en la historia de Chile en lo económico, lo social y hasta lo político fue 1985-2015, “los mejores treinta años”. Se forjaron sobre la base de las medidas del último presidente de derecha y su ministro Büchi. Pero el primero perdió su reelección en 1988 (claro que mediando un "cohecho” norteamericano y europeo occidental de $2,5 millones de dólares en favor del No). Y en 1989 Büchi perdió ampliamente frente a Aylwin, que ya era Aylwin II y había olvidado todo lo que Aylwin I dijo e hizo para que un gobierno militar nos salvara de una "tiranía comunista" (sic).

Los pueblos, o sus mayorías, no son agradecidos. Más bien son “interesados”. También hoy. Preste oídos a las críticas del marxismo y la izquierda en general. Son las mismas que en 1985-90.  Y hace poco más de cuatro años el pueblo eligió a la némesis de Pinochet, que iba a repartir todo lo de los demás, y arrasó.

Y la prédica negativa ya ha hecho bajar seis puntos el apoyo a Kast. Déjâ vu.

 

PRESOS LIBRES Y JUECES PRESOS

La mayor y más evidente corrupción en el Chile actual se registra, y desde hace dos décadas, en el Poder Judicial. Concretamente, a raíz de los juicios sobre supuestas violaciones de derechos humanos. 

La Corte Suprema, las de Apelaciones y los ministros sumariantes de primera instancia han protagonizada la falsificación de la verdad y el atropello al derecho más descarados de la historia judicial chilena.

Esto ha sido denunciado reiteradamente, pero los medios de la corriente dominante han preferido mirar para otro lado y el grueso de la opinión pública, por eso, ni siquiera se ha enterado. Peor aún: merced a muy repetidas consignas falsas ("relato mata dato") la mayoría cree lo contrario.

Llegado un nuevo gobierno, hubo esperanzas de que esto cambiaría, porque el Presidente de la República tiene los atributos constitucionales y legales para hacerlo cambiar. Pero las señales apuntan a que todo seguirá igual. Y por una razón evidente: Kast incorporó preferentemente a sus equipos a la raíz del mal: los partidos de los gobiernos de Piñera. Pues ellos desataron la mayor parte de la persecución político-judicial prevaricatoria (prevaricación: fallar contra ley expresa y vigente) contra los uniformados. 

Antes de Piñera había 300 querellas comunistas y ninguna acogida. Piñera, sólo en su primer gobierno, presentó mil más. Han resultado 500 militares condenados, de los cuales cien han muerto tras las rejas.

Pero un libro puede cambiar la historia. Y dos pueden asegurar el cambio. El primero, Prevaricato, de Adolfo Paúl Latorre, reedición actualizada. Ahí están todas las denuncias de los delitos cometidos durante veinte años por jueces chilenos, "de capitán a paje": desde la Corte Suprema a los sumariantes de primera instancia.

Y luego, Condenas Sin Ley, Juicios Sin Garantías, del abogado penalista Jorge Eduardo Montero Mujica, aún no publicado y que estoy leyendo con admiración, porque no conozco otra obra jurídica nacional de tal rigor y erudición. 

Son 380 páginas que moralmente obligan al inmediato indulto de los 400 Presos Políticos Uniformados sobrevivientes y a la interposición de querellas ante las Fiscalías por prevaricación reiterada, dirigidas contra los actuales y pasados ministros sumariantes y de las Cortes.

Adicionalmente, el Presidente Kast debería denunciar (poner término) al Tratado que nos vincula a la Corte Interamericana de DD. HH. que, a su turno, ha quebrantado su propio estatuto, como bien prueba Montero Mujica. 

Y si Kast no lo hace, lo hará Johannes Kaiser en cuatro años más.

CONTRADICCIÓN VITAL

Soy optimista acerca de cómo le va a ir a este gobierno en lo económico. Es tal la cantidad de "grasa" acumulada en el Estado socialista forjado por seis gobiernos del No, que con pocas medidas se puede sanear el déficit presupuestario en  un tiempo razonable y dejar al país en pie para repetir los segundos mejores 30 años de su historia.

Un estudio dado a conocer por La Tercera del 20 de noviembre de 2021 y que nadie ha objetado hasta hoy revela que la remuneración media en el sector público era de $964.000, mientras en el mercado era de $635.000. Multiplique la diferencia por 1.250.000 funcionarios que hay en Chile y tendrá una idea de la magnitud del derroche burocrático socialista.

José Antonio Kast dijo que se proponía reducir en US$6 mil millones el gasto público. La izquierda protestó, asegurando que entonces iba a reducir "los derechos sociales". Pero un solo dato permite saber que se puede reducir más del doble de aquella cifra sin tocar los derechos sociales: en La Tercera de hoy, p. 22, se señala que el fisco retendrá las devoluciones de exceso de impuesto a la renta a los deudores morosos del CAE que dejaron de pagarlo, siendo individuos de altos ingresos. E informa que la deuda morosa del CAE asciende a 14 mil millones de dólares, más del doble que la reducción de gastos anunciada por Kast. Pero luego he visto un video del ministro de Hacienda diciendo que la deuda del CAE es de US$20 millones. Él debe saber mejor. Pero de que hay mucha "grasa", la hay.

Caso típico: un diputado del Frente Amplio, que goza de alta renta y subidos reembolsos de gasto, debía el año pasado $30 millones del CAE.

Se trata de 150 mil personas que recibieron un préstamo para financiar sus estudios universitarios y que, habiendo recibido el mayor "capital humano" y teniendo altas rentas, están morosas.

Pero el presente económico promisorio se ve ensombrecido por una mancha moral: los 400 presos políticos militares ilegalmente privados de libertad. Eso no admite espera. Hay una completa corrupción del sistema penal en materia de derechos humanos. Es de larga data. Pero la idea de un indulto es rechazada por el 59 %, según la encuesta CADEM.

Y además hay una contradicción vital, política, dentro del gobierno: el piñerismo domina allí. Y el principal promotor de los juicios ilegales contra militares fue Sebastián Piñera: presentó tres de cada cuatro querellas prevaricatorias que terminaron en condenas.

Sugiero al presidente que lea, cuando aparezca, la obra del penalista Jorge Eduardo Montero Mujica, "Condenas Sin Ley. Juicios Sin Garantías". Son sólo 380 páginas y "ahí está todo". Y que después  decida en conciencia y conforme a la legalidad vigente.

PERSONALIDAD

Cuando el presidente Pinochet entregó el mando a su sucesor, Patricio Aylwin, una de las razones por las cuales el país estaba pacificado y en orden ese 11 de marzo de 1990 era que mantenía a cerca de mil violentistas presos y las asociaciones ilícitas terroristas MIR y FPMR habían, por eso, dejado de operar. Pero Aylwin los indultó a todos.

Pues en 1990 había un partido (de facto) con personalidad: el comunista. No tenía personalidad jurídica, porque su conglomerado, el MDP, había sido declarado inconstitucional, logro personal de Jaime Guzmán. Pero los comunistas participaban en la vida pública y repetían consignas de las que muchos, aun no siendo comunistas, se hacían eco, lo que sigue ocurriendo hasta hoy. Tienen muchas "antenas repetidoras". 

Aylwin, a través de su hermano Andrés, muy de izquierda, había recibido el recado comunista: "O indulta a todos nuestros presos o le haremos la vida imposible, porque, usted sabe, tenemos armas 'por si las moscas'". Aylwin "entendió" e indultó a los casi mil terroristas presos. Casi nadie dijo nada., porque el mundo no comunista es así, sumiso. Salvo Jaime Guzmán, pero entonces los comunistas lo mataron.

Hoy hay cerca de 400 presos políticos militares (PPM) en Punta Peuco, Colina 1, Centro de Detención Femenino y otros recintos menores a lo largo del país. Están ilegal e inmoralmente privados de libertad sobre la base de una mentira: por tener secuestradas personas. Un ardid de los jueces de izquierda para burlar la amnistía y la prescripción. 

Por consiguiente, si el presidente Kast los indulta nadie tiene nada qué decir, no sólo porque tiene la facultad sino porque todo el mundo sabe que, legalmente, son ciudadanos inocentes ilícitamente privadas de libertad, pues nunca ha existido ningún "secuestrado permanente" en ninguna parte.

Antes, en la historia del país, siempre se respetaron la amnistía y la prescripción (precedentes: la matanza del Seguro Obrero en 1938 y la  revolución de 1891).

Pero hoy el comunismo se ha enseñoreado del Poder Judicial y por eso éste prevarica sin miedo y se ha condenado ilegalmente a los militares, desconociéndoles las leyes de amnistía y prescripción. Lo notable ha sido que, entretanto, miles de extremistas de izquierda se han beneficiado de la amnistía. 

¿Por qué pasa todo esto? Por la "personalidad" de los comunistas, que los hace más temibles que los militares. Los comunistas harán cualquier cosa para liberar a camaradas presos; los militares nada. Y por afán de lucro, porque los jueces prevaricadores asignan suculentas indemnizaciones de cargo fiscal cada vez que condenan por secuestro inexistente a un militar.

Pero como la primera obligación de un jefe de estado es respetar y hacer respetar la ley, él sí puede poner remedio, aunque muy tardío, a la increíble injusticia cometida. 

¿Y los comunistas y su "personalidad"? Van a mentir y decir a los cuatro vientos que se ha liberado a "violadores de derechos humanos", cuando sólo son, en realidad, víctimas a las cuales se les ha violado su derecho humano a un debido proceso. 

Lamentablemente, ya por 36 años en Chile prevalecen las consignas comunistas por sobre la legalidad.

Además, los jueces les imputan el secuestro a militares que, como funcionarios públicos que eran, no lo pudieron cometer. Pues el código tipifica ese delito sólo en el caso de los particulares. Y ninguno de los presos actuó como particular al recibir la orden de combatir a asociaciones ilícitas como el MIR, el FPMR y similares.

El inventor de la artimaña del "secuestro permanente" confesó ante una teleaudiencia de millones, delante de mí, en 2015, programa El Informante de TVN, conducido por Juan Manuel Astorga, que él "fingía" el delito: "es una ficción jurídica", dijo textualmente. Añadió: "No estoy diciendo que ésa haya sido la realidad". Una manera elegante de confesar: "mentí". Porque el juez debe "probar" el delito para derrotar la presunción de inocencia a que todo ciudadano tiene derecho.

El presidente Kast debería, por consiguiente y por obligación legal de hacer cumplir la ley, indultar a todos los PPM. Si no lo hace es solo ante la "personalidad" amenazadora del comunismo. 

Para efectos históricos y políticos, José Antonio Kast tendrá que elegir si quiere parecerse más ante la posteridad a Patricio Aylwin o a Augusto Pinochet. Mientras no indulte a los presos políticos militares se estará pareciendo más al primero. Pero cuando por fin se sepa la verdad histórica ta ¿siglo XXII?) eso no va a ser bueno para él. 

INDULTOS A TODOS YA

Aunque varios miles, anoche en la Plaza de la Constitución, esperaban su discurso inaugural, el presidente Kast los hizo esperar, para dictar decretos sobre seis materias urgentes: migración, macrozona norte, auditoría al gasto público, permisología, reconstrucción tras los grandes incendios y "escudo fronterizo". 

Pero hay otra materia más urgente que ésas y que demanda atención: la corrupción judicial, que mantiene ilegalmente presos a 400 militares (y antes mantuvo a 100 más, que han fallecido entre rejas) culpándolos de un delito que, uno, no existe y, dos, que en caso de haber existido, se habría extinguido toda responsabilidad en virtud de leyes expresas y vigentes de amnistía y prescripción que no se respetan.

Mediante esa ilegalidad los jueces, además, le sustraen crónicamente al erario cuantiosas sumas indemnizatorias que éste no tendría por qué pagar, no habiendo delito ni condena.

Pero todo el sistema penal que persigue a los militares está corrompido.

Lo primero que hizo Aylwin en 1990 fue indultar a cerca de mil sujetos de izquierda presos y condenados por delitos efectivos y muchos de ellos sangrientos. Todos pertenecientes a los movimientos subversivos. Y nadie le dijo nada. Al contrario, hasta la centroderecha elogió a Aylwin. La derecha, la de Jaime Guzmán, fue la única que lo criticó. Y los comunistas (a esa altura "las víctimas") lo mataron por eso.

¿Por qué en Chile no hubo miramientos para exculpar y perdonar a los violentos de la izquierda y sí hay remilgo para exigir sólo que rija la ley respecto de los militares ilícitamente perseguidos por haber derrotado a la subversión de la izquierda?

¿Por qué se pudo indultar a los asesinos de izquierda de cinco escoltas presidenciales y no se puede indultar a quienes dieron muerte a un grupo de frentistas entrenados en Cuba para venir a matar chilenos? Están purgando cadena perpetua. 

El que asesinó al teniente Lacrampette a sangre fría fue amnistiado. Los miristas que asesinaron al carabinero Heriberto Novoa, que custodiaba la Llama de la Libertad, fueron liberados. Los militares que dieron muerte a miristas y frentistas siguen encarcelados.

Todos los presos políticos militares deben ser indultados ya.

Y es urgente que la sociedad chilena se opere de este absceso de una izquierda judicial corrupta. El presidente de la república tiene la facultad para velar por la conducta ministerial de los jueces. Un régimen de derecha debería tener el equipo de abogados suficiente para iniciar acciones ante las fiscalías, con el fin de sancionar la prevaricación reiterada, cometida desde la segunda sala de la Corte Suprema para abajo.

Se ha privado de parte de su existencia libre y normal a 500 personas, algunas por veinte años y otras a perpetuidad, a vista y paciencia de una sociedad a la cual los políticos acostumbraron a no reaccionar frente a los abusos y tropelías de la izquierda y a escandalizarse cuando la derecha usa las leyes y la fuerza pública para defenderse.

En particular el problema hizo crisis a partir de un sedicente gobierno de centroderecha que no era tal, pues se prosternó ante la izquierda y fue el principal perseguidor de  militares.

Si hay algo urgente es detener la corrupción judicial que ha imperado durante dos décadas de predominio político, cultural e informativo de la izquierda.

GRAMSCI TRIUNFA EN CHILE

Cuando ayer vi en El Mercurio, el principal diario del país, el recuento de las transmisiones del mando presidencial en nuestra historia, en el cual no figuraba la de Augusto Pinochet a Patricio Aylwin en 1990, supe que la teoría de Gramsci había triunfado en Chile.

Antonio Gramsci fue un intelectual socialista italiano de los años 30 y sostenía que la revolución debía triunfar apoderándose de todos los centros de educación y opinión del país, más que basándose en la lucha armada. Pero a veces ambas vías van de la mano. Por ejemplo, hace veinte años o más fui al famoso Café Torres de la Alameda a comer uno de sus proverbiales churrascos, y vi que, como parte de la decoración del local, en una pared estaba la lista completa de los presidentes de Chile, pero entre 1973 y 1990 no figuraba ninguno, tal como ayer en El Mercurio. 

En la columna que entonces mantenía en éste llamé la atención sobre la omisión del Torres. Entonces una periodista de La Segunda se interesó en el tema e hizo una crónica al respecto. Refería que había ido a inquirirle al encargado o gerente del local por su razón para excluir a la presidencia de Pinochet. Y el personaje lc respondió que habían entrado unos jóvenes, solicitando hablar con él, y le habían dicho que si no suprimía a Pinochet del listado mural le incendiarían el local. Y él entonces, decidió precaverse contra ese peligro de incendio y borrar a Pinochet de la nómina mural. Puro sentido común. Sus clientes van ahí por la calidad de las comidas y no por el rigor histórico. Una combinación de las estrategias de Gramsci con las de Lenin, Stalin o Castro.

Pero en El Mercurio ha operado la del primero. Lo mismo en otros medios. También en la educación, entregada a profesores de izquierda que enseñan la versión marxista de la historia de Chile.  

Di a conocer la omisión gramsciana de El Mercurio en un twitter y entre los comentarios hubo uno del exdiputado Jorge Schaulsohn, justificándola, porque Pinochet no habría sido elegido. Pero sí lo fue, con un 67 % en 1980. Por añadidura, el presidente DC del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán, había dejado establecida la legitimidad jurídica y política del gobierno militar en una separata de la Revista de Derecho y Jurisprudencia de octubre de 1973.

El Mercurio va a tener dificultades para explicar a sus lectores, si es que éstos se lo solicitan, por qué les informó que no hubo transmisión del mando en 1990. Más de uno escribirá al diario pidiendo una explicación. Será interesante ver qué le contestan.

"MENTID... MENTID... QUE CHILE CREE"

Voltaire, que era un cínico, recomendaba: "Mentid... mentid... que algo queda".  El gobierno saliente es voltaireiano y ha decidido mentir hasta su último día. Ahora acaba de referirse al proyecto, aprobado en el Senado, de penas alternativas para reos mayores de 70 años. Y otra vez ha mentido.

Afirma que al 31 de diciembre había 738 personas condenadas, de las cuales "365 están condenadas por delitos de lesa humanidad y 373 están sentenciadas por delitos comunes" (El Mercurio, p. C3). 

Lo de los 365 no es verdad: son los presos políticos militares, que están privados de libertad pero en ninguno de sus casos se les ha probado delito. Por eso son "presos políticos". 

Las sentencias no los han condenado por delito de lesa humanidad, sino por uno común, el secuestro. Pero como ya estaría prescrito y amnistiado, entonces un juez de izquierda imaginativo decidió hacerlo "permanente" y fingir que se seguía cometiendo hasta hoy. Cuando en la televisión le dije, en 2015, que debía probar que se seguía cometiendo, replicó que no, que era "una ficción jurídica". Y añadió: "Yo no estoy diciendo que ésa haya sido la realidad". O sea, confesó que mentía. Luego, los miliares son inocentes.

Y además ¿dónde están o estuvieron los "secuestrados permanentes"? Indiquen un caso. No pueden. No hay ni hubo nunca ninguno. Todo es mentira. Y otro atropello legal: el secuestro está tipificado en el código como un delito que sólo cometen los particulares. Los militares eran funcionarios públicos. Podían cometer detención ilegal, pero no secuestro. Pero es fácil probar que en los recintos de detención no hay ni ha habido ningún "detenido permanente".

Hay 365 presos por secuestro permanente y no hay un solo testimonio de alguien alguna vez secuestrado permanentemente. 

Todo condenado en virtud de una mentira es inocente. Los militares presos deberían estar libres. Como no lo están, son "presos políticos".  

Ellos tampoco han podido cometer un delito de lesa humanidad, porque a la época de los hechos, los años '70, ese delito no existía en nuestra legislación. La Constitución dice que sólo puede condenarse a alguien por delito establecido en una ley dictada "con anterioridad a su perpetración".

Lo más notable de todo esto es que los delitos "de lesa humanidad" consisten en un "ataque generalizado a la población civil" y eso era lo que perpetraban el MIR, el FPMR y otros grupos terroristas afines al gobierno actual, que ponían bombas en el metro, portaban botellas incendiarias para quemar buses y hacían estallar autos llenos de explosivos en las calles. Y los militares trataban de impedir esos delitos de lesa humanidad ¿Cómo podrían estar condenados por cometerlos? ¡Qué mentira más grande! 

Pero siguen mintiendo, porque siempre "algo queda". Desde luego, la plata que cobran.