Con motivo de este 11 de septiembre un catedrático español se ha hecho esa pregunta... y la ha respondido de la siguiente manera:
Aunque lo pregonen a los cuatro vientos los interesados voceros de la falsa libertad, siga muda la amplia y congelada meseta austral, y se marchite cada otoño la roja flor del copihue; la pregunta para el pueblo racional chileno seguirá siendo la misma, después de cincuenta y tres años de haber salvado al pueblo de la tiranía marxista, aún vigente en nuestro hemisferio en Cuba y Nicaragua: ¿era Pinochet un dictador?
Los griegos elogiaron siempre las dictaduras, y los romanos tuvieron que acudir a ellas para salvar el Imperio del caos y la molicie; ambos pueblos distinguieron claramente entre dictaduras y tiranías. Plutarco y Cicerón fueron los primeros en dar carta de naturaleza al pueblo para resistirse a los tiranos que gobernaban en contra de sus intereses. Tomás de Aquino, Francisco Suárez o el padre Mariana avanzaron sobre la licitud del tiranicidio; sobre aquellos usurpadores del poder, ejercido sin título alguno; o contra el “dictador soberano” que, accediendo legítimamente al poder, lo ejerce de manera despótica y en detrimento del interés general.
De estas y otras enseñanzas debían haberse valido los gobernantes revanchistas de laizquierda más blanqueada y abyecta, Bachelet y Boric; y la derecha más ayuna deprincipios y cobarde, Piñera, para no mantener a los defensores de la libertad en Chile en 1973, prisioneros, ad eternum, como delincuentes sin ningún derecho exigiblecomo al resto de los ciudadanos.
Punta Peuco es, cada día que pasa, un mayor atentado al estado de derecho, una injusticia lacerante, una ignominia colectiva irreparable, una impiedad manifiesta con personas que, además de salvar a Chile del comunismo, tienen una edad que no admite la permanente venganza. Descubrir las profundas razones por las que Pinochet dejó el poder, de forma procesal y plebiscitaria, y mantuvo la neutralidad del ejército, ayudaría. ¡El odio y la ceguera no pueden soslayar esas evidencias!
La figura política de Augusto Pinochet ha sido objeto de intensas controversias, en el hipócrita universo del liberalismo democrático, porque su dictadura no era de izquierdas, progresista. Porque procuraba el progreso de su pueblo, salvaguardando la integridad de la nación. Porque no admitía el juego partitocrático siempre divisor y corrosivo.
Un mínimo, pero riguroso examen sobre la naturaleza del poder ejercido por el jefe del Estado Chileno entre 1973 y 1990, nos debería llevar al convencimiento de que su régimen militar distó mucho de ser una dictadura. Abordó el concepto técnico de dictadura; el modo en que Pinochet accedió al mando; la estructura jurídica de su mandato; el proceso constituyente que éste generó y la dimensión psicológica del propio Pinochet. El resultado, analizando esas variables, nos lleva al convencimiento de que no fue una “dictadura soberana”, querida y buscada por él, por un grupo social o un partido. Bien al contrario, su poder fue un mandato esencialmente “comisorio, autolimitado, que deriva de un mandato histórico y moral”, refrendado ampliamente por los chilenos en todo el período constituyente, en que se convirtieron sus diecisiete años de paz y progreso”. Lo comprendieron pronto los intelectuales comunistas de entonces, y de ahora, que esperaron que el tiempo dinamitara la gratitud, el respeto y el valor de aquella generación de chilenos fundantes.
Conviene acotar lo que se entiende, en filosofía política, por dictadura, siguiendo el racionalismo europeo, dónde se afirma, “es una magistratura suprema, personal y excepcional”. Suprema, porque actúa con capacidad decisoria última; personal, porque se concentra en un individuo dotado de carisma o autoridad militar; y excepcional, porque no constituye una forma política ordinaria, sino que aparece en momentos críticos de la vida nacional.
Pero dentro de ese marco, deben distinguirse dos modalidades: La dictadura soberana, en la que la voluntad del gobernante es fuente creadora de todo el ordenamiento y poder público. Y la dictadura comisoria, limitada por un mandato histórico, en circunstancias de emergencia que afectan tanto a su misión como a su duración. Esta segunda modalidad es la que encaja con el gobierno de Pinochet, que crea un orden nuevo, ex nihilo, como un mandato requerido por unas circunstancias críticas y asumido como una obligación limitadora.
En segundo lugar, resulta necesario explicar, que tanto la elección de Pinochet, como su legitimación, no fue una autoproclamación, sino la asunción de su obligación como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, garantes de la independencia y soberanía de su nación. En dicha excepcionalidad se le otorgan “todos los poderes del Estado”, sin limitación temporal, para la gobernanza y la paz, tras el colapso de la legalidad de Allende, y como respuesta a un vacío de poder efectivo. De ahí que Pinochet no se impusiera a la sociedad, sino que fue “alzado por ella”; una apreciación evidenciada por la sociedad que sostuvo la responsabilidad histórica de su ascenso, compartido “por una fracción mayoritaria del pueblo y la nación”.
En tercer lugar, desde el punto de vista estrictamente jurídico e histórico, el gobierno de Pinochet fue un poder regulado, incompatible con la voluntad creadora absoluta.
No puede considerarse, la magistratura de Pinochet, como una dictadura soberana,aunque recibiera plenos poderes; pues éstos se fueron progresivamente autolimitando, mediante la creación de un orden constitucional propio, articulado a través de las leyes y los gobiernos en sus mandatos, que configuraban una estructura política estable, previsible y reglada.
Ello acredita el proceso autolimitador y constituyente de Pinochet, a medida que la situación nacional se estabilizaba. Lejos de perpetuar una concentración ilimitada de poder, construyó gradualmente un entramado jurídico-político que fijaba competencias, definía instituciones y permitía la continuidad histórica de Chile, más allá de su persona. Esto resulta innegable, hoy. Este proceso había culminado en 1990, dando paso al nuevo orden, donde se precisan las funciones del Estado, del Gobierno, de las Cortes y del propio jefe del Estado, creando una separación de poderes funcional que reducía la discrecionalidad personal. Pinochet pretendió ser el fundador de un orden temporal, muy beneficioso para el pueblo chileno; no el gestor arbitrario de un régimen personalista.
La finalidad de la acción política de Pinochet, en el ejercicio del poder, estuvo guiada por un principio de servicio público, entendido como un deber moral. Pinochet vivió su responsabilidad “como un compromiso”, orientado al restablecimiento del orden, la reconstrucción económica y la continuidad histórica de Chile. No hubo voluntad de dominio personalista o mesiánico, sino una actitud de “protector o procurador”.
El perfil psicológico de Pinochet, dado por quienes lo conocieron bien y lo trataron durante años, conviene traerlo a colación, ahora. Pinochet era, por su carácter, la contrafigura del prototipo dictatorial. Los dictadores clásicos - desde Pisístrato a Sila, desde Napoleón a Mussolini, Stalin, Fidel Castro o Chávez - se caracterizaban por voluntades fuertes, impetuosas, egocéntricas y marcadas por un talante autoritario.
En cambio, Pinochet, poseía un temperamento “abierto, respetuoso, bonachón y extraordinariamente dúctil”, que lo situaba “en las antípodas del arquetipo autoritario” identificado por la psicología política contemporánea. Ello también explica su capacidad de escucha, la serenidad en la toma de decisiones y su sentido del deber, favoreciendo una estabilidad institucional que evitó las tensiones propias y externas del tiempo que le tocó gobernar.
Jaime Alonso García, abogado, expresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, España.