Sabemos que el presidente José Antonio Kast y el establishment contemporizador con la izquierda totalitaria "se fugaron" el 11. Hicieron "como si" el 11 no existiera. Como si la efeméride mas trascendental, después del 18 de septiembre, no hubiera acontecido. Pero ocurrió y así la conmemoró la figura femenina más importante del país, Carla Fernández Montero, presidente de la Corporación 11 de septiembre. En la fecha expresó, interpretando a la mayoría patriótica, nuestra amargura por este "pago de Chile"::
Señoras y señores; socios y adherentes de la Corporación; familias que
han venido desde lejos; camaradas que partieron y, sin embargo,
continúan en nuestras filas:
Faltan rostros en este acto, y no por voluntad propia. A unos los
retiene un portón en Til Til; otros ya no volverán, porque se apagaron
este año en una celda, aguardando una resolución que llegó tarde o no
llegó. Cada año la nómina se alarga. Esa ausencia lleva un apellido, y lo
hemos pronunciado ante estrados, ministerios y auditorios que hubieran
preferido no oírlo: geriatricidio carcelario.
Han pasado cincuenta y tres años desde aquel septiembre, y
abundan quienes fingen no recordar cómo se vivía la víspera. Ustedes sí
lo recuerdan; lo tienen grabado en la piel. Las madres alineadas desde la
madrugada, con la escarcha en el pelo, para volver sin la leche de los
niños; la JAP decidiendo en cada cuadra, según la filiación del vecino,
quién compraba y quién no; el mercado negro floreciendo en las
trastiendas en tanto las góndolas se vaciaban; una inflación que devoró
el quinientos por ciento y convirtió el sueldo del mes en un puñado de
papel al mediodía; más de medio millar de fábricas y fundos tomados
por la fuerza, con sus dueños expulsados entre consignas; los
camioneros detenidos en las rutas y el campo sin semilla ni
combustible. No han olvidado el miedo, que es lo más difícil de contar:
el obrero que no sabía si al despertar tendría empleo o cordón industrial;
la sobremesa del domingo rota a gritos entre hermanos; las brigadas
desfilando por las avenidas al grito de que el poder se tomaba y no se
votaba. En mayo de 1973 la Corte Suprema denunció formalmente la
inminente quiebra de la juridicidad; en junio los tanques rodaron por el
centro; en julio asesinaron al edecán naval de Allende; el 22 de agosto la
Cámara de Diputados declaró, por amplia mayoría, que el Ejecutivo
había roto la legalidad constitucional de la nación. Chile se desangraba
sin que hubiera comenzado siquiera la guerra civil que tantos daban por
inevitable.
En ese abismo, oficiales, suboficiales, clases y conscriptos
tomaron sobre sí la decisión de detener la caída, y la dejaron escrita ese
mismo día en el acta fundacional de la Junta de Gobierno: asumían el
mando para "restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad
quebrantadas". Muchachos de dieciocho años que cumplían con su
deber sin haber elegido la hora que les tocó vivir, y que peinan canas
con la boina todavía en un cajón. A todos ellos rendimos homenaje, sin
distinción de grado. Son hombres de honor. El honor no se pierde por un
fallo ni se marchita con la edad; tampoco cabe en un legajo.
No venimos a reescribir la historia; venimos a impedir que se la
cuente por la mitad. Lo que en aquellos años se levantó permanece en
pie, sostenido precisamente por quienes juraron demolerlo. Veintiocho
años de gobiernos adversos conservaron la economía abierta, el sistema
previsional de 1980 y la división del territorio en trece regiones, sin
remover cimiento alguno. El general Pinochet lo resumió en 1987 en
una fórmula que incomoda hasta hoy a más de uno: hacer de Chile "un
país de propietarios y no de proletarios". La fruta chilena, que exportaba
treinta millones de dólares en 1974, multiplicaba esa cifra por más de
cuarenta antes de terminar la centuria, y Chile salió a vender al mundo,
hasta el Asia, cuando el resto de América ignoraba el Pacífico. La salud
se reorganizó con FONASA en 1979 y las ISAPRES en 1981, y Chile
alcanzó 1990 con una mortalidad infantil de dieciséis por cada mil
nacidos vivos, entre las más bajas del continente. En 1975 el Metro de
Santiago comenzó a rodar bajo la Alameda; en 1978 corría ya la
segunda línea. Las centrales de Antuco y de Colbún-Machicura
encendieron la luz de incontables casas. La Carretera Austral, mil
doscientos kilómetros de eje longitudinal y otros mil de ramales
arrancados a la cordillera, a los fiordos y al bosque por el Cuerpo Militar
del Trabajo, con picota, dinamita y botas empapadas, rescató a Aysén
de un aislamiento de siglos; hay caseríos que hasta ese día jamás habían
visto un camión, y lo vieron gracias a esos zapadores. En abril de 1984
se fundó Villa Las Estrellas y, siete meses más adelante, nació el primer
chileno en la Antártica: el pabellón se plantó con cunas, no con estacas.
En diciembre de 1978, con las tropas argentinas desplegadas en la
frontera, la contienda se evitó por el cauce jurídico y la mediación
pontificia, hasta que el Tratado de Paz y Amistad, seis años después,
selló para siempre la soberanía sobre Picton, Nueva y Lennox.
Aquella obra se entregó en paz. El plebiscito de 1988, las
enmiendas de 1989 y la transmisión del cargo de marzo de 1990
configuraron un tránsito que se estudió como modelo en el extranjero.
Toda esa arquitectura descansaba sobre un supuesto que ninguno
escribió pero todos entendieron, el respeto al Decreto Ley 2.191, la
amnistía de 1978; sin honrar ese compromiso la reconciliación era
imposible y la democracia naciente carecía de suelo. Esa base se
quebró. Vinieron la detención de Londres en 1998, la querella del
Partido Comunista y la seguidilla que la siguió, las reformas de 2005 y
una oleada de tratados internacionales leídos de tal modo que borraron
la prescripción y consagraron la retroactividad. Lo que se anunció como
clausura de una época degeneró en algo distinto, que la doctrina designa
con una expresión menos amable, retribución retroactiva, y que, a más
de un tercio de siglo, no cesa de devorar presupuestos, tribunales y
vidas.
Existe una realidad que pocos fuera de esta sala conocen y que
esta Corporación se ha impuesto la obligación de repetir hasta que se
escuche. Los militares de entonces son juzgados con el Código de
Procedimiento Penal de 1906, un proceso inquisitivo, escrito y secreto,
en el que una misma persona investiga, acusa y sentencia; en el que la
instrucción puede prolongarse durante lustros sin plazo que la limite; en
el que la prueba de presunciones suple la evidencia material que los
años destruyeron. Ese rito dejó de regir para los delitos posteriores a la
reforma del año 2000; en la práctica actual sólo se emplea con quienes
sirvieron en las Fuerzas Armadas. Un sicario foráneo del crimen
organizado dispone de más garantías procesales que un nonagenario
que vistió el uniforme de Chile. A eso se sumó una jurisprudencia que,
con el ropaje de doctrinas importadas, hizo bastar el rango y la función
para sellar destinos de cientos de años de encierro; condenados por lo
que eran, más que por lo que hicieron. Los antiguos lo llamaron Ley del
Talión; ahora se presenta con toga y birrete. Una pena nacida tras los
hechos no previene nada; se limita a cobrar venganza. Eso, señoras y
señores, no es derecho penal.
Entretanto, los años hacen su labor. Punta Peuco fue cerrado como
recinto especial y sus internos pasaron al régimen común. Octogenarios
y nonagenarios con cáncer o con demencia dependen de otro recluso
para calzarse los zapatos. Una esposa septuagenaria plancha cada
sábado la camisa de la visita y regresa en micro, con la bolsa vacía y las
manos en el regazo. Una hija se casó sin su padre en la iglesia. Un
abuelo descubrió la cara de su nieta en una fotografía que pasó por la
revisión de la guardia. Presos hubo que fallecieron con un recurso de
amparo pendiente. El Estado de Chile ha hecho del tiempo su
instrumento; no requiere decidir, le basta esperar.
A los ex uniformados que nos acompañan les hablo con
franqueza. Saben mejor que nadie el peso de esta espera, pues cada uno
carga con un compañero de armas privado de libertad, un nombre que
repasa a solas cuando revista en su memoria. El mismo Pinochet, al
despedirse del Ejército en 1998, agradeció a los seres queridos de sus
soldados, que "con su comprensión y apoyo también participaron en las
nobles tareas realizadas"; esas personas están sentadas a escasos metros
de este atril, y siguen participando, con la misma comprensión, en la
más ingrata de todas. Nadie juró a la bandera para acabar sus días en un
catre de Gendarmería. Que la lealtad aprendida en los cuarteles no se
haya resquebrajado en tan largos inviernos vale más que cualquier
condena.
Señor Presidente de la República: usted dijo hace unas semanas
que "nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel".
Esta Corporación recogió esa declaración con la seriedad debida. La
facultad de indultar le pertenece; la oportunidad, también. No se le pide
impunidad. Se le reclama que las penas de quienes ya superaron los
ochenta y los noventa años prosigan donde resulte digno cumplirlas, en
el hogar que levantaron, rodeados de los suyos, como la legislación lo
permite y la conciencia lo manda. Cinco senadores han ingresado, por
su parte, un proyecto de ley. Cualquiera de los dos caminos sirve; lo que
no admite excusa es el silencio, ya que cada semana de demora se mide
en funerales. Las promesas de campaña se pagan en actos, y ellos ya no
disponen de años para aguardar.
A los jueces les decimos que la posteridad también les tomará
cuentas, y que la norma que hoy se dobla contra un anciano será la
misma que un día le falte a otro ciudadano. A la clase política le
advertimos que esta patria padece enemigos reales, que matan,
secuestran y corrompen a diario, y que cuando las madres vuelvan a
formarse en la calle, esta vez clamando por orden, alguien tendrá que
acudir. Ojalá quede quien esté dispuesto.
Al despedirnos, un ruego concreto. Esta Corporación se sostiene
con sus miembros, y cada incorporación inclina un poco más la balanza
cuando toca hacerse oír en La Moneda, llenar una audiencia o escoltar a
una viuda al cementerio. Traigan a su gente, a los amigos que piensan
como nosotros y no se han atrevido aún a decirlo en público. Quien
ingresa no rubrica un formulario; recoge el relevo de los que ya no
pueden marchar. Quienes no pudieron venir necesitan que seamos más.
Volvamos a los ausentes. No pedimos olvido; el olvido sería otra
forma de injusticia. Pedimos que se cierre, de una vez, un capítulo
abierto desde 1973, y que quienes en su momento dieron un paso al
frente por Chile puedan expirar en su lecho, con la mano de un hijo
sobre la suya y voces amadas en la pieza de al lado, y no ante la mirada
de un gendarme. Mientras eso no ocurra, esta casa seguirá
pronunciando lo que otros callan: geriatricidio carcelario. Que cada
muerte entre rejas pese sobre quienes podían impedirla y apartaron la
vista. Ningún ministro de fuero debería dormir tranquilo al firmar
prórrogas sobre moribundos. Que Chile sepa que aquí no se implora
clemencia, se exige derecho; y que, hasta que el último de los nuestros
salga por una puerta con cerrojo, no bajaremos la voz ni soltaremos el
expediente. Aquel día de 1998, al dejar la comandancia, él pudo decir
"¡misión cumplida!". La que hoy nos convoca no ha concluido. Ellos
respondieron cuando Chile los llamó. Nos corresponde responder.
¡Viva Chile!
Carla Fernández Montero
Abogada
