En La Tercera de hoy se afirma, anticipando el contenido de la cuenta pública del presidente Kast: "...otra definición adoptada durante las últimas semanas: evitar anuncios destinados a satisfacer a los sectores más duros de la derecha".
Es que tenemos otro presidente amedrentado por el comunismo. De partida, en más de dos meses de gobierno no ha cumplido con poner término, pudiendo hacerlo, a la prevaricación confesa y desatada de jueces que han decretado la prisión ilegal de medio millar de exmilitares y civiles colaboradores (de los cuales ya más de cien han perecido entre rejas). Adicionalmente, los prevaricadores han sustraído ilegalmente al erario centenares de miles de millones de pesos durante diez años. Porque antes de eso se respetaba la ley.
Los exmilitares y sus colaboradores civiles libraron al país de los grupos armados de extrema izquierda que, desde la década de los '60, venían impunemente anunciando su propósito de tomar el poder por las armas. Lo intentaron desde el gobierno a partir de 1970 y como guerrilla después de 1973, enfrentándose al régimen militar convocado por la mayoría civil, a través de sus representantes en el Congreso, a poner término al mandato de Salvador Allende, devenido inconstitucional y dictatorial.
Como hay un sesgo presidencial en favor de la centroderecha contemporizadora y no debe olvidarse que bajo los gobiernos de Sebastián Piñera se presentaron mil de las mil 300 querellas ilegales contra exmilitares, los de la "derecha dura" a que alude La Tercera estamos pesimistas.
Parece que el prevaricato quedará impune. Agrava el cuadro la confesión del autor del ardid del "secuestro permanente", el sumariante Alejandro Solís, que confesó en "El Informante" de TVN, conducido por Juan Manuel Astorga, hace más de diez años, ante millones de telespectadores, que condenaba sin probar los delitos. Tal prueba es indispensable para derrotar la presunción de inocencia, siendo ésta un derecho humano esencial. Solís confesó que fingía los delitos. En esa oportunidad, para mayor claridad, expresó textualmente: "si yo no estoy diciendo que ésa haya sido la realidad"-
La propaganda marxista amedrenta al presidente y a la centroderecha con la amenaza de acusarlos de "liberar a autores de delitos de lesa humanidad", amenaza absurda, porque tales delitos no existían en nuestro ordenamiento en los años de lucha contra la subversión. Sólo existen desde 2009. Y la Constitución establece que nadie puede ser juzgado por un delito que no haya sido establecido con anterioridad a su perpetración.
Adicionalmente, la acusación es absurda, por que si se lee la ley de 2009, ella define los delitos de lesa humanidad como "ataques generalizados contra la población civil". Y éstos eran los que perpetraba la guerrilla al poner bombas matando pasajeros del metro, hacer estallar autos-bombas que quitaban la vida a transeúntes e incendiar buses con pasajeros o policías. En realidad, el Gobierno Militar, al neutralizar la guerrilla, hacía una "defensa generalizada de la población civil". Es decir, impedía los delitos de lesa humanidad.
Por cierto, lo que en derecho habría correspondido hacer al actual presidente habría sido, de partida, indultar a los centenares de víctimas de la prevaricación y, en uso de su atribución constitucional de "velar por la conducta ministerial de los jueces", haberse querellado ante la Fiscalía por los centenares de condenas ilegales, para después velar por una condigna indemnización a las víctimas de la delictiva conducta judicial.
Pero, dado que bajo este gobierno se han seguido perpetrando las mismas prevaricaciones y hasta han alegado abogados de su ministerio de Justicia en apoyo a una sentencia particularmente aberrante e inhumana (caso Manríquez), parece que nada puede esperarse de la próxima cuenta pública a este respecto y que la misma evitará "anuncios destinados a satisfacer a los sectores más duros de la derecha", que insisten en que en Chile debe volver a imperar la legalidad y restablecerse el estado de derecho.