La noticia del año en el orden judicial y sobre el tema de los juicios contra exmilitares por supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridas hace más de 50 años, no ha salido en ningún diario ni noticiero radial o televisivo. Y se produjo el 7 de julio último.
Esto porque, como dijera no hace mucho Evelyn Matthei, para los políticos "es un tema prohibido". Y lo es por una razón política: el principal impulsor de esos juicios fue Sebastián Piñera, presidente DC elegido con los votos de la derecha.
Los principales beneficiarios de la ilegalidad consagrada, que profitan de generosas indemnizaciones ilícitamente sustraídas al erario desde hace una década, son abogados de la izquierda marxista. Porque antes esa izquierda todavía no se había apoderado de los tribunales. A raíz de ello un grupo de abogados se han hecho millonarios en esta década. Ellos son los que descubren, proponen y gestionan los juicios ilegales.
La verdad histórica de los hechos dice que la guerrilla socialista-comunista fue fácilmente derrotada --a pedido de la mayoría popular representada en la Cámara el 22 de agosto de 1973-- por las fuerzas armadas y de orden, en menos de cuatro meses.
Pero ¿qué podía hacer o decir la izquierda si la derecha le había comprado todo el paquete ideológico y económico derivado de la falsificación de la historia de la guerrilla marxista? Nada. Sólo aprovecharlo, "pasar por caja" y cobrar. ¿Y qué podía decir la centroderecha si el principal persecutor de exmilitares y originador del lucro de los abogados marxistas había sido el presidente que ella eligió, Sebastián Piñera? Mirar para otro lado, en el mejor de los casos, o sumarse a la propaganda marxista, en el peor. Las dos cosas han sucedido.
Así la izquierda pudo imponer su relato sobre los acontecimientos. Lo cual le resultó fácil ante un adversario que se rindió sin luchar. Esto llegó a tanto que un destacado comandante en jefe del Ejército declaró públicamente en diciembre de 2004 que su Ejército había sido "responsable de todos los hechos punibles y moralmente reprochables del pasado".
"A confesión de parte, relevo de pruebas", dice el aforismo jurídico. ¿Y el marxismo, qué dijo? "De acuerdo", y empezó a encarcelar exmilitares y cobrar.
Como consecuencia, 500 de ellos y colaboradores civiles de inteligencia han sido condenados, en unos remedos de procesos, mediante un artificio falso, que ideó un juez de extrema izquierda cuyas actuaciones ilegales le habían sido ya observadas al Poder Judicial por la Junta de Gobierno desde los años 70. El entonces presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia, les había respondido que "ellos se harían cargo del problema". Cosa que no hicieron, pues ese juez llegó en los 90 a ser ministro de Corte y sumariante en juicios de derechos humanos ilegales, mediante un artificio de su propia invención, el "secuestro permanente". El mismo autor del artificio confesó en 2015 ante las cámaras de El Informante, de TVN, dirigido por Juan Manuel Astorga, que todo era ficticio, no probado, inventado por él: "Yo no estoy diciendo que ésa haya sido la realidad", tuvo que confesar.
Ahora los condenados por "ficciones jurídicas" son ancianos octogenarios y nonagenarios que están falleciendo cada tantos días tras las rejas, con todos sus derechos humanos a un debido proceso y a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes violados por la Gendarmería de Chile, la cual supuestamente está subordinada al actual gobierno. Pero, como Evelyn, a nombre de los políticos piñeristas, ha confesado y, como otros políticos como José Antonio Kast lo han ratificado con su total indiferencia, para ellos es "un tema prohibido". Y entonces "que se mueran todos." "Solución final" hitleriana.
Pero a alguien le importa mucho este verdadero "geriatricidio", asesinato masivo de ancianos en condiciones inhumanas, como lo ha bautizado la abogada penalista Carla Fernánez Montero, única persona que se ha jugado profesionalmente por denunciar y perseguir el "geriatricidio". Ella no oculta su identidad política, pues ha aceptado presidir la "Corporación 11 de Septiembre.
Y ella ha interpuesto cuatro querellas, patrocinando a igual número de exmilitares, contra un ministro sumariante de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, que ha hecho escarnio público de la juridicidad y del derecho por muchos años, condenando impunemente sin pruebas a exuniformados.
Carla Fernández Interpuso las querellas ante el tribunal competente y éste, sorprendentemente, respetó la ley y la acogió a tramitación. Mesa Latorre no lo podía creer. Hace más de diez años viene prevaricando con entera impunidad y amplia publicidad, siempre yendo un paso adelante de otros jueces prevaricadores. Pues ha condenado por "el delito de haber sido militares", de su exclusiva creación.
Ante la querella, Mesa interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones. Como ha escrito Carla Fernández, "la herramienta que la Constitución creó para proteger a las personas frente al poder, empleada esta vez para blindar al poder frente a las personas".
"Nadie apostaba por estas querellas", continúa Carla Fernández, añadiendo: "Querellar a un ministro de Corte en ejercicio, por la forma en que dictó sentencia, era de esas causas que la profesión entera da por perdidas antes de empezar: el querellado integra el tribunal que califica a la jueza que debía admitirlas, su Corte completa debió inhabilitarse porque el imputado era uno de los suyos; y su defensa quedó en manos de la Defensoría Penal Pública --institución creada para defender a quienes no pueden pagar un abogado-- que desplegó al Defensor Regional de la Araucanía ante el Juzgado de Garantía y a tres profesionales de su Unidad de Corte ante la Corte Suprema. Del otro lado, una abogada sola. No les resultó. Cayó (el recurso) en Valdivia. Apeló ante el máximo tribunal. Ayer cayó también ahí".
Fue la noticia del día 7 de julio y también del año. Pero ningún medio importante la publicó. ¿Qué nos dice eso del estado actual de nuestra prensa, de nuestra política y de nuestra sociedad?
Pero lo sucedido es una luz al final del túnel. Apenas una, pero luz al fin.
