PERFIDIA

Me refiero a la pérfida carta a El Mercurio de hoy del periodista DC Abraham Santibáñez, haciendo imputaciones canallescas e inaceptables al Gobierno Militar. Son un reflejo de la duplicidad en la conducta del partido a que pertenece, principal incitador de la intervención militar en 1973 y después, en 1991, peor cuchillo de quienes acogieron su llamado.

Los asesinatos de Lonquén, perpetrados en 1973 por carabineros rasos y civiles de la zona, en venganza por conductas, durante la UP, de una familia pro-UP, fueron actos de venganza absolutamente desconocidos hasta para el propio comisario de Lonquén, que había recibido la circular de Pinochet a "todas las unidades" del país en orden a respetar los derechos humanos. Si ni siquiera el comisario supo de los crímenes, mucho menos la Junta. 

El siguiente párrafo de Santibáñez es especialmente pérfido:

"El ministro Bañados permitió que se rompiera definitivamente el secreto oficial impuesto en horrendos crímenes de lesa humanidad".  

¡Secreto oficial impuesto! Completamente falso y malévolo.

Lamentable conducta la de plegarse a la estrategia comunista para desprestigiar a quienes salvaron a Chile del régimen totalitario y lo convirtieron en ejemplo de prosperidad y democracia.

AUDACIA PARA DECIR LA VERDAD

El gran éxito publicitario de la izquierda deriva de que ella tiene audacia para mentir. La mejor defensa de la derecha, dado que nuestros valores nos vedan mentir, consiste en ser audaces para decir la verdad.

La verdad fue que la noche del 15 de octubre de 1973 la Comitiva del general Arellano estaba en Santiago, tras su gira al sur, y se aprestaba a partir al día siguiente hacia La Serena.

Esa misma noche, en Copiapó, partía un camión del regimiento local con 13 presos en dirección a La Serena. El abogado que defendía al más anciano de éstos ante el Consejo de Guerra había dicho al comandante del regimiento local, Óscar Haag, que su cliente temía un intento de fuga que él consideraba suicida y por eso pedía ser trasladado. El comandante resolvió entonces enviar a los presos a La Serena, que tenía una cárcel más segura. Se dispuso un camión Panam bajo la responsabilidad del capitán Patricio Díaz Araneda, un conductor y soldados vigilantes. Todos fueron embarcados la noche del 15. Cerca de la una de la madrugada el camión tuvo una pana eléctrica en la cuesta Cardones y se detuvo. Mientras los militares procuraban subsanar el desperfecto, habiendo dejado a un soldado vigilando a los presos, éstos lo arrojaron del camión y emprendieron la fuga. Díaz hizo un tiro al aire conminándolos a detenerse, pero como no lo hicieron ordenó abrir fuego. Los 13 resultaron muertos.

El camión regresó con los cadáveres a Copiapó, donde, en la mañana del 16, el comandante Haag ofició al cementerio local para que preparara 13 sepulturas para los caídos. 

Un cuarto de siglo después el abogado y diputado comunista Hugo Gutiérrez interpuso una querella contra el general Pinochet, entonces senador designado, y contra Arellano y su comitiva por esas muertes. El ministro sumariante Juan Guzmán, contrariando toda legalidad, los encargó reos por, entre otras, las muertes de Copiapó, desatendiendo también las pruebas de que la comitiva se encontraba en Santiago. Entre las evidencias condenatorias el juez acompañó una página del libro más vendido en esos años, "Los Zarpazos del Puma", de Patricia Verdugo, donde aparecía una fotocopia del oficio del capitán Díaz, pero con fecha 17 de octubre, es decir, un día después de los hechos. Esa evidente falsificación le permitía culpar a la comitiva de Arellano de las muertes. Lo que a su turno hizo el ministro Guzmán. Peor en el mismo libro de Patricia Verdugo, una página antes, reproduce el oficio del comandante Haag al cementerio local solicitando 13 sepulturas para los muertos en la noche del 15 al 16. Yo escribí eso en El Mercurio cuando estaba viva Pätricia Verdugo y ella nunca explicó la contradicción evidente.

El miembro de la comitiva Armando Fernández Larios está hasta hoy residiendo en los EE. UU. Los familiares de uno de los caídos en la noche del 15 al 16 de octubre, se querelló en los EE. UU. contra Fernández Larios, que tenía la calidad de testigo protegido por el gobierno norteamericano. El Mercurio del 28 de enero último informa que, para poner término a ese proceso, Fernandez Larios debió pagar cuatro millones de dólares. Una suma enorme, para evitar ir a prisión, siendo inocente.  

En días pasados se ha informado que, entre un grupo de chilenos que será expulsado esde EE. UU. de vuelta a nuestro país está Armando Fernández Larios. Había confiado en los EE. UU. Pero ahora Punta Peuco lo espera.

Entre los comandantes en jefe posteriores a Pinochet hubo uno, Ricardo Martínez, que preparó un libro acusatorio contra el mismo Pinochet, afirmando que éste envió a la comitiva de Arellano a cometer crímenes, pero buscando culpar a los comandantes de regimientos locales. Y lo fundaba en el caso de Copiapó. Logró colocar la obra en el sitio web del Ejército. El sucesor de Martínez y actual comandante en jefe ordenó retirarlo de la página web del Ejército, vista la falsedad de su fundamento.

Pero el anterior rector de la Universidad Católica, Héctor Sánchez, que no desperdiciaba oportunidad para injuriar al gobierno militar, prestó el aula magna de esa  casa de estudios para presentar la obra denigratoria de Ricardo Martínez.

En ese tiempo estaba aún libre Jaime Manuel Ojeda Torrent, un oficial retirado particularmente leal y valiente, quien subió al podio del aula magna de la UC en la presentación del falso libro de Martínez y acusó a éste de traición al Ejército. Debió recurrirse a carabineros para sacar al valiente Ojeda del evento. Todo eso fue muy publicitado.

Con los meses algún juez prevaricador extendió una orden de aprehensión contra Ojeda Torrent por algún hecho de hace 53 años y éste decidió ocultarse. Entiendo que no ha sido habido hasta ahora, pero el país perdió a un grande y valiente defensor de la verdad histórica en las calles.

Si se concreta la expulsión de Fernandez Larios desde los EE. UU., caerá en manos de algún prevaricador nacional que lo hará responsable de muchas cosas y entre ellas de un inexistente e imaginario "secuestro permanente" de los caídos en fuga en Copiapó cuando él estaba en Santiago.

La audacia y la mentira de la izquierda habrán conseguido otro triunfo canallesco.

Pero más temprano que tarde en Chile llegará la hora de la verdad.

FERNÁNDEZ LARIOS Y LA VERDAD

Una amplia crónica de Lilian Olivares en El Mercurio dice que el exoficial será expulsado de Estados Unidos y deberá volver a Chile "a enfrentar la justicia 39 años después".  Si Lilian hubiera leído mi libro, best-seller en 2001, "La Verdad del Juicio a Pinochet", su crónica habría sido más verídica. 

Pues Fernández Larios fue parte de la comitiva del general Arellano en octubre de 1973. En 1987 se radicó en los EE. UU. y trabajó exitosamente en el sector inmobiliario, pero le sucedió algo increíble: fue acusado en ese país por la muerte de Winston Cabello, junto a otros doce presos, el 16 de octubre de 1973 en la cuesta Cardones, en el trayecto de Copiapó a La Serena, durante un intento de fuga del camión que los trasladaba y que se había quedado en pana.

Pero está comprobado que la comitiva de Arellano estaba en Santiago en la madrugada de ese 16 de octubre. Fernandez Larios no podía ser culpado de una muerte en Copiapó esa noche.

Pero ya en Chile el juez Juan Guzmán lo había culpado de las 13 muertes, basado, lo dice en la sentencia, en el libro "Los Zarpazos del Puma", de Patricia Verdugo. Fue el mayor best-seller de su tiempo. Pero cómo ¿no había dictadura en ese tiempo? Es que nunca hubo prohibición de publicar libros. Siempre se pudo publicar los que se quisiera. Y en la página 151 de "Los Zarpazos del Puma" se dice que la muerte de los 13 ocurrió en la madrugada del 17 de octubre. La comitiva había llegado el 16 a Copiapó. 

Es raro que en un juicio se cite un libro tan políticamente sesgado, pero bajo los gobiernos de las Concertación y su justicia no era raro. Tanto que la página 151 del libro era parte del proceso y ahí estaba el oficio del capitán Patricio Díaz Araneda diciendo que esa madrugada habían tenido lugar los fusilamientos, lo que permitía culpar a la comitiva y a Fernández Larios.

Pero eso tenía un problema: que el mismo libro de Patricia Verdugo, en la página anterior, la 150, citaba el oficio del comandante del regimiento, Oscar Haag, al director del cementerio local, con fecha 16 de octubre, pidiéndole preparar trece fosas para inhumar igual número de cuerpos. Eso probaba que las ejecuciones tuvieron lugar en la madrugada del 16, cuando la comitiva estaba todavía en Santiago.  

Esta contradicción la hice ver en mi columna de El Mercurio en 2000 y la autora de "Los Zarpazos..." nunca me rectificó. Y el tribunal norteamericano parecía acoger la tesis de la culpabilidad de Fernández Larios y éste, afirma Lilian Olivares, tuvo que pagar US$ 4 millones a la sucesión de Winston Cabello, en cuya muerte no había tenido ninguna participación, porque ocurrió entre Copiapó y La Serena cuando él estaba en Santiago.

Ahora los EE. UU. anuncian la expulsión de Fernández Larios y su retorno a enfrentar a la justicia local, para la cual no rigen la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada, las reglas reguladoras de la prueba ni nada que huela a "estado de derecho".

EJERCICIO GENERAL DE HIPOCRESÍA

Me niego a participar en el ejercicio general de hipocresía de condenar a la ministra Vivanco, de la Corte Suprema, acusada de fallar una causa para obtener un beneficio económico personal, en circunstancias que por veinte años la misma Corte Suprema ha cohonestado la conducta de contravenir la ley para generar beneficios económicos ilegales a expensas del erario.

La única diferencia entre ambas situaciones es que en el caso de la ministra Vivanco hay evidencias de que la beneficiaria sería ella y en los juicios de derechos humanos no sabemos exactamente cómo se reparten las millonarias indemnizaciones que crónicamente se obliga a pagar al fisco, a raíz de fallos apartados de la legalidad. 

Es posible que la sentencia en la causa en que intervino la ministra se haya ajustado a derecho, porque el delito que se le imputa a ella es haber actuado cobrando una suma por garantizar un determinado resultado con su voto, pero no se ha acreditado que ese resultado haya sido objetivamente contrario a derecho.

En cambio, en las causas sobre derechos humanos, el autor de la triquiñuela que permite burlar leyes expresas y vigentes, para extraer una indemnización a expensas del erario, ha confesado públicamente que se trata de una ficción, añadiendo ante las cámaras: "Yo no digo que ésa haya sido la realidad". Es decir, confesó que, más allá de la verdad, se trataba de una estratagema para sustraer recursos al fisco.

¿Es honesto escandalizarse por una jueza que lucra con un fallo, sin que se sepa si está o no ajustado a derecho, habiendo dejado pasar sin decir nada más de mil fallos que también generan un lucro, pero que se confiesan positivamente contrarios a derecho?

¿Es justo no decir nada cuando asciende a la Corte Suprema un juez que transformó una "muerte en combate", en 1974, de la cual se enorgullecía el hijo del asaltante de bancos, ME-O, en un "asesinato". Ese juez lo hizo tras fabricar, medio siglo después, otro juicio completamente ilegal, llevado a cabo a enorme distancia de los hechos, con resultado de una millonaria indemnización para el mismo ME-O? Este la recibió a sabiendas de que no era procedente, pues su padre, según él mismo había reconocido, murió en combate.

La podredumbre judicial tiene muchos años y no pueden escandalizarse de ella los mismos que, cuando comenzó el ejercicio del lucro obtenido violando la legalidad, con el añadido de 500 personas que son presos políticos, pues sufrieron la pérdida ilegal de su libertad, no dijeron nada y se limitaron a mirar para otro lado.

NO HAY QUE PEDIRLE PERAS AL OLMO

Los que votamos por Kaiser por algo lo hicimos, en lugar de votar por Kast. Si se fundó un partido a la derecha del republicano por algo fue. Y fue a raíz del desfallecimiento de José Antonio Kast quien, tras conseguir su partido situarse como el más grande del país, gracias a haber sido el único opuesto a una nueva Constitución, se cambió de bando en 2023 y se pasó al de Piñera y Boric, partidarios de una nueva Constitución.

Esto está descrito en mi penúltimo libro, titulado "Trampantojo" siguiendo al autor de la idea del segundo proceso, el rector-columnista Carlos Peña. Motejó así la propuesta republicana en su memorable columna de arrepentimiento del 20 de octubre de 2023. Es decir, el padre de la criatura decidió desconocer su paternidad cuando vio a la guagua y ésta no le gustó. 

Ya iban dos "vueltas de chaqueta", las de Kast y Peña. Vendría una tercera, del propio Boric, a quien tampoco le gusto el "trampantojo".

En éste venía incluido un capítulo adoptando la errada idea de que había un "cambio climático antropogénico" y avalando la política energética de Bachelet y Piñera conducente a reemplazar la generación eléctrica a carbón y combustibles fósiles por otra basada en "energías renovables no convencionales", como la eólica y la solar, supuestamente "limpias".

Douglas Pollock ha probado que la generación de CO2 no es un problema ni incide en la temperatura del planeta. Y las ERNC generan energía más cara, como lo podemos certificar los consumidores. Pollock acaba de publicar un libro reafirmando su tesis.

Kast ha nombrado como ministra de Energía a la exsenadora Ximena Rincón, cuyo partido "Demócratas" se ha escindido de la DC. Seguramente será continuadora de las políticas de Bachelet y Piñera que nos han encarecido la energía y nos tienen con la cuarta electricidad industrial más cara del planeta.

Yo, siguiendo a Pollock, he hecho ver el absurdo de las políticas energéticas actuales y he comprobado que el presidente Trump, en el foro de Davos, ha destacado que China se haya convertido en el mayor productor de torres eólicas y paneles solares ¡gracias a que no los usa en su generación eléctrica! Pollock ha revelado que China, en conjunto con la India, han construido 90 nuevas centrales a carbón de las mismas que se han cerrado o impedido ("Barrancones") en Chile.

Este es un aspecto negativo de las políticas del nuevo gobierno chileno, aunque no alcanza a opacar sus propósitos positivos. De hecho, se produjo la paradoja de que, cuando Boric anunció que iba a tomar la riqueza de los chilenos y redistribuirla, los poseedores de ella, en pánico, llevaron el dólar a más de mil pesos (2022) lo que generó una inflación del 11 por ciento. Esto castigó la popularidad de Boric. Ahora el futuro gobierno ofrece bajar impuestos y dar garantías a los inversionistas y el dólar ha caído cien pesos ($869 a la fecha de hoy), lo cual generará una baja de la bencina y la consiguiente caída de los demás precios. Esto mejorará las remuneraciones reales de los trabajadores y su bienestar.

Lo cual significará un oportuno respaldo para Kast este año de una mayoría asalariada que verá aumentado su bienestar gracias a la confianza de los inversionistas, que han dejado de refugiarse en el dólar. Pero las malas políticas energéticas seguirán en vigor, constituyéndose en, posiblemente, el aspecto más negativo del programa de la administración entrante. 

Kast se mostró porfiado en su error de apoyar la nueva Constitución. No creo que recapacite en su programa energético. No hay que pedirle peras al olmo. Pero por lo menos no amenaza a los inversionistas. Eso ya es algo.

BUEN GABINETE CON EXCEPCIONES

Pienso que el de Kast es el mejor gabinete desde 1990, con excepciones. Las áreas fundamentales quedan en manos confiables. En la económica, Cancillería, Seguridad, Obras Públicas, Justicia, Defensa y Educación hay personalidades inobjetables a la cabeza. 

En Salud he criticado en X la designación de la doctora que encabezó una investigación sesgada y basada en injustas apreciaciones históricas acerca del gobierno militar, pero ello no obsta a que sus habilidades en el campo de nuestra salud pública desastrosa le permitan adoptar medidas adecuadas. En el primer gobierno de Piñera hubo un eficiente director de Fonasa que, con medidas racionales valientes y simples, ahorró enormes cantidades de recursos que se dilapidaban. De eso se trata, por ahora. Por ejemplo, que en el siguiente paro de la salud los que no vayan a trabajar sean despedidos, como en derecho corresponde.

Las designaciones más objetadas recaen en personas como el futuro ministro de las Culturas y el Patrimonio, El designado Francisco Undurraga toda su vida ha desplegado un abanico de preferencias valóricas que chocan frontalmente con las de Kast y sus partidarios, como las referidas al aborto, al matrimonio homosexual, a la intervención escolar temprana en la sexualidad de los niños. Su designación ha sido otro "desmayo" de José Antonio Kast. Por uno anterior surgieron, a la derecha de él y de los Republicanos, otro candidato y otro partido realmente de derecha y sin desmayos.

Asimismo, nuestra primera preferencia no habría sido, en la cartera de Energía, Ximena Rincón, que tanto papel tuvo en deteriorar la actual Constitución para hacerla más vulnerable, en circunstancias que los de derecha a secas queríamos reafirmarla. Con Ximena Rincón se aleja la posibilidad, divulgada por Douglas Pollock, de mejorar nuestra matriz energética, deteriorada bajo los gobiernos de Lagos, Bachelet II y Piñera, que nos tienen pagando cuentas de luz más caras y nos han llenado de "impuestos verdes", para solucionar un "no problema", como ha probado Pollock. Mientras, por razones políticas sin base, se ha vedado la construcción de Hidroaysén, que nos habría entregado energía limpia y barata. 

La designación, en cambio, de Jaime Campos, exministro radical de Bachelet y Lagos, se justifica porque él exhibe en su hoja de vida méritos que valoramos, como el haber impedido el cierre de Punta Peuco para mandar a los Presos Políticos Militares a hacinados penales comunes; y también por haber obstaculizado la peregrina idea de la presidenta de dictar una nueva Constitución. Buen nombramiento remuneratorio. La derecha es agradecida, 

Pero tengo un agregado qué hacer: le temo a la reminiscencia piñerista, con un ministro del Interior que fue también ministro de Piñera, que se rindió ante la violencia y nunca usó sus atribuciones para combatir la subversión y el vandalismo. Eso siembra dudas frente a la inminente violencia de la izquierda. No está garantizada la energía necesaria.

Para resumir, creo que el nuevo gobierno representará un gran cambio positivo. El gabinete aporta las capacidades necesarias para que relancemos, a partir de 2026, "los segundos mejores 30 años", tras los primeros de 1985 a 2015, generados gracias último gabinete de Pinochet.

DOS CHILES

El fallo que absolvió y liberó de la persecución judicial al teniente coronel Claudio Crespo representó un retorno al sentido común, como lo escribí en mi columna anterior.

Pero eso vino acompañado de una señal de alarma: una encuesta, publicada por El Mercurio del viernes, revela que el 55% de la opinión pública aprueba el fallo y un 45% lo rechaza.

Es alarmante para la normalidad de la vida interna un 45% de ciudadanos opinando que el teniente coronel Crespo debió ser condenado.

Ese 45 % está al mismo nivel de descriterio que el presidente Gabriel Boric, que públicamente ha expresado su disgusto con el fallo, añadiendo que Crespo "le sacó los ojos" al violentista de la primera línea Gustavo Gatica, hoy diputado comunista electo con alta votación.

Adoquín en mano y en medio del lanzamiento de otros proyectiles y bombas molotov a la policía, Gatica ponía en riesgo directo a los carabineros. Éstos impedían a los subversivos perpetrar más saqueos, incendios y destrucción de propiedad pública y privada. 

Era un movimiento revolucionario al mismo estilo de los registrados periódicamente en 1934, 1949, 1957, 1969 y los diecisiete que fueron sofocados entre 1983 y 1987, estos últimos al amparo de la progresiva apertura a la plena democracia que contemplaba la Constitución. Pero esos conatos duraron un día, salvo el de 1957 que duró dos, y al cabo de los cuales no se terminó el gobierno constitucional, sino que todos cesaron y en 1988, particularmente, se hizo pública la impopularidad de los conatos. Pinochet y los demás gobiernos anteriores, salvo el de Salvador Allende, que promovía la violencia revolucionaria, siempre habían hecho uso de los recursos necesarios para vencer a la criminalidad. Piñera fue una excepción, pues sus abogados del ministerio del Interior estaban dedicados a perseguir ilegalmente a exmilitares y no a defenderse de la guerrilla comunista, y por eso estuvo a punto de caer. Derivada de esa obsecuencia y debilidad se presenta ahora esta absurda situación del "ladrón detrás del juez", con policías acosados por el Instituto de Derechos Humanos financiado por el gobierno para proteger terroristas y el Consejo de Defensa del Estado accionando contra los carabineros, financiados por los contribuyentes para hacer todo lo contrario. Para no mencionar fiscales dedicados a imputar a los guardianes del orden un delito que está sólo en su imaginación (habitual en juicios contra exmilitares): "apremios ilegítimos".

Entre la postura de las fuerzas de orden y las de la guerrilla había y hay un océano moral de diferencias: los defensores del orden están ahí obligados por la naturaleza de su función y cumpliendo una orden superior; los guerrilleros están ahí usando la violencia para subvertir el orden, al servicio de una causa que ha generado más de 100 millones de muertos, a partir del primer golpe bolchevique en la Rusia de 1917 ("Libro Negro del Comunismo").

Crespo era el agredido; Gatica el agresor. El primero defendía la legalidad, el segundo la atropellaba.  Crespo veía su vida amenazada, Gatica sabía que si no lanzaba peñascos ni molotov tenía garantía de completa tranquilidad. El primero representaba la legalidad democrática, el segundo la arremetida totalitaria, El primero podía exhibir una vida de servicio público abnegado, sobre todo desde el mismo 18.10.19. Gatica era instrumento de grupos violentos históricamente conocidos. Crespo representaba el mantenimiento de la paz interna. Gatica el imperio de la fuerza ilícita, por naturaleza contrario al estado de derecho.

Es alarmante que un 45 % de los chilenos no esté de acuerdo en que Crespo prestaba un servicio y Gatica era una amenaza que se buscó su destino.

Ese 45 % es el resultado de muchos años de ocultamiento de la verdad histórica, de llamar bien al mal. En este país se pagan  pensiones generosas a los protagonistas de la violencia, Lagos pensionó a prácticamente todos (28 nil) que habían sido interrogados por sus nexos con el terrorismo.

Los violentos se han apoderado del "relato". Éste ha matado al dato, que es la mejor convivencia entre chilenos de toda nuestra historia (1985-2015). Mientras un 45 % avale la acción ilícita y niegue garantías al ejercicio legítimo de la fuerza para preservar la libertad y la democracia, no podremos sentir que en Chile el régimen democrático tiene solidez. 

Crespo procurará cubrir los gastos de su defensa, abandonado por su institución. Gatica se apresta a cobrar diez millones de pesos al mes como diputado comunista.