Puente Chacao y Tren al Puerto Gratis: ¡NO!

Hace menos de veinte años una firma canadiense asesorada por el exingeniero de Obras Públicas René Fischmann, que había construido en Chile todos los puentes que no se han caído, ofreció hacer el puente sobre el canal de Chacao, sin costo para el erario, a cambio de darles autorización para instalar bajo el puente generadores de electricidad mareomotrices, es decir, impulsados por las corrientes marinas. La planta generadora sí debía financiarse y produciría el 50 % de la electricidad que generaba el Sistema Interconectado Central. El puente saldría gratis. Fischmann me dijo en esos años que el ministerio no había tomado en cuenta su propuesta. Extraño, porque el ministro del primer gobierno de Bachelet había desechado la idea del puente Chacao por estimarlo demasiado caro.

Por ese mismo tiempo me convidó a tomar desayuno a su casa, a las ocho en punto, el empresario alemán, naturalizado chileno, Guillermo Schiess. Llegué un poco atrasado, es decir, "a la chilena", y después del desayuno me convidó a ver una película de un tren monorriel elevado alemán. La firma dueña del tren estaba dispuesta a construir una línea Santiago-Valparaíso, partiendo del centro, con estación en la Costanera Norte y la Ruta 78, y también en María Pinto, Curacaví y Casablanca y llegando en poco más de una hora al puerto. Requería sólo expropiaciones para instalar los postes de la vía elevada. El financiamiento lo aportaban los alemanes. 

Lo malo, me dijo, era que el ministerio no le contestaba nada.

Dejo constancia de todo lo anterior porque, sin desembolsar el fisco un peso, podríamos haber tenido ya el Puente Chacao y el tren a Valparaíso gratis y funcionando.

Era cuestión de darles permiso. Parece que a los chilenos nos cargan la cosas gratis.

LAS TORTURAS DE TOMÁS MOSCIATTI

Hace cuatro años yo escribía lo mismo que voy a escribir ahora, a raíz de una entrevista de Tomás Mosciatti, entonces a José Antonio Kast, que era mi candidato presidencial: y ahora escribo por su entrevista a Johannes Kaiser, que es mi actual candidato presidencial. La situación de ahora fue calcada de la otra.

Normalmente Tomás Mosciatti arremete contra políticos de todos lados. Suele tener acopio de antecedentes. Pero en los casos de mis candidatos presidenciales no, pues sólo se ha hecho eco de denuncias falsas. 

Por supuesto, he visto que el rating de sus entrevistas agresivas es altísimo, del orden de 500 mil visitas, cifra que no alcanza ningún otro protagonista de videos ni de tik tok.

Pero en los dos casos de mi interés ha arremetido contra el respectivo entrevistado sin dejarlo replicar y como si el tema de la tortura se hubiera originado en Chile durante el gobierno militar, en circunstancias en que venía de los dos regímenes anteriores, los de Allende y Frei Montalva, aunque fue sólo bajo el gobierno militar que por primera vez fue perseguida judicialmente y castigada.

Consideré abusivo el trato de Mosciatti a ambos candidatos, pero además no parecían documentados sobre el tema.

Como yo lo estoy, si se presenta de nuevo la oportunidad, ante el atropellador estilo del entrevistador, los candidatos de derecha, al primer respiro que les dé Mosciatti, deben responder:

"La tortura bajo Allende fue sistemática. Y pública. Tanto que el 23 de febrero de 1972 El Mercurio publicó in extenso las que le infligió el subdirector de Investigaciones de Salvador Allende, el comunista Carlos Toro, al presidente de la Juventud Nacional, Juan Luis Ossa, en un sillón electrificado del cuartel de Investigaciones de Rancagua, hasta dejarlo exánime. ¿Y qué pasó? Nada. Allende ni siquiera rectificó a El Mercurio ni se dio por aludido. 

"Al año siguiente y con razón el Acuerdo de la Cámara, que llamó a los militares a destituirlo, lo hizo, entre otras razones, por los apremios ilícitos sistemáticos a opositores pacíficos.

"Y antes, bajo Frei Montalva, el 8 de agosto de 1970 cien abogados de izquierda denunciaron, en un grueso volumen publicado por la revista Punto Final, las torturas de la policía a elementos de izquierda, entre ellos a la profesora Magaly Honorato, que murió a raíz de esos tormentos".

Cuando en 1989, en un programa de televisión entre candidatos a senadores, yo le enrostré a Ricardo Lagos que él estaba entre los firmantes de esa denuncia contra sus aliados DC en la Concertación, replicó que no había firmado él sino un "detenido desaparecido" llamado Ricardo Lagos Salinas. Pero no era verdad.

Pues un partidario mío fue a la Biblioteca Nacional y corroboró que la denuncia la había firmado Lagos Escobar. Lo aclaré esa misma noche en el noticiario central de TVN.

A lo mejor eso le costó algunos votos, porque sorpresivamente fue superado por Jaime Guzmán, quien resultó electo. Lo cual dejó a Ricardo chupándose "el dedo de Lagos" hasta que fue nombrado ministro de Educación de Aylwin al año siguiente. Desde ahí compró aulas tecnológicas con sobreprecio en España, en un episodio que denunció la Contraloría General de la República en los '90, pero nunca se aclaró.

Entonces, cuando a un futuro candidato de derecha Mosciatti intente de nuevo avasallarlo con las supuestas torturas bajo el gobierno militar, que le conteste lo anterior, a lo cual no va tener cómo replicar.

TRIUNFO COMUNISTA SIN CARISMA

Los comunistas son apenas el cinco por ciento del electorado y justamente por eso se oponen a la reforma política, pues ésta contempla un umbral de cinco por ciento para poder existir como partido y ellos así quedarían al borde de la extinción.

En todas partes han sido minoría, pero en muchas se han quedado con todo el poder. Gracias a su violencia, su disciplina y su infinita capacidad de mentir y repetir consignas hasta el cansancio, sabedores de que "una mentira mil veces repetida pasa a ser verdad", según el aserto de su "mentor" para estos efectos (pues capturaron en Berlín todos los archivos del nazi Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Adolf Hitler.)

En la primaria del domingo votó apenas el 9 por ciento del padrón. En cifras redondas, un millón cuatrocientos mil de un total de más de 15 millones de electores.

Pero, a diferencia de los otros, los comunistas fueron todos a votar. Así su magro cinco por ciento dominó la situación. Como siempre, desde que los bolcheviques eran minoría en la Duma rusa, pero terminaron quedándose con todo el poder.

Entonces, del millón cuatrocientos mil votos del domingo, 750 mil eran "todos los comunistas" que disciplinadamente fueron a sufragar. No podían sino ganar. Al final, de 840 mil votos que obtuvo Jeannette Jara, 750 mil eran los de su partido.

Son una secta. Obedecen ciegamente. ¡Qué carisma de Jara ni qué ocho cuartos! 

En estos días se han dado filmaciones de los actos de incorporación a la secta de sus militantes. Son como el juramento a la bandera en las fuerzas armadas. Hasta juran morir por el partido. Son fanáticos. Como decía Lenin, "si los hechos no coinciden con lo que dice el partido, peor par los hechos". Si tienen que mentir, lo hacen sin que se les mueva un músculo de la cara. Como Jeannette, la impávida. 

El domingo fue para ellos un ejercicio de disciplina más en la conquista del poder total, siendo una minoría. Porque son maestros en eso. Siempre fueron minoría donde finalmente se quedaron con todo el poder. Aunque algún ministro tuviera que caerse por la ventana (defenestración de Masaryk en Checoslovaquia, en los años 40). 

¿Su secreto? La disciplina. El domingo eran minoría, pero todos fueron a votar y ganaron por mayoría. En los números, otros partidos, PPD y PS, eran muchos más que ellos. Pero no fueron a votar y perdieron.

¡Córtenla con lo del carisma y practiquen lo que sirve: disciplina a la hora de ir a votar!

TODO MARCHA DE ACUERDO A LO PREVISTO

Los cerebros más lúcidos del sector tenían pensado sumar votos de derecha en la primaria de la izquierda, para favorecer a la candidata comunista Jeannette Jara y conseguir que ella triunfara. 

De ese modo, reflexionaban, si en la primera vuelta presidencial no pasaran a la segunda dos candidatos de derecha, sino uno solo, la otra postulante sería la candidata comunista.

Como la mayoría popular es contraria al comunismo, según todas las encuestas, ello aseguraría el triunfo del candidato de derecha.

En la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo de 2023 el Partido Republicano se benefició mucho, justamente, por aparecer como el único de derecha y opuesto a una nueva Constitución. Johannes Kaiser era diputado de ese partido.

Pero después vino la inexplicable y todavía inexplicada deserción de su jefe máximo, José Antonio Kast, que se pasó al "Acuerdo por Chile" de Piñera y Boric para hacer una nueva Constitución. 

La verdadera derecha se sintió traicionada. El diputado Kaiser, de una sola línea y que permaneció leal a la postura contraria, se vio forzado a renunciar a la colectividad y formó otra representativa de las posiciones de derecha, que se constituyó como Partido Nacional Libertario. 

Reunió prestamente casi 50 mil firmas. Es el único respetuoso del legado del gobierno militar, reconocido en su Declaración de Principios. Precisamente, similar texto retiraron apresuradamente de las suyas, en los 90, RN y la UDI, a instancias de Sebastián Piñera, empeñado en llevárselos a la izquierda. Y los Republicanos no se atrevieron a incluir ese reconocimiento en su Declaración de Principios. Por eso yo finalmente no firmé por ese partido, pese a haber llevado gente a notaría cuando pensaba que iba reconocer el legado de Pinochet.

Y, por tanto, hoy el Partido Nacional Libertario y su candidato Kaiser son los únicos en condiciones de reeditar "los mejores 30 años de la historia de Chile" y mantener una sola línea. Nunca "se han dado vuelta la chaqueta". 

Eso es lo que quiere recuperar la mayoría de los chilenos. Mayoría que no se interesa por la política pero, obligada por ley a votar, cuando lo hace aplica el sentido común y elige la libertad, autoridad y orden, como imperaban en Chile el 11 de marzo de 1990 y nos ponían a la cabeza de América Latina.

El resultado de ayer indica que, hasta el momento, todo marcha según lo que se ha planificado y Chile elegirá entre eso y un futuro con la particular democracia de Cuba que nos ofrece, con gran encanto, Jeannette Jara.

EL VALOR DE LA INTEGRIDAD

El "fenómeno Dorothy Pérez" revela mucho del problema moral que afecta al Chile actual, porque sus actuaciones en el sentido de respetar y hacer respetar la ley han sido juzgadas como algo extraordinario, excepcional  y digno de encomio, siendo que debería ser conducta normal y corriente de todo el mundo. 

 A mediados de siglo XX hubo otro Contralor General de la República, llamado Humberto Mewes, que se distinguió también por su apego a la legalidad. Recuerdo que, cuando hubo quienes quisieron homenajearlo por eso, él comentó ácidamente que "el deber cumplido ha pasado a ser mérito señalado".

En un país en que el Poder Judicial desconoce abiertamente la legalidad por razones políticas y con ostensibles móviles económicos, y la gente acepta tácitamente eso, la prensa dominante no reacciona, algunos políticos lo aplauden y otros se abstienen de denunciarlo, es porque se ha perdido la integridad moral.

El artículo 98 de la Constitución dice que el Contralor "fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco" y yo he sugerido en este blog que ello la debería llevar a examinar la ilegalidad de fallos que comprometen los fondos del Fisco en juicios ilegales. Pero "no se oye, padre".

El tema de la integridad va todavía más allá. ¿Puede un derechista ir a votar en la primaria de la izquierda, por la candidata comunista, para que ella sea la única de la izquierda en primera vuelta y con opción a pasar a segunda vuelta, sabiendo que el electorado chileno es mayoritariamente anticomunista, lo cual aseguraría el triunfo final de un candidato de derecha? Sería una maniobra legal. ¿Sería, sin embargo, lo correcto? Parece que no, porque el sentido de las primarias de la izquierda es que en ella sólo vote gente de izquierda  Por algo se prohíbe a los militantes de partidos que no son de izquierda votar en esa primaria. 

Una persona íntegra de derecha no querría, aunque no fuera ilegal, ir a votar en la primaria de la izquierda. Uno encontraría "astuta", pero no íntegra, a la persona de derecha que fuera a votar por la candidata comunista, aprovechando no estar inscrita en un partido que no fuera de izquierda.

Dorothy Pérez ha dado un gran paso al acercar más al país a la legalidad. Pero todos deberíamos dar pasos para acercarlo también a la integridad.

El que no peca es digno de admiración. Ojalá todos fuéramos como él. El pecador no es digno de admiración, pero si se reconoce como tal, por lo menos revela conciencia para distinguir entre el bien y el mal. Se arrepiente. El pecador que no se reconoce como tal es el peor, porque no cesará en su conducta. Volverá una y otra vez a pecar, porque no tiene conciencia del mal.

Dorothy Pèrez nos ha alejado de la ilegalidad. Pero todavía hay un trecho largo antes de alcanzar la integridad.  

DOROTHY PÉREZ Y LOS JUICIOS DE DD. HH.

El fenómeno excepcional que representa la acción de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien aplica la ley a diferentes situaciones irregulares que antes prevalecían, tiene otra tarea por delante.

Ella probablemente no ha previsto incursionar en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos, porque tal vez cree que no se vinculan con su quehacer. Pero objetivamente y de modo crónico ellos sustraen ilegalmente dinero del erario, y el artículo 98 de la Constitución ordena a la Contraloría fiscalizar "el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco". Luego, su deber es investigarlos.

Vengo denunciando por años esa ilicitud, sin resultado. Me supera por mucho en esta tarea el abogado Adolfo Paúl Latorre, que está precisamente lanzando la reedición de su libro "Prevaricato", donde aborda la materia circunstanciadamente. Pero no hemos conseguido nada. Ni siquiera la atención de la prensa dominante.

Los juicios sobre violaciones a los derechos humanos son una lucrativa venganza política de la izquierda contra los militares que la derrotaron en su tentativa de conquistar el poder por las armas. Su origen está en la labor represiva contra la guerrilla, acometida desde el 11 de septiembre de 1973. Fue plenamente exitosa, la derrotó y pacificó al país. 

La Ley de Amnistía de 1978 (que terminó beneficiando a muchos más extremistas que uniformados); la prescripción establecida en el Código Penal y muchas veces la cosa juzgada, sellaron el término de la lucha antisubversiva. 

Pero la izquierda descubrió que podía burlar las leyes para cobrar venganza contra los militares y también mucho dinero. Un ministro sumariante, Alejandro Solís, descubrió un ardid y otros magistrados lo usaron: fingir que los extremistas caídos habían sido "secuestrados" y continuaban en esa condición hasta hoy. Entonces dictaminaban en sus sentencias que los subversivos estaban secuestrados hasta nuestros días, condenaban sin pruebas a los exmilitares como "agentes del Estado" y obligaban a éste a pagar millonarias indemnizaciones. Todo ilegal, pero "pasó". De hecho, un presidente supuestamente "de centroderecha" fue el más activo impulsor de ese fraude judicial, presentando cerca de mil querellas contra exuniformados. 

De ese modo los jueces han eludido por veinte años aplicar las eximentes de responsabilidad, como la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada, cuyas normas mandan poner término a los juicios.

Antes de eso, cuando en los tribunales colegiados había mayoría de jueces apolíticos, el ardid del "secuestro permanente" o el de buscar algún otro resquicio, como, por ejemplo, decir que los Convenios de Ginebra hacían inaplicables la amnistía y la prescripción (lo cual no es verdad, como bien lo acredita Adolfo Paúl en su referido libro), los juicios no prosperaban. Pero después, nombrada una mayoría de izquierda en el Poder Judicial, los argumentos de los defensores de exmilitares pasaron a ser desechados.

Las condenas llegaron a privar de libertad ilegalmente a medio millar de exmilitares. Cien han fallecido tras las rejas o se han quitado la vida. Unos cuatrocientos sobreviven (muchos en condiciones inhumanas). Han visto flagrantemente violado su derecho humano a un debido proceso, establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales.

Si la Contralora Dorothy Pérez extendiera su celo legalista a esos juicios, inmediatamente comprobaría la ilegalidad, pues todas las condenas se fundan en un supuesto "secuestro permanente" que no existe. Además, corroboraría que el artículo 141 del Código Penal, que describe y sanciona el secuestro, se ubica en su título II, párrafo 3 titulado "Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares"; y concluiría que, no habiendo sido nunca los exmilitares "particulares", sino agentes del Estado, ninguno habría debido ser condenado ni, por consiguiente, dado lugar a que se sustrajera al Fisco las millonarias indemnizaciones ordenadas por los tribunales en los últimos veinte años.

Antes de la captura del Poder Judicial por la izquierda, los jueces fallaban en derecho. No había condenas a exmilitares ni exacciones ilegales de dinero fiscal. Una sola persona en Chile muestra hoy el coraje suficiente como para regresar al imperio de la ley, poniendo término al escándalo jurídico y moral que constituyen estos juicios, bien descritos por el exministro y exparlamentario Felipe Ward, en una declaración a La Tercera, que le costó se defenestrado en el acto mismo de jurar como ministro del Interior de Sebastián Piñera: "Los juicios de derechos humanos son un cajero automático que tiene la izquierda para sacarle plata al fisco".

Dorothy Pérez es la única persona que tiene las facultades y el temple para poner término a esta vergûenza nacional.

LA IZQUIERDA COMPADECIDA

Se ha suscitado un pintoresco debate entre izquierdistas compadecidos y no compadecidos de los presos políticos militares octogenarios, nonagenarios, con alzheimer y enfermedades terminales que, en número superior a 400, son mantenidos privados de libertad en diferentes penales y en particular en Punta Peuco. Unos izquierdistas sostienen que los violadores de dd. hh. también merecen compasión y otros sostienen que no merecen ninguna.

Lo que ninguno de ambos bandos dice es que ni un solo exmilitar (más algunos civiles, también presos, que colaboraron con ellos) ha sido legalmente condenado. Jurídicamente son todos inocentes. En eso consiste el escándalo de la situación, de la cual son cómplices el gobierno, el piñerismo-mattheísmo, el Colegio de Abogados y los principales medios de comunicación. Estos últimos porque "miran para otro lado"

Ya en 2015 el juez que "inventó" un supuesto delito, el cual, además, confesó no haber probado, declaró en la televisión pública que se había basado en una "ficción jurídica" y textualmente añadió: "No he dicho que ésa fuera la realidad". Es decir, no sólo confesó apartarse de la ley, sino de la verdad de los hechos.

No hay ningún exmilitar condenado que haya recibido un debido proceso. Por tanto, ninguno puede ser llamado "violador de dd. hh." 

Por suerte los expedientes de estos juicios ilegales son mantenidos en un recinto separado del Archivo Judicial, lo que permitirá a las futuras generaciones de juristas condenar la desvergûenza de la actual, que no ha puesto término al escándalo.

Los exmilitares presos nunca han sido condenados mediante un debido proceso. Es tan fácil probar lo anterior que cualquier individuo (que entienda lo que lee) puede consultar el Código Penal y ver que el artículo 141, sobre el delito de secuestro, que se les imputa, se halla bajo el título III, cuyo párrafo 3 dice: "Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares". Por tanto, no puede cometerlo un militar, pues no es un particular. Y por consiguiente no puede ser condenado por ello. Si algún juez lo ha hecho, ha cometido a su turno el delito de prevaricación, previsto y sancionado en el artículo 223 del mismo código. Ese juez debería cumplir hasta cinco años de presidio o reclusión por dictar un fallo "contra ley expresa y vigente". ¿Cuántos jueces van a  caer presos cuando Johannes sea presidente? No sabemos, porque, por ejemplo, Alejandro Solís, "el padre de la criatura", ya retirado, puede alegar la prescripción.

Nada de lo que sucede podría haber ocurrido en un país regido por el estado de derecho, pero hace veinte años que éste se viene violando.

Es tan precaria la legalidad en Chile que en el extranjero se han dado cuenta. En el ranking internacional que lleva la revista británica The Economist, Chile ya no es una "plena democracia" sino una "democracia defectuosa",  sobre todo después de que en este blog le di diez razones para hacerlo, el 4 de febrero de 2023 ("The Economist's Stupidity Unit").

Pero a la izquierda compadecida por lo menos le va a servir como atenuante su actitud, cuando se restablezca el estado de derecho y se pague por la prevaricación de los últimos veinte años.