Y Matías Pérez Cruz Tenía Razón (II)

                Les voy a dictar una norma de conducta para que puedan desempeñarse mejor en la chilenidad: “Cuando ustedes adviertan que la casi unanimidad de los chilenos se lanza a condenar a alguien, lo más probable es que ese alguien tenga razón”.

                Ha sido el caso de Matías Pérez Cruz, sobre quien demostré en mi anterior blog que si hubiera sido propietario riberano de un lago menor, no navegable por barcos de cien toneladas o más, habría sido dueño de la playa respectiva. Yo nunca había sabido que en el lago Ranco hubiera navegado un barco de cien toneladas y por eso creí que era un lago menor. Pero un diligente comentarista de este blog demostró que es un lago mayor y concluyó que, por tanto, Matías Pérez Cruz no tenía derecho a la playa respectiva, que es lo que hoy sostienen todos los que en los medios se refieren al caso. Pero están equivocados. También Pérez Cruz tiene derecho a su playa de lago, que en lenguaje técnico-jurídico se llama “álveo” del lago. El jurista Hernán Corral Talciani lo dice en su informe citado por mí antes, refiriéndose al álveo (sitio que ocupan) de los lagos mayores:

                “Este suelo es de dominio público y no accede mientras tanto a las heredades contiguas, pero los propietarios riberanos podrán aprovechar y cultivar la superficie de ese suelo en las épocas en que no estuviere ocupado por las aguas (art. 30.3 Código de Aguas)”.

                Matías Pérez Cruz, abogado, seguramente sabía eso y aprovechó y cultivó ese suelo con pleno derecho, contra lo que afirman otros opinantes, abogados y no abogados, que no conocen el derecho aplicable al caso.

                Por supuesto, si un propietario está inseguro de que se le respete ese derecho, puede pedir una concesión sobre el álveo o playa, como lo hizo el Presidente de la República Sebastián Piñera en su primer mandato, sobre 800 m2 de su orilla del lago Caburgua. O, como lo hizo su colega Michelle Bachelet antes y después, puede ordenar simplemente a los carabineros echar a cualquiera que se le vaya a meter a su playa, porque, como decimos en Chile, “autoridad que no abusa, se desprestigia”.

                El jurista Corral Talciani amplía sus explicaciones: ”Si aplicamos esta norma (el art. 30.3 del Código de Aguas) al álveo de los lagos mayores, tendremos que sostener que no se trata de un bien nacional de uso público, sino de un bien de dominio público; es decir, es un bien del Estado, pero cuyo uso no corresponde generalmente a todos los habitantes de la nación. Prueba de ello es que la misma ley señala que los propietarios riberanos pueden aprovechar y cultivar la superficie de ese suelo en las épocas en que no estuviere sumergido. Siendo así, no habría problemas para que el propietario riberano aprovechara económicamente este terreno. Debe destacarse que la ley permite “aprovechar” y “cultivar”, de modo que puede haber un aprovechamiento del terreno que no implique sembradío o cultivo. ¿Podría considerarse el mantenimiento de un jardín como un aprovechamiento del suelo lícito conforme al artículo 30 del Código de Aguas? Puede que no haya sido esa la intención del legislador, pero en todo caso una interpretación amplia de la norma permitiría sostenerlo.

                “A favor de la tesis de que las playas de lagos son bienes nacionales de uso público se invoca el DL 1.939 de 1977, que en su art. 13 dispone: ‘los propietarios colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar  gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto’. En su inciso segundo se establece una facultad para el Intendente Regional para determinar prudencialmente una vía de acceso. Pero, como se verá, además de hablar, impropiamente a nuestro juicio, de ‘playas de ríos o lagos’ , en ningún momento señala que ellas sean, al igual que las playas de mar, bienes nacionales de uso público. Más aún, determina que los propietarios de los terrenos colindantes deben facilitar ‘el acceso a estos’, es decir, no a las playas (para aludir a las cuales debiera haberse usado el demostrativo femenino ‘estas´). Se trata, por tanto, de que los propietarios riberanos deben dar acceso al mar, río o lago. El acceso es para fines turísticos y de pesca, o sea de navegar, pasear o pescar. Sólo tratando de ir más allá de la letra y considerando la intención del legislador podría decirse que se trata de dar acceso también a simples bañistas a las “playas” de ríos o lagos, pero ello no convierte al álveo o lecho de los lagos o a los cauces de los ríos en bienes nacionales de uso público, para lo cual, en cumplimiento de la reserva legal contenida en el art. 19 N° 23 de la Constitución, debiera haber una declaración legal expresa y categórica”.

                O sea, las señoras no-invitadas que estaban en el álveo que legalmente podía aprovechar y cultivar Matías Pérez Cruz, no habiendo “una declaración legal expresa y categórica”, no tenían derecho a estar ahí. Y él, sobre todo como abogado jurídicamente informado, sí tenía todo el derecho a invitarlas a retirarse del lugar, aun estando en traje de baño y excedido de peso.

                Reiteración de conclusión para el 70 % de chilenos que no entiende lo que lee: aunque el Ranco sea un lago mayor, navegable por barcos de más de cien toneladas, Matías Pérez Cruz actuó asistido por la legalidad y la razón. En mi blog anterior llegué a la misma conclusión, pero por la razón legal equivocada. Por eso y por nada más, pido perdón.