Son los Cantantes y No la Canción

   Hoy jueves, en su columna de “El Mercurio”, el abogado Hernán Corral pormenoriza las deficiencias del proceso en el caso Frei y las atribuye a la discriminación consistente en aplicar el antiguo sistema procesal penal a algunos chilenos, mientras al resto se le aplica el nuevo procedimiento, que es más exigente en materia de objetividad y confiere mayores garantías contra una arbitrariedad judicial.

   Tiene razón, pero hay algo más. Aquí la causa más importante de la radical injusticia vigente en la judicatura chilena actual reside en las personas de los jueces y no en la calidad del sistema. El antiguo Código de Procedimiento Penal pudo regir más de cien años porque había jueces que lo respetaban, como también respetaban las demás leyes y la Constitución. El problema hoy no es el antiguo código, sino el de los jueces que no aplican las leyes vigentes, carecen de objetividad y están políticamente sesgados, unos en mayor medida que otros. 

   (San Juan Bosco decía que el Demonio frecuentemente dificultaba sus tareas. En el resto de este escrito aparecen subrayados diabólicos que se han instalado por su cuenta y que ningún esfuerzo mío ha podido borrar: los atribuyo al mismo que le creaba dificultades a San Juan Bosco y no hay que tenerlos en cuenta). 

   El sistema  penal antiguo funcionó bien hasta que una mayoría política de izquierda-DC, con la inexplicable y cobarde complicidad de la centroderecha, llevó a que se tradujera en mayoría de izquierda en la composición de los tribunales. El cambio decisivo ocurrió cuando, habiéndose acordado de izquierda a derecha “un pacto de caballeros”, según el cual se nombraría “uno y uno” a los ministros de la Corte Suprema, cuando llegó el caso del más izquierdista de los jueces, Haroldo Brito, y fue designado según el pacto, en la confianza de que luego se votaría el nombre que favorecía la centroderecha, Alfredo Pfeiffer, pero la izquierda y la DC no cumplieron el pacto y rechazaron a este último. Para que un acuerdo de caballeros resulte, ambas partes deben serlo. De ahí en más se consagró una mayoría izquierdista, que se traduce en que haya doscientos militares presos contrariando la legalidad vigente mientras, en cambio, todos los extremistas, aun autores de los peores hechos de sangre, quedaron impunes. Pues se dictó una ley que dio libertad a los que habían cumplido diez años de presidio y que salieron a la calle, con votos de la derecha, mientras igual beneficio les fue denegado a los militares. Hoy, para vergüenza del país, hasta asesinos condenados después de 1990 y fugados del penal (lo hicieron con complicidad de sus autoridades), gozan de impunidad y protección internacional.

   Es que en Chile los jueces prevaricadores han dado un verdadero “golpe de estado judicial”. Quien lo “gatilló” inicialmente fue un ministro de Corte de Apelaciones, Juan Guzmán Tapia, que al juzgar ilegalmente al entonces senador Pinochet por hechos de los cuales no era responsable (caso Caravana) tuvo éxito en procesarlo y finalmente su decisión recibió el respaldo hasta de ministros de la Suprema ¡designados con votos de la derecha! para desaforarlo del Senado. Después de eso vino la avalancha. 

   Pues profundizó y generalizó la prevaricación el ministro Alejandro Solís, quien, en numerosos procesos contra uniformados que cayeron en sus manos, fue aún más allá que Juan Guzmán Tapia y prescindió descaradamente de las normas sobre debido procedimiento (ni siquiera tomaba declaración indagatoria y fotocopiaba piezas de otros expedientes); en fin, pasó por sobre el texto de leyes expresas y vigentes y de las propias pruebas aportadas al proceso, en virtud de lo cual condenó a numerosos militares a como diera lugar. Y después la mayoría de izquierda de la Corte Suprema terminó invariablemente respaldando el abandono del derecho en las instancias inferiores.

   El sistema procesal penal antiguo no era garantista, pero en manos de buenos jueces era, al menos, legalista. Dejó de serlo cuando la extrema izquierda y la DC se apoderaron de la judicatura y eso es lo que ha puesto de relieve el “caso Frei”, ejemplo paradigmático de cómo una mayoría política, en este caso la del “No” que nos gobierna hace 29 años, puede imponerse aunque deba demorarse 17 años en gestar una condena política por la muerte de un ex presidente, y pese a haberse iniciado el juicio sólo 20 años después de su fallecimiento, y todavía pasando por sobre las pruebas palmarias, surgidas hasta del entorno más próximo del paciente, de que la causa del deceso no derivó de un homicidio sino que fue pura y exclusivamente médica.

   No ha sido, entonces, el antiguo Código de Procedimiento Penal el responsable de este fallo escandaloso: ha sido un juez amedrentado por una mayoría política que le impedía y le impide fallar rectamente y declarar la verdad. Verdad que, por lo demás, emana de las 811 páginas del expediente, es decir, que después de ser Frei dado de alta y enviado a su casa, sufrió una obstrucción intestinal; que ésta no fue reoperada a tiempo por dilaciones resueltas por su propia familia y por el médico de la primera operación (pese a lo cual éste es inocente, según el fallo); y que todos los esfuerzos por salvarlo fueron inútiles debido a la septicemia generada por el retardo en reoperar.

   Todo esto era inaceptable para una mayoría partidista y no hubo un “juez heroico” que fuera capaz de oponérseles al gobierno y a la oposición. Su fallo, “políticamente correcto”, pero moral y jurídicamente nauseabundo, sólo refleja la realidad ética del país en que vivimos hoy.