¿Y Quién Nos Defiende de los Defensores?

Nunca las he tenido todas conmigo respecto de la reforma procesal penal de los años '90. Fue una iniciativa de un centro de estudio de derecha, acogida con mucho agrado por los gobiernos de la Concertación. Y cuando en Chile están "la izquierda y la derecha unidas", hay que ponerse a temblar. Recuérdense la primera reforma agraria y la nacionalización del cobre.
El antiguo proceso penal, que entregaba a un juez todas las facultades, las que, de hecho, éste no podía ejercer, conducía a que fueran los actuarios los verdaderos "padres" del proceso y eso se prestaba para cualquier cosa. Después, cuando los jueces de izquierda se enseñorearon del Poder Judicial, bajo la égida de la Concertación, pasó cualquier cosa. Por eso hoy tenemos 70 presos políticos uniformados condenados ilegalmente y encerrados en dos penales, que son mejores que las cárceles comunes por la sencilla razón de que todo el mundo sabe que no deberían estar presos.
Pero el nuevo proceso penal reemplazó un sistema malo por otro peor, y ha sido tan "garantista", en el sentido de darles garantías a los delincuentes, que obtuvo el entusiasta apoyo de la izquierda. Pues ésta siempre ha procurado que los delincuentes queden impunes, sobre todo si éstos son terroristas y ella no está en el gobierno. Obvio, porque el terrorismo forma parte de las bases más fieles de la izquierda en todo el mundo.
Y, en fin, como consecuencia de la reforma se crearon "defensores nacionales", pero para defender a los delincuentes; y "jueces de garantía", pero para garantizar los derechos de los delincuentes.
Y a las víctimas de éstos, "que se las comieran los perros". Y se las comieron. Por eso la gente honrada empezó a clamar por protección, aunque no fuera tan buena como la que se dispensaba a los delincuentes y terroristas. De ahí ha nacido, entonces, una iniciativa (paradójica) para crear una "defensoría de víctimas". Absurdo, pues ella debería provenir de los fiscales, del propio Poder Judicial, que debería ser el protector por antonomasia de las víctimas de los delitos. Pero "no se la pueden" con los defensores de los delincuentes.
Todo esto ha conducido en Chile a un verdadero paroxismo del absurdo en estos días, en que la "defensoría penal", en el caso del terrorismo en el sur, y un "juez de garantía", en el caso del terrorismo en la capital (cien bombas en los últimos tiempos), están disparando contra los tribunales superiores porque no anularon el proceso en el primer caso y no desecharon las pruebas principales de los fiscales, en el segundo.
Y siempre está presente la cortina de protección conocida para el terrorismo, que alcanza incluso para que se vuelva a hacer presente algún sacerdote, caracterizado defensor del extremismo desde los años '70. Y para que se haya renunciado a aplicar la legislación más severa, la Ley Antiterrorista. Esto último con el aplauso del gobierno y de la oposición, que ya están constituyendo un sólido frente contra la tranquilidad y la defensa de la gente honrada, cada vez más desprotegida.
Entre más se debilitan la legalidad y la acción judicial, más se fortalece el terrorismo. Ayer fueron atacados con armas de fuego varios carabineros en el sur, apenas perpetrado un centésimo y tantos atentado contra la familia Urban. Días atrás un terrorista que iba a colocar una bomba en Santiago fue mutilado por la explosión prematura de ella. Ni siquiera había sido citado a declarar como imputado.
Entonces el presidente de la Corte Suprema ha tenido que salir a explicarle al país, casi pidiendo perdón y echándoles la culpa a "los políticos", por qué ese tribunal no dejó completamente libres a los terroristas del sur, como parecía pretenderlo la defensora penal pública. ¡Hasta ese presidente, un juez de izquierda, por supuesto, ya se está sintiendo incómodo con la situación!
Estamos alcanzando, gracias a tantas "modernizaciones" penales, tanta "corrección política", tanta compasión por los huelguistas de hambre y por los que ponen bombas y tanta renuncia a aplicar las leyes más severas contra el terrorismo, a una situación en que el país está a punto de pedirles perdón a quienes lo ejercen, por no dejarlos hacerlo con la más completa libertad.
Semejante situación se describía antes con una expresiva frase: "el ladrón detrás del juez".