El Daño Político

He defendido en este blog la idea de impedir la destrucción total del valor de una empresa, La Polar, en que se cometieron irregularidades. Si los "destructores tradicionales de valor" (de las empresas, de la moneda, de las libertades personales, de los fundamentos morales de la sociedad) logran su propósito, esa empresa, que todavía tiene potencial, pese a sus dificultades, será liquidada y perderán sus puestos los empleados de ella, sus créditos los bancos y tenedores de bonos y sus inversiones los accionistas. Probablemente, al final, los únicos que ganen algo sean los deudores morosos, porque representan centenares de miles de votos, pero esa ganancia será por la acción de los políticos empeñados en destruir la empresa; y será a costa del fisco, es decir, al final "pagará Moya".
Pero también hay un daño no económico muy grande. Es el daño político a todo un sector partidista. Porque, no nos engañemos, todos sabemos perfectamente con qué colectividades tienen afinidad los que aparecen como responsables de las irregularidades detectadas y, también, los que fueron negligentes y no las advirtieron a tiempo.
Cuando se destapó el gran escándalo socialista en el MOP, en los años 90, con las facturas brujas, el reparto de dineros públicos a fines particulares y partidistas a cargo de un funcionario que era, a la vez, el encargado de la recaudación electoral del partido socialista; las triangulaciones, los sobreprecios, los sobresueldos y, finalmente, los "sobres con billetes" para toda la "nomenklatura" (de ése y otros partidos), el daño político para la Concertación fue inconmensurable. No perdió el gobierno de inmediato exclusivamente gracias al "fenómeno Bachelet", que tiene poca explicación racional pero una fuerza y una permanencia innegables.
Ahora el caso La Polar está generando un daño político parecido. Mancha a todo un nivel socio-económico, el ABC1, qué duda cabe. El columnista Claudio Orrego (DC) habla del caso como "el Karadima del retail", en "La Segunda" de hoy. Y ni siquiera tiene lugar en medio de una crisis, sino en plena prosperidad.
Cuando en 1982 salieron a luz irregularidades financieras parecidas, al menos ello sucedía en plena crisis económica internacional, que generó una astringencia crediticia de una magnitud sin precedentes en Chile. Hasta entonces el éxito del Gobierno Militar, medido por todas las encuestas de opinión, era notable. Por eso la Gallup norteamericana sostenía que el resultado del plebiscito de 1980, tan favorable a ese gobierno, reflejaba la opinión que sus sondeos recogían entre los chilenos. Esa imagen se vino abajo con la crisis de 1982, que dejó al descubierto el abuso crediticio, el endeudamiento excesivo con empresas relacionadas y otras situaciones que devaluaron fuertemente a los sectores civiles en que se apoyaba el gobierno.
Ahora el caso de La Polar está provocando un daño político similar a la derecha y al gobierno al que ella apoya. Surge un reparo ético insoslayable. Aunque sea injusto, la masa tiende a pensar que La Polar es sólo la punta de un iceberg. El costo de imagen lo pagará todo el empresariado, aunque sea sólo un grupo minoritario el que haya incurrido en irregularidades. Se renueva el estereotipo de que quienes menos tienen son víctimas del engaño y del abuso de los que tienen más.
Por eso la gente que ocupa más altas posiciones socio-económicas es, a la vez, la que carga con la mayor responsabilidad en la tarea de preservar la ética del sistema de libertades que ella defiende. Si algunos, aunque sean pocos, aparecen trasgrediéndola, no sólo dañan a toda su clase y a su sector político, sino que también debilitan los pilares éticos en que se sustenta una sociedad libre.