En Esa Foto No Puede Estar

En un rato más voy a sintonizar algún noticiero de televisión y no voy a poder creer lo que allí vea: Sebastián Piñera en el centro de la escena de los dolientes por el asesinato del matrimonio Luchsinger. Él monopoliza el centro de casi todas las fotos que le puedan dar una imagen favorable. Acabamos de verlo retratado con los puntajes nacionales. Durante el juicio en La Haya apareció casi todos los días "monitoreando" (decían los medios) la defensa chilena ante el tribunal. Al final de los alegatos convocó a cadena nacional para explicarnos cómo los había conducido. Después se presentó en otra cadena nacional para comunicarnos que había terminado el año. Ahora será el primer doliente en el entierro, pese a que los difuntos han perdido la vida porque el terrorismo se ha enseñoreado de una zona del país y el gobierno ha renunciado a combatirlo y a aplicar contra aquél la legislación más severa.

Pero hay un general (r) que maneja mucha información y siempre le pide cuentas. Se llama Hernán Núñez Manríquez. Hace poco nos informó de la concesión gratuita de un inmueble fiscal al Museo de la Memoria marxista. Hoy nos ha informado que el gobierno de Sebastián Piñera ha suscrito 249 contratos con la Comisión Valech, creada por Lagos para premiar adicionalmente al extremismo de izquierda, que ya cobraba más de doscientos millones de dólares anuales en indemnizaciones por el perjuicio sufrido, según los tribunales, cuando los militares le impidieron tomar el poder por las armas en 1973. Pero éstos hicieron exactamente lo que el líder político Eduardo Frei Montalva les pedía que hicieran, diciéndoles: "esto se arregla sólo con fusiles", "ustedes tienen las bayonetas, pero no las usan" (Acta Rivera). Después los políticos condenaron a los uniformados y los siguen persiguiendo indefinidamente por hacer lo que Frei les pedía.

El general (r) Núñez nos informa, también, que en 2011 el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior contrató 45 nuevos abogados para seguir manteniendo viva la persecución contra uniformados. También se ha creado, en la PDI, una "Brigada de Derechos Humanos", con el fin de que colabore con la razzia desatada bajo este régimen contra quienes tuvieron la misión de combatir el terrorismo de extrema izquierda. Por eso se interpuso recientemente una querella para sancionar a quienes dieron muerte al principal líder terrorista del país, Miguel Enríquez, en 1974. Ni siquiera el amañado Informe Rettig acusó a los captores de Enríquez (quien los recibió disparándoles cuando se acercaron a su guarida) de haber atropellado sus derechos humanos. Pero el gobierno de Sebastián Piñera ha ido un paso más allá y se ha querellado por el "homicidio calificado" del citado terrorista.

Ha sido más activo en la persecución de los uniformados que todos los anteriores gobiernos de la Concertación, por cuyo motivo las querellas contra aquéllos pasaron de algo más de 300 a más de mil 300 en la actualidad.

Ni siquiera el equivalente a una parte de esos esfuerzos en la persecución contra uniformados se ha dedicado a combatir el activo y constante terrorismo en el sur. Por eso los extremistas actúan casi libremente y quedan impunes. Como no hay un despliegue policial parecido al que se financia para perseguir militares, los agricultores han debido optar por la autodefensa. El asesinado Luchsinger alcanzó a disparar contra uno de sus asesinos y sólo gracias a ello ha sido el único capturado.

Si hay una foto en la que, por un mínimo de escrúpulo, Sebastián Piñera debería abstenerse de aparecer, sería la del dolor de la familia Luchsinger, de sus colegas agricultores y de la gente de la zona que vive asolada por el extremismo de izquierda amparado en la indiferencia oficial.