La Democracia Está Muy Débil

La democracia funciona a través de instituciones emanadas de la voluntad popular, pero en Chile ha dejado de ser así. Una ola de "tomas" violentas y de desfiles callejeros que culminan en destrucción, daños y heridos (de estos últimos, muchos más carabineros que manifestantes) ha hecho pasar a segundo plano el sistema democrático representativo. Lo que vale es la vociferación y la agresión de la calle.
Por su lado, el Poder Ejecutivo ha renunciado a operar a través del sistema democrático normal, es decir, de las corrientes de opinión representadas en el Gobierno y en el Parlamento. Pues se ha anunciado un "diálogo" entre el Presidente y personeros estudiantiles cuya fuerza se asienta en las manifestaciones callejeras y en las usurpaciones de establecimientos educacionales. Es decir, en la fuerza.
Y la sociedad perdona y respalda esas vías de hecho. La violencia ha dejado dos muertos en estos días, uno a manos de Carabineros y otro a manos de los encapuchados. Pero la única muerte que se condena es la primera y el único autor realmente investigado y perseguido es el carabinero. Del otro caso nadie siquiera habla.
La extrema destrucción provocada por los violentistas no ha redundado en siquiera un procesado. Todos los detenidos quedan libres. Cuando agreden, incendian, destruyen y hieren o queman personas, quienes lo hacen son unánimemente considerados ajenos a los manifestantes estudiantiles; pero cuando son detenidos se transforman en "estudiantes" y dejados en libertad. La verdad es que son los mismos: los que generan las protestas callejeras, los que ejercen la violencia y los que conducen las unas y la otra actúan de consuno y están bajo la dirigencia de un partido antidemocrático por antonomasia y tradicionalmente ligado a la violencia.
La historia reciente nos enseña que ese partido se ha dedicado desde hace décadas a formar jóvenes para la lucha armada ilegal en Chile. Entonces, hay que ser muy ingenuo para pensar que, cuando la violencia se ejercita en manifestaciones convocadas por personeros de esa misma colectividad, la subversión y el terrorismo son de otra procedencia. La cual, por otra parte, nadie precisa.
Antes había un poder judicial lleno de defectos, pero que, requerido para condenar los actos violentos, procedía según el mandato legal de proteger la seguridad interior. Pero ha sobrevenido una reforma procesal penal enfocada a favorecer a los delincuentes, más que a las víctimas. Y nació una defensoría penal que hasta sale a la luz pública señalando que los múltiples delitos comprobados y cometidos a vista y paciencia de la opinión pública no deben ser "criminalizados". Y la nueva justicia deja en libertad a los autores. Este insólito pronunciamiento implica que una de las defensas fundamentales del sistema democrático, contra el peligro de ser arrasado por la fuerza extremista, ya no existe. El propio Poder Judicial extiende así una carta blanca para proceder por las vías de hecho, contra la ley y por sobre las instituciones democráticas.
Lo peor es que las fuerzas antidemocráticas desatadas contra el Gobierno (el cual ha mostrado una debilidad suicida para hacer valer la legalidad, como lo prueba esa gran parte de los establecimientos educacionales indefinidamente tomados por la fuerza), han recibido ¡el agradecimiento público! del Presidente. Están lanzados contra la institucionalidad y, en particular, contra la estabilidad de su Gobierno, pero él les agradece. Eso es insólito.
¿Quiénes defienden, entonces, a la democracia contra las fuerzas que pretenden arrasar con ella? Los llamados a hacerlo serían los que tienen las armas por mandato legal. ¿Y qué está sucedindo en estos días? Que la peor condena social está dirigiéndose contra la policía uniformada. ¿Qué precedente sienta eso para el futuro? ¿Qué uniformado se va a jugar el pellejo frente a la subversión, si la sociedad se va a mostrar mucho más severa con él que con los generadores de aquélla?
El otro día oí a la presidenta del PPD decir explícitamente que la Constitución debe cambiarse de una manera diferente a como la propia Constitución lo autoriza. Si hubiera sido parlamentaria, eso habría sido causal de su cesación en el cargo, pero, como no lo es, puede sostener públicamente esa tesis. La cual es profundamente antidemocrática, sobre todo si la Constitución ha sido popularmente ratificada una y otra vez, por mayoría plebiscitaria en 1980; por otra todavía mayor en 1989, cuando el noventa por ciento apoyó numerosas reformas; y de nuevo cuando oposición y gobierno concordaron en 2005 en otra cantidad de reformas, tanto que el propio Presidente Ricardo Lagos aprovechó de hacerse aparecer como el nuevo signatario de la Constitución. Pero, así y todo, la presidenta del partido fundado por Lagos siente que, como no tiene quórum para modificar la Constitución a su gusto, debe marcharse a una forma extraconstitucional de hacerlo, en concordancia con los propósitos de facto de los movimientos callejeros encabezados por las dirigencias comunistas de alumnos y profesores.
Pocas veces en nuestra historia había existido una precariedad democrática tan grave, en los hechos, al trasgredirse la legalidad generalizada e impunemente; y en las palabras, al predicarse, por parte de destacados actores políticos y sociales, el avasallamiento de la institucionalidad. Y, en fin, al aceptarse, e incluso agradecerse, que se haya procedido y se siga procediendo a barrenar el sistema de representación popular que es de la esencia de la democracia.