¿Cuándo Empezaron a Mentir los Jueces?

Cuando la mayoría de la Corte Suprema les dio el mal ejemplo, al aprobar el desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet, en el juicio monitoreado por el abogado y diputado comunista Hugo Gutiérrez. Ese proceso fue, en su conjunto, una completa desvergüenza judicial. 

Pero su punto culminante se alcanzó cuando la mayoría del pleno de la Corte Suprema, constituida por catorce ministros (incluidos dos que habían sido designados a proposición de la derecha) votaron a favor del desafuero del senador vitalicio, fundados en que todos los fusilados al paso de la comitiva del general Arellano no estaban muertos, sino todavía vivos y permanecían secuestrados en manos de los integrantes de dicha comitiva. Fue un "ardid": mentir para eludir las leyes expresas y vigentes de amnistía y prescripción, que favorecían al adversario político principal de la todopoderosa izquierda. 

Basta leer el fallo de la Corte Suprema sobre dicho desafuero, de 8 de agosto de 2000, para apreciar la efectividad de lo anterior. Fue publicado ese año por el Centro de Estudios Públicos en su revista "Estudios Públicos". Los catorce ministros de la mayoría tuvieron el descaro de asegurarles al país y al mundo que los militares inculpados mantenían secuestrados hasta esa fecha y desde 1973, 27 años antes, a quienes habían sido fusilados. La famosa mentira del "secuestro permanente", que de ahí en más se generalizó. 

Faltaron a la verdad en aras de conseguir una finalidad política: poder culpar a Pinochet. Porque los hechos estaban prescritos y, si hubieran respetado la ley, deberían haber rechazado su desafuero. Pero esto no era "popular" ni "políticamente correcto", es decir, no era aceptable para la izquierda. En cambio la ilegalidad y la mentira lograban ambas cosas.

¿Cuándo comienza el derrumbe de una sociedad? Cuando ni siquiera su élite es capaz de hacer respetar la verdad y la ley.

Con todo, en la Corte Suprema había seis ministros honestos. Pero eran minoría y votaron en contra del desafuero y de la mentira: Hernán Álvarez, presidente del tribunal; Ricardo Gálvez, Orlando Álvarez, Servando Jordán, Humberto Espejo y Osvaldo Faúndez. Este último dejó el siguiente párrafo lapidario en su voto disidente:

"Realidad fáctica existente a la sazón: Que en la especie se trata del caso de la comitiva militar en el que seis ex oficiales y un ex fiscal militar se encuentran procesados por el secuestro calificado y reiterado de diecinueve personas ejecutadas en el curso de dicho mes y cuyos cuerpos no se han encontrado. 

"Luego, al Senador Pinochet se le imputa responsabilidad criminal en dicho caso, calificado como secuestro de personas, calificación que ... si bien es el resultado de una elaborada apreciación o interpretación judicial válida como tal, contradice con rotunda evidencia la realidad fáctica existente a la sazón, distanciando consecuencialmente los ideales supremos de la verdad y de la justicia, que por su profunda concepción y su magnitud no pueden jamás separarse desde que hace surgir de inmediato y espontáneamente, leído detenidamente el proceso, tres afirmaciones categóricas e irrefutables y varias interrogantes fundadas y plausibles. 

"Las afirmaciones son: a) Las personas que se dicen secuestradas fueron muertas mediante fusilamiento en el sitio de los sucesos; así lo reconocen circunstanciadamente los procesados Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito y Patricio Díaz Araneda y lo expresan todos los comandantes de los regimientos que han prestado declaración; b) Se desconoce el o los lugares donde se encuentran los cadáveres o restos de dichas personas, y c) No existe antecedente alguno en el expediente que permita objetivamente suponer siquiera que las víctimas fueron encerradas en un lugar desconocido y que en esa condición permanecen hasta ahora. Nadie lo ha dicho y de ninguna pieza sumarial puede inferirse. Al respecto cabe considerar que el juez de la causa ha dirigido la investigación en este aspecto precisamente hacia la ubicación de los dichos cadáveres o restos y no a encontrar a los que, por creación intelectual, permanecerían privados de libertad. 

"Las interrogantes son, entre otras: ¿Es verosímil que las 19 personas que habrían sido detenidas hace casi 27 años se encuentran desde entonces privadas de libertad en alguna parte y bajo la custodia de los secuestradores, que han debido y deben proporcionarles el alimento, el abrigo y el cuidado imprescindibles para que sobrevivan? ¿Puede castigarse un delito que se está cometiendo, si no se trata de una tentativa? ¿Cumplidas las penas que puedan imponerse en esta causa, deberían los responsables volver a ser juzgados y condenados por los mismos secuestros, porque éstos continuarían cometiéndose hasta que aparezcan los ficticiamente secuestrados restos?

 "... la ponderación conjunta y reflexiva de lo expuesto y razonado lleva naturalmente a concluir que los hechos investigados en estos antecedentes no tipifican los delitos de secuestros calificados y reiterados a que se refiere el auto de procesamiento de fs. 1570 y por los que se han elevado los autos solicitándose el desafuero del parlamentario imputado; y a considerar que cualquier otro ilícito penal que pudiera llegar a estimarse que configurarían sólo conllevaría su amnistía o la declaración de la prescripción de la acción penal respectiva, por lo que, en todo caso, no es razonable ni conducente despojar al Senador don Augusto Pinochet Ugarte de su fuero autorizando la formación de causa en su contra por los referidos hechos."

Pero la verdad de los hechos y el imperio de la ley fueron derrotados por una mayoría circunstancial de ministros de la Corte Suprema en aras de una motivación política. Y desde entonces el atropello a la verdad y a la ley se generalizaron en los tribunales del país y los jueces que no incurrieran en ambos verían truncadas sus carreras.

Cuando la élite de un país pierde el norte moral, se puede decir que aquél ha iniciado su camino de perdición. Hoy estamos al borde de ésta. No sabemos cuándo ni en qué concluirá todo, pero lo que dejo escrito señala cómo y cuándo comenzó.  

 

Una Idea Nadita de Tonta

Me parece recordar que hace muchos años alguien escribió un libro sobre Gabriela Mistral titulado "Una Mujer Nadita de Tonta". Ahora se informa que en la Cámara un diputado socialista ha presentado una moción de reforma constitucional para que, en el plebiscito de salida, se sustituya la opción "Rechazo" por "Reforma Constitucional". El voto sería entre "Apruebo" y "Reforma Constitucional".

Considero que es una opción "nadita de tonta", porque "Reforma Constitucional" y "Rechazo" conducen a lo mismo: en la actual Constitución en cualquier momento se puede presentar una iniciativa de reforma constitucional. Eso está en el articulado de la Carta de 1980 desde que entró en vigor. Se ha hecho más de doscientas veces en 42 años.

¿Por qué es una buena idea? Porque en Chile la opción "Rechazo" ha sido desprestigiada por la propaganda de izquierda, centro y derecha piñerista o entreguista. En cambio, la opción "Reforma Constitucional" no ha sido desprestigiada por nadie. Su buen nombre está intacto. Pero "Rechazo" y "Reforma Constitucional" son la misma cosa.

¿Por qué un diputado socialista presenta esta moción? Porque es un chileno con sentido común, es decir, un espécimen escaso. Por tanto, está alarmado ante el disparatado texto que está preparando la Convención Constitucional. Pero él, políticamente, no puede llamar a votar "Rechazo", tal como lo hace la derecha a secas. ¿Y qué resuelve, entonces? Buscar una alternativa equivalente, sin decir "Rechazo". ¿Cuál es? "Reforma Constitucional", que es lo mismo, pues hoy cualquiera puede abogar por reformar la Constitución de 1980 sin cambiar una letra de su texto. Reitero: se ha hecho más de doscientas veces en 42 años.

Los derechistas a secas no debemos aplaudir la idea, porque todo el mundo se pondría en contra por ese solo hecho. Quedémosnos callados. Pero yo, entre nos, digo que es una idea nadita de tonta.

Que no salga de aquí.

Pobre Nivel de un Debate Importante

Todo lo que se debate, en Chile y el mundo, relativo a Augusto Pinochet, la principal figura nacional del siglo XX, es de un nivel lamentable. Acaba de fallecer Madeleine Albright, Secretaria de Estado de Bill Clinton, a quien recuerdo por una sola cosa: vino a Chile cuando recién el diputado comunista Hugo Gutiérrez se había hecho cargo del proceso sustanciado por el juez Juan Guzmán, en procura de comprometer al entonces senador Pinochet en el caso de la comitiva del general Arellano, que recorrió el territorio en octubre de 1973. Cuando le preguntaron a Albright sobre ese juicio, contestó automáticamente: "Pinochet debe ser condenado". Con cero información, veredicto categórico.  

Hace poco, el anterior Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, dejó como legado de su gestión un libro rudimentario y falso que concluye lo mismo que Madeleine Albright, con la diferencia de que publica cientos de páginas basadas en una falsedad probada: que el presidente Pinochet envió a un general delegado suyo, Sergio Arellano Stark, con la orden de matar presos en los regimientos. Este libro, aunque pocos lo lean, es de importancia institucional y por tanto nacional. Pero está basado en una falsedad judicialmente comprobada.

En efecto, el 8 de agosto de 2000, en fallo dividido, la Corte Suprema aprobó el desafuero del entonces senador Pinochet. Pero seis ministros disidentes opinaron que no procedía: Hernán Álvarez, presidente del tribunal; y los ministros Osvaldo Faúndez, Ricardo Gálvez, Servando Jordán, Orlando Álvarez y Humberto Espejo. Lo importante fue que la unanimidad de la Corte dejó establecido que Augusto Pinochet no había tenido participación como autor ni como cómplice en los hechos de la comitiva. Fue desaforado como encubridor (si bien tampoco lo fue). Es decir, le reconoce no haber participado en el delito. Esa es la verdad judicial actual en Chile. ¿Cómo puede el Ejército publicar un libro sindicándolo como autor intelectual?

El hijo y abogado defensor del general Arellano, Sergio Arellano Iturriaga, escribió un exhaustivo libro sobre la comitiva: "De Conspiraciones y Justicia". Nunca ha sido refutado. Yo mismo escribí otro, fundado en las piezas del expediente, "La Verdad del Juicio a Pinochet", acreditando la ninguna vinculación del expresidente con los hechos. Nadie lo ha refutado. El historiador Gonzalo Vial, biógrafo hostil de Pinochet, escribió, en la página 693 del segundo tomo de su obra, sobre mi libro: "Nadie recogió el guante. No era el derecho el tema fundamental que se disputaba". 

He ahí la madre del cordero. No es el derecho, es decir, la verdad de los hechos y su calificación jurídica, el tema. Es sólo la consigna. "Brutal dictatorship", para Madeleine Albright.  

Cómo fueron los hechos: había muchos presos y los juicios no avanzaban. Multitudes rodeaban cárceles y regimientos. La comitiva tiene la misión de acelerar los procesos. El 16 de octubre de 1973 llega a La Serena y un teniente coronel miembro de ella, sin saberlo Arellano, saca a 15 presos de la cárcel y les da muerte, mientras su jefe está reunido, lejos, con el comandante del regimiento, Ariosto Lapostol. Ambos ignoran lo sucedido. Luego Arellano despega hacia Copiapó y llega al regimiento, donde el personal local acaba de ultimar a todos los presos que había, 16 personas: 13 por "ley de la fuga" la noche anterior y tres por orden del jefe de zona con sede en Antofagasta. Arellano, en vista de que ya no hay presos, despega y sigue viaje.  

Llega a Antofagasta, instruye al personal local acerca de la necesidad de acelerar procesos y asegurar derecho de defensa. "Es lo mismo que les predico yo", comenta el comandante local, general Joaquín Lagos Osorio, que no simpatiza con Arellano. Pero invita a éste a cenar y a alojar en su casa. 

Temprano en la mañana siguiente Arellano y comitiva despegan hacia Calama, sin saber aquél que durante la noche el mismo teniente coronel de La Serena, otra vez, ha sacado de la cárcel a 14 presos y los ha hecho fusilar en la cercana Quebrada del Guay. 

En Calama, apenas almuerza sale, acompañado de su ayudante, teniente Cheminelli, hacia la cercana fábrica Dupont, en Chuquicamata, donde se ha registrado un alarmante robo de explosivos. En su ausencia el consabido teniente coronel saca a 26 personas de la cárcel local y las hace fusilar en un lugar del desierto, alarmando al consejo de guerra local, que las estaba juzgando. 

Arellano regresa a Calama y se entera de todo. Queda consternado. Interrumpe la cena que le brinda la oficialidad del regimiento y decide volar, con mucho riesgo, a Antofagasta de noche, para, a primera hora de la mañana siguiente, poner al teniente coronel autor de los fusilamientos a disposición del general Lagos Osorio, que tiene atribuciones de jefe de zona para juzgar todos los hechos (salvo los de La Serena, que dependía de Santiago). Lagos Osorio se niega, presumiblemente por amistad con el teniente coronel responsable. 

Entonces Arellano prosigue viaje a Iquique y Arica, donde los respectivos comandantes de regimiento, generales Carlos Forestier y Odlanier Mena, ya advertidos, prohíben acceso a la cárcel a los miembros de la comitiva y nada sucede. Arellano prodiga en ambas partes sus instrucciones sobre aceleración de los juicios y debida defensa, para retornar finalmente a Santiago. 

Todos los delitos cometidos en Antofagasta y Calama son sometidos al juzgado del crimen de Antofagasta, y el juicio dura hasta 1986. Los presuntos responsables ejercen sus defensas, que son controvertidas tanto en el tribunal como ante la opinión  pública. El juez dicta sentencia, aplica la Ley de Amnistía y nadie es condenado.  

Más de 13 años después y tras abrirse el proceso sustanciado por el ministro Guzmán y monitoreado por el abogado comunista Hugo Gutiérrez, que se lució ante la prensa mundial el 8 de agosto de 2000, al dar a conocer el desafuero de Pinochet, el "caso Caravana" continúa. Hasta hoy. Con los años, ante el fallecimiento de los autores o partícipantes en fusilamientos, los jueces de nuestra actual dictadura judicial roja, para poder dar millonarias indemnizaciones a los querellantes que sigue habiendo, familiares de las víctimas, se han ido quedando sin culpables, porque los autores de delitos han fallecido. Así, últimamente me cupo comentar que ya la justicia roja ha debido condenar hasta ¡al fiscal de los consejos de guerra de Calama, Óscar Figueroa, que está vivo! Por supuesto, era imposible que él hubiera participado en los fusilamientos, pues estaba desempeñándose a la misma hora de ellos en los consejos de guerra. Pero no importa, el objetivo es que haya un culpable para poder condenar al fisco a la indemnización millonaria, que es lo que interesa. Es decir, la dictadura judicial roja de Chile ha creado un nuevo hecho punible: estar vivo.

En estos días he leído que un tradicional defensor del gobierno militar y de los militares sometidos a juicios ilegales, el general (r) Hernán Núñez Manríquez, se ha manifestado en el sentido de culpar al general Arellano, lo que implica responsabilizar a Pinochet. Comenté el hecho con sorpresa, pero ahora me entero de que él era subteniente en Calama a la fecha de los 26 fusilamientos de allá y, como está vivo, es inminente que también lo condenen, aunque no haya hecho nada. Se trata de poder cobrar. 

El general (r) Núñez se ha referido a mí en términos denigratorios, por haber criticado la cita que él hace del libro de Orlando Sáenz, según el cual Pinochet dio orden de matar a una persona, por escrito, a Arellano. La falta de validez del aserto de Sáenz la he comentado en un blog anterior, pero el general (r) Núñez lo ha interpretado como una crítica a su persona. A su respecto, yo me he limitado a hacer notar su cambio de posición. Ahora me explico todo: era un joven subteniente en Calama en el momento de los 26 fusilamientos y, por tanto, la dictadura judicial lo necesita para condenar al fisco a pagar muchos millones. Si denigrarme le ayuda en su defensa judicial, y como víctima de prevaricación que está siendo, por supuesto que acepto este castigo que me inflige gratuitamente. Reitero que mi crítica se ha dirigido al contenido, que él ha citado, del libro de Orlando Sáenz y no a su persona.

Lo que he escrito y mantengo es que se ha suscitado un debate con un nivel paupérrimo de información, pues es una verdad probada, judicialmente establecida por la unanimidad del pleno de la Corte Suprema desde hace casi 22 años, que Augusto Pinochet no fue ni autor intelectual ni cómplice de los hechos acaecidos durante la gira de la comitiva de Arellano. Y, sin embargo, el actual debate público, dentro de su pobreza, desconoce esta verdad judicial y factual de nuestra historia reciente. 

Escándalo Judicial en Grado Superlativo

Ni siquiera salió en "El Mercurio", pero sí en LUN: un fallo escandaloso de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso "quemadores quemados" (Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana). No respeta la cosa juzgada ni la prescripción e inventa hechos inexistentes para condenar a personas inocentes. Escribí en twitter: "Estamos acostumbrados a que los jueces falten a la verdad, contravengan las leyes y condenen a inocentes en juicios contra militares, pero nunca lo habían hecho en el grado escandaloso de los quemadores quemados". 

Hubo tormenta de réplicas. Los insultos de costumbre, pero también personas que preguntan a qué me refiero. Pues hay demasiados menores de 40 años que ignoran el caso. Soy el único en llamarlo "de los quemadores quemados", porque para casi todos es el de los "quemados por militares", lo cual no es verdad, pues se trató de un accidente. 

La noticia de que "Pinochet quemaba a los que pensaban distinto" dio la vuelta al mundo en 1986. Es todavía uno de los principales eslóganes en su contra. Pero lo que dio la vuelta al mundo fue una mentira, porque los militares no tuvieron intención de quemar a los subversivos. Al contrario, los apagaron. Pero en Chile hoy la mayoría los cree culpables. Y, en concreto, a Pinochet.

Principio obvio de orden público: quien sale a la calle con elementos incendiarios debe ser reprimido. Pero acá la derecha, siguiendo a Piñera, se entregó a la izquierda y condena públicamente al que reprime, no al que delinque. Es decir, entregó el pasado a la izquierda. Grave error: "El que controla el pasado, controla el presente; y el que controla el presente, controla el futuro". (Orwell, "1984"). Por eso la izquierda administra hoy nuestro presente y se ha quedado con nuestro futuro.

Los hechos fueron juzgados en 1986 por un ministro sumariante civil e independiente, ampliamente respetado, el ministro de Corte Alberto Echavarría Lorca. En cuatro procesos anteriores él había fallado contra el gobierno militar. Esta vez los hechos los habían presenciado sólo los quemadores quemados, el capitán Pedro Fernández Dittus y 15 suboficiales y conscriptos de un vehículo militar. Y el juez Echavarría concluyó en su sentencia que Carmen Gloria Quintana, tratando de huir, volcó una botella con líquido altamente inflamable y, al intentar apagar el fuego de su pierna, volcó otros recipientes, cuya inflamación quemó a Rodrigo Rojas, que estaba tendido en el suelo. 

Fueron apagados por los militares, uno de los cuales sufrió también quemaduras. Entonces el capitán Fernández Dittus resolvió reembarcar a su gente y entregar a los detenidos a Carabineros para que los llevaran a un hospital, pero éstos le pidieron encarecidamente no hacerlo y que les dejara ir, cosa a la que accedió, creyendo que las quemaduras no eran graves. Pero lo eran: Rodrigo Rojas falleció a consecuencia de ellas y Carmen Gloria Quintana sufrió graves lesiones. 

Echavarría condenó a Fernández Dittus a 600 días de reclusión, que cumplió, por cuasidelito de homicidio y de lesiones.

Casi 30 años después, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, dos de los conscriptos del vehículo militar tuvieron incentivos para recordar otra versión de lo que habían visto y que el oficialismo de izquierda magnificó: decían que varios oficiales de Ejército habían quemado a Rojas y Quintana intencionadamente. Lo habían olvidado durante casi treinta años y repentinamente lo recordaron. Como ya imperaba la justicia de izquierda en Chile y ante una querella del gobierno, en medio de gran publicidad por las revelaciones, se designó ministro sumariante a Mario Carroza. Éste violó la cosa juzgada y la prescripción y, falseando la verdad, culpó a otros oficiales ajenos a los hechos y que habían llegado después al lugar donde ocurrieron. Además, imputó también al excapitán Fernández Dittus, suboficiales y conscriptos, que ya habían sido juzgados en 1986 y eran ahora modestos jefes de hogar. Debido a ello perdieron su libertad y sus trabajos y sus familias cayeron en la pobreza. 

Pero, y esto es muy decidor, salvo los dos conscriptos disidentes, que cambiaron sus declaraciones por los motivos imaginables, todos los demás mantuvieron la misma versión de 1986, salvo uno, Leonardo Riquelme Alarcón, que fue más allá en materia de honestidad y agregó algo nuevo: que había sido él quien, accidentalmente, había tropezado con las botellas acarreadas por Rojas y Quintana, quebrándolas y suscitando el fuego. 

Carroza condenó a oficiales ajenos a los hechos, al excapitán Fernández y a los otros protagonistas a altas penas, pero ayer la Corte de Apelaciones ds Santiago las aumentó: 20 años de presidio a tres oficiales que no participaron, sino que acudieron posteriormente, y también a Fernández Dittus, que ya cumplió pena en el mismo caso. Diez años de presidio a Leonardo Riquelme y otros ex suboficiales y conscriptos, como cómplices (habiendo aquél confesado ser autor involuntario). Tres exconscriptos fueron absueltos y hubo otras condenas por encubrimiento.

Fallo ilegal, escandaloso por su origen espurio e inmoral por castigar a inocentes.

Termino confiando en que algún día, probablemente más tarde que temprano, veré condenados por prevaricación a Carroza y los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago por esta manifiesta trasgresión de las leyes, de la verdad de los hechos, de la justicia y de la moral esencial que debe presidir la existencia de los seres civilizados..

Democracia "Defectuosa" y Locura

En mi existencia he convivido con varios estados de locura mayoritaria como el actual. También he leído acerca de otros anteriores a mi vida. Pues en Chile han sobrevenido de tiempo en tiempo. Por ejemplo, en 1932 se instaló una "República Socialista", encabezada por el aviador Marmaduke Grove. La masa, feliz, se tomaba el centro al grito rítmico de "¿Quién manda el buque? ¡Marmaduke!", que se había hecho inmensamente popular regalando cosas que no eran suyas, como las empeñadas en la Caja de Crédito Prendario, que los deudores, por orden suya, podían retirar sin pagar. Pero la locura duró sólo tres semanas.

Hoy es igual: una masa enorme aclama a Boric cuando dice: "¡Vamos a redistribuir toda la riqueza de los chilenos de una manera más justa!" Los que están en la calle se imaginan recibiendo, ya, su parte de los billetes, los bienes y las empresas de los Luksic, los Paulmann, los Matte, los Angelini, los Hurtado, los Fernández León, los Yarur, los Hites, los Calderón y para qué seguir. 

Boric, a lo mejor, cree que puede, pero no puede, aunque todavía no lo sabe porque, en general, sabe poco.

Allende también lo creia. Cuando asumió en 1970 se produjo una efervescencia popular similar a la de hoy. En estos días leemos, en "Hace 50 Años" de "El Mercurio", cuando salió su ministro de Economía, Pedro Vuskovic, a la cabeza de una poblada, y se fue "tomando" sucesivamente 91 empresas ajenas, declarando que iban a pasar al Area Social. No tenía derecho, pero se las tomaba. Los jueces entonces fallaban que debían devolverse a sus dueños, pero el Gobierno no prestaba la fuerza pública para restituirlas. Y así se fue haciendo la revolución "socialista, marxista, integral" (como le anticipó  Allende a Regis Debray), de facto, hasta que... ustedes saben.

Lo que anuncia Boric es igual. ¿Cómo va a repartir la riqueza ajena? Yo no sé, porque nada de eso se puede. En mi opinión, la parte del país que le cree (en general, la más joven) está en estado de enajenación. Si el presidente tiene un TOC, el país completo tiene algo peor, un trastorno general. Anoche en TV vi en "Estado Nacional" un debate serio pero inverosímil, donde una convencional muy letrada, con vestido sin hombros, y un convencional socialista muy compuesto, discutían si iba a haber Presidencialismo atenuado, Semipresidencialismo o Parlamentarismo, partiendo de la base, por supuesto, de que además el Senado iba a ser suprimido. Discutían cómo iba a ser la "Cámara Regional" que lo iba a reemplazar. ¿Existe algo de todo eso? Nada. Dicen que lo van a redactar y aprobar, pero en este momento es sólo "humo". Y había una periodista moderadora que se lo tomaba todo en serio. La gente con sentido común sabe que a la Convención se le termina el plazo el 4 de abril y que a más tardar el 29 de marzo debería haber 55 convencionales que le pidieran a la Mesa la única prórroga a que tienen derecho, hasta el 4 de julio, y no han hecho nada de eso. Por ahora, el "humo" se acabará solo en menos de dos semanas más.  

Es que siempre ha habido gente cuerda que se ha tomado en serio estas locuras. En 1931, ante el "humo" que vendía Marmaduke, un personaje tan aterrizado y formal como Agustín Edwards McClure le pidió audiencia y, con toda seriedad, le preguntó si "El Mercurio" iba a contar con alguna garantía bajo la República Socialista. Don Marma lo tranqulizó al respecto. Así refiere, por lo menos, la Historia de Gonzalo Vial. Un mes después la República Socialista ya no existía y sus jefes estaban presos o desterrados. 

Ahora varias personas alarmadas me preguntan si Boric puede distribuir las riquezas ajenas de la manera que promete y por lo cual la multitud lo ha ovacionado, y les respondo que no puede, que si hubiera una nueva Constitución que lo permitiera (y no la hay) habría que preparar y redactar nuevos códigos civil, de comercio, de minería, de aguas y demás, hoy basados en el respeto a la propiedad, las inscripciones y las solemnidades de una sociedad que se ha ido estructurando jurídicamente durante más de 200 años. 

Están locos. Dicen que actúan en nombre "de la democracia", pero es al revés. Hoy un lector ha recordado, en cartas a "El Mercurio", que según el estándar democrático mundial de The Economist, Chile era, bajo la Constitución de 1980, una "democracia plena". A partir, del régimen de facto instaurado bajo el "Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución" del 15 de noviembre de 2019, ha descendido a "democracia defectuosa", dictamina. Es la que estamos viviendo, donde manda la turba y ya ni siquiera se sostiene el precepto fundamental: una persona, un voto. 

Calma, volveremos en razón. ¿Cómo? No sé.

Chile Merece Desaparecer

En estos días me he condolido del desmembramiento del país, pero han acontecido dos cosas que me hacen pensar que se lo tiene merecido.

La primera es otro fallo más, completamente ilegal, de la segunda sala de la Corte Suprema, que ha regalado 150 millones de pesos a los descendientes de Waldo Alfaro Retamal, muerto por una herida en el muslo en el interior de la Escuela de Artillería de Linares en julio de 1974. Los ministros Jorge Dahm, María Teresa Letelier, Raúl Mera, Miguel Vázquez y la abogada integrante Pía Tavolari han atropellado impunemente leyes expresas y vigentes, como las de amnistía y prescripción, para aprobar esa exacción ilegal. Hay, además, uniformados presos por eso. Forman parte del grupo más débil de nuestra sociedad. Junto con los que están por nacer, son parias en el Chile en disolución.

No siempre fue así. Chile viene en declive desde el 11 de marzo de 1990, pero todavía el 6 de agosto de 2005 el ministro de la segunda sala de la Corte Suprema, Nibaldo Segura y los abogados integrantes Luz María Jordán y José Fernández, contra los ministros de minoría Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, habían absuelto al comandante del regimiento de Angol y a su personal por la muerte en su interior de dos sujetos. Los jueces de la mayoría sostuvieron que no era posible aplicar la Convención de Ginebra para desechar la amnistía y la prescripción, debido a que no existían pruebas de que en Chile, en 1973, hubiera un estado de guerra, así como tampoco era posible aplicar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque no estaba vigente en 1973. Además, no se consideró la Convención sobre Imprescriptibilidad de la ONU por no haber sido suscrita por Chile. 

¿Qué cambió en la Corte Suprema? El color político de la mayoría. Y por eso Punta Peuco está repleto de Presos Políticos Militares. "Políticos" porque, si se aplicaran las leyes, estarían libres. 

Pero también ha cambiado el sentir de los militares activos, que han vuelto la espalda y bajado el pulgar a sus predecesores, especialmente los veteranos del '73. Desde que el CJE Juan Emilio Cheyre en 2004 se diera una vuelta en el aire al declarar al Ejército "responsable de todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado", hasta que el penúltimo CJE, Ricardo Martínez Menanteau, legara un tomo completo de falsedades para enlodar a Augusto Pinochet, culpándolo, en particular, de las muertes en Copiapó, en octubre de 1973, a manos de la comitiva de su general-delegado, Sergio Arellano Stark.

Para mí lo peor es la fuerza que ha tomado la mentira en ese particular caso, que conozco bien. Fue el proceso que, entre otros casos, administró y activó el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, en 1999. La suya fue la cara que anunció al mundo --un Occidente en decadencia y ansioso de ver caer a su "villano favorito"-- el ilegal y vergonzoso desafuero del senador Pinochet.

Pero a medida que pasa el tiempo todo puede ponerse peor: en estos días ha surgido la voz del general (r) Hernán Núñez Manríquez, hasta ahora invariable defensor de sus camaradas injustamente procesados y de la verdad histórica. Ahora condena a Arellano y Pinochet por hechos que sucedieron cuando la comitiva del primero no había salido de Santiago, en la madrugada del 16 de octubre de 1973.

Piedra angular en la nueva versión es una afirmación de un libro de Orlando Sáenz, falsa e inverosímil, como la de que él "citó a su oficina" al general Arellano en 1973, después de los hechos del norte, y entonces éste le habría "confesado" que Pinochet le ordenó matar a alguien en Antofagasta, a lo cual se habría negado, salvo que se lo ordenara por escrito, a cuyo efecto Pinochet lo habría hecho en un papel, afirmándose en la espalda de Arellano para poner su rúbrica en la "orden de matar".  Conducta propia de un imbécil, y Pinochet podía ser todo, pero no imbécil. Absolutamente falso. Pero esa anécdota le ha dado popularidad al libro, cuyo autor ha sido entrevistado particularmente sobre ese punto.

El relato de Sáenz es producto de su vanidad y fértil imaginación, porque en 1973 ningún civil "citaba a su oficina" a un general, como dice él que hizo con Arellano. En el mejor de los casos, el civil humildemente pedía audiencia al militar. En octubre de 1973 hasta Frei Montalva y Aylwin rendían culto y defendían a los uniformados. 

Además, las numerosas muertes de Antofagasta las resolvió, por sí y ante sí, un comandante, Sergio Arredondo, a medianoche y mientras el comandante del regimiento, Joaquín Lagos Osorio, y el propio Arellano, cenaban y pernoctaban en la casa del primero, en total desconocimiento de que se iba a sacar de la cárcel a un grupo de alrededor de 15 presos y a fusilarlos, sin orden ni juicio previo, en un lugar cercano del desierto. Lagos Osorio tenía todas las atribuciones, como Comandante del Area Jurisdiccional y de Seguridad Interior (CAJSI), para juzgar los hechos, pero no lo hizo cuando, un día después, se enteró de la verdad. Al final procedió de manera descabellada, traicionó al Ejército, institución que debió abandonar, y culpó a la Junta. Terminó años después condecorado oficialmente en 2005 por el Partido Comunista por sus servicios a la causa.

El mismo Lagos Osorio, de hecho, informó a Pinochet de lo acaecido, que este último ignoraba, cuando pasó por Antofagasta en camino a Iquique al día siguiente. Y ante la versión falsa de aquél, Pinochet intentó por todos los medios llamar a Arellano para que regresara inmediatamente a Santiago, sin ubicarlo. Todo esto está archiprobado, confirmado por el propio Lagos Osorio en declaraciones judiciales y completamente juzgado en 1986 en el tribunal de Antofagasta. ¿Cómo puede ahora Sáenz discurrir una "orden de matar" a una persona en particular, dada por Pinochet por escrito a Arellano, cuando el único papel de instrucciones a este último lo examinó la Comisión Rettig y en su informe concluyó que "no se hablaba de ejecuciones sin proceso, más aún, el mensaje del delegado en viaje contenía una referencia expresa y repetida a facilitar el derecho a defensa de los procesados"?

EPÍLOGO: "SACARSE EL PILLO".

El 15 de octubre de 1973 el comandante Oscar Haag ordenó al capitán Patricio Díaz Araneda trasladar a 13 reos de izquierda a La Serena, porque uno de ellos había denunciado un plan de fuga y temía morir si la intentona se producía. En un blog anterior hablé erróneamente de 16 reos, porque otros tres fueron muertos el mismo día en el mismo regimiento, en un caso aparte. 

El capitán y dos soldados o conscriptos, junto al conductor del bus o camión partieron en la noche del 15, pero tuvieron un desperfecto eléctrico. Aprovechándose de ello los reos intentaron fugarse. Los uniformados les dispararon y los mataron a todos. El capitán Díaz regresó al regimiento. Hizo un informe al comandante Haag. Éste hizo un oficio al cementerio, pidiendo 13 sepulturas. 

(Paréntesis: mi amigo y colega Luis Valentín Ferrada, que completó su enseñanza media en la Escuela Militar, me dijo un día, y a mí no se me olvidó más: "Mira, lo que a uno mejor le enseñan en la Escuela Militar es a sacarse el pillo"). 

Hecho concreto: el regimiento tenía entre manos UNA TREMENDA EMBARRADA. Sabían todos que, gobierno militar y todo, 13 muertos con "ley de la fuga" no se lo tragaría nadie, aunque fuera verdad. Y entonces apareció "un pájaro salvador", un helicóptero. ¿Cómo sacarse el pillo? ¡Echándoles la culpa a los del helicóptero! Le cambiaron la fecha al oficio del capitán Patricio Díaz Araneda, del 16 al 17 de octubre. ¡Fueron muertos por orden del delegado de Pinochet! Pero se les olvidó un detalle: el oficio al cementerio. Éste quedó con fecha 16 en el libro "Los Zarpazos del Puma". Y ahí sí que no se pudieron "sacar el pillo". Ni la autora de los "Zarpazos..." lo pudo explicar cuando yo lo denuncié en mi columna de "El Mercurio" y me reí de ella.

Ésa es la verdad. Pero en Chile "la mentira es más fuerte", como lo vemos hoy mismo en el testimonio de Orlando Sáenz y en la nueva versión del general Núñez Manríquez. Todo esto está terminando por destruir el país que, visto el desprecio de la mayoría de sus habitantes por la verdad, merece la pena capital.

Sobrevivir al Desmembramiento de Chile

Es una realidad que Chile, como país, va ser desmembrado por mayoría de votos. 

Dejemos a un lado los calificativos o juicios de valor. Seamos francos con nosotros mismos: la "fértil provincia y señalada/ en la región Antártica famosa/ de remotas naciones respetada/ por fuerte, principal y poderosa/ que no ha sido por rey jamás regida/ ni a extranjero dominio sometida", si probablemente nunca existió tan así, con toda certeza ahora está dejando de existir completamente. 

Va a desaparecer después del plebiscito de salida de julio próximo, el que con toda certeza van a ganar los mismos merluzos que nos han venido venciendo en todos los comicios recientes. Salvo la primera vuelta presidencial de 2021, claro está, que sirvió nada más que para unir mejor al izquierdismo en la segunda y hacer ganar al peor candidato de los anales de nuestra historia republicana, pero que era de izquierda y capaz de recitar de corrido todas las mentiras habidas y por haber contra Pinochet, lo cual es garantía de triunfo electoral en este exChile de los cerebros lavados.

Entonces nos van a volver a ganar, por supuesto, diciéndonos "Rechazo = ¡Pinochet!", lo que en mi caso es rigurosamente exacto y deseable, pero no en el de otros cerebros lavados que, pese a ser tales, siguen en la derecha porque prefieren la libertad.

Hoy leí en "El Mercurio" lo que va de nueva Constitución y comprobé que ella admite la organización de Regiones Autónomas y Territorios Especiales, uno de los cuales podría ser "Chile Libre", como el que, con tan escaso eco popular, propuse ya en 2020 ("Declaración de Independencia", 26.10.20), cuando propicié el separatismo amistoso de las comunas donde venció el Rechazo, para perpetuar en ellas el modelo de libertades de la Constitución actual. 

El territorio especial de Chile Libre sería como Hong Kong o Taiwán o el Singapur del sudeste asiático. Amplia libertad, Estado chico, mano dura con la delincuencia y hasta podríamos tener un Partido Comunista de salón, con pura GCU roja que despotrique todos los días contra el sistema en los salones de El Golf 50 y tenga columnistas boutique de izquierda en "El Mercurio", como hoy.

Las posesiones e inversiones que tuviéramos los chilenos libres en otros territorios probablemente se irían en gran parte al diablo, cayendo dentro de las fauces de la voracidad roja que imperaría en el resto del país. Y, por otra parte, tendríamos que vigilar la ola migratoria que se nos vendría encima desde el resto de los territorios cautivos de los rojos. Pero ya no estaríamos gobernados por Michelle Bachelet ni por Sebastián Piñera (si bien por Pepe Piñera podría ser), así es que sabremos manejar bien el problema.

Vamos pensando, entonces, en Chile Libre, "Territorio Especial". Y que el resto viva y se refocile en el socialismo y con su pan se lo coma.