El otro día leí que el Presidente había pedido audiencia en su casa a uno de sus antecesores, el inefable don Patricio. Al cabo de la visita se supo el motivo: en el Museo Histórico hay una sección dedicada a resaltar el legado de cada Presidente, pero que incurre en una omisión imperdonable: la secuencia se interrumpió hace ya varias administraciones, de tal modo que Piñera no figura ahí, para recibir el homenaje de eterna admiración de los chilenos. Entonces, como Aylwin tampoco está, le ofrece formar alianza para incorporar los nombres de ambos a la memoria histórica de los chilenos. Para edificación cultural de la ciudadanía, naturalmente. Y con el dinero de ésta.
Conjeturo, a partir de ello, que Sebastián Piñera piensa dedicar su último año (porque a estas alturas del próximo ya nadie se preocupará de él, sino de la elección de su sucesor(a)) a lo que más le importa en la vida: su propio enaltecimiento. Pero esos desvelos le impiden darse cuenta del avance de la revolución en curso.
Antes de profundizar en ella diré que fue bien pensado visitar a don Patricio para comprometerlo en la tarea del autoenaltecimiento, pues él comparte el celo por su imagen. Ha tenido algunos tropiezos en lograrlo, es cierto, como el que usted puede ver en YouTube si digita "Aylwin" y ve el video más visto de todos. Y también si lee el diario digital "Chile Informa" de anteayer viernes 28 de septiembre, donde el periodista Fernando Martínez Collins recuerda que, en 1993, el entonces Presidente Aylwin le prohibió la entrada a La Moneda sólo por haberle preguntado cómo conciliaba su declaración de que no indultaría a terroristas envueltos en hechos de sangre con su posterior indulto a los mismos. Aylwin no sólo se enfureció y le reprendió severamente delante de todos, cuando se lo preguntó, sino que prohibió en lo sucesivo su ingreso a La Moneda. Entonces el diario de Martínez Collins discretamente lo redestinó al Congreso, en Valparaíso. Y, recuerda también el periodista, ningún medio informó de su interpelación al Presidente, pese a que ella tuvo lugar delante de todos los periodistas de Moneda, ni de las consecuencias de ella. Pese a que oficialmente ya no había en Chile "presiones ni censura del gobierno contra los periodistas", como, según algunos, sucedía antes de 1990.
Pero no nos perdamos en la polvareda, porque mi tema de hoy es que la revolución sigue su curso. Hoy en "El Mercurio" sólo una carta del lector Gerardo Jofré toma nota del importante aporte a ella hecho por la Pastoral de los obispos que comenté anteayer. Jofré la etiqueta discretamente de "populismo" episcopal, pero es mucho más que eso. Es el aporte del episcopado a los revolucionarios que quieren cambiarlo todo. Se suma al clima revolucionario, que no reside sólo en la acción violenta de los encapuchados que disparan con armas de fuego a Carabineros, en la acción de los "cascos azules" para anular su eficacia antiterrorista, en la de los comandos terroristas en la Araucanía, que incendian bosques, maquinaria, cosechas y viviendas allá o en el llamado a transgredir la Constitución que está en muchas páginas de los diarios.
Vean ustedes la página C 7 de "El Mercurio" de hoy, donde los ex ministros socialistas de Bachelet, junto con repudiar a Camilo Escalona por no sumarse a la idea de la Asamblea Constituyente, la instituyen como un planteamiento básico de su partido.
Traduzco: eso implica pasar por sobre la Constitución. Y en eso están todos, en los diferentes frentes revolucionarios: no sólo hablo de los comunistas, desde siempre en eso y cuyos jóvenes impacientes (Camila a la cabeza) llaman a "funar" las elecciones; hablo del frente eclesiástico, ya comentado; del intelectual (véanse las "Conversaciones" de Pilar Vergara con Ernesto Ottone, el pensador próximo a Lagos, hoy en Reportajes de "El Mercurio", donde demanda cambiar los quórums constitucionales y que ayer, en el mismo diario, donde es columnista, se preguntaba, vistos los vientos que corren: "¿Podremos Vivir Juntos?"); veáse también a Lagos mismo, aliado con José Antonio Gómez, demandando la inconstitucional "Asamblea Constituyente"; véase a los kerenskys, como siempre, poniendo la alfombra a la revolución (Ignacio Walker, presidente de la DC, también impulsa la rupturista "Asamblea"); y, en fin, no se olvide el frente revolucionario judicial de izquierda, sobre el cual hoy da otra voz de alarma Pablo Rodríguez, también en "El Mercurio" (A2).
Sólo falta, para completar el cuadro revolucionario, el desfallecimiento de la derecha, promovido eficazmente por ese sector de la misma que habitualmente tiende a marcharse hacia las líneas adversarias. Hasta hoy lo encabezó Piñera, y se suma a él el nuevo contingente de "arrepentidos" que ha reclutado.
¿Y qué creen ustedes que hará Michelle, cuya llegada se acerca indefectiblemente? ¿Vendrá a dar su respaldo al devenido moderado Escalona y a la constitucionalidad, o a sumarse a las fuerzas revolucionarias?
domingo, 30 de septiembre de 2012
viernes, 28 de septiembre de 2012
La Invocación de los Pastores
Por supuesto que la Carta Pastoral de los Obispos tenía que provocar el efecto de que da cuenta "El Mostrador": la Iglesia hizo "un giro a la izquierda". Los demás diarios seguramente piensan lo mismo pero no lo publican, sino que simplemente reproducen el pot pourri que leyó Monseñor Ezzati. Con todo, pienso que a él no se le debe echar la culpa, porque debe forzosamente incluir en el mensaje, a discreción, algo o mucho de lo que quieren decir las tres alas del Episcopado. Éste, como toda institución chilena que se respete, se divide en derecha (clara minoría), centro e izquierda (ambas forman la Concertación y son mayoría).
Por cortesía, entonces, monseñor incluyó un párrafo satisfactorio para la minoría de derecha y que fue seguramente (en forma tímida, como lo hace la derecha) sugerido por ésta: "Los mayores niveles de educación alcanzados ofrecen oportunidad de contribuir al progreso en dos dimensiones esenciales de lo humano: la razón y la libertad". Perfecto.
Pero después, en todo el resto, la mayoría de centroizquierda y pasó la aplanadora:
"Chile, dice, es uno de los países donde se ha aplicado con mayor rigidez y ortodoxia un modelo de desarrollo centrado en los aspectos económicos y en el lucro". Lo cual, por supuesto, es notoriamente falso, pues el sistema imperante está centrado, justamente, "en la razón y la libertad". Cualquiera puede hacer lo que desea (libertad). ¿Qué norma obliga a producir ganando plata (lucro)o cuál prohíbe renunciar a las ganancias y trabajar "por bolitas de dulce"? Ninguna.
Naturalmente, como el ser humano es, aunque repita boberías, racional ("la razón"), generalmente, cuando hace algo, espera obtener de ello más de lo que le ha costado ("lucro"). Sólo los izquierdistas emplean en una actividad más recursos de los que ésta genera, y lo hacen porque esos recursos casi nunca son de ellos, sino del Estado, es decir, de todos. Ergo, pueden dilapidarse (o llevarse para la casa en sobres con billetes)...
Lo que viene a continuación, en la Carta Pastoral, da fe de la mayoría de izquierda en el seno del Episcopado que la emite: "Se aceptaron ciertos criterios sin poner atención a consecuencias que hoy son rechazadas a lo ancho y largo del mundo, puesto que han sido causa de tensiones y desigualdades escandalosas entre ricos y pobres". ¿En qué planeta vive la mayoría de los obispos? Las tensiones y desigualdades "a lo largo y ancho del mundo" derivan de que se aplicó el principio socialista de gastar lo que no se tenía, y ahora, cuando hay que pagar la cuenta, la plata no alcanza. Reventó el "Estado de Bienestar" izquierdista.
Luego añade la Pastoral, obviamente refiriéndose a Chile: "La libertad económica ha sido más importante que la equidad y la igualdad. La competitividad ha sido más promovida que la solidaridad social y ha llegado a ser un eje de todos los éxitos".
Lamenta que se haya puesto "al mercado como asignador de todos los recursos". ¿Y quién debería asignarlos, entonces? La respuesta la sabemos, pues hace siglo y medio la dio Marx: el Estado.
Monseñor lamenta que éste "pierda sus instrumentos de intervención hasta convertirse sólo en un ente regulador... Se postergan medidas que retardan hasta lo inaceptable una mejor distribución y una mayor integración social. Esto se da, por ejemplo, dice, en la dificultad de revisar el sistema impositivo".
¡Por supuesto! ¡Cómo no nos habíamos dado cuenta antes! Más impuestos para que haya un Estado más grande, con muchos burócratas generosos que ni siquiera por un momento van a pensar en quedarse ellos con la plata, como lo hacían en MOP-GATE, sino que la van a repartir generosa e igualitariamente entre todos los chilenos.
Pero, se conduele la Pastoral, no hay nada de eso: "El lucro desregulado, que adquiere connotaciones de usura, aparece como la raíz misma de la inequidad, de la voracidad, del abuso, de la corrupción y del desgobierno".
Esto nos deja listos para aplicar el programa diseñado y publicado por Pancho Vidal hace pocos días y que, se supone, ya va a tener listo para cuando Michelle Bachelet anuncie finalmente su decisión de venir a reinstaurar el socialismo en Chile y a reconquistar la felicidad inmensa que nos dio, lamentablemente sólo de manera transitoria y hasta que sólo quedó "harina para pocos días más", la "revolución con empanadas y vino tinto" en 1973. ¿O Michelle irá de nuevo a preferir a Andrés Velasco?
¿El debilitamiento del matrimonio, la disolución de la familia y los "niños sueltos" que caen en la droga y el delito porque la madre ¡oh éxito social!, ha entrado a formar parte de la "fuerza de trabajo" (como si formar bien a los hijos no fuera el más digno de los trabajos); aborto rampante, la degradación moral del lenguaje y la relajación de las costumbres... ¡Señor, váyase a otra iglesia, si a usted le preocupan esas cosas!
"Estamos refundando el país y esto es muy apasionante", concluyó, en fin, monseñor Ezzati. ¿Está seguro? ¿"Y si se chinga"?
Por cortesía, entonces, monseñor incluyó un párrafo satisfactorio para la minoría de derecha y que fue seguramente (en forma tímida, como lo hace la derecha) sugerido por ésta: "Los mayores niveles de educación alcanzados ofrecen oportunidad de contribuir al progreso en dos dimensiones esenciales de lo humano: la razón y la libertad". Perfecto.
Pero después, en todo el resto, la mayoría de centroizquierda y pasó la aplanadora:
"Chile, dice, es uno de los países donde se ha aplicado con mayor rigidez y ortodoxia un modelo de desarrollo centrado en los aspectos económicos y en el lucro". Lo cual, por supuesto, es notoriamente falso, pues el sistema imperante está centrado, justamente, "en la razón y la libertad". Cualquiera puede hacer lo que desea (libertad). ¿Qué norma obliga a producir ganando plata (lucro)o cuál prohíbe renunciar a las ganancias y trabajar "por bolitas de dulce"? Ninguna.
Naturalmente, como el ser humano es, aunque repita boberías, racional ("la razón"), generalmente, cuando hace algo, espera obtener de ello más de lo que le ha costado ("lucro"). Sólo los izquierdistas emplean en una actividad más recursos de los que ésta genera, y lo hacen porque esos recursos casi nunca son de ellos, sino del Estado, es decir, de todos. Ergo, pueden dilapidarse (o llevarse para la casa en sobres con billetes)...
Lo que viene a continuación, en la Carta Pastoral, da fe de la mayoría de izquierda en el seno del Episcopado que la emite: "Se aceptaron ciertos criterios sin poner atención a consecuencias que hoy son rechazadas a lo ancho y largo del mundo, puesto que han sido causa de tensiones y desigualdades escandalosas entre ricos y pobres". ¿En qué planeta vive la mayoría de los obispos? Las tensiones y desigualdades "a lo largo y ancho del mundo" derivan de que se aplicó el principio socialista de gastar lo que no se tenía, y ahora, cuando hay que pagar la cuenta, la plata no alcanza. Reventó el "Estado de Bienestar" izquierdista.
Luego añade la Pastoral, obviamente refiriéndose a Chile: "La libertad económica ha sido más importante que la equidad y la igualdad. La competitividad ha sido más promovida que la solidaridad social y ha llegado a ser un eje de todos los éxitos".
Lamenta que se haya puesto "al mercado como asignador de todos los recursos". ¿Y quién debería asignarlos, entonces? La respuesta la sabemos, pues hace siglo y medio la dio Marx: el Estado.
Monseñor lamenta que éste "pierda sus instrumentos de intervención hasta convertirse sólo en un ente regulador... Se postergan medidas que retardan hasta lo inaceptable una mejor distribución y una mayor integración social. Esto se da, por ejemplo, dice, en la dificultad de revisar el sistema impositivo".
¡Por supuesto! ¡Cómo no nos habíamos dado cuenta antes! Más impuestos para que haya un Estado más grande, con muchos burócratas generosos que ni siquiera por un momento van a pensar en quedarse ellos con la plata, como lo hacían en MOP-GATE, sino que la van a repartir generosa e igualitariamente entre todos los chilenos.
Pero, se conduele la Pastoral, no hay nada de eso: "El lucro desregulado, que adquiere connotaciones de usura, aparece como la raíz misma de la inequidad, de la voracidad, del abuso, de la corrupción y del desgobierno".
Esto nos deja listos para aplicar el programa diseñado y publicado por Pancho Vidal hace pocos días y que, se supone, ya va a tener listo para cuando Michelle Bachelet anuncie finalmente su decisión de venir a reinstaurar el socialismo en Chile y a reconquistar la felicidad inmensa que nos dio, lamentablemente sólo de manera transitoria y hasta que sólo quedó "harina para pocos días más", la "revolución con empanadas y vino tinto" en 1973. ¿O Michelle irá de nuevo a preferir a Andrés Velasco?
¿El debilitamiento del matrimonio, la disolución de la familia y los "niños sueltos" que caen en la droga y el delito porque la madre ¡oh éxito social!, ha entrado a formar parte de la "fuerza de trabajo" (como si formar bien a los hijos no fuera el más digno de los trabajos); aborto rampante, la degradación moral del lenguaje y la relajación de las costumbres... ¡Señor, váyase a otra iglesia, si a usted le preocupan esas cosas!
"Estamos refundando el país y esto es muy apasionante", concluyó, en fin, monseñor Ezzati. ¿Está seguro? ¿"Y si se chinga"?
miércoles, 26 de septiembre de 2012
La Verdad Histórica Tal Como Es
La muerte de un preso político uniformado, el coronel (r) de Ejército Luis Osorio Gardasanich, ha dado lugar en este blog, que cuenta entre sus comentaristas a un fuerte contingente de ideas y opiniones opuestas al autor del mismo, a acusaciones de que, en 1973, el referido oficial habría sido responsable de “asesinar a 17 campesinos en Chihuío”. Supuesto delito que, en todo caso, hoy no sólo ha prescrito en sí y en su acción penal, sino que también está amnistiado y ya fue juzgado antes, en el proceso rol 13.094 sustanciado por el Ministro en Visita Nibaldo Segura, y sobreseído.
Es decir, es un hecho objetivo que el coronel (r) Osorio estaba condenado ilegalmente, pasando por sobre tres causales de extinción de su responsabilidad: prescripción, amnistía y cosa juzgada, cada una de las cuales, de acuerdo con el art. 107 del código de procedimiento aplicable al caso, habría debido obligar a cualquier juez, irremisiblemente, si es que en Chile valiera de algo la letra de la ley, a poner término a cualquier nuevo proceso y a sobreseerlo.
Dice el referido art. 107: “Antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la forma en que se haya iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente sobre este asunto un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio”.
Los jueces de izquierda, que son mayoría, simplemente se ríen de ese mandato legal explícito. La mayoría de las Cortes de Apelaciones y Suprema también ratifican la prevaricación de sus inferiores (o prevarican ellas mismas, revocando la resolución de los anteriores, si ésta respeta el art. 107 citado).
Como puede apreciarse, las mayorías judiciales, por años, vienen desobedeciendo flagrantemente un mandato legal expreso sin ningún argumento válido. Eso es un delito, el de prevaricación, pero se reitera crónicamente y nunca ninguno de los magistrados que lo cometen ha sido sancionado. Y cuando tímidamente algún abogado o decano universitario ha impetrado de la Corte Suprema que, en uso de su superintendencia disciplinaria y correccional sobre toda la judicatura, remedie esta situación, ella no le ha hecho el menor caso. Ha continuado su “siesta” jurídica, como alguna vez la describió el historiador Gonzalo Vial.
Pero, además, los “17 campesinos de Chihuío” no eran tales. Pues todos, salvo uno, eran dirigentes de izquierda y trabajadores madereros del complejo de Panguipulli, respecto del cual el Ejército, en 1990, informó lo siguiente a la Comisión de Verdad y Reconciliación (ver “La Violencia Política en Chile”, de Carlos Molina y Francisco Balart, p. 80): “En cuanto a organizaciones industriales de carácter subversivo se destaca el Complejo Maderero Panguipuilli, que es justificado por los mismos argumentos anteriores, pero su real organización está destinada a crear grupos paramilitares, entrenar en el uso de armas y explosivos, confección de elementos de combate y desarrollar actividades extremistas y terroristas, tales como la agitación política de masas y propaganda en contra de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tomas de caminos y vías de acceso a las ciudades, atentados y secuestros de ejecutivos, tomas de medios de comunicación y servicios de utilidad pública, saqueos al comercio, asaltos a cuarteles para conseguir armamento, entre otros empleos”. Esa era la realidad que se vivía en la zona de esas 17 muertes, en 1973.
Como puede apreciarse, el Ejército no creía estar enfrentado a inocentes “campesinos”. El predicamento en el país era el que expresaba en esos días don Patricio Aylwin: había “no menos” de diez mil extremistas extranjeros armados, y a lo menos igual número de irregulares chilenos (muchos años después Carlos Altamirano confirmó este cálculo a la periodista Patricia Politzer).
El hecho fue que el 9 de octubre de 1973 efectivos militares apresaron a 17 subversivos y los condujeron a un fundo propiedad de un civil, en Baños de Chihuío. En esa época estaba vigente un Bando de la Junta de Gobierno, el número 25, del 12 de septiembre, que advertía que quienes presentaran resistencia armada serían “fusilados en el lugar de los hechos”. “En una hora no precisada”, dice el Informe Rettig, los prisioneros fueron sacados a 500 metros de la casa patronal del fundo y ejecutados. Dos días después los soldados los enterraron. Luego se emitieron sus certificados de defunción, sin haber entrega de cadáveres ni acta de sepultación.
Cinco o seis años más tarde, “personas de civil llegaron hasta la casa patronal del fundo Chihuío y exigieron al dueño que les indicara el lugar donde se encontraban las fosas… trasladando los restos hasta un lugar que hasta la fecha de este informe ha sido imposible de determinar”, expresa la Comisión Rettig.
Después se pudo determinar y todo tuvo una explicación. Ya el 7 de enero de 1974 la Junta había modificado el predicamento del Bando 25, mediante la Circular número 1, que si bien admitía aniquilar en combate a las fuerzas adversarias, señalaba que, en caso de rendición, debía juzgarse a los subversivos mediante “el procedimiento judicial más rápido”. Pero eso no evitó que mandos medios o menores cometieran abusos, sin conocimiento de sus superiores ni de la Junta. Ello se puso de manifiesto en 1978, cuando fueron descubiertos restos calcinados en una mina de Lonquén, acerca de los cuales nadie sabía, pues nadie había autorizado esas muertes. Sus autores fueron civiles de la zona y carabineros de baja graduación, que decidieron hacer justicia por sus manos con una familia de extrema izquierda que, durante la UP, había cometido muchos abusos en la localidad.
El eco nacional e internacional de ese hallazgo, inesperado para la propia Junta, condujo a una decisión desafortunada: hacer una investigación interna, bajo promesa de impunidad (pues los hechos ya estaban cubiertos por la amnistía) de todas las situaciones en que se hubiera dado muerte a elementos extremistas al margen de la legalidad. Obtenidos los datos sobre entierro de restos en diferentes lugares, fueron todos retirados y lanzados al mar. Esto fue revelado en la Mesa de Diálogo de los años ’90.
No hubo, bajo el Gobierno Militar, una política de matar gente y lanzarla al mar (al “estilo Osama bin Laden”), sino sólo una decisión lamentable, ex post, de averiguar una verdad odiosa, que no era conocida, y procurar ocultarla. Obviamente, lo que debió hacerse fue haber pagado el costo, entregado públicamente los restos a los familiares de las víctimas y haber reconocido la irregularidad de las muertes, que no eran responsabilidad de la Junta, sino producto de excesos que ésta no había ordenado, sino al contrario, que había dado instrucciones de evitar.
He dado a conocer estos antecedentes porque, de partida, el debate en este blog, a raíz de la muerte del coronel (r) Osorio, prisionero político y víctima de la prevaricación de los jueces, revela que las personas los desconocen. Y, por último, porque considero una misión dar a conocer la verdad histórica, que en Chile ha sido permanentemente desfigurada u ocultada. Y darla a conocer tal como es.
Es decir, es un hecho objetivo que el coronel (r) Osorio estaba condenado ilegalmente, pasando por sobre tres causales de extinción de su responsabilidad: prescripción, amnistía y cosa juzgada, cada una de las cuales, de acuerdo con el art. 107 del código de procedimiento aplicable al caso, habría debido obligar a cualquier juez, irremisiblemente, si es que en Chile valiera de algo la letra de la ley, a poner término a cualquier nuevo proceso y a sobreseerlo.
Dice el referido art. 107: “Antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la forma en que se haya iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente sobre este asunto un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio”.
Los jueces de izquierda, que son mayoría, simplemente se ríen de ese mandato legal explícito. La mayoría de las Cortes de Apelaciones y Suprema también ratifican la prevaricación de sus inferiores (o prevarican ellas mismas, revocando la resolución de los anteriores, si ésta respeta el art. 107 citado).
Como puede apreciarse, las mayorías judiciales, por años, vienen desobedeciendo flagrantemente un mandato legal expreso sin ningún argumento válido. Eso es un delito, el de prevaricación, pero se reitera crónicamente y nunca ninguno de los magistrados que lo cometen ha sido sancionado. Y cuando tímidamente algún abogado o decano universitario ha impetrado de la Corte Suprema que, en uso de su superintendencia disciplinaria y correccional sobre toda la judicatura, remedie esta situación, ella no le ha hecho el menor caso. Ha continuado su “siesta” jurídica, como alguna vez la describió el historiador Gonzalo Vial.
Pero, además, los “17 campesinos de Chihuío” no eran tales. Pues todos, salvo uno, eran dirigentes de izquierda y trabajadores madereros del complejo de Panguipulli, respecto del cual el Ejército, en 1990, informó lo siguiente a la Comisión de Verdad y Reconciliación (ver “La Violencia Política en Chile”, de Carlos Molina y Francisco Balart, p. 80): “En cuanto a organizaciones industriales de carácter subversivo se destaca el Complejo Maderero Panguipuilli, que es justificado por los mismos argumentos anteriores, pero su real organización está destinada a crear grupos paramilitares, entrenar en el uso de armas y explosivos, confección de elementos de combate y desarrollar actividades extremistas y terroristas, tales como la agitación política de masas y propaganda en contra de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tomas de caminos y vías de acceso a las ciudades, atentados y secuestros de ejecutivos, tomas de medios de comunicación y servicios de utilidad pública, saqueos al comercio, asaltos a cuarteles para conseguir armamento, entre otros empleos”. Esa era la realidad que se vivía en la zona de esas 17 muertes, en 1973.
Como puede apreciarse, el Ejército no creía estar enfrentado a inocentes “campesinos”. El predicamento en el país era el que expresaba en esos días don Patricio Aylwin: había “no menos” de diez mil extremistas extranjeros armados, y a lo menos igual número de irregulares chilenos (muchos años después Carlos Altamirano confirmó este cálculo a la periodista Patricia Politzer).
El hecho fue que el 9 de octubre de 1973 efectivos militares apresaron a 17 subversivos y los condujeron a un fundo propiedad de un civil, en Baños de Chihuío. En esa época estaba vigente un Bando de la Junta de Gobierno, el número 25, del 12 de septiembre, que advertía que quienes presentaran resistencia armada serían “fusilados en el lugar de los hechos”. “En una hora no precisada”, dice el Informe Rettig, los prisioneros fueron sacados a 500 metros de la casa patronal del fundo y ejecutados. Dos días después los soldados los enterraron. Luego se emitieron sus certificados de defunción, sin haber entrega de cadáveres ni acta de sepultación.
Cinco o seis años más tarde, “personas de civil llegaron hasta la casa patronal del fundo Chihuío y exigieron al dueño que les indicara el lugar donde se encontraban las fosas… trasladando los restos hasta un lugar que hasta la fecha de este informe ha sido imposible de determinar”, expresa la Comisión Rettig.
Después se pudo determinar y todo tuvo una explicación. Ya el 7 de enero de 1974 la Junta había modificado el predicamento del Bando 25, mediante la Circular número 1, que si bien admitía aniquilar en combate a las fuerzas adversarias, señalaba que, en caso de rendición, debía juzgarse a los subversivos mediante “el procedimiento judicial más rápido”. Pero eso no evitó que mandos medios o menores cometieran abusos, sin conocimiento de sus superiores ni de la Junta. Ello se puso de manifiesto en 1978, cuando fueron descubiertos restos calcinados en una mina de Lonquén, acerca de los cuales nadie sabía, pues nadie había autorizado esas muertes. Sus autores fueron civiles de la zona y carabineros de baja graduación, que decidieron hacer justicia por sus manos con una familia de extrema izquierda que, durante la UP, había cometido muchos abusos en la localidad.
El eco nacional e internacional de ese hallazgo, inesperado para la propia Junta, condujo a una decisión desafortunada: hacer una investigación interna, bajo promesa de impunidad (pues los hechos ya estaban cubiertos por la amnistía) de todas las situaciones en que se hubiera dado muerte a elementos extremistas al margen de la legalidad. Obtenidos los datos sobre entierro de restos en diferentes lugares, fueron todos retirados y lanzados al mar. Esto fue revelado en la Mesa de Diálogo de los años ’90.
No hubo, bajo el Gobierno Militar, una política de matar gente y lanzarla al mar (al “estilo Osama bin Laden”), sino sólo una decisión lamentable, ex post, de averiguar una verdad odiosa, que no era conocida, y procurar ocultarla. Obviamente, lo que debió hacerse fue haber pagado el costo, entregado públicamente los restos a los familiares de las víctimas y haber reconocido la irregularidad de las muertes, que no eran responsabilidad de la Junta, sino producto de excesos que ésta no había ordenado, sino al contrario, que había dado instrucciones de evitar.
He dado a conocer estos antecedentes porque, de partida, el debate en este blog, a raíz de la muerte del coronel (r) Osorio, prisionero político y víctima de la prevaricación de los jueces, revela que las personas los desconocen. Y, por último, porque considero una misión dar a conocer la verdad histórica, que en Chile ha sido permanentemente desfigurada u ocultada. Y darla a conocer tal como es.
lunes, 24 de septiembre de 2012
Muerte Fuera del Estado de Derecho
Ayer en la tarde falleció de una enfermedad terminal el coronel (r) del Ejército don Luis Osorio Gardasanich. Había cumplido quince meses de una condena a diez años y un día de presidio impuesta por la justicia chilena de izquierda contra toda ley, pues se le imputaron muertes ocurridas en el complejo maderero de Panguipulli, en 1973. En esa zona campeaba entonces la guerrilla del MIR. El famoso "Comandante Pepe", José Gregorio Liendo, la encabezaba. Había usurpado por las armas todos los fundos de alguna significación, haciendo huir a sus propietarios. Contaba con la complicidad del gobierno de la UP, la que quedó de manifiesto tras la visita de su ministro del Interior, José Tohá, a la región, donde sostuvo una amistosa conversación con el "Comandante Pepe", tras la cual nada cambió. Vino el pronunciamiento del 11 de septiembre y se registraron numerosos enfrentamientos, tras los cuales el líder guerrillero fue apresado, sometido a un tribunal de tiempo de guerra, condenado a muerte y ejecutado, con todas las formalidades legales.
Los hechos se encuentran no sólo prescritos desde hace casi un cuarto de siglo sino cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978, cuya validez ratificó el propio Presidente Aylwin en 1991 ("la Amnistía vigente, que mi gobierno respeta..."), cuando pidió inconstitucionalmente a los tribunales que no la aplicara sin antes haber agotado la investigación, dando así en el gusto a la extrema izquierda marxista, que deseaba ver a los uniformados "desfilando ante los tribunales", para poder vejarlos y, en algunos casos, agredirlos físicamante. Los activos nada dijeron y siguen hasta hoy sin decir nada. Vergüenza para ellos, que han abandonado a sus "caídos tras las líneas enemigas".
Todo esto ha acontecido contra la normativa legal. Ninguna legislación internacional autoriza desconocer la amnistía o la prescripción. El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que los hizo aplicables a conflictos internos, recomienda dictar después de ellos la más amplia amnistía y en ninguna parte deroga la prescripción. Los demás tratados posteriores advierten explícitamente que no son aplicables a hechos previos a su aprobación por el respectivo país. Además, no contienen tipos penales, sino sólo una recomendación de legislar para los respectivos Estados. En particular, el Tratado de Roma, vigente en Chile desde 2009 y que define los delitos de lesa humanidad, deja en claro que tal definición no es aplicable a las conductas de quienes combatieron acá a la guerrilla marxista.
Luego, el coronel (r) Osorio ha fallecido, como varios camaradas suyos antes que él, en calidad de preso político, pues ninguna ley autorizaba mantenerlo privado de libertad.
La noticia de su fallecimiento sólo se ha dado en medios digitales que defienden la causa de los presos políticos uniformados, los "samiszdats" chilenos (como este blog) que informan lo que la corriente dominante o "pensamiento políticamente correcto" se esmera en ocultar.
Por otro lado, el gobernante que, como candidato y para conseguir votos, les prometió a los uniformados (r) velar por la legalidad de sus procesos y, por tanto, implícitamente su liberación (aludiendo de manera expresa a la prescripción) no ha cumplido esa promesa y, al contrario, ha sido su peor cuchillo. Por tanto, ya que la justicia de los hombres no les da acceso a la legalidad que les permitiría volver a ser libres, numerosos de ellos, de avanzada edad, sólo avizoran una liberación a través de la muerte.
La flagrante injusticia e ilegalidad que ello envuelve y que viven cada vez más numerosos presos políticos uniformados ha dado lugar a una sola reacción de protesta significativa, que la corriente dominante procura mantener oculta: el Plan Ahora, que en las próximas elecciones municipales demanda anular el voto para concejales, ya sea marcando más de una preferencia o escribiendo una breve leyenda alusiva a la causa que persigue. Así se espera castigar el incumplimiento de los políticos con lo prometido a los uniformados (r).
La muerte del coronel (r) Luis Osorio, fuera de todo concepto de Estado de Derecho, se erige en una razón más para que las personas de bien, y todos quienes se beneficiaron del restablecimiento del derecho en Chile en 1973, y en particular los propietarios de fundos de Panguipulli, se plieguen a esta única herramienta de presión en favor de sus liberadores, hoy prisioneros políticos, el Plan Ahora.
Los hechos se encuentran no sólo prescritos desde hace casi un cuarto de siglo sino cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978, cuya validez ratificó el propio Presidente Aylwin en 1991 ("la Amnistía vigente, que mi gobierno respeta..."), cuando pidió inconstitucionalmente a los tribunales que no la aplicara sin antes haber agotado la investigación, dando así en el gusto a la extrema izquierda marxista, que deseaba ver a los uniformados "desfilando ante los tribunales", para poder vejarlos y, en algunos casos, agredirlos físicamante. Los activos nada dijeron y siguen hasta hoy sin decir nada. Vergüenza para ellos, que han abandonado a sus "caídos tras las líneas enemigas".
Todo esto ha acontecido contra la normativa legal. Ninguna legislación internacional autoriza desconocer la amnistía o la prescripción. El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que los hizo aplicables a conflictos internos, recomienda dictar después de ellos la más amplia amnistía y en ninguna parte deroga la prescripción. Los demás tratados posteriores advierten explícitamente que no son aplicables a hechos previos a su aprobación por el respectivo país. Además, no contienen tipos penales, sino sólo una recomendación de legislar para los respectivos Estados. En particular, el Tratado de Roma, vigente en Chile desde 2009 y que define los delitos de lesa humanidad, deja en claro que tal definición no es aplicable a las conductas de quienes combatieron acá a la guerrilla marxista.
Luego, el coronel (r) Osorio ha fallecido, como varios camaradas suyos antes que él, en calidad de preso político, pues ninguna ley autorizaba mantenerlo privado de libertad.
La noticia de su fallecimiento sólo se ha dado en medios digitales que defienden la causa de los presos políticos uniformados, los "samiszdats" chilenos (como este blog) que informan lo que la corriente dominante o "pensamiento políticamente correcto" se esmera en ocultar.
Por otro lado, el gobernante que, como candidato y para conseguir votos, les prometió a los uniformados (r) velar por la legalidad de sus procesos y, por tanto, implícitamente su liberación (aludiendo de manera expresa a la prescripción) no ha cumplido esa promesa y, al contrario, ha sido su peor cuchillo. Por tanto, ya que la justicia de los hombres no les da acceso a la legalidad que les permitiría volver a ser libres, numerosos de ellos, de avanzada edad, sólo avizoran una liberación a través de la muerte.
La flagrante injusticia e ilegalidad que ello envuelve y que viven cada vez más numerosos presos políticos uniformados ha dado lugar a una sola reacción de protesta significativa, que la corriente dominante procura mantener oculta: el Plan Ahora, que en las próximas elecciones municipales demanda anular el voto para concejales, ya sea marcando más de una preferencia o escribiendo una breve leyenda alusiva a la causa que persigue. Así se espera castigar el incumplimiento de los políticos con lo prometido a los uniformados (r).
La muerte del coronel (r) Luis Osorio, fuera de todo concepto de Estado de Derecho, se erige en una razón más para que las personas de bien, y todos quienes se beneficiaron del restablecimiento del derecho en Chile en 1973, y en particular los propietarios de fundos de Panguipulli, se plieguen a esta única herramienta de presión en favor de sus liberadores, hoy prisioneros políticos, el Plan Ahora.
sábado, 22 de septiembre de 2012
Nuevo Servicio del New York Times al Comunismo
Ese diario norteamericano tiene una larga trayectoria de ayudas al partido rojo. Una de las más señaladas fue su sistemática campaña propagandística en favor de Fidel Castro y su guerrilla, hace 53 años, como manera de ¡"restablecer la democracia" en Cuba! Y después la más estruendosa derrota militar en la historia de los Estados Unidos, la de Vietnam, en los años '70, se debió también en gran medida a los esfuerzos antipatrióticos del New York Times, en los cuales no estuvo solo, por supuesto, pues lo acompañó la "gran prensa" norteamericana en general, que tiene un sesgo izquierdista inocultable.
Por eso una de las grandes satisfacciones que he experimentado en mi vida de defensa de las ideas de derecha acaeció cuando toda esa "gran prensa" (New York Times, Washington Post et al) oficializó su apoyo al demócrata Kerry contra George W. Bush en 2004 y este último ganó con amplitud. Claro, recuerdo que en ese tiempo una señora de la "nueva derecha" chilena o "derecha boutique", que también compra cualquier balurdo izquierdista que se ofrezca en el mercado, me dijo en una comida, al borde de un ataque de nervios: "¡Supongo que no estarás con Bush!". Ataque de nervios que definitivamente le sobrevino cuando le respondí que sí.
Ahora el NYT compró otro balurdo rojo: que los carabineros chilenos atropellan los derechos humanos de los extremistas de izquierda, que han desatado desde 2011 una asonada revolucionaria contra el gobierno de Sebastián Piñera, de la cual éste, por supuesto, está siendo el penúltimo (sólo antes del NYT) en darse cuenta. El Cuerpo de Carabineros ha tenido que defenderse, enviando una larga carta con explicaciones al diario, de cuya publicación no se ha tenido noticia.
Para desgracia del NYT, un cabo segundo de Carabineros, Cristián Martínez, ha sido asesinado a sangre fría por un extremista durante una reciente asonada roja. Hoy mismo una carta del abogado Arturo Miquel Bañados en "El Mercurio" pregunta si el asesino, que está preso, va a ser perseguido y sancionado; y también se pregunta si los carabineros tienen derechos humanos en Chile o, por el contrario, no son considerados humanos ni tienen derechos. Obviamente, la respuesta a ambas preguntas es "no". En Chile todos los terroristas terminan libres y todos los carabineros presos. Cuando los terroristas Vergara Toledo abrieron fuego contra el cabo Marcelo Muñoz Toledo y los restantes miembros de la patrulla respondieron el fuego y mataron a los dos agresores, los policías fueron condenados y cumplen años de presidio; y el sesgado Informe Rettig habló de "falso enfrentamiento", ¡siendo que dichos terroristas fueron los que abrieron fuego! Y por algo el cabo de Carabineros Primitivo Castro Campos, que en junio de 1974 detectó a un terrorista que llevaba explosivos, en Talca, y debió luchar contra él porque pretendía asesinarlo con su propia arma de servicio, y terminó matando al terrorista, a raíz de todo lo cual fue condecorado por su institución y resultó absuelto en el respectivos proceso, hoy ¡casi cuarenta años después! cumple presidío de cinco años y un día por homicidio, condenado por la mayoría de izquierda de la Corte de Apelaciones de Talca (pues en primera instancia fue de nuevo absuelto en 2006) y por la mayoría izquierdista de la Sala Penal de la Corte Suprema, ¡contra todas las leyes vigentes! De modo que está claro que los carabineros no tienen derechos humanos, pues uno de los fundamentales es el derecho a un debido proceso.
En fin, y también para desgracia del NYT, las encuestas de opinión coinciden en una cosa: que la institución mejor evaluada por los chilenos es su Cuerpo de Carabineros.
Bueno, el "principal diario de los Estados Unidos" quiso seguir cumpliendo con su inveterada misión de apoyar esfuerzos comunistas en todo el mundo. Y, esta vez, le ha prestado un señalado servicio a la revolución comunista que está en curso en Chile. Pero, al menos desde el punto de vista de la opinión informaeda de este país, sólo está consiguiendo volver a hacer el mismo ridículo que cuando proclamó y profetizó, hace 53 años, que Fidel Castro iba a der el gran salvador de la democracia en Cuba.
Por eso una de las grandes satisfacciones que he experimentado en mi vida de defensa de las ideas de derecha acaeció cuando toda esa "gran prensa" (New York Times, Washington Post et al) oficializó su apoyo al demócrata Kerry contra George W. Bush en 2004 y este último ganó con amplitud. Claro, recuerdo que en ese tiempo una señora de la "nueva derecha" chilena o "derecha boutique", que también compra cualquier balurdo izquierdista que se ofrezca en el mercado, me dijo en una comida, al borde de un ataque de nervios: "¡Supongo que no estarás con Bush!". Ataque de nervios que definitivamente le sobrevino cuando le respondí que sí.
Ahora el NYT compró otro balurdo rojo: que los carabineros chilenos atropellan los derechos humanos de los extremistas de izquierda, que han desatado desde 2011 una asonada revolucionaria contra el gobierno de Sebastián Piñera, de la cual éste, por supuesto, está siendo el penúltimo (sólo antes del NYT) en darse cuenta. El Cuerpo de Carabineros ha tenido que defenderse, enviando una larga carta con explicaciones al diario, de cuya publicación no se ha tenido noticia.
Para desgracia del NYT, un cabo segundo de Carabineros, Cristián Martínez, ha sido asesinado a sangre fría por un extremista durante una reciente asonada roja. Hoy mismo una carta del abogado Arturo Miquel Bañados en "El Mercurio" pregunta si el asesino, que está preso, va a ser perseguido y sancionado; y también se pregunta si los carabineros tienen derechos humanos en Chile o, por el contrario, no son considerados humanos ni tienen derechos. Obviamente, la respuesta a ambas preguntas es "no". En Chile todos los terroristas terminan libres y todos los carabineros presos. Cuando los terroristas Vergara Toledo abrieron fuego contra el cabo Marcelo Muñoz Toledo y los restantes miembros de la patrulla respondieron el fuego y mataron a los dos agresores, los policías fueron condenados y cumplen años de presidio; y el sesgado Informe Rettig habló de "falso enfrentamiento", ¡siendo que dichos terroristas fueron los que abrieron fuego! Y por algo el cabo de Carabineros Primitivo Castro Campos, que en junio de 1974 detectó a un terrorista que llevaba explosivos, en Talca, y debió luchar contra él porque pretendía asesinarlo con su propia arma de servicio, y terminó matando al terrorista, a raíz de todo lo cual fue condecorado por su institución y resultó absuelto en el respectivos proceso, hoy ¡casi cuarenta años después! cumple presidío de cinco años y un día por homicidio, condenado por la mayoría de izquierda de la Corte de Apelaciones de Talca (pues en primera instancia fue de nuevo absuelto en 2006) y por la mayoría izquierdista de la Sala Penal de la Corte Suprema, ¡contra todas las leyes vigentes! De modo que está claro que los carabineros no tienen derechos humanos, pues uno de los fundamentales es el derecho a un debido proceso.
En fin, y también para desgracia del NYT, las encuestas de opinión coinciden en una cosa: que la institución mejor evaluada por los chilenos es su Cuerpo de Carabineros.
Bueno, el "principal diario de los Estados Unidos" quiso seguir cumpliendo con su inveterada misión de apoyar esfuerzos comunistas en todo el mundo. Y, esta vez, le ha prestado un señalado servicio a la revolución comunista que está en curso en Chile. Pero, al menos desde el punto de vista de la opinión informaeda de este país, sólo está consiguiendo volver a hacer el mismo ridículo que cuando proclamó y profetizó, hace 53 años, que Fidel Castro iba a der el gran salvador de la democracia en Cuba.
viernes, 21 de septiembre de 2012
Confiad en Nuestra Democracia Protegida
Muchos escriben en estos días preguntándose "¿qué le pasa a Chile?". "Nada grave", respondería yo. A Chile no le pasa nada que no le haya sucedido antes, pero antes no estaba tan bien protegido como ahora, gracias a que rige todavía lo esencial de la Constitución de Augusto Pinochet y Jaime Guzmán. El primero fue un intuitivo genial y el segundo un escéptico de la sabiduría de las masas. Por eso, entre ambos, instituyeron la "democracia protegida" que tenemos, cuya principal virtud es que la mayoría no puede hacer cualquier cosa, porque para eso se necesita juntar 2/3, 3/5 o 4/7. En otras palabras, es necesario el concurso de los chilenos más responsables y serios, es decir, de la minoría. Ésta siempre es más confiable que la mayoría.
Es verdad, tenemos un mal Presidente, demagogo y populista. Y después de él corremos el riesgo de caer bajo la Bachelet, que en teoría es peor, pero sólo en teoría, porque por lo menos durante su gobierno no subió el impuesto a las empresas, como su sucesor, que ya lo ha hecho dos veces; y ella también, creo, es más partidaria que él de la "economía de libre mercado", como se lo dijo textualmente a varios directivos de la Fundación Pinochet en la casa que tiene uno de éstos, Alberto Kassis, en el lago Caburgua, en el verano de 2008, según me contó Marcelo Zalaquett (Q.E.P.D.). (Y no me dijo que fuera "off the record").
Pero, por lo menos, el gabinete es mejor que el Presidente. Tuvo un excelente ministro, Juan Andrés Fontaine, con un no menos excelente subsecretario, Tomás Flores, que impulsaron la Agenda de Impulso Competitivo, iniciativa cuyos proyectos duermen el sueño de los justos, porque el Presidente es populista y concentra sus esfuerzos en prohibir proyectos necesarios, como Barrancones, o en reformas como la tributaria, pedida por los comunistas, y no en las propias de un ideario de derecha, como la de mejorar la competitividad. Le pidió la renuncia a Fontaine por pura politiquería, para llevar parlamentarios al gabinete, lo que constituye un atropello al sistema constitucional que nos rige y al sentido común. Pero la Agenda de Impulso Competitivo quedó ahí y alguna vez, con otro Presidente, podría ser realidad.
Y también hay otros buenos ministros haciendo buenas cosas. Por ejemplo, en Bienes Nacionales están licitando varias de las 17 mil propiedades raíces que tiene el más rico de todos los chilenos, el Estado. Esperan recolectar pronto unos US$238 millones de dólares por ese concepto. Por lo menos servirá pagar pagar durante un año las indemnizaciones y beneficios a la guerrilla extremista y sus familiares, para compensarlos por el "delito" cometido por Pinochet de haber derrotado al terrorismo por las armas y no haberle permitido establecer a perpetuidad un régimen totalitario.
Mientras buenos ministros, subsecretarios y jefes de servicios o entes estatales (CORFO) privatizan y eliminan "grasa", el Presidente sube impuestos y junta "grasa" anunciando un aumento del gasto público superior al del PIB. ¡Qué le vamos a hacer!
Mientras tanto, hay problemas que se arreglan solos, como ha sido el de Escalona, milagrosamente convertido en un republicano razonable, como que toma distancia de la "asamblea constituyente" y del PC. Para agentes corrosivos del sistema basta con Girardi, Teillier y la Vallejo. Escalona es lo más próximo a Bachelet que hay en el sistema, y como las encuestas indican que la recepción de la banda presidencial será para ella un mero trámite, el panorama es tranquilizador también por ese lado.
Y por el de acá la alternativa de Golborne --que encabeza las encuestas en su sector-- aparece, también, como muy superior a lo que tenemos y a cualquier otro de los aspirantes del mismo lado, en cuanto a seriedad y capacidad.
De manera que el "panorama-país", para emplear un lugar común de actualidad, no es alarmante. La revolución comunista en curso tiene pocas posibilidades de triunfar, aunque haya una gran falta de autoridad en el Gobierno, cuyo lema debería ser "por la razón o la debilidad", porque cualquiera lo pasa a llevar. Pero ya le queda poco más de un año, y eso no es nada habiendo tres elecciones de por medio, ya que en períodos como éste nadie en el país piensa en otra cosa. Hasta los revolucionarios dejan las armas y se dedican a hacer campaña. Incluso la "cuota de rupturismo" que anhela el senador socialista Letelier, quien con los años parece haber perdido los visos de formación civilizada que le dio su educación norteamericana, va a quedar para una siguiente etapa.
Hasta contra la prevaricación de los jueces de izquierda ha surgido un antídoto, el "Plan Ahora", consistente en anular el voto para concejales, que impulsa la "familia militar". Supongo que Piñera habrá oído las pifias de ésta durante la Parada Militar, mientras él alzaba el brazo haciendo como que recibía aplausos (Lagos instituyó ese truco). Si no hay respuesta, el Plan Ahora podría afectar después a candidatos a diputados y senadores.
De modo que el país puede estar tranquilo. Como decía un distinguido caballero boliviano que conocí en mi juventud, y que recitaba obviedades con particular elegancia: "todo pudo ser mejor, pero también todo pudo ser peor".
Es verdad, tenemos un mal Presidente, demagogo y populista. Y después de él corremos el riesgo de caer bajo la Bachelet, que en teoría es peor, pero sólo en teoría, porque por lo menos durante su gobierno no subió el impuesto a las empresas, como su sucesor, que ya lo ha hecho dos veces; y ella también, creo, es más partidaria que él de la "economía de libre mercado", como se lo dijo textualmente a varios directivos de la Fundación Pinochet en la casa que tiene uno de éstos, Alberto Kassis, en el lago Caburgua, en el verano de 2008, según me contó Marcelo Zalaquett (Q.E.P.D.). (Y no me dijo que fuera "off the record").
Pero, por lo menos, el gabinete es mejor que el Presidente. Tuvo un excelente ministro, Juan Andrés Fontaine, con un no menos excelente subsecretario, Tomás Flores, que impulsaron la Agenda de Impulso Competitivo, iniciativa cuyos proyectos duermen el sueño de los justos, porque el Presidente es populista y concentra sus esfuerzos en prohibir proyectos necesarios, como Barrancones, o en reformas como la tributaria, pedida por los comunistas, y no en las propias de un ideario de derecha, como la de mejorar la competitividad. Le pidió la renuncia a Fontaine por pura politiquería, para llevar parlamentarios al gabinete, lo que constituye un atropello al sistema constitucional que nos rige y al sentido común. Pero la Agenda de Impulso Competitivo quedó ahí y alguna vez, con otro Presidente, podría ser realidad.
Y también hay otros buenos ministros haciendo buenas cosas. Por ejemplo, en Bienes Nacionales están licitando varias de las 17 mil propiedades raíces que tiene el más rico de todos los chilenos, el Estado. Esperan recolectar pronto unos US$238 millones de dólares por ese concepto. Por lo menos servirá pagar pagar durante un año las indemnizaciones y beneficios a la guerrilla extremista y sus familiares, para compensarlos por el "delito" cometido por Pinochet de haber derrotado al terrorismo por las armas y no haberle permitido establecer a perpetuidad un régimen totalitario.
Mientras buenos ministros, subsecretarios y jefes de servicios o entes estatales (CORFO) privatizan y eliminan "grasa", el Presidente sube impuestos y junta "grasa" anunciando un aumento del gasto público superior al del PIB. ¡Qué le vamos a hacer!
Mientras tanto, hay problemas que se arreglan solos, como ha sido el de Escalona, milagrosamente convertido en un republicano razonable, como que toma distancia de la "asamblea constituyente" y del PC. Para agentes corrosivos del sistema basta con Girardi, Teillier y la Vallejo. Escalona es lo más próximo a Bachelet que hay en el sistema, y como las encuestas indican que la recepción de la banda presidencial será para ella un mero trámite, el panorama es tranquilizador también por ese lado.
Y por el de acá la alternativa de Golborne --que encabeza las encuestas en su sector-- aparece, también, como muy superior a lo que tenemos y a cualquier otro de los aspirantes del mismo lado, en cuanto a seriedad y capacidad.
De manera que el "panorama-país", para emplear un lugar común de actualidad, no es alarmante. La revolución comunista en curso tiene pocas posibilidades de triunfar, aunque haya una gran falta de autoridad en el Gobierno, cuyo lema debería ser "por la razón o la debilidad", porque cualquiera lo pasa a llevar. Pero ya le queda poco más de un año, y eso no es nada habiendo tres elecciones de por medio, ya que en períodos como éste nadie en el país piensa en otra cosa. Hasta los revolucionarios dejan las armas y se dedican a hacer campaña. Incluso la "cuota de rupturismo" que anhela el senador socialista Letelier, quien con los años parece haber perdido los visos de formación civilizada que le dio su educación norteamericana, va a quedar para una siguiente etapa.
Hasta contra la prevaricación de los jueces de izquierda ha surgido un antídoto, el "Plan Ahora", consistente en anular el voto para concejales, que impulsa la "familia militar". Supongo que Piñera habrá oído las pifias de ésta durante la Parada Militar, mientras él alzaba el brazo haciendo como que recibía aplausos (Lagos instituyó ese truco). Si no hay respuesta, el Plan Ahora podría afectar después a candidatos a diputados y senadores.
De modo que el país puede estar tranquilo. Como decía un distinguido caballero boliviano que conocí en mi juventud, y que recitaba obviedades con particular elegancia: "todo pudo ser mejor, pero también todo pudo ser peor".
miércoles, 19 de septiembre de 2012
Tradiciones y Traiciones Chilenas
En un rato más los altos jefes uniformados van a estar saludándose (y a veces abrazándose) con autoridades que se han olvidado por completo de las promesas de legalidad que hicieron a los presos y procesados políticos uniformados; y con los senadores socialistas que, en complicidad con la justicia de izquierda, condenaron a legiones de "caídos tras las líneas enemigas" y "batallones olvidados" a sufrir la más injusta, arbitraria e ilegal privación de libertad de que tenga registro nuestra historia judicial.
Hace pocos años el historiador Gonzalo Vial escribió lo siguiente ("La Segunda", 19.02.08): "Los años 2003 y 2004 se despacharon leyes de origen concertacionista que permitieron la libertad de numerosos condenados por terrorismo, los cuales habían cumplido diez años de cárcel a raíz de crímenes cometidos en democracia. Justificación: cooperar a la 'paz social'. La Iglesia Católica dio a esta iniciativa un fuerte apoyo. Fue ley gracias a la Alianza.
"Al mismo tiempo, senadores aliancistas y concertacionistas planteaban un proyecto con igual rebaja de pena y la misma exigencia de haber completado diez aaños de prisión efectiva, para los autores de delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.El año pasado la Cámara Alta rechazó la iniciativa. La 'paz social' ya no importaba. La Iglesia no se interesó".
Ayer habló largamente el arzobispo de Santiago de toda clase de cosas, como el lucro, la desigualdad y "la dictadura". ¿Dijo algo acerca del mayor escándalo moral de nuestro tiempo, como lo es el desconocimiento completo de la legalidad en los juicios a uniformados? Nada. No es tema para él, siempre "políticamente correcto".
Hoy en "El Mercurio" viene una larga carta del empresario Fabio Valdés. Está preocupado por el desconocimiento de las leyes por parte de los tribunales, tratándose de iniciativas de producción empresariales o en temas relacionados con la seguridad pública amenazada por los delincuentes que circulan por la "puerta giratoria". ¿Y respecto de los presos políticos uniformados? Ni una sola letra. Pero veamos lo que el mismo historiador, Gonzalo Vial, decía al respecto ("La Segunda", 31.01.06): "El debido proceso y los juicios de derechos humanos: desgraciadamente en muchas de las causas señaladas: a) No se está observando la norma fundamental que rige el derecho penal, el debido proceso; y b) La Corte Suprema, la única que puede enmendar una situación semejante, no lo ha hecho. La mayoría de estos juicios se prolonga larga e indefinidamente, sin visos de término. Uno célebre, el de la llamada 'caravana de la muerte', pronto llevará ocho años sin finiquitarse". (Ahora ya van quince).
"Sé que parte de lo que está suceediendo es culpa de nuestros jueces, y en especial de la Corte Suprema. Su indolencia ha permitido que procesos de esta clase, que duran larguísimo tiempo, no lleven visos de terminar... por otra parte, la 'siesta suprema' es causa de que existan jurisprudencias contradictorias --incluso en la misma sala del máximo tribunal y de un día para otro-- en muchas materias claves para los juicios de derechos humanos, por ejemplo sobre prescripción, amnistía de 1978, etc" ("La Segunda", 19.02.08).
Después de que Vial escribiera eso han sucedido cosas peores: en el afán de acelerar juicios se ha dictado toda suerte de sentencias condenatorias arbitrarias e ilegales como no había habido otras antes. El ministro sumariante Solís, por ejemplo, se ha dado el lujo de imponer medio siglo de condenas contra el brigadier (r) Krasnoff sin haberlo interrogado jamás, siendo la declaración indagatoria un trámite esencial del proceso penal. Es que ya a los jueces de izquierda, literalmente, no les importa nada. Se sabe que la prevaricación en Chile queda garantizadamente impune.
En aras de las tradiciones chilenas hoy todos se abrazan: encubridores del terrorismo con sus pretéritas presuntas víctimas, que no lo fueron gracias a los "batallones olvidados, caídos tras las líneas enemigas"; uniformados que cosecharon la medalla "Misión Cumplida" en 1990, pero que no han cumplido su misión de rescatar a sus caídos tras las líneas enemigas, con el Presidente que mantiene también incumplida su promesa de legalidad para los uniformados (r) y, peor aún, que se ha convertido en su peor cuchillo, solicitando (a través de su Ministerio del Interior) que se eleven condenas, ya írritas, en contra de ellos.
Todo esto es constitutivo de una gigantesca inmoralidad. Contra ésta sólo queda una herramienta: el Plan Ahora. Todo chileno o chilena bien nacidos tienen la obligación moral de anular o dejar en blanco sus votos para concejales el próximo 28 de octubre. Los demás recursos han fallado. No queda otro. Quienes no lo ejerzan, hay que decirlo con todas sus letras, se habrán sumado a la traición.
Hace pocos años el historiador Gonzalo Vial escribió lo siguiente ("La Segunda", 19.02.08): "Los años 2003 y 2004 se despacharon leyes de origen concertacionista que permitieron la libertad de numerosos condenados por terrorismo, los cuales habían cumplido diez años de cárcel a raíz de crímenes cometidos en democracia. Justificación: cooperar a la 'paz social'. La Iglesia Católica dio a esta iniciativa un fuerte apoyo. Fue ley gracias a la Alianza.
"Al mismo tiempo, senadores aliancistas y concertacionistas planteaban un proyecto con igual rebaja de pena y la misma exigencia de haber completado diez aaños de prisión efectiva, para los autores de delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.El año pasado la Cámara Alta rechazó la iniciativa. La 'paz social' ya no importaba. La Iglesia no se interesó".
Ayer habló largamente el arzobispo de Santiago de toda clase de cosas, como el lucro, la desigualdad y "la dictadura". ¿Dijo algo acerca del mayor escándalo moral de nuestro tiempo, como lo es el desconocimiento completo de la legalidad en los juicios a uniformados? Nada. No es tema para él, siempre "políticamente correcto".
Hoy en "El Mercurio" viene una larga carta del empresario Fabio Valdés. Está preocupado por el desconocimiento de las leyes por parte de los tribunales, tratándose de iniciativas de producción empresariales o en temas relacionados con la seguridad pública amenazada por los delincuentes que circulan por la "puerta giratoria". ¿Y respecto de los presos políticos uniformados? Ni una sola letra. Pero veamos lo que el mismo historiador, Gonzalo Vial, decía al respecto ("La Segunda", 31.01.06): "El debido proceso y los juicios de derechos humanos: desgraciadamente en muchas de las causas señaladas: a) No se está observando la norma fundamental que rige el derecho penal, el debido proceso; y b) La Corte Suprema, la única que puede enmendar una situación semejante, no lo ha hecho. La mayoría de estos juicios se prolonga larga e indefinidamente, sin visos de término. Uno célebre, el de la llamada 'caravana de la muerte', pronto llevará ocho años sin finiquitarse". (Ahora ya van quince).
"Sé que parte de lo que está suceediendo es culpa de nuestros jueces, y en especial de la Corte Suprema. Su indolencia ha permitido que procesos de esta clase, que duran larguísimo tiempo, no lleven visos de terminar... por otra parte, la 'siesta suprema' es causa de que existan jurisprudencias contradictorias --incluso en la misma sala del máximo tribunal y de un día para otro-- en muchas materias claves para los juicios de derechos humanos, por ejemplo sobre prescripción, amnistía de 1978, etc" ("La Segunda", 19.02.08).
Después de que Vial escribiera eso han sucedido cosas peores: en el afán de acelerar juicios se ha dictado toda suerte de sentencias condenatorias arbitrarias e ilegales como no había habido otras antes. El ministro sumariante Solís, por ejemplo, se ha dado el lujo de imponer medio siglo de condenas contra el brigadier (r) Krasnoff sin haberlo interrogado jamás, siendo la declaración indagatoria un trámite esencial del proceso penal. Es que ya a los jueces de izquierda, literalmente, no les importa nada. Se sabe que la prevaricación en Chile queda garantizadamente impune.
En aras de las tradiciones chilenas hoy todos se abrazan: encubridores del terrorismo con sus pretéritas presuntas víctimas, que no lo fueron gracias a los "batallones olvidados, caídos tras las líneas enemigas"; uniformados que cosecharon la medalla "Misión Cumplida" en 1990, pero que no han cumplido su misión de rescatar a sus caídos tras las líneas enemigas, con el Presidente que mantiene también incumplida su promesa de legalidad para los uniformados (r) y, peor aún, que se ha convertido en su peor cuchillo, solicitando (a través de su Ministerio del Interior) que se eleven condenas, ya írritas, en contra de ellos.
Todo esto es constitutivo de una gigantesca inmoralidad. Contra ésta sólo queda una herramienta: el Plan Ahora. Todo chileno o chilena bien nacidos tienen la obligación moral de anular o dejar en blanco sus votos para concejales el próximo 28 de octubre. Los demás recursos han fallado. No queda otro. Quienes no lo ejerzan, hay que decirlo con todas sus letras, se habrán sumado a la traición.
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