El gobierno está en problemas porque debe cumplir las promesas que el presidente hizo como candidato. Ahora el oficialismo se debate en un mar de contradicciones internas, porque debe cumplir con legislar en favor de las parejas homosexuales, dándoles algo lo más parecido posible a lo que piden: legalizar su matrimonio.
Claro, el candidato les hizo promesas porque necesitaba esos votos y, como lo único que le interesaba era ganar, no le importó que la idea fuera un completo contrasentido desde los puntos de vista racional y moral. Porque legislar para eso es racionalmente innecesario y moralmente inaceptable.
Lo primero, porque no se requiere de una ley para que dos personas del mismo sexo lleguen a un acuerdo para vivir juntas. Dentro de la libertad contractual y bajo la legislación actual pueden hacerlo. Pero, claro, lo que los homosexuales quieren no es sólo eso, sino que la sociedad consagre su unión como si fuera un matrimonio.
Y esto es moralmente inaceptable, porque implicaría que pudieran tener hijos, pero la naturaleza dicta que dos personas del mismo sexo no pueden tener hijos. Entonces pretenden tener niños ajenos. ¿Es prudente entregar la crianza y formación de un niño a dos homosexuales? La respuesta cae por su propio peso.
Por eso la gente que tiene un mínimo de formación moral no admite esa posibilidad y de ahí nacen las discrepancias que semejante proyecto de ley suscita en los partidos de gobierno (y, estoy cierto, en el seno mismo de éste, entre sus ministros, subsecretarios y altos funcionarios).
Las promesas implícitas y explícitas que el candidato Piñera hizo a la comunidad homosexual no debieron haber sido toleradas por la gran mayoría de los que eran sus partidarios, pero lo fueron, porque ni a aquél ni a éstos les importó nada eso, con tal de ganar.
Bueno, pero es que el fin no justifica los medios. No se puede hacer cualquier cosa con tal de ganar. Ni en los negocios ni en el deporte ni en la política ni en la vida.
Tarde o temprano, al menos alguna gente decente iba a levantar su voz. Y lo está haciendo ahora.
martes, 31 de mayo de 2011
lunes, 30 de mayo de 2011
Un Gobernante Que No Cumple
En un reciente almuerzo del presidente Piñera con ex senadores de la Alianza, uno de éstos, el general (r) Bruno Siebert, le pidió que el Seremi de Justicia no siguiera rechazando las libertades condicionales de los presos políticos uniformados, ya previamente aprobadas por la Comisión de Libertad Condicional. Los Seremis de los gobiernos anteriores y el de éste las habían rechazado hasta ahora, por razones políticas (son funcionarios políticos).
Pues bien, después de formulada esa promesa se presentaron otros siete casos. Fueron aprobados por la Comisión (integrada por jueces del crimen y ministros de corte). Pero después cinco de ellos fueron rechazados por el seremi Rodrigo Araya Pérez, funcionario de la confianza del presidente, al cual supuestamente éste había instruido en el sentido prometido al ex senador Siebert. (Informaciones obtenidas del abogado especializado en DD.HH., Marcelo Elissalde, y del diario digital "Chile Informa").
Lo único que cabe concluir es que el presidente, en cinco de los siete casos, no cumplió la palabra empeñada. ¿Novedad? Ninguna.
Cosa que a quien esto escribe no extraña, sobre todo si el incumplimiento es del agrado de la extrema izquierda.
Por suerte uno de los dos favorecidos con la libertad condicional es el suboficial de Carabineros Primitivo Castro, víctima de un proceso kafkiano y de la persecución más inicua, sólo digna de nuestros jueces de izquierda.
Pues una noche de 1974 él estaba de servicio en una calle de Talca, cuando advirtió a un sujeto que portaba un bulto sospechoso. En ese tiempo todavía los atentados extremistas eran frecuentes. Cuando quiso detener al sospechoso para regitrarlo, el sujeto le arrebató su fusil SIG, del cual el suboficial alcanzó a extraer el cargador. Cosa que le salvó la vida, porque el individuo lo volvió en su contra y lo gatilló. Después el mismo sujeto echó mano a un arma que portaba, pero el suboficial alcanzó a dispararle antes con su revólver, impactándolo en el tórax, a raíz de lo cual su agresor murió en el lugar. Cuando se examinó el bulto que portaba se comprobó que contenía doce cartuchos de dinamita exudada.
A raíz del desenlace se siguió un proceso ante el Juzgado Militar de Concepción, que dictó sentencia absolviendo al suboficial. Además, su institución lo felicitó por su valerosa conducta.
Pero en 2004, 30 años después de los hechos y contra todo derecho, la familia del occiso, representada por un abogado de izquierda, se querelló contra el suboficial. La ministra sumariante que conoció del caso, sin embargo, ratificó el sobreseimiento, porque había cosa juzgada, como era obvio en derecho. Pero la Corte de Apelaciones de Talca, dominada por jueces de izquierda y basándose en que se había tratado de un delito "de lesa humanidad" (pese a que esta figura no existía en Chile, pues recién se consagró en 2009 y sin efecto retroactivo) y basada en las Convenciones de Ginebra (que no son aplicables a combatientes irregulares, como reiteradamente ha argumentado en estos años el gobierno norteamericano, justificando su represión contra terroristas de Al Qaeda), condenó al valiente y felicitado suboficial Primitivo Castro a cinco años y un día de presidio.
Ya ha cumplido el 80% de su pena y, tras sucesivos rechazos, esta vez logró superar "la letra chica" de la promesa de Piñera al ex senador Siebert, "letra chica" que dejó fuera del beneficio a cinco de los siete presos políticos uniformados que habían sido favorecidos por el dictamen de la Comisión de Libertad Condicional.
Bueno, por lo menos UN héroe que arriesgó su vida en el servicio público y para salvar al país del terrorismo y del régimen totalitario ya no sigue preso.
Pues bien, después de formulada esa promesa se presentaron otros siete casos. Fueron aprobados por la Comisión (integrada por jueces del crimen y ministros de corte). Pero después cinco de ellos fueron rechazados por el seremi Rodrigo Araya Pérez, funcionario de la confianza del presidente, al cual supuestamente éste había instruido en el sentido prometido al ex senador Siebert. (Informaciones obtenidas del abogado especializado en DD.HH., Marcelo Elissalde, y del diario digital "Chile Informa").
Lo único que cabe concluir es que el presidente, en cinco de los siete casos, no cumplió la palabra empeñada. ¿Novedad? Ninguna.
Cosa que a quien esto escribe no extraña, sobre todo si el incumplimiento es del agrado de la extrema izquierda.
Por suerte uno de los dos favorecidos con la libertad condicional es el suboficial de Carabineros Primitivo Castro, víctima de un proceso kafkiano y de la persecución más inicua, sólo digna de nuestros jueces de izquierda.
Pues una noche de 1974 él estaba de servicio en una calle de Talca, cuando advirtió a un sujeto que portaba un bulto sospechoso. En ese tiempo todavía los atentados extremistas eran frecuentes. Cuando quiso detener al sospechoso para regitrarlo, el sujeto le arrebató su fusil SIG, del cual el suboficial alcanzó a extraer el cargador. Cosa que le salvó la vida, porque el individuo lo volvió en su contra y lo gatilló. Después el mismo sujeto echó mano a un arma que portaba, pero el suboficial alcanzó a dispararle antes con su revólver, impactándolo en el tórax, a raíz de lo cual su agresor murió en el lugar. Cuando se examinó el bulto que portaba se comprobó que contenía doce cartuchos de dinamita exudada.
A raíz del desenlace se siguió un proceso ante el Juzgado Militar de Concepción, que dictó sentencia absolviendo al suboficial. Además, su institución lo felicitó por su valerosa conducta.
Pero en 2004, 30 años después de los hechos y contra todo derecho, la familia del occiso, representada por un abogado de izquierda, se querelló contra el suboficial. La ministra sumariante que conoció del caso, sin embargo, ratificó el sobreseimiento, porque había cosa juzgada, como era obvio en derecho. Pero la Corte de Apelaciones de Talca, dominada por jueces de izquierda y basándose en que se había tratado de un delito "de lesa humanidad" (pese a que esta figura no existía en Chile, pues recién se consagró en 2009 y sin efecto retroactivo) y basada en las Convenciones de Ginebra (que no son aplicables a combatientes irregulares, como reiteradamente ha argumentado en estos años el gobierno norteamericano, justificando su represión contra terroristas de Al Qaeda), condenó al valiente y felicitado suboficial Primitivo Castro a cinco años y un día de presidio.
Ya ha cumplido el 80% de su pena y, tras sucesivos rechazos, esta vez logró superar "la letra chica" de la promesa de Piñera al ex senador Siebert, "letra chica" que dejó fuera del beneficio a cinco de los siete presos políticos uniformados que habían sido favorecidos por el dictamen de la Comisión de Libertad Condicional.
Bueno, por lo menos UN héroe que arriesgó su vida en el servicio público y para salvar al país del terrorismo y del régimen totalitario ya no sigue preso.
domingo, 29 de mayo de 2011
La Rebelión de las Masas
Tengo el libro de ese nombre de Ortega y Gasset. Lo heredé de mi padre hace 37 años y desde entonces he estado a punto de leerlo muchas veces. Antes de escribir esto debería hacerlo, pero ya no alcanzo. Supongo que debe contener inteligentes reflexiones que sirvan para explicar por qué ahora las masas de diferentes y muy disímiles países han comenzado a salir sucesivamente a las calles en impresionantes manifestaciones.
Primero fue en Túnez, luego en Egipto, Siria, Libia y recientemente en España, hasta culminar ayer ¡oh sorpresa! en Alemania, supongo que como consecuencia de haber admitido un excesivo número de inmigrantes, porque siempre he pensado que los alemanes (de hoy, no de los años '30) tienen cosas más importantes qué hacer que salir a la calle a causar desórdenes.
Siempre hay un pretexto para la "rebelión de las masas". Es diferente de un país a otro. Pero la causa en todas partes es la misma.
Hasta entre nosotros las masas, aunque en reducido número, tendieron también a imitar el ejemplo y salir a manifestar en días recientes, tomando como pretexto la construcción de cinco represas hidroeléctricas en Aysén.
¿La causa de estos movimientos? Ellos obedecen más que nada a un móvil psicológico de imitación. En España, en pleno momento electoral, cuando, se suponía, las inquietudes ciudadanas podían tomar un cauce a través del sufragio, decenas de miles de personas salieron a la calle a título de estar "indignadas". ¿Por qué no manifestar su indignación a través del voto, que es lo más práctico, pues conduce a cambiar el estado de cosas a través del control del gobierno? Porque la motivación es psicológica: expresarse, protagonizar, estar en el centro de la noticia, seguir la corriente masiva. ¿Por qué la gente acude en masa a fotografiarse desnuda ante Tunnick? Es el mismo fenómeno. Es una oportunidad para muchas personas: "yo no soy protagonista de nada, no soy noticia, nadie me pregunta mi opinión ni nadie me conoce. Bueno, ahora voy a salir a la calle y todos van a ver lo importante que soy". Basta que unos miles más digan y hagan lo mismo, y tenemos una "rebelión de las masas" que, si alguien se pone a hacerles acaso, puede tener imprevisibles consecuencias. Porque, si nadie les hace mayor caso, en definitiva terminan en nada.
Recuerdo que en 2005 se generó en Chile el movimiento masivo de "los pingüinos". Las marchas iniciales sólo perseguían un par de copnquistas económicas para los estudiantes: mayor subsidio a matrículas y a pasajes de la locomoción. Pero la dinámica de las protestas y el hecho de que se les hiciera mucho caso condujeron a que la agenda se ampliara y se llegara a hablar de una "revolución educacional". La presidenta Bachelet, entonces, hizo lo propio de todo gobierno que no sabe qué hacer: nombró una "comisión transversal". Ésta demoró mucho en entregar sus conclusiones, con las cuales un considerable número de sus integrantes más respetables no estaba de acuerdo. Sea como fuere, hoy ya nadie recuerda a los pingüinos, a la comisión transversal ni sus conclusiones y por eso el ministro Lavín está haciendo otra gran reforma educacional.
En 2005 yo hacía clases en una universidad en que no había la menor inquietud estudiantil y los alumnos eran ostensiblemente contrarios a los desfiles de los "pingüinos", pero el efecto psicológico del espectáculo diario presentado por los medios, de grandes masas desfilando por las calles, los afectó, y hubo un día en que, con tácita aceptación de las autoridades universitarias, ninguno asistió a clases. Pasó, nadie hizo ni dijo nada y después todo se olvidó.
Otro rasgo común a estas movilizaciones es que sólo son posibles bajo regímenes que reconocen cierto grado de libertades públicas. En Cuba o Corea del Norte, por ejemplo, donde hay comisarios de la policía secreta del régimen en cada barrio, no existe la menor posibilidad de una mannifestación de masas, porque el primero que hable de hacerla va preso o algo peor.
La moda de la actual "rebelión de las masas" pasará, como todas las modas. En unos meses más ya nadie se acordará de ella... salvo donde hubo quiénes resolvieron hacerles caso a las masas, pues allí y por bastante tiempo seguirán viendo cómo salir del atolladero en que éstas los metieron.
Primero fue en Túnez, luego en Egipto, Siria, Libia y recientemente en España, hasta culminar ayer ¡oh sorpresa! en Alemania, supongo que como consecuencia de haber admitido un excesivo número de inmigrantes, porque siempre he pensado que los alemanes (de hoy, no de los años '30) tienen cosas más importantes qué hacer que salir a la calle a causar desórdenes.
Siempre hay un pretexto para la "rebelión de las masas". Es diferente de un país a otro. Pero la causa en todas partes es la misma.
Hasta entre nosotros las masas, aunque en reducido número, tendieron también a imitar el ejemplo y salir a manifestar en días recientes, tomando como pretexto la construcción de cinco represas hidroeléctricas en Aysén.
¿La causa de estos movimientos? Ellos obedecen más que nada a un móvil psicológico de imitación. En España, en pleno momento electoral, cuando, se suponía, las inquietudes ciudadanas podían tomar un cauce a través del sufragio, decenas de miles de personas salieron a la calle a título de estar "indignadas". ¿Por qué no manifestar su indignación a través del voto, que es lo más práctico, pues conduce a cambiar el estado de cosas a través del control del gobierno? Porque la motivación es psicológica: expresarse, protagonizar, estar en el centro de la noticia, seguir la corriente masiva. ¿Por qué la gente acude en masa a fotografiarse desnuda ante Tunnick? Es el mismo fenómeno. Es una oportunidad para muchas personas: "yo no soy protagonista de nada, no soy noticia, nadie me pregunta mi opinión ni nadie me conoce. Bueno, ahora voy a salir a la calle y todos van a ver lo importante que soy". Basta que unos miles más digan y hagan lo mismo, y tenemos una "rebelión de las masas" que, si alguien se pone a hacerles acaso, puede tener imprevisibles consecuencias. Porque, si nadie les hace mayor caso, en definitiva terminan en nada.
Recuerdo que en 2005 se generó en Chile el movimiento masivo de "los pingüinos". Las marchas iniciales sólo perseguían un par de copnquistas económicas para los estudiantes: mayor subsidio a matrículas y a pasajes de la locomoción. Pero la dinámica de las protestas y el hecho de que se les hiciera mucho caso condujeron a que la agenda se ampliara y se llegara a hablar de una "revolución educacional". La presidenta Bachelet, entonces, hizo lo propio de todo gobierno que no sabe qué hacer: nombró una "comisión transversal". Ésta demoró mucho en entregar sus conclusiones, con las cuales un considerable número de sus integrantes más respetables no estaba de acuerdo. Sea como fuere, hoy ya nadie recuerda a los pingüinos, a la comisión transversal ni sus conclusiones y por eso el ministro Lavín está haciendo otra gran reforma educacional.
En 2005 yo hacía clases en una universidad en que no había la menor inquietud estudiantil y los alumnos eran ostensiblemente contrarios a los desfiles de los "pingüinos", pero el efecto psicológico del espectáculo diario presentado por los medios, de grandes masas desfilando por las calles, los afectó, y hubo un día en que, con tácita aceptación de las autoridades universitarias, ninguno asistió a clases. Pasó, nadie hizo ni dijo nada y después todo se olvidó.
Otro rasgo común a estas movilizaciones es que sólo son posibles bajo regímenes que reconocen cierto grado de libertades públicas. En Cuba o Corea del Norte, por ejemplo, donde hay comisarios de la policía secreta del régimen en cada barrio, no existe la menor posibilidad de una mannifestación de masas, porque el primero que hable de hacerla va preso o algo peor.
La moda de la actual "rebelión de las masas" pasará, como todas las modas. En unos meses más ya nadie se acordará de ella... salvo donde hubo quiénes resolvieron hacerles caso a las masas, pues allí y por bastante tiempo seguirán viendo cómo salir del atolladero en que éstas los metieron.
sábado, 28 de mayo de 2011
La Cultura de los Ministerios
En "El Mercurio" de ayer 27, el columnista Agustín Squella escribía que la Alianza, cuando el entonces presidente Lagos presentó el proyecto que creaba el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, votó en contra de la idea de legislar. Cuando Lagos repuso la iniciativa, la Alianza sólo accedió a votarla a favor cuando el presidente le garantizó que no se crearía un ministerio, "una figura que temían se prestara para el dirigismo estatal de la cultura".
Con toda lógica, Squella se pregunta cómo votará ahora la Alianza el proyecto del presidente Piñera, anunciado el 21 de mayo, de crear ese ministerio de la Cultura.
Evidentemente el columnista cree que la política es, en Chile, un menester serio, en circunstancias que nunca lo ha sido. Una antigua costumbre política chilena es la de "adorar lo que ayer se ha quemado y quemar lo que ayer se ha adorado"; o, dicho en lenguaje criollo, "darse vuelta la chaqueta", sin que ello tenga la menor gravedad ni ninguna consecuencia. Pues lo que los chilenos esperamos de los políticos es, precisamente, que no sean serios.
Por una cuestión de principios, la Alianza debería ser opuesta a la existencia de este ministerio, pues evidentemente eso atenta contra la libertad cultural del país, siendo obvio que el gobierno de turno va a utilizar ese aparataje burocrático para hacer proselitismo político e ideológico. Pero, si fuera por consideraciones de principios, de partida la Alianza no habría podido llevar como candidato presidencial a Sebastián Piñera, un político de ideas de centro-izquierda ("soy partidario de un Estado fuerte y poderoso, que controle, regule, norme y supervise"); cuyo criterio de evaluación histórica es diametralmente opuesto al de la Alianza, pues los partidos de ésta apoyaron al gobierno de Augusto Pinochet y votaron "sí" en el plebiscito de 1988, para reelegir a éste, mientras Piñera ha declarado que considera a ese régimen como "el peor de la historia de Chile" y votó "no" en dicho plebiscito; es un gobernante populista, en el sentido de que sus acciones y sus palabras están determinadas por lo que señalan las encuestas y no por lo que dictan ideas o principios (caso representativo: Barrancones; notoria excepción: HidroAysén, pero ¿cuánto durará su fidelidad al interés nacional?); y, en fin, un presidente que habla el lenguaje de la Concertación (llama a los presos políticos uniformados "violadores de derechos humanos", igual que los comunistas; se congracia constantemente con gente de izquierda, como Girardi o los diputados comunistas; declara que Volodia Teitelboim, el principal testaferro chileno del Kremlin y autor de loas literarias a Stalin, fue "un gigante de la historia de Chile"); y, en fin, actúa en cuanto presidente como lo habría hecho uno de la Concertación, que lo considera como un usurpador de sus banderas, lo cual justifica que muchos cataloguemos al suyo como "V Gobierno de la Concertación".
¿Entonces? Entonces Agustín Squella podrá comentar más adelante cómo la Alianza votará a favor, esta vez, del ministerio de la Cultura; la Alianza va a explicar lo inexplicable, pues ya lo ha hecho otras veces; la defunción de la derecha chilena resultará una vez más confirmada y certificada; el Estado, "el más rico de Chile", será todavía más grande, burocrático y gastador; los artistas e intelectuales de izquierda recibirán todavía más fondos de estímulo, premios y financiamientos que en la actualidad (a veces les faltan nombres para los galardones que se autoadjudican); y el común de la gente estará feliz, porque todo chileno cree que la solución de todos los problemas no reside en hacer algo concreto y eficaz para arreglarlos, sino en dictar una ley o crear otro ministerio, es decir, en que el Estado gaste más y contrate más gente, para que todo siga igual.
Con toda lógica, Squella se pregunta cómo votará ahora la Alianza el proyecto del presidente Piñera, anunciado el 21 de mayo, de crear ese ministerio de la Cultura.
Evidentemente el columnista cree que la política es, en Chile, un menester serio, en circunstancias que nunca lo ha sido. Una antigua costumbre política chilena es la de "adorar lo que ayer se ha quemado y quemar lo que ayer se ha adorado"; o, dicho en lenguaje criollo, "darse vuelta la chaqueta", sin que ello tenga la menor gravedad ni ninguna consecuencia. Pues lo que los chilenos esperamos de los políticos es, precisamente, que no sean serios.
Por una cuestión de principios, la Alianza debería ser opuesta a la existencia de este ministerio, pues evidentemente eso atenta contra la libertad cultural del país, siendo obvio que el gobierno de turno va a utilizar ese aparataje burocrático para hacer proselitismo político e ideológico. Pero, si fuera por consideraciones de principios, de partida la Alianza no habría podido llevar como candidato presidencial a Sebastián Piñera, un político de ideas de centro-izquierda ("soy partidario de un Estado fuerte y poderoso, que controle, regule, norme y supervise"); cuyo criterio de evaluación histórica es diametralmente opuesto al de la Alianza, pues los partidos de ésta apoyaron al gobierno de Augusto Pinochet y votaron "sí" en el plebiscito de 1988, para reelegir a éste, mientras Piñera ha declarado que considera a ese régimen como "el peor de la historia de Chile" y votó "no" en dicho plebiscito; es un gobernante populista, en el sentido de que sus acciones y sus palabras están determinadas por lo que señalan las encuestas y no por lo que dictan ideas o principios (caso representativo: Barrancones; notoria excepción: HidroAysén, pero ¿cuánto durará su fidelidad al interés nacional?); y, en fin, un presidente que habla el lenguaje de la Concertación (llama a los presos políticos uniformados "violadores de derechos humanos", igual que los comunistas; se congracia constantemente con gente de izquierda, como Girardi o los diputados comunistas; declara que Volodia Teitelboim, el principal testaferro chileno del Kremlin y autor de loas literarias a Stalin, fue "un gigante de la historia de Chile"); y, en fin, actúa en cuanto presidente como lo habría hecho uno de la Concertación, que lo considera como un usurpador de sus banderas, lo cual justifica que muchos cataloguemos al suyo como "V Gobierno de la Concertación".
¿Entonces? Entonces Agustín Squella podrá comentar más adelante cómo la Alianza votará a favor, esta vez, del ministerio de la Cultura; la Alianza va a explicar lo inexplicable, pues ya lo ha hecho otras veces; la defunción de la derecha chilena resultará una vez más confirmada y certificada; el Estado, "el más rico de Chile", será todavía más grande, burocrático y gastador; los artistas e intelectuales de izquierda recibirán todavía más fondos de estímulo, premios y financiamientos que en la actualidad (a veces les faltan nombres para los galardones que se autoadjudican); y el común de la gente estará feliz, porque todo chileno cree que la solución de todos los problemas no reside en hacer algo concreto y eficaz para arreglarlos, sino en dictar una ley o crear otro ministerio, es decir, en que el Estado gaste más y contrate más gente, para que todo siga igual.
viernes, 27 de mayo de 2011
El Mercado es Más Fuerte
Si fuera por seguir la corriente y defender causas políticamente correctas o fáciles, no me habría asilado en un blog de internet como éste. Lo hice porque aquí sólo le respondo a mi conciencia. Y mi conciencia me dice que el espectáculo montado en torno a la contratación de trabajadores paraguayos y un brasileño en empresas de Francisco Javier Errázuriz constituye una representación inexacta de la verdad.
Primer punto: la legislación del trabajo chilena, de inspiración socialista, deja fuera del mercado del trabajo (cesante) a la gente más pobre; y hace a las empresas chilenas menos competitivas, porque encarece artificialmente el factor trabajo.
Segundo punto: si la gente fuera libre para ofrecer a otra contratar sus servicios, las remuneraciones serían menores pero todos tendrían trabajo. Los pobres serían menos pobres, porque más personas por familia tendrían un ingreso.
Tercer punto: esto mismo pasa en otros países y por eso sus trabajadores emigran en busca del trabajo que sus legislaciones internas les impiden encontrar. En otro país lo hacen libremente, mediante figuras como "contratos de capacitación".
Por esa razón llegaron los trabajadores extranjeros a las empresas de Errázuriz. Es posible que haya una irregulairdad si es que se presentaba como un contrato de capacitación y, en rigor, no lo era, sino sólo un contrato de trabajo. Eso está sujeto a prueba. Pero lo que es evidente es que los medios de comunicación han creado una imagen completamente exagerada y desproporcionada, si es que no derechamente falsa, de la situación de esos inmigrantes.
He aquí un testimonio de una trabajadora paraguaya, María Lucila González, que debió emprender viaje de vuelta a su país, por petición de sus hijos: "Yo quería quedarme acá y trabajar, porque estaba muy bien, pero me dijeron que volviera porque estaban muy preocupados, porque allá se habla todo mal de lo que pasa acá". ("El Mercurio", 27.05.11, p. C-12).
Los medios han hecho una "misse-en-scéne" que no corresponde a la realidad.
Es evidente que los trabajadores paraguayos fueron convencidos acá por "alguien", después de haberse dado por satisfechos con los términos ofrecidos por el empresario, de que podían obtener beneficios superiores a los pactados libremente, si se asilaban en la legislación chilena. Finalmente perdieron pan y pedazo. Deberán volver a su país. Como María Lucila, "estaban muy bien", pero creyeron poder estar mejor, porque alguien les hizo creer que podían obtener más de lo prometido y aceptado. Pero, si fuera por eso, el empresario habría contratado trabajadores chilenos. En cualquier campamento podría encontrar a cuatro de cada diez jóvenes dispuestos a trabajar "por el mínimo", pues están cesantes.
La verdad está sufriendo a manos de los medios en este caso. Por eso los hijos de María Lucila tienen una imagen tan distinta de la situación de ella de la que realmente estaba viviendo, y la han obligado a volver, muy a su pesar.
"El mercado es más fuerte": si hay tanta gente que necesita un ingreso y quiere trabajar, sin poder hacerlo; y tanta gente que contrataría a más personas si hubiera precios de mercado para la mano de obra, alguna vez terminará por imperar la razón. Y Chile se aproximará a tener, como dice la funcionaria del BID, Carmen Pagés-Serra (ver mi blog de ayer) la misma proporción de gente ocupada que los Estados Unidos, lo cual implicaría automáticamente tener un PIB 16% superior al que tenemos.
Primer punto: la legislación del trabajo chilena, de inspiración socialista, deja fuera del mercado del trabajo (cesante) a la gente más pobre; y hace a las empresas chilenas menos competitivas, porque encarece artificialmente el factor trabajo.
Segundo punto: si la gente fuera libre para ofrecer a otra contratar sus servicios, las remuneraciones serían menores pero todos tendrían trabajo. Los pobres serían menos pobres, porque más personas por familia tendrían un ingreso.
Tercer punto: esto mismo pasa en otros países y por eso sus trabajadores emigran en busca del trabajo que sus legislaciones internas les impiden encontrar. En otro país lo hacen libremente, mediante figuras como "contratos de capacitación".
Por esa razón llegaron los trabajadores extranjeros a las empresas de Errázuriz. Es posible que haya una irregulairdad si es que se presentaba como un contrato de capacitación y, en rigor, no lo era, sino sólo un contrato de trabajo. Eso está sujeto a prueba. Pero lo que es evidente es que los medios de comunicación han creado una imagen completamente exagerada y desproporcionada, si es que no derechamente falsa, de la situación de esos inmigrantes.
He aquí un testimonio de una trabajadora paraguaya, María Lucila González, que debió emprender viaje de vuelta a su país, por petición de sus hijos: "Yo quería quedarme acá y trabajar, porque estaba muy bien, pero me dijeron que volviera porque estaban muy preocupados, porque allá se habla todo mal de lo que pasa acá". ("El Mercurio", 27.05.11, p. C-12).
Los medios han hecho una "misse-en-scéne" que no corresponde a la realidad.
Es evidente que los trabajadores paraguayos fueron convencidos acá por "alguien", después de haberse dado por satisfechos con los términos ofrecidos por el empresario, de que podían obtener beneficios superiores a los pactados libremente, si se asilaban en la legislación chilena. Finalmente perdieron pan y pedazo. Deberán volver a su país. Como María Lucila, "estaban muy bien", pero creyeron poder estar mejor, porque alguien les hizo creer que podían obtener más de lo prometido y aceptado. Pero, si fuera por eso, el empresario habría contratado trabajadores chilenos. En cualquier campamento podría encontrar a cuatro de cada diez jóvenes dispuestos a trabajar "por el mínimo", pues están cesantes.
La verdad está sufriendo a manos de los medios en este caso. Por eso los hijos de María Lucila tienen una imagen tan distinta de la situación de ella de la que realmente estaba viviendo, y la han obligado a volver, muy a su pesar.
"El mercado es más fuerte": si hay tanta gente que necesita un ingreso y quiere trabajar, sin poder hacerlo; y tanta gente que contrataría a más personas si hubiera precios de mercado para la mano de obra, alguna vez terminará por imperar la razón. Y Chile se aproximará a tener, como dice la funcionaria del BID, Carmen Pagés-Serra (ver mi blog de ayer) la misma proporción de gente ocupada que los Estados Unidos, lo cual implicaría automáticamente tener un PIB 16% superior al que tenemos.
jueves, 26 de mayo de 2011
Lo Que la Carmen le Dijo a la Evelyn
Cuando la ministra del Trabajo fue a Estados Unidos hace poco, participó en un seminario en el BID, donde la jefa de la unidad de mercados laborales de esa institución, Carmen Pagés-Serra, les dijo a aquélla y a los economistas y parlamentarios que la acompañaron (traduzco) que en Chile debían hacer todo lo contrario de lo que están haciendo en materia laboral.
Dije "traduzco" porque Carmen fue muy diplomática y dio su opinión de manera elíptica. Por ejemplo, señaló: "Los temas no son sencillos; implican hacer cambios en aspectos que pueden ser contenciosos, pero es un momento clave en la historia del país".
¿Qué quiso decir? Que la Evelyn debe hacer todo lo contrario de lo que está haciendo, es decir, en lugar de complacer a Arturo Martínez y sus similares, y amenazar a los empresarios, debe prepararse para enfrentar a Martínez y permitir a los empresarios aumentar su productividad, lo que es lo mismo que decir que debe disminuírse el precio de contratar trabajadores.
Pues Carmen añadió una cosa muy notable: si en Chile la participación de la población en el mercado del trabajo fuera la misma que en EE. UU., el ingreso chileno aumentaría en 16 %. Es decir, daría un salto de crecimiento equivalente al de tres años, al ritmo registrado en 2010.
Para que la participación en el mercado del trabajo sea la misma que en EE.UU. se requiere que más jóvenes y mujeres entren a trabajar, pues entre ellos están las tasas más altas de desocupación. ¿Por qué no lo hacen? Porque en Chile no hay libertad de trabajo, pese a que la Constitución la garantiza. Y no la hay porque los jóvenes pobres y las mujeres de menor educación, unos y otras pertenecientes a grupos de escasa productividad, no encuentran empleo, debido a que la legislación de salarios mínimnos, indemnizaciones por años de servicio, feriados irrenunciables, salas-cunas, pre y postnatal y fueros variados hacen que el costo mínimo de contratar a algún trabajador o trabajadora sea más alto que el aporte a la producción que él o ella son capaces de hacer. Luego, no están en el mercado del trabajo, no generan ingresos propios y el país crece un 16% menos de lo que podría hacerlo.
Los "aspectos contenciosos" a que se refiere Carmen están representados por la agitación política que habría si se permitiera al mercado del trabajo ser más libre y a las personas contratarse sin los condicionamientos que les ponen las leyes laborales y sindicales vigentes.
La desigualdad en Chile se explica en gran medida por la rigidez de la legislación laboral, previsional y sindical, pues las personas pobres tienen tasas de desempleo de dos dígitos (entre los pobladores de campamentos, jóvenes, sin educación, la tasa de desempleo supera el 40%, y si son mujeres sube más aún). En cambio, en el quintil de ingreso más alto hay pleno empleo. ¿Cómo no va a haber desigualdad si la legislación socialista lleva a que casi la mitad de los más pobres no encuentren trabajo y todos los ricos se regodeen con las oportunidades de trabajo que tienen?
Carmen Pagés-Serra ha dicho que, en estas condiciones, la economía chilena se está quedando sin motor que la impulse y, si alguna vez dejan de presentarse las condiciones externas tan favorables que tenemos hoy, con el cobre a más de 4 dólares por libra, nos vamos a quedar sin viento de cola y el estancamiento se va a notar más.
Traducción final de lo que Carmen le dijo a Evelyn: en lugar de perseguir a empresarios que contratan gente, para tener sonriente a Arturo Martínez, debería dedicarse a alentar a los mismos a contratar más, aunque se enoje el presidente de la CUT.
Porque si no, no hablemos de alternancia en el poder ni de nueva forma de gobernar, sino de más de lo mismo.
Dije "traduzco" porque Carmen fue muy diplomática y dio su opinión de manera elíptica. Por ejemplo, señaló: "Los temas no son sencillos; implican hacer cambios en aspectos que pueden ser contenciosos, pero es un momento clave en la historia del país".
¿Qué quiso decir? Que la Evelyn debe hacer todo lo contrario de lo que está haciendo, es decir, en lugar de complacer a Arturo Martínez y sus similares, y amenazar a los empresarios, debe prepararse para enfrentar a Martínez y permitir a los empresarios aumentar su productividad, lo que es lo mismo que decir que debe disminuírse el precio de contratar trabajadores.
Pues Carmen añadió una cosa muy notable: si en Chile la participación de la población en el mercado del trabajo fuera la misma que en EE. UU., el ingreso chileno aumentaría en 16 %. Es decir, daría un salto de crecimiento equivalente al de tres años, al ritmo registrado en 2010.
Para que la participación en el mercado del trabajo sea la misma que en EE.UU. se requiere que más jóvenes y mujeres entren a trabajar, pues entre ellos están las tasas más altas de desocupación. ¿Por qué no lo hacen? Porque en Chile no hay libertad de trabajo, pese a que la Constitución la garantiza. Y no la hay porque los jóvenes pobres y las mujeres de menor educación, unos y otras pertenecientes a grupos de escasa productividad, no encuentran empleo, debido a que la legislación de salarios mínimnos, indemnizaciones por años de servicio, feriados irrenunciables, salas-cunas, pre y postnatal y fueros variados hacen que el costo mínimo de contratar a algún trabajador o trabajadora sea más alto que el aporte a la producción que él o ella son capaces de hacer. Luego, no están en el mercado del trabajo, no generan ingresos propios y el país crece un 16% menos de lo que podría hacerlo.
Los "aspectos contenciosos" a que se refiere Carmen están representados por la agitación política que habría si se permitiera al mercado del trabajo ser más libre y a las personas contratarse sin los condicionamientos que les ponen las leyes laborales y sindicales vigentes.
La desigualdad en Chile se explica en gran medida por la rigidez de la legislación laboral, previsional y sindical, pues las personas pobres tienen tasas de desempleo de dos dígitos (entre los pobladores de campamentos, jóvenes, sin educación, la tasa de desempleo supera el 40%, y si son mujeres sube más aún). En cambio, en el quintil de ingreso más alto hay pleno empleo. ¿Cómo no va a haber desigualdad si la legislación socialista lleva a que casi la mitad de los más pobres no encuentren trabajo y todos los ricos se regodeen con las oportunidades de trabajo que tienen?
Carmen Pagés-Serra ha dicho que, en estas condiciones, la economía chilena se está quedando sin motor que la impulse y, si alguna vez dejan de presentarse las condiciones externas tan favorables que tenemos hoy, con el cobre a más de 4 dólares por libra, nos vamos a quedar sin viento de cola y el estancamiento se va a notar más.
Traducción final de lo que Carmen le dijo a Evelyn: en lugar de perseguir a empresarios que contratan gente, para tener sonriente a Arturo Martínez, debería dedicarse a alentar a los mismos a contratar más, aunque se enoje el presidente de la CUT.
Porque si no, no hablemos de alternancia en el poder ni de nueva forma de gobernar, sino de más de lo mismo.
miércoles, 25 de mayo de 2011
¿Y la Sociedad Libre?
En una sociedad libre, una persona puede acordar prestar servicios a otra a cambio de la remuneracion que pacten entre ambas. Si alguna de las partes no cumple con su prestación, la otra puede recurrir a un tribunal para hacer efectivo el respectivo cumplimiento.
En un régimen de corte nacional-socialista o socialista-marxista, nada de lo anterior puede hacerse. No son las personas las que contratan libremente, sino el Estado el que les ordena los términos en que lo harán, y que él fija. Si hay algún incumplimiento, es el Gobierno el que interviene, aplica sanciones y procura que los tribunales sancionen al que haya actuado como si fuera una persona libre.
En estos días un empresario agrícola ha contratado a 31 trabajadores paraguayos y tres brasileños que deseaban mejorar sus condiciones de vida. Aquél y éstos habían contratado libremente. El empresario estaba cumpliendo una finalidad que, se dice, es muy deseable: aumentar la productividad, es decir, obtener una determinada producción con menor empleo de recursos. Los trabajadores extranjeros también estaban consiguiendo un mejoramiento de su condición: obtenían mayores remuneraciones que en sus países de origen.
¿Cómo se ha resuelto la situación? ¿En los términos propios de una sociedad libre o del nacional-socialismo y el socialismo marxista? Conteste usted mismo esa pregunta.
Me la sugirió la lectura de "La Segunda" de hoy, que informa sobre el caso. En el mismo vespertino leo una columna de un decano universitario de Políticas Públicas, titulada "Para Cada Problema ¿Un Ministerio?". Dice: "En 2011 entraron en funciones dos nuevas subsecretarías (Turismo y Seguridad Pública), hay otra actualmente en discusión legislativa (Servicios Sociales) y se crearán dos más, en caso de cumplirse los anuncios del 21 de mayo (Educación Superior y Derechos Humanos). Adicionalmente se crearía un nuevo ministerio de Deportes (la subsecretaría ya existe). Por otra parte, se ampliarán las funciones del ministerio de Agricultura y se otorgaría al Consejo de la Cultura el nivel de ministerio. En suma, para 2014 habria cinco nuevas subsecretarías, tres ministerios con redefinición de funciones, uno nuevo y una fusión de dos carteras". El decano no mencionó otro ministerio más anunciado por el Gobierno, el de Desarrollo Social.
Dos páginas más adelante, en el mismo diario, el presidente de la Asociación de Isapres dice que el proyecto del Gobierno de intervenir el sistema privado de salud, instituyendo una cotización obligatoria de algunos afiliados para favorecer a otros, "podría afectar negativamente al 30 por ciento de los cotizantes, desfinanciar el sistema y hasta desestabilizarlo". Vendría así a completarse la tarea destructiva de la medicina previsional privada que se propuso la Concertación.
¿Tiene algún aspecto de lo anterior algo que ver con el funcionamiento de una sociedad libre?
En un régimen de corte nacional-socialista o socialista-marxista, nada de lo anterior puede hacerse. No son las personas las que contratan libremente, sino el Estado el que les ordena los términos en que lo harán, y que él fija. Si hay algún incumplimiento, es el Gobierno el que interviene, aplica sanciones y procura que los tribunales sancionen al que haya actuado como si fuera una persona libre.
En estos días un empresario agrícola ha contratado a 31 trabajadores paraguayos y tres brasileños que deseaban mejorar sus condiciones de vida. Aquél y éstos habían contratado libremente. El empresario estaba cumpliendo una finalidad que, se dice, es muy deseable: aumentar la productividad, es decir, obtener una determinada producción con menor empleo de recursos. Los trabajadores extranjeros también estaban consiguiendo un mejoramiento de su condición: obtenían mayores remuneraciones que en sus países de origen.
¿Cómo se ha resuelto la situación? ¿En los términos propios de una sociedad libre o del nacional-socialismo y el socialismo marxista? Conteste usted mismo esa pregunta.
Me la sugirió la lectura de "La Segunda" de hoy, que informa sobre el caso. En el mismo vespertino leo una columna de un decano universitario de Políticas Públicas, titulada "Para Cada Problema ¿Un Ministerio?". Dice: "En 2011 entraron en funciones dos nuevas subsecretarías (Turismo y Seguridad Pública), hay otra actualmente en discusión legislativa (Servicios Sociales) y se crearán dos más, en caso de cumplirse los anuncios del 21 de mayo (Educación Superior y Derechos Humanos). Adicionalmente se crearía un nuevo ministerio de Deportes (la subsecretaría ya existe). Por otra parte, se ampliarán las funciones del ministerio de Agricultura y se otorgaría al Consejo de la Cultura el nivel de ministerio. En suma, para 2014 habria cinco nuevas subsecretarías, tres ministerios con redefinición de funciones, uno nuevo y una fusión de dos carteras". El decano no mencionó otro ministerio más anunciado por el Gobierno, el de Desarrollo Social.
Dos páginas más adelante, en el mismo diario, el presidente de la Asociación de Isapres dice que el proyecto del Gobierno de intervenir el sistema privado de salud, instituyendo una cotización obligatoria de algunos afiliados para favorecer a otros, "podría afectar negativamente al 30 por ciento de los cotizantes, desfinanciar el sistema y hasta desestabilizarlo". Vendría así a completarse la tarea destructiva de la medicina previsional privada que se propuso la Concertación.
¿Tiene algún aspecto de lo anterior algo que ver con el funcionamiento de una sociedad libre?
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