Fuentes oficiales argentinas han anunciado que se impedirá el paso hacia el Atlántico de un barco con mercadería chilena vendida a comercios de las islas Falklands o Malvinas.
Ello constituiría un acto de piratería inaceptable desde el punto de vista de la libertad de comercio, de los tratados internacionales que garantizan la libre navegación en los mares en general y en la salida atlántica del Estrecho de Magallanes en particular; y del derecho humano a comprar y vender libremente mercadería lícita, bajo el imperio de las leyes nacionales e inrternacionales.
Esta amenaza argentina merece que se movilicen nuestras autoridades diplomáticas para requerir la acción de la Organización Mundial de Comercio, a fin de que condene e impida el acto de piratería anunciado.
Em el orden práctico, Chile debe dar aviso al Reino Unido, al cual pertenecen las islas Falkland o Malvinas, pera que a su vez interponga por su lado las mismas acciones ante la justicia internacional. Pero también, además, para que disponga de la fuerza naval necesaria para apoyar a la chilena en la tarea de garantizar la libre navegación en general y, en paarticular, de naves comerciales que se dirijan desde Punta Arenas a Port Stanley o de cualquier puerto chileno a cualquier puerto británico.
Paralelamente, la Armada de Chile debe disponer del material naval necesario y suficiente para garantizar la indemnidad de cualquier barco procedente de puertos chilenos que requiera protección ante amenazas de actos de piratería por fuerzas privadas o públicas de cualquier otro país.
La industria, la agricultura, la minería y el comercio chilenos tienen derecho a demandar la protección de nuestro Estado ante cualquier amenaza contra su libertad de intercambiar, comprar o vender al exterior.
Por último y last but not least ¿en qué quedó el grito característico del presidente argentino Javier Milei, "¡viva la libertad, carajo!", si el país que él gobierna amenaza a otros por el solo hecho de ejercer esa libertad?
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