FRAUDES VISIBLES Y MENOS VISIBLES

Algunos fraudes al fisco acaparan la atención general, salen en los diarios y noticieros y preocupan mucho a la opinión pública, hasta generando la prisión preventiva de una parlamentaria y aun poniendo en tela de juicio la continuidad en su cargo del Presidente de la República. 

Pero hay otros fraudes al fisco peores, más cuantiosos y que implican ilegalidades manifiestas y flagrantes violaciones de derechos humanos. Sin embargo, se han "normalizado" y suceden constantemente desde hace unos veinte años. De ellos los medios de comunicación dominantes no informan sino excepcionalmente. Y casi nadie los critica, pese a que han provocado y siguen provocando un perjuicio fiscal muy superior a aquellos otros más recientes, comentados y espectaculares. 

Son los llamados "juicios de derechos humanos" que, en el hecho, constituyen "fraudes al fisco permitidos". O "cohonestados". O "populares". Ya las respectivas y cuotidianas exacciones suman en conjunto largo más de diez mil millones de dólares. De ellos, sin embargo, casi nadie informa. La sociedad mira para otro lado. Y se perpetran dentro de la más completa impunidad de los jueces que prevarican a sabiendas. desconociendo leyes expresas y vigentes.

Afortunadamente se está preparando una nueva edición del libro-denuncia "Prevaricato", de Adolfo Paúl Latorre, que describe en forma circunstanciada este vergonzoso escándalo nacional.

Paradójicamente, el gran impulsor de estos fraudes al fisco impunes fue el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuyo subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hoy alto personero de la campaña de Evelyn Matthei, presentó más de novecientas querellas ilegales contra exmilitares. Y se vanaglorió de ello.

Este megafraude al fisco se sigue cometiendo cuotidiana e impunemente. El único medio que informa de él es el diario digital Chile Informa. La última vez fue en la edición del 9 de mayo: la segunda sala ("sala penal") de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Valderrama, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Pía Tavolari y Eduardo Gandulfo, confirmaron una sentencia por completo ilegal de la Corte de Apelaciones de San Miguel, condenando al exoficial de Carabineros Joel Esquivel Contreras a diez años de presidio, y al fisco a pagar una millonaria indemnización, por el inexistente secuestro de Vicente del Carmen Vidal, en octubre de 1973. 

Pero a estas alturas todo el mundo sabe que un hecho de hace cincuenta y dos años está prescrito y que el delito de secuestro no puede serle imputado a un oficial de Carabineros, porque está tipificado en el título de "Delitos contra las personas cometidos por particulares", y los carabineros no son particulares.

Además, a estas alturas en Chile todo el mundo sabe, porque el ministro sumariante y perseguidor de exmilitares, Alejandro Solís, lo confesó públicamente en la televisión estatal, que la teoría del "secuestro permanente" se basa en una "ficción" y no en un hecho probado. Tanto que Solís confesó adicionalmente: "No estoy diciendo que la realidad sea ésa". Una "condena imaginaria en un juicio imaginario", habría dicho Nicanor Parra.

Todo eso es flagrantemente ilegal, porque el juez debe "probar" y no "fingir" los delitos, es decir, debería acreditar que hasta hoy el supuesto secuestrado está en condición de tal.

Por consiguiente, es completamente ilegal y fraudulento seguirle sustrayendo dinero al fisco violando la ley, faltando a la verdad y, todavía más, condenando a diez años de presidio a un anciano que, si los jueces respetaran la ley, hoy debería permanecer libre.

¿Hasta cuándo la opinión pública mayoritaria mirará para otro lado? 

En mi opinión, hasta que sea presidente Johannes Kaiser, el único candidato que ha demostrado preocupación ante el fraude a las leyes, el atropello al derecho humano a un debido proceso y la crónica y sostenida sustracción impune e ilegal de dinero al contribuyente chileno.