EL CAJERO AUTOMÁTICO

En medio del festín de la extrema izquierda con la plata de todos los chilenos, ha pasado a ser relativamente pequeño lo que ella sustrae mediante su "cajero automático", como lo bautizara el cuasi ministro del Interior Felipe Ward (Piñera no lo nombró por haber dicho eso): los juicios de dd. hh. 

Es una exacción ilícita casi semanal y que un solo medio publica: el diario digital Chile Informa. Gota a gota, lleva más de 20 años succionando al erario. Pues antes de eso una mayoría de jueces fallaban conforme a la ley y rechazaban las querellas. La semana pasada jueces sumisos a la izquierda birlaron $180 millones más, esta vez a favor de la sucesión de un dirigente comunista, Ulises Merino, detenido en 1976. A su sucesión no le va a llegar mucho, pues gran parte habrá quedado en el camino.

¡Pobre fisco! Nadie lo defiende. Sólo Johannes Kaiser anuncia que, si es electo, va a meter presos a los prevaricadores. Los demás candidatos "miran para otro lado".

Ahora la segunda sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y Andrea Ruiz, ha mandado presos a los exmilitares Juan Saavedra, por 10 años, Alejandro Sáez y Daniel Guimpert por 8 años y Francisco Illanes por 6 años, todos agentes del Comando Conjunto antiterrorista, por el supuesto secuestro del militante comunista Ulises Merino, en 1976.

Si usted da una mirada a las leyes comprobará que el supuesto delito, después de 49 años, está prescrito, pues la máxima prescripción en nuestro ordenamiento es de 15 años. Y, por añadidura, está amnistiado, en virtud de la ley dictada en 1978. Justamente en estos días el presidente Boric ha anunciado su propósito de derogar esa ley de amnistía, lo cual prueba que está vigente. Pero la Suprema finge que esa ley no existe. ¿Quién la va a sancionar por desobedecer la ley? ¿La Corte Suprema?

Además, los condenados no pudieron cometer ese secuestro, pues el respectivo título del Código Penal lo tipifica entre los "delitos contra las personas cometidos por particulares". Los agentes del Comando Conjunto no eran "particulares", sino funcionarios públicos. Y si usted hubiera asistido a las primeras clases de Derecho Penal le habrían enseñado que no es admisible aplicar la ley penal "por analogía", como lo ha hecho la segunda sala. 

Y si sigue leyendo el Código Penal encontrará otro artículo que castiga con pena de hasta cinco años a los jueces que dicten fallos contra "leyes expresas y vigentes", como las de prescripción y amnistía. De modo que, si se aplicaran las leyes, los integrantes de la segunda sala deberían ser condenados.

Pero todo eso es derecho. La segunda sala completa lo sabe, pero teme a la izquierda. Y como en Chile no hay estado de derecho, que se escribe con minúsculas porque no se refiere al Estado, sino a una condición o situación, y es una traducción del inglés "rule of law", que siempre se escribe con minúsculas, no rige el derecho sino la ley del más fuerte, que en este país es la izquierda violenta.

Este fallo es una de las numerosas razones que indujeron a The Economist a sacar a Chile de la lista de países con "plena democracia" y a ubicarlo entre los de "democracia defectuosa". Lo que también es benévolo, porque allí donde sistemática e impunemente se atropella la ley, como sucede acá, no puede hablarse de democracia en absoluto, sino del imperio de la fuerza, 

En este caso es la de la izquierda, que hace lo que quiere y lucra a costa del país, al cual lamentablemente tiene sometido desde el mismísimo 11 de marzo de 1990. En esa fecha se inició una sucesión no interrumpida de gobiernos lacayos de la izquierda y, después, de militantes suyos en el ejercicio del poder, dedicados a encubrirla y enriquecerla.