Los Hechos y el Derecho Están Ahí

El artículo 19 Nº 15 de la Constitución declara inconstitucionales a "los partidos, movimientos u otras formas de organización... que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella". La norma está ahí, cualquiera puede leerla. Cualquiera puede pedir la correspondiente declaración de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (art. 93 Nº 16).

Su artículo 60, inciso quinto, declara la cesación en el cargo del diputado o senador que propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece la Constitución. Esa norma también está ahí y cualquiera puede leerla. Pero se requieren diez parlamentarios para pedir la inhabilidad.

Su artículo 90 Nº 10 declara la responsabilidad de las personas que participaren en los hechos motivantes de la declaración de inconstitucionalidad. El texto también está ahí y cualquiera puede leerlo.

El inciso quinto del número 15 de su art. 19 impide a esas mismas personas optar a cargos públicos de elección popular. Está claro también ahí. Como lo está la norma que determina la procedencia de la cesación en su actual cargo de Gabriel Boric y de parlamentarios electos en la misma ocasión cuando dice: "Si a esa fecha (la de declaración de inconstitucionalidad) las personas referidas estuvieren en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho". 

Sin esperar eso Boric debería irse. Los hechos y el derecho están claros y son públicos y notorios. Por eso antes de que se emita la declaración de inconstitucionalidad de su partido yo le he pedido renunciar voluntariamente. Las normas que imposibilitan su permanencia están ahí y cualquiera las puede leer. No obstante, de acuerdo al art. 93 Nº 10 de la Carta, para destituirlo se requiere el acuerdo del Senado. Si él no renuncia voluntariamente, entonces deberá obtenerse ese acuerdo.

La confesión de su conducta inconstitucional por parte de todos los insurrectos de 2019 y sus partidos, organizaciones y movimientos consta en su declaración conjunta del 12 de noviembre de ese año, publicada en toda la prensa de los días siguientes. Allí dijeron que fue "la ciudadanía movilizada" (manera retórica de describir a hechores de incendios, saqueos, lanzamiento de molotovs, apedreos y pateaduras contra la policía) la que había "corrido el cerco de lo posible". Una acción de facto, dirigida --confesaron-- a "establecer un nuevo modelo político, económico y social". Esa confesión culmina con la aceptación explícita de la inconstitucionalidad y antijuridicidad de la posterior y ya difunta Convención Constitucional y sus prolegómenos, al expresar: "el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos". 

"Vías de hecho" que nunca han sido un antecedente jurídico para justificar nada, ni menos una nueva Constitución, en ninguna parte.

De acuerdo con el art. 262 del Código Penal, cualquier persona puede detener a quienes están desempeñándose en actitud de flagrancia contra la ley o la Constitución. Desde luego, todos los electos en diciembre pasado en nombre de la violencia de hecho, se hallan hoy en condición de flagrancia y pueden ser legalmente detenidos por cualquier persona, para ser puestos a disposición de una autoridad competente.

Los hechos y el derecho están ahí. Si los titulares de los cargos, los partidos, los movimientos y las organizaciones se hacen los desentendidos y el establishment resuelve mirar para otro lado y no hacer nada, entonces, cuando alguien actúe para restablecer la legalidad y la constitucionalidad perdidos --porque algún día alguien lo hará-- por favor que no se le diga siquiera que no tenía de su parte al estado de derecho y a la verdad.