El Cuadro Actual Bajo la Dictadura del "No"

          Bajo esta dictadura, que ya gobierna por más de 28 años, los nombres se repiten: Jaime de Aguirre de nuevo en el ojo del huracán. Pues hace años reveló que sus bonos anuales extra como director en Chilevisión, canal de Sebastián Piñera, fueron pagados con dinero que éste obtuvo de SQM, Aguas Andinas y otras firmas como contribución a su campaña electoral. Y eran mayores que los que hoy le paga TVN y llaman a escándalo. Piñera explicaba que era una asesoría que la sociedad “La Música” de de Aguirre prestaba al canal. Pero eso era pura música. Todo falso. E impune.

Hoy caen otros por boletas y facturas menores que las suyas pero igualmente “rectificadas” por las empresas: ME-O, Rossi, Pizarro, etc. A Piñera ni siquiera lo nombran en “el juicio por los diarios”, porque es Presidente del “No” y está por sobre el bien y el mal. ¿Lula, Humala, Kuzscinsky, Fernández de Kirchner, Correa? Eso pasará en otros países “democráticos”, no en el país de la férrea dictadura del “No”, que garantiza impunidad, tanto como las de Maduro o los Castro. Además, Piñera tiene el privilegio de que otro paga por él en el proceso: Santiago Valdés. En los otros países los jueces no aceptan eso.

La vocera de gobierno aclara que Piñera fue citado a declarar, pero sólo “como testigo”. ¡Vaya testigo! Fue a pedir la plata para la elección, se la dieron a cambio de facturas de sus empresas (y fue al que más le dieron, sobre $500 millones); desvió parte para pagar a los ejecutivos de su canal, el cual tenía a la venta (así le mejoraba los resultados y el precio) y es al único que citan sólo “como testigo”. Y en el “juicio por los diarios” no lo nombran siquiera. Sólo es mencionado en este blog, el cual está prohibido reproducir en ninguna parte. Es que en la República del Chile de Orwell son todos iguales, pero algunos son más iguales que los demás y uno, sólo uno, el que sale siempre al centro de la foto, es el más igual de todos.

          Dato: el fiscal Gómez, tan severo con Rossi y tan benévolo con Piñera, es casado con la ex ministra de Justicia de éste, Patricia Pérez, que se distinguió por negarse a distribuir la “Historia del Ministerio de Justicia” de Patricia Arancibia, encargada por el antecesor de Pérez, Teodoro Ribera, ambos del "Sí". “Es que el libro llama ‘Joaquín Prieto’ a José Joaquín Prieto”, objetó la ministra. Pero el historiador Fernando Silva Vargas, en carta al diario y con fe de bautismo en mano, acreditó que era, en realidad, “Joaquín Prieto”. Es la petite histoire del “Sí” versus el “No”.

          “Más iguales que los demás”. ¿Y “los demás”? Esos, que se vayan al infierno. Al coronel (r) Sergio Jara lo van a extraditar desde Argentina, donde se había ocultado del largo brazo de la prevaricación de la dictadura. Porque ésta se apoderó de los tribunales y, según nos enseñó Tocqueville, la dictadura de los jueces es la peor de todas.

Veamos un poco de historia real, es decir, de la proscrita: hace 45 años el entonces teniente Sergio Jara manejaba una camioneta en que trasladaba a dos procesados de la izquierda extremista que se iba a tomar el poder por las armas. Debió detenerse a poner bencina. Ambos estaban vigilados por un conscripto, de apellido Bañados, premunido de un fusil automático SIG que disparaba veinte balas por segundo. Estando el teniente Jara fuera del vehículo, los dos presos escaparon. El conscripto les disparó. Murieron en la calle. Cuarenta y cinco años después una ministra sumariante de la dictadura del “No” condena a 18 años de presidio al entonces teniente Jara, al entonces subteniente Lovera, que iba a su lado en la camioneta, y al comandante del regimiento de San Felipe, hoy nonagenario y con Alzheimer, Héctor Orozco, quien se asomó en 1973 al oír disparos fuera de su cuartel. El conscripto Bañados había fallecido años atrás y por el momento la dictadura judicial del “No” no está metiendo presos a los cadáveres, aunque no se descarta que lo pueda hacer en el futuro, porque es capaz de cualquier cosa.

        Los detalles del proceso pueden leerse en el párrafo 1.4 del libro “Prevaricato” de Adolfo Paúl, donde se deja constancia de que el presente dictador del “No”, Sebastián Piñera, a través de su subsecretario Ubilla, hoy renovado en el cargo, fue el que interpuso la querella contra el teniente Jara, el subteniente Lovera y el coronel Orozco, los dos últimos hoy presos en Punta Peuco aunque el segundo no sabe que lo está. Más vale así, porque no podría explicarse por qué  haberse asomado a preguntar “¿qué pasó?” fue delito y, en caso de haberlo sido, por qué no está prescrito tras 45 años, aparte de haber sido ya juzgado en su tiempo y amnistiado después.

          Es que las dictaduras no explican nada. Pues en estos días su ministro Carroza ha acusado oficialmente a nueve conscriptos que en 1986 formaban una patrulla que velaba por el orden público en un día de “protesta pacífica”, en que dos revolucionarios, Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, portaban elementos altamente combustibles para lanzarlos a los vehículos que osaran circular por las calles. La patrulla les impidió quemar gente, autos o buses, con tan mala suerte que uno de los recipientes del líquido altamente inflamable se volcó accidentalmente y quemó a ambos extremistas, resultando el primero de los nombrados muerto. Todo eso se investigó, juzgó y sentenció en 1986 y un respetado ministro de Corte, don Alberto Echavarría Lorca, concluyó que hubo una quemadura accidental de los extremistas y que el jefe de la patrulla, capitán Fernández Dittus, había accedido al pedido de ellos de dejarlos libres en lugar de detenidos y ser procesados por su actividad incendiaria frustrada. Por no haber apreciado la gravedad de las quemaduras y dejarlos bajarse, Fernández Dittus recibió pena de cuasidelito.

          Pero eso ocurría con un juez independiente, civil, cuando no había dictadura judicial. Desde que ésta se instituyó, a fines de los ’90, comenzaron a reabrirse causas prescritas, juzgadas antes y amnistiadas y, entre ellas, el “Caso Quemados”, abundantemente falsificado por las consignas de los sucesivos gobernantes del ”No”, que han llevado al propio senador Ossandón, del “Sí” y de derecha, a afirmar que “el Gobierno Militar quemaba a la gente por pensar distinto”. Es que no se puede establecer una verdadera dictadura sin lavar bien todos los cerebros, pero todos, mediante la afirmación de consignas, siguiendo la doctrina del padre de la propaganda política, Josef Goebbels: “una mentira mil veces repetida pasa a ser verdad”.

Y sobre esta “verdad” el hoy ministro sumariante Carroza ha reabierto el proceso, perseguido a oficiales y soldados que estuvieron cerca de los acontecimientos de 1986 y acaba de presentar acusación contra los conscriptos de entonces que, en una actitud que hace reverdecer la fe en nuestro pueblo, han mantenido sus versiones de 1986, pese a que otros dos ex conscriptos han afirmado reciente y sospechosamente “motivados” (contradiciéndose entre sí, por lo demás) que hubo oficiales que ordenaron quemar a Rojas y Quintana, en circunstancias que un suboficial resultó quemado justamente al tratar de apagarlos. Carmen Gloria Quintana es hoy representante diplomática en Canadá, designada por Michelle Bachelet y  mantenida en el cargo por su sucesor, también del “No”, Sebastián Piñera, que recientemente ha rendido homenaje a la memoria de su ex funcionario de confianza y militante del MIR, hace poco fallecido, ex director del Instituto Médico Legal bajo su gobierno, doctor Patricio Bustos.

      El más digno de destacar entre los conscriptos leales y veraces, y por tanto perseguidos por la dictadura del “No” hasta hacerles perder sus trabajos, es Leonardo Riquelme, quien ha tenido el coraje de reconocer algo que no dijo durante el proceso de 1986: que fue él quien, accidentalmente, volcó el recipiente de líquido altamente combustible que quemó a Rojas y Quintana. Sometidos discriminatoria e inconstitucionalmente Riquelme y sus camaradas al antiguo procedimiento penal, acaban de ser objeto de la acusación del juez Carroza, tras cerrar el sumario. En el  nuevo procedimiento penal “garantista” el Estado financia un defensor público para los acusados. En el antiguo no y como lo ex conscriptos carecen de medios, un grupo de agradecidos del servicio que los uniformados prestaron al salvar al país del marxismo estamos contribuyendo a proporcionarles defensa. Ahora mismo estamos recolectando quinientos mil pesos más para continuar financiando un abogado que defenderá –sin mayores esperanzas de éxito— a Leonardo Riquelme de la persecución del ministro sumariante de la dictadura.

          Ése es el cuadro bajo la actual égida del “No”: el titular del Ejecutivo, impune, pese a haber sido el principal receptor de fondos del caso SQM, ni siquiera nombrado en el “juicio por los diarios” que soportan los más, y sólo “citado a declarar como testigo”; el coronel (r) Jara, condenado a 18 años por “haber estado ahí”, hoy en Argentina y presto para ser extraditado; el general (r) Orozco, condenado a 18 años por haberse asomado a preguntar “¿qué pasó?”; el ex conscripto Bañados, mirando la escena desde el Más Allá y, supuestamente, con la perspectiva que da la otra vida, sabiendo si obró bien o mal cuando, habiendo recibido la orden de velar porque no escaparan dos procesados por extremismo, les disparó una ráfaga que les dio muerte cuando se fugaron. Me pregunto qué habría hecho yo en su situación y me respondo que probablemente lo mismo, por cuyo motivo estaría hoy enfrentado a cumplir, a esta edad, una condena de presidio perpetuo de hecho.

          ¿Retendrá de Aguirre su antiguo derecho a bonos generosos? ¿Mantendrán su versión los conscriptos del ’86? ¿O serán condenados igual, pese a la “defensoría pública” financiada por privados del “Sí”? ¿Llevará la ráfaga del conscripto Bañados a la cárcel a todos sus oficiales superiores por sendos “delitos” de “haber estado ahí” y “salido a preguntar qué pasó”? Tal vez sólo lo sepamos cuando se escriba la “Historia de la Dictadura del ‘No’”, que ya ha durado más de 28 años.