El Costo Social de la Ignorancia Histórica

          El episodio vivido a raíz del discurso en la Cámara del diputado Ignacio Urrutia (UDI), apoyando el retiro del proyecto de Bachelet de regalar otros 90 mil millones de pesos (150 millones de dólares) de dinero fiscal anual (sin financiamiento) a individuos ya reiteradamente antes recompensados por su actividad terrorista, ha generado reacciones reveladoras del enorme daño económico y moral que ha provocado en el país la ignorancia de la verdad sobre nuestra historia reciente.

          No llama tanto la atención la reacción indignada contra Urrutia de la extrema izquierda y en particular de los comunistas, que han sido los más premiados por haber asolado al país con la violencia armada; ni llama la atención la agresión física en su contra de la diputada Pamela Jiles, del Frente Amplio, sino lo que más la llama son las ofensas recibidas por él de un ex senador UDI y hoy ministro, como Hernán Larraín, y el epítome del rasgar vestiduras contra Urrutia del columnista DC Jorge Navarrete y del decano de la Universidad Diego Portales, Tomás Vial, ayer en “La Tercera”.

          El mismo Urrutia, en medio del fuego adversario y del propio bando, ha matizado innecesariamente sus dichos, diciendo que no debió generalizar y que debió referirse sólo a “algunos” terroristas. Pero no, no debió hacerlo. Porque precisamente su aserto en la Cámara era el más ceñido a la verdad histórica: son todos los treinta mil beneficiarios de la escandalosa iniciativa de Lagos de premiarlos con pensiones vitalicias superiores a cien mil pesos mensuales (hoy ya bastante mayores, porque han sido reiteradamente reajustadas) los justamente investigados por su vinculación con el terrorismo.

Si en los 70 u 80 usted era un pacífico ciudadano ajeno a la violencia política, nunca nadie lo molestó ni lo apresó ni lo interrogó (ni después de 1990 nadie le regaló dinero fiscal). Sólo si estaba ligado de alguna manera al MIR o al FPMR, que provocaban miles de atentados y mataban a decenas de uniformados o civiles poniendo bombas o incendiando vehículos de locomoción, usted ganó “derecho a premio”.

Lo siguiente lo ha escrito un historiador crítico del Gobierno Militar, Gonzalo Vial, sobre el terrorismo en los 80: “Mientras tanto, el terrorismo del FPMR recrudecía. Las víctimas eran casi todas inocentes, en el sentido de ajenas a la encarnizada pugna política (…) Menudearon los ataques utilizando ácido y bombas incendiarias contra garitas y vehículos de la locomoción colectiva. Lesionados, con distintos niveles de gravedad: una madre y su hija de dos años; tres funcionarios de un terminal de micros Matadero-Palma, y otro de una garita de taxibuses en San Miguel (quedó parapléjico); cuatro pasajeros de un bus porteño quemados con ácido; cinco que corrieron igual suerte en un vehículo similar del recorrido San Cristóbal-La Granja, etc.”

          

         “También siguieron las explosiones de bombas en lugares muy concurridos: un baño público de la Alameda (cuatro mujeres heridas), Teatinos con Alameda (36 lesionados), la estación ferroviaria de Viña del Mar (tres heridos), la estación Tobalaba (un muerto y seis heridos) y la San Pablo (dos heridos) del tren subterráneo de Santiago” (“Pinochet, la Biografía”, tomo II, p. 541).

          A los autores, cómplices y encubridores de todo eso era a los que el proyecto de Bachelet buscaba premiar más, todavía.

          Las víctimas del terrorismo saben mejor que nadie que lo afirmado por Urrutia es verdad. Por eso Jocelyn Yévenes, hija de Simón Yévenes, un comerciante poblacional de la UDI, asesinado en los 80 por el FPMR comunista, ha publicado en las redes su apoyo al diputado, porque el condenado por el asesinato de su padre, el frentista Hugo Gómez Peña, es uno de los beneficiados con pensiones reparatorias y candidato a recibir otro “bono” fiscal como parte del proyecto de 90 mil millones de pesos que ha sido retirado. Otro beneficiario es el jefe del FPMR, Galvarino Apablaza, por tantos años acogido a la impunidad que la ha brindado la República Argentina, como lo han recordado personas próximas a la Fundación Jaime Guzmán, el senador asesinado por ese movimiento, también apoyando los dichos del diputado Urrutia.

          Yo, basado en un reportaje de “El Mercurio” de 2003 que estimaba en más de 200 millones de dólares anuales los dineros y beneficios concedidos desde Aylwin en adelante a los victimarios, guerrilleros de izquierda y su entorno, hoy convertidos en “víctimas” por el pacto DC-PS-PC, he estimado en 400 millones de dólares anuales el actual subsidio a la guerrilla de extrema izquierda. Pero me he quedado muy corto. Pido perdón por ello: las solas denuncias del dirigente de los “exonerados político”, Raúl Celpa, afirman que nada más que este grupo obtiene 400 millones de dólares anuales (son 160 mil personas que cobran 2.600 dólares al año cada una). Él añade que de esos 160 mil “exonerados”, cien mil cobran indebidamente mediante falsas certificaciones de parlamentarios. Y más dos leyes anteriores de un costo de 90 mil millones de pesos (150 millones de dólares) cada una para los supuestos “torturados” de Lagos, ya se acerca a los mil millones de dólares anuales de dinero de todos los chilenos para subsidiar la guerrilla (400+400+150). Es un cincuenta por ciento más caro para el país que el déficit anual del Transantiago y va en beneficio de un solo sector político: la extrema izquierda, en premio por haberse levantado en armas contra la “democracia burguesa”.

          Pero, además, se ha dañado el alma nacional mediante el engaño, porque la gente no sólo paga y subsidia la violencia, lo que es una aberración, sino que vive creyendo las mayores mentiras colectivas que se han instalado durante la vida independiente del país, y además castiga penalmente (también mediante mentiras) a los militares que evitaron la tentativa totalitaria.

El daño social de vivir en la mentira general y la prevaricación judicial nunca lo vamos a terminar de dimensionar ni de pagar.